Resolución N.° 9579-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la situación descrita evidencia una contravención a los lineamientos de las Bases Estándar de la Licitación Pública Abreviada para Bienes, aprobadas mediante Directiva N.° 005- 2025-EF/54.0, y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, al no haberse detallado claramente los aspectos que debían acreditarse con la documentación exigida”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7490/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CYNET SHOPS NETWORKS S.A.C, en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 025-2026-SEDAPAR S.A., para la “Contratación de bienes adquisición por renovación de solución de seguridad perimetral”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 14 de setiembre de 2026, el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE AREQUIPA, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 025-2026-SEDAPAR S.A., para la “Contratación de bienes adquisición por renovación de solución de seguridad perimetral”, con una cuantía de S/ 477,383.68 (Cuatrocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y tres con 68/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 25 de setiembre de 2026, se presentaron las ofertas y, el 30 del mismo mes y año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa IMPERIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

Orden Resultado Admisión Calificación Precio ofertado (S/) Ev. Econ. y Tec. Puntaje Total

IMPERIA

SOLUCIONES

TECNOLÓGICAS

S.A.C. Admitido Califica S/ 350,000.00 100 100 1 Adjudicatario

CYNET SHOPS

NETWORKS

S.A.C. Admitido Califica S/ 454,450.00 90.81 95.35 2 Calificado Nota: Según acta de evaluación registrada en el SEACE.

• Mediante escrito s/n presentado el 7 de octubre de 2026, ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa CYNET SHOPS NETWORKS S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos y se le otorgue la buena pro a favor de su representada; en base a los siguientes argumentos: Sobre la acreditación End of Life (EOL)

• Sostiene que el Adjudicatario ofreció el equipo FortiGate 200G como

NGFW Tipo 1; sin embargo, en la página 65 de su oferta, la verificación del ciclo de vida del producto hace referencia al modelo FortiGate 200F y del FortiWiFi 70G, sin pronunciarse expresamente sobre el equipo ofertado. Precisa que ambos modelos FortiGate son distintos y que la documentación presentada no permite concluir objetivamente que el FortiGate 200G no se encuentre en condición EOL. Además, indica que las Bases Integradas, en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II y en el numeral 7.2 de las especificaciones técnicas, exigían acreditar dicha condición mediante fichas técnicas o documentación técnica equivalente. Asimismo, en respuesta a la consulta N.º 6, la Entidad admitió la presentación de cartas técnicas oficiales del fabricante como documentación equivalente, sin que ello eximiera de acreditar el cumplimiento del requisito.

En torno a ello, invoca las Resoluciones N.º 0639-2026-TCP-S1 y N.º 05391- 2026-TCP-S6 respecto de la necesidad de evaluar las ofertas según su contenido objetivo, sin efectuar inferencias ni completar información omitida. Sobre la acreditación del licenciamiento para las funcionalidades requeridas ii. Precisa que los numerales 7.3 y 7.4 de las especificaciones técnicas exigían que la solución para los equipos NGFW Tipo 1 y NGFW Tipo 2 contara con las licencias necesarias para habilitar las funcionalidades requeridas durante 1,095 días calendario, admitiéndose una o más licencias por equipo. Asimismo, en respuesta a la consulta N.º 32, la Entidad precisó que el cumplimiento debía acreditarse en la oferta mediante documentación técnica del fabricante, como fichas técnicas, datasheets, catálogos, manuales, guías, cartas técnicas u otros documentos equivalentes que permitieran verificar objetivamente las características exigidas. Así, alega que, si bien la documentación presentada por el Adjudicatario en las páginas 15 a 42 de su oferta, respecto del FortiGate 200G, y 43 a 64, respecto del FortiWiFi 70G, describe diversas funcionalidades y alternativas de suscripción de Fortinet, no identifica qué licencia o combinación de licencias fue efectivamente incluida en la solución ofertada ni demuestra que esta habilite todas las funcionalidades requeridas durante el plazo exigido. En particular, señala que las matrices de suscripción de las páginas 33 y 57 presentan distintas alternativas —como Enterprise Protection, Unified Threat Protection, Advanced Threat Protection, SD-WAN y A-la-carte— con alcances diferenciados, sin vincular alguna de ellas con la solución concreta propuesta. Por ello, considera que los evaluadores tendrían que presumir o seleccionar por cuenta del postor el licenciamiento incluido, lo que excedería la verificación objetiva de la oferta. iii. Manifiesta que la reproducción del requerimiento en la oferta y la declaración jurada general de cumplimiento no sustituyen la acreditación técnica exigida. Asimismo, sostiene que la carta del fabricante prevista para el perfeccionamiento del contrato solo puede confirmar el respaldo de lo ofertado, mas no definir por primera vez el licenciamiento comprendido en la propuesta. En tal sentido, invoca las Resoluciones N.º 07859-2026-TCP-S4 y N.º 05391- 2026-TCP-S6 en cuanto a la necesidad de que la documentación permita verificar objetivamente las condiciones exigidas, sin inferir ni incorporar información que no se desprenda de la oferta original. iv. Finalmente, argumenta que la omisión advertida por su representada en la oferta del Adjudicatario no es subsanable, pues precisar posteriormente la modalidad o combinación de licencias supondría completar un aspecto técnico y económico sustancial de la propuesta, en contravención del numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento y del principio de igualdad de trato. En consecuencia, solicita declarar no admitida la oferta del Adjudicatario y otorgar la buena pro a favor de su representada.

• Por decreto del 9 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto.

A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, la constancia de transferencia interbancaria con operación N° 00138 expedida por el Banco Interbank, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 19 de octubre de 2026.

• A través de Escrito N° 01, presentado el 14 de octubre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, indicando lo siguiente: Sobre la condición End of Life (EOL)

• El Impugnante cuestiona únicamente el documento del folio 65 de su

oferta, en el que se menciona el modelo FortiGate 200F, sin considerar íntegramente la documentación presentada en los folios 66 al 104, consistente en el listado oficial del fabricante Fortinet de productos en condición EOL, obtenido de su plataforma de consulta del ciclo de vida. Sobre ello, afirma que el documento del folio 65 era introductorio y que el sustento de la acreditación se encontraba en los documentos posteriores, en los cuales el modelo FortiGate 200G no figura entre los productos identificados como EOL. Por ello, considera que la oferta debía evaluarse en su conjunto y que la discrepancia advertida por el Impugnante no desvirtúa la información contenida en la documentación oficial del fabricante. ii. Corregir la referencia de FortiGate 200F por FortiGate 200G habría constituido únicamente la corrección de un error material, sin modificar el equipo ofertado, sus características técnicas ni incorporar documentación nueva. Sobre la acreditación del licenciamiento de las funcionalidades requeridas iii. En la absolución de la consulta N.º 32 se estableció que la documentación oficial del fabricante debía identificar el modelo del equipo y permitir verificar objetivamente el cumplimiento de las funcionalidades previstas en los numerales 7.3 y 7.4 de las especificaciones técnicas; sin embargo, no exigió consignar expresamente una denominación comercial específica de licencia en un documento determinado. En ese sentido, sostiene que su representada identificó los modelos ofertados y presentó documentación técnica diferenciada para cada uno, en los folios 15 al 65, que permitiría vincular la licencia Unified Threat Protection con las funcionalidades requeridas. iv. No corresponde interpretar la absolución de la consulta N.º 32 de manera más restrictiva que lo establecido por la Entidad ni exigir formalidades documentales no previstas en las Bases Integradas.

• Invoca la Resolución N.º 0336-2026-TCP-S4, precisando que la exigencia de

ofertas objetivas, claras y precisas no implica que toda ausencia de una mención expresa determine automáticamente la no admisión, sino que debe evaluarse si la documentación permite identificar y verificar lo ofrecido sin reconstruir la propuesta ni alterar sus alcances. vi. Finalmente, sostiene que el Impugnante no ha demostrado que la documentación presentada impida verificar objetivamente las funcionalidades exigidas ni explicado por qué la omisión alegada no podría ser subsanada o de qué manera su corrección modificaría la oferta.

• El 14 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE de la PLADICOP, el Oficio

N° 113-2026/S-33000, adjuntando el Informe N° 112-2026/S-31200-YMCP, mediante los cuales indicó lo siguiente: Sobre la acreditación de la condición End of Life (EOL)

• De la revisión integral de la oferta, verificó que el equipo ofertado como

NGFW Tipo 1 corresponde al modelo FortiGate 200G, identificado consistentemente en los anexos, el cuadro de especificaciones técnicas y los datasheets. En ese sentido, consideró que la referencia al modelo FortiGate 200F en el folio 65 constituye una mención accesoria que no modifica ni genera dudas sobre el equipo efectivamente ofertado. ii. La Resolución N.º 0639-2026-TCP-S1 invocada por el Impugnante no resulta aplicable, pues en dicho caso existía una discrepancia entre el bien consignado en la oferta económica y el de la documentación técnica, mientras que en el presente procedimiento existe concordancia respecto del modelo FortiGate 200G. Por ello, considera que la evaluación conjunta de la documentación permite tener por acreditado que el equipo no se encuentra listado como EOL, sin que la discrepancia señalada implique modificar la propuesta. Sobre la acreditación del licenciamiento de las funcionalidades requeridas iii. El Adjudicatario presentó documentación técnica oficial de Fortinet, incluidos datasheets y documentos complementarios, para sustentar las funcionalidades exigidas para los equipos NGFW Tipo 1 y Tipo 2, siendo que las Bases Integradas y las absoluciones de las consultas N.º 6, 7, 10, 32 y 58 establecieron los medios de acreditación admisibles, sin exigir una denominación comercial o “bundle” específico, sino que se indicara el licenciamiento necesario para las funcionalidades requeridas durante los 1,095 días calendario. iv. La contratación se rige por la modalidad de suma alzada y el sistema de llave en mano, por lo que, mediante la presentación de su oferta y la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, el Adjudicatario asumió la obligación de entregar la solución instalada, configurada y operativa, con la totalidad de las licencias activadas durante el periodo exigido. En consecuencia, considera que la documentación presentada permite verificar el cumplimiento de las funcionalidades requeridas y que los cuestionamientos del Impugnante no desvirtúan la evaluación efectuada por el comité.

• Con decreto del 15 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario,

en calidad de tercero administrado, por absuelto el traslado del recurso de apelación interpuesto y, se tuvo por acreditado al letrado designado para que realice el respectivo informe oral en la audiencia programada.

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los

representantes del Impugnante y del Adjudicatario.

• Por decreto del 19 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al

Impugnante y al Adjudicatario de los posibles vicios de nulidad advertidos en las bases integradas, referidos a que en el literal g) del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II no se habría precisado con claridad las características técnicas y funcionalidades del equipamiento que debían acreditarse mediante documentación técnica, al remitirse de manera general al numeral 7 del Requerimiento. Asimismo, no resultaría claro si la condición de que los equipos no se encuentren en la lista “End Of Life” constituye una especificación técnica o una condición del bien, ni cuál sería la documentación idónea para acreditarla. Tales circunstancias contravendrían los lineamientos de las bases estándar, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley N.º 32069 y el principio de transparencia, configurando una posible causal de nulidad conforme al numeral 70.1 del artículo 70 de la citada Ley.

• Mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de nulidad, indicando lo siguiente:

• No se configura la indeterminación advertida en el decreto, pues las Bases

Integradas identificaron los aspectos técnicos sujetos a acreditación, los documentos admisibles y la oportunidad para presentarlos. ii. El literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases Integradas identifica expresamente tres aspectos sujetos a acreditación: i) la capacidad de rendimiento; ii) la condición de que los equipos no se encuentren listados como “End of Life” (EOL); y iii) las funcionalidades exigidas para los equipos NGFW Tipo 1 y Tipo 2. Además, su desarrollo se encuentra en el numeral 7.2 y en los numerales 7.3 y 7.4, respectivamente, por lo que la remisión al numeral 7 no comprende indiscriminadamente todas sus disposiciones ni incorpora automáticamente otros aspectos, como la alta disponibilidad, los entregables o la capacitación. iii. El literal g) admite fichas técnicas, “datasheets”, catálogos oficiales del fabricante o documentación técnica equivalente. Añade que el apartado “Acreditación” del numeral 7.2 exige documentación técnica u oficial del fabricante que permita verificar las características técnicas mínimas y que el equipo no se encuentre listado como EOL. Asimismo, las absoluciones de las Consultas Nos. 6 y 10 precisaron que la documentación equivalente comprende cartas técnicas oficiales del fabricante.

iv. Se establecieron medios alternativos de acreditación, sin exigir una carta específica ni un documento único. Afirma que la condición EOL constituye un hecho verificable respecto del modelo ofertado y que tanto el aspecto que debía acreditarse como los medios documentales admitidos quedaron definidos antes de la presentación de ofertas; por ello, la denominación empleada no genera indeterminación.

• Los numerales 7.3 y 7.4 establecen las funcionalidades exigidas para dos

equipos NGFW Tipo 1 y cuatro equipos NGFW Tipo 2, así como la obligación de que la solución ofertada cuente con las licencias necesarias durante 1,095 días calendario. Añade que la absolución de la Consulta N.º 32 precisó que dichas funcionalidades debían acreditarse en la oferta mediante fichas técnicas, “datasheets”, catálogos, manuales, guías, cartas técnicas u otra documentación oficial del fabricante que identificara el modelo y permitiera verificar objetivamente su cumplimiento. Por tanto, considera que dicha absolución precisó los medios y la oportunidad para acreditar exigencias que ya estaban enumeradas en las Bases Integradas. vi. Sin perjuicio de solicitar que se descarte la nulidad, el Impugnante reitera sus dos cuestionamientos contra la oferta del Adjudicatario.

• Mediante escrito presentado el 26 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado de nulidad, indicando lo siguiente:

• No se configura un vicio de nulidad, pues el literal g) del numeral 2.2.1.1

del Capítulo II de las Bases Integradas debía interpretarse conjuntamente con el numeral 7 del Capítulo III, al cual remite expresamente. Afirma que este último desarrolla las características, funcionalidades y condiciones técnicas del equipamiento, por lo que las Bases permitían identificar tanto los aspectos que debían acreditarse como la documentación admisible para ello. ii. El literal g) identificó expresamente tres aspectos sujetos a acreditación: i) la capacidad de rendimiento; ii) que los equipos no se encuentren en el listado de “End of Life”; y iii) las funcionalidades requeridas para los equipos NGFW Tipo 1 y Tipo 2. Asimismo, señala que el literal g), el numeral 7.2 y las consultas N.° 6, 10 y 32 establecieron los medios documentales admisibles, incluidos documentos técnicos, fichas, “datasheets”, catálogos, manuales, guías, cartas técnicas u otra documentación oficial del fabricante. Por ello, considera que la remisión a las especificaciones técnicas no generó indeterminación ni impidió conocer las condiciones de participación. iii. Una eventual falta de precisión en la redacción no determina, por sí sola, la nulidad del procedimiento, pues debe verificarse una incidencia sustancial en su validez. En el presente caso, afirma que no se ha demostrado que dicha circunstancia impidiera la participación de postores, restringiera la concurrencia, alterara las condiciones de competencia, favoreciera indebidamente al Adjudicatario o modificara el resultado del procedimiento. iv. Respecto del principio de transparencia, sostiene que las Bases Integradas fueron publicadas y estuvieron disponibles para todos los participantes, quienes pudieron conocer el requerimiento y las exigencias documentales. Asimismo, señala que no se ha acreditado que la Entidad aplicara criterios distintos o adicionales a los previstos en las Bases ni que efectuara una evaluación arbitraria a causa de la supuesta falta de precisión.

• Declarar la nulidad resultaría desproporcionado, dado que la observación

se refiere a la redacción de un requisito documental y no se habría acreditado una afectación concreta a los principios de transparencia, igualdad, concurrencia o competencia. En ese sentido, afirma que actuó conforme a las Bases Integradas vigentes y que una eventual deficiencia atribuible a su formulación no puede trasladársele ni justificar, por sí sola, la invalidez del procedimiento. Por tanto, solicita que se declare que no existe un vicio que amerite la nulidad y se disponga la continuación del procedimiento conforme a ley.

• Por decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos y se le otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública abreviada para bienes, cuya cuantía asciende a S/ 477,383.68 (Cuatrocientos setenta y siete mil trescientos ochenta y tres con 68/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos y se le otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 7 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 30 de setiembre del mismo año. Al respecto, se aprecia que el Impugnante presentó el escrito s/n, el 7 de octubre de 2026, en la mesa de partes del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el gerente general del Impugnante, el señor Isauro Nicomedes Sanca Morochara.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. La presente causal de improcedencia no resulta aplicable al presente caso, toda vez que el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, cuestionando la admisión del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Impugnante ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la admisión del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro a su favor, habrían sido realizados transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

III. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se

revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ii. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

• Por su parte, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme su admisión y el otorgamiento de la buena pro del

procedimiento de selección a su favor.

IV. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 9 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 14 de octubre del mismo año. Sobre el particular, se aprecia que el 14 de octubre de 2026, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; es decir, dentro del plazo otorgado; por lo que, corresponde tomar en consideración los argumentos del Adjudicatario para la fijación de los puntos controvertidos. En este punto, cabe precisar que el Adjudicatario no ha formulado cuestionamientos contra la oferta del Impugnante.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes:

• Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario y, en

consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Sobre el particular, a efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos

cuestionados en el recurso impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las bases integradas, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal1, con decreto del 19

1 “Artículo 313. Alcances de la resolución de octubre de 2026, se corrió traslado al Adjudicatario, al Impugnante y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación: “(…)

• Al respecto, mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestionó la oferta

del Adjudicatario, pues sostiene que dicho postor no debió ser admitido, en la medida que no acreditaría la condición “no End of Life” del FortiGate 200G ofertado como NGFW Tipo 1, así como las funcionalidades sujetas a licenciamiento, requeridas en los numerales 7.3 y 7.4 del Requerimiento.

• Sobre el particular, de la revisión del numeral 2.2.1.1. del Capítulo II de las bases

integradas, se advierte que, en el literal g) se estableció lo siguiente: *Extraído de la página 19 de las bases integradas Conforme puede apreciarse, las bases integradas requirieron la presentación de fichas técnicas y/o datasheets y/o catálogos oficiales del fabricante y/o documentación técnica equivalente para acreditar el cumplimiento de: (i) La capacidad de rendimiento, (ii) Que el equipo no se encuentre en el listado de End Of Life, (iii) Funcionalidades requeridas en los 02 equipos de seguridad Perimetral NGFW Tipo 1 y Funcionalidades requeridas en los 04 equipos de seguridad Perimetral NGFW Tipo 2, indicadas en el numeral “7. ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS”.

• Ahora bien, al remitirnos al numeral 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, del Capítulo

III - Requerimiento de las bases integradas (páginas 32 al 37 de las bases integradas), se advierte diversa información sobre características técnicas y condiciones del producto requerido, cuyo contenido es el siguiente: 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

Como puede apreciarse, en el numeral 7 (expresamente citado en el literal g) reseñado de las bases integradas) se advierte diversa información sobre el equipamiento, tales como: las características de capacidad de rendimiento, la indicación sobre que los equipos no deben estar considerados en la lista End Of Life, garantizar el uso de licencias vigentes y actualizaciones por 3 años, información sobre funcionalidades, condiciones de alta disponibilidad, información sobre entregables, certificación oficial del fabricante, entre otros.

• En ese sentido, se evidenciarían las siguientes observaciones en el literal g):

(i) No se habrían detallado qué características y/o requisitos funcionales específicos del bien, previstos en las especificaciones técnicas debían ser acreditados por el postor y con qué documentos específicos debían acreditarlo. Pues, tal como se lee del literal g), por un lado, se detalla que debe acreditarse:

• La capacidad de rendimiento (NO SE PRECISA QUE CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS)

• Que el equipo no se encuentre en el listado de End Of Life,
• Funcionalidades requeridas en los 02 equipos de seguridad Perimetral

NGFW Tipo 1 y Funcionalidades requeridas en los 04 equipos de seguridad Perimetral NGFW Tipo 2, No obstante, en la parte final del literal g) se precisa “indicadas en el numeral “7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”, del cual se advierte que contiene diversa información sobre el bien requerido, y no se precisa con claridad las características que debían acreditarse y con qué documentos en específico. (ii) Respecto a la indicación de que el equipo no se encuentra en el listado de End Of Life, no queda claro si se trata de una característica o especificación técnica o de una condición del bien; en ese sentido, no queda claro cuál sería el documento idóneo para su acreditación. Además, en el requerimiento, después de la alusión a la lista en End Of Life (página 33 de las bases integradas), se indica que la acreditación es a través de “(…) fichas técnicas o datasheets, o documentación oficial de fabricante, indicando las características técnicas mínimas y que el equipo no se entre listado en End Of Life”. En tal sentido, tampoco queda claro si la indicación de que el equipo no se encuentre en el listado de End Of Life se trata de una especificación o característica técnica mínima que debía ser acreditada como tal o si se trata de una condición del bien requerido.

• La situación expuesta evidenciaría una contravención a los lineamientos de las

“Bases estándar de la Licitación Pública abreviada para bienes” 2, la cual prevé que la Entidad debe consignar la documentación que el postor debe presentar como: autorizaciones del producto, folletos, instructivos, catálogos o similares que se

2 DIRECTIVA N° 0005-2025-EF/54.0

hayan previsto en el numeral 3.4 del capítulo III de la sección específica de las presentes bases y se haya sustentado en la estrategia de contratación) y detallar con claridad qué aspectos de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida (aspecto no previsto en las bases integradas), conforme se aprecia a continuación: *Extraído de la página 20 y 21 de las bases estándar.

• En correlato con lo expuesto, se evidenciaría la transgresión al numeral 55.33 del

artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que señala que 3 “El contenido de las bases depende del tipo y modalidad del procedimiento de selección, e incluyen como mínimo lo siguiente: el requerimiento, los documentos necesarios para la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores”.

las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la DGA, las cuales son de uso obligatorio por los evaluadores, pues la Entidad no habría detallado claramente – en el apartado correspondiente - qué características y/o requisitos funcionales debían ser acreditados.

• Además, se habría trasgredido el principio de transparencia, pues de la literalidad

del literal g) del requisito de admisión no queda claro qué características específicas debían ser acreditadas, es decir, si solo aquellas indicadas en dicho literal o todas las aludidas en el numeral 7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

• Dicha situación, configuraría también una transgresión a los lineamientos de las

bases estándar y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el Art.

70.1 del Art. 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley Nº 32069, por una posible contravención a las normas legales y las bases estándar del procedimiento de selección. (…)”.

• Al respecto, el posible vicio de nulidad advertido se sustenta en los siguientes

aspectos:

• El literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las Bases Integradas ha

omitido precisar qué características y/o requisitos funcionales específicos del bien, previstos en el numeral 7 del Capítulo III, debían ser acreditados por los postores y con qué documentos específicos, pues únicamente hizo referencia a la capacidad de rendimiento, la condición de los equipos respecto del listado de End of Life y las funcionalidades requeridas para los equipos NGFW Tipo 1 y Tipo 2, remitiéndose de manera general a las especificaciones técnicas del numeral 7 del requerimiento, que comprendían diversas características y condiciones del equipamiento. ii) Respecto de la exigencia de acreditar que los equipos no se encontraran en el listado de End of Life, no se ha precisado si esta constituía una característica o especificación técnica, o una condición del bien, ni queda claro cuál era el documento idóneo para acreditarla, pues en el numeral 7.2 del requerimiento se alude a la presentación de fichas técnicas, datasheets o documentación oficial del fabricante para acreditar las características técnicas mínimas y dicha condición; es decir, diferencia la exigencia de la condición End of life de las “características técnicas mínimas” que debían acreditarse. En ese sentido, la situación descrita evidencia una contravención a los lineamientos de las Bases Estándar de la Licitación Pública Abreviada para Bienes, aprobadas mediante Directiva N.° 005-2025-EF/54.0, y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, al no haberse detallado claramente los aspectos que debían acreditarse con la documentación exigida. Asimismo, se advierte la vulneración del principio de transparencia, al no resultar claro si la acreditación comprendía únicamente los aspectos mencionados en el literal g) o también las demás características previstas en el numeral 7 del requerimiento; situación que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en específico, aquella relativa a la contravención a normas legales.

• Cabe precisar que, a la fecha, la Entidad no se ha pronunciado respecto del vicio

de nulidad advertido.

• Ahora bien, en atención al traslado efectuado, el Impugnante sostiene que no

existe indeterminación en las Bases Integradas, pues el literal g) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II identificó los tres aspectos sujetos a acreditación: i) la capacidad de rendimiento; ii) que los equipos no se encontraran en el listado de End of Life; y iii) las funcionalidades requeridas para los equipos NGFW Tipo 1 y Tipo 2, mientras que en el numeral 7 del Capítulo III se desarrolla dichos aspectos y que las consultas N.° 6, 10 y 32, permiten identificar las características exigidas y los documentos admisibles para acreditarlas. Por ello, considera que las Bases no contravinieron los lineamientos de las Bases Estándar ni el principio de transparencia.

• Por su parte, el Adjudicatario sostiene que las Bases deben interpretarse de

manera integral y no aislada, pues si bien en el literal g) se remite expresamente al numeral 7 del requerimiento, también en dicho literal se precisa lo que debía ser acreditado, lo cual ha sido de pleno conocimiento de los postores. Asimismo, señala que una eventual falta de precisión no determina automáticamente la nulidad, dado que no se habría demostrado una afectación concreta a la participación, la competencia, la igualdad de trato o el resultado del procedimiento. En consecuencia, considera que la nulidad sería desproporcionada y que una eventual deficiencia en la formulación de las Bases no puede trasladarse al Adjudicatario.

• Al respecto, debe precisarse que la controversia radica en que en el literal g) de los

requisitos de admisión, si bien se ha indicado que debían acreditarse la capacidad de rendimiento, la condición de los equipos respecto del listado de End of Life y las funcionalidades requeridas para los equipos NGFW Tipo 1 y Tipo 2, como aluden las partes, lo cierto y concreto es que dicho literal también remitió, de manera general, a las especificaciones técnicas previstas en el numeral 7 del Capítulo III., en el que se detallan no solo las características específicas consideradas en el literal g), sino otras más, como: parámetros de rendimiento, licencias y actualizaciones, funcionalidades, condiciones de alta disponibilidad, entregables y certificaciones, entre otros. En tal sentido, no puede desconocerse que la indicación al numeral 7 que se hace en el literal g), no permite establecer con suficiente claridad cuáles de las características y/o requisitos funcionales allí previstos debían ser sustentados documentalmente para efectos de la admisión de las ofertas. En esa línea, corresponde tener en cuenta que la existencia de especificaciones técnicas detalladas en el requerimiento no sustituye la obligación de precisar, en el apartado correspondiente de las Bases (literal g) del requisito de admisión), los aspectos que debían acreditarse con la documentación exigida, conforme a los lineamientos previstos en las Bases Estándar aplicables al procedimiento de selección.

• Asimismo, respecto de la condición de que los equipos no se encontraran en el

listado de End of Life, el numeral 7.2 del requerimiento aludió a la presentación de fichas técnicas, “datasheets” o documentación oficial del fabricante que indicara las “características técnicas mínimas” y que el equipo no se encontrara en dicho listado. En tal sentido, las Bases no delimitaron suficientemente si esta última exigencia debía entenderse como una “característica técnica mínima” susceptible de acreditación mediante tales documentos o como una “condición del bien” que requería una verificación específica. Tampoco se precisó claramente cuál era el sustento documental idóneo para acreditar dicha condición.

• De otro lado, respecto a la alusión de la absolución de las consultas Nos. 6, 10 y

32, es pertinente traer a colación el pliego de consultas y observaciones. Conforme puede apreciarse, las Consultas N° 6 y 10 versan sobre la solicitud de ampliar los medios de acreditación, señalando que las funcionalidades requeridas y la vigencia comercial de los equipos (End of Life) podrían no encontrarse íntegramente en las fichas técnicas, datasheets o catálogos públicos. En ese sentido, se solicitó confirmar que dichos aspectos podían acreditarse mediante una carta oficial del fabricante. La Entidad no acogió la consulta, pero aclaró que la expresión “documentación técnica equivalente” comprendía las cartas técnicas oficiales emitidas por el fabricante. De otro lado, en la Consulta N.° 32, el participante solicitó precisar la forma y oportunidad en que debían acreditarse las funcionalidades requeridas para los equipos de seguridad perimetral NGFW Tipo 1 y Tipo 2. La Entidad no acogió la consulta, pero aclaró que las funcionalidades previstas en los numerales 7.3 y 7.4 debían acreditarse con la oferta, mediante fichas técnicas, datasheets, catálogos, manuales, guías, cartas técnicas u otra documentación oficial del fabricante que identificara el modelo y permitiera verificar objetivamente su cumplimiento. En ese contexto, como se aprecia, la aclaración de las consultas 6 y 10 estuvo orientada a precisar qué documentos podían presentarse para acreditar los aspectos previstos en el literal g) y únicamente respecto de las funcionalidades requeridas y la vigencia comercial de los equipos (End of Life); sin embargo, no delimitó cuáles eran las características técnicas específicas comprendidas en el numeral 7 del requerimiento que debían ser acreditadas, tampoco precisó si la condición de End of Life constituía una característica técnica mínima o una condición del bien. Por tanto, la absolución únicamente amplió los medios documentales admisibles mas no subsanó la falta de precisión advertida en el requisito de admisión. Por su parte, en la consulta N.° 32, si bien en la última precisión se estableció la oportunidad de presentación de los documentos y los medios admisibles para acreditar las funcionalidades de los numerales 7.3 y 7.4, no permite concluir que se hubiera delimitado la totalidad de los aspectos técnicos del numeral 7 que debían acreditarse conforme al literal g), y tampoco aclaró la naturaleza de la condición de End of Life. En consecuencia, las consultas invocadas por el Impugnante y el Adjudicatario no desvirtúan el cuestionamiento advertido por este Colegiado, pues, como se ha indicado, sus respuestas aclararon determinados aspectos relativos a los documentos admisibles y a la oportunidad de acreditación, pero no subsanaron la falta de delimitación de las características y condiciones del bien, indicadas en el numeral 7 del requerimiento, que debían ser objeto de acreditación documental para la admisión de las ofertas.

• En cuanto a lo señalado por el Adjudicatario sobre la interpretación integral de las

Bases, este Colegiado coincide en que sus disposiciones deben analizarse de manera conjunta; sin embargo, precisamente de dicha revisión se advierte una falta de correspondencia entre lo establecido en el requisito de admisión y lo desarrollado en el numeral 7 del requerimiento. En efecto, el literal g) se remite a dicho numeral, en el que se contemplan diversas características, especificaciones técnicas y condiciones del bien, sin delimitar cuáles de ellas debían ser acreditadas documentalmente para efectos de la admisión de las ofertas. Asimismo, no corresponde que este Colegiado supla la precisión que debió efectuar la Entidad al formular las reglas del procedimiento, ni que determine a qué aspectos se refiere la expresión “características técnicas mínimas” empleada en el requerimiento, pues ello supondría interpretar o completar exigencias que debieron establecerse de manera clara y expresa en las Bases Integradas. Del mismo modo, el hecho de que las Bases hayan sido publicadas y estuvieran disponibles para todos los participantes no garantiza, por sí solo, que las exigencias documentales se hayan formulado con la claridad requerida. La transparencia exige no solo que las reglas sean accesibles, sino también que su contenido permita a los postores conocer de manera clara y previsible las condiciones aplicables a la presentación y evaluación de sus ofertas. Finalmente, respecto de la alegada ausencia de una afectación concreta a la participación, la competencia, la igualdad de trato o el resultado del procedimiento, corresponde señalar que el análisis del vicio advertido no se limita a verificar si algún postor fue efectivamente impedido de participar o si se otorgó una ventaja indebida al Adjudicatario. También corresponde determinar si las Bases se formularon conforme a las disposiciones obligatorias que regulan su contenido y si establecieron reglas suficientemente claras para la presentación y evaluación de las ofertas. En ese sentido, la eventual circunstancia de que los participantes hayan presentado sus ofertas o de que no se haya identificado una aplicación diferenciada de las reglas no subsana la falta de precisión advertida. Tampoco resulta determinante que el Adjudicatario haya formulado su oferta conforme a la interpretación que consideró correcta, pues ello no exime a la Entidad de su obligación de formular las Bases de acuerdo con los lineamientos aplicables. Por las consideraciones expuestas, este Colegiado concluye que, en el caso que nos ocupa, los argumentos del Impugnante y del Adjudicatario no desvirtúan el posible vicio advertido, referido a la falta de delimitación clara de las características y/o requisitos funcionales que debían acreditarse documentalmente, así como a la falta de precisión sobre la acreditación de la condición de “End of Life”.

• Cabe mencionar que, la trascendencia del vicio radica en que la falta de precisión

advertida incide directamente en la posibilidad de verificar objetivamente el cumplimiento de las exigencias técnicas del requerimiento. En esa línea, al no haberse delimitado con claridad qué características y condiciones del equipamiento debían ser acreditadas documentalmente para efectos de la admisión, no se cuenta con reglas suficientemente determinadas que permitan a este Colegiado establecer si la documentación presentada por el Adjudicatario resulta suficiente para acreditar el cumplimiento de lo requerido. Precisamente, el cuestionamiento formulado por el Impugnante respecto del equipo FortiGate 200G y de las funcionalidades exigidas en los numerales 7.3 y 7.4 pone de manifiesto la necesidad de contar con tales parámetros.

Por tanto, el defecto advertido no constituye una imprecisión meramente formal, sino que afecta la evaluación objetiva de las ofertas y la posibilidad de adoptar una decisión debidamente sustentada sobre su admisión. Cabe indicar que la situación descrita acarrea la nulidad del procedimiento conforme a lo dispuesto en el numeral 70.1. del artículo 70 de la Ley, según el cual procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección en los siguientes supuestos: a) cuando hayan sido dictados por órgano incompetente, b) cuando contravengan las normas legales, c) cuando contengan un imposible jurídico, d) cuando prescindan de las normas esenciales del procedimiento, e) cuando prescindan de la forma prescrita por la normativa aplicable, solo cuando esta sea insubsanable.

• En atención a las consideraciones expuestas, y en ejercicio de la potestad conferida

a este Tribunal por el artículo 70 de la Ley, concordante con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a efectos que, en aplicación de las bases estándar aplicables y la normativa vigente, la Entidad adecúe correctamente las bases en lo concerniente a la regulación de los requisitos de admisión (acreditación de especificaciones técnicas) y que guarde relación con el requerimiento. Cabe precisar que, en el caso concreto, no corresponde retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de consultas y observaciones sino hasta la etapa de convocatoria, debido a que i) la deficiencia advertida deriva de las bases originales y, ii) a efectos que, en su oportunidad, los participantes puedan efectuar consultas u observaciones a las características y forma de acreditación que se establezca.

• Cabe precisar que los demás extremos de las bases que no se encuentran

vinculados a la controversia materia de análisis mantienen la presunción de validez prevista en el artículo 9 del TUO de la LPAG, correspondiendo a la Entidad efectuar las verificaciones y adecuaciones pertinentes antes de efectuar una nueva convocatoria del procedimiento.

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta

la etapa de convocatoria, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y con la intervención de los vocales Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Abreviada para Bienes Nº 025-

2026-SEDAPAR S.A., para la “Contratación de bienes adquisición por renovación de solución de seguridad perimetral”, a fin de retrotraerla hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por la empresa CYNET SHOPS NETWORKS S.A.C.,

para la interposición de su recurso de apelación.

• Comunicar la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a

su Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 24.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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