Resolución N.° 9581-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…)1. dicha omisión resulta relevante, toda vez que la documentación cuestionada constituye un requisito obligatorio para la admisión de ofertas, cuyo cumplimiento debía verificarse a partir de los documentos presentados por el postor.”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7519/2026.TCP - 7560/2026.TCP (ACUMULADOS) sobre los recursos de apelación interpuestos por CARRANZA GUTIERREZ SANTOS MIGUEL y NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N.º 2-2026-UGEL-ASCOPE-2, para la “Adquisición de tarros de leche evaporada reconstituida para el personal administrativo del D. L. N.º 276 de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope Sindicalizados a SITASE Ascope base de la federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación Regional”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 15 de setiembre de 2026, el GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD
• EDUCACIÓN USE ASCOPE, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública

Abreviada para Bienes N.º 2-2026-UGEL-ASCOPE-2, para la “Adquisición de tarros de leche evaporada reconstituida para el personal administrativo del D. L. N.º 276 de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope Sindicalizados a SITASE Ascope base de la federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación Regional”, con una cuantía ascendente a S/ 366,600.00 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

Según el cronograma del procedimiento de selección, el 30 de setiembre de 2026 se presentaron las ofertas y, el 2 de octubre del mismo año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP, el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa CORPORACION EMPRESARIAL ZASOJARI S.A.C. - ZASOJARI S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 365,607.36 (Trescientos sesenta y cinco mil seiscientos siete con 36/100 soles); conforme a los siguientes resultados: Nota: según acta publicada en el SEACE Sobre el Expediente 7519/2026.TCE.

• Mediante el escrito s/n, presentado el 9 de octubre de 2026, ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el señor CARRANZA GUTIERREZ SANTOS MIGUEL, en adelante el Impugnante 1, interpuso recurso de apelación contra la admisión y evaluación de la oferta del Adjudicatario, la admisión de la oferta de la empresa NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C. (en adelante, el Impugnante 2) y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se establezca un nuevo orden de prelación y se adjudique la buena pro a su favor, de acuerdo con los siguientes argumentos: Cuestionamientos a la oferta del Adjudicatario Postor ETAPAS Resultado Admisión Calificación Ev. Técnica Oferta Ev. Econ. Puntaje Total + Bonf Orden

CORPORACIÓN

EMPRESARIAL

ZASOJARI

S.A.C. Admitido Califica 60 S/ 365,607.36 36.53 96.50 1 Adjudicado

NUTRICIÓN E

INGENIERIA

ALIMENTARIA

S.A.C. Admitido Califica 30 S/ 333,888.00 40 73.5 2 Califica

CARRANZA

GUTIERREZ

SANTOS

MIGUEL

Admitido Califica 30 S/ 342,235.20 39.02 72.47 3 Califica

DISTRIBUIDOR

A SARMIENTO

S.A.C. Admitido Califica 30 S/ 343,904.64 38.84 72.28 4 Califica

• Sostiene que, el Comité admitió y evaluó indebidamente la oferta del

Adjudicatario, debido a que no habría acreditado las exigencias de saneamiento ambiental previstas en las bases integradas, conforme a los siguientes argumentos:

• Respecto de la condición de distribuidor que almacena el producto

ofertado. Señala que, el Adjudicatario habría declarado tener la condición de distribuidor que almacena el producto; sin embargo, no presentó la Declaración Jurada Simple exigida en las bases para dicha modalidad. En su lugar, presentó un certificado de saneamiento ambiental correspondiente a su propio establecimiento, ubicado en la calle 25 de Diciembre N.º 160, sector Valdivia Baja, Huanchaco, Trujillo. A criterio del Impugnante, dicha documentación evidencia que el postor cuenta con un almacén propio, por lo que debía acreditar las condiciones de saneamiento ambiental tanto de las instalaciones del fabricante como de las correspondientes a su propio almacén, conforme a las exigencias establecidas en las bases.

• Respecto de la documentación de saneamiento ambiental del

fabricante y su correspondencia con las instalaciones exigidas. Indica que, el Adjudicatario presentó certificados de saneamiento ambiental emitidos a favor de Leche Gloria S.A., correspondientes a actividades de desinfección, desinsectación y desratización. No obstante, dichos documentos no permitirían acreditar que las actividades se realizaron en las instalaciones exigidas por las bases integradas. En particular, refiere que los certificados identifican como área tratada la “Conservería – Planta de leche evaporada”, sin que ello permita establecer que comprende los almacenes de la planta procesadora del producto. Asimismo, cuestiona que el certificado de desratización consigne como área tratada “Exteriores”, sin identificar si corresponde a la planta o al almacén del fabricante.

Por ello, considera que la documentación presentada no genera certeza sobre el cumplimiento de las actividades de saneamiento ambiental en las instalaciones requeridas.

• Respecto de la acreditación de los reservorios de agua del almacén

propio del postor. Alega que, al haber asumido el Adjudicatario la modalidad de distribuidor que almacena el producto, debía acreditar las condiciones de saneamiento ambiental de su propio establecimiento. Al respecto, señala que las bases establecieron que, cuando el establecimiento contara con cisternas, tanques elevados o reservorios de agua, debía acreditarse la limpieza y desinfección de dichos depósitos mediante el certificado correspondiente; mientras que, si se abastecía directamente de la red pública de agua potable y no contaba con tales depósitos, correspondía presentar una Declaración Jurada Simple. Sin embargo, el Adjudicatario no habría presentado ninguno de esos documentos, sino un certificado referido a la limpieza y desinfección de un pozo séptico, el cual, según el Impugnante, no constituye un reservorio de agua ni acredita las condiciones exigidas para el almacenamiento del producto. ii. Respecto del plazo de entrega ofertado, cuestiona que el Adjudicatario haya consignado en el Anexo N.º 12 – Declaración Jurada de Plazo de Entrega un plazo de cinco (5) días calendario, computados desde la suscripción del contrato, cuando las bases integradas establecieron expresamente que el plazo máximo de entrega era de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente del perfeccionamiento del contrato, y que el plazo ofertado constituía un factor de evaluación. En ese sentido, considera que el postor modificó la regla prevista en las bases al establecer un momento distinto para el inicio del cómputo del plazo, por lo que su oferta no debió ser evaluada favorablemente en dicho factor. Cuestionamientos a la oferta del Impugnante 2 iii. Cuestiona la admisión de la oferta del Impugnante 2, al considerar que dicho postor tampoco acreditó las exigencias de saneamiento ambiental establecidas en las bases integradas, conforme a lo siguiente:

• Respecto de la condición de distribuidor que efectúa la entrega

directa desde el almacén del fabricante. Señala que, el Impugnante 2 declaró, mediante una Declaración Jurada Simple, que únicamente recoge el producto del almacén del fabricante para efectuar su entrega directa a la Entidad, bajo la modalidad prevista para distribuidores que no cuentan con almacén propio. En ese sentido, sostiene que dicho postor se encontraba eximido de presentar un certificado de saneamiento ambiental correspondiente a un establecimiento propio, pero debía acreditar que el fabricante contaba con la documentación sanitaria exigida para su planta y almacén.

• Respecto de la documentación de saneamiento ambiental del

fabricante. Indica que, el Impugnante 2 presentó certificados de saneamiento ambiental correspondientes a Leche Gloria S.A., en los que se consigna como área tratada “Conservería – Planta de leche evaporada”, respecto de las actividades de desinfección y desinsectación. Sin embargo, cuestiona que, para la actividad de desratización, se haya presentado un certificado en el que figura como área tratada “Exteriores”, sin identificar si dicha área corresponde a la planta o al almacén del fabricante.

Por tanto, considera que la documentación presentada no permite acreditar que las actividades de saneamiento ambiental comprendieron las instalaciones exigidas en las bases integradas.

• Por decreto del 12 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante 1 que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en autos, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, el comprobante de depósito en Cta. Cte. N° 238400134 expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 20 de octubre de 2026. Sobre el Expediente N° 7560/2026.TCE

• Mediante el escrito s/n, subsanado con el escrito N° 2, presentados el 12 y 14 de

octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C., en adelante el Impugnante 2, interpuso recurso de apelación contra la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su representada, de acuerdo con los siguientes argumentos: Respecto de la modalidad de distribución declarada por el adjudicatario.

• Señala que, las bases integradas contemplaron cuatro supuestos para

acreditar las condiciones de saneamiento ambiental, dependiendo de si el postor era fabricante, distribuidor que almacena el producto o distribuidor que únicamente lo recoge del almacén del fabricante para su entrega directa a la Entidad. Al respecto, sostiene que el Adjudicatario no habría acreditado adecuadamente la modalidad bajo la cual participaba, pues no presentó la Declaración Jurada Simple correspondiente a los distribuidores que únicamente recogen el producto del almacén del fabricante, sino documentación referida a su propio establecimiento. Respecto de la documentación de saneamiento ambiental del fabricante. ii. Indica que, el Adjudicatario presentó certificados de saneamiento ambiental correspondientes a Leche Gloria S.A., mediante los cuales se acreditaron actividades de desinfección, desinsectación y desratización; así como la limpieza y desinfección de reservorios de agua. Sin embargo, dichos documentos no permitirían acreditar integralmente las condiciones exigidas en las bases, pues los certificados correspondientes a las actividades de desinfección y desinsectación identifican como área tratada la “Conservería – Planta de leche evaporada”, mientras que el certificado de desratización consigna como área tratada “Exteriores”, sin precisar si comprende la planta procesadora o el almacén del fabricante. Respecto de las condiciones de saneamiento ambiental del almacén del adjudicatario. iii. Señala que, el Adjudicatario presentó un certificado de saneamiento ambiental correspondiente a su propio establecimiento, en el cual se consignan actividades de desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfección de tanques sépticos. No obstante, dicho documento no acreditaría las condiciones exigidas para los reservorios de agua, pues la limpieza de un tanque séptico no equivale a la limpieza y desinfección de cisternas, tanques elevados o reservorios de agua. Agrega que, si el establecimiento no contaba con tales depósitos y se abastecía directamente de la red pública, correspondía presentar la Declaración Jurada Simple prevista en las bases. En consecuencia, sostiene que el Adjudicatario no acreditó las exigencias de saneamiento ambiental correspondientes a su propio almacén. Cuestionamiento sobre la experiencia del postor en la especialidad. iv. Al respecto, cuestiona que la constancia de prestación N.º 195-2026- MPT/OGAF-OAP, presentada por el Adjudicatario, no guarda correspondencia con el contrato, pues la constancia consigna que la contratación estuvo referida a la adquisición de alimentos con ficha aprobada por Perú Compras para la canasta de comedores populares del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, correspondiente al periodo 2025, mientras que el contrato indica que el objeto es la adquisición de productos alimenticios “Leche evaporada entera y mezcla de hojuelas de quinua, avena, kiwicha fortificada con vitaminas y minerales” para el programa de vaso de leche de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En ese sentido, considera que ambos documentos hacen referencia a objetos contractuales distintos, por lo que no existe congruencia entre el contrato y la constancia de prestación presentada para acreditar la experiencia.

• Por decreto del 15 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante 2 que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación.

Además, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en autos, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, el comprobante de depósito en Cta. Cte. N° 340200189 expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 22 de octubre de 2026.

• Por decreto del 15 de octubre de 2026, considerando que entre los expedientes

Expediente N° 7519/2026.TCP y el Expediente N° 7560/2026.TCP existiría conexión que permitiría su tramitación y resolución de manera conjunta, al haberse interpuesto dos recursos de apelación respecto al mismo procedimiento de selección; se dispuso acumular los actuados del expediente administrativo N° 7560/2026.TCP al expediente N° 7519/2026.TCP. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 22 de octubre de 2026.

• Mediante Informe Técnico Legal N.º 001-2026-UGEL-ASCOPE, presentado el 15 de

octubre de 2026, por la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad expuso su posición respecto de los cuestionamientos formulados por el Impugnante 1, indicando lo siguiente: Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario

• Señala que, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento y el numeral

2.2.1.1 del capítulo II de las bases integradas, la admisión de las ofertas consiste en verificar la presentación de los documentos mínimos exigidos, sin que los evaluadores puedan incorporar requisitos adicionales. En cuanto al certificado de saneamiento ambiental, sostiene que las bases exigieron acreditar las actividades de desinfección, desinsectación y desratización y, de corresponder, la limpieza y desinfección de reservorios de agua; sin embargo, no establecieron que los certificados debieran describir individualmente cada ambiente de la instalación ni emplear una denominación específica para identificar las áreas tratadas.

Asimismo, indica que los documentos que integran una oferta deben valorarse conjuntamente y no de manera aislada. Para sustentar dicha posición, invoca la Resolución N.º 08057-2026-TCP-S4, según la cual corresponde relacionar los documentos que, de manera objetiva, complementan la acreditación de un mismo requisito, sin que ello permita completar información inexistente o efectuar inferencias técnicas no sustentadas documentalmente. Agrega que, exigir una denominación específica para las áreas tratadas supondría incorporar una exigencia no contemplada en las bases, en contravención de los principios de legalidad, eficacia y eficiencia y libertad de concurrencia. Asimismo, sostiene que correspondía al Impugnante acreditar los incumplimientos alegados y que el Comité dejó constancia, en el acta del 2 de octubre de 2026, de la verificación individual de los documentos de admisión presentados por los cinco postores, aplicando las mismas reglas a todos ellos. ii. Respecto de los certificados de saneamiento ambiental de la planta del fabricante presentados por el Adjudicatario, sostiene que dicho postor ofertó leche evaporada reconstituida de marca Gloria, cuyo establecimiento productor es la planta de Leche Gloria S.A., ubicada en la avenida General Diez Canseco N.º 527, Arequipa, conforme al Registro Sanitario presentado en su oferta. Al respecto, señala que el adjudicatario presentó los siguientes documentos:

• Certificado N.º 331-2026, correspondiente a la actividad de

desinfección.

• Ficha técnica N.º 3614, referida a dicha actividad.
• Certificado N.º 302-2026, correspondiente a la actividad de

desinsectación.

• Ficha técnica N.º 3605, referida a dicha actividad.
• Certificado N.º 310-2026, correspondiente a la actividad de

desratización.

• Ficha técnica N.º 3613, que detalla los ambientes comprendidos en

dicha actividad.

• Certificado N.º 003107 e informe técnico correspondiente a la

limpieza y desinfección del reservorio de agua de la planta.

En ese sentido, refiere que el Impugnante cuestiona los certificados sin considerar las fichas técnicas que los complementan, pese a que estas consignan los mismos números de certificados, usuario, dirección del establecimiento y fechas de prestación del servicio. Por ello, considera que existe una vinculación objetiva entre ambos documentos, que permite acreditar conjuntamente las actividades de saneamiento ambiental realizadas en la planta procesadora del producto ofertado. iii. Respecto del certificado de desratización que consigna como área tratada “Exteriores”, señala que la ficha técnica N.º 3613 detalla que dicha actividad comprendió el cerco perimétrico, el perímetro externo de la conservería, el perímetro externo del almacén de repuestos, los exteriores del almacén de cartones y del almacén de azúcar, la zona de paletas y el perímetro externo de Control de Calidad. Por tanto, considera que la referencia a “Exteriores” corresponde al control perimetral de la planta, incluidos sus almacenes, y no a un área indeterminada. Añade que las bases permiten que, tratándose del fabricante, se presente el certificado de saneamiento ambiental de la planta cuando el almacén se encuentra ubicado dentro de ella; supuesto que, según sostiene, se presenta en este caso, pues la planta de Arequipa constituye un único establecimiento industrial, con una sola dirección, dentro del cual se encuentran sus almacenes. iv. Respecto de la Resolución N.º 2542-2020-TCE-S2 invocada por el Impugnante, señala que fue emitida bajo el régimen de la Ley N.º 30225 y que, en cualquier caso, en el presente procedimiento sí existe documentación complementaria que permite establecer la correspondencia entre las áreas tratadas y la planta del fabricante.

• Respecto de la limpieza y desinfección de reservorios de agua del almacén

del Adjudicatario, sostiene que las bases integradas establecieron que la limpieza y desinfección de reservorios de agua constituye una exigencia condicionada a la infraestructura del establecimiento, siendo obligatoria únicamente cuando este cuente físicamente con cisternas, tanques elevados o reservorios.

En cuanto al almacén del Adjudicatario, ubicado en la calle 25 de Diciembre N.º 160, sector Valdivia Baja, Huanchaco, indica que el postor presentó el certificado de saneamiento ambiental emitido por Protek Perú Group S.A.C. y su respectiva ficha técnica, documentos que se encontraban vigentes a la fecha de presentación de ofertas y comprendían el área total del establecimiento, acreditando las actividades de desinfección, desinsectación y desratización. Asimismo, señala que ninguno de dichos documentos registra la existencia de cisternas, tanques elevados o reservorios de agua en el almacén. En ese sentido, cuestiona que el Impugnante no haya presentado algún medio probatorio que demuestre la existencia de tales instalaciones, por lo que considera que no se ha configurado el supuesto que hacía exigible acreditar su limpieza y desinfección. Agrega que las condiciones sanitarias del producto se encuentran respaldadas por el Registro Sanitario, la validación técnica oficial del Plan HACCP y la documentación de saneamiento ambiental de la planta del fabricante, incluida la limpieza de su reservorio de agua, aspecto que no ha sido cuestionado. Finalmente, considera que una eventual declaración jurada sobre la forma de abastecimiento de agua del almacén tendría carácter meramente declarativo y que disponer la no admisión de la oferta por su ausencia supondría privilegiar una formalidad no esencial sobre la finalidad pública de la contratación. vi. Respecto del plazo de entrega ofertado por el Adjudicatario, señala que el literal c) del numeral 3.3 del capítulo III de las bases integradas estableció un plazo máximo de entrega de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato; mientras que el factor de evaluación “Plazo de entrega” otorgaba veinte (20) puntos a las ofertas que propusieran un plazo de cinco (5) a nueve (9) días calendario, cuya acreditación se realizaba mediante el Anexo N.º 12. Al respecto, indica que el Adjudicatario ofertó entregar los bienes en cinco (5) días calendario “de suscrito el contrato”; en tal sentido, la suscripción del contrato y su perfeccionamiento constituyen el mismo acto en este procedimiento, pues, conforme al numeral 2.5.1 del capítulo II de las bases integradas y al numeral 87.1 del artículo 87 del Reglamento, el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. En consecuencia, considera que el Adjudicatario no estableció un hito distinto al previsto en las bases, sino que asumió el compromiso de entregar los bienes dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, incluso bajo una condición más exigente, al no considerar el día siguiente para iniciar el cómputo. Asimismo, señala que el factor de evaluación únicamente exigía consignar el número de días ofertado, sin incorporar una condición específica sobre el hito de inicio del cómputo; por tanto, al haber ofrecido cinco (5) días calendario, correspondía asignarle los veinte (20) puntos previstos. vii. Respecto de la Resolución N.º 7895-2026-TCP-S3 invocada por el Impugnante, sostiene que el supuesto analizado en dicho pronunciamiento es distinto, pues en aquel caso las propias bases incorporaban expresamente el hito de inicio del cómputo como parte de la condición para obtener el puntaje y el postor había establecido un momento diferente que alteraba la mecánica de ejecución contractual. En cambio, en el presente procedimiento, el factor de evaluación no estableció dicha condición y la suscripción del contrato coincide con su perfeccionamiento. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 2 viii. Respecto del cuestionamiento al certificado de desratización presentado por el Impugnante 2, señala que el propio Impugnante reconoce que dicho postor declaró, mediante documento obrante en el folio 26 de su oferta, que participaba como distribuidor que únicamente recoge el producto del almacén del fabricante para su entrega directa a la Entidad. En consecuencia, conforme a las bases integradas, dicho postor únicamente debía presentar el certificado de saneamiento ambiental correspondiente a la planta y/o almacén del fabricante, sin necesidad de acreditar uno propio. En ese contexto, indica que el Impugnante 2 presentó los certificados N.º 331-2026, N.º 302-2026 y N.º 310-2026, correspondientes a las actividades de desinfección, desinsectación y desratización de la planta de Leche Gloria S.A., ubicada en la avenida General Diez Canseco N.º 527, Arequipa, así como el certificado de limpieza del reservorio de agua de dicha planta. ix. Respecto del certificado de desratización N.º 310-2026, sostiene que este identifica como usuario a Leche Gloria S.A. y consigna como lugar del servicio la misma dirección del establecimiento productor que figura en el Registro Sanitario del producto ofertado. Asimismo, precisa que la desratización se realiza en el perímetro y los exteriores de las instalaciones para impedir el ingreso de roedores, por lo que la referencia a “Exteriores” no significa que el servicio se haya ejecutado fuera de la planta, sino que corresponde al ámbito propio de dicha actividad. Añade que el mismo certificado fue presentado por el Adjudicatario, acompañado de la ficha técnica N.º 3613, que detalla las áreas comprendidas en el servicio de desratización y confirma que este abarcó el control perimetral de la planta, incluidos sus almacenes. Por consiguiente, considera que el certificado presentado por el Impugnante 2 cumple con las exigencias de las bases integradas y que el Comité aplicó el mismo criterio de evaluación a ambos postores, en observancia del principio de igualdad de trato.

• Mediante Escrito N° 1 presentado el 15 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante 2 absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1, conforme a los siguientes argumentos: Sobre los cuestionamientos contra su oferta

• Sostiene que su oferta cumplió con las exigencias de saneamiento

ambiental establecidas en las bases integradas, pues presentó los certificados correspondientes a la planta procesadora del fabricante y la Declaración Jurada Simple que acredita su condición de distribuidor que recoge el producto del almacén del fabricante para su entrega directa a la Entidad, sin contar con almacén propio. ii. Respecto del cuestionamiento al certificado de desratización N.º 310-2026, señala que la actividad fue ejecutada en la planta productora de Leche Gloria S.A., ubicada en Arequipa, conforme se acredita con los certificados de saneamiento ambiental, el Registro Sanitario, la Resolución Directoral que otorga la Validación Técnica Oficial del Plan HACCP y la documentación correspondiente a las actividades de desinfección, desinsectación y limpieza de reservorios de agua. Asimismo, sostiene que el certificado fue emitido por López Servicios Ambientales E.I.R.L., empresa que realizó el servicio en las instalaciones del fabricante, por lo que la consignación del área tratada como “Exteriores” no implica que la actividad se haya realizado fuera de la planta. Agrega que, conforme a la ficha de evaluación y descripción de actividades presentada, la desratización comprendió diversas áreas exteriores de las instalaciones del fabricante, incluidos los perímetros de la planta y sus almacenes. Por tanto, considera que el cuestionamiento del Impugnante parte de una interpretación incorrecta del certificado, pues las bases integradas no exigieron que este identificara expresamente si el área tratada correspondía al interior o exterior de la planta, ni que se consignara una denominación específica. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 1 iii. Cuestiona que el Comité haya otorgado al Impugnante 1 un puntaje total de 72.47 puntos, debido a que, en el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, le asignó cinco (5) puntos por la presentación de un certificado correspondiente al Sistema de Gestión Antisoborno. Al respecto, señala que las bases integradas exigieron acreditar dicho factor mediante una certificación ISO 37001:2025; sin embargo, el Impugnante presentó un certificado correspondiente a la norma ISO 37001:2016, por lo que considera que no cumplió con la exigencia establecida. iv. Invoca la Resolución N.º 06359-2026-TCP-S2, señalando que el Tribunal ha establecido que, cuando una certificación no cumple con los requisitos exigidos en las bases integradas, no corresponde otorgar el puntaje previsto para dicho factor.

Por tanto, sostiene que debe retirarse al Impugnante 1 los cinco (5) puntos asignados, reduciendo su puntaje total de 72.47 a 67.47 puntos, sin que ello modifique su ubicación en el tercer lugar del orden de prelación. Sobre los cuestionamientos contra el Adjudicatario

• Reitera los argumentos expuestos en su recurso de apelación respecto del

incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental por parte del Adjudicatario.

• Mediante Escrito s/n presentado el 15 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1, conforme a los siguientes argumentos: Cuestionamientos contra el Impugnante 1

• Sostiene que, el Impugnante 1 presentó, a folios 57 al 60 de su oferta,

certificados ISO 14001:2015 e ISO 37001:2016, emitidos por Quality Research Organization (QRO), para acreditar los factores de evaluación “Sostenibilidad ambiental” e “Integridad en la contratación pública”. Sin embargo, señala que, al efectuar la búsqueda de ambos certificados en la página web oficial de la certificadora, no encontró registros de su existencia. Para sustentar su cuestionamiento, adjunta capturas de pantalla de las consultas realizadas y los certificados cuestionados. En ese sentido, considera que existirían indicios de presentación de información falsa, por lo que solicita que el Tribunal evalúe dicha circunstancia e inicie el procedimiento sancionador correspondiente, invocando los literales i) y j) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N.º 32069. ii. Cuestiona que el Comité haya otorgado cinco (5) puntos al Impugnante en el referido factor, pues considera que el certificado ISO 37001:2016 presentado no cumple las condiciones de acreditación establecidas en las bases integradas. Al respecto, señala que las bases exigieron acreditar la implementación de un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma ISO 37001:2025 o su equivalente nacional, mediante un certificado emitido por un organismo acreditado ante el INACAL o por un organismo acreditador extranjero que sea signatario de los acuerdos de reconocimiento mutuo previstos en las bases. iii. Indica que, el Impugnante presentó el certificado N.º 3050251105125AB, emitido por QRO Certification LLP, con oficina en Delhi, India, el 5 de noviembre de 2025, bajo la norma ISO 37001:2016. Dicho documento consigna la acreditación del Egyptian Accreditation Council (EGAC), acompañada de una referencia a su participación en acuerdos de reconocimiento internacional. No obstante, sostiene que QRO Certification LLP no se encuentra acreditado ante el INACAL y que la acreditación invocada ante EGAC no comprende específicamente los sistemas de gestión antisoborno. Sobre ello, explica que los acuerdos de reconocimiento internacional tienen alcances diferenciados según el sistema de gestión certificado. En particular, señala que el reconocimiento de EGAC comprende determinadas normas ISO, pero no la ISO 37001, por lo que la referencia genérica a dichos acuerdos no acredita que la certificadora se encuentre habilitada para emitir certificados de sistemas de gestión antisoborno con el reconocimiento exigido. Como consecuencia, alega que el puntaje total del Impugnante 1 debió ser de 67.22 y pasaría al tercer lugar. Sobre los cuestionamientos formulados contra su oferta iv. Sostiene que las bases integradas establecieron exigencias diferenciadas según la modalidad de distribución. Así, cuando el postor almacena el producto ofertado, debe presentar, adicionalmente a la documentación del fabricante, el certificado de saneamiento ambiental de su propio almacén; mientras que la Declaración Jurada Simple corresponde al distribuidor que únicamente recoge el producto del almacén del fabricante para entregarlo directamente a la Entidad. En ese sentido, señala que presentó, a folios 24 al 29 de su oferta, el certificado de saneamiento ambiental de la empresa Leche Gloria S.A., emitido por López Servicios Ambientales E.I.R.L., y, a folio 39, el certificado correspondiente a su propio almacén, emitido por Protek Perú Group S.A.C., que comprende las actividades de desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfección. Por tanto, considera que cumplió con acreditar las condiciones exigidas para un distribuidor que almacena el producto y que no correspondía exigirle la Declaración Jurada Simple prevista para otra modalidad. Agrega que las bases no exigieron presentar un documento adicional que identificara expresamente el tipo de distribuidor.

• Respecto de los certificados de saneamiento ambiental de la planta del

fabricante cuestiona que el Impugnante sostenga que los certificados presentados no permiten identificar si las actividades de saneamiento ambiental comprendieron la planta procesadora y sus almacenes, debido a que consignan como áreas tratadas “Conservería – Planta de leche evaporada” y “Exteriores”, pues dichas denominaciones no pueden evaluarse aisladamente, sino conjuntamente con la identificación del establecimiento, su dirección, el giro de la actividad y las demás condiciones sanitarias consignadas en la documentación presentada. Sobre ello, explica que la denominación “Conservería – Planta de leche evaporada” identifica un área vinculada directamente con la producción del bien ofertado, mientras que la referencia a “Exteriores” corresponde a las áreas externas del establecimiento del fabricante y no implica que el servicio se haya ejecutado en instalaciones ajenas. Asimismo, sostiene que los certificados identifican como dirección del establecimiento la avenida General Diez Canseco N.º 527, Cercado de Arequipa, la cual coincide con la consignada en el Registro Sanitario del producto, obrante a folios 13 al 15 de su oferta. Agrega que dicho registro acredita que Leche Gloria S.A. realiza las actividades de elaboración, fabricación, envasado, importación, almacenamiento y comercialización en el establecimiento identificado, por lo que considera que las actividades de saneamiento ambiental comprenden la planta procesadora y sus almacenes.

En tal sentido, alega que las bases integradas permitieron presentar únicamente el certificado de saneamiento ambiental de la planta cuando el almacén del fabricante se encontrara ubicado dentro de ella, supuesto que, según afirma, se presenta en este caso. Sumado a ello, indica que su oferta incorporó documentación de saneamiento ambiental emitida por Grupo Phoenix S.A.C., referida a instalaciones de Leche Gloria S.A., incluida una carta e informe que identifican la planta de producción ubicada en la avenida General Diez Canseco N.º 527, Arequipa, y describen la limpieza y desinfección del reservorio de agua N.º 2, de 300 m³. vi. Invoca la Resolución N.º 00717-2023-TCE-S2, señalando que las ofertas deben evaluarse de manera integral y conjunta, de modo que la información contenida en un documento puede complementarse con la que obra en otro, siempre que exista trazabilidad entre ellos. vii. Respecto de la limpieza y desinfección de reservorios de agua, rechaza el cuestionamiento referido a que no presentó un certificado de limpieza y desinfección de reservorios de agua de su propio almacén ni una Declaración Jurada Simple que acreditara la inexistencia de cisternas, tanques elevados o reservorios y el abastecimiento directo desde la red pública, ya que, sostiene que las bases integradas establecieron que, tratándose de un distribuidor que almacena el producto, debía presentar el certificado de saneamiento ambiental de su almacén, comprendiendo las actividades de desinfección, desinsectación, desratización, limpieza de ambientes y, de corresponder, limpieza y desinfección de reservorios de agua. En ese sentido, considera que la expresión “de corresponder” determina que la acreditación de la limpieza y desinfección de reservorios de agua no constituye una exigencia obligatoria para todos los almacenes, sino que depende de las características de sus instalaciones. Asimismo, sostiene que las bases no exigieron, para esta modalidad de distribución, presentar una Declaración Jurada Simple que acreditara la inexistencia de reservorios de agua, por lo que el Impugnante estaría incorporando una exigencia no prevista.

viii. Agrega que, a folio 30 de su oferta, presentó el certificado de saneamiento ambiental del fabricante Leche Gloria S.A., que acredita la limpieza y desinfección de reservorios de agua. Por tanto, considera que cumplió con las exigencias previstas en las bases integradas y solicita que este extremo del recurso sea declarado infundado. ix. Respecto del plazo de entrega ofertado, indica que la expresión “de suscrito el contrato”, no modifica el cómputo del plazo de entrega ni introduce una condición contractual distinta, pues debe interpretarse en concordancia con las bases, que establecen que el plazo se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Sobre ello, explica que la expresión utilizada tuvo como finalidad ofrecer un plazo reducido respecto del máximo establecido, sin modificar el objeto contractual ni condicionar la entrega a un acontecimiento distinto del perfeccionamiento del contrato. Agrega que, incluso bajo una interpretación literal, el plazo ofertado sería más breve que el previsto en las bases, por lo que no existiría una condición incompatible ni una ventaja indebida. Además, señala que el factor de evaluación “Plazo de entrega” únicamente estableció los rangos de días para la asignación del puntaje, sin precisar expresamente el momento desde el cual debía computarse el plazo.

• Por decreto del 15 de octubre de 2026, se tuvo por absuelto el traslado al recurso

de apelación interpuesto por el Impugnante 1 y se tuvo por acreditado al representante del Impugnante 2.

• Por decreto del 16 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario,

y se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1.

• Mediante Escrito s/n presentado el 20 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2, conforme a los siguientes argumentos:

Sobre los cuestionamientos contra su oferta

• Sostiene que el Impugnante 2 cuestiona que no haya precisado su

modalidad de distribución ni presentado la declaración jurada correspondiente. Al respecto, señala que su empresa es un distribuidor que almacena el producto, pues cuenta con instalaciones físicas destinadas al almacenamiento, ubicadas en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, desde donde despacha y distribuye los alimentos, cumpliendo las medidas sanitarias correspondientes. Indica que las bases integradas establecieron que los distribuidores que almacenan el producto deben presentar, adicionalmente a la documentación del fabricante, el certificado de saneamiento ambiental vigente de su propio almacén. En ese sentido, señala que presentó, a folios 24 al 29 de su oferta, el certificado de saneamiento ambiental emitido por López Servicios Ambientales E.I.R.L. a favor de Leche Gloria S.A.; asimismo, a folio 39, presentó el Certificado N.º 0020854, emitido por Protek Perú Group S.A.C., correspondiente a su almacén, que acredita las actividades de desinfección, desinsectación, desratización, limpieza y desinfección. Por tanto, sostiene que cumplió las exigencias correspondientes a su modalidad de distribución y que las bases no establecieron la obligación de presentar un documento adicional que identificara expresamente el tipo de distribuidor. ii. Sobre la presunta incongruencia entre el contrato y la constancia presentados para acreditar su experiencia en la especialidad, rechaza el cuestionamiento del Impugnante 2 referido a que existiría una incongruencia insubsanable entre el Contrato N.º 009-2025-MPT/OGAF, suscrito con la Municipalidad Provincial de Trujillo, y la Constancia de Prestación N.º 195-2026-MPT/OGAF-OAP, pues sostiene que la experiencia debe evaluarse considerando los elementos sustanciales de la contratación, como las partes contratantes, el objeto, el monto ejecutado y la conformidad de la Entidad, y no únicamente las diferencias en la denominación administrativa del procedimiento.

Señala que el contrato y la constancia de prestación, obrantes a folios 44 al 50 de su oferta, guardan correspondencia en las partes contratantes, objeto contractual, monto ejecutado y procedimiento de origen. Además, precisa que la constancia identifica expresamente el Contrato N.º 009- 2025-MPT/OGAF, consigna la entrega del producto, el importe liquidado y la conformidad otorgada por la Oficina de Abastecimiento Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En cuanto a la diferencia en la denominación del programa o contratación consignada en los documentos, sostiene que se trata de una cuestión administrativa interna atribuible exclusivamente a la Entidad emisora, que no puede desvirtuar una experiencia efectivamente ejecutada. Agrega que, conforme a la doctrina del Tribunal, los errores u omisiones administrativas de las entidades públicas no deben trasladarse al administrado cuando la documentación permite establecer la identidad y correspondencia de la contratación. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 2 iii. Cuestiona que el Impugnante 2 haya presentado, a folio 43 de su oferta, el Anexo N.º 12 – Declaración Jurada de Plazo de Entrega, mediante el cual ofreció entregar los bienes en nueve (9) días calendario, sin precisar expresamente desde cuándo debía computarse dicho plazo. Al respecto, señala que el numeral 11 de las especificaciones técnicas de las bases integradas estableció que el plazo de entrega debía computarse desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, sostiene que el Impugnante 2 omitió incorporar dicha condición en su declaración jurada, por lo que su compromiso resultaría indeterminado. Por ello, considera que dicha omisión vulnera los principios de certeza, congruencia y predictibilidad de las ofertas, pues no corresponde al Comité de Selección asumir que el plazo ofertado se computará desde un determinado acontecimiento cuando este no ha sido expresamente consignado por el postor.

En ese sentido, refiere que, al no haber precisado el inicio del cómputo del plazo, el Impugnante 2 presentó una oferta ambigua o incompleta que no permite acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas para obtener dicho puntaje.

• Por decreto del 21 de octubre de 2026 se tuvo por apersonado al Adjudicatario,

y se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2.

• El 22 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los

representantes de los Impugnantes, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Por decreto del 22 de octubre de 2026, a fin que la Segunda Sala del Tribunal

cuente con mayores elementos de juicio al momento de emitir pronunciamiento, se requirió a la Entidad que emita informe técnico legal complementario en el que se pronuncie respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2, respecto de los cuestionamientos realizados por el Adjudicatario contra el Impugnante 1 y 2, en la absolución de los recursos y respecto de los cuestionamientos realizados por el Impugnante 2 contra el Impugnante 1, en la absolución del recurso de este último.

• Mediante Informes Técnicos Legales N.º 002 y N.º 003-2026-UGEL ASCOPE/CS-LP

ABR 002-2026, presentados en dos oportunidades, el 27 de octubre de 2026, por la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad se pronunció sobre el recurso de apelación del Impugnante 2 y los cuestionamientos formulados por el Adjudicatario contra ambos impugnantes, conforme a lo siguiente: Sobre los cuestionamientos contra el Adjudicatario

• Sostiene que, el Adjudicatario acreditó su condición de distribuidor que

almacena el producto mediante el Certificado de Saneamiento Ambiental N.º 0020854, emitido por Protek Perú Group S.A.C., obrante a folios 39 y 40 de su oferta, el cual se encontraba vigente y comprendía la totalidad de su almacén, ubicado en la calle 25 de Diciembre N.º 160, sector Valdivia Baja, Huanchaco. Dicho certificado acredita las actividades de desinfección, desinsectación, desratización y limpieza de tanques sépticos.

ii. Respecto de la limpieza y desinfección de reservorios de agua, señala que las bases integradas establecieron una exigencia condicionada a la existencia física de cisternas, tanques elevados o reservorios. En ese sentido, considera que el Impugnante 2 no presentó medios probatorios que acrediten que el almacén del Adjudicatario cuenta con tales instalaciones, por lo que no se configura el supuesto que hace exigible dicha documentación ni corresponde declarar no admitida su oferta. iii. Respecto de la experiencia del Adjudicatario, alega que el Contrato N.º 009-2025-MPT/OGAF, suscrito el 1 de abril de 2025 entre el Adjudicatario y la Municipalidad Provincial de Trujillo, por S/ 273,071.88, correspondiente a la adquisición de leche evaporada entera, guarda correspondencia con la Constancia de Prestación N.º 195-2026- MPT/OGAF-OAP, pues precisa que ambos documentos identifican al mismo contratista y entidad contratante, número de contrato, fecha de suscripción y monto contractual. Si bien la constancia consigna como denominación de la contratación la adquisición de alimentos para la canasta de comedores populares, considera que ello constituye un error material o de digitación atribuible a la entidad emisora, que no desvirtúa la vinculación objetiva entre ambos documentos. En ese sentido, invoca los principios de presunción de veracidad, eficacia y eficiencia, señalando que no corresponde descalificar al Adjudicatario por un error de un tercero cuando los demás datos permiten identificar inequívocamente la contratación ejecutada. Por tanto, ratifica la calificación de su experiencia. Sobre los cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 1 iv. Respecto de la presunta información falsa presentada por el Impugnante 1, señala que el Adjudicatario cuestionó los certificados ISO 14001:2015 e ISO 37001:2016 presentados por el Impugnante 1 para acreditar los factores de evaluación “Sostenibilidad ambiental” e “Integridad en la contratación pública”, debido a que, al consultar el portal web de la certificadora QRO CERT, obtuvo como resultado “No records found”.

Al respecto, sostiene que dicha consulta constituye un indicio, pero no acredita por sí sola la falsedad o inexactitud de los certificados, siendo necesario realizar actuaciones de fiscalización posterior mediante el requerimiento de información y confirmación oficial de la entidad emisora. Asimismo, señala que corresponde al Tribunal determinar la configuración de la infracción y aplicar la sanción respectiva. Por ello, recomienda que, en ejercicio de las facultades previstas en el literal e) del numeral 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, se valoren las respuestas oficiales de la

certificadora para verificar la vigencia o inexistencia de los documentos a la fecha de presentación de ofertas.

• Respecto del plazo de entrega ofertado por el Impugnante 2, señala que el

Adjudicatario cuestionó el Anexo N.º 12 – Declaración Jurada de Plazo de Entrega, obrante a folio 43 de la oferta del Impugnante 2, en el cual este se comprometió a entregar los bienes en nueve (9) días calendario, sin precisar el momento desde el cual debía computarse dicho plazo. En ese sentido, considera que el Impugnante 2 presentó una declaración jurada ambigua e incompleta, pues no identificó expresamente el hito inicial del cómputo del plazo, sin que corresponda al Comité presumir o incorporar dicha condición. Por ello, considera que corresponde retirar dicho puntaje, reduciendo la evaluación del Impugnante 2 de 70 a 50 puntos, que, con la bonificación del 5 % por su condición de MYPE, daría un puntaje final de 52.50 puntos, ubicándolo en el último lugar del orden de prelación. vi. Finalmente, ratifica el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario y señala que, si el Tribunal determina que los vicios advertidos afectan la validez del otorgamiento de la buena pro, respetará la decisión de declarar la nulidad parcial del procedimiento y retrotraerlo a la etapa de reevaluación de ofertas.

• Por decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
• Mediante escrito s/n presentado el 28 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Adjudicatario presentó sus alegatos finales, reiterando los argumentos expuestos en sus escritos de absolución de los recursos de apelación y respaldándose en los informes técnicos legales complementarios emitidos por la Entidad, conforme a lo siguiente:

• Reitera que su oferta cumple con las exigencias de saneamiento ambiental

y experiencia del postor en la especialidad establecidas en las bases integradas. Para sustentar su posición, invoca el Informe Técnico Legal N.º 002-2026-UGEL ASCOPE/CS-LP ABR 002-2026, en el cual la Entidad concluyó que el Certificado de Saneamiento Ambiental N.º 0020854 acredita las actividades sanitarias de su almacén y que no se demostró la existencia de reservorios de agua que hicieran exigible su limpieza y desinfección. Asimismo, destaca que la Entidad consideró válida la experiencia acreditada mediante el Contrato N.º 009-2025-MPT/OGAF y la Constancia de Prestación N.º 195-2026-MPT/OGAF-OAP, al estimar que la diferencia en la denominación de la contratación constituye un error material que no afecta la correspondencia entre ambos documentos. ii. Respecto del Impugnante 2, reitera su cuestionamiento al Anexo N.º 12 – Declaración Jurada de Plazo de Entrega, por haber ofertado nueve (9) días calendario sin precisar el inicio de su cómputo. Al respecto, destaca que, mediante el Informe Técnico Legal N.º 003-2026, la Entidad reconoció que el Comité de Selección incurrió en un error al otorgarle veinte (20) puntos en dicho factor, por lo que correspondería retirarlos y reducir su puntaje final a 52.50 puntos, ubicándolo en el último lugar del orden de prelación. iii. En cuanto al Impugnante 1, reitera que el certificado presentado para acreditar el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública” no cumple con las bases integradas, debido a que no habría sido emitido por un organismo de certificación acreditado para el sistema de gestión antisoborno ante el INACAL ni por un organismo acreditador con reconocimiento internacional para dicho sistema, conforme a la nota al pie N.º 17 de las bases. Precisa que dicho incumplimiento se desprende del propio certificado, sin necesidad de recurrir a fuentes externas, y que, al tratarse de un factor de evaluación facultativo, corresponde asignarle cero (0) puntos, mas no declarar la no admisión o descalificación de su oferta.

• Mediante Escrito N° 3, presentado el 30 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante 2 presentó alegatos para mejor resolver, pronunciándose sobre los Informes Técnicos Legales N.º 002 y N.º 003-2026 emitidos por la Entidad, conforme a lo siguiente:

• Reitera que el Adjudicatario incumplió las exigencias de saneamiento

ambiental establecidas en las bases integradas, pues no presentó el certificado de limpieza y desinfección de reservorios de agua ni la declaración jurada que acreditara que su almacén carecía de dichos depósitos y se abastecía directamente de la red pública de agua potable. Al respecto, cuestiona que la Entidad sostenga que no se acreditó la existencia de reservorios de agua en el almacén del Adjudicatario, pues considera que no corresponde al Impugnante 2 demostrar las características de las instalaciones de otro postor, sino que cada participante debe acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases integradas. Asimismo, señala que el Comité, pese a haber revisado nuevamente la oferta del Adjudicatario, no advirtió la ausencia de dicha declaración jurada. Agrega que tampoco se pronunció sobre la obligación de identificar si el postor participaba como distribuidor que almacena o no almacena el producto, circunstancia que determina la documentación exigible. Finalmente, precisa que la limpieza de tanques sépticos no constituye una actividad exigida para acreditar la limpieza y desinfección de reservorios de agua, por lo que considera errónea la conclusión del Informe Técnico Legal N.º 002-2026 y sostiene que corresponde declarar no admitida la oferta del Adjudicatario. ii. Sobre el cuestionamiento al plazo de entrega ofertado por el Impugnante 2, cuestiona que, mediante el Informe Técnico Legal N.º 003-2026, la Entidad haya reconocido un supuesto error en la asignación de veinte (20) puntos a su oferta en el factor “Plazo de entrega”, por considerar que el Anexo N.º 12 no precisó el inicio del cómputo de los nueve (9) días calendario ofertados. Al respecto, señala que el propio formato del Anexo N.º 12 exigía consignar únicamente el número de días calendario ofertado, sin requerir que el postor precisara expresamente el momento desde el cual debía computarse dicho plazo. En ese sentido, considera que la Entidad pretende incorporar una condición adicional no prevista en las reglas de evaluación ni en el formato establecido en las bases integradas, pese a que su oferta cumplió con consignar el plazo solicitado.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis los recursos de apelación interpuestos por el Impugnante 1 contra la admisión y evaluación de la oferta del Adjudicatario, la admisión de la oferta de la empresa NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C. (en adelante, el Impugnante 2) y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se establezca un nuevo orden de prelación y se adjudique la buena pro a su favor. Asimismo, del Impugnante 2 contra la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su representada.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada para bienes, cuya cuantía asciende a S/ 366,600.00 (Trescientos sesenta y seis mil seiscientos con 00/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante 1 ha interpuesto recurso de apelación contra la admisión y evaluación de la oferta del Adjudicatario, la admisión de la oferta del Impugnante 2 y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos, se establezca un nuevo orden de prelación y se adjudique la buena pro a su favor. Asimismo, del Impugnante 2 contra la admisión y calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada, los Impugnantes contaban con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 12 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 2 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante 1 presentó el escrito s/n, el 9 de octubre de 2026, en la mesa de partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal. Mientras que, el Impugnante 2 presentó el escrito s/n, subsanado con el escrito N° 2, presentados el 12 y 14 de octubre de 2026, respectivamente, en la mesa de partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión de los recursos de apelación, se verifica que el recurso de apelación del Impugnante 1 fue suscrito por el mismo, mientras el recurso de apelación del Impugnante 2 fue suscrito por su apoderado, el señor Dante Humberto Burgos Mendoza.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 1 o 2 se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante 1 o 2 se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

La presente causal de improcedencia no resulta aplicable al presente caso, toda vez que el Impugnante 1 quedó en tercer lugar en orden de prelación, cuestionando la admisión y evaluación del Adjudicatario, la admisión del Impugnante 2 y el otorgamiento de la buena pro. Asimismo, el Impugnante 2 quedó en segundo lugar en orden de prelación, cuestionando la admisión del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante 1 quedó en tercer lugar en orden de prelación y el Impugnante 2 en segundo lugar.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho de los recursos de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante 1 y 2 en su interés legítimo como postores de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la admisión y evaluación del Adjudicatario y de sus respectivas ofertas, así como el otorgamiento de la buena pro a su favor, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuentan con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

IV. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante 1 solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se declaren no admitidas las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2

y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se disponga un nuevo orden de prelación y se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

• Por su parte, el Impugnante 2 solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario o, subsidiariamente, se

disponga su descalificación por incumplir el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”. ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y se le otorgue a su favor.

• A su turno, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

ii. Se retire al Impugnante 1 el puntaje otorgado en el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”. iii. Se retire al Impugnante 2 el puntaje otorgado en el factor de evaluación “Plazo de entrega”.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación del Impugnante 1, el 12 de octubre de 2026 y con el recurso de apelación del Impugnante 2, el 15 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 y 20 de octubre del mismo año, respectivamente. Sobre el particular, se aprecia que el Adjudicatario, mediante escritos presentados el 15 y 20 de octubre de 2026, absolvió los traslados de los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 1 y 2, respectivamente. Asimismo, el Impugnante 2, mediante Escrito N.º 01, presentado el 15 de octubre de 2026, absolvió el traslado del recurso de apelación del Impugnante 1. En consecuencia, al haberse presentado dichos escritos dentro de los plazos establecidos, corresponde considerar los cuestionamientos formulados en ellos para la fijación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes: Respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1:

• Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del

Adjudicatario, por el presunto incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental correspondientes a las instalaciones del fabricante y a su propio almacén y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Adjudicatario respecto del factor de evaluación “Plazo de entrega”, y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iii. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Impugnante 2, por el presunto incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental correspondientes a la planta y/o almacén del fabricante del producto ofertado. iv. Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante 1 respecto de los factores de evaluación “Sostenibilidad ambiental” e “Integridad en la contratación pública”, por los cuestionamientos referidos a la autenticidad y a la acreditación del organismo certificador.

• Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del

Impugnante 1 respecto del factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, por haber presentado un certificado correspondiente a la versión ISO 37001:2016. Respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2 vi. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario, por el presunto incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. vii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario, por el presunto incumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. viii. Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante 2 respecto del factor de evaluación “Plazo de entrega”. ix. Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante 1 o 2, según corresponda.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario, por el presunto incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental correspondientes a las instalaciones del fabricante y a su propio almacén y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Conforme fluye de los antecedentes, mediante su recurso de apelación, el

Impugnante 1 cuestionó la admisión de la oferta del Adjudicatario, alegando que la documentación presentada no acredita el cumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental previstas en las bases integradas. Respecto de las instalaciones del fabricante, señala que los certificados de saneamiento ambiental presentados corresponden a una “Conservería – Planta de leche evaporada” y que el servicio de desratización se encuentra referido a “Exteriores”, por lo que considera que no se acredita el tratamiento de las instalaciones exigidas. Respecto del almacén propio del Adjudicatario, sostiene que no presentó el certificado de limpieza y desinfección de reservorios de agua ni la declaración jurada simple que acreditara la inexistencia de cisternas, tanques elevados o reservorios y el abastecimiento directo de agua potable de la red pública. Precisa que, en su lugar, presentó documentación relativa a la limpieza y desinfección de un pozo séptico, instalación distinta de los reservorios de agua exigidos en las bases integradas.

• A su turno, la Entidad sostiene que el Adjudicatario presentó la documentación de

saneamiento ambiental correspondiente al fabricante y a su propio almacén. Respecto de este último, considera que no se ha acreditado la existencia de cisternas, tanques elevados o reservorios de agua, por lo que no resultaría exigible el certificado de limpieza y desinfección cuestionado. Cabe señalar que, dicha posición fue reiterada en su informe complementario.

• Por su parte, el Adjudicatario sostiene que cumplió con presentar la

documentación de saneamiento ambiental exigida en las bases integradas, tanto respecto de las instalaciones del fabricante como de su propio almacén. Asimismo, señala que no se ha demostrado que este último cuente con reservorios de agua que hagan exigible el certificado de limpieza y desinfección correspondiente, posición que considera respaldada por los informes de la Entidad.

• Atendiendo a los cuestionamientos formulados por el Impugnante 1, corresponde

remitirnos a las bases integradas, a fin de determinar si el Adjudicatario cumplió con acreditar dichas exigencias.

• Así, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las

bases integradas, se estableció, como parte de la documentación obligatoria para la admisión de ofertas, la presentación del certificado de saneamiento ambiental vigente correspondiente a las instalaciones del fabricante y de la empresa comercializadora del producto ofertado, con el siguiente contenido:

Conforme se desprende del mismo literal g), mediante una nota aclaratoria se precisó que la limpieza y desinfección de reservorios de agua sería exigible cuando el establecimiento contara físicamente con cisternas, tanques elevados o reservorios. En caso de abastecerse directamente de la red pública de agua potable y carecer de dichas instalaciones, el postor debía presentar una declaración jurada simple que informara dicha condición.

De igual manera, se estableció que, cuando el postor fuera un distribuidor que almacenara el producto ofertado, debía presentar, adicionalmente a la documentación del fabricante, el certificado de saneamiento ambiental vigente de su propio almacén, incluida la documentación correspondiente a la limpieza y desinfección de reservorios de agua o la declaración jurada respectiva.

• De las disposiciones citadas, se advierte que las bases integradas establecieron

exigencias diferenciadas de saneamiento ambiental según la modalidad de participación del postor. Así, contemplaron tres supuestos: i) cuando el postor es fabricante del producto; ii) cuando es distribuidor y almacena el producto ofertado, supuesto en el cual debe presentar, adicionalmente a la documentación del fabricante, la correspondiente a su propio almacén; y iii) cuando es distribuidor y se limita a recoger el producto del almacén del fabricante para entregarlo directamente a la Entidad, supuesto en el que se encuentra eximido de presentar documentación de saneamiento ambiental de un almacén propio.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que este

presentó documentación de saneamiento ambiental correspondiente a un almacén propio, ubicado en la calle 25 de Diciembre N.º 160, sector Valdivia Baja, Huanchaco, Trujillo, conforme al certificado y su respectiva ficha técnica obrantes a folios 39 y 40 (reproducidas más adelante). Asimismo, en su escrito de absolución del 20 de octubre de 2026 (página 6), el Adjudicatario reconoce expresamente que es un distribuidor que almacena el producto. A continuación se reproduce el extracto mencionado:

• En ese sentido, atendiendo a la documentación presentada y, adicionalmente, a lo

manifestado por el propio Adjudicatario, se advierte que le resultaban aplicables las exigencias establecidas en las bases integradas para los distribuidores que almacenan el producto ofertado.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, a folios

39 y 40, presentó el Certificado de Saneamiento Ambiental N.º 0020854, emitido por PROTEK PERÚ GROUP S.A.C., y su respectiva ficha técnica, correspondientes al almacén ubicado en la calle 25 de Diciembre N.º 160, sector Valdivia Baja, Huanchaco, Trujillo. En dichos documentos se consignan las actividades de desinfección, desinsectación, desratización y limpieza y desinfección de tanques sépticos, conforme se aprecia a continuación:

• Sobre el particular, se advierte que la documentación presentada acredita la

realización de determinadas actividades de saneamiento ambiental en el almacén del Adjudicatario; sin embargo, no consigna la limpieza y desinfección de cisternas, tanques elevados o reservorios de agua.

• Además, si bien la ficha técnica hace referencia a la limpieza y desinfección de

tanques sépticos, cabe precisar que dicha actividad es distinta de la limpieza y desinfección de reservorios de agua. Al respecto, la Norma Sanitaria aprobada mediante Resolución Ministerial N.º 449-2001-SA/DM regula ambas actividades de manera diferenciada, destinando su capítulo VI a la limpieza y desinfección de reservorios de agua y su capítulo VII a la limpieza de tanques sépticos. Por tanto, la documentación que acredita la limpieza de tanques sépticos no permite acreditar la limpieza y desinfección de reservorios de agua exigida en las bases integradas, al tratarse de actividades de saneamiento ambiental distintas.

• Asimismo, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, no se advierte la

presentación de una declaración jurada simple mediante la cual hubiera informado que su almacén carecía de cisternas, tanques elevados o reservorios de agua y que se abastecía directamente de la red pública de agua potable, conforme a la alternativa expresamente prevista en las bases integradas.

• Cabe precisar que, si bien a folio 30 de la oferta obra documentación relativa a la

limpieza y desinfección de reservorios de agua, esta corresponde a las instalaciones del fabricante Leche Gloria S.A. y no al almacén propio del Adjudicatario, conforme se aprecia de la siguiente imagen: Por tanto, dicho documento no permite acreditar el cumplimiento de la exigencia cuestionada, toda vez que las bases integradas establecieron obligaciones documentales diferenciadas para las instalaciones del fabricante y las del distribuidor que almacena el producto ofertado.

• Por consiguiente, se advierte que el Adjudicatario no acreditó ninguno de los dos

supuestos establecidos para cumplir con dicha exigencia documental.

• En este punto, es importante traer al análisis los argumentos de la Entidad y el

Adjudicatario, quienes han señalado que no se ha demostrado la existencia de reservorios de agua en el almacén. Al respecto, debe tenerse claro que las bases integradas contemplaron expresamente la presentación de una declaración jurada simple para el supuesto de que el establecimiento careciera de dichas instalaciones y se abasteciera directamente de la red pública. En tal sentido, correspondía al Adjudicatario presentar la documentación que acreditara el cumplimiento de las exigencias aplicables a su almacén, sin que dicha obligación pudiera trasladarse al Impugnante 1.

• Cabe precisar que la presentación de una declaración jurada general de

cumplimiento de las bases integradas tampoco sustituye la documentación específica exigida en el literal g) del numeral 2.2.1.1, pues esta debía formar parte de la oferta para acreditar las condiciones de saneamiento ambiental correspondientes al almacén.

• En ese contexto, este Colegiado advierte que, en el presente caso, el Adjudicatario

no cumplió con acreditar la exigencia de saneamiento ambiental correspondiente a los reservorios de agua de su propio almacén, conforme a las disposiciones expresas de las bases integradas.

• Cabe precisar que, dicha omisión resulta relevante, toda vez que la documentación

cuestionada constituye un requisito obligatorio para la admisión de ofertas, cuyo cumplimiento debía verificarse a partir de los documentos presentados por el postor.

• Por tanto, corresponde declarar fundada la pretensión del Impugnante 1, referida

a declarar no admitida la oferta del Adjudicatario.

Asimismo, al haberse determinado que la oferta del Adjudicatario no cumple con una exigencia obligatoria para su admisión, corresponde revocar el otorgamiento de la buena pro efectuado a su favor.

• Finalmente, considerando que se ha determinado que corresponde revocar la

admisión de la oferta del Adjudicatario, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el segundo y séptimo puntos controvertidos, referidos, respectivamente, al cuestionamiento formulado por el Impugnante 1 contra la evaluación de dicha oferta en el factor “Plazo de entrega” y al cuestionamiento formulado por el Impugnante 2 respecto del requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, toda vez que su análisis no modificaría la condición de no admitida de la oferta del Adjudicatario. Asimismo, cabe precisar que el sexto punto controvertido, referido al incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental de la oferta del Adjudicatario (según lo señalado por el Impugnante 2), coincide con el cuestionamiento formulado por el Impugnante 1 en el presente punto controvertido, el cual ha sido amparado por este Colegiado. En consecuencia, al haberse determinado que corresponde tener por no admitida la oferta del Adjudicatario, conforme al análisis efectuado, de igual modo, resulta fundada la pretensión del Impugnante 2 en este extremo. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Impugnante 2, por el presunto incumplimiento de las exigencias de saneamiento ambiental correspondientes a la planta y/o almacén del fabricante del producto ofertado.

• Mediante su recurso de apelación, el Impugnante 1 cuestionó la admisión de la

oferta del Impugnante 2, señalando que el certificado de saneamiento ambiental presentado para acreditar la actividad de desratización del fabricante Leche Gloria S.A. consigna como área tratada “EXTERIORES”, sin identificar que dicha actividad se hubiera realizado en la planta o almacén del fabricante. Por tanto, sostiene que dicho documento no acredita el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases integradas.

• Por su parte, el Impugnante 2, mediante Escrito N.º 01, absolvió el traslado del

recurso de apelación del Impugnante 1, señalando que participa bajo la modalidad de distribuidor que recoge el producto directamente de las instalaciones del fabricante para su entrega a la Entidad, sin efectuar almacenamiento propio. Asimismo, sostiene que la documentación de saneamiento ambiental presentada corresponde al fabricante Leche Gloria S.A. y acredita el cumplimiento de las exigencias establecidas en las bases integradas.

• A su turno, la Entidad, mediante el Informe Técnico Legal N.º 001-2026-UGEL-

ASCOPE, sostiene que la documentación presentada por el Impugnante 2 cumple con las exigencias de saneamiento ambiental, pues la referencia a “EXTERIORES” debe entenderse comprendida dentro de las instalaciones del fabricante,

establecimiento.

• Al respecto, a fin de resolver la presente controversia, corresponde remitirnos a

las bases integradas que rigen el procedimiento de selección.

• Así, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las

bases integradas, se estableció la presentación de documentación de saneamiento ambiental vigente correspondiente a las instalaciones del fabricante y, según la modalidad de participación del postor, de la empresa comercializadora del producto ofertado. De dicho apartado, se advierte que las bases integradas establecieron exigencias diferenciadas según la modalidad de participación del postor. Así, cuando el postor es fabricante, corresponde acreditar el saneamiento ambiental de sus instalaciones; cuando es distribuidor que almacena el producto ofertado, debe presentar, adicionalmente a la documentación del fabricante, la correspondiente a su propio almacén; y cuando es distribuidor que recoge el producto directamente de las instalaciones del fabricante para entregarlo a la Entidad, sin efectuar almacenamiento propio, le corresponde acreditar las condiciones de saneamiento ambiental de las instalaciones del fabricante.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante 2, se advierte que, a folio

47, presentó una declaración jurada denominada “Declaración jurada de ser distribuidor del producto”, en la cual señala que participa como distribuidor autorizado de Leche Gloria S.A. y que recoge el producto sellado en los almacenes del fabricante para trasladarlo directamente a los almacenes de la Entidad, sin almacenarlo en un establecimiento propio, conforme se aprecia a continuación:

• En atención a lo declarado por el propio Impugnante 2, se advierte que participa

bajo la modalidad de distribuidor que no almacena el producto ofertado, por lo que le correspondía presentar la documentación de saneamiento ambiental de las instalaciones del fabricante, conforme a las exigencias previstas en las bases integradas.

• En ese contexto, de la revisión de la oferta del Impugnante 2, se advierte que, a

folios 20 al 22, presentó los siguientes certificados de saneamiento ambiental, emitidos por LÓPEZ Servicios Ambientales E.I.R.L. a favor de Leche Gloria S.A.:

• Certificado N.º 331-2026, correspondiente a la actividad de desinfección.
• Certificado N.º 310-2026, correspondiente a la actividad de desratización.
• Certificado N.º 302-2026, correspondiente a la actividad de desinsectación.

En particular, en el Certificado N.º 310-2026, obrante a folio 21, se consigna como establecimiento a Leche Gloria S.A., ubicado en la avenida General Diez Canseco N.º 527, Cercado de Arequipa, con giro “Alimentos” y como área tratada “EXTERIORES”, conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, si bien el referido certificado identifica a Leche Gloria S.A. y consigna

una dirección correspondiente a su establecimiento, se advierte que el área tratada para la actividad de desratización se encuentra identificada únicamente como “EXTERIORES”, sin precisar si comprende la planta o el almacén del fabricante. En ese sentido, la sola identificación del fabricante como establecimiento no permite tener por acreditada la instalación exigida, cuando el área específicamente consignada para la actividad de desratización es “EXTERIORES”, sin identificar que dicha área corresponda a la planta o al almacén del fabricante.

• Cabe precisar que no se cuestiona la realización de la actividad de desratización

consignada en el certificado, sino que la documentación presentada no permite determinar que dicha actividad se haya efectuado en las instalaciones específicamente exigidas por las bases integradas, esto es, planta o almacén del fabricante.

Toda vez que, la referencia a “EXTERIORES” constituye una descripción general del área intervenida, que no permite establecer, por sí sola, su correspondencia con la planta o el almacén del fabricante. Por tanto, no corresponde asumir que dicha denominación comprende necesariamente las instalaciones requeridas, cuando ello no se desprende expresamente del documento presentado.

• Asimismo, si bien los demás certificados de saneamiento ambiental presentados

identifican al mismo fabricante y su establecimiento, ello no subsana la falta de precisión advertida en el certificado de desratización, toda vez que cada documento acredita una actividad específica y debe permitir verificar su cumplimiento respecto de las instalaciones exigidas.

• En cuanto a lo señalado por el Impugnante 2 y la Entidad, respecto de que los

certificados corresponden a las instalaciones del fabricante Leche Gloria S.A., corresponde precisar que dicho extremo no se encuentra en discusión, pues el certificado cuestionado identifica expresamente a dicha empresa. Sin embargo, lo que se cuestiona es que la actividad de desratización haya sido acreditada respecto de la planta o almacén del fabricante, conforme a las exigencias de las bases integradas. En ese sentido, la identificación del fabricante y de su dirección no permite superar la falta de precisión del área tratada, pues no corresponde a este Colegiado o al comité presumir que la denominación “EXTERIORES” comprende necesariamente las instalaciones exigidas.

• Cabe señalar que correspondía al Impugnante 2 presentar documentación que

permitiera verificar de manera objetiva el cumplimiento de las exigencias previstas en las bases integradas. En tal sentido, no resulta suficiente sostener que el área consignada en el certificado forma parte del establecimiento del fabricante, cuando dicha correspondencia no se encuentra acreditada en el propio documento. De lo contrario, aceptar una interpretación distinta supondría tener por cumplida la exigencia a partir de una inferencia que no se desprende de la oferta, pese a que le correspondía al Impugnante 2 acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas para su admisión de manera clara y precisa.

• En consecuencia, este Colegiado advierte que, en el presente caso, el Impugnante

2 no acreditó debidamente la actividad de desratización correspondiente a las instalaciones del fabricante, conforme a las exigencias de saneamiento ambiental previstas en las bases integradas.

• Por tanto, corresponde declarar fundada la pretensión del Impugnante 1 en este

extremo y, en consecuencia, declarar no admitida la oferta del Impugnante 2.

• Por otra parte, considerando que se ha determinado que corresponde no admitir

la oferta del Impugnante 2, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos formulados contra la oferta de dicho postor, sobre el octavo punto controvertido, respecto del cuestionamiento del Adjudicatario sobre la evaluación del factor “Plazo de entrega”, toda vez que su condición de no admitido no variará. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante 1 respecto de los factores de evaluación “Sostenibilidad ambiental” e “Integridad en la contratación pública”, por los cuestionamientos referidos a la autenticidad y a la acreditación del organismo certificador.

• El Adjudicatario, al absolver el traslado del recurso de apelación del Impugnante 1,

cuestionó los certificados ISO 14001:2015 e ISO 37001:2016 presentados por dicho postor para acreditar los factores de evaluación “Sostenibilidad ambiental” e “Integridad en la contratación pública”, respectivamente. Sostiene que, al efectuar su consulta en la página web del organismo certificador, obtuvo como resultado el mensaje “No records found”, por lo que cuestiona la autenticidad de dichos documentos. Asimismo, respecto del certificado ISO 37001:2016, alega que el organismo certificador no contaría con la acreditación exigida en las bases integradas, por lo que no correspondería otorgar los cinco (5) puntos de dicho factor.

• Por su parte, la Entidad, mediante el Informe Técnico-Legal Complementario,

señala que la consulta realizada en portales web externos constituye un indicio, pero no resulta suficiente para determinar la falsedad o inexactitud de los certificados ISO 14001:2015 e ISO 37001:2016 presentados por el Impugnante 1.

En ese sentido, considera necesario efectuar actuaciones de fiscalización posterior mediante la confirmación directa con el organismo emisor y recomienda que este Tribunal valore las respuestas institucionales que se obtengan, conforme a las facultades previstas en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Cabe precisar que, el Impugnante 1 no se ha pronunciado respecto de dichos

cuestionamientos.

• Al respecto, a fin de resolver los cuestionamientos planteados, corresponde

remitirnos a las bases integradas que rigen el procedimiento de selección.

• Así, en el literal D del numeral 4.2 del capítulo IV, referido al factor de evaluación

“Sostenibilidad ambiental”, se estableció que se otorgarían cinco (5) puntos al postor que acreditara la implementación de un sistema de gestión ambiental conforme al estándar ISO 14001 o su equivalente. Para ello, debía presentar copia del certificado a su nombre, correspondiente a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, vigente a la fecha de presentación de ofertas y cuyo alcance comprendiera, como mínimo, el almacenamiento, distribución o comercialización de productos alimenticios. Según se advierte a continuación:

Por su parte, en el literal E del mismo numeral, correspondiente al factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, se estableció que se otorgarían cinco (5) puntos al postor que acreditara la implementación de un sistema de gestión antisoborno mediante un certificado ISO 37001:2025 o su equivalente, emitido por un organismo de certificación acreditado ante el INACAL u otro organismo acreditador con reconocimiento internacional. Asimismo, se exigió que el certificado correspondiera a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y estuviera vigente a la fecha de presentación de ofertas. Según se advierte a continuación:

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante 1, se advierte que, a folios

57 y 58, presentó un certificado de registro ISO 14001:2015, correspondiente al sistema de gestión ambiental, emitido a nombre de Santos Miguel Carranza Gutiérrez por QRO Certification LLP, con fecha de certificación 7 de enero de 2026 y vigencia hasta el 6 de enero de 2029. Asimismo, el documento contiene un anexo en el que se describen las actividades comprendidas en el alcance de la certificación, entre ellas, la comercialización, almacenamiento y distribución de productos alimenticios. Según se aprecia de la siguiente imagen:

• De igual manera, a folios 59 y 60 de su oferta, presentó un certificado de registro

ISO 37001:2016, correspondiente al sistema de gestión antisoborno, emitido a su nombre por QRO Certification LLP, con fecha de certificación 5 de noviembre de 2025 y vigencia hasta el 4 de noviembre de 2028, acompañado del anexo que detalla las actividades comprendidas en su alcance.

• Sobre el particular, corresponde señalar que el cuestionamiento del Adjudicatario

se sustenta, principalmente, en el resultado de una consulta que habría efectuado en la página web del organismo certificador, en la que, según refiere, no se encontraron registros de los certificados presentados por el Impugnante 1. Sin embargo, este Colegiado ha efectuado la consulta de los certificados cuestionados en la página web https://www.iafcertsearch.org/ , verificando que ambos se encuentran registrados y que la información consignada permite identificar las certificaciones emitidas a favor del Impugnante 1, conforme se aprecia a continuación:

CONSULTA DEL CERTIFICADO ISO 14001:2015

CONSULTA DEL CERTIFICADO ISO 37001:2016

• En ese sentido, carece de asidero lo afirmado por el Adjudicatario, pues se ha

constatado la existencia de registros correspondientes a los certificados cuestionados.

• Por otra parte, respecto del cuestionamiento referido a la acreditación del

organismo certificador del ISO 37001:2016, debe tenerse presente que las bases integradas admitieron expresamente certificados emitidos por organismos de certificación acreditados ante el INACAL o ante otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. Por tanto, no se estableció como única posibilidad que la acreditación proviniera del INACAL.

• En el presente caso, del certificado ISO 37001:2016 presentado por el Impugnante

1 se advierte que fue emitido por QRO Certification LLP y que contiene referencias a EGAC, así como a organismos y mecanismos internacionales de acreditación. En ese contexto, corresponde verificar la condición del organismo acreditador y el reconocimiento correspondiente, conforme a las exigencias de las bases integradas.

• Sobre este extremo, de la consulta efectuada por este Colegiado en la página web

https://www.iafcertsearch.org/, plataforma de consulta de la International Accreditation Forum (IAF), se identifica a QRO Certification LLP como organismo certificador, al Consejo de Acreditación Egipcio (EGAC) como organismo acreditador y a la IAF como asociación de acreditación, conforme se aprecia a continuación:

En ese sentido, la información obtenida permite identificar al organismo que acredita a QRO Certification LLP y su vinculación con el sistema internacional de acreditación. Por tanto, contrariamente a lo sostenido por el Adjudicatario, se aprecia elementos objetivos que respaldan la acreditación del organismo certificador, sin que aquel haya aportado medios probatorios suficientes para desvirtuar dicha información.

• En consecuencia, no resulta amparable el cuestionamiento formulado por el

Adjudicatario respecto de la acreditación del organismo certificador, por lo que corresponde mantener la evaluación efectuada en este extremo, sin perjuicio del análisis que se realizará en el siguiente punto controvertido respecto de la versión de la norma ISO 37001 presentada por el Impugnante 1.

• Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que los

cuestionamientos del Adjudicatario referidos a la presunta falta de autenticidad de los certificados ISO 14001:2015 e ISO 37001:2016, así como a la acreditación del organismo certificador, no resultan amparables. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante 1 respecto del factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, por haber presentado un certificado correspondiente a la versión ISO 37001:2016.

• El Impugnante 2, al absolver el traslado del recurso de apelación interpuesto por

el Impugnante 1, cuestionó el otorgamiento de los cinco (5) puntos correspondientes al factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, pues sostiene que el Impugnante 1 presentó un certificado ISO 37001:2016, pese a que las bases integradas exigían la versión ISO 37001:2025. En ese sentido, considera que dicho certificado no cumple con lo requerido y que corresponde retirar el puntaje otorgado. Asimismo, invoca la Resolución N.º 06359-2026-TCP- S2 en sustento de su posición.

• Por su parte, la Entidad no emitió un pronunciamiento específico respecto del

cuestionamiento formulado por el Impugnante 2 sobre la versión de la norma ISO 37001 exigida en las bases integradas.

• Por su parte, el Impugnante 1 no presentó argumentos de defensa respecto del

cuestionamiento formulado por el Impugnante 2.

• A fin de absolver la presente controversia, corresponde recordar que las bases

integradas, en el literal E) Integridad en la contratación pública, del Capítulo IV Evaluación de ofertas, establece que se asignaría cinco (5) puntos al postor que acredite la implementación de un sistema de gestión antisoborno, conforme con la norma ISO 37001:2025 o la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001), emitido por un Organismo de Certificación acreditado por INACAL o por otro organismo acreditador con reconocimiento internacional.

• Al respecto, se advierte que, a folios 59 y 60 de la oferta del Impugnante 1,

presentó un certificado de registro ISO 37001:2016, correspondiente al sistema de gestión antisoborno, emitido a su nombre por QRO Certification LLP, con fecha de certificación 5 de noviembre de 2025 y vigencia hasta el 4 de noviembre de 2028, acompañado del anexo que detalla las actividades comprendidas en su alcance.

• Respecto al cuestionamiento relacionado a que la Certificación del ISO 37001:2016

no cumple con lo exigido en las bases integradas, ISO 37001:2025, corresponde remitirnos al ámbito técnico que regula dichas certificaciones, en particular al proceso de transición entre la versión ISO 37001:2016 y la versión ISO 37001:2025. Sobre el particular, el International Accreditation Forum (IAF) ha establecido disposiciones para la adopción de la ISO 37001:2025 mediante el documento IAF MD 30:2025 – Transition Requirements for ISO 37001:20251, en el cual se prevé un 1 https://iaf.nu/iaf_system/uploads/documents/IAF_MD_30_Transition_Requirements_for_ISO_37001_2025_Issue_1.pdf período de transición de dos (2) años para la migración desde la versión ISO 37001:2016 hacia la versión ISO 37001:2025, fijándose dicho plazo hasta el 28 de febrero de 2027. Asimismo, se dispone que las certificaciones iniciales y recertificaciones deberán realizarse exclusivamente bajo la versión 2025, a más tardar, a partir del 31 de agosto de 2026. A continuación, se expone lo indicado: Información extraída del documento IAF MD 30:2025 – Transition Requirements for ISO 37001:2025, emitido por el International Accreditation Forum (IAF).

• Como se aprecia, dicho calendario coincide con el consignado en el comunicado

del INACAL del 26 de marzo de 2026 , referido a la “Actualización de la Norma ISO 37001:2025 y periodo de transición”, el cual indica que, actualmente, existe un periodo de transición para la implementación de la nueva versión de la norma ISO 37001:2025, el cual se extenderá hasta el 28 de febrero de 2027. En consecuencia, en dicho periodo de transición coexisten válidamente tanto los certificados emitidos bajo la versión 2016 como aquellos emitidos bajo la versión 2025.

• En este escenario, no resulta razonable no considerar la documentación

presentada por el postor cuando esta se encuentra emitida bajo una versión vigente y reconocida dentro del periodo oficial de transición, más aún cuando el contenido de la certificación no varía en su finalidad.

• En ese sentido, si bien las bases integradas exigieron la presentación de un

certificado conforme a la norma ISO 37001:2025 o a la Norma Técnica Peruana equivalente, lo cierto es que, al momento en que se desarrolló el presente procedimiento de selección, se encontraba vigente el régimen internacional de transición aprobado para la migración desde la versión ISO 37001:2016 hacia la versión ISO 37001:2025. Por lo tanto, la sola presentación de un certificado emitido bajo la versión 2016 o la del 2025 no podía ser considerada, por sí misma, como un incumplimiento del factor de evaluación, sin previamente verificar si dicha versión mantenía validez dentro del cronograma oficial de transición.

• En ese sentido, corresponde precisar que el análisis de este extremo no puede

agotarse en una lectura aislada de las bases integradas, sino que debe efectuarse atendiendo también al marco técnico que regula la transición entre la versión ISO 37001:2016 a la versión ISO 37001:2025.

• Sobre este aspecto, debe tenerse en cuenta que las actualizaciones de las normas

ISO responden a procesos de revisión y modernización de estándares internacionales, lo que no implica que la nueva versión desnaturalice o contradiga el propósito de la versión anterior.

• En adición a ello, se advierte que la entrada en vigencia de la versión ISO

37001:2025 no implicó la pérdida automática e inmediata de validez de los certificados emitidos bajo la versión ISO 37001:2016, ni mucho menos en sentido contrario. Es más, el propio marco técnico internacional prevé una coexistencia temporal entre ambas versiones, a fin de permitir una migración ordenada por parte de los organismos de acreditación, las entidades certificadoras y las organizaciones certificadas. En consecuencia, mientras no haya culminado el período de transición, la versión 2016 conserva aptitud para acreditar la implementación de un sistema de gestión antisoborno y la nueva versión 2025 es totalmente válida para acreditar dicho sistema.

• En tal sentido, en el caso concreto, considerar válida para el cumplimiento del

factor de evaluación materia de controversia, únicamente la versión ISO 37001:2025, dejando de lado el periodo de transición descrito y la validez de la versión 2016, implica priorizar una formalidad que desvirtúa el objetivo real del factor de evaluación.

• En consecuencia, la sola presentación de un certificado emitido bajo la versión

2016 no podía ser entendida, por sí misma, como un incumplimiento del factor de evaluación, dado que ambas versiones ISO (2016 y 2025) tienen por objeto establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión antisoborno, dado que una lectura distinta implica un criterio excesivamente restrictivo y limitante, además de desconocer el periodo de transición y de vigencias antes expuesto.

• Así, puede concluirse que lo relevante para el factor de evaluación analizado era

verificar que el postor contara con una certificación vigente de su sistema de gestión antisoborno, emitida por un organismo acreditado, y no descartarla únicamente por la existencia de una nueva versión, dado que ello desconoce la vigencia de la versión 2016.

• En ese sentido, se aprecia que el cuestionamiento del Impugnante 2 sobre la

acreditación del factor de evaluación objeto del presente análisis es restrictivo y no solo desconoce la finalidad de dicho factor, sino que también ignora las disposiciones emitidas por los organismos internacionales a cargo de la certificación ISO respecto de la transición entre una versión y otra de la norma técnica aplicable.

• Cabe precisar que, si bien las bases hacen referencia a la nueva versión, ello no

supone desconocer la validez de certificado emitido con base a la versión del 2016 que aún se encuentra vigente y es válida, en atención al periodo de transición establecido por los entes competentes, resultando válidas ambas versiones a la fecha.

• Cabe recalcar que dicho factor de evaluación tiene por objeto verificar que el

postor cuente con un sistema de gestión antisoborno implementado y vigente, lo cual ha sido acreditado por el Impugnante 1 mediante certificado vigente emitido bajo la norma ISO 37001:2016. Corresponde reiterar que, conforme al marco técnico internacional y al pronunciamiento del INACAL, la vigencia de la norma ISO 37001:2016 se mantiene durante el periodo de transición hacia la versión ISO 37001:2025, por lo que, durante dicho periodo, la presentación de ambas versiones (ISO 37001:2016 o ISO 37001:2025) no puede ser considerada como un incumplimiento del factor de evaluación, en tanto constituye un medio idóneo para acreditar la implementación de dicho sistema.

• Cabe tener presente que, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, se

encuentran publicadas y vigentes las bases estándar actualizadas, desde enero de 2026, en las que se contempla la exigencia del “certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001)”, lo que evidencia no solo la norma ISO 37001:2025 como reemplazo de la norma ISO 37001:2016, sino que, además, prevé la posibilidad de acreditar la Norma Técnica Peruana equivalente, sin restricción alguna sobre su antecedente, es decir, indistintamente sobre si proviene de la NTP-ISO 37001:2016 o 2025, cuyos

• Por lo tanto, exigir de manera excluyente la versión ISO 37001:2025, sin considerar

el régimen de transición vigente, supone una interpretación restrictiva y desproporcionada de las bases, que privilegia formalidades por encima de la acreditación efectiva de las condiciones evaluadas.

• Cabe mencionar que la Resolución N.º 06359-2026-TCP-S2 invocada por el

Impugnante 2 no constituye precedente de observancia obligatoria y, además, el criterio desarrollado en la presente resolución, referido a la validez de las certificaciones ISO 37001 durante el periodo de transición entre las versiones 2016 y 2025, ha sido recogido en las Resoluciones Nos 4323-2026-TCP-S5, 4331-2026- TCP-S1 y Resolución N° 5431-2026-TCP-S3, en las cuales se reconoció la validez de certificados emitidos bajo la versión ISO 37001:2016 aun cuando las bases exigían la versión ISO 37001:2025, atendiendo precisamente al régimen de coexistencia de ambas versiones.

• Por las consideraciones expuestas, en el caso concreto, corresponde desestimar

los cuestionamientos del Impugnante 2 en este extremo, debiendo confirmar el puntaje de 5 puntos otorgado al Impugnante 1 en el factor “Integridad en la Contratación Pública”. NOVENO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante 1 o 2, según corresponda.

• El Impugnante 1 y 2 han solicitado que se les otorgue la buena pro. Así, conforme

al análisis desarrollado en los puntos controvertidos precedentes, este Colegiado ha determinado que corresponde revocar la admisión de las ofertas del Adjudicatario y del Impugnante 2, debiendo tenerse ambas por no admitidas.

• Por otra parte, respecto de la oferta del Impugnante 1, se ha determinado que no

corresponde amparar los cuestionamientos formulados en su contra, por lo que se mantiene su condición de admitido y calificado, así como el puntaje obtenido en la evaluación.

• En ese contexto, cabe precisar que, al haberse revocado la admisión de las ofertas

del Adjudicatario y del Impugnante 2, corresponde efectuar nuevamente la evaluación económica de las ofertas que permanecen admitidas, toda vez que la exclusión de aquellas incide en la determinación de los puntajes económicos y, consecuentemente, en el puntaje total y el orden de prelación del procedimiento de selección.

• En ese sentido, los puntajes económicos inicialmente asignados fueron calculados

admisión ha sido revocada por este Tribunal. Por tanto, no corresponde mantener dichos resultados ni establecer directamente un nuevo orden de prelación sobre la base de los puntajes anteriores. Por ello, corresponde disponer que el Comité efectúe nuevamente la evaluación económica de las ofertas que mantienen su condición de admitidas, conforme a la metodología establecida en las bases integradas y, sobre la base de los resultados obtenidos, determine los puntajes totales, el nuevo orden de prelación y el otorgamiento de la buena pro a quien corresponda.

• Por consiguiente, no corresponde amparar, en esta instancia, la pretensión del

Impugnante 1 de que se le otorgue directamente la buena pro, toda vez que previamente debe efectuarse la nueva evaluación económica. Asimismo, tampoco corresponde otorgar la buena pro al Impugnante 2, considerando que su oferta ha sido declarada no admitida.

• En razón de lo expuesto, este Colegiado estima que, en aplicación del literal b) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1 y fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2, conforme a los extremos amparados y desestimados en la presente resolución.

• Atendiendo a ello, corresponde disponer la devolución de las garantías

presentadas por los Impugnantes 1 y 2 por la interposición de sus recursos de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento.

• Finalmente, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la

Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE2. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de 2 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el señor

SANTOS MIGUEL CARRANZA GUTIÉRREZ (Impugnante 1), en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 2-2026-UGEL-ASCOPE-2, para la “Adquisición de tarros de leche evaporada reconstituida para el personal administrativo del D. L. Nº 276 de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope Sindicalizados a SITASE Ascope base de la federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación Regional”, siendo infundado en el extremo que solicita que se le otorgue la buena pro y fundado en los demás extremos, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la admisión de la oferta de CORPORACIÓN EMPRESARIAL ZASOJARI S.A.C., debiendo tenerse por no admitida, y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 2-2026-UGEL-ASCOPE-2. 1.2 Revocar la admisión de la oferta de NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C., debiendo tenerse por no admitida, en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 2-2026-UGEL-ASCOPE-2. 1.3 Confirmar la evaluación de la oferta de SANTOS MIGUEL CARRANZA GUTIÉRREZ, manteniendo el puntaje total de 72.47 puntos. 1.4 Disponer que el comité realice la evaluación económica, respecto de las ofertas que quedaron en competencia y, otorgue la buena pro de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 2-2026-UGEL-ASCOPE-2, a quien corresponda.

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa

NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C. (Impugnante 2), en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 2-2026-UGEL-ASCOPE-2, para la “Adquisición de tarros de leche evaporada reconstituida para el personal administrativo del D. L. Nº 276 de la Jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de Ascope Sindicalizados a SITASE Ascope base de la federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación Regional”, siendo fundado en el extremo de declarar no admitida la oferta de la empresa CORPORACIÓN EMPRESARIAL ZASOJARI S.A.C. e infundada respecto del cuestionamiento formulado contra la evaluación de la oferta de SANTOS MIGUEL CARRANZA GUTIÉRREZ, en el factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, y desestimar su pretensión de obtener la buena pro, por los fundamentos expuestos.

• Devolver las garantías otorgadas por SANTOS MIGUEL CARRANZA GUTIÉRREZ y

NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C., por la interposición de sus respectivos recursos de apelación.

• Disponer que la Entidad, al día siguiente de publicada la resolución, registre en el

SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Paz Winchez.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VOTO EN SINGULAR DEL VOCAL ERICK JOEL MENDOZA MERINO

El vocal que suscribe presente voto, discrepa respecto al criterio adoptado por mayoría, en relación al recurso de apelación interpuesto por las empresas CARRANZA GUTIERREZ SANTOS MIGUEL y NUTRICIÓN E INGENIERÍA ALIMENTARIA S.A.C. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante 1 respecto del factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, por haber presentado un certificado correspondiente a la versión ISO 37001:2016. El Impugnante 2, al absolver el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1, cuestionó el otorgamiento de los cinco (5) puntos correspondientes al factor de evaluación “Integridad en la contratación pública”, pues sostiene que el Impugnante 1 presentó un certificado ISO 37001:2016, pese a que las bases integradas exigían la versión ISO 37001:2025. En ese sentido, considera que dicho certificado no cumple con lo requerido y que corresponde retirar el puntaje otorgado. Asimismo, invoca la Resolución N.º 06359-2026-TCP-S2 en sustento de su posición. Al respecto, se advierte que, a folios 59 y 60 de la oferta del Impugnante 1, presentó un certificado de registro ISO 37001:2016, correspondiente al sistema de gestión antisoborno, emitido a su nombre por QRO Certification LLP, con fecha de certificación 5 de noviembre de 2025 y vigencia hasta el 4 de noviembre de 2028, acompañado del anexo que detalla las actividades comprendidas en su alcance:

Tal como se aprecia, el Impugnante 1 presentó un certificado que acredita la implementación de un sistema de gestión antisoborno conforme a la norma ISO 37001:2016. No obstante, dicha certificación no se ajusta a lo requerido en las bases integradas, la que expresamente solicitaban la norma ISO 37001:2025 (actualizada), debiendo haberse presentado un documento que cumpliera con este requisito vigente. Ahora bien, el Impugnante 2 indica que la certificación bajo la versión 2016 y/o 2025 es válida, siempre que se encuentre vigente a la fecha de presentación de ofertas; y que, conforme a las Resoluciones N° 4563-2026-TCP-S5, N° 03318-2026-TCP-S6 y N° 4323- 2026-TCP-S5, dicha certificación resultaría válida por encontrarse dentro del periodo de transición para la migración de la versión 2016 hacia la versión 2025, fijado hasta el 28 de febrero de 2027, por lo que la pretensión del Impugnante 1 en este extremo no correspondería ser acogida. Al respecto, debe precisarse que si bien la certificación ISO 37001:2016 mantenía su vigencia durante el periodo de transición hacia la versión ISO 37001:2025, ello no enerva el hecho de que las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, siendo de obligatorio cumplimiento tanto para la Entidad como para los postores. En ese sentido, una vez que las bases establecieron expresamente la presentación de la certificación ISO 37001:2025 para la obtención del puntaje correspondiente, los postores debían adecuar su oferta a dicha exigencia, sin que las resulte posible sustituirla por una certificación distinta, aun cuando esta se encontrara vigente dentro del régimen de transición. En ese contexto, la circunstancia de que la certificación ISO 37001:2016 mantuviera vigencia durante el periodo de transición no exime a los postores del deber de cumplir con lo expresamente requerido en las bases integradas; en consecuencia, el régimen de transición reguló la coexistencia temporal entre ambas versiones de la norma; sin embargo, no modificó ni dejó sin efecto las exigencias establecidas en las bases del procedimiento de selección, las cuales solicitaron de manera expresa la certificación ISO 37001:2025 para la asignación del puntaje correspondiente. En consecuencia, corresponde declarar fundado dicho punto controvertido en dicho extremo. En consecuencia, corresponde restar el puntaje de cinco (5) puntos al Adjudicatario y establecer un nuevo orden de prelación. ss. Mendoza Merino.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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