Resolución N.° 9559-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones”. Lima, 3 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7464/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio Ejecutor Sauce, integrado por las empresas Constructora Santalia S.A.C. y Coar Ingenieros S.A.C., en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 02-2026-MDS/C – Primera Convocatoria, para la contratación de ejecución de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San Martín, cuadras 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, 13,15,16 y 17, de la localidad de Sauce, distrito de Sauce, provincia de San Martín y departamento de San Martín”, CUI N° 2500292; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 30 de junio de 2026, la Municipalidad Distrital de Sauce, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública de Obras N° 02-2026-MDS/C – Primera Convocatoria, para la contratación de ejecución de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San Martín, cuadras 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, 13,15,16 y 17, de la localidad de Sauce, distrito de Sauce, provincia de San Martín y departamento de San Martín”, CUI N° 2500292, con una cuantía de contratación de S/ 8’181,932.53 (ocho millones ciento ochenta y un mil novecientos treinta y dos con 53/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el

25 de septiembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor Consorcio Jireh Sauce, conformado por las empresas CCS Contratistas E.I.R.L. y Diconst Jarome S.C.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 8’181,932.53 (ocho millones ciento ochenta y un mil novecientos treinta y dos con 53/100 soles), a partir de los siguientes resultados: Postor Etapas Buena Pro Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje Total Orden de Prelación Consorcio Jireh Sauce Admitida Calificada (Adjudicatario) 8 181,932.53 100 1 SÍ Consorcio Ejecutor Sauce Admitida Calificada 8 181,932.53 90 2 NO FM Contratistas Generales S.R.L. Admitida Calificada 8 181,932.53 80 3 NO

• Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 7 y 9 de octubre

de 2026, respectivamente, en la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Consorcio Ejecutor Sauce, integrado por las empresas Constructora Santalia S.A.C. y Coar Ingenieros S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario, solicitando que:

• se revoque la exclusión de la experiencia N° 1 de su oferta, ii) se revoque la

asignación de diez puntos en el factor M de su oferta y, en consecuencia, se le otorgue veinte puntos, iii) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro y iv) se otorgue la buena pro a su favor; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la calificación de su oferta

• El Consorcio Impugnante señala que el comité excluyó su experiencia N° 1,

correspondiente al Contrato de Obra N° 05-2024-MDR/GM, por el monto de S/ 1 389 363,31, debido a que la certificación notarial del contrato de consorcio presentado en su oferta mencionaría únicamente al representante de CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. y no al representante de IKON PERÚ S.A.C.; por tal motivo, se redujo el puntaje asignado en el Factor M de veinte a diez puntos.

• Al respecto, sostiene que presentó el contrato de obra, el contrato del

CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS, en el que se estableció la participación de CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. en un 51 % y de IKON PERÚ S.A.C. en un 49 %, las fichas biométricas, así como el acta de recepción de obra del referido contrato. En ese sentido, manifiesta que la participación y el porcentaje de obligaciones de CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. se encontrarían acreditados documentalmente.

• Asimismo, argumenta que la observación formulada por el comité respecto

de la certificación notarial no justificaría, por sí sola, la exclusión de la experiencia, toda vez que el artículo 108 del Decreto Legislativo N° 1049 regularía la responsabilidad del notario por el contenido del documento, sin establecer una regla que determine la inexistencia de la participación de uno de los integrantes del consorcio. Añade que la documentación presentada permitiría verificar la contratación y su ejecución a través de los registros del SEACE, por lo que solicita que sea valorada de manera conjunta, conforme a las bases integradas. Sobre la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• El Consorcio Impugnante cuestiona la calificación de la oferta del Consorcio

Adjudicatario específicamente respecto de la experiencia del especialista ambiental propuesto, Jonathan Oscar Bonifacio Munguía, al considerar subespecialidad de vías urbanas exigida en las bases integradas.

• Respecto de la experiencia N° 1, correspondiente a la supervisión del

proyecto de mejoramiento de los servicios de transitabilidad del puente Esteban Pavletich y creación de los servicios de transitabilidad del puente Circunvalación y accesos en la avenida Colectora, señala que el certificado presentado en el folio 296 comprende el periodo del 3 de agosto de 2020 al 31 de mayo de 2021, equivalente a 301 días. Sin embargo, sostiene que los registros de INVIERTE.PE identifican el proyecto dentro de la red vial departamental y que la documentación presentada no demostraría suficientemente su correspondencia con la subespecialidad de vías urbanas.

• Cuestiona también la experiencia N° 2, referida a la reparación de vías

vecinales en el tramo entre los centros poblados de Ponto y San Pedro, debido a que el certificado obrante en el folio 310 comprende 119 días de experiencia. Al respecto, manifiesta que la memoria descriptiva y el estudio de tráfico del proyecto CUI N° 2481608 identificarían la vía como camino vecinal CV-3, con una intensidad media diaria de hasta treinta vehículos por día, y registrarían valores de tránsito inferiores a cincuenta vehículos diarios. Por ello, sostiene que dicha experiencia correspondería a la subespecialidad de obras rurales y no debería computarse para acreditar la experiencia exigida en vías urbanas.

• Asimismo, indica que la experiencia N° 4, correspondiente a la supervisión

de la obra de mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial interurbana en el camino vecinal Iscopampa–Milpo, señala que el certificado obrante en el folio 314 comprende el periodo del 9 de abril al 1 de noviembre de 2025, equivalente a 206 días. Al respecto, manifiesta que, si bien el Formato N° 8-A consigna la tipología de carreteras vecinales, la memoria descriptiva y el estudio de tráfico identificarían una vía vecinal de bajo volumen de tránsito, con una intensidad media diaria proyectada de dieciséis vehículos. En ese sentido, solicita que dicha experiencia sea considerada dentro de la subespecialidad de obras rurales, atendiendo a la documentación técnica del proyecto.

• Sobre la base de los cuestionamientos expuestos, sostiene que, de

excluirse las experiencias N° 1, N° 2 y N° 4 del cómputo de la experiencia del especialista ambiental, únicamente subsistirían los 119 días correspondientes a la experiencia N° 3, periodo que no alcanzaría los doce meses de experiencia mínima exigidos en las bases integradas. Añade que, incluso si se reconociera la experiencia N° 4, la exclusión de las experiencias N° 1 y N° 2 determinaría un total de 325 días, insuficiente para cumplir dicho requisito.

• Finalmente, solicita que se revoque la exclusión de su experiencia N° 1 y

se le otorguen veinte puntos en el Factor M, elevando su puntaje total de noventa a cien puntos; que se excluyan del cómputo las experiencias cuestionadas del especialista ambiental y se descalifique al Consorcio Adjudicatario por no acreditar la experiencia mínima exigida; y que, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue a su representada. De manera subordinada, solicita que, si se mantiene la calificación del Consorcio Adjudicatario y se reconoce el puntaje solicitado, se aplique el procedimiento de desempate previsto en el artículo 81 del Reglamento.

• Con decreto del 12 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 19 de octubre de 2026. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Consorcio Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• A través del Escrito N° 1, presentado el 15 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso impugnativo indicando, principalmente, lo siguiente:

• Solicita que se declare infundado el recurso de apelación interpuesto por

el Consorcio Impugnante y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su representada.

• Respecto a la experiencia N° 1 del Consorcio Impugnante, correspondiente

al Contrato de Obra N° 05-2024-MDR/GM, sostiene que el contrato de consorcio presentado carecería de la legalización de la firma de uno de sus integrantes, conforme a las exigencias normativas aplicables al procedimiento de selección. Asimismo, señala que dicha experiencia no acreditaría el monto facturado acumulado exigido en las bases integradas, pues el acta de recepción de obra presentada no permitiría verificar el monto final ejecutado. En ese sentido, solicita que dicha experiencia no sea considerada para la calificación de la oferta ni para la asignación de puntaje en el Factor M.

• Sobre las experiencias N° 2, N° 3 y N° 19 del Consorcio Impugnante, el

adjudicatario sostiene que la documentación presentada únicamente permitiría identificar el monto contractual o el valor referencial, mas no el monto final ejecutado o facturado acumulado requerido en las bases integradas. Por ello, solicita que dichas experiencias tampoco sean consideradas para la evaluación del Factor M y que se reduzca el puntaje otorgado al Consorcio Impugnante a cinco puntos.

• Asimismo, cuestiona la experiencia del personal clave del Consorcio

Impugnante, específicamente la correspondiente al especialista de calidad, al advertir una presunta inconsistencia entre el número de colegiatura consignado en el certificado de fecha 3 de marzo de 2026, presentado en el folio 727 de su oferta, y el número que figura en el documento emitido por el Colegio de Ingenieros del Perú. Al respecto, señala que, de no considerarse dicho certificado, correspondería descontar los 124 días que este acredita del total de 419 días consignados en el cuadro de experiencia del profesional, obteniéndose un total de 295 días (9 meses y 25 días), por lo que sostiene que la experiencia acreditada resultaría insuficiente conforme a las bases integradas.

• Respecto de los cuestionamientos formulados contra las experiencias N° 1,

2 y 4 del especialista ambiental propuesto, Jonathan Oscar Bonifacio Munguía, el Consorcio Adjudicatario señala que el Consorcio Impugnante pretende excluirlas al considerar que las obras en las que participó corresponden a una subespecialidad distinta de la exigida en las bases integradas. Al respecto, sostiene que dichas bases establecen requisitos para acreditar la experiencia del personal clave en obras públicas en general; sin embargo, el Consorcio Impugnante estaría exigiendo condiciones adicionales que no se encontrarían expresamente previstas en estas. Por ello, solicita que se desestimen dichos cuestionamientos.

• En relación con la experiencia N° 1, correspondiente a la supervisión de los

puentes Esteban Pavletich y Circunvalación, sostiene que el certificado acredita la participación del profesional durante 301 días y que la referencia a vías departamentales en determinados registros públicos no determinaría automáticamente que la experiencia sea incompatible con la subespecialidad de vías urbanas. Añade que el expediente técnico permitiría identificar que el puente Esteban Pavletich se encuentra en el casco urbano de Huánuco.

• En cuanto a la experiencia N° 2, referida a la reparación de vías vecinales

en el tramo Ponto–San Pedro, manifiesta que el cuestionamiento del Consorcio Impugnante se sustenta en información externa al certificado presentado. Sostiene que dicha información debe examinarse atendiendo a su pertinencia y correspondencia con las exigencias de las bases integradas, sin introducir condiciones adicionales para acreditar la experiencia del especialista ambiental.

• Respecto de la experiencia N° 4, correspondiente a la supervisión del

camino vecinal Iscopampa–Milpo, señala que el cargo de especialista SSOMA desempeñado por el profesional se encuentra comprendido entre los cargos admitidos en las bases integradas. Asimismo, sostiene que el cuestionamiento se refiere a la clasificación de la obra y a su pretendida incompatibilidad con la subespecialidad de vías urbanas, y no a la experiencia del personal clave en sí misma, por lo que solicita que dicho periodo no sea excluido del cómputo de la experiencia del especialista ambiental.

• Finalmente, solicita que se confirme la buena pro otorgada a su

representada, se desestimen los cuestionamientos formulados contra la experiencia de su especialista ambiental y se declare infundado el recurso de apelación en todos sus extremos.

• Mediante el Escrito N° 2, presentado el 16 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con decreto del 16 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación del Consorcio Impugnante.

• El 17 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° 02-2026-MDS/C del 15 de octubre de 2026, a través del cual absolvió el recurso impugnativo indicando lo siguiente:

• Señala que el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Impugnante debía declararse infundado en todos sus extremos, por lo que solicitó que se confirme la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.

• En relación con el primer cuestionamiento, referido a la experiencia N° 1

presentada por el Consorcio Impugnante para la evaluación del Factor M, la Entidad señaló que el comité no la computó debido a que el contrato de consorcio obrante en el folio 54 de la oferta únicamente contaría con la certificación notarial de la firma del representante de Constructora Santalia S.A.C., mas no con la correspondiente al representante de IKON Perú S.A.C. Al respecto, sostuvo que dicha documentación no cumpliría las formalidades previstas en las bases integradas para acreditar la experiencia ejecutada en consorcio, y que las fichas biométricas de los folios 55 y 56 no subsanarían tal situación. Asimismo, indicó que la documentación presentada por el Consorcio Impugnante no podría completarse mediante el cotejo con información externa a su oferta. En consecuencia, consideró que correspondía mantener el puntaje de 90 puntos asignado al Consorcio Impugnante en el procedimiento de selección.

• Adicionalmente, la Entidad advirtió una presunta inexactitud en la

información contenida en el referido contrato de consorcio, debido a que este señalaría haber sido suscrito notarialmente por ambos representantes el 10 de julio de 2024; sin embargo, según indicó, únicamente constaría la certificación notarial de la firma del representante de Constructora Santalia S.A.C., mientras que la consulta biométrica correspondiente al representante de IKON Perú S.A.C. registraría una fecha posterior. En tal sentido, señaló que dicha incongruencia constituiría un indicio de posible presentación de información inexacta para obtener puntaje en el Factor M, por lo que efectuaría las verificaciones correspondientes ante la notaría y la Municipalidad Distrital de Reque, a efectos de determinar si correspondía adoptar las medidas pertinentes.

• De otro lado, respecto de la diferencia de montos consignados en el acta

de evaluación, la Entidad precisó que el monto validado por el comité ascendía a S/ 21 374 980,13, mientras que la cifra de S/ 21 036 716,26 constituiría un error material de redacción, sin incidencia en el puntaje asignado al Factor M.

• Con relación al segundo cuestionamiento, referido a la experiencia del

especialista ambiental propuesto por el Consorcio Adjudicatario, la Entidad indicó que el profesional acreditó un total de 745 días de experiencia mediante cuatro experiencias laborales. Sostuvo que la experiencia N° 1, vinculada a la supervisión de las obras de los puentes Esteban Pavletich y Circunvalación, así como de los accesos en la avenida Colectora, correspondería a la subespecialidad “Vías urbanas”, al comprender tipologías previstas en las Bases Integradas. Para sustentar dicha posición, hizo referencia al certificado de trabajo, a la Resolución Gerencial Regional N° 246-2020-GRH/GRI y a documentación técnica y de planificación urbana relacionada con la obra.

• Asimismo, respecto de las experiencias N° 2 y N° 4, relacionadas con las

intervenciones en Ponto–San Pedro e Iscopampa–Milpo, respectivamente, la Entidad sostuvo que ambas se encontrarían comprendidas en la tipología “carreteras vecinales”, expresamente contemplada en las Bases Integradas. Añadió que los valores de intensidad media diaria de tránsito invocados por el impugnante no constituirían un parámetro establecido en las bases para determinar la correspondencia de dichas experiencias con la subespecialidad requerida.

• Por tanto, la Entidad señaló que, incluso si no se computaran las

experiencias N° 2 y N° 4 del especialista ambiental, el profesional conservaría 420 días de experiencia correspondientes a las experiencias N° 1 y N° 3, esta última no cuestionada por el impugnante. Por ello, consideró que el Consorcio Adjudicatario cumpliría con el requisito mínimo de doce meses de experiencia exigido en las bases integradas.

• En consecuencia, solicitó declarar infundado el recurso de apelación y

confirmar la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario. Asimismo, la Entidad solicitó que se valore la posible existencia de información inexacta en la documentación correspondiente a la experiencia N° 1 del Consorcio Impugnante y señaló que efectuaría las verificaciones pertinentes en el marco de la fiscalización posterior.

• Mediante el Escrito N° 3, presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 19 de octubre de 2026 se realizó la audiencia pública con la participación de los

representantes del Consorcio Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad, conforme consta en el acta correspondiente.

• Con decreto del 19 de octubre de 2026, la Cuarta Sala del Tribunal identificó un

posible vicio que ameritaría declarar la nulidad del procedimiento de selección, y corrió traslado del mismo al Consorcio Impugnante, al tercero administrado y la Entidad a fin de que expongan sus posiciones sobre el particular, en los siguientes términos: “A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCE (Entidad), CONSORCIO EJECUTOR SAUCE conformado por CONSTRUCTORA SANTALIA S.A.C. y COAR INGENIEROS S.A.C. (Consorcio Impugnante) y CONSORCIO JIREH SAUCE, conformado por CCS CONTRATISTAS E.I.R.L. y DICONST JAROME S.C.R.L. (Consorcio Adjudicatario). En el numeral 3.2. “Descripción general” del Capítulo III de las bases integradas, se especifica la especialidad y subespecialidad de la obra, conforme al siguiente detalle: Por su parte, el literal B.2. “Experiencia del personal clave” del numeral 3.4.1 “Requisitos de calificación obligatorio” del Capítulo III de las bases integradas, se solicita acreditar lo siguiente:

Conforme a lo anterior, el numeral B.2 (Experiencia del personal clave) de las bases integradas establece que los cuatro profesionales requeridos —Residente de Obra, Especialista Ambiental, Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, y Especialista en Calidad— deben acreditar experiencia efectiva en la ejecución, supervisión o inspección de obras públicas, en la especialidad y subespecialidad de la obra. Sobre el particular, se advierte que, durante la etapa de consulta y observaciones, los participantes cuestionaron ante la Entidad que la experiencia para el personal clave se limitara únicamente a obras públicas. En atención a ello, conforme al pliego de absolución de consultas y observaciones, se aprecia que mediante las observaciones N.° 3, N.° 8, N.° 9, N.° 10 y N.° 11, la Entidad no acogió dicho cuestionamiento y mantuvo la exigencia de acreditar experiencia en la ejecución, supervisión o inspección únicamente en obras públicas.

En ese contexto, se advierte que las bases integradas habrían restringido la experiencia del personal clave a obras públicas. Dicha exigencia podría resultar contraria al principio de libertad de concurrencia, previsto en el literal h) del artículo 5 de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en virtud del cual las entidades contratantes deben promover el libre acceso y la participación de proveedores en los procesos de contratación, evitando exigencias y formalidades innecesarias. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas, se les solicita emitir pronunciamiento en el que precisen si dicha situación, en su opinión, configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad del procedimiento de selección. En ese sentido, se les otorga el plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que manifiesten lo que consideren pertinente respecto al supuesto vicio de nulidad identificado, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos”.

• Mediante Escrito N° 4, presentado el 19 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante presentó alegatos adicionales, señalando, principalmente, lo siguiente:

• Respecto de los cuestionamientos formulados contra su oferta, sostuvo

que la documentación presentada permite acreditar la participación en consorcio y los montos de ejecución de las experiencias declaradas. Asimismo, indicó que la discrepancia advertida en el número de colegiatura del especialista de calidad no desvirtúa su identidad ni la experiencia acreditada.

• Por otro lado, respecto de la oferta del Consorcio Adjudicatario, señaló

que las experiencias N° 1, N° 2 y N° 4 del especialista ambiental no acreditarían experiencia en la subespecialidad de vías urbanas exigida en las bases integradas, por lo que correspondería excluirlas de su cómputo. En consecuencia, alegó que dicho profesional no alcanzaría el mínimo de doce meses de experiencia requerido, por lo que solicitó descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, revocar la buena pro y otorgarla a su representada.

• Con Escrito N° 1-2026, presentado el 21 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, la empresa MADEV INGENIEROS & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. se apersonó y absolvió el traslado de nulidad señalando, principalmente, lo siguiente:

• Precisó que la observación N° 3, formulada el 2 de julio de 2026, tuvo por

finalidad advertir que la exigencia de acreditar la experiencia del personal clave exclusivamente en obras públicas podía generar restricciones a la competencia y afectar la regularidad del procedimiento de selección.

• Indicó que participó en la etapa de consultas y observaciones; sin

embargo, no presentó oferta en el procedimiento de selección. Al respecto, señaló que la exigencia cuestionada no determinó su decisión de no presentar oferta, pues consideraba que dicha condición no constituía un impedimento para participar, dado que contaba con profesionales que cumplían el requisito de experiencia en obras públicas. Asimismo, manifestó que su observación estuvo dirigida a cuestionar la regulación de las bases y no a comunicar que carecía de profesionales con experiencia en obras públicas o que condicionaba su participación a la admisión de experiencia en obras privadas.

• Finalmente, solicitó que sus precisiones sean incorporadas al expediente

y valoradas conjuntamente con la observación formulada, a efectos de determinar si la exigencia cuestionada incidió en su decisión de no presentar oferta.

• A través del Escrito N° 5, presentado el 22 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado de nulidad, solicitando que no se declare la nulidad del procedimiento de selección y, en su lugar, se disponga la conservación de los actos y se emita pronunciamiento sobre el fondo de su recurso de apelación, señalando principalmente lo siguiente:

• Indicó que, si bien las bases integradas establecieron que el personal

clave debía acreditar experiencia en la ejecución, supervisión o inspección de obras públicas, correspondía evaluar la trascendencia de dicho defecto y su incidencia concreta en el procedimiento, conforme al

artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444 y al literal d) del numeral 313.1 del

Reglamento de la Ley N° 32069.

• Señaló que, conforme a las actas de evaluación del 24 y 25 de septiembre

de 2026, los tres postores fueron calificados y obtuvieron 40 puntos en el factor referido a la experiencia específica adicional del personal clave;

por lo que, a su consideración, la exigencia cuestionada no generó diferencias en la calificación ni en la puntuación de las ofertas presentadas.

• Respecto de MADEV INGENIEROS & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y

ARÉVALO CONSTRUCTORES E.I.R.L., señaló que ambas empresas formularon cuestionamientos en el pliego de absolución de consultas y observaciones respecto de la exigencia de acreditar la experiencia del personal clave exclusivamente en obras públicas. Precisó que MADEV formuló la Observación N° 3, mientras que ARÉVALO formuló las Observaciones N° 8, 9, 10 y 11. Al respecto, sostuvo que la formulación de dichas observaciones no acreditaba, por sí sola, que la exigencia cuestionada hubiera determinado la decisión de no presentar ofertas.

• En particular, respecto de MADEV, indicó que, conforme al

pronunciamiento de dicha empresa incorporado al expediente de apelación, esta manifestó que contaba con profesionales que cumplían el requisito de experiencia en obras públicas y que su decisión de no presentar oferta obedeció a la experiencia empresarial disponible para la convocatoria, y no a la exigencia cuestionada. Por otro lado, respecto de ARÉVALO, señaló que dicha empresa tampoco presentó oferta en la primera convocatoria del procedimiento, pese a que en aquella oportunidad las bases permitían acreditar la experiencia del personal clave en obras en general; asimismo, precisó que tampoco participó en la segunda convocatoria, por lo que consideró que su decisión de no ofertar no podía atribuirse automáticamente a la exigencia de acreditar experiencia exclusivamente en obras públicas.

• Añadió que una nueva declaración de nulidad generaría mayores retrasos

en la ejecución de la obra y pondría en riesgo el aprovechamiento de la asignación presupuestal de S/ 2 000 000,00 correspondiente al ejercicio 2026, en perjuicio de la población del distrito de Sauce.

• Finalmente, precisó que su pedido de conservación no implicaba dejar de

verificar que la experiencia del personal clave correspondiera a la especialidad y subespecialidad exigidas en las bases integradas, ni que se tuvieran por acreditadas las constancias cuestionadas en su recurso de apelación. En ese sentido, ratificó los argumentos y pretensiones de sus Escritos N° 2 y N° 4, solicitando que se conserve el procedimiento y se emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

• Mediante decreto del 23 de octubre de 2026, se dejó a consideración de la Sala la

información presentada por la empresa MADEV INGENIEROS & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. mediante Escrito N° 1-2026, presentado el 21 de octubre de 2026; asimismo, se dispuso agregar dicha documentación al expediente, con conocimiento de las partes. Posteriormente, mediante decreto del 3 de noviembre de 2026, se dejó sin efecto el referido decreto del 23 de octubre de 2026, precisándose que la empresa MADEV INGENIEROS & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. no forma parte del presente expediente.

• Con decreto del 23 de octubre de 2026, se corrigió el error material advertido en

el Decreto N° 769791, de fecha 16 de octubre de 2026, precisándose que donde se consignó a la empresa ECOMAC SUR S.A.C., debía decir CONSORCIO JIREH SAUCE, integrado por CCS CONTRATISTAS E.I.R.L. y DICONST JAROME S.C.R.L.; asimismo, se precisó que dicha corrección no incidía en el contenido del decreto ni en los actuados hasta esa fecha, disponiéndose agregarlo al expediente, con conocimiento de las partes.

• A través del Escrito N° 5, presentado el 26 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado de nulidad, solicitando que se conserve el procedimiento y se emita pronunciamiento sobre el fondo, señalando principalmente lo siguiente:

• Sostuvo que la exigencia de acreditar experiencia en obras públicas no

habría generado una afectación concreta, toda vez que ninguno de los postores presentó experiencia en obras privadas y, además, los tres postores fueron calificados y obtuvieron 40 puntos en el factor de experiencia específica adicional del personal clave.

• Indicó que la nulidad de la primera convocatoria obedeció a un defecto

distinto, referido a la falta de delimitación de la especialidad y subespecialidad, por lo que no correspondería equiparar ambos cuestionamientos.

• Finalmente, solicitó que, aun cuando se identificara alguna irregularidad

en las bases, se evalúe la conservación de los actos del procedimiento, precisando que ello no impediría analizar los cuestionamientos del Consorcio Impugnante sobre la correspondencia de la experiencia del personal clave con la especialidad y subespecialidad exigidas.

• El 26 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico Legal

Complementario N° 03-2026-MDS/C del 15 de la misma fecha, a través del cual absuelve el traslado de nulidad indicando lo siguiente:

• La Entidad sostiene que la exigencia de acreditar la experiencia del

personal clave únicamente en obras públicas no constituye un vicio trascendente que justifique la nulidad del procedimiento, toda vez que dicha condición fue establecida con sustento técnico, atendiendo a las particularidades del régimen de contratación pública y las responsabilidades que este implica. Asimismo, señala que las Bases Integradas quedaron firmes al no haberse solicitado su elevación ante el OECE y que la referida exigencia no afectó la participación ni la evaluación de los postores, pues los tres participantes fueron calificados, acreditaron experiencia en obras públicas y obtuvieron el mismo puntaje (40 puntos) por el personal clave.

• Agrega que, aun cuando se hubiera permitido acreditar experiencia en

obras privadas, el resultado del procedimiento habría sido el mismo, por lo que correspondería conservar los actos.

• Finalmente, advierte que declarar una nueva nulidad podría retrasar la

ejecución de la obra y poner en riesgo su financiamiento durante el presente ejercicio fiscal, por lo que solicita que se conserve el procedimiento y se resuelva el fondo del recurso de apelación.

• Mediante decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:

• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (valor superior a 50 UIT).1 Licitación Pública de Obras con una cuantía de S/8 181,932.53 Sí 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente; asimismo, el valor de la UIT en el año 2026 asciende a S/ 5 500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.2 El recurso se dirige contra el otorgamiento de la buena pro. Sí 3 Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.3 La notificación del acto impugnado fue el 25 de septiembre de 2026, venciendo el plazo de 8 días recurso de apelación se presentó el 7 de octubre de octubre de 2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor William Luis Cojal Arce en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa del consorcio anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. La oferta del Consorcio Impugnante fue admitida y calificada. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. La oferta del Consorcio Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sí 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

El Consorcio Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:

• Se revoque la exclusión de la experiencia N° 1 de su oferta.
• Se revoque la asignación de diez puntos en el factor M de su oferta y, en

consecuencia, se le otorgue veinte puntos.

• Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro.
• Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

El Consorcio Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:

• Se declare infundado el recurso de apelación.
• Se confirme la buena pro a su favor.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

• En consecuencia, únicamente, pueden ser materia de análisis los puntos

controvertidos que se originen de los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de éste.

• En el marco de lo expuesto, los puntos controvertidos que serán materia de

análisis consisten en: ➢ Determinar si corresponde otorgar a la oferta del Consorcio Impugnante los puntajes por los factores de evaluación “Experiencia del postor en la especialidad”; y si, como consecuencia de ello, corresponde revocar la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante y, por consiguiente, revocarse el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ➢ Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario por incumplir el requisito de calificación “Experiencia del personal clave”.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación.

• No obstante, en el presente caso, resulta pertinente analizar en forma previa, la

existencia de un posible vicio en el procedimiento de selección, que podría afectar su validez, y el cual tiene incidencia en el análisis del segundo punto controvertido. Cuestión Previa: Sobre el presunto vicio de nulidad advertido en el procedimiento de selección.

• De manera previa a efectuar el análisis de fondo de los puntos controvertidos, es

necesario dilucidar primero si se ha producido el posible vicio de nulidad en las bases integradas que se trasladó mediante Decreto del 19 de octubre de 2026; por cuanto, está vinculado con el análisis del segundo punto controvertido.

• Al respecto, cabe señalar que, durante el transcurso del presente procedimiento

recursivo, el Consorcio Impugnante cuestionó, entre otros aspectos, la acreditación, por parte del Consorcio Adjudicatario, del requisito de calificación “Experiencia del personal clave”.

• En atención a lo expuesto, se procedió a la revisión de lo señalado en las bases

integradas del procedimiento de selección, en tanto constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como los evaluadores (en el caso concreto, el comité) al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• De acuerdo con lo previsto en las bases estándar de la licitación pública de obras,

aplicables al presente caso, disponen que, dentro del requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave, la Entidad debe consignar, entre otros aspectos, el tiempo mínimo de experiencia específica, acorde con la especialidad y subespecialidades indicadas en el requisito de calificación A (Experiencia del postor en la especialidad), en los trabajos o prestaciones vinculados con la actividad requerida, conforme puede observarse a continuación:

• Ahora bien, respecto de la especialidad y subespecialidades, cabe indicar que en

el literal A) “Experiencia del postor en la especialidad” del numeral 3.4 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se determinó que dicha experiencia debe ser acreditado en la especialidad: Obras viales puertos y afines y subespecialidad: Vías urbanas, además de la tipología correspondiente, conforme se detalla a continuación: Así, en el literal B.2 “Experiencia del personal clave”, del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia la exigencia de contar con cuatro personales clave, siendo que, respecto del “Residente de Obra”, “Especialista Ambiental”, “Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo”, y “Especialista en Calidad”, se precisó que aquellos debían acreditar experiencia en la ejecución, supervisión o inspección de obras públicas, según la especialidad y subespecialidad de la obra, conforme se muestra a continuación:

• Posteriormente, durante la etapa de formulación de consultas y observaciones, se

advierte que, mediante las observaciones N° 3, N° 8, N° 9, N° 10 y N° 11, se cuestionó el requisito de calificación referido a la “Experiencia del personal clave” para los cargos de residente de obra, especialista ambiental, especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo y especialista en calidad, señalándose que las bases integradas establecen acreditar experiencia únicamente en “obras públicas”, excluyendo la experiencia adquirida en obras privadas. No obstante, dichas observaciones no fueron acogidas por la Entidad y mantuvo la exigencia de acreditar experiencia del personal calve en la ejecución, supervisión o inspección únicamente en obras públicas, conforme se aprecia del pliego de absolución de consultas y observaciones:

• Conforme se aprecia, mediante las absoluciones de las observaciones antes

señaladas, la Entidad concluyó que no correspondía admitir la experiencia del personal clave adquirida en obras privadas, toda vez que el objeto de la contratación consiste en la ejecución de una obra pública, la cual se encuentra sujeta a un marco normativo, técnico y administrativo específico. Asimismo, sostuvo que la experiencia del personal clave debe garantizar el conocimiento de las particularidades de la gestión de obras públicas, incluyendo los procedimientos y responsabilidades derivados de la normativa de contratación pública, por lo que consideró razonable y proporcional mantener la exigencia de acreditar experiencia únicamente en la ejecución, supervisión o inspección de obras públicas. En esa línea, precisó que dicha restricción responde a la naturaleza y complejidad del objeto contractual y no constituye una limitación injustificada a la participación de profesionales.

• En ese contexto, se aprecia que las bases integradas establecieron, por un lado, la

especialidad y subespecialidad a las que debía vincularse la experiencia del personal clave y, por otro, incorporaron una condición adicional relativa a que dicha experiencia proviniera exclusivamente de obras públicas.

• De esa manera, se evidencia que las bases integradas contienen una disposición

que habría restringido la experiencia del personal clave a obras públicas. En ese sentido, dicha exigencia resulta contraria al principio de libertad de concurrencia, regulado en el literal h) del artículo 5 de la Ley, en virtud del cual las entidades contratantes deben promover el libre acceso y la participación de proveedores en los procesos de contratación, evitando exigencias y formalidades innecesarias.

• Considerando lo expuesto, en atención a la disposición prevista en el numeral

313.2 del artículo 313 del Reglamento, se corrió traslado a las partes y la Entidad.

• Al respecto, el Consorcio Impugnante manifestó, principalmente, que no

corresponde declarar la nulidad del procedimiento, toda vez que la exigencia de acreditar la experiencia del personal clave únicamente en obras públicas no habría generado una afectación concreta a la concurrencia ni incidido en el resultado de la evaluación de las ofertas. En ese sentido, señaló que los tres postores fueron calificados y obtuvieron el mismo puntaje (40 puntos) por la experiencia específica adicional del personal clave, sin que alguno fuera excluido o perjudicado por la exigencia cuestionada. Asimismo, refirió que no se habría acreditado que dicha condición hubiera impedido la participación de MADEV INGENIEROS & CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. o ARÉVALO CONSTRUCTORES E.I.R.L., por lo que considera que no se configura un vicio trascendente que justifique la nulidad, siendo aplicable la conservación de los actos prevista en el artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario sostuvo que la exigencia de acreditar

experiencia del personal clave únicamente en obras públicas no habría generado una afectación concreta a la concurrencia ni a la evaluación de las ofertas,

y que los tres obtuvieron 40 puntos en el factor de experiencia específica adicional del personal clave. Asimismo, precisó que el vicio que motivó la nulidad de la primera convocatoria fue distinto, pues estuvo referido a la falta de delimitación de la especialidad y subespecialidad de la experiencia exigida. Finalmente, solicitó que, de advertirse alguna irregularidad en las bases integradas, se evalúe la conservación de los actos del procedimiento y se emita pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sin que ello impida analizar los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante respecto de la correspondencia de la experiencia del personal clave con la especialidad y subespecialidad requeridas.

• La Entidad sostiene que la exigencia de acreditar la experiencia del personal clave

exclusivamente en obras públicas no constituye un vicio trascendente que justifique la nulidad del procedimiento, toda vez que responde a las particularidades del régimen de contratación pública y a las responsabilidades que asumen dichos profesionales, relacionadas con el manejo del cuaderno de obra digital, las valorizaciones, liquidaciones y el control gubernamental. Asimismo, señala que dicha exigencia fue establecida en ejercicio de la discrecionalidad técnica reconocida en el numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley N° 32069. Agrega que las Bases Integradas quedaron firmes, al no haberse solicitado la elevación del pliego de absolución ante el OECE. De otro lado, argumenta que la exigencia cuestionada no afectó la concurrencia ni el resultado del procedimiento, puesto que los tres postores fueron calificados, acreditaron experiencia en obras públicas y obtuvieron 40 puntos en el factor referido a la experiencia específica adicional del personal clave, sin que alguno fuera excluido o perjudicado por dicha condición. Asimismo, refiere que no se acreditó que esta hubiera impedido la participación de MADEV ni de ARÉVALO y que, aun cuando se hubiese permitido acreditar experiencia en obras privadas, el resultado habría sido el mismo. Por tales consideraciones, solicita que se conserven los actos del procedimiento, conforme al artículo 14 del TUO de la Ley N° 27444, y que la Sala emita pronunciamiento sobre el fondo del recurso de apelación.

• Al respecto, cabe señalar que las bases estándar establecen que, para la

acreditación de la experiencia del personal clave, debe considerarse la experiencia específica en la especialidad y subespecialidades establecidas en el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”; sin embargo, no establecen que dicha experiencia deba provenir exclusivamente de obras públicas. En ese sentido, se advierte que la Entidad incorporó en las bases del procedimiento una condición adicional, al limitar la acreditación de la experiencia del personal clave únicamente a aquella obtenida en obras públicas, aspecto que corresponde analizar a efectos de determinar si dicha exigencia se encuentra debidamente justificada y resulta compatible con los principios que rigen las contrataciones públicas.

• En ese contexto, este Colegiado considera que los argumentos expuestos por las

partes no desvirtúan el vicio advertido, toda vez que el cuestionamiento se encuentra referido en la facultad de la Entidad para establecer requisitos vinculados con la experiencia del personal clave, sino en que, al definirlos, haya limitado su acreditación exclusivamente a obras públicas, excluyendo aquellas ejecutadas en el ámbito privado, sin que se advierta una justificación objetiva y razonable que sustente tal restricción. En efecto, si bien la Entidad cuenta con facultades para determinar las condiciones técnicas que respondan a sus necesidades de contratación, estas deben establecerse en observancia de los principios que rigen las contrataciones públicas, entre ellos, el principio de concurrencia, que exige evitar la incorporación de exigencias innecesarias o injustificadas que limiten la participación de potenciales proveedores.

• En ese sentido, la circunstancia de que los tres (3) postores que presentaron

ofertas hayan acreditado experiencia en obras públicas y obtenido el mismo puntaje en el factor de evaluación correspondiente no permite concluir que la exigencia cuestionada no haya restringido la concurrencia, pues ello únicamente refleja las condiciones de participación de quienes efectivamente presentaron sus ofertas, mas no permite descartar que otros potenciales proveedores (incluso al margen de la empresa MADEV) se hayan visto desincentivados o impedidos de participar debido a dicha exigencia.

• Asimismo, cabe señalar que el hecho de que otros postores no hayan presentado

ofertas en el procedimiento de selección tampoco constituye un elemento que permita convalidar la exigencia cuestionada ni descartar una posible afectación al principio de concurrencia. En particular, debe tenerse en cuenta que la restricción referida a la acreditación de experiencia exclusivamente en obras públicas fue objeto de cuestionamiento durante la etapa de consultas y observaciones; sin embargo, la Entidad no acogió dichas observaciones, manteniendo la condición en las bases integradas. En ese sentido, la ausencia de participación de dichas empresas en el procedimiento no acredita que la exigencia establecida haya sido compatible con el principio de concurrencia ni permite descartar que esta haya desincentivado o limitado la participación de potenciales proveedores.

• Por otra parte, este Colegiado considera que el hecho de que las bases integradas

hayan quedado consentidas, al no haberse solicitado la elevación del pliego de absolución de consultas y observaciones, no convalida la exigencia cuestionada ni impide que este Tribunal advierta una eventual contravención a los principios que rigen las contrataciones públicas. Asimismo, la naturaleza pública del objeto de la contratación no constituye, por sí sola, una justificación objetiva y razonable para excluir la experiencia adquirida en obras privadas, pues la idoneidad del personal clave debe determinarse en función de la correspondencia de las actividades desarrolladas con la especialidad y subespecialidad requeridas, y no exclusivamente de la titularidad pública o privada de la obra en la que se obtuvo dicha experiencia. En consecuencia, la limitación establecida por la Entidad carece de una justificación suficiente y constituye una restricción a la libre concurrencia de potenciales proveedores.

• En ese contexto, este Colegiado considera que los argumentos expuestos por las

partes no desvirtúan el vicio advertido, toda vez que el cuestionamiento se encuentra referido a la limitación establecida por la Entidad para acreditar la experiencia del personal clave exclusivamente en obras públicas, excluyendo aquella obtenida en obras privadas, sin que se advierta fundamento jurídico que sustente tal restricción.

• Por consiguiente, no corresponde amparar los argumentos expuestos por el

Consorcio Impugnante, Consorcio Adjudicatario y la Entidad, debiendo continuarse con el análisis de la nulidad del procedimiento de selección.

• Siendo así, en el presente caso, se ha verificado que, en el caso concreto la

actuación de la Entidad contratante al elaborar las bases del procedimiento de selección habría vulnerado el principio de concurrencia regulado en el literal h) del

artículo 5 de la Ley.

Por ende, se evidencia una clara vulneración del principio de concurrencia de la normativa de contratación pública.

• En este punto, cabe traer a colación el artículo 70 de la Ley, el cual dispone que el

Tribunal, en los casos que conozca, declara nulos los actos expedidos dentro del procedimiento de selección, si advierte que los mismos han sido expedidos por un órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable, debiendo expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. Sobre el particular, es necesario precisar que la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

• En esa línea, los vicios incurridos resultan trascendentes, toda vez que se ha

contravenido el principio de libertad de concurrencia que regula las contrataciones del Estado, principio fundamental para la consecución del mayor valor por dinero; en ese sentido, el acto viciado no resulta ser materia de conservación. Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables. En ese sentido, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo; razón por la cual corresponde se disponga de oficio la nulidad del procedimiento de selección. Por los motivos expuestos, al vicio objeto de análisis no le resulta aplicable el supuesto de conservación solicitado por las partes, teniendo en cuenta que la figura de la conservación del acto administrativo está referida a vicios intrascendentes referidos a los requisitos de validez del acto administrativo (considerados como causal de nulidad por el numeral 2) del artículo 10 del TUO de la LPAG), lo que no ocurre cuando la afectación está referida a incumplimientos de normas legales fundamentales, al afectarse el principio de libertad de concurrencia de proveedores, el cual resulta trascendente.

• En ese sentido, no se verifica que, en el presente caso, exista la posibilidad de

conservar el acto viciado, hecho que determina que este Tribunal no pueda convalidar los actos emitidos en el presente procedimiento, al estar comprometida la validez y legalidad del mismo, razón por la cual resulta plenamente justificable que se disponga la nulidad del procedimiento de selección y se retrotraiga hasta el momento en que se cometió el acto viciado, a efectos que el mismo sea corregido.

• En adición a ello, debe señalarse que la administración se encuentra sujeta al

principio de legalidad, recogido en el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual constituye antecedente necesario para cualquier interés público de su actuación; por ello, la posibilidad de la nulidad de oficio implica una vía para la restitución de la legalidad afectada por un acto administrativo, debiendo tenerse en cuenta que las autoridades no pueden pretender sobrepasar los límites legales o actuar al margen de ella.

• Por lo expuesto, en atención a la potestad otorgada a este Tribunal en el artículo

70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones, a efectos de se corrijan los vicios detectados, conforme a lo antes expuesto.

• Asimismo, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá y que,

de considerarlo pertinente, los postores presentarán nuevamente sus ofertas, carece de objeto analizar los puntos controvertidos fijados.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del Titular de la Entidad contratante la presente Resolución, a fin que conozcan de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte a quienes intervienen en la elaboración de las bases, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y siendo que este Tribunal procederá a declarar la

nulidad del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el petitorio del Consorcio Impugnante, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por éste, para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti, y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025- EF publicado el 12 de abril de 2025 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la NULIDAD de la Licitación Pública de Obras N° 02-2026-MDS/C

– Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Sauce, para la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento de la infraestructura vial urbana del Jr. San Martín cuadras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13; 15, 16, 17, de la localidad de Sauce del distrito de Sauce - provincia de San Martín - departamento de San Martín, CUI N° 2500292”, debiendo retrotraerse hasta la etapa de absolución de consultas y observaciones; conforme a los fundamentos expuestos.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad contratante, a fin de

que se realicen las acciones de su competencia, conforme a lo señalado en el fundamento 38.

• Devolver la garantía presentada por el Consorcio Ejecutor Sauce, integrado por las

empresas Constructora Santalia S.A.C. y Coar Ingenieros S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CESAR CHOCANO DAVID

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE