Resolución N.° 9555-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) en los procedimientos administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una norma nueva que haya entrado en vigencia con posterioridad a dicho hecho, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado (…)”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 4673/2021.TCE, sobre solicitud de retroactividad benigna de la sanción impuesta a través de la Resolución N° 4840- 2024-TCE-S5 del 27 de noviembre de 2024, presentada por la empresa RKR CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Mediante Resolución N° 4840-2024-TCE-S5 del 27 de noviembre de 2024, la

Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, dispuso sancionar a la empresa RKR CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., integrante del Consorcio Juan Pueblo, con cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado, por su responsabilidad en la presentación de documentación falsa e información inexacta ante la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 20-2021-MPCP-CSO

• Primera Convocatoria; infracciones tipificadas en los literales i) y j) del

numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley N° 30225, en concordancia con su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• Mediante el Escrito S/N del 9 de setiembre de 2026, presentado en la misma

fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa RKR CONSULTORES Y EJECUTORES S.R.L., en adelante el Recurrente, integrante del Consorcio Juan Pueblo, solicitó la aplicación del principio de retroactividad benigna y, en consecuencia, la reducción de la sanción impuesta en su contra mediante la Resolución N° 4840-2024-TCE-S5 del 27 de noviembre de 2024, al considerar que la normativa vigente le resulta más beneficiosa. Para sustentar su solicitud, expuso los siguientes argumentos:

• Señala que la sanción impuesta a su representada por la presentación

de documentación falsa e información inexacta se sustentó en la comisión de las infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 30225. Al respecto, indica que la normativa vigente, específicamente el literal m) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, contempla la infracción consistente en presentar documentación falsa.

• Asimismo, señala que la sanción impuesta se encontraba regulada en

el literal b) del numeral 50.4 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, que establecía, para la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada, una sanción de inhabilitación temporal no menor de treinta y seis (36) meses ni mayor de sesenta (60) meses. En cambio, el literal d) del numeral 90.1 del artículo 90 de la Ley N° 32069, actualmente vigente, establece que la sanción por dicha infracción no puede ser menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

• Por tanto, considera que, al haberse establecido en la normativa

vigente un período mínimo de inhabilitación temporal inferior para la infracción consistente en presentar documentación falsa, corresponde que el Tribunal aplique el principio de retroactividad benigna al presente caso, toda vez que dicha normativa resulta más favorable para su representada.

• Con Decreto del 10 de setiembre de 2026, se puso a disposición de la Quinta

Sala del Tribunal el presente expediente, a efectos de que evalúe la solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna respecto a la sanción impuesta al Recurrente, realizándose el pase a vocal el 11 del mismo mes y año.

• Cabe indicar que mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º

D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se dispuso formalizar el Acuerdo N.º 001- 014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal siendo que la Quinta Sala del Tribunal se conforma por los vocales Juan Carlos Cortez Tataje (Presidente), Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, la solicitud de aplicación del principio de

retroactividad benigna, respecto de la sanción de inhabilitación temporal de cuarenta (40) meses impuesta al Recurrente mediante la Resolución N° 4840- 2024-TCE-S5 del 27 de noviembre de 2024, por su responsabilidad en la comisión de las infracciones consistentes en presentar documentación falsa e inexacta ante la Entidad; infracciones tipificadas en los literales j) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. Sobre la aplicación del principio de retroactividad benigna

• Como marco referencial, el Tribunal Constitucional, a través de reiterada

jurisprudencia [véase Expedientes N° 2389-2007-PHC/TC, N° 2744-2010- PHC/TC, entre otros] ha señalado lo siguiente: “…el Principio de retroactividad benigna implica, por tanto, la aplicación de una norma jurídica penal posterior a la comisión del hecho delictivo, con la condición de que dicha norma contenga disposiciones más favorables al reo. Ello se sustenta en razones político-criminales, en la medida que el Estado pierde interés (o el interés sea menor) en sancionar un comportamiento que ya no constituye delito (o cuya pena ha sido disminuida). Pero primordialmente se justifica en virtud del principio de humanidad de las penas, el mismo que se fundamenta en el principio-derecho de dignidad de la persona humana (artículo 1 de la Constitución)”.

En base a dicha disposición constitucional, y considerando que tanto el Derecho Penal como el Derecho Administrativo Sancionador son manifestaciones del poder punitivo del Estado, resulta que el principio de retroactividad benigna también sería aplicable a la norma administrativa sancionadora, al formar parte del conjunto normativo del Derecho Sancionador. En esa línea, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Casación N° 3988-2011-Lima, ha reconocido, con carácter de precedente vinculante, la aplicabilidad de la retroactividad benigna en materia administrativa sancionadora, señalando lo siguiente: “…la aplicación de la retroactividad benigna en materia administrativa presupone la existencia de dos juicios disimiles por parte del legislador sobre un mismo supuesto de hecho conductual (un cambio de valoración sobre la conducta infractora): Uno anterior, más severo, y otro posterior, más tolerante.”

• Al respecto, el numeral 5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, ha contemplado el principio de irretroactividad, según el cual “son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva

Atendiendo a lo señalado, se aprecia que el principio de retroactividad benigna también resulta aplicable al derecho administrativo sancionador.

• En ese contexto, dicho principio determina que, en los procedimientos

administrativos sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que se encontraba vigente al momento de la comisión de la infracción y, como excepción, se admite la posibilidad de aplicar una norma nueva que haya entrado en vigencia con posterioridad a dicho hecho, siempre que ésta resulte más beneficiosa para el administrado.

Cabe traer a colación lo señalado por Christian Guzmán Napuri1, quien sostiene que “…la aplicación retroactiva de la norma administrativa sancionadora es posible solamente cuando se trata de sanciones ya generadas, pero todavía no ejecutadas. A la inversa, si una pena ya ha sido ejecutada durante el periodo de vigencia de la norma administrativa sancionadora inicial y posteriormente otra norma establece una pena menor, ésta no es posible de ser aplicada para el caso ya agotado.” A mayor abundamiento, Baca Oneto, Víctor Sebastián2 señala que “(…) en caso ya hubiera sido ejecutada, no tiene sentido pretender que la nueva norma (o criterio administrativo o jurisprudencial) se apliquen retroactivamente. En este caso, la situación o relación jurídica existente entre el administrado infractor y la Administración ya se ha agotado.” Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa.

• Ahora bien, el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG ha precisado en

qué aspectos una nueva norma puede aplicarse retroactivamente por favorecer al presunto infractor o al infractor; así, el referido principio de irretroactividad establece que las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo tanto en lo referido a: i) la tipificación de la infracción y la sanción, ii) los plazos de prescripción, y iii) respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición. Por lo tanto, corresponde a este Colegiado analizar si, en el presente caso, existe una nueva normativa de contratación pública vigente que resulte más 1 GUZMÁN NAPURI, Christian. Tratado de la Administración Pública y del Procedimiento Administrativo. Ediciones Caballero Bustamante. Lima: 2011. Pág. 817. 2 BACA ONETO, Víctor Sebastián. La Retroactividad Favorable en Derecho Administrativo Sancionador, en https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2017/09/2.-VICTOR-BACA-FIDA-2015-La-retroactividad-favorable-en-Derecho- administrativo-sancionador.pdf beneficiosa a la situación actual del administrado, respecto a la sanción de inhabilitación temporal que le fue impuesta por el Tribunal a través de la Resolución N° 1727-2025-TCE-S5 del 13 de marzo de 2025.

• En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha del presente

pronunciamiento, se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley N° 32069, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. Cabe precisar que, de la revisión de la citada normativa, se advierte que la presentación de documentación falsa e información inexacta ante determinadas entidades, continúan tipificadas como infracciones administrativas punibles de sanción, y respecto a la última, la actual normativa señala que la ventaja o beneficio a obtener con su presentación debe ser concreta, es así que de la revisión del expediente administrativo, se evidencia que la documentación catalogada como inexacta fue presentada como parte de su oferta en el marco del procedimiento de selección y estaba vinculada al cumplimiento de un requisito obligatorio para la admisión de la oferta, ante lo cual el Consorcio integrado por el Recurrente obtuvo la buena pro y el posterior perfeccionamiento del contrato, evidenciándose así el beneficio concreto; por tanto, en dicho extremo, no existe ningún cambio que favorezca la situación del Recurrente.

• Ante lo expuesto, este Colegiado procedió a la revisión de la normativa

vigente, advirtiendo que, respecto al rango de sanción impuesta por la comisión de las infracciones atribuidas al Recurrente mediante Resolución N° 4840-2024-TCE-S5 del 27 de noviembre de 2024, la normativa vigente resulta más beneficiosa, toda vez que la Ley N° 32069 ha establecido que, ante la presentación de información inexacta corresponde imponer una inhabilitación temporal no menor de seis (6) meses ni mayor de veinticuatro (24) meses, y respecto a la infracción referente a presentar documentación falsa, no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses.

Bajo esa premisa, resulta más favorable para el Recurrente que se efectúe la imposición de sanción según el periodo previsto en la Ley Nº 32069, incluyendo con ello los criterios de graduación de sanción.

• Cabe precisar que, para la determinación de la sanción originaria, se aplicó lo

dispuesto en el artículo 228 del Reglamento, referido al concurso de infracciones, en virtud del cual se impuso la sanción de mayor gravedad, criterio que de igual forma se encuentra recogido en el artículo 367 del Reglamento vigente.

• Por lo expuesto, en el caso concreto, en virtud del principio de retroactividad

benigna, corresponde aplicar la Ley N° 32069 al resultar más beneficiosa para el Recurrente, en el extremo referido a que, por la infracción consistente en presentar documentación falsa [infracción con sanción de mayor gravedad], la sanción a imponerse debe ser una inhabilitación temporal no menor de veinticuatro (24) meses ni mayor de sesenta (60) meses, previo análisis de la graduación de la sanción. Cabe señalar que, si bien se puede sustituir una sanción impuesta a un proveedor con la finalidad de reducir el periodo de sanción registrado, siempre que ello corresponda de acuerdo al análisis de cada caso concreto, lo cierto es que, dicha sustitución de sanción no desvirtúa ni pone en cuestionamiento la validez del periodo de sanción ya ejecutado, ni de los efectos que produjo la inhabilitación durante su ejecución. Graduación de la sanción

• En este contexto, se estima conveniente determinar la sanción a imponer al

Recurrente, conforme a los criterios de graduación de la sanción previstos en el artículo 366 del Reglamento vigente, en los siguientes términos:

• Naturaleza de la Infracción: En el presente caso, las infracciones

referidas a la presentación de documentación falsa e inexacta revisten gravedad, toda vez que vulneran los principios de presunción de veracidad e integridad que deben regir en todos los actos vinculados a las contrataciones públicas, puesto que dichos principios, junto con la fe pública, constituyen bienes jurídicos merecedores de protección especial, pues son los pilares de las relaciones suscitadas entre la administración pública y los administrados.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de conformidad con los

medios de prueba aportados en el procedimiento de origen, se observó que no era posible determinar si hubo intención por parte del Recurrente, sin embargo, se evidenció su falta de diligencia en la correcta revisión de los documentos de manera previa a su presentación ante la Entidad.

• La inexistencia o grado mínimo de daño a la Entidad contratante: Se

evidenció en el procedimiento de origen que las infracciones cometidas conllevaron a un menoscabo o detrimento en los fines de la Entidad, en perjuicio del interés público y del bien común, toda vez que se quebrantó el principio de buena fe que debe regir en las contrataciones públicas, bajo el cual se presume que las actuaciones de los involucrados se encuentran premunidas de veracidad. En el caso de autos, se advierte que la documentación adulterada y con información inexacta fue presentada para acreditar un requisito obligatorio de admisión de la oferta, lo que permitió que esta fuera admitida y que, posteriormente, el Consorcio al que pertenecía el Recurrente obtuviera la buena pro y perfeccionara el contrato. Dicha circunstancia evidencia la afectación a la presunción de veracidad y a la integridad que deben regir las contrataciones públicas.

• Reconocimiento de la infracción: conforme a la documentación

obrante en el expediente de origen, el Recurrente no reconoció su responsabilidad en la comisión de las infracciones.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de

conformidad con la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP) se advierte que, a la fecha de emisión del pronunciamiento de origen, el Recurrente no contaba con antecedente de sanción impuesta por el Tribunal.

• Conducta procesal: debe considerarse que el Recurrente en su

momento, se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos.

• Multa impaga: de conformidad con la información obrante en el RNP,

se advierte que el Recurrente no cuenta con multas impagas.

• En atención a la valoración conjunta de los criterios de graduación antes

desarrollados, este Colegiado considera razonable y proporcional sustituir la sanción de cuarenta (40) meses de inhabilitación temporal por una de veintisiete (27) meses, correspondiente al rango previsto en la Ley N° 32069 para la infracción consistente en presentar documentación falsa o adulterada, en aplicación del principio de retroactividad benigna.

• En este punto, corresponde resaltar que la resolución materia de análisis

impuso una sanción de 40 meses, es decir, no aplicó la sanción mínima que era de 36 meses, razón suficiente para determinar que tampoco corresponde imponer la sanción mínima de la normativa vigente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la Vocal ponente Sonia Tatiana Angulo Reátegui, y la intervención de los vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Danny William Ramos Cabezudo, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• SUSTITUIR la sanción impuesta a la empresa RKR CONSULTORES Y EJECUTORES

S.R.L. (R.U.C. N° 20600536550), a través de la Resolución N° 4840-2024-TCE-S5 del 27 de noviembre de 2024, de inhabilitación temporal de cuarenta (40) meses en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por una inhabilitación temporal de veintisiete (27) meses, conforme a los fundamentos expuestos.

• Disponer que la Unidad Funcional de Gestión de Mesa de Partes y Ejecución del

Tribunal registre la sustitución del periodo de sanción de inhabilitación temporal, en el módulo informático correspondiente, a fin que así quede consignado incluso para efectos de los antecedentes registrados en relación al administrado al que se alude en el numeral anterior. Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

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SONIA TATIANA ANGULO

REÁTEGUI

VOCAL

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JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

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