Resolución N.° 9557-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) el Consorcio Impugnante carece de interés para obrar respecto de las pretensiones formuladas, al no existir una posibilidad concreta de obtener la buena pro como consecuencia de un eventual pronunciamiento favorable. En tal sentido, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 308 del Reglamento (...)”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7654/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisión JJ 736 integrado por el señor Janio Zapata Tavara y por la empresa Jack Randy Consultores E.I.R.L., en el marco de la Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 10-2026-MDC/CS-1, efectuado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según obra en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el 21 de

setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Cahuapanas, en adelante la Entidad contratante, convocó el Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 10- 2026-MDC/CS-1, para la “Contratación de consultoría de obra para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión a la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en I.E. 62736 distrito de Cahuapanas de la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto” CUI 2680228, con una cuantía de S/ 381,175.61 (Trescientos ochenta y un mil ciento setenta y cinco con 61/100 soles) en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas y modificatorias, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 5 de octubre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (Electrónica); y, el 7 de

octubre del 2026, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Supervisor Marañón, integrado por Arko’s Consultores Y Contratistas Generales E.I.R.L. y Juan José Chávez Poma, en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 290,727.16 (doscientos noventa mil setecientos veintisiete con 16/100 soles), conforme al cuadro siguiente:

• Mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 15 y 19 de octubre de

2026, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el Consorcio Supervisión JJ 736 integrado por el señor Janio Zapata Tavara y por la empresa Jack Randy Consultores E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, presentó recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, argumentando fundamentalmente lo siguiente:

• Señaló que el profesional propuesto por el Consorcio Adjudicatario como jefe de

supervisión de obra no acredita la experiencia mínima de veinticuatro (24) meses exigida en las bases integradas, toda vez que las actas de inicio de plazo, entrega de terreno y recepción de obra, obrantes en los folios 118 al 137 y 161 al 165 de su oferta, no permiten determinar fehacientemente el periodo durante el cual desempeñó sus funciones.

• El Impugnante invoca la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3, para indicar que las

actas de entrega de terreno y recepción de obra, aunque permiten identificar la participación de un profesional, no necesariamente acreditan el periodo efectivo durante el cual desempeñó sus funciones.

• En ese sentido, sostuvo que únicamente corresponde considerar la constancia de

trabajo obrante en el folio 117, con la cual acreditaría nueve (9) meses y veintiocho (28) días de experiencia. Postor Admisión Calificación de oferta Evaluación ResultadoPuntaje Técnico Puntaje económico Bonificación

MYPE

Puntaje total

CONSORCIO

SUPERVISOR

MARAÑON

Si Si 90 10 100 105 Adjudicado

HUACHIN SOTO

MIRTHA

SOLEDAD

Si Si 90 8.48 98.48 103.48 2

CONSORCIO

SUPERVISIÓN JJ

Si Si 90 7.63 97.63 102.63 3

• Asimismo, cuestionó los certificados de trabajo obrantes en los folios 140 y 141

de la oferta del Consorcio Adjudicatario, presentados para acreditar la experiencia del profesional propuesto como Especialista en Seguridad y Salud, alegando que contienen información adulterada, falsa e inexacta, debido a que el cargo de Especialista en Seguridad e Higiene consignado en dichos documentos no se encontraría previsto en las estructuras de costos ni en el listado de personal clave de las bases integradas de los procedimientos de selección ADP N° 001- 2014-MPAA-CEP y AS N° 001-2016-MDSC-CS.

• En atención a dichos cuestionamientos, solicitó que se descalifique la oferta del

Consorcio Adjudicatario, se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro a su favor y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección, alegando que su oferta no fue declarada no admitida ni descalificada.

• Mediante Decreto del 20 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores, distintos del Impugnante, que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. Asimismo, dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación existente. Finalmente, se programó audiencia pública para el 26 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará de manera virtual a través de la plataforma Google Meet.

• Por carta N° 024-2026-MDC-GDTE/FMI, presentada el 22 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para el uso de la palabra.

• Con escrito s/n, presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal,

el Consorcio Adjudicatario se apersonó al recurso de apelación, solicitó copia del expediente y acreditó a su representante para el uso de la palabra.

• A través del Escrito N° 3, presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para el uso de la palabra.

• El 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la asistencia del

representante del Impugnante.

• El 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

III. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento el análisis del recurso de apelación interpuesto

por el Consorcio Impugnante, contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, en el procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias surgidas entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia para resolverlo

El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1 y cuando se trate de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina ante quién se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurco Público Abreviado para consultoría de obra, cuya cuantía total asciende al monto de S/ 381,175.61 (Trescientos ochenta y un mil ciento setenta y cinco con 61/100 soles, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y dialogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos. Por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la

buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena 1 Unidad Impositiva Tributaria.

pro a través de la Pladicop, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de la subasta inversa electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar y, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE se aprecia que la decisión del comité de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Adjudicatario se notificó el 7 de octubre de 2026; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo,

abreviado para consultoría de obra, el Consorcio Impugnante contaba con el plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 15 de octubre de 2026. Ahora bien, revisado el expediente, se aprecia que, mediante Escrito N° 1, subsanado con Escrito N° 2, presentados el 15 y 19 de octubre de 2026 a través de la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación; por consiguiente, se verifica que este ha sido interpuesto dentro de los plazos -referidos a la presentación y subsanación, respectivamente- descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que éste aparece suscrito

por el representante común, el señor Tomy Richard Villacorta Sanchez, cuya promesa de consorcio obra en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de selección

y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte

ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte

ningún elemento a partir del cual pueda concluirse que el Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aún cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Consorcio Impugnante ocupó el tercer lugar en el orden de prelación y a través de la interposición del recurso de apelación, solicita que se declare descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y se deje sin efecto la buena pro otorgada, en tal sentido, no se incurre en la presente causal de improcedencia

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no es el ganador de la buena pro, puesto

que su oferta ocupó el tercer lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del mismo.

El Impugnante interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario del procedimiento de selección, solicitando que se revoque dicho acto y, por su efecto, se tenga por descalificada la oferta de aquel. Por tanto, de la revisión a los fundamentos expuestos en el recurso de apelación, se aprecia que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.
• El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del

Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante TUO de la LPAG, prevé la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación.

• En ese sentido, este Colegiado considera que resulta necesario evaluar si el Impugnante

tiene interés para obrar en razón a las pretensiones que tendrían que ser materia de análisis en el marco del presente recurso.

• En el presente caso, según el Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento

de la buena pro, publicado en el SEACE el 7 de octubre de 2026, la oferta del Consorcio Impugnante fue calificada y obtuvo el tercer lugar en el orden de prelación, conforme a lo siguiente: (…)

• En relación al interés para obrar, la Casación N° 5003-2007-LIMA del 6 de mayo de 2008,

la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que: “el interés para obrar, de acuerdo a la doctrina mayormente aceptada sobre el tema, es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo emana de la tutela jurisdiccional”. De manera particular, el jurista AVENDAÑO VALDEZ, Juan, refiere que el interés para obrar constituye “una institución procesal surgida con la finalidad de analizar la utilidad que el proceso puede proveer a la necesidad de tutela invocada por las partes”2. Es importante precisar que la utilidad como esencia del interés para obrar, está referida al hecho de recurrir a esta instancia administrativa con el objetivo de obtener un resultado que representarle un beneficio para el postor, el cual, conforme las pretensiones formuladas, será que se declare la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada, luego de lo cual, esta debería ser otorgada al Consorcio Impugnante.

• Teniendo ello en cuenta, debe precisarse que el Consorcio Impugnante mantiene su

condición de postor hábil; no obstante, ocupa el tercer lugar en el orden de prelación, debido a ello, una eventual descalificación del Consorcio Adjudicatario no le otorga ninguna utilidad o ventaja jurídica concreta, pues el Consorcio Impugnante no podrá 2 Juan Luis Avendaño Valdez. “El interés para obrar”. Revista THEMIS, núm. 58, pp. 64.

acceder a la adjudicación de la buena pro en ninguna circunstancia, al existir otro postor, en mejor posición en el orden de prelación, el cual no podrá ser desplazado, dado que, contra dicha oferta, no se ha formulado ningún cuestionamiento.

• Sobre la base de dichos fundamentos, de la revisión del recurso de apelación del

Consorcio Impugnante en su integridad, se aprecia que los cuestionamientos del recurso de apelación están dirigidos al Consorcio Adjudicatario (primer lugar) y revocar el otorgamiento de la buena pro; sin embargo, como se ha indicado, el Consorcio Impugnante no ha cuestionado la oferta del postor que ocupó el segundo lugar (HUACHIN SOTO MIRTHA SOLEDAD); por lo tanto, no accederá a la buena pro. En ese marco, el Consorcio Impugnante no puede alegar una utilidad directa, manifiesta y legítima para cuestionar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Adjudicatario, si es que, previamente, no ha cuestionado la oferta del postor que ocupa el segundo lugar en el orden de prelación.

• Una interpretación distinta permitiría que cualquier postor aun sin tener un interés

directo, manifiesto y legítimo, impugne adjudicaciones o las ofertas de otros postores, sin que exista una consecuencia directa que lo beneficie a efectos de adjudicarse la buena pro.

• Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, el Consorcio Impugnante carece de interés

para obrar respecto de las pretensiones formuladas, al no existir una posibilidad concreta de obtener la buena pro como consecuencia de un eventual pronunciamiento favorable. En tal sentido, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 308 del Reglamento.

• Por lo tanto, de conformidad con lo estipulado en el numeral 315.2 del artículo 315 del

Reglamento corresponde ejecutar el 50% de la garantía considerando que el recurso será declarado improcedente.

• Sin perjuicio de lo expuesto, atendiendo a los cuestionamientos formulados por el

Consorcio Impugnante respecto de la presunta falsedad o inexactitud de la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario en su oferta, corresponde disponer que la Entidad Contratante efectúe la fiscalización posterior de la constancia del 18 de marzo de 2015 y de la constancia de trabajo del 18 de julio de 2017, obrantes en los folios 140 y 141 de su oferta, respectivamente. Asimismo, deberá comunicar a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados desde el día siguiente de notificada la presente resolución, a fin de que se adopten las acciones que correspondan.

• Por último, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE- CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Supervisión JJ 736, integrado por el señor Janio Zapata Tavara y la empresa Jack Randy Consultores E.I.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría de Obra N° 10-2026-MDC/C-1, para la “Contratación de consultoría de obra para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión a la ejecución de la obra: Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en I.E. 62736 distrito de Cahuapanas de la provincia de Datem del Marañon del departamento de Loreto” CUI 2680228, convocado por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS, según los fundamentos expuestos.

• Ejecutar el 50% de la garantía presentada por el postor Consorcio Supervisión JJ 736,

integrado por el señor Janio Zapata Tavara y la empresa Jack Randy Consultores E.I.R.L., para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos.

• Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior, conforme a lo indicado en el

fundamento 17, e informe los resultados a este Colegiado en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución. 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA

MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

MARLON LUIS ARANA

ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE