Resolución N.° 9582-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la experiencia del postor en la especialidad se acredita con (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia o prestación o liquidación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV.” Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7431/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 001-2026- DRTCP/CONSULTORIA - 1, para la “Contratación para la supervisión de la ejecución de la obra: “Creación del puente Yamushima, distrito de Constitución provincia de Oxapampa departamento de Pasco - CUI 2569683”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 1 de julio de 2026, el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO - DIRECCION

REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 001-2026- DRTCP/CONSULTORIA - 1, para la “Contratación para la supervisión de la ejecución de la obra: “Creación del puente Yamushima, distrito de Constitución provincia de Oxapampa departamento de Pasco - CUI 2569683”, con una cuantía de S/ 1,600,668.12 (Un millón seiscientos mil seiscientos sesenta y ocho con 12/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 26 de agosto de 2026, se presentaron las ofertas y, el 24 de setiembre del mismo año, se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del CONSORCIO INGENIERIA YAMUSHIMAS, conformado por el señor RUBIO GABRIEL NEILL MICHAEL y el señor MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH, en adelante, el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 1,440,601.41 (Un millón cuatrocientos cuarenta mil seiscientos uno con 41/100 soles); según los siguientes resultados: Postor

ETAPAS

Resultado Admisión Calificación Puntaje Ev. Técnica Precio ofertado Puntaje Ev. Econ Puntaje Total Orden

CONSORCIO

INGENIERIA

YAMUSHIMAS

Admitido Califica 801 S/ 1,440,601.41 1002 82 1 Consorcio Adjudicatario

AMC INGENIEROS

SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA

Admitido Descalificada - - - - - Descalificada Nota: Según Acta publicada en el SEACE

• Mediante escrito N° 1, subsanado con Escrito s/n, presentados el 6 y 9 de octubre

de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y como consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; en razón a los siguientes fundamentos: Sobre la descalificación de su oferta

• Manifiesta que el comité decidió descalificar su oferta, argumentando que

no acreditó la experiencia del personal clave – Especialista en costos y presupuestos, pues el certificado presentado para acreditar dicha 1 Aplicando el CI= 0.90 sería 72 2 Aplicando el CI= 0.10 sería 10 experiencia no habría sido emitido por el representante del consorcio, sino por una empresa integrante. Al respecto, el Impugnante considera que el comité debió evaluar su oferta a partir del contenido del documento, verificando que contenga el cargo, funciones y el tiempo de experiencia exigidos en las bases integradas, además de respetar el principio de presunción de veracidad. Asimismo, indicó que el hecho de que una empresa integrante del consorcio y no el consorcio como tal, haya emitido el certificado, no demuestra que la empresa estuviera impedida de certificar los servicios de su propio personal, pues una cosa es que el consorcio asuma el contrato frente a la entidad contratante y otra que los integrantes organizaron el trabajo y contrataron a los profesionales necesarios para cumplirlo. En el presente caso, señala que el certificado explica que el ingeniero prestó servicios a la empresa GEOCONSULT dentro de una supervisión ejecutada por el consorcio que esta integraba, por tanto, su contenido resultaría compatible con una ejecución consorciada. Además, sostiene que los integrantes de un consorcio pueden acordar, dentro del alcance del marco legal, que actividades y responsabilidades asumirá cada uno, tan es así que, los artículos 445 y 447 de la Ley General de Sociedades reconocen que sus miembros conservan su autonomía y pueden vincularse individualmente con terceros para desarrollar las actividades que le corresponden. Por ello, es posible que una empresa integrante de un consorcio se encargue de contratar profesionales y certificar los servicios que estos le prestaron. ii. Cita la Resolución N° 00263-2026-TCP-S5 en el que el Tribunal habría recogido expresamente el criterio desarrollado en los Pronunciamientos N° 121-2012/DSU y N° 195-2012/DSU respecto de la acreditación de experiencia del personal en prestaciones ejecutadas por consorcios. En relación con ello, señala que dichos pronunciamientos calificaron como excesivo que únicamente se admita el certificado suscrito por el representante legal del consorcio, reconociéndose también como válido aquel emitido por el representante legal de una de las empresas que lo integraron, siempre que el profesional haya pertenecido al plantel de dicha empresa, lo cual también fue recogido en el fundamento 44 de la Resolución N° 02898-2024-TCE-S1. iii. Refiere que el certificado cuestionado por el comité acredita debidamente el cargo, actividades y tiempo laborado del Especialista en costos y presupuestos, conforme a lo solicitado en las bases integradas; por tanto, su representada ha cumplido con la acreditación de dicho requisito. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario iv. Sostiene que el Consorcio Adjudicatario no cumple con acreditar el tiempo mínimo de experiencia solicitado para el personal clave – Ingeniero Supervisor, pues advierte que la experiencia 1, 2, 5 y 6 no deben ser validadas, conforme a lo siguiente:

• Experiencia 1: A folios 322 se presentó una Constancia laboral a favor

del Ing. Elder Ronald Ñaupi Fabián, por el periodo comprendido entre consigna el cargo desempeñado, sino únicamente las funciones y obligaciones de inspectoría de obra. Además, indica que en la valorización de la obra, correspondiente a mayo de 2014, se consigna como inspector al Ing. Juan Carlos Huamán Adauto; lo que evidenciaría que, en el mismo periodo indicado en la constancia había otro inspector. Por lo que, la experiencia no debería ser computada íntegramente o simplemente no debería considerarse la experiencia, pues no se encuentra acreditada la experiencia de manera clara, objetiva y fehaciente en los términos pretendidos por el Consorcio Adjudicatario.

• Experiencia 2: No habría presentado el contrato correspondiente, solo

la conformidad de servicios, por lo que, considera que los documentos para la acreditación estarían incompletos y no permitiría verificar íntegramente las condiciones bajo las cuales se habría desarrollado la prestación, su objeto contractual, plazo, obligaciones ni demás elementos indispensables.

• Experiencia 5: A folios 326, presentó el Certificado del Consorcio ICHI,

emitido el 20 de mayo de 2022, el cual atribuye al profesional 528 días de trabajo como residente de obra, del 5 de diciembre de 2020 al 16 de mayo de 2022; sin embargo, el Acta de Recepción consignaría tres suspensiones del plazo de ejecución de la obra, comprendidas, íntegramente, dentro del periodo del (i) 8 de enero al 2 de mayo de 2021, (ii) del 12 al 20 de octubre de 2021 y, (iii) del 30 de octubre de 2021 al 17 de abril de 2022, las cuales representan, en conjunto, 294 días calendario. Por lo cual considera que, la declaración realizada en el certificado es inexacta. Al respecto, cita la Resolución N° 2697-2024-TCE-S4, la cual determinó que la información consignada no reflejaba la realidad porque el certificado incorporaba dentro el periodo laborado días en los que la obra estuvo suspendida, lo cual ocurriría en el presente caso.

• Experiencia 6: A folios 327, presentó el Certificado de Trabajo, el cual

atribuye al Ing. Elder Ronald Ñaupi Fabián, el cargo de residente de obra 1, dentro de la obra correspondiente al CUI N° 2030472, durante el periodo del 1 de julio de 2023 al 5 de julio de 2024; no obstante, refiere que, según el Informe N° 0736-2023-GRPASCO/GRI- SGSO/JCO/EGG, se remitió la Valorización de obra N° 8 correspondiente a julio de 2023, el cual identifica como residente de obra, al Ing. Huamán Adauto. Asimismo, indica que en la Valorización N° 13, correspondiente a diciembre de 2023, nuevamente se consigna como residente de obra, al Ing. Huamán Adauto. Dicha situación, vulneraría lo establecido en el numeral 179.1 y 179.2 del artículo 179 del Reglamento, que establece que durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo con el residente de obra y que dicho profesional representa al contratista. Al respecto, cita la Resolución N° 1070-2024-TCE-S4, la cual establece que el contratista puede proveer personal adicional que considere necesario, no obstante, dicha facultad no constituye una prerrogativa para atribuir a ese personal, cargos o funciones que no fueron requeridas por la Entidad, ni cargos o funciones que ya se encontraban siendo desempeñados por los profesionales que el propio contratista ofertó o comunicó a la Entidad, durante la ejecución contractual.

• Manifiesta que el Consorcio Adjudicatario no cumple con acreditar el

tiempo mínimo de experiencia solicitado para el personal clave – Especialista en geología y geotecnia, pues advierte que la experiencia 1, 2 y 3 no deben ser validadas, ya que los certificados correspondientes a dichas experiencias, no identifican el servicio de “supervisión”, ni funciones que permitan reconocer inequívocamente dicha actividad; por lo que, considera que, el Consorcio Adjudicatario no cumplió con acreditar la experiencia requerida, conforme a lo requerido en las bases integradas.

• Por decreto del 12 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad Contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, el comprobante de depósito en Cta. Cte. N° 311000055 expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 20 de octubre de 2026.

• El 15 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE, el Informe Legal N° 097-

2026-GRP-DRT/A.L., el Informe Técnico N° 01-2026-DRTC/C, mediante los cuales señaló lo siguiente:

• El especialista en costos y presupuestos propuesto por el Impugnante no

cumple con la experiencia, pues pretende acreditarla con un certificado de trabajo emitido de manera unilateral por la empresa GEOCONSULT S.A.; no obstante, de la revisión del Contrato N° 054-2017-MTC/20, del mismo certificado de servicio y los registros públicos de la SUNAT, advirtió que la prestación no fue ejecutada de forma individual por la referida empresa, sino que fue ejecutada por el CONSORCIO GEOCONSULT – L&G, identificada con RUC N° 20602134017, un ente asociativo que opera con RUC propio, patrimonio diferenciado y una representación común independiente debidamente acreditada. ii. Cita la Opinión N° 105-2015/DTN y N° 209-2019/DTN, los cuales indican que los documentos destinados a acreditar la experiencia del personal propuesto deben ser emitidos estrictamente por aquel órgano o entidad que ostente la competencia formal para ello, dentro de la organización interna o estructura jurídica responsable de la ejecución. En ese sentido, considera que una empresa que integra un consorcio carece de competencia orgánica, capacidad de representación y legitimidad para emitir constancias, certificados o atribuirse la representación jurídica del consorcio. iii. Con respecto a la Resolución N° 263-2026-TCP-S5 – la cual indica que es posible, y no ajeno a la práctica común, que sean las empresas individuales quienes se encarguen directamente de la contratación de personal profesional – señala que el Impugnante no ha acreditado con documento alguno que la empresa GEOCONSULT S.A. haya realizado la contratación directa con el personal propuesto.

• A través de Escrito S/N, presentado el 15 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando lo siguiente: Sobre la procedencia del recurso de apelación

• Conforme al literal g) del artículo 308 del Reglamento, si bien el Impugnante

cuestionó la descalificación de su oferta, no cuestionó expresamente el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada. Precisa que el pronunciamiento sobre los cuestionamientos dirigidos contra la admisión y calificación de su oferta, así como contra el otorgamiento de la buena pro, se encuentra supeditado a que el Impugnante revierta previamente su condición de descalificado. Agrega que, de confirmarse la descalificación del Impugnante, correspondería declarar improcedente el extremo del recurso referido a la calificación de su representada y al otorgamiento de la buena pro, por carecer aquel de interés para obrar y legitimidad procesal, de conformidad con el literal j) del artículo 308 del Reglamento y el numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG. Sobre la descalificación de la oferta del Impugnante ii. El comité descalificó la oferta del Impugnante, pues el certificado de servicios del especialista en costos y presupuestos, correspondiente a la supervisión de la obra “Construcción del puente Tingo y accesos”, fue emitido por una de las empresas integrantes del Consorcio Geoconsult - León & Godoy, y no por su representante común. Al respecto, sostiene que una empresa consorciada no cuenta con facultades para representar al consorcio ni emitir certificados en nombre de este, salvo que cuente con un poder expreso y específico. Por tanto, considera que el documento presentado carece de validez para acreditar la experiencia del personal, pues debió ser emitido por el representante común del consorcio, siempre que sus facultades lo permitan. Añade que, este criterio se encuentra respaldado en la jurisprudencia del Tribunal y en las opiniones de la Dirección Técnico Normativa, pues, conforme a los criterios del Tribunal, el consorcio tiene naturaleza asociativa y temporal, por lo que sus integrantes no cuentan individualmente con facultades para emitir certificados en nombre de aquel, salvo que actúen como representantes comunes debidamente facultados. Asimismo, señala que la experiencia debe acreditarse considerando las obligaciones operativas efectivamente asumidas por cada consorciado en la promesa formal de consorcio, sin que puedan computarse actividades meramente administrativas, de gestión interna o representación que no estén directamente vinculadas con la ejecución de la prestación principal.

iii. Sobre el Certificado de servicios de fecha 23 de mayo de 2023, señala expresamente lo siguiente: “(…) contiene presunta información inexacta ya que conforme al contrato de supervisión de obra N° 054-2017-MTC/20, celebrado entre PROVIAS NACIONAL Y EL CONSORCIO GEOCONSULT – L & G conformado por

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES Y LEON & GODOY

CONSULTORES CIA LTDA, con RUC N° 20602134017, CONFORME LO

ACREDITAMOS:

Sobre el particular, corresponde precisar que al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el Tribunal se encuentra facultado a actuar los medios probatorios necesarios que considere pertinentes para verificar la configuración de la presunta infracción información inexacta del certificado de servicio de fecha 23.05.23, sin limitarse únicamente a la declaración del emisor del documento cuestionado. De modo que, corresponde recurrir a toda fuente de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presunta infracción a fin de corroborar si la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad. Más aun cuando, de acuerdo a diversa jurisprudencia del Tribunal, a efectos de determinar la inexactitud de la información no es necesaria la manifestación expresa del supuesto emisor para determinar dicha inexactitud, como ocurre en el caso de la documentación falsa supuesto en el cual la manifestación del supuesto emisor tiene una carga probatoria relevante.” iv. A folios 19 de la oferta del Impugnante, dicho postor declaró (4) cuatro experiencias para acreditar la Experiencia del postor en la especialidad, por un monto acumulado de S/ 3 677 700,75; sin embargo, las experiencias N° 2 y N° 3 no deberían ser validadas por las siguientes razones:

• Experiencia N° 2: La Constancia de Prestación de Consultoría de

Supervisión N° 004-2024 consigna un monto total del contrato de S/ 1 125 203,75, pero también señala como monto total ejecutado de la consultoría de liquidación la suma de S/ 766 640,76. Asimismo, advierte una inconsistencia en el plazo de ejecución, pues, pese a que el contrato habría sido resuelto por mutuo acuerdo el 21 de noviembre de 2013, la constancia consigna como fecha de finalización real del servicio el 7 de agosto de 2014, aproximadamente diez meses después. Sostiene que, el Impugnante no presentó documentación idónea que permita aclarar dichas inconsistencias, por lo que la inconsistencia advertida impide tener por acreditado el cumplimiento de la experiencia N° 2 del postor en la especialidad.

• Experiencia N° 3: La Constancia de Prestación de Consultoría de Obra

N° 1828176 no consigna el monto total del contrato, aunque registra como monto total ejecutado la suma de S/ 3 537 489,74; mientras que el contrato de consultoría de obra establece un monto contractual de S/ 1 943 871,40. A su criterio, ello evidencia una incongruencia respecto del monto final del contrato que impide verificar objetivamente la experiencia presentada. Finalmente, sostiene que, si no se consideran válidas las experiencias N.º 2 y N.º 3, el monto acumulado de las experiencias del Impugnante ascendería únicamente a S/ 1 142 316,12, por debajo de los S/ 1 600 668,12 exigidos para acreditar la experiencia en supervisión de ejecución de obras; en consecuencia, solicita que su oferta no sea admitida o sea descalificada.

• Sobre los cuestionamientos formulados contra su oferta, señala que esta

goza de la presunción de veracidad.

• Por decreto del 16 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario, en calidad de tercero administrado. Asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto.

• Por decreto del 20 de octubre de 2026, a fin de que la Segunda Sala del Tribunal

cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, respecto del recurso de apelación se requirió a la Entidad, emitir informe técnico legal complementario en el que se pronuncie respecto de cada uno de los cuestionamientos efectuados por el Impugnante contra el Consorcio Adjudicatario, en su recurso de apelación. Asimismo, se sirva emitir informe técnico legal complementario en el que se pronuncie respecto de cada uno de los cuestionamientos efectuados por el Consorcio Adjudicatario contra el Impugnante, en la absolución del traslado del recurso de apelación.

• Mediante escrito presentado el 23 de octubre de 2026, la Entidad remitió el

Informe Técnico Legal Complementario N° 01-2026-DRTC/PASCO, a través del cual señaló lo siguiente:

• Debido al plazo de tres días hábiles otorgado, existe imposibilidad material

de efectuar búsquedas exhaustivas en archivos históricos, revisar expedientes de contratación, expedientes técnicos o liquidaciones de obras anteriores, así como solicitar confirmaciones a terceros.

Por ello, precisa que su análisis se limita a la documentación que obra en el expediente del procedimiento de selección, las ofertas, el recurso de apelación y su absolución, sin realizar verificaciones externas. ii. Invoca el principio de presunción de veracidad previsto en el TUO de la LPAG y señala que las alegaciones de falsedad o inexactitud que no cuenten con medios probatorios suficientes no pueden ser corroboradas por la Entidad en esta etapa, sin perjuicio de las facultades del Tribunal para actuar pruebas de oficio o de la fiscalización posterior prevista en el

artículo 83 del Reglamento.

Sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del Consorcio Adjudicatario iii. Respecto a la Experiencia N.º 1 del ingeniero supervisor: La constancia certifica expresamente funciones y obligaciones de inspectoría de obra y que, al no obrar en el expediente documentación que desvirtúe su contenido, corresponde mantener su validez bajo el principio de presunción de veracidad. iv. Respecto a la Experiencia N.º 2 del ingeniero supervisor: Las bases permiten acreditar la experiencia mediante contratos con su respectiva conformidad, constancias, certificados u otra documentación fehaciente. Por tanto, considera que la conformidad presentada constituye un medio válido, al contener la identificación del proyecto, el periodo y el cargo desempeñado.

• Respecto a la Experiencia N.º 5 del ingeniero supervisor: El Impugnante no

adjuntó el acta de recepción completa, sino únicamente un pantallazo parcial, lo que impide efectuar la verificación correspondiente; por ello, mantiene la presunción de veracidad del documento, sin perjuicio del control posterior. vi. Respecto a la Experiencia N.º 6 del ingeniero supervisor: No se adjuntaron dichos documentos oficiales para acreditar la contradicción y que, ante la imposibilidad de realizar verificaciones archivísticas externas dentro del plazo otorgado, corresponde mantener la presunción de veracidad del certificado, sin perjuicio de las acciones de control posterior.

vii. Respecto al personal clave- Ingeniero especialista en geología y geotecnia: No se adjuntaron documentos oficiales que acrediten dicha afirmación y que, debido a la imposibilidad material de realizar verificaciones externas, mantiene la presunción de veracidad de la documentación presentada, sin perjuicio del control posterior. Sobre los cuestionamientos formulados contra la oferta del Impugnante viii. Respecto a la Experiencia N.º 2 (carretera Sajinos-Paimas): Existe una incongruencia material y temporal insubsanable, pues no se ha presentado una adenda o mecanismo legal que explique la continuidad del servicio; por tanto, concluye que esta experiencia no puede ser validada. ix. Respecto a la Experiencia N.º 3 (carretera Neshuya-Curimaná): Si bien pueden existir adicionales y ampliaciones en las consultorías de obra pública, estos deben encontrarse respaldados por las respectivas resoluciones de aprobación o adendas. Al no haberse presentado dicha documentación, concluye que la experiencia no se encuentra acreditada.

• El monto acumulado válido acreditado por el Impugnante se reduce a S/ 1

142 316,12, por debajo del mínimo de S/ 1 600 668,12 exigido en las bases integradas; por tanto, considera que dicho postor no cumple el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad.

• Mediante el escrito s/n presentado el 26 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario reiteró los argumentos de la absolución del recurso de apelación respecto a los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante y presentó argumentos adicionales, indicando lo siguiente: Invoca los artículos 438 y 445 de la Ley General de Sociedades, señalando que el consorcio constituye un contrato asociativo mediante el cual dos o más partes participan activa y directamente en un negocio, manteniendo su autonomía, sin que ello genere, como regla general, una persona jurídica independiente. No obstante, precisa que los consorcios pueden tener capacidad tributaria cuando llevan contabilidad independiente de sus integrantes. Al respecto, cita la Norma XI del Título Preliminar y el artículo 21 del Código Tributario, así como los artículos 14 y 65 de la Ley del Impuesto a la Renta y el numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley del IGV, para sostener que los consorcios con contabilidad independiente constituyen contribuyentes y tienen personería jurídica tributaria propia. Sobre esa base, sostiene que, en el caso concreto, al contar el consorcio con contabilidad independiente, era este quien debía emitir el certificado de trabajo presentado para acreditar la experiencia del especialista en costos y presupuestos, y no una de las empresas consorciadas individualmente.

• Por decreto del 27 de octubre de 2026 se declaró el expediente listo para resolver.
• Mediante escrito s/n presentado el 28 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante reiteró los cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario y presentó argumentos adicionales indicando lo siguiente:

• El Informe requerido de forma complementaria a la Entidad, no cumple

con lo solicitado por la Sala, pues omite pronunciarse sobre el motivo de su descalificación e incorpora dos causales nuevas para descalificar su oferta que no señaló en su acta de evaluación, relacionadas con la experiencia del postor N° 2 y 3. Además, manifiesta que, la Entidad declara una “imposibilidad material” de verificar de la oferta del Consorcio Adjudicatario y se limita a invocar la presunción de veracidad; sin embargo, realiza una evaluación estricta de su oferta, determinando que contiene incongruencias insubsanables, lo cual vulnera el principio de igualdad de trato. ii. Sobre los cuestionamientos contra su oferta relacionados a la Experiencia N° 2, indica que la Constancia de prestación N° 004-2024 distingue con claridad la fecha de término real de la prestación, 20 de abril de 2013, la fecha de la resolución por mutuo acuerdo es el 21 de noviembre de 2013 y la conformidad del servicio otorgada mediante Memorándum N° 1979- 2014/GRP-440000 del 7 de agosto de 2014, esta última no es una fecha de ejecución, sino del acto de cierre posterior a la resolución. Además, sostiene que la resolución por mutuo acuerdo no extingue las obligaciones de cierre del contrato, pues, tras ella, corresponde la conformidad de lo ejecutado y la liquidación, lo cual ocurrió, ya que la liquidación fue aprobada por Resolución de Oficina Regional de Administración N° 335-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA, del 14 de agosto de 2014. En cuanto a la diferencia de montos, indica que el monto contractual era de S/ 1,125,203.75 y al resolver el contrato, se liquidó lo efectivamente ejecutado de S/ 766, 640.76, lo cual fue declarado en su Anexo N° 10. Asimismo, precisa que las propias bases indican que el periodo de experiencia se computan “desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago final”, por lo que, consignar la fecha de conformidad es lo que exigen las bases y no una contradicción. Por ello, considera que la constancia es un documento emitido por el Gobierno Regional de Piura, cuyo contenido es coherente y esta respaldado por los actos administrativos que cita y, además de ello, puede realizarse el control posterior a fin de verificar su veracidad, en la etapa pertinente. iii. Sobre la Experiencia N° 3, alega que la constancia fue emitida por el Gobierno Regional de Ucayali y precisa que el monto ejecutado se sustenta en la Resolución Gerencial Regional N° 180-2025-GRU-GGR-GRI, la cual aprobó la liquidación de la consultoría de obra. Además, refiere que las bases permiten acreditar la experiencia con el contrato y su conformidad o constancias de prestación o liquidación, no exige que se adjunten resoluciones adicionales ni adendas.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y como consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público, cuya cuantía asciende a S/ 1,600,668.12 (Un millón seiscientos mil seiscientos sesenta y ocho con 12/100 soles); resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. Al respecto, se aprecia que el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y como consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que dichos actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 6 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 24 de setiembre del mismo año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante escrito N° 1, subsanado con Escrito s/n, presentados el 6 y 9 de octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por la gerente general del Impugnante, la señora Nelly Mamani.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. El Impugnante interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y como consecuencia, se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante fue descalificado.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar. Cabe mencionar que, la legitimidad procesal e interés para obrar del Impugnante, para cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, estará supeditada a que revierta su condición de descalificado.

En este punto, es importante señalar que el Consorcio Adjudicatario sostiene que, conforme al literal g) del artículo 308 del Reglamento, el Impugnante no cuestionó expresamente el otorgamiento de la buena pro a su favor y que el pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados contra su calificación y el otorgamiento de dicho acto se encuentra condicionado a que aquel revierta previamente su condición de descalificado. Asimismo, señala que, de confirmarse dicha condición, correspondería declarar improcedentes tales extremos del recurso, por falta de interés para obrar y legitimidad procesal, de conformidad con el literal j) del artículo 308 del Reglamento y el numeral 217.1 del artículo 217 del TUO de la LPAG. Al respecto, de la revisión del recurso de apelación, si bien se advierte que el Impugnante no cuestionó de manera expresa el otorgamiento de la buena pro, se advierte que dicho cuestionamiento se encuentra comprendido en su pretensión de revocar la decisión del comité de descalificar su oferta, pues, de estimarse dicho cuestionamiento, correspondería dejar sin efecto la descalificación, evaluar los demás aspectos de su oferta y, de corresponder, revisar la calificación de la oferta del Adjudicatario, a efectos de determinar a quién corresponde el otorgamiento de la buena pro. Por tanto, no puede considerarse que el Impugnante haya consentido dicho acto por el solo hecho de no haberlo cuestionado de manera expresa. Asimismo, debe quedar claro que, corresponde analizar, en primer término, los cuestionamientos formulados contra la descalificación de la oferta del Impugnante y determinar si corresponde revertir dicha decisión. En función del resultado de dicho análisis, esta Sala determinará lo que corresponda respecto de los cuestionamientos dirigidos contra la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, sin que resulte válido descartarlos de antemano, pues su procedencia dependerá de lo que se resuelva sobre su condición de descalificado. Por lo expuesto, el cuestionamiento formulado por el Consorcio Adjudicatario en este extremo no tiene asidero, toda vez que, de la revisión del recurso de apelación, se advierte que la pretensión del Impugnante comprende revertir su descalificación, descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, como consecuencia de ello, que se le otorgue la buena pro a su favor, lo que incluye revocar la decisión del otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta y en consecuencia, el

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor de su representada.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme la descalificación de la oferta del Impugnante.

ii. Se descalifique al Impugnante. iii. Se confirme su calificación y el otorgamiento de la buena pro a su favor.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 12 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 del mismo mes y año. Sobre el particular, cabe señalar que el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, el 15 de octubre de 2026; es decir, dentro del plazo otorgado; razón por la cual corresponde tomar en consideración los argumentos de dicho postor para la fijación de los puntos controvertidos.

• En este punto, es pertinente precisar que los argumentos adicionales formulados

por el Consorcio Adjudicatario mediante su escrito del 26 de octubre de 2026, fueron presentados fuera del plazo establecido para absolver el traslado del recurso de apelación. En consecuencia, este Colegiado circunscribirá su pronunciamiento a los argumentos formulados oportunamente, no correspondiendo emitir pronunciamiento sobre aquellos incorporados de manera extemporánea.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde descalificar al Consorcio Adjudicatario por no acreditar la experiencia del personal clave “Ingeniero supervisor”. iii. Determinar si corresponde descalificar al Consorcio Adjudicatario por no acreditar la experiencia del personal clave “Especialista en geología y geotecnia”. iv. Determinar si corresponde descalificar al Impugnante por no acreditar la Experiencia del postor en la especialidad”.

• Determinar si corresponde descalificar al Impugnante por no acreditar la

Experiencia del personal clave – Especialista en costos y presupuestos. vi. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del “Acta de admisión, evaluación y calificación de ofertas” del 24

de setiembre de 2026, publicada en el SEACE, en adelante el Acta de evaluación, se advierte que el comité decidió descalificar la oferta del Impugnante, por los siguientes motivos: (…) (…) ”

• Conforme se desprende del Acta de evaluación, el comité decidió descalificar la

oferta del Impugnante, debido a que para acreditar la experiencia del personal clave “Especialista en costos y presupuestos” (Ing. Joel Genes Cárdenas) presentó un Certificado de trabajo emitido por la empresa GEOCONSULT S.A.; no obstante, de la revisión del contrato de supervisión objeto de la experiencia (Contrato N° 054-2017-MTC/20) y los registros públicos de la SUNAT, advirtió que la prestación fue ejecutada por el CONSORCIO GEOCONSULT – L&G, con ruc propio, patrimonio diferenciado y una representación común independiente. Por lo que, considera que el emisor del documento carece de competencia y por tanto, dicha experiencia no debe ser validada.

• Conforme fluye de los antecedentes, mediante el recurso de apelación, el

Impugnante cuestiona su descalificación, señalando que el certificado presentado para acreditar la experiencia del personal clave – Especialista en costos y presupuestos, no pierde validez por haber sido emitido por una empresa integrante del consorcio y no por su representante. Al respecto, sostiene que los integrantes de un consorcio mantienen autonomía para distribuirse las actividades y responsabilidades, pudiendo uno de ellos contratar al personal y certificar los servicios que este prestó durante la ejecución de la prestación consorciada. Asimismo, invoca la Resolución N° 00263-2026-TCP-S5, los Pronunciamientos N° 121-2012/DSU y N° 195-2012/DSU, así como la Resolución N° 02898-2024-TCE-S1, señalando que estos reconocen la validez de los certificados emitidos por una empresa integrante del consorcio, siempre que el profesional haya pertenecido a su plantel, por lo que exigir que el documento sea suscrito exclusivamente por el representante del consorcio constituiría una exigencia excesiva. Finalmente, afirma que el certificado acredita el cargo, las actividades y el periodo de experiencia exigidos en las bases integradas; por tanto, considera que cumplió con acreditar la experiencia del referido personal clave.

• Por su parte, el Adjudicatario coincide con el comité en que el certificado

presentado para acreditar la experiencia del especialista en costos y presupuestos no resulta válido, pues fue emitido por una empresa integrante del Consorcio Geoconsult – León & Godoy y no por su representante común. Al respecto, sostiene que un consorciado no puede emitir certificados en representación del consorcio, salvo que cuente con poder expreso y específico para ello. Añade que dicho criterio encuentra respaldo en la jurisprudencia del Tribunal y en las opiniones de la Dirección Técnico Normativa, atendiendo a la naturaleza asociativa y temporal del consorcio. Asimismo, señala que la experiencia debe acreditarse considerando las obligaciones operativas efectivamente asumidas por cada consorciado en la promesa formal de consorcio, sin computar actividades meramente administrativas, de gestión interna o representación que no estén vinculadas directamente con la ejecución de la prestación principal.

• A su turno, la Entidad, en su informe, reiteró lo señalado en el Acta de evaluación

sobre la descalificación del Impugnante. Asimismo, invoca las Opiniones N° 105-2015/DTN y N° 209-2019/DTN, señalando que los certificados deben ser emitidos por quien tenga competencia para acreditar la experiencia, por lo que una empresa integrante del consorcio no tendría facultades para emitir documentos en representación de este. Finalmente, respecto de la Resolución N° 00263-2026-TCP-S5, indica que el Impugnante no presentó documentación que demuestre que GEOCONSULT S.A. contrató directamente al profesional propuesto, por lo que no habría acreditado que dicha empresa estuviera facultada para certificar su experiencia.

• En esa línea, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, es

pertinente remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y es en función de ellas que debe efectuarse la calificación y evaluación de las ofertas, quedando tanto las Entidades como los postores, sujetos a sus disposiciones.

• Así, de la revisión del literal B.2 Experiencia del personal clave, de los requisitos de

calificación obligatorios del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se advierte que los postores debían acreditar el requisito de calificación respecto del personal clave – Especialista en costos y presupuestos, conforme a lo siguiente:

Dicho requisito, estableció que los postores debían acreditar para el Especialista antes mencionado, una experiencia no menor de un (1) año como Especialista en Costos y Presupuestos de obras y/o Supervisión de Obras y/o Ingeniero de Metrados y Valorizaciones y/o Especialista en metrados, costos y valorizaciones y/o Responsable de Costos y Valorizaciones en la Ejecución y/o supervisión de Obras en la Especialidad y Subespecialidades indicadas en el ítem A. EXPERIENCIA

DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.

Para tal efecto, las Bases Integradas establecieron que el postor podía presentar: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación; el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Ahora bien, teniendo en cuenta que el comité cuestionó la única experiencia del

Especialista en costos y presupuestos, propuesto por el Impugnante, corresponde traer al análisis dicho documento:

• Del Certificado de servicio del 23 de mayo de 2023, se desprende que fue emitido

por el señor Ricardo Enrique Ríos Berríos, Representante Legal de la empresa GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES, a favor del señor Joel Genes Cárdenas Presentación, por haber laborado, desde el 19 de junio de 2017 hasta el 31 de enero de 2019, como Especialista en metrados, costos, presupuesto y valorización en la Supervisión de la obra: “Construcción del puente Tingo y accesos”, a cargo del CONSORCIO GEOCONSULT – LEON & GODOY, del cual forma parte la empresa emisora.

• Con relación a ello, en primer lugar, se advierte que el Certificado de servicio del

23 de mayo de 2023 contiene información respecto del periodo durante el cual el señor Joel Genes Cárdenas se desempeñó como Especialista en metrados, costos, presupuesto y valorización, así como de la prestación en la que participó, esto es, la supervisión de la obra “Construcción del puente Tingo y accesos”. Asimismo, se identifica que dicha prestación estuvo a cargo del CONSORCIO GEOCONSULT – LEÓN & GODOY, del cual formó parte la empresa GEOCONSULT S.A., emisora del certificado.

• Sobre el particular, el cuestionamiento formulado por el comité radica en que el

certificado no fue suscrito por el representante común del consorcio que ejecutó la prestación, sino por el representante legal de una de las empresas que lo integraron.

• Al respecto, corresponde señalar que, para acreditar la experiencia del personal

clave, las bases integradas establecieron que los documentos presentados debían contener los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el periodo de prestación del servicio, el nombre de la entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien lo suscribe. Como puede apreciarse, las bases no establecieron una precisión respecto de quién debía suscribir los certificados o constancias cuando la experiencia del profesional hubiera sido adquirida durante la ejecución de una prestación a cargo de un consorcio.

• De otro lado, cabe señalar que el artículo 4473 de la Ley N.° 26887, Ley General de

Sociedades, establece que cada integrante del consorcio se vincula 3 Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades,

Artículo 447.-

Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular.

individualmente con terceros en el desempeño de las actividades que le corresponden, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular. En ese sentido, la ejecución de una prestación mediante un consorcio no implica necesariamente que las relaciones con el personal que interviene en ella sean asumidas exclusivamente por este, pues pueden encontrarse a cargo de alguna de las empresas integrantes. Por consiguiente, la facultad de certificar los servicios prestados por dicho personal no debe determinarse únicamente en función de quién suscribió el contrato con la Entidad, sino también de la vinculación que pudiera existir entre el profesional y la empresa que emite el certificado.

• En esa línea, tratándose de prestaciones ejecutadas por consorcios, la

competencia para suscribir los certificados o constancias que acrediten la experiencia del personal no recae exclusivamente en el representante común, sino que también puede ser ejercida por el representante legal de una de las empresas integrantes. Por tanto, no resulta razonable desconocer la validez de un certificado por el solo hecho de que no haya sido suscrito por el representante común del consorcio, pues ello supondría restringir injustificadamente las posibilidades de acreditación de la experiencia del personal que participó en la ejecución de prestaciones consorciadas.

• En el presente caso, se advierte que GEOCONSULT S.A. fue una de las empresas

integrantes del CONSORCIO GEOCONSULT – LEÓN & GODOY, encargado de ejecutar la supervisión de la obra “Construcción del puente Tingo y accesos”. Asimismo, el Certificado de servicio del 23 de mayo de 2023 fue suscrito por el representante legal de dicha empresa, quien dejó constancia de que el señor Joel Genes Cárdenas prestó servicios como Especialista en metrados, costos, presupuesto y valorización durante el periodo comprendido entre el 19 de junio de 2017 y el 31 de enero de 2019, en la supervisión de la referida obra.

• Respecto de lo señalado por la Entidad, en cuanto a que el Impugnante no

presentó documentación adicional que demuestre que GEOCONSULT S.A. contrató directamente al profesional, debe precisarse que las bases integradas no Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio sólo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley.

establecieron que, además del certificado, debiera presentarse el contrato laboral u otro documento que acreditara el vínculo entre el profesional y la empresa emisora. En consecuencia, no corresponde exigir documentación adicional que no fue contemplada como parte de las reglas de acreditación del requisito de calificación, menos aún cuando el cuestionamiento de la Entidad no se encuentra acompañado de elementos que desvirtúen la información contenida en el certificado.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde reconocer la experiencia

acreditada mediante el Certificado de servicio del 23 de mayo de 2023, pues el periodo consignado en este supera el mínimo de un (1) año exigido en las bases integradas para el personal clave – Especialista en costos y presupuestos. En consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación, revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Ahora bien, respecto de las Opiniones N° 105-2015/DTN y N° 209-2019/DTN,

invocadas por la Entidad y el Adjudicatario, corresponde precisar mediante la Opinión N° 105-2015/DTN, la Dirección Técnico Normativa señaló que los documentos destinados a acreditar la experiencia del personal deben ser emitidos por el órgano que tenga competencia para ello dentro de la organización de la entidad pública o privada donde el profesional adquirió dicha experiencia. Asimismo, precisó que los certificados deben ser emitidos por el empleador o empleadores, a través de sus respectivas oficinas de administración, recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello. Como puede apreciarse, dicho criterio no restringe la facultad de emitir certificados al representante de quien suscribió el contrato con la Entidad contratante, ni establece que, en caso de consorcios, dicha facultad corresponda exclusivamente al representante común. Por el contrario, su interpretación exige identificar quién tenía competencia para certificar los servicios del profesional dentro de la organización en la que adquirió la experiencia, lo cual resulta compatible con que dicha facultad sea ejercida por el representante legal de una empresa integrante del consorcio.

• De otro lado, en cuanto a la Opinión N° 209-2019/DTN, se advierte que esta

aborda la acreditación de la experiencia del personal propuesto, principalmente respecto de los documentos que pueden presentarse para tal efecto y la información que estos deben contener. En dicha opinión, la Dirección Técnico Normativa no desarrolla un criterio referido a quién debe suscribir los certificados cuando los servicios se prestaron durante la ejecución de un contrato a cargo de un consorcio; por tanto, su contenido no permite sustentar la exigencia de que estos sean emitidos exclusivamente por el representante común. Asimismo, respecto de lo señalado por el Adjudicatario sobre la naturaleza asociativa y temporal del consorcio, así como la autonomía de sus integrantes, corresponde señalar que tales características no conducen a desconocer la posibilidad de que una empresa consorciada certifique los servicios de los profesionales que pertenecieron a su propio plantel, pues la existencia de una representación común para actuar frente a la Entidad contratante no supone que los integrantes pierdan su autonomía para organizar y desarrollar las actividades que les corresponden durante la ejecución contractual, ni que el representante común sea el único facultado para dejar constancia de los servicios prestados por el personal de cada empresa integrante.

• Por consiguiente, los argumentos de la Entidad y del Adjudicatario no desvirtúan

la posibilidad de que GEOCONSULT S.A., en su condición de integrante del CONSORCIO GEOCONSULT – LEÓN & GODOY, pudiera emitir el certificado cuestionado a través de su representante legal.

• Estando a lo expuesto, esta Sala concluye que no corresponde amparar los

argumentos de la Entidad ni del Consorcio Adjudicatario.

• Por tanto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en este extremo,

revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar al Consorcio Adjudicatario por no acreditar la experiencia del personal clave “Ingeniero supervisor”.

• El Impugnante cuestiona la experiencia del personal clave – Ingeniero Supervisor,

propuesto por el Consorcio Adjudicatario, señalando que las experiencias N° 1, 2, 5 y 6 no deben ser validadas, por los siguientes motivos:

• Experiencia N° 1: La constancia laboral no identifica el cargo desempeñado

por el profesional, sino únicamente sus funciones. Además, en una valorización de mayo de 2014 se identifica a otro profesional como inspector de obra durante el mismo periodo, por lo que cuestiona que la experiencia se encuentre debidamente acreditada.

• Experiencia N° 2: El Adjudicatario presentó únicamente la conformidad de

servicios, sin adjuntar el contrato correspondiente, lo que, a criterio del Impugnante, impide verificar las condiciones de ejecución de la prestación.

• Experiencia N° 5: El certificado atribuye al profesional 528 días de

experiencia como residente de obra; sin embargo, durante dicho periodo se produjeron tres suspensiones de obra que acumulan 294 días calendario. Por ello, considera que se habría consignado información inexacta, invocando como sustento la Resolución N° 2697-2024-TCE-S4.

• Experiencia N° 6: El certificado acredita al profesional como residente de

obra entre el 1 de julio de 2023 y el 5 de julio de 2024; no obstante, en las valorizaciones de julio y diciembre de 2023 figura otro profesional como residente. Considera que ello contraviene los numerales 179.1 y 179.2 del

artículo 179 del Reglamento, e invoca la Resolución N° 1070-2024-TCE-S4,

respecto de la imposibilidad de atribuir a personal adicional funciones o cargos que ya eran desempeñados por el profesional comunicado a la Entidad.

• Por su parte, mediante Informe técnico legal complementario, la Entidad sostiene

que corresponde mantener la validez de las experiencias cuestionadas del Ingeniero Supervisor, pues el Impugnante no habría presentado documentación suficiente para desvirtuar su contenido. En particular, señala lo siguiente:

• Experiencia N° 1: La constancia acredita expresamente funciones y

obligaciones de inspectoría de obra, por lo que corresponde mantener su validez bajo el principio de presunción de veracidad.

• Experiencia N° 2: La conformidad presentada constituye un medio válido

para acreditar la experiencia, pues las bases también admitían constancias, certificados u otra documentación fehaciente y dicho documento identifica el proyecto, el periodo y el cargo desempeñado.

• Experiencia N° 5: El Impugnante presentó únicamente una imagen parcial

del acta de recepción, sin adjuntar el documento completo que permita verificar las suspensiones alegadas; por tanto, debe mantenerse la presunción de veracidad del certificado, sin perjuicio del control posterior.

• Experiencia N° 6: No se presentaron los documentos oficiales que

acreditarían que otro profesional se desempeñó como residente de obra durante el periodo cuestionado. Además, la Entidad no pudo efectuar verificaciones externas dentro del plazo otorgado, por lo que corresponde mantener la presunción de veracidad del certificado, sin perjuicio del control posterior.

• Ingeniero especialista en geología y geotecnia: El Impugnante tampoco

presentó documentación oficial que sustente su cuestionamiento; por ello, corresponde mantener la presunción de veracidad de los documentos presentados, sin perjuicio de la fiscalización posterior.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario, de forma general, indicó que su oferta

goza de la presunción de veracidad.

• En esa línea, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Impugnante, es

pertinente remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección.

• Así, de la revisión del literal B.2 Experiencia del personal clave, de los requisitos de

calificación obligatorios del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se advierte que los postores debían acreditar el requisito de calificación respecto del personal clave – Ingeniero Supervisor, conforme a lo siguiente:

• Dicho requisito, estableció que los postores debían acreditar para el Ingeniero

Supervisor una experiencia no menor de tres (3) años, como: Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o jefe de supervisión y/o Residente principal de obras y supervisión de obras y/o Ingeniero Residente de obras en la Especialidad y Subespecialidades indicadas en el ítem A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA

ESPECIALIDAD.

Para tal efecto, las Bases Integradas establecieron que el postor podía presentar: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave; el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación; el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Ahora bien, teniendo en cuenta que el Impugnante ha cuestionado cuatro (4)

experiencias del Ingeniero supervisor, propuesto por el Consorcio Adjudicatario, corresponde analizar cada una de estas.

• Cabe precisar que, a folios 318 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra el

Anexo N° 15 – Experiencia y calificaciones del personal clave, en el que dicho postor declaró una experiencia de tres (3) años, cinco (5) meses y cinco (5) días del Ingeniero Supervisor, conforme a lo siguiente: Experiencia N° 2

• A folios 323, obra la Conformidad de servicios del 10 de octubre de 2016, a través

del cual se deja constancia que el Ing. Elder Ronald Ñaupari Fabián, laboró como residente de obra, en el proyecto “Construcción de pistas y veredas del Centro Urbano de la Capital Segunda Etapa Tramo: 28 de julio – Calle Buendia del distrito de Hualhuas – Huancayo – Junín” desde el 2 de noviembre de 2015 hasta el 7 de octubre de 2016, conforme a lo siguiente:

• Sobre esta experiencia, el Impugnante cuestiona que el Consorcio Adjudicatario

haya presentado únicamente la conformidad de servicios, sin adjuntar el contrato correspondiente, lo que, a su criterio, impide verificar las condiciones en las que se ejecutó la prestación.

• Al respecto, conforme se ha señalado precedentemente, las bases integradas

establecieron que la experiencia del personal clave podía acreditarse mediante: (i) contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demostrara la experiencia del personal propuesto. Asimismo, precisaron la información que debía contener dicha documentación.

• De la revisión de la oferta, se advierte que el Consorcio Adjudicatario optó por

acreditar la experiencia cuestionada mediante la presentación de una conformidad de servicios; sin embargo, no adjuntó el contrato correspondiente. En tal sentido, no cumplió con presentar la documentación exigida por las bases para acreditar la experiencia mediante dicha modalidad, pues estas requerían expresamente el contrato y su respectiva conformidad.

• En cuanto a lo señalado por la Entidad, respecto a que la conformidad constituye

un medio válido de acreditación porque identifica el proyecto, el periodo y el cargo desempeñado, corresponde precisar que la evaluación de las ofertas debe efectuarse estrictamente conforme a las reglas establecidas en las bases integradas, las cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para los postores como para el comité. En ese sentido, si bien las bases contemplaron distintos medios para acreditar la experiencia del personal clave, diferenciaron expresamente la presentación de contratos y su respectiva conformidad de otros documentos, como las constancias y los certificados. Por tanto, no correspondía que el comité otorgara a la conformidad presentada, de manera aislada, el valor de un medio autónomo de acreditación, pues ello supondría apartarse de las condiciones que los propios postores debían observar para acreditar dicho requisito. De ese modo, el hecho de que la conformidad contenga información sobre el proyecto, el periodo y el cargo desempeñado no subsana la falta del contrato exigido para esta modalidad de acreditación.

• De igual modo, el argumento del Consorcio Adjudicatario referido a que su oferta

se encuentra amparada por el principio de presunción de veracidad no desvirtúa el cuestionamiento, toda vez que este no está referido a la autenticidad de la conformidad presentada, sino al incumplimiento de las condiciones documentales previstas en las bases integradas para acreditar la experiencia.

• Por lo expuesto, esta Sala concluye que no corresponde validar la Experiencia N.°

2 del Ingeniero supervisor, comprendida entre el 2 de noviembre de 2015 y el 7 de octubre de 2016, equivalente a once (11) meses y cinco (5) días. En consecuencia, al descontar dicho periodo de los tres (3) años, cinco (5) meses y cinco (5) días declarados por el Consorcio Adjudicatario en el Anexo N.° 15, el profesional acredita únicamente dos (2) años y seis (6) meses de experiencia, plazo inferior al mínimo de tres (3) años exigido en las bases integradas.

• En consecuencia, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de

apelación, referido a descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario por no acreditar la experiencia del personal clave – Ingeniero Supervisor.

• Cabe precisar que, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los

cuestionamientos formulados por el Impugnante, respecto de las experiencias N.° 1, 5 y 6 del Ingeniero Supervisor, así como respecto de los demás cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que la condición de descalificado del Consorcio Adjudicatario no variará. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar al Impugnante por no acreditar la Experiencia del postor en la especialidad.

• Mediante la absolución del traslado del recurso de apelación, el Consorcio

Adjudicatario cuestionó la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad presentada por el Impugnante. Al respecto, señala que, si bien dicho postor declaró cuatro (4) experiencias por un monto acumulado de S/ 3 677 700,75, las experiencias N.° 2 y N.° 3 no deberían validarse por las siguientes razones:

• Experiencia N.° 2: La Constancia de Prestación de Consultoría de

Supervisión N.° 004-2024 consigna un monto contractual de S/ 1 125 203,75 y, a la vez, un monto total ejecutado de S/ 766 640,76 por la consultoría de liquidación. Asimismo, advierte una inconsistencia en el plazo de ejecución, pues, pese a que el contrato habría sido resuelto por mutuo acuerdo el 21 de noviembre de 2013, la constancia señala como fecha de finalización real del servicio el 7 de agosto de 2014. Sostiene que el Impugnante no presentó documentación que permita aclarar dichas inconsistencias.

• Experiencia N.° 3: La Constancia de Prestación de Consultoría de Obra N.°

1828176 consigna un monto total ejecutado de S/ 3 537 489,74, mientras que el contrato establece un monto contractual de S/ 1 943 871,40, sin que se precise el monto total del contrato en la constancia. A criterio del cuestionante, ello genera una incongruencia que impide verificar objetivamente la experiencia.

• Por su parte, mediante Informe Técnico Legal complementario, la Entidad señaló

respecto a la Experiencia N.º 2 que existe una incongruencia material y temporal insubsanable, pues no se ha presentado una adenda o mecanismo legal que explique la continuidad del servicio; por tanto, concluye que esta experiencia no puede ser validada. Respecto a la Experiencia N.º 3 señala que, si bien pueden existir adicionales y ampliaciones en las consultorías de obra pública, estos deben encontrarse respaldados por las respectivas resoluciones de aprobación o adendas. Al no haberse presentado dicha documentación, concluye que la experiencia no se encuentra acreditada.

• Mediante escrito del 28 de octubre de 2026, el Impugnante sostuvo que la

constancia de la Experiencia N° 2 distingue tres momentos: la fecha de término real de la prestación (20 de abril de 2013), la resolución del contrato por mutuo acuerdo (21 de noviembre de 2013) y la fecha de la conformidad del servicio (7 de agosto de 2014), esta última correspondiente al cierre contractual y no a la ejecución de la prestación. Agrega que la resolución no extingue las obligaciones de cierre, como la conformidad y liquidación, y que esta última fue aprobada mediante Resolución de Oficina Regional de Administración N.° 335-2014/GOBIERNO REGIONAL PIURA- ORA. Respecto de los montos, precisa que S/ 1 125 203,75 corresponde al monto contractual, mientras que S/ 766 640,76 representa el monto efectivamente ejecutado y liquidado.

Además, señala que las bases permiten computar la experiencia desde la fecha de conformidad o emisión del comprobante de pago final, por lo que considera que la constancia es coherente y se encuentra respaldada por los actos administrativos correspondientes. Sobre la Experiencia N.° 3, alega que la constancia fue emitida por el Gobierno Regional de Ucayali y que el monto ejecutado de S/ 3 537 489,74 se encuentra respaldado por la Resolución Gerencial Regional N.° 180-2025-GRU-GGR-GRI, que aprobó la liquidación de la consultoría de obra. Añade que las bases permiten acreditar la experiencia mediante el contrato y su conformidad, o mediante constancias de prestación o liquidación, sin exigir la presentación de resoluciones adicionales o adendas.

• En esa línea, a fin de esclarecer la controversia planteada por el Consorcio

Adjudicatario es pertinente remitirnos a las bases integradas del procedimiento de selección.

• Así, de la revisión del literal A. Experiencia del postor en la especialidad, de los

requisitos de calificación obligatorios del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se advierte que los postores debían acreditar el requisito de calificación objeto de controversia, conforme a lo siguiente:

*Extraído de las páginas 46 al 48 de las bases integradas

• Como se aprecia, los postores debían acreditar un monto facturado equivalente a

S/ 1,600,668.12 (Un Millón Seiscientos Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 12/100 soles), en la supervisión de ejecución de obras, en la especialidad de Viales, Puertos y Afines y sub especialidades de Obras viales y Vías urbanas. Asimismo, se indica que la experiencia del postor en la especialidad se acredita con (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia o prestación o liquidación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredita documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago o comprobante de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. En caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii) del presente párrafo; no es posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de servicio con conformidad o constancia de prestación.

• De otro lado, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que a folios

19, presentó el Anexo N° 10 Experiencia del postor en la especialidad, en el que declaró 4 experiencias por un monto facturado total de S/ 3,677,700.75, según lo siguiente: Sobre la Experiencia N° 2:

• En cuanto a la Experiencia N° 2, se tiene que aquella deriva del Contrato N° 0018-

2012-GRP, celebrado con el Gobierno Regional de Piura, por la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: “Rehabilitación de la carretera Sajinos- Paimas – Ayabaca – Socchabamba, Tramo II: DIV. Lagunas – Ayabaca, departamento de Piura”, por el monto total de S/ 766,640.76. Para acreditarlo, el Impugnante presentó los siguientes documentos:

• Constancia de prestación de consultoría supervisión del 11 de abril de

2024, en la que se advierte el objeto del contrato y el monto total ejecutado del contrato de consultoría de S/ 766,640.76.

• Contrato N° 0018-2012-GRP del 10 de abril de 2012 en el que se establece

las condiciones del contrato.

(…)

• De la revisión de la documentación presentada, se advierte que el Contrato N.°

0018-2012-GRP, suscrito el 10 de abril de 2012, estableció un monto contractual de S/ 1 125 203,75; mientras que la Constancia de Prestación de Consultoría de Supervisión del 11 de abril de 2024 consigna como monto total ejecutado la suma de S/ 766 640,76. Asimismo, en esta última se señala que el contrato fue resuelto por mutuo acuerdo el 21 de noviembre de 2013 y que la fecha de finalización real del servicio fue el 20 de abril de 2013, consignándose también el 7 de agosto de 2014 como fecha de conformidad del servicio.

• Al respecto, este Colegiado aprecia que en el mismo documento de la Constancia

de prestación, se indica que el monto de S/ 1 125 203,75 corresponde al monto presupuestado, es decir, al monto originalmente contratado, mientras que los S/ 766 640,76 representan el importe de las prestaciones efectivamente ejecutadas y reconocidas en la liquidación del servicio. Por tanto, ambos montos responden a conceptos distintos y no resultan incompatibles entre sí.

• Ahora bien, respecto de las fechas consignadas en la constancia, se advierte que

el contrato fue resuelto por mutuo acuerdo el 21 de noviembre de 2013; sin embargo, también se consigna como fecha de finalización real del servicio el 7 de agosto de 2014, vinculándola al Memorándum N.° 1979-2014/GRP-440000 referido a la conformidad del servicio.

Sobre este aspecto, si bien el Impugnante sostiene que esta última fecha corresponde a la conformidad otorgada con posterioridad a la resolución contractual, debe advertirse que no obra información que permita determinar si, luego de la resolución del contrato, la supervisión continuó siendo ejecutada por otra empresa o bajo un vínculo contractual distinto. Sin perjuicio de ello, dicha circunstancia debe analizarse diferenciando el periodo de ejecución del servicio del monto efectivamente ejecutado. En efecto, la constancia de prestación emitida el 11 de abril de 2024 identifica como monto total ejecutado la suma de S/ 766 640,76, importe que el Impugnante declaró para acreditar su experiencia. Asimismo, la diferencia respecto del monto contractual de S/ 1 125 203,75 no evidencia, por sí sola, una incongruencia, pues resulta compatible con que, como consecuencia de la resolución por mutuo acuerdo, únicamente se haya reconocido el importe correspondiente a las prestaciones efectivamente ejecutadas.

• En consecuencia, este Colegiado considera que los cuestionamientos formulados

contra la Experiencia N.° 2 no resultan suficientes para desconocer su acreditación. En cuanto al primero, se ha determinado que la diferencia entre el monto contractual y el monto efectivamente ejecutado no constituye una incongruencia, pues se trata de conceptos distintos y la constancia identifica expresamente el importe ejecutado de S/ 766 640,76. Por otro lado, respecto de las fechas, si bien el contrato fue resuelto por mutuo acuerdo el 21 de noviembre de 2013 y la constancia consigna el 7 de agosto de 2014 como fecha de finalización real del servicio, no se cuenta con información sobre las circunstancias posteriores a dicha resolución. En ese sentido, no es posible concluir que exista una contradicción que invalide la experiencia; máxime si, para efectos de acreditar el requisito de calificación, lo relevante es el monto efectivamente ejecutado y reconocido por la Entidad, que asciende a S/ 766 640,76. Por tanto, corresponde validar la Experiencia N.° 2 por dicho importe.

• En tal sentido, no corresponde amparar los cuestionamientos del Consorcio

Adjudicatario en este extremo. Sobre la Experiencia N° 3:

• En cuanto a la Experiencia N° 3, se tiene que aquella deriva del Contrato de

consultoría de obra N° 001-2024-GRU-GGR, celebrado con el Gobierno Regional de Ucayali, por la contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la carretera departamental Neshuya – Curimana, distritos de Irazola y Curimaná, provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali”, por el monto de S/ 1,768,743.87, correspondiente al 50% del monto de S/ 3,537,489.74. Para acreditarlo, el Impugnante presentó los siguientes documentos:

• Constancia de prestación de consultoría de obra del 22 de mayo de 2025,

en la que se advierte el objeto del contrato y el monto total ejecutado del contrato S/ 3,537,489.74.

• Contrato de consultoría de obra N° 001-2024-GRU-GGR del 5 de enero de

2024 en el que se establece el monto contractual de S/ 1 943 871,40 y las condiciones del contrato.

• Promesa de consorcio del 3 de octubre de 2023, en el que consta que el

Impugnante participó en la ejecución del contrato en un 50%.

• De la revisión de los documentos presentados, se advierte que el Contrato de

Consultoría de Obra N.° 001-2024-GRU-GGR, celebrado con el Gobierno Regional de Ucayali, establece el monto contractual de S/ 1 943 871,40; mientras que la Constancia de Prestación de Consultoría de Obra del 22 de mayo de 2025 consigna como monto total ejecutado la suma de S/ 3 537 489,74. Asimismo, la promesa de consorcio permite verificar que el Impugnante tuvo una participación del 50% en la ejecución de dicha contratación.

• Al respecto, corresponde señalar que las bases integradas establecieron los

documentos mediante los cuales debía acreditarse la experiencia del postor en la especialidad, sin exigir la presentación de resoluciones que aprobaran la liquidación del contrato, adendas u otra documentación adicional para sustentar el monto consignado en la constancia de prestación. En ese sentido, no corresponde exigir al Impugnante documentos que no fueron contemplados como parte de las reglas de acreditación del requisito de calificación.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que la constancia de prestación fue emitida por

el Gobierno Regional de Ucayali y consigna expresamente el monto total ejecutado de la consultoría de obra. Por tanto, dicho documento constituye el medio previsto en las bases para acreditar el monto efectivamente ejecutado, sin que la diferencia respecto del monto originalmente establecido en el contrato permita, por sí sola, desconocer la experiencia, pues el monto contractual y el monto final ejecutado pueden responder a conceptos distintos.

• En consecuencia, considerando que la documentación presentada permite

identificar el objeto de la contratación, el monto efectivamente ejecutado y la participación del Impugnante en el consorcio, corresponde validar la Experiencia N.° 3, computando únicamente el porcentaje de participación que le correspondió, conforme a la promesa de consorcio.

• Por lo expuesto, este Colegiado considera que los cuestionamientos formulados

por el Consorcio Adjudicatario contra las experiencias N.° 2 y 3 del Impugnante no tienen asidero, pues la documentación presentada permite acreditar los montos efectivamente ejecutados, conforme a las exigencias previstas en las bases integradas, sin que corresponda exigir documentos adicionales no contemplados en estas. En consecuencia, corresponde validar ambas experiencias y, por tanto, confirmar la calificación de la oferta del Impugnante respecto del requisito de experiencia del postor en la especialidad. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar al Impugnante por no acreditar la Experiencia del personal clave – Especialista en costos y presupuestos.

• El Consorcio Adjudicatario, en la absolución del traslado del recurso de apelación,

cuestiona el Certificado de servicios de fecha 23 de mayo de 2023, indicando expresamente lo siguiente: “(…) contiene presunta información inexacta ya que conforme al contrato de supervisión de obra N° 054-2017-MTC/20, celebrado entre PROVIAS NACIONAL Y EL CONSORCIO GEOCONSULT – L & G conformado por

GEOCONSULT S.A. CONSULTORES GENERALES Y LEON & GODOY

CONSULTORES CIA LTDA, con RUC N° 20602134017, CONFORME LO

ACREDITAMOS:

Sobre el particular, corresponde precisar que al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el Tribunal se encuentra facultado a actuar los medios probatorios necesarios que considere pertinentes para verificar la configuración de la presunta infracción información inexacta del certificado de servicio de fecha 23.05.23, sin limitarse únicamente a la declaración del emisor del documento cuestionado. De modo que, corresponde recurrir a toda fuente de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presunta infracción a fin de corroborar si la información inexacta supone un contenido que no es concordante o congruente con la realidad. Más aun cuando, de acuerdo a diversa jurisprudencia del Tribunal, a efectos de determinar la inexactitud de la información no es necesaria la manifestación expresa del supuesto emisor para determinar dicha inexactitud, como ocurre en el caso de la documentación falsa supuesto en el cual la manifestación del supuesto emisor tiene una carga probatoria relevante.”

• Al respecto, este Colegiado advierte que el Consorcio Adjudicatario no ha

desarrollado un cuestionamiento concreto contra el Certificado de servicios del 23 de mayo de 2023, pues se limita a reproducir parte de documentos e invoca el principio de verdad material y las facultades del Tribunal para realizar actuaciones probatorias a fin de determinar una eventual infracción por presentación de información inexacta. Sin embargo, no precisa qué información consignada en dicho certificado sería contraria a la realidad, ni expone las razones o elementos que sustentarían tal afirmación.

• En ese sentido, sus alegaciones no permiten identificar ni delimitar una

controversia que deba ser objeto de análisis por esta Sala.

• Por lo expuesto, al no haberse formulado argumentos concretos que desvirtúen la

documentación presentada por el Impugnante, corresponde desestimar este extremo del cuestionamiento y, en consecuencia, confirmar la calificación de la oferta del Impugnante. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• Sobre el particular, corresponde precisar que el Impugnante solicitó que se le

adjudique la buena pro del procedimiento de selección. No obstante, del Acta de evaluación, se aprecia que el comité no realizó la evaluación de su oferta. Por tal motivo, es pertinente disponer que el comité continúe con dicha evaluación y, de ser el caso, otorgue la buena pro a quien corresponda.

• En consecuencia, la pretensión de que se otorgue la buena pro a favor del

Impugnante, debe ser declarada infundada.

• En ese sentido, corresponde declarar fundado en parte el recurso interpuesto por

el Impugnante.

• En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, corresponde a su vez, disponer la devolución de la

garantía presentada por el Impugnante, para la interposición del recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE4. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación presentado por la empresa AMC

INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 001-2026-DRTCP/CONSULTORIA - 1, para la “Contratación para la supervisión de la ejecución de la obra: “Creación del puente Yamushima, distrito de Constitución provincia de Oxapampa departamento de Pasco - CUI 2569683”, siendo infundado en el extremo que se le otorgue la buena pro y fundado en los demás extremos; por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar la descalificación de la oferta de la empresa AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 001-2026-DRTCP/CONSULTORIA - 1, debiendo tenerse su oferta por calificada. 1.2. Revocar el otorgamiento de la buena pro otorgada al CONSORCIO INGENIERIA YAMUSHIMAS, conformado por el señor RUBIO GABRIEL NEILL 4 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

MICHAEL y el señor MALQUI MERINO FLAVIO JHONDLITH y tener por descalificada su oferta, en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 001-2026-DRTCP/CONSULTORIA - 1. 1.3. Disponer que el comité continúe con la evaluación de la oferta de la empresa AMC INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, y de ser el caso, le otorgue la buena pro del Concurso Público para Consultoría de Obra

N° 001-2026-DRTCP/CONSULTORIA - 1.

• Devolver la garantía presentada por la empresa AMC INGENIEROS SOCIEDAD

ANÓNIMA CERRADA, para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE