Resolución N.° 9580-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) el personal clave “Coordinador” debía acreditar una experiencia mínima de tres (3) años, conforme a las actividades previstas en dicho requisito. Asimismo, se dispuso que los documentos presentados para acreditar la experiencia debían contener, entre otros datos, el puesto, cargo y/o posición desempeñado, así como las fechas de inicio y culminación de la prestación”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7634/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INNOVA ENERGIA, integrado por el señor JHIERSON FRANCIS JULCARIMA VILCHEZ y la empresa SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios Nº 004-2026-ADINELSA-Tercera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de gestión comercial a los usuarios RER autónomos en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Lima e Ica - encargo especial otorgado mediante Decreto Supremo N° 036-2014-EM”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 1 de setiembre de 2026, la EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A., en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios Nº 004-2026-ADINELSA-Tercera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de gestión comercial a los usuarios RER autónomos en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Lima e Ica - encargo especial otorgado mediante Decreto Supremo N° 036-2014-EM”, con una cuantía de S/ 420,569.83 (Cuatrocientos veinte mil quinientos sesenta y nueve con 83/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 21 de setiembre de 2026, se presentaron las ofertas y, el 7 de octubre del mismo año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro a favor del postor OCHOA SIGUAS ALLEX ANDREW, en adelante el Adjudicatario, de acuerdo con los siguientes resultados: Nota: Según acta de evaluación registrada en el SEACE.

• Mediante escrito N° 01, subsanado con el Escrito N° 02, presentados el 15 y 19 de

octubre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el CONSORCIO INNOVA ENERGIA, integrado por el señor JHIERSON FRANCIS JULCARIMA VILCHEZ y la empresa SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la calificación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; de acuerdo a lo siguiente:

• Cuestiona la calificación de la oferta del Adjudicatario, por considerar que

no habría acreditado la experiencia mínima del postor ni la experiencia del personal clave (coordinador), además de advertir observaciones respecto del equipamiento estratégico y del factor de evaluación referido a la capacitación al personal de la Entidad. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad Postor Orden de prelación

ETAPAS

Resultado Admisión Calificación Ev. Técnica Oferta Ev. Econ. MYPE Puntaje Total Orden

OCHOA

SIGUAS ALLEX

ANDREW

Admitida Califica 100 S/ 330,563.27 100 - 100 1 Adjudicado

CONSORCIO

INNOVA

ENERGIA

Admitida Califica 100 S/ 385,000.00 85.86 4.72 99.06 2 Califica ii. Señala que el Adjudicatario presentó siete (7) experiencias en el Anexo N.° 11, por un monto total de S/ 108 000.00; sin embargo, cuatro (4) de ellas no contarían con la firma ni el sello del funcionario que las emitió. Se trata de las siguientes órdenes de servicio:

• Orden de Servicio N.° 2510057, por S/ 18 000.00 (folio 25).
• Orden de Servicio N.° 2410298, por S/ 18 000.00 (folio 29).
• Orden de Servicio N.° 2410036, por S/ 18 000.00 (folio 32).
• Orden de Servicio N.° 2310433, por S/ 18 000.00 (folio 36).

iii. Adicionalmente, cuestiona la Orden de Servicio N.° 2510057, pues sostiene que su fecha de emisión (30 de enero de 2025) sería anterior a la culminación del servicio. Al respecto, indica que, considerando como fecha de inicio el 13 de agosto de 2024, a dicha fecha habían transcurrido 171 días, mientras que la constancia de prestación acredita 172 días calendario, por lo que el servicio debió culminar el 31 de enero de 2025. Sobre la base de tales observaciones, sostiene que los documentos cuestionados no permiten acreditar válidamente la experiencia y que la falta de firma no constituye un defecto subsanable, pues ello supondría alterar el contenido de los documentos, conforme al artículo 78 del Reglamento. Asimismo, invoca la Resolución N.° 8048-2026-TCP-S6, señalando que los postores son responsables por el contenido de sus ofertas y que ni el comité de selección ni el Tribunal pueden interpretar o corregir la documentación presentada. Respecto de la experiencia del personal clave propuesto como Coordinador iv. Señala que el Adjudicatario se propuso a sí mismo como personal clave para el cargo de coordinador y presentó once (11) documentos para acreditar su experiencia; sin embargo, cuestiona su validez por presentar omisiones e inconsistencias respecto de la información exigida en las bases integradas. En particular, refiere que las constancias de prestación emitidas por ADINELSA no contarían con la firma ni el sello del funcionario emisor y que determinados documentos no consignarían el plazo de prestación, con las fechas de inicio y culminación, ni el cargo desempeñado, pues únicamente indicarían la condición de proveedor. Identifica, entre otros, los siguientes documentos:

• Constancia de Prestación N.° 068-2026-ADINELSA, de fecha 25 de agosto

de 2026 (folio 50).

• Constancia de Prestación N.° 043-2026-ADINELSA, de fecha 9 de junio

de 2026 (folio 52).

• Constancia de Prestación N.° 004-2026-ADINELSA, de fecha 12 de enero

de 2026 (folio 54).

• Constancia de Prestación N.° 090-2025-ADINELSA, de fecha 7 de agosto

de 2025 (folio 56).

• Constancia de Prestación N.° 018-2025-ADINELSA, de fecha 30 de enero

de 2025 (folio 58).

• Constancia de Prestación N.° 152-2024-ADINELSA, de fecha 5 de agosto

de 2024 (folio 60).

• Constancia de Prestación N.° 0085-2024-ADINELSA, de fecha 29 de mayo

de 2024 (folio 62).

• Constancia de Prestación de Servicios, de fecha 17 de julio de 2023 (folio

63).

• Constancia de Prestación de Servicios, de fecha 5 de noviembre de 2020

(folio 64).

• Certificado de trabajo, de fecha 5 de agosto de 2019.
• Certificado de prácticas profesionales, de fecha 5 de febrero de 2018.
• Alega que las constancias de prestación de servicios de 17 de julio de 2023

y 5 de noviembre de 2020 no identificarían a la entidad u organización emisora; que quien suscribe uno de los certificados no tendría la condición de representante de JEMAVIL S.A.C., pues, según la consulta realizada en SUNAT, dicha representación correspondería al señor Jesús Manuel Villanueva Díaz; y que otro de los documentos no precisaría el cargo desempeñado. En ese sentido, invoca nuevamente la Resolución N.° 8048-2026-TCP-S6 y las exigencias de las bases integradas respecto del contenido de los documentos que acreditan la experiencia del personal clave, los cuales deben consignar, entre otros datos, los nombres y apellidos del personal, el puesto o cargo desempeñado, el plazo de prestación con las fechas de inicio y culminación, la entidad u organización emisora, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

Respecto del equipamiento estratégico vi. Cuestiona el compromiso de alquiler presentado por el Adjudicatario, obrante a folio 161 de su oferta, señalando que el número de RUC consignado en dicho documento no existiría, conforme a la consulta efectuada en SUNAT. Por tal motivo, considera que dicho documento no permitiría acreditar válidamente el equipamiento estratégico requerido. Respecto del factor de evaluación referido a la capacitación al personal de la Entidad contratante vii. Sostiene que, en la declaración jurada presentada por el Adjudicatario a folio 39 de su oferta, se indica que tendría una duración superior a ocho (8) horas lectivas, académicas y/o pedagógicas, sin precisar la duración exacta ni la modalidad concreta de las horas de capacitación. Al respecto, sostiene que las horas lectivas, académicas y pedagógicas tendrían características distintas, por lo que la declaración presentada no permitiría determinar con certeza las condiciones de la capacitación ofrecida. En consecuencia, considera que no correspondería otorgar al Adjudicatario el puntaje máximo previsto para dicho factor de evaluación.

• Con decreto del 20 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación.

Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, el comprobante de depósito en Cta. Cte. 050200028 expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 26 de octubre de 2026.

• A través de escrito N° 2, presentado el 23 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso impugnativo, manifestando lo siguiente: Respecto de la experiencia del postor

• Señala que la documentación debe ser valorada de manera integral y

atendiendo a su trazabilidad, pues las órdenes de servicio señalan que las prestaciones fueron cumplidas y constituyen parte de la documentación que acredita su experiencia. Asimismo, manifiesta que las constancias cuestionadas fueron emitidas por ADINELSA, entidad pública, y que la falta de visualización de las firmas digitales constituye un error material o formal que no altera el contenido esencial de los documentos, sus datos ni los montos acreditados. Por ello, considera que resulta aplicable el artículo 78.2 del Reglamento, que permite subsanar documentos emitidos por entidades públicas, incluso cuando presentan errores formales, siempre que hayan sido expedidos antes de la presentación de ofertas. Agrega que cuenta con los documentos originales emitidos por ADINELSA, los cuales adjunta como medios probatorios para ratificar la autenticidad de las conformidades. En consecuencia, considera que el Comité de Selección debió otorgarle un plazo de tres (3) días hábiles para subsanar, invocando el artículo 78 del Reglamento, la Resolución N.° 2882-2016-TCE- S1 y la Resolución N.° 0824-2025-TCE-S3.

Finalmente, sostiene que descalificar su oferta por un defecto de visualización atribuible al sistema informático de la entidad emisora vulneraría los principios de eficiencia, competencia, predictibilidad, confianza legítima y razonabilidad, al privilegiarse una formalidad que no afecta la validez ni el contenido de la experiencia acreditada. Respecto de la experiencia del personal clave propuesto como coordinador ii. Alega que los documentos sí cuentan con las firmas de los funcionarios correspondientes y que el cargo desempeñado puede identificarse a partir de la denominación y descripción del servicio consignadas en ellos, por lo que no sería cierto que dicha información se encuentre omitida. iii. En cuanto a las constancias de prestación emitidas por ADINELSA, correspondientes a los años 2026, 2025 y 2024, afirma que las firmas de los funcionarios se encuentran correctamente consignadas y que los días y plazos de prestación han sido computados adecuadamente. Añade que, de existir algún defecto formal, este podría ser subsanado. iv. Respecto de las constancias de prestación de servicios de fechas 17 de julio de 2023 y 5 de noviembre de 2020, señala que el Consorcio Impugnante desconoce que el emisor puede ser una persona natural, por lo que no sería exigible que se identifique a una entidad u organización como emisora. Asimismo, respecto del certificado de prácticas profesionales, sostiene que el documento se encuentra firmado por el área de Administración y que goza de los principios de veracidad y licitud. Precisa que las prácticas fueron realizadas en el Área de Planificación y Proyectos de la Gerencia de Ingeniería, por lo que considera infundadas las observaciones formuladas en su contra. En ese sentido, sostiene que el Consorcio Impugnante pretende incorporar exigencias que no se encuentran previstas en la Ley N.° 32069 ni en las bases integradas, y que sus cuestionamientos son subjetivos, por lo que corresponde reconocer la validez de la documentación presentada. Respecto del equipamiento estratégico

• Menciona que el Consorcio Impugnante cuestiona el número de RUC

consignado en el compromiso de alquiler; sin embargo, precisa que el número correcto es 20601749573, el cual sí existe, mientras que la consignación de un número distinto obedecería a un error material sin trascendencia. Por tanto, considera que el documento cumple con los requisitos exigidos. Respecto del factor de evaluación referido a la capacitación al personal de la Entidad contratante vi. Señala que la declaración jurada presentada para acreditar la capacitación se encuentra conforme con las bases integradas, pues su oferta contempla una capacitación que supera las ocho (8) horas exigidas. En consecuencia, considera que la observación del Consorcio Impugnante carece de sustento. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad del Consorcio Impugnante vii. Cuestiona la experiencia presentada por el Consorcio Impugnante para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, señalando que el documento correspondiente contiene actividades que no guardan congruencia con las exigencias de las bases integradas, particularmente la actividad de impresión. Al respecto, sostiene que dicha actividad no se encuentra contemplada entre los servicios similares previstos en las bases y que no corresponde que el Comité interprete o atribuya un alcance distinto a la documentación presentada para incorporar actividades que no fueron consideradas en las reglas del procedimiento. Asimismo, manifiesta que no es posible determinar el monto correspondiente al rubro de impresión dentro de la experiencia presentada por el Consorcio Impugnante, por lo que esta no resultaría válida para acreditar el requisito de calificación. En consecuencia, solicita que también se descalifique la oferta del Consorcio Impugnante, al no haber acreditado debidamente su experiencia en la especialidad.

• El 23 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe N.° 001-

COMITE-CPA-04-2026-ADINELSA-3, mediante el cual absolvió el traslado del recurso impugnativo, concluyendo lo siguiente: Respecto de la experiencia del Adjudicatario

• Señala que las Bases Integradas establecieron que la experiencia del postor

en la especialidad podía acreditarse mediante contratos u órdenes de servicio acompañados de su respectiva conformidad o constancia de prestación, o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se encuentre fehacientemente acreditada. En ese sentido, sostiene que no corresponde añadir exigencias formales distintas de las previstas en las bases. ii. Respecto de las Constancias de Prestación N.° 090-2025-ADINELSA, N.° 018-2025-ADINELSA, N.° 152-2024-ADINELSA y N.° 085-2024-ADINELSA, cuestionadas por no visualizarse la firma y el sello del funcionario emisor, indica que estas contienen información que permite identificar a la entidad emisora, al contratista y las prestaciones ejecutadas, además de incorporar códigos QR que permiten acceder al portal institucional de ADINELSA y verificar su contenido, procedencia e identidad de sus suscriptores. Por ello, considera que la falta de representación gráfica de la firma en las copias presentadas no acredita que carezcan de autenticidad o validez, pues debe distinguirse entre la visualización de la firma y la verificación del Agrega que las cuatro constancias fueron emitidas por la propia ADINELSA, entidad que cuenta con los registros de las órdenes de servicio, conformidades y pagos correspondientes; por tanto, su emisión fue verificada por la propia entidad, en aplicación del principio de verdad material y de la presunción de veracidad, sin que exista evidencia objetiva que contradiga las prestaciones acreditadas. iii. En cuanto a la supuesta inconsistencia temporal de la Orden de Servicio N.° 2510057, precisa que el Consorcio Impugnante habría confundido dicha orden con la N.° 2410298. Señala que la primera, obrante en el folio 23 de la oferta, fue emitida el 10 de febrero de 2025 y estableció que el servicio se ejecutaría hasta el 31 de julio de 2025, por lo que su constancia resulta congruente con el plazo previsto. En cambio, las fechas del 13 de agosto de 2024 al 31 de enero de 2025 corresponden a la Orden de Servicio N.° 2410298, cuya Constancia de Prestación N.° 018-2025-ADINELSA consigna 172 días calendario. Si bien esta última lleva como fecha de encabezado el 30 de enero de 2025, la validación del código QR permitió verificar que fue suscrita digitalmente los días 3 y 4 de febrero de 2025, es decir, después de culminado el servicio. misma validez y eficacia jurídica que la manuscrita y que la constancia se perfeccionó con su suscripción. Respecto de la experiencia del Coordinador iv. Indica que las Constancias de Prestación N.° 068-2026-ADINELSA y N.° 043- 2026-ADINELSA, cuestionadas porque consignan la denominación “proveedor” en lugar del cargo, cumplen con consignar las actividades comerciales en instalaciones RER autónomas, lo cual guarda relación directa con las funciones requeridas para el Coordinador, por lo que deben valorarse atendiendo a las actividades efectivamente realizadas y no únicamente a la denominación formal consignada.

• En cuanto a las Constancias N.° 004-2026-ADINELSA, N.° 090-2025-

ADINELSA, N.° 018-2025-ADINELSA, N.° 152-2024-ADINELSA y N.° 085- 2024-ADINELSA, cuestionadas por consignar “proveedor” y no precisar las fechas completas de inicio y culminación, señala que deben evaluarse conjuntamente con las órdenes de servicio vinculadas. Así, estas últimas permiten identificar el inicio de cada contratación, mientras que las constancias consignan el plazo de ejecución de los servicios efectivamente realizados; de ese modo, su valoración integral permite determinar los periodos de prestación y el tiempo de experiencia acumulado. Añade que las actividades descritas en dichos documentos corresponden a las funciones exigidas para el cargo. vi. Asimismo, respecto de las observaciones sobre la falta de firma y sello visibles, señala que las constancias emitidas por ADINELSA contienen códigos QR que permiten verificar electrónicamente su contenido, la entidad emisora, las actividades realizadas, los periodos de prestación y la identidad de los funcionarios suscriptores. En ese sentido, considera que la falta de representación gráfica de la firma no constituye, por sí sola, evidencia suficiente para cuestionar su autenticidad o validez. Cita, además, la Resolución N.° 005055-2026/TCP-S3, respecto de la forma en que las entidades o empresas pueden emitir sus documentos. vii. Respecto de las constancias de prestación de servicios de fechas 17 de julio de 2023 y 5 de noviembre de 2020, señala que su emisor se encuentra identificado en los propios documentos: el ingeniero Juan Alejandro Vela Pizarro, persona natural que consigna sus datos de contacto y los suscribe. Añade que las bases no exigían que el emisor fuera necesariamente una persona jurídica y que ambos documentos acreditan labores de empadronamiento en campo para el Programa FISE de ADINELSA, actividades relacionadas con las funciones requeridas para el cargo. viii. De otro lado, precisa que no computó el Certificado de Trabajo de JEMAVIL S.A.C., de fecha 5 de agosto de 2019, ni el Certificado de Prácticas Profesionales de Electro Dunas S.A.A., debido a que las actividades allí consignadas, supervisor mecánico y prácticas profesionales, respectivamente, no guardaban relación directa con las funciones requeridas para el Coordinador; por tanto, las observaciones formuladas sobre tales documentos no incidían en el resultado de la evaluación. Así, reconoció un total de 1 503 días calendario, equivalentes a 4,12 años de experiencia del Coordinador. Al respecto, reconoce que en el acta de otorgamiento de la buena pro se consignaron 1 508 días (4,13 años), pues no se descontaron los cinco días de superposición; sin embargo, precisa que la corrección no modifica el puntaje asignado, ya que el profesional supera los tres años exigidos como requisito de calificación y el tramo de más de cuatro años previsto en el factor de evaluación, por el cual corresponde otorgar 35 puntos. Respecto del equipamiento estratégico ix. Alega que el compromiso de alquiler obrante en el folio 161 identifica a su emisor como NEXUSS ENTERPRISES S.A.C., consigna su domicilio, el nombre de su gerente general y representante legal, Martín Wesche Vargas, así como su DNI y firma; además, individualiza los equipos comprometidos, su cantidad, destinatario y el procedimiento de selección correspondiente. En ese sentido, precisa que el número de RUC consignado en el documento (2060174973) contiene diez dígitos, cuando debería tener once, lo que constituye un error material por omisión de un dígito. No obstante, señala que verificó en la información registral de SUNAT que el emisor existe, se encuentra activo y habido, y que su RUC correcto es 20601749573. Por ello, considera que dicho error no genera incertidumbre sobre la identidad del emisor ni altera el contenido esencial del compromiso, por lo que el requisito se encuentra acreditado. Respecto del factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”

• Sostiene que la declaración jurada presentada por el Adjudicatario,

obrante en el folio 39, señala expresamente que la capacitación tendrá una duración “superior a 08 horas lectivas, académicas y/o pedagógicas”, por lo que sí precisa la duración ofrecida y la clase de horas, utilizando la misma fórmula prevista en las Bases Integradas. Por tanto, considera que no correspondía exigir que el postor eligiera una sola categoría de horas o consignara un número exacto, pues ello supondría incorporar condiciones no previstas en las bases. Invoca la Resolución N.° 01727-2026-TCP-S2, cuyos fundamentos 51 a 54 y 237 a 243 considera aplicables, al haberse reconocido en ella la suficiencia de una declaración jurada para acreditar un factor de capacitación y la improcedencia de añadir exigencias no contempladas en las bases. En consecuencia, ratifica los 35 puntos otorgados al Adjudicatario.

• Por decreto del 26 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario,

en calidad de tercero administrado. Asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto.

• El 26 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con los

representantes del Impugnante y del Adjudicatario.

• Por decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

• Mediante Escrito N° 3 presentado el 29 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante se defendió del cuestionamiento realizado por el Adjudicatario, indicando que la Constancia cuestionada deriva del Contrato GA/L -118-2021, en el que se indica que el servicio comprendió el reparto y cobranza, los cuales suman un monto de S/ 826,761.60. Por ello, considera que su experiencia es válida.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante contra la calificación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público Abreviado, cuya cuantía asciende a S/ 420,569.83 (Cuatrocientos veinte mil quinientos sesenta y nueve con 83/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la calificación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público abreviado, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 15 de octubre de 2026,

fue publicado en el SEACE el 7 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Consorcio Impugnante presentó su recurso de apelación, escrito N° 01, subsanado con el Escrito N° 02, presentados el 15 y 19 de octubre de 2026, respectivamente, en la mesa de partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Consorcio Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se aprecia que fue firmado por el representante común del Consorcio Impugnante, el señor Jhierson Francis Julcarima Vilchez.

• El Consorcio Impugnante se encuentre impedido para participar en los

procedimientos de selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos

civiles. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte algún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Consorcio Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. La presente causal de improcedencia no resulta aplicable, pues la oferta del Consorcio Impugnante fue calificada y ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; no obstante, interpuso recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoquen dichos actos y se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, se tiene que la oferta del Consorcio Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Consorcio Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la calificación del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

IV. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque

el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• Por su parte, se advierte que el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme la calificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro

del procedimiento de selección a su favor. ii. Se descalifique la oferta del Consorcio Impugnante.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 20 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 23 del mismo mes y año.

• Sobre el particular, se aprecia que el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso

de apelación, el 23 de octubre de 2026, es decir, dentro del plazo otorgado, formulando cuestionamiento contra la oferta del Impugnante; por lo tanto, corresponde tener en cuenta sus argumentos para la fijación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes:

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no

acreditar el requisito de experiencia del personal clave – Coordinador y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar la “Experiencia del postor en la especialidad” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iii. Determinar si corresponde modificar el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la Entidad” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por no acreditar la “Experiencia del postor en la especialidad”.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección al Consorcio Impugnante.

VI. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario por no acreditar el requisito de experiencia del personal clave – Coordinador y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Conforme se desprende de los antecedentes, mediante el recurso de apelación, el

Consorcio Impugnante cuestiona la experiencia del personal clave “Coordinador”, propuesto por el Adjudicatario, el señor Allex Andrew Ochoa Siguas, señalando que los once (11) documentos presentados para acreditarla no cumplen las exigencias de las bases integradas, pues no consignan el cargo desempeñado, las fechas de inicio y culminación de los servicios ni los datos de quien los suscribe. En ese sentido, sostiene que el profesional no acredita los tres (3) años de experiencia mínima exigidos, por lo que solicita la descalificación de la oferta del Adjudicatario.

• Al respecto, a fin de resolver la presente controversia, corresponde remitirnos a

las bases integradas que rigen el procedimiento de selección, en las cuales se estableció que el personal clave «Coordinador» debía acreditar una experiencia mínima de tres (3) años, conforme a las actividades previstas en dicho requisito. Asimismo, se dispuso que los documentos presentados para acreditar la experiencia debían contener, entre otros datos, el puesto, cargo y/o posición desempeñado, así como las fechas de inicio y culminación de la prestación.

• En ese contexto, de la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que, para

acreditar la experiencia del profesional propuesto, presentó once (11) documentos, obrantes a folios 50 al 66, los cuales corresponde analizar en atención a los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante.

• En primer término, respecto de las siete (7) constancias de prestación emitidas por

ADINELSA, obrantes a folios 50, 52, 54, 56, 58, 60 y 62, se advierte que estas identifican al señor Allex Andrew Ochoa Siguas como contratista o proveedor y describen los servicios contratados. Sin embargo, no consignan expresamente el puesto, cargo y/o posición desempeñado por dicho profesional, conforme a lo exigido en las bases integradas. A continuación se reproducen dichos documentos:

• Sobre el particular, cabe precisar que la identificación del profesional como

proveedor, así como la descripción del objeto de la contratación, no equivalen a la identificación del puesto, cargo y/o posición desempeñado, pues las bases integradas exigieron expresamente que los documentos que acrediten la experiencia contengan dicha información, a efectos de permitir verificar las funciones desarrolladas por el personal propuesto y su correspondencia con la experiencia requerida.

• En ese sentido, este Colegiado considera que, en el presente caso, las referidas

constancias no permiten acreditar la experiencia del profesional conforme a las condiciones establecidas en las bases integradas, por lo que no corresponde computar los periodos consignados en ellas para determinar el cumplimiento del requisito de calificación en análisis.

• Por otra parte, respecto del certificado de prácticas profesionales obrante a folio

66, se advierte que este señala que el profesional realizó “prácticas” en el área de “Planificación y Proyectos”, durante el periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2017 y el 5 de febrero de 2018. Sin embargo, dicho documento únicamente identifica el área en la que se desarrollaron las prácticas, sin precisar el puesto, cargo y/o posición desempeñado por el profesional. Conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, se advierte nuevamente que no se ha precisado el cargo.
• En tal sentido, considerando que las bases integradas exigieron expresamente

identificar el puesto, cargo y/o posición, este Colegiado considera que las constancias de ADINELSA y el certificado de prácticas profesionales no cumple dicha condición, por lo que no corresponde computar los periodos consignados en él.

• En consecuencia, conforme al análisis precedente, corresponde considerar

únicamente los periodos acreditados mediante los documentos obrantes a folios 63, 64 y 65, cuyo tiempo acumulado asciende aproximadamente a dos (2) años y tres (3) meses, conforme al siguiente detalle: Folio Periodo acreditado Tiempo aproximado 63 02/01/2023 al 30/06/2023 6 meses 64 01/02/2020 al 31/10/2020 9 meses 65 19/07/2018 al 31/07/2019 1 año y 13 días Total 2 años, 3 meses y 13 días

• Por consiguiente, aun considerando íntegramente los periodos consignados en los

tres documentos antes señalados, se advierte que el profesional propuesto como Coordinador no alcanza los tres (3) años de experiencia mínima exigidos en las bases integradas. En consecuencia, en el presente caso, el Adjudicatario no ha logrado acreditar el cumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, por lo que corresponde amparar el cuestionamiento formulado por el Consorcio Impugnante y revocar la calificación de su oferta, debiendo tenerse por descalificada.

• Por las consideraciones expuestas, al haberse determinado que el Adjudicatario no

acreditó el monto mínimo requerido por las bases para la experiencia del personal clave, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación y, en consecuencia, descalificar su oferta, revocándose el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Finalmente, considerando que la descalificación de la oferta del Adjudicatario

determina que este no continúe en el procedimiento de selección, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el segundo y tercer punto controvertido, referidos a determinar si corresponde descalificar su oferta por no acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad” y modificar el puntaje otorgado en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la Entidad”, respectivamente, pues cualquiera que fuese el resultado de su análisis, no variaría su condición de descalificado. QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por no acreditar la “Experiencia del postor en la especialidad”.

• Mediante la absolución del traslado del recurso de apelación, el Adjudicatario

cuestiona la experiencia acreditada por el Consorcio Impugnante, señalando que dentro de los servicios invocados se encontrarían actividades de impresiones, las cuales no formarían parte de los servicios similares previstos en las bases integradas. Asimismo, sostiene que no es posible determinar qué monto corresponde específicamente a dichas actividades, por lo que no podría considerarse válido el importe total de la contratación para acreditar la experiencia requerida. En virtud de ello, solicita que se descalifique la oferta del Consorcio Impugnante.

• Por su parte, mediante Escrito N° 3 presentado el 29 de octubre de 2026, por la

mesa de partes digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante se defendió del cuestionamiento realizado por el Adjudicatario, indicando que la Constancia cuestionada deriva del Contrato GA/L -118-2021, en el que se indica que el servicio comprendió el reparto y cobranza, los cuales suman un monto de S/ 826,761.60. Por ello, considera que su experiencia es válida.

• Cabe precisar que, la Entidad no se ha pronunciado respecto del cuestionamiento

del Adjudicatario contra el Consorcio Impugnante.

• Ahora bien, a efectos de resolver la controversia, corresponde tener presente que

las bases integradas establecieron como requisito de calificación que el postor debía acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 350,000.00 (trescientos cincuenta mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los quince años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computa desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, debían acreditar una experiencia de S/ 87,500.00 (Ochenta y siete mil quinientos con 00/100 soles). Se consideran servicios similares a los siguientes: todos los servicios relacionados a Encargos Especiales otorgados por el MINEM y/u otras entidades del Estado, actividades de reparto de folletos informativos/comprobantes de servicios (suministro eléctrico, agua, telefonía) en zonas rurales, actividades de inspección y censos de viviendas rurales, entre otras necesarias para cubrir necesidades básicas, sociales y productivas, así como servicios de gestión comercial en general (toma de lecturas, reparto de recibos, cobranzas de recibos, atenciones de emergencias comerciales y técnicas) y/o actividades de toma de lectura y/o distribución de recibos de cobranzas de servicios básicos en zonas rurales y/o urbanas. Asimismo, para acreditar dicha experiencia, las bases establecieron que los postores debían presentar la copia simple de: (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con constancia de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, o comprobantes de retención electrónico emitido por SUNAT por la retención del IGV. Además, se indicó que, en caso el postor sustente su experiencia en la especialidad mediante contrataciones realizadas con privados, para acreditarla debía presentar de forma obligatoria lo indicado en el numeral (ii); no siendo posible que acredite su experiencia únicamente con la presentación de contratos u órdenes de servicio con conformidad o constancia de prestación

• Cabe precisar que el Consorcio Impugnante declaró en el Anexo N° 1 tener la

condición de micro y pequeña empresa, por lo que, le correspondía acreditar una experiencia de S/ 87,500.00 (Ochenta y siete mil quinientos con 00/100 soles).

• En ese contexto, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se advierte

que este declaró en el Anexo N.° 11 – Experiencia del postor en la especialidad, una sola experiencia, derivada del Contrato GA/L-118-2021, por el monto de S/ 1,377,936.00, conforme se aprecia a continuación:

• El Consorcio Impugnante presentó a folios 30 al 38, la siguiente documentación

para acreditar su única experiencia:

• Contrato GA/L-118-2021, suscrito con HIDRANDINA, por el “Servicio de

impresión, ordenamiento, reparto y cobranza de recibos de usuarios con instalaciones RER Autónomas (Sistemas fotovoltaicos), en las unidades de negocio de la Libertad, La Libertad Norte, Chimbote, Huaraz y Cajamarca de HIDRANDINA S.A.”, por el monto total de S/ 1,377,936.00.

• Acta de conformidad de servicio del 18 de diciembre de 2024, en el que se

identifica el objeto del contrato y el monto de S/ 1,377,936.00.

• Ahora bien, las bases integradas establecieron que se consideran servicios

similares, entre otros, los relacionados con actividades de reparto de folletos informativos o comprobantes de servicios básicos, así como servicios de gestión comercial en general, tales como el reparto y la cobranza de recibos; incluyendo, además, actividades de distribución de recibos de cobranza de servicios básicos en zonas rurales o urbanas.

• En ese contexto, de la revisión del Contrato GA/L-118-2021, se advierte que su

objeto comprende diversas actividades vinculadas con la gestión de recibos de usuarios con instalaciones RER autónomas, entre ellas, la impresión y ordenamiento, el reparto y la cobranza de recibos. Si bien la denominación del servicio comprende todas estas actividades, ello no impide identificar cuáles de ellas se encuentran comprendidas en la definición de servicios similares establecida en las bases integradas, más aún cuando el propio contrato detalla y discrimina el monto correspondiente a cada concepto. Así, de la cláusula tercera del referido contrato, denominada “Monto contractual”, se advierte que el importe total de S/ 1 377 936,00 se encuentra desagregado de la siguiente manera: Concepto Precio total por 3 años Impresión y ordenamiento de recibos de usuarios con instalaciones RER autónomas S/ 551 174,40 Reparto de recibos de usuarios con instalaciones RER autónomas S/ 590 544,00 Cobranza de recibos de usuarios con instalaciones RER autónomas S/ 236 217,60 Monto total del contrato S/ 1 377 936,00 Como se aprecia, si bien el componente referido a la impresión y ordenamiento de recibos no se encuentra comprendido en las actividades descritas como servicios similares en las bases integradas, los conceptos correspondientes al reparto y a la cobranza de recibos sí guardan correspondencia directa con estas, por lo que las prestaciones antes mencionadas califican como experiencia en la especialidad.

• En tal sentido, contrariamente a lo señalado por el Adjudicatario, no se advierte

que resulte imposible determinar el monto correspondiente a las actividades que califican como servicios similares, toda vez que el propio contrato contiene el detalle de los importes asignados a cada concepto. Por consiguiente, para efectos de acreditar la experiencia del postor en la especialidad, corresponde considerar únicamente los montos correspondientes al reparto y a la cobranza de recibos, excluyendo el importe asignado a la impresión y ordenamiento. De este modo, el monto que corresponde reconocer como experiencia válida es el siguiente: Actividad considerada como servicio similar Monto Reparto de recibos de usuarios con instalaciones RER autónomas S/ 590 544,00 Cobranza de recibos de usuarios con instalaciones RER autónomas S/ 236 217,60 Total de experiencia válida S/ 826 761,60 Monto mínimo requerido para una MYPE S/ 87 500,00

• En consecuencia, se advierte que el Consorcio Impugnante acredita un monto de

S/ 826 761,60 por concepto de servicios similares, importe que supera el mínimo de S/ 87 500,00 exigido en las bases integradas para los postores que acreditaron la condición de micro y pequeña empresa. Por tanto, corresponde concluir que cumplió con acreditar el requisito de calificación “Experiencia del postor en la especialidad”.

• Por las consideraciones expuestas, en el presente caso, no corresponde amparar

el cuestionamiento formulado por el Adjudicatario contra la experiencia del Consorcio Impugnante; en consecuencia, corresponde confirmar la calificación de la oferta del Consorcio Impugnante. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante.

• El Consorcio Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del procedimiento

de selección. En ese sentido, teniendo en cuenta lo dispuesto en el primer punto controvertido, en el que se determinó tener por descalificada la oferta del Adjudicatario, y dado que el Consorcio Impugnante se encuentra calificado en el segundo orden de prelación, corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.

• En esa línea, corresponde declarar fundada la pretensión del Consorcio

Impugnante de otorgarle la buena pro a su favor, al posicionarse en el primer lugar en el orden de prelación.

• Cabe precisar que el Acta de evaluación y los demás extremos de las bases que no

estuvieron relacionados con la controversia analizada, se encuentran premunidos de la presunción de validez establecida en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

• Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso interpuesto por el

Consorcio Impugnante.

• En ese sentido, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, corresponde a su vez, disponer la devolución de la

garantía presentada por el Consorcio Impugnante, para la interposición del recurso de apelación.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado el recurso de apelación presentado por el CONSORCIO INNOVA

ENERGIA, integrado por el señor JHIERSON FRANCIS JULCARIMA VILCHEZ y la empresa SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios Nº 004-2026-ADINELSA-Tercera Convocatoria, para la “Contratación de servicio de gestión comercial a los usuarios RER autónomos en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Lima e Ica - encargo especial otorgado mediante Decreto Supremo N° 036-2014-EM”, por los fundamentos expuestos; en consecuencia, corresponde: 1 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

1.1. Descalificar la oferta del señor OCHOA SIGUAS ALLEX ANDREW y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios Nº 004-2026-ADINELSA-Tercera Convocatoria, otorgada a su favor. 1.2. Otorgar la buena pro del Concurso Público Abreviado de Servicios Nº 004- 2026-ADINELSA-Tercera Convocatoria a favor del CONSORCIO INNOVA ENERGIA, integrado por el señor JHIERSON FRANCIS JULCARIMA VILCHEZ y la empresa SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO INNOVA ENERGIA, integrado

por el señor JHIERSON FRANCIS JULCARIMA VILCHEZ y la empresa SERVICIOS GENERALES MAVOL S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE