Resolución N.° 9558-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos de que, en aplicación de las bases estándar aplicables y la normativa vigente, la Entidad determine correctamente el factor de evaluación “Sostenibilidad social”. Lima, 3 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7352/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Ari Farma S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 008-2026-HRDC-1, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca - Hospital Cajamarca, para la “Contratación de bienes: Adquisición de placa de retorno adulto descartable, lápiz electrocauterio y tubo de aspiración transparente, destinado a la atención de pacientes SIS del departamento de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca”,, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 17 de julio de 2026, el Gobierno Regional de Cajamarca - Hospital Cajamarca, en lo

sucesivo la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 008-2026- HRDC-1, para la “Contratación de bienes: Adquisición de placa de retorno adulto descartable, lápiz electrocauterio y tubo de aspiración transparente, destinado a la atención de pacientes SIS del departamento de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca”, con una cuantía de S/ 328 822.20 (trescientos veintiocho mil ochocientos veintidós con 20/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 4 de setiembre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el

28 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor A & F Medic Sociedad Anónima Cerrada - A & F Medic S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 236 460.00 (doscientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta con 00/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Etapas Evaluación Postor Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje total OP.* Buena pro

A & F MEDIC

S.A.C. Admitido Calificado 236 460.00 94.50 1 Sí ARI FARMA S.A.C. Admitido Calificado 252 714.00 81.30 2

S&V MEDICAL

S.A.C. Admitido Calificado 273 420.00 78.32 3

MASAL MEDICAL

E.I.R.L. Admitido Calificado 325 080.00 45.83 4 *Orden de prelación

• Mediante escrito N° 1 presentado el 2 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Ari Farma S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro, y iii) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos:

• Indica que la oferta del Adjudicatario no debió superar la etapa de admisión, toda

vez que presenta defectos documentales verificables. Sobre la omisión del Certificado de análisis del tubo de aspiración transparente.

• Alega que el Adjudicatario omitió presentar el certificado de análisis del tubo de

aspiración transparente, documento obligatorio para la admisión de la oferta. Al respecto, señala que la ficha técnica obrante en los folios 49 al 64 no constituye un certificado de análisis, sino un documento descriptivo del fabricante que establece las características que deben cumplir los tubos —como ser lisos y transparentes, así como satisfacer los requisitos establecidos en la tabla 1— y consigna una tabla de dimensiones correspondiente a toda una familia de referencias (RY-MC01001), con y sin mango Yankauer, en distintos diámetros y longitudes. Sin embargo, dicho documento no contiene resultados de pruebas, información sobre el lote o la fecha de fabricación, ni una conclusión de conformidad respecto de un bien específico.

• Sostiene que no se trata de un error material o formal en un documento

presentado, sino de la omisión total de un documento exigido para la admisión de la oferta. Al respecto, señala que el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento permite subsanar omisiones o corregir errores materiales o formales de los documentos presentados, siempre que ello no altere su contenido esencial. Asimismo, refiere que el numeral 78.2 del mismo cuerpo normativo únicamente permite subsanar la omisión de documentos emitidos por entidades públicas o privadas en ejercicio de función pública, supuesto que, a su juicio, no comprende el certificado de análisis, por tratarse de un documento técnico privado, emitido por el fabricante y refrendado por el director técnico del postor.

• Refiere que el registro sanitario tampoco suple la omisión advertida, toda vez que

las bases lo exigen de manera independiente en el literal g), debido a que cumple una función distinta: autorizar la comercialización del dispositivo médico en el país. En cambio, el certificado de análisis acredita que el producto ofertado cumple con las características técnicas requeridas, bajo la responsabilidad del director técnico, conforme a los artículos 124 al 127 del Decreto Supremo N° 016- 2011-SA, a los que remiten las propias bases. Por tanto, considera que tener por cumplido el requisito previsto en el literal h) con el documento presentado para acreditar el literal g) equivaldría a suprimir un requisito de admisión expresamente establecido en las bases.

• En ese sentido, manifiesta que incorporar un certificado de análisis en esta etapa

supondría agregar a la oferta, una vez vencido el plazo de presentación, el documento destinado a acreditar las características del bien ofertado. A su juicio, ello implicaría una alteración del contenido esencial de la oferta que el artículo 78 del Reglamento no permite y colocaría al Adjudicatario en una posición de ventaja frente a los postores que sí presentaron dicho documento oportunamente.

• Señala que los literales h) y k) de los requisitos de admisión establecen los medios

mediante los cuales puede acreditarse el cumplimiento de las especificaciones técnicas del dispositivo médico. Entre dichos medios se enumeran, por separado, el certificado de análisis y la folletería, los brochures, las instrucciones de uso, las cartas emitidas por el fabricante y la documentación técnica de este último. Precisa que las características que deben acreditarse respecto del tubo de aspiración transparente son las identificadas con los códigos A02, A03, A05, B01, B02, C01, C02, C03, C04 y C05.

• En ese sentido, resalta que, para efectos de las bases, el certificado de análisis y

la documentación descriptiva o folletería del fabricante constituyen documentos de naturaleza distinta.

• Sostiene que el literal h) exige la presentación del certificado de análisis u “otro

documento correspondiente”, expresión que, a su entender, alude a un documento de naturaleza y función equivalentes a las de dicho certificado, destinado a dar cuenta de la verificación de las características del bien ofertado. Por ello, considera que no basta con describir tales características, sino que estas deben ser objeto de acreditación. En consecuencia, afirma que la interpretación que otorga sentido a ambos literales y que se desprende de su texto es que el literal h) exige un documento de naturaleza certificante, refrendado por el director técnico, mientras que el literal k) admite medios de carácter descriptivo para acreditar las características requeridas.

• Refiere que la ficha técnica presentada por el Adjudicatario no constituye un

certificado de análisis ni “otro documento correspondiente”, por las razones expuestas. Precisa que los folios 49 al 64 de su oferta describen una familia de productos y especifican las características que estos deben cumplir, pero no certifican resultado alguno respecto del bien ofertado.

• Alega que el propio Adjudicatario distingue ambos documentos, toda vez que, en

la carátula de la sección correspondiente (folio 48 de su oferta), enumera como contenidos diferenciados la ficha técnica y el certificado de análisis. A su juicio, ello evidencia que reconoce que se trata de documentos distintos y que este último debía formar parte de dicha sección. Sobre la oferta económica del Adjudicatario.

• Señala que la oferta económica del Adjudicatario fue formulada bajo una

estructura de precios unitarios, ajena a la modalidad de suma alzada y al formato previsto en el Anexo N° 6.

• Refiere que, en el Anexo N° 6, el Adjudicatario incorporó una columna de “precios

unitarios” y estructuró su oferta sobre la base del producto de dichos precios unitarios. Sostiene que ello no constituye un simple desagregado informativo, sino la sustitución del formato oficial por una estructura propia que establece un precio por cada unidad entregada, característica que, a su entender, define la modalidad de precios unitarios.

• En ese sentido, alega que la oferta económica del Adjudicatario contiene dos

parámetros de compromiso: los precios unitarios y el precio total. Considera que ambos no resultan compatibles con la modalidad de suma alzada, en la que el postor se obliga a ejecutar la totalidad de la prestación por un precio total, fijo e integral.

• En consecuencia, manifiesta que el Adjudicatario no podía sustituir el formato

previsto en el Anexo N° 6 por una estructura económica propia que incorporara los precios unitarios como elemento de determinación de su oferta. A su juicio, ello contraviene las reglas de formulación de ofertas establecidas en las bases integradas, por lo que corresponde declarar la oferta como no admitida.

Sobre la evaluación de la oferta del Adjudicatario (factor de evaluación B).

• Sostiene que, a diferencia de su representada, que consignó en el Anexo N° 12

(folio 56) un plazo de entrega de cuatro (4) días calendario y recibió cero (0) puntos, el Adjudicatario ofreció el mismo plazo, aunque redactado en dos frases (folio 76), y obtuvo veinte (20) puntos. Añade que los otros tres (3) postores también declararon dicho plazo y recibieron cero (0) puntos.

• Señala que las bases no asignan puntaje en función de la forma de redactar la

declaración, de la reproducción de las reglas del cronograma ni de la incorporación de cuadros. Precisa que el factor de evaluación considera el plazo ofertado y que, en el caso del Adjudicatario, este se limitó a reproducir literalmente el numeral 3.3 del capítulo III de las bases integradas.

• Agrega que entre la declaración del Adjudicatario y las de los demás postores no

existe diferencia en cuanto al plazo ni al compromiso asumido, sino únicamente una diferencia de redacción, consistente en dos frases y un cuadro adjunto reproducido de las bases.

• En ese sentido, alega que corresponde uniformizar el puntaje del Adjudicatario y

asignarle el mismo resultado obtenido por los postores que declararon idéntico plazo. Alternativamente, señala que, si el Tribunal considera que la declaración del Adjudicatario satisface el factor de evaluación B, la misma conclusión debería aplicarse a la declaración de su representada, pues ambas comprometen un plazo de cuatro (4) días calendario para la entrega de los bienes. Añade que quien se obliga a cumplir un plazo único para dichos bienes asume ese compromiso respecto de cada entrega prevista en las bases, tanto la primera como las subsiguientes. Sobre la declaración jurada de garantía comercial del Adjudicatario.

• Sostiene que la declaración jurada presentada en el folio 82 de la oferta del

Adjudicatario no acredita el compromiso de garantía comercial exigido, pues únicamente declara la vigencia de los dispositivos médicos, lo que constituye un atributo temporal del producto. Precisa que el documento no señala que el Adjudicatario se comprometa a responder por defectos, averías o fallas, ni establece qué acciones adoptaría la Entidad en caso de que estos se presenten. En ese sentido, distingue entre declarar la vida útil o vigencia de un producto y asumir la obligación de responder por él, pues la declaración de vigencia de un bien no implica, por sí misma, el compromiso de repararlo, reponerlo o responder por sus fallas.

• Además, resalta que el cómputo del plazo de garantía propuesto por el

Adjudicatario parte de un momento distinto del exigido en las bases. Precisa que estas establecen que la garantía se computa “a partir del día siguiente que se otorgó la conformidad al bien”; sin embargo, el Adjudicatario señala que dicho plazo se computará “a partir de la fecha de recepción de los ítems ofertados”, pese a que la recepción y el otorgamiento de la conformidad constituyen momentos distintos.

• En consecuencia, señala que el Adjudicatario no acreditó la garantía comercial en

los términos establecidos en las bases, dado que su declaración jurada no contempla el compromiso de responder por los defectos del producto —en cuanto al alcance de la garantía— y computa el plazo desde un momento distinto del exigido —en cuanto a su inicio—. Por ello, considera que los veinte (20) puntos asignados en el factor de evaluación F carecen de sustento documental y que el incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.6 del capítulo III constituye un defecto adicional de la oferta que no admite subsanación.

• Finalmente, por las consideraciones expuestas, indica que la controversia radica

en el presunto incumplimiento, por parte del Adjudicatario, de las exigencias establecidas de manera clara, obligatoria y objetiva en las bases integradas.

• Con decreto del 5 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación y

se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 13 de octubre de 2026.

• Mediante escrito N° 1 presentado el 9 de octubre de 2026 a la Mesa de Partes del

Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes argumentos: Con relación a la falta del certificado de análisis del tubo de aspiración transparente.

• Indica que el Impugnante sostiene que la oferta de su representada omitió

presentar el certificado de análisis del tubo de aspiración transparente, pues la ficha técnica obrante en los folios 49 al 64 únicamente describe las características del producto, sin consignar resultados de pruebas, lote, fecha de fabricación ni una conclusión de conformidad.

• Al respecto, señala que el literal h) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas

contempla dos alternativas para acreditar el cumplimiento del requisito: la presentación de una copia simple del certificado de análisis autorizado por la ANM o de otro documento que acredite las características específicas del bien, conforme a lo autorizado en su registro sanitario. En ese sentido, la interpretación del Impugnante, según la cual el cumplimiento del requisito exige exclusivamente la presentación del certificado de análisis, resulta restrictiva, pues desconoce la alternativa documental expresamente prevista en las bases. Por tanto, no corresponde concluir que existe una omisión insubsanable sin analizar previamente la documentación presentada y verificar si esta satisface las exigencias establecidas.

• Asimismo, respecto de la distinción entre los literales h) y k), el Impugnante

sostiene que el primero exige un documento de naturaleza certificante, mientras que el segundo admite documentación descriptiva. Sin embargo, ambos requisitos deben interpretarse de manera sistemática, atendiendo a su contenido y finalidad, sin incorporar exigencias adicionales a las previstas en las Bases Integradas.

• En consecuencia, señala que la ficha técnica de los folios 49 al 64 constituye

documentación idónea para acreditar las características específicas del bien exigidas en el literal h), puesto que, la sola ausencia del certificado de análisis no determina, por sí misma, el incumplimiento del requisito, dado que las bases contemplan expresamente la posibilidad de presentar documentación alternativa. Sobre el Anexo N° 6 – Precio de la oferta presentado por el Adjudicatario.

• Indica que el Impugnante cuestiona el Anexo N° 6 presentado por su

representada, alegando que la inclusión de precios unitarios contraviene la modalidad de suma alzada prevista en las bases integradas.

• Al respecto, sostiene que la consignación de precios unitarios no constituye, por

sí sola, una causal de no admisión, siempre que se haya establecido un precio total, fijo e integral, y que la información adicional no genere contradicciones ni altere el contenido esencial de la oferta económica.

• Asimismo, invoca la Resolución N° 5222-2025-TCP-S1, fundamentos 40 al 46, en

la que el Tribunal habría determinado que la inclusión de precios unitarios en el Anexo N° 6 no invalida una oferta formulada bajo la modalidad de suma alzada, cuando estos son congruentes con el monto total ofertado y no generan inconsistencias.

• En ese sentido, alega que su oferta comprende los tres (3) bienes que conforman

el ítem paquete y que el precio total ofertado es inequívoco y verificable, por lo que la incorporación de precios unitarios constituye únicamente información adicional que no modifica el monto total ni las condiciones esenciales de la propuesta.

• Por lo tanto, solicita que se desestime este cuestionamiento, al considerar que la

inclusión de precios unitarios no justifica, por sí misma, la no admisión de su oferta. Sobre el factor de evaluación técnica B: Plazo de entrega.

• Manifiesta que el Impugnante cuestiona la asignación de veinte (20) puntos a su

representada y cero (0) puntos a su oferta, alegando que ambas ofrecieron el mismo plazo de entrega de cuatro (4) días calendario, por lo que considera vulnerado el principio de igualdad de trato.

• Al respecto, sostiene que las bases integradas exigen mejorar el plazo de entrega

tanto para la primera entrega como para las subsiguientes, considerando que la ejecución contractual es periódica. En ese sentido, señala que, mediante su Anexo N° 12, precisó expresamente un plazo de cuatro (4) días calendario para la primera entrega y para las entregas posteriores, cumpliendo así las condiciones para obtener los veinte (20) puntos.

• Por el contrario, alega que el Impugnante únicamente consignó un plazo de

cuatro (4) días calendario, sin especificar expresamente que este comprendía tanto la primera entrega como las subsiguientes. Asimismo, invoca la Resolución N° 0520-2026-TCP-S1, fundamentos 51 al 57, respecto de la necesidad de que el plazo ofertado sea claro y preciso, sin que corresponda al órgano evaluador esclarecer posibles ambigüedades.

• En consecuencia, sostiene que ambas ofertas no son equivalentes y que la

diferencia de puntaje se encuentra justificada, por lo que solicita que se ratifique la evaluación realizada por el comité. Sobre el factor de evaluación técnica F: Garantía comercial del postor.

• Refiere que el Impugnante cuestiona los veinte (20) puntos otorgados a su

representada por el factor de evaluación “Garantía comercial del postor”, alegando que la declaración presentada únicamente señala la vigencia de los dispositivos médicos, sin asumir expresamente la obligación de responder por defectos, averías o fallas. Asimismo, cuestiona que el plazo de garantía se compute desde la recepción de los bienes y no desde el día siguiente al otorgamiento de la conformidad, conforme a las Bases Integradas.

• Al respecto, sobre la diferencia entre la “recepción de los bienes” y el

“otorgamiento de la conformidad”, su representada reconoce que ambos constituyen hitos distintos dentro del procedimiento de contratación; sin embargo, dichos cuestionamientos deben evaluarse considerando el contenido integral de la declaración y el plazo de garantía ofrecido, sin que las diferencias advertidas determinen automáticamente la invalidez de dicho compromiso. En ese sentido, señala que ofertó una garantía de treinta y siete (37) meses, computada desde el día siguiente de la recepción de los bienes, y que la discrepancia respecto del hito de inicio no justifica, por sí sola, desconocer la totalidad del puntaje.

• Asimismo, invoca el numeral 144.3 del artículo 144 del Reglamento de la Ley, que

establece un plazo máximo de siete (7) días para emitir la conformidad, contado desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo las excepciones previstas en dicha disposición. Sobre esa base, solicita que se evalúen las consecuencias de la diferencia advertida y se considere, subsidiariamente, la asignación de diez (10) puntos, correspondientes al periodo de garantía superior a veinticuatro (24) meses y hasta treinta y seis (36) meses.

• En consecuencia, solicita que se desestime la pretensión del Impugnante de dejar

sin efecto la totalidad del puntaje otorgado y que la evaluación se realice objetivamente, conforme a las bases integradas y al contenido de su oferta. Respecto a la oferta del Impugnante.

• Cuestiona los diez (10) puntos otorgados al Impugnante por el factor de

evaluación “Sostenibilidad social”, alegando que los certificados de “Buenas Prácticas Laborales” y “Prácticas de Promoción de la Diversidad (PPD)”, presentados en los folios 57 y 58 de su oferta y emitidos por International Certification Organization S.A.C., no cumplirían con las condiciones de acreditación previstas en las bases integradas, particularmente respecto de la entidad emisora de los documentos (entidad de certificación privada que no es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo).

• Asimismo, señala que las bases estándar contemplan requisitos específicos para

acreditar dichas prácticas, esto es, para acreditar las Buenas Prácticas Laborales, se contempla el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) o una certificación vinculada a determinadas condiciones laborales; mientras que, para las Prácticas de Promoción de la Diversidad (PPD), se contempla una certificación que acredite políticas de no discriminación aplicables a los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, y que la falta de precisión sobre los documentos admisibles podría generar interpretaciones discrepantes entre los postores.

• En sustento de su posición, invoca la Resolución N° 2971-2026-TCP-S5, en la que

el Tribunal habría advertido deficiencias en la regulación de este factor por falta de claridad respecto de la documentación exigible. Criterio que resulta relevante para el presente caso, puesto que evidencia que la sola referencia a una práctica de sostenibilidad social “Buenas Prácticas Laborales” y/o “Prácticas de Promoción de la Diversidad (PPD)”, sin precisar adecuadamente los documentos que permiten acreditarla, no garantiza que cualquier certificado presentado por un postor sea suficiente para obtener el puntaje previsto.

• En ese contexto, sostiene que, si las bases integradas omitieron precisar los

documentos admisibles para acreditar las prácticas seleccionadas, dicha omisión debe analizarse a la luz del criterio desarrollado en la Resolución N° 2971-2026- TCP-S5, en el cual el Tribunal determinó la existencia de un defecto en la formulación de las bases que compromete la transparencia y la igualdad de trato; por lo que no corresponde que el comité supla discrecionalmente dicha omisión durante la evaluación mediante la aceptación o el rechazo de certificados con arreglo a exigencias que no fueron previamente establecidas.

• En consecuencia, indica que no corresponde el otorgamiento de diez (10) puntos

en el factor “Sostenibilidad Social”, pues las bases adolecen de claridad y certeza sobre los mecanismos para la acreditación del mencionado factor.

• Con decreto del 9 de octubre de 2026, en atención a la reconformación de las Salas

del Tribunal aprobada por el Acuerdo N° 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003- 2020/TCE de fecha 10 de marzo de 2020, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 19 de octubre de 2026.

• A través del Oficio N° D1631-2026-GR.CAJ/HRDC/DG, a través del cual adjunta los

Informes N° D2061-2026-GR.CAJ/HRDC-OEA/LOG y N° D2001-2026-GR.CAJ/HRDC/AJ, presentados el 12 de octubre de 2026 ante el Tribunal, y publicados en el SEACE el 16 del mismo mes y año, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos: Opinión técnica.

• Respecto del primer hecho impugnado, el literal h) del numeral 2.2.2.1 de las

bases integradas no establece al Certificado de Análisis como único documento para acreditar las características técnicas, pues expresamente permite presentar “otro documento correspondiente” que acredite las características específicas del bien. En el presente caso, el comité determinó que la Ficha Técnica presentada por el Adjudicatario constituye dicho documento, al contener las características técnicas de los bienes ofertados y permitir su verificación. Por lo tanto, no corresponde desestimar la oferta por el solo hecho de no haberse presentado un documento denominado “Certificado de Análisis”.

• Respecto del segundo hecho impugnado, la inclusión de cantidades y precios

unitarios en el Anexo N° 6 no invalida la oferta del Adjudicatario, debido a que el monto total ofertado se encuentra claramente determinado y no existe contradicción entre la información consignada. Este criterio resulta concordante con los fundamentos 41, 46 y 47 de la Resolución N° 5222-2025-TCP-S1, en los cuales el Tribunal consideró que la inclusión de información adicional en el Anexo N° 6 no invalida una oferta cuando dicha información no modifica el precio ofertado y el monto puede determinarse de manera inequívoca.

• Respecto del tercer hecho impugnado, la declaración efectuada por el

Impugnante en su Anexo N° 12 no permite determinar de manera objetiva el alcance del plazo de cuatro (4) días calendario frente al esquema de entregas establecido en las bases integradas. En consecuencia, la decisión de no asignar puntaje se encuentra sustentada en la falta de precisión de la propia oferta. Este criterio resulta concordante con el fundamento 56 de la Resolución N° 00520-2026-TCP-S1, en el cual el Tribunal establece que la información contenida en la oferta debe ser objetiva, clara y precisa y que no corresponde al órgano evaluador interpretar, esclarecer o inferir el alcance de una oferta.

• No se configura trato desigual entre el Impugnante y el Adjudicatario, debido a

que ambos postores fueron evaluados bajo las mismas bases integradas y conforme a los mismos criterios, siendo la diferencia de puntuación consecuencia del contenido y nivel de precisión de sus respectivas ofertas.

• Por las consideraciones técnicas expuestas, no se advierten elementos que

determinen la invalidez de la admisión o evaluación de la oferta del Adjudicatario, ni elementos que acrediten la existencia de trato desigual en perjuicio del Impugnante.

• Respecto del cuarto hecho impugnado; la asignación de puntaje al Adjudicatario

en el factor de evaluación "Garantía Comercial del Postor y/o Fabricante" se encuentra plenamente justificada y arreglada a derecho, toda vez que la documentación presentada acredita de forma clara e indubitable el periodo de cobertura ofertado, conforme al criterio normativo y jurisprudencial del Tribunal en las Resoluciones N° 02140-2026-TCP-S2 y N° 00894-2026-TCP-S4. Opinión legal.

• La oficina de asesoría jurídica de la Entidad por su parte, manifiesta que

corresponde que el Tribunal determine: i) si la ficha técnica presentada por el Adjudicatario acredita las características específicas del tubo de aspiración transparente; ii) si la inclusión de cantidades y precios unitarios en el Anexo N° 6 afecta la validez de la oferta económica; iii) si la diferencia de puntaje en el plazo de entrega cuenta con justificación objetiva; y iv) si la garantía comercial ofertada cumple con el alcance y el inicio del cómputo exigidos en las bases integradas.

• En consecuencia, considera que la controversia debe resolverse mediante una

evaluación integral de las ofertas y las bases integradas, correspondiendo al Tribunal determinar si los cuestionamientos formulados por el Impugnante justifican declarar fundado o infundado el recurso de apelación, o adoptar la decisión que corresponda conforme a la normativa de contratación pública.

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de

los representantes del Impugnante y el Adjudicatario.

• Con decreto del 19 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al Impugnante

y al Adjudicatario, considerando la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que se advertiría la transgresión de las bases, debido a que, en el factor de evaluación “Sostenibilidad Social”, no precisó las prácticas de sostenibilidad solicitadas ni identificó los documentos que los postores deben presentar para acreditar dichas prácticas. Dicha situación, configuraría una transgresión a los lineamientos de las bases estándar y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.

• Mediante Escrito N° 2 presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante se pronunció respecto al traslado de nulidad, manifestando que las bases integradas no contravienen las bases estándar, y de apreciarse una imprecisión, esta no es trascendente y corresponde la conservación del acto, en los siguientes términos:

• Señala que la oración “Los evaluadores deben detallar específicamente los

documentos para la acreditación respectiva” es una indicación dirigida a quien redacta las bases, y la Entidad la cumplió, se ve en la columna “Acreditación”, que enumera el documento de cada práctica, y se ve también cómo se evaluó; el Acta del 28 de setiembre de 2026 identificó, postor por postor, a las que se dio el puntaje correspondiente, y dejó constancia de que su representada no presentó documento alguno.

• Refiere que las bases estándar tampoco piden identificar al emisor de cada

documento, dentro de este factor, el modelo solo exige un emisor determinado para la certificación SA 8000, que debe ser emitida por un organismo “acreditado ante el Social Accountability Accreditation Services (SAAS)”, para las buenas prácticas laborales y la diversidad no lo exige. Las bases integradas mantuvieron esa distinción, cuando la Entidad quiso exigir un emisor determinado, lo escribió, en el mismo cuadro, como lo hizo con la certificación SA 8000 y con el factor “Integridad en la contratación”, que pide un organismo acreditado ante el INACAL u otro acreditador con reconocimiento internacional. Para las buenas prácticas laborales y la diversidad, en cambio, pidió simplemente una “certificación” en la materia, sin restringir quién la emite.

• Refiere que la Entidad identificó los documentos de acreditación mediante la

fórmula “Copia de...”, conforme al modelo. Exigir un mayor nivel de especificidad o un emisor determinado supondría incorporar requisitos que no estaban previstos en las bases estándar ni eran conocidos por los postores, vulnerando el principio de legalidad.

• Alega que el factor Sostenibilidad Social estableció criterios objetivos y

verificables: Buenas prácticas laborales relacionadas con salario justo, seguridad, igualdad de oportunidades y prevención del trabajo infantil y forzoso, y Diversidad mediante políticas de no discriminación en reclutamiento, selección y contratación. Asimismo, las bases integradas admitieron expresamente dos alternativas de acreditación: el reconocimiento del MTPE o una certificación. Ambas son vías distintas y válidas.

• Sostiene que los certificados presentados por ICOCERT fueron emitidos a su favor

y se encontraban vigentes, constituyen certificaciones privadas de conformidad, emitidas por un tercero, su autenticidad puede verificarse mediante códigos QR, acreditan las materias exigidas por las bases integradas. La normativa no exigía que estas certificaciones fueran emitidas por el MTPE ni por un organismo acreditado.

• Manifiesta que dos de los cuatro postores, incluida su representada, acreditaron

las prácticas de sostenibilidad social y obtuvieron puntaje. El comité aplicó un criterio uniforme. El Adjudicatario obtuvo cero puntos porque no presentó documentación para este factor, no porque existiera una falta de claridad en las bases.

• Precisa que una eventual imprecisión no justifica la nulidad, conforme al artículo

14 del TUO de la Ley N° 27444 y al artículo 313 del Reglamento, debe privilegiarse la conservación de los actos cuando el defecto no sea trascendente. En este caso, una eventual imprecisión: No modificó las reglas de participación, no afectó la admisión ni la calificación de las ofertas, no impidió aplicar un criterio uniforme, y no alteró el resultado de la evaluación de los demás factores. Además, se trata de un factor facultativo que únicamente otorgaba puntaje adicional.

• Alega que la controversia está vinculada con la adquisición de insumos

quirúrgicos para pacientes del SIS del Hospital Regional Docente de Cajamarca. Anular el procedimiento generaría demoras y mayores costos, sin corregir un defecto que haya afectado realmente la competencia o la evaluación.

• Manifiesta que la eventual observación al factor Sostenibilidad Social no debe

impedir que el Tribunal analice los cuestionamientos formulados contra la oferta del Adjudicatario: Omisión del Certificado de Análisis del tubo de aspiración transparente, Certificados de análisis con la firma del director técnico insertada como imagen, oferta económica presentada bajo precios unitarios, pese a que correspondía el sistema de suma alzada. Estos cuestionamientos son independientes del factor observado y deben ser evaluados conforme a las bases integradas.

• Mediante Oficio N° D1721-2026-GR.CAJ/HRDC/DG presentado el 26 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad se pronunció respecto del traslado de nulidad, manifestando lo siguiente:

• Indica que la permanencia de la instrucción “Los evaluadores deben detallar

específicamente los documentos para la acreditación respectiva” constituye un error material de edición que, considerado aisladamente, no fija un requisito adicional ni altera la metodología del factor de evaluación “Sostenibilidad Social”.

• Refiere que, si bien las bases integradas debieron identificar de manera

independiente las prácticas de sostenibilidad social y sus respectivos medios de acreditación, la conjunción disyuntiva “o” empleada entre el reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la certificación en buenas prácticas laborales permite establecer dos alternativas para acreditar una misma práctica. Por consiguiente, es suficiente uno u otro documento, siempre que cumpla las condiciones exigidas y acredite efectivamente la práctica; no corresponde exigir ambos de forma acumulativa.

• Alega que las disposiciones establecidas en las bases integradas no configuran

causales que justifiquen la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que la conjunción disyuntiva “o” permite identificar claramente los medios alternativos de acreditación de las prácticas de sostenibilidad social, garantizando la igualdad de trato, la transparencia y la evaluación objetiva de las ofertas.

• Concluye que la incorporación de las cuatro (4) acreditaciones del factor de

evaluación “Sostenibilidad Social” tuvo como finalidad promover la libertad de concurrencia, ampliar la participación de los postores y garantizar la igualdad de trato, sin establecer exigencias acumulativas ni restricciones innecesarias a la competencia. En ese sentido, las deficiencias formales advertidas no justificarían, por sí solas, la nulidad del procedimiento de selección, siempre que no se haya afectado la participación de los postores ni la evaluación objetiva de las ofertas.

• Con decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública Abreviada para Bienes, cuya cuantía es de S/ 328 822.20 (trescientos veintiocho mil ochocientos veintidós con 20/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una Licitación Pública Abreviada para Bienes, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 5 de octubre de 2026,

fue publicado en el SEACE el 28 de setiembre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escrito N° 1 presentado el 2 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el gerente general del Impugnante, el señor Marthho Isaías Huamán Huamán.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

En el presente caso, no aplica la presente causal, debido a que la oferta del Impugnante fue admitida y calificada, ocupando el segundo lugar en el orden de prelación.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, por lo que no obtuvo la buena pro del procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, transgrediéndose así lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario.

ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. iii. Se le otorgue la buena pro.

• De la revisión del escrito de absolución, se advierte que el Adjudicatario solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se revoque el puntaje otorgado al Impugnante por cumplir con el factor de

evaluación “Sostenibilidad social”. ii. Se ratifique la admisión de su oferta. iii. Se ratifique el otorgamiento de la buena pro.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 5 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 9 del mismo mes y año, debido a que el 8 de octubre fue feriado. Sobre el particular, se aprecia que el 9 de octubre de 2026, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando cuestionamiento contra la oferta del Impugnante; es decir, dentro del plazo legal, por lo que también se considerarán sus argumentos para la fijación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario,

y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado al Impugnante por cumplir con el factor de evaluación “Sostenibilidad Social”. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• A efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos cuestionados en el recurso

impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las bases integradas, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad que se encuentran vinculados al segundo punto controvertido razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal1, con decreto del 19 de

octubre de 2026, se corrió traslado al Impugnante, Adjudicatario y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación:

“A LA ENTIDAD, A ARI FARMA S.A.C. [IMPUGNANTE] Y A & F MEDIC SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA - A & F MEDIC S.A.C. [ADJUDICATARIO]

• Mediante la absolución del recurso de apelación, el Adjudicatario cuestionó la

documentación presentada por el Impugnante para acreditar el factor de evaluación “Sostenibilidad social”, la cual no cumplirían con las condiciones de acreditación previstas en las bases integradas, particularmente respecto de la entidad emisora de los documentos.

• Sobre el particular, de la revisión de las bases integradas del procedimiento, en el

literal C) del numeral 4.2 del Capítulo IV – Evaluación, de la sección especifica, se advierte lo siguiente: 1 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

• Como se puede apreciar, las bases integradas establecen como prácticas y

documentos de acreditación del factor de evaluación “Sostenibilidad Social”, la presentación de, entre otros, i) Copia de reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 17 o certificación en buenas prácticas laborales vinculadas al salario justo, entornos de trabajo seguros y sin riesgo entre otros, y ii) Copia de certificación en prácticas de promoción de la diversidad mediante políticas de no discriminación aplicable a procesos de reclutamiento, selección y contratación (igualdad de género, entro otros); sin embargo, en dichos requisitos de acreditación se ha consignado en la parte final “Los evaluadores debe detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva”.

• No obstante, en las bases estándar de la Licitación Pública Abreviada para Bienes,

contenidas en la directiva aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2026-EF- 54/01 (en adelante las bases estándar), establecen las siguientes disposiciones aplicables al factor de evaluación facultativo “Sostenibilidad social”:

• SOSTENIBILIDAD

SOCIAL

PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU

ASIGNACIÓN

Evaluación: Se evaluará que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad social. En caso de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas al objeto del contrato acreditan alguna(s) de las actividades relacionadas a la sostenibilidad social.

[PRECISAR LA(S)

PRÁCTICA(S) DE

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SOLICITADA(S)]

Acreditación:

[PRECISAR LOS

DOCUMENTOS QUE

ACREDITEN LA(S)

PRÁCTICA(S) DE

SOSTENIBILIDAD SOCIAL

SOLICITADA(S)].

[COMO MÁXIMO 5 PUNTOS] puntos Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad social. [5] puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad social. 0 puntos Importante para la entidad contratante En caso se considere más de una práctica de sostenibilidad social, se considera lo siguiente: Acredita más de (1) de las prácticas de sostenibilidad social. […] puntos Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad social. […] puntos No acredita ninguna práctica en sostenibilidad social. 0 puntos Esta nota debe ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. Importante para la entidad contratante Sostenibilidad Social: En este factor se califican prácticas que busquen reducir las desigualdades sociales, así como promover la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos, el cumplimiento y la adhesión a normativa y buenas prácticas de salud e higiene en el ámbito laboral. Ejemplos:

• Inscripción vigente en el Registro Nacional de Empresas Promocionales para

Personas con Discapacidad (REPPCD) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo2. 2 De acuerdo con el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP. La inscripción en el REPPCD tiene una vigencia de doce meses, a cuyo vencimiento queda sin efecto de manera automática. Antes de su vencimiento, puede ser renovado.

• Certificación en el sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el

estándar SA 8000:2014. El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el “Social Accountability Accreditation Services” (SAAS). El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas3.

• Reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 4 o

certificación en buenas prácticas laborales vinculadas al salario justo, entornos de trabajo seguros y sin riesgos para la salud, entornos de trabajo equitativos y con igualdad de oportunidades de desarrollo humano, sistemas o políticas sobre debida diligencia para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva.

• Certificación en prácticas de promoción de la diversidad mediante políticas de

no discriminación aplicable a procesos de reclutamiento, selección y contratación (igualdad de género, entre otros). Los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva.

• Según lo anterior, las bases estándar señalan en el acápite de “evaluación” que se

deben precisar la(s) práctica(s) de sostenibilidad social solicitadas, y en “acreditación” que se deben precisar los documentos que acrediten la(s) prácticas de sostenibilidad social solicitada (s), indicando, entre los ejemplos de documentos propuestos, i) el Reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o certificación en buenas prácticas laborales vinculadas al salario justo, entornos de trabajo seguros y sin riesgos para la salud, entornos de trabajo equitativos y con igualdad de oportunidades de desarrollo humano, sistemas o políticas sobre debida diligencia para erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva, y ii) Certificación en prácticas de promoción de la diversidad mediante políticas de no discriminación aplicable a procesos de reclutamiento, selección y contratación (igualdad de género, entre otros). Los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva. Se desprende así que, en caso de ser requerida un reconocimiento o una certificación en buenas prácticas laborales, así como en prácticas de promoción de la diversidad mediante políticas de no discriminación aplicable a procesos de 3 Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). 4 Mediante Resolución Ministerial N° 074-2019-TR, modificada por Resolución Ministerial N° 304-2020-TR y Resolución Viceministerial N° 001-2024-MTPE/2 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se aprueban los Lineamientos para el Otorgamiento del Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales.

reclutamiento, selección y, como alternativa para la validación de este factor de evaluación, las bases del procedimiento deben detallar específicamente los documentos que la acreditan.

• En ese sentido, se advierten deficiencias en la elaboración de las bases en

contravención a lo dispuesto en las bases estándar aplicables al presente caso, debido a que aun cuando estas señalan que la entidad contratante debe precisar en las bases qué documentos se deberán presentar; sin embargo, la Entidad no ha identificado ello.

• Tal situación evidenciaría la transgresión de las bases estándar, lo que supondría

una vulneración del numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, que dispone que “[l]as bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores”, además del quebrantamiento de la transparencia del procedimiento de selección, constituyendo por ello una contravención del literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 32069, conforme al cual la transparencia y facilidad de uso “son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación basados en reglas y criterios claros y accesibles”.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el

numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, por una posible contravención a las normas legales y las reglas del procedimiento de selección.”

• Al respecto, el vicio de nulidad advertido se sustenta en que las bases integradas

contravienen los lineamientos establecidos en las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, respecto de la acreditación del factor de evaluación “Sostenibilidad social”, toda vez que la Entidad no cumplió con precisar las prácticas de sostenibilidad social objeto de evaluación ni los documentos específicos que permitirían acreditarlas, limitándose a reproducir textualmente las referencias contenidas en las bases estándar, sin efectuar la precisión correspondiente a las prácticas y el tipo de certificación o los documentos que serían admitidos para acreditar tales prácticas. En efecto, respecto de dos (2) de los supuestos de acreditación contemplados en las bases estándar, referidos a la certificación en buenas prácticas laborales y a la certificación en prácticas de promoción de la diversidad mediante políticas de no discriminación aplicables a los procesos de reclutamiento, selección y contratación, la Entidad omitió desarrollar el contenido de las exigencias de acreditación que, conforme a las bases estándar, correspondía determinar a los evaluadores.

Por tanto, tales deficiencias evidencian la inobservancia de las bases estándar de uso obligatorio, conforme a lo previsto en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, afectando las reglas que debían regir la evaluación de las ofertas y, por tanto, configurando un vicio que incide en la validez del procedimiento de selección y determina la necesidad de declarar su nulidad, a fin que las bases sean reformuladas conforme a la normativa aplicable.

• Ahora bien, al absolver el traslado del posible vicio de nulidad, conforme a lo señalado

en los antecedentes, el Impugnante sostuvo que las bases integradas no contravienen las bases estándar y que, aun cuando se advirtiera alguna imprecisión en su formulación, esta no tendría carácter trascendente, por lo que correspondería privilegiar la conservación del acto administrativo.

• Por su parte, conforme a lo expuesto en los antecedentes, la Entidad reconoció que

la oración “Los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva” constituye un error material de edición. Asimismo, señaló que las demás disposiciones cuestionadas no configuran causales que justifiquen la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que la conjunción disyuntiva “o” permite identificar claramente los medios alternativos de acreditación de las prácticas de sostenibilidad social, garantizando la igualdad de trato, la transparencia y la evaluación objetiva de las ofertas. Agregó que la incorporación de las cuatro (4) alternativas de acreditación del factor de evaluación “Sostenibilidad social” tuvo como finalidad promover la libertad de concurrencia, ampliar la participación de los postores y garantizar la igualdad de trato, sin establecer exigencias acumulativas ni restricciones innecesarias a la competencia.

• En dicho contexto, corresponde señalar que este Colegiado advierte que los

argumentos expuestos por el Impugnante y la Entidad no desvirtúan el vicio de nulidad puesto en su conocimiento mediante el traslado correspondiente. En efecto, de la revisión de las bases integradas se ha verificado que, respecto del factor de evaluación “Sostenibilidad social”, la Entidad no cumplió con desarrollar las exigencias previstas en las bases estándar aplicables, particularmente en lo referido a la precisión de las prácticas de sostenibilidad social objeto de evaluación y de los documentos específicos que permitirían acreditar su cumplimiento. En ese sentido, en el presente caso, la controversia no se circunscribe a la existencia de un error material de edición ni a la posibilidad de identificar, mediante la conjunción disyuntiva “o”, medios alternativos de acreditación, sino al incumplimiento de la obligación de precisar las prácticas y los documentos correspondientes, conforme a los lineamientos establecidos en las bases estándar de uso obligatorio.

• En consecuencia, se tiene que tales deficiencias no solo constituyen transgresiones a

las bases estándar aplicables al procedimiento de selección, respecto a la regulación del factor de evaluación “Sostenibilidad social”, sino que resultan trascendentes por su incidencia en la controversia (incoada a través de la absolución del recurso de apelación) y en el resultado del procedimiento de selección. Tal situación, al implicar la vulneración de las bases estándar, genera que este Tribunal no pueda emitir pronunciamiento de fondo.

• En efecto, las bases estándar aplicables al procedimiento de selección establecen,

respecto del factor de evaluación “Sostenibilidad social”, que se evaluará que el postor cuente con una o más prácticas de sostenibilidad social, correspondiendo a la Entidad precisar las prácticas que serán objeto de evaluación. Asimismo, en el apartado de acreditación, se establece que deben precisarse los documentos que permitan acreditar las prácticas solicitadas. Al respecto, en el apartado “Importante para la entidad contratante”, las bases estándar incorporan, a modo de ejemplos referenciales, distintas prácticas de sostenibilidad social y sus posibles medios de acreditación, entre los cuales se encuentran el “Reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o certificación en buenas prácticas laborales” y la “Certificación en prácticas de promoción de la diversidad mediante políticas de no discriminación aplicables a los procesos de reclutamiento, selección y contratación”. Cabe precisar que, respecto de estas dos últimas alternativas, el propio modelo estándar incorpora expresamente la indicación de que los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva, lo que evidencia que su sola reproducción en las bases no satisface la exigencia prevista en dicho modelo, sino que requiere un desarrollo por parte de la Entidad. En ese sentido, correspondía a la Entidad, a través del órgano encargado de elaborar las bases, definir de manera expresa y precisa los documentos que serían admitidos para acreditar cada una de las prácticas seleccionadas y, tratándose de certificaciones, establecer qué tipo de certificación sería considerado válido. Ello no implicaba necesariamente restringir su emisión a un organismo determinado, sino delimitar anticipadamente los instrumentos documentales que permitirían verificar el cumplimiento de las prácticas objeto de evaluación. Sin embargo, en el presente caso, la Entidad se limitó a reproducir las referencias contenidas en las bases estándar, sin efectuar la precisión exigida respecto de los documentos de acreditación de las prácticas antes mencionadas. Por tanto, no estableció suficientemente las condiciones documentales que debían cumplir los postores para obtener el puntaje correspondiente al factor “Sostenibilidad social”. La ausencia de tales precisiones impide que los participantes conozcan con certeza las condiciones bajo las cuales debían acreditar las prácticas requeridas, trasladándoles la incertidumbre respecto de los documentos que debían presentar para obtener el puntaje previsto para dicho factor. Asimismo, genera el riesgo de que la validación de los documentos quede sujeta a interpretaciones posteriores por parte de los evaluadores, dificultando que la evaluación de las ofertas se realice sobre la base de parámetros objetivos, uniformes y previamente establecidos.

• En relación con ello, resulta pertinente señalar que, en el presente procedimiento, el

Adjudicatario cuestionó la documentación presentada por el Impugnante para acreditar el referido factor de evaluación, alegando que dos (2) de los certificados presentados no cumplirían con las condiciones de acreditación previstas en las bases integradas, particularmente en cuanto a la entidad emisora, toda vez que fueron expedidos por una entidad certificadora privada y no por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Al respecto, dicho cuestionamiento evidencia la incidencia concreta de la deficiencia advertida, pues pone de manifiesto que la falta de precisión de las condiciones de acreditación ha generado discrepancias respecto de los documentos que podían ser válidamente presentados para obtener el puntaje correspondiente al factor “Sostenibilidad social”. En consecuencia, la controversia planteada no hace sino confirmar que las bases integradas no delimitaron suficientemente las condiciones documentales que debían observar los postores, dejando abierta la posibilidad de interpretaciones distintas sobre la validez de las certificaciones presentadas.

• Por consiguiente, corresponde proseguir con el análisis de nulidad del procedimiento

de selección.

• Ahora bien, respecto de los argumentos formulados por el Impugnante, este

Colegiado considera que, en efecto, la Entidad se limitó a reproducir las denominaciones generales de las certificaciones previstas en las bases estándar, sin precisar las prácticas solicitadas y los documentos que acrediten las prácticas seleccionadas. Asimismo, la utilización de la expresión “Copia de...” únicamente establece la forma de presentación del documento, pero no satisface la exigencia de desarrollar específicamente los medios de acreditación.

• De otro lado, respecto al argumento de que las bases estándar no exigían identificar

a la entidad emisora de las certificaciones, corresponde precisar que el vicio advertido no radica en la ausencia de una exigencia que limite su emisión al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o a un organismo acreditado, sino en la falta de precisión de los documentos que serían admitidos para acreditar las prácticas de sostenibilidad social. En ese sentido, si bien las bases integradas contemplaron como alternativas el reconocimiento del MTPE o una certificación, ello no eximía a la Entidad de establecer el tipo de certificación exigida. Por tanto, la inclusión de ambas alternativas no resulta suficiente para satisfacer las exigencias de las bases estándar.

• Asimismo, correspondía a la Entidad establecer previamente las condiciones que

permitirían determinar la admisibilidad de las certificaciones, sin que resulte válido que estas sean definidas posteriormente a partir de los documentos presentados por los postores. Cabe precisar que ello no supone afirmar que las certificaciones privadas se encontraban excluidas de las alternativas de acreditación ni emitir pronunciamiento sobre la validez de los certificados presentados por el Impugnante.

• Por otro lado, el hecho de que dos de los cuatro postores hayan presentado

documentación y obtenido puntaje, o que el comité haya aplicado un mismo criterio durante la evaluación, no acredita que las bases hayan cumplido con las exigencias normativas. Por el contrario, la controversia suscitada respecto de la entidad emisora de los certificados presentados por el Impugnante evidencia que la falta de precisión de los documentos de acreditación podía dar lugar a interpretaciones distintas sobre su consideración. En consecuencia, la aplicación uniforme de las reglas durante la evaluación no subsana la omisión en que incurrió la Entidad al momento de elaborar las bases.

• En cuanto a la conservación del acto administrativo, este Colegiado considera que,

como se ha indicado, el defecto advertido no constituye una mera imprecisión formal, sino una deficiencia que incide en las condiciones de evaluación de las ofertas, al no haberse determinado todos los documentos que permitirían obtener el puntaje correspondiente al factor “Sostenibilidad social”. Asimismo, el carácter facultativo de dicho factor no eximía a la Entidad de observar las disposiciones obligatorias de las bases estándar una vez que decidió incorporarlo en el procedimiento de selección. Por tanto, no resulta posible considerar que se trata de un vicio no trascendente susceptible de conservación, pues su corrección exige reformular las condiciones de acreditación que debieron ser conocidas por todos los participantes antes de la presentación de sus

• ofertas, lo que tiene incidencia en la controversia y el resultado del procedimiento de

selección.

• En dicho escenario, si bien este Colegiado reconoce la importancia de la finalidad

pública de la contratación, referida a la adquisición de insumos quirúrgicos para el Hospital Regional Docente de Cajamarca, dicha circunstancia no justifica mantener un procedimiento de selección cuyas bases contravienen disposiciones de obligatorio cumplimiento. Del mismo modo, una vez determinada la existencia de un vicio trascendente que compromete la validez del procedimiento, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los cuestionamientos, toda vez que corresponde retrotraer el procedimiento de selección.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que los argumentos formulados por el

Impugnante no desvirtúan el vicio de nulidad advertido.

• Por su parte, respecto de los argumentos expuestos por la Entidad para sostener que

no se habría configurado un vicio que justifique la nulidad del procedimiento de selección, corresponde señalar que la permanencia de la indicación “Los evaluadores deben detallar específicamente los documentos para la acreditación respectiva” no puede considerarse un simple error material de edición carente de trascendencia. En efecto, dicha indicación forma parte de las instrucciones contenidas en las bases estándar y evidencia que correspondía a la Entidad desarrollar los documentos específicos que permitirían acreditar las prácticas seleccionadas. Por tanto, su reproducción sin efectuar la precisión correspondiente pone de manifiesto que la Entidad no cumplió con completar adecuadamente las disposiciones del modelo estándar. Cabe precisar que el vicio advertido no deriva únicamente de la permanencia de dicha oración, sino de la falta de desarrollo de los documentos de acreditación exigidos por las bases estándar.

• Asimismo, respecto a que la conjunción disyuntiva “o” permite identificar dos

alternativas de acreditación —el reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o la certificación en buenas prácticas laborales—, este Colegiado reitera que dicha interpretación no desvirtúa la deficiencia advertida. En efecto, si bien la utilización de dicha disyunción permite entender que se trata de medios alternativos y no acumulativos, ello únicamente resuelve la posibilidad de presentar uno u otro documento, mas no determina el tipo de certificaciones válidas para la acreditación. En consecuencia, la identificación de alternativas documentales no sustituye la obligación de precisar los documentos correspondientes, conforme a lo exigido por las bases estándar. En esa línea, tampoco resulta suficiente señalar que la inclusión de dichas alternativas garantizaba la igualdad de trato, la transparencia y la evaluación objetiva de las ofertas, pues tales principios exigen que las condiciones de participación y evaluación se encuentren previamente determinadas y sean conocidas por todos los postores. En el presente caso, conforme al análisis efectuado, la falta de precisión de los documentos de acreditación genera interpretaciones distintas respecto de la validación de las certificaciones presentadas, situación que se evidencia en el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario contra los certificados presentados por el Impugnante, precisamente por haber sido emitidos por una entidad certificadora privada y no por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Por tanto, la sola existencia de alternativas de acreditación no permite concluir que las reglas hayan sido suficientemente claras ni que se haya garantizado una evaluación objetiva.

• En adición, respecto a que la incorporación de las cuatro (4) alternativas de

acreditación tuvo como finalidad promover la libertad de concurrencia, ampliar la participación de los postores y evitar restricciones innecesarias a la competencia, corresponde señalar que tales finalidades, aun cuando resultan legítimas, no eximen a la Entidad de observar las disposiciones obligatorias de las bases estándar, no siendo suficiente que la Entidad haya procurado incorporar diversas alternativas de acreditación si omitió precisar los documentos que permitirían verificar su cumplimiento. Asimismo, la circunstancia de que dicha deficiencia no hubiera impedido la participación de los postores no significa que carezca de trascendencia, pues también debe evaluarse su incidencia en la evaluación de las ofertas y en la asignación del puntaje correspondiente.

• En consecuencia, los argumentos expuestos por la Entidad tampoco desvirtúan el

vicio de nulidad advertido en las bases (tanto en las bases integradas como en las administrativas), toda vez que la incorporación de alternativas de acreditación y la finalidad de promover una mayor participación de postores no subsanan la omisión de precisar los documentos exigidos por las bases estándar para acreditar las prácticas de sostenibilidad social.

• Por tanto, habiéndose verificado la contravención de las bases estándar de uso

obligatorio, en los términos establecidos en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, y su trascendencia por la incidencia en la controversia (incoada a través de la absolución del recurso de apelación) y en el resultado del procedimiento de selección, corresponde declarar la nulidad de este último, al configurarse el supuesto previsto en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, que establece la procedencia de la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando contravengan las normas legales. En consecuencia, corresponde retrotraerlo hasta la etapa que corresponda, a fin de que la Entidad reformule las bases conforme a los lineamientos de las bases estándar y a las disposiciones de la normativa de contratación pública, garantizando que las reglas sean claras, objetivas y congruentes con las actividades que serán efectivamente desarrolladas y no restrinjan indebidamente la participación de los potenciales postores.

• En atención a las consideraciones expuestas, y en ejercicio de la potestad conferida a

este Tribunal por el artículo 70 de la Ley, concordante con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos de que, en aplicación de las bases estándar aplicables y la normativa vigente, la Entidad determine correctamente el factor de evaluación “Sostenibilidad social”. En este punto, resulta oportuno exhortar a la Entidad para que, adicionalmente a las correcciones que deberá efectuar en cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, revise y reformule los requisitos de admisión de ofertas, a fin de adecuarlos a las disposiciones de las bases estándar aplicables. Ello, considerando que, de la revisión de los requisitos establecidos en los literales h) y k), se advierte que se estaría exigiendo la presentación de documentación coincidente para acreditar ambos requisitos, situación que guarda relación con uno de los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación. Por tanto, corresponde que la Entidad evalúe dicha circunstancia y efectúe las precisiones necesarias, a efectos de evitar duplicidades o exigencias que no se encuentren debidamente justificadas y prevenir futuras controversias durante la evaluación de las ofertas.

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta la

etapa de convocatoria, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 008-

2026-HRDC-1, convocada por el Gobierno Regional de Cajamarca - Hospital Cajamarca, para la “Contratación de bienes: Adquisición de placa de retorno adulto descartable, lápiz electrocauterio y tubo de aspiración transparente, destinado a la atención de pacientes SIS del departamento de Centro Quirúrgico del Hospital Regional Docente de Cajamarca”, a fin de retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por el postor Ari Farma S.A.C., para la interposición de

su recurso de apelación.

• Comunicar la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su

Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 35.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE