Resolución N.° 9578-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege.” Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 1050/2025.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador contra la proveedora ROCIO ESMERALDA SÁNCHEZ SAAVEDRA, por su supuesta responsabilidad de haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 12353-2023, emitida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 19 de junio de 2023, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en adelante

la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 12353-20231, a favor de la señora Rocío Esmeralda Sánchez Saavedra, en adelante la Contratista, por el concepto de “Servicio de asesoramiento de consultas legales”, por el importe de S/ 7,000.00 (siete mil con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. En la oportunidad en que se realizó dicha contratación, se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. 1 Documento obrante a folio 159 del expediente administrativo.

• Mediante Memorando N° D00623-2024-OSCE-DGR2, de fecha 2 de enero de 2025,

presentado el día 21 del mismo mes y año en la mesa de partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas)3, en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE (ahora Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica del OECE)4, informó que la Contratista no contaba con inscripción vigente en el RNP. A fin de sustentar su comunicación, remitió el Dictamen SE N° 0140-2024/DGR- SIRE5 del 30 de diciembre de 2024, a través del cual señaló lo siguiente:

• De la revisión de la información registrada en el SEACE, identificó la Orden de

Servicio, y que en la fecha de su emisión la Contratista no habría contado con inscripción vigente en el registro correspondiente del RNP.

• Advirtió indicios respecto a la comisión de una infracción a la normativa de

contrataciones del Estado, tal como lo señala el literal k) del numeral 50.1 del

artículo 50 del TUO de la Ley, el cual establece que suscribir contratos o

acuerdos marco sin contar con inscripción vigente en el RNP constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal.

• Con decreto del 11 de febrero de 20266, de forma previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, se requirió a la Entidad para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con remitir un informe técnico legal, en el que se pronuncie sobre la procedencia y supuesta responsabilidad de la Contratista, al haber suscrito contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como información adicional relacionada al expediente de contratación. De igual manera, se dispuso comunicar el citado decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información solicitada. 2 Documento obrante a folio 2 del expediente administrativo. 3 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”. 4 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”. 5 Documento obrante a folios 21 al 31 del expediente administrativo. 6 Documento obrante en el Toma Razón Electrónico del Tribunal.

• Con decreto del 21 de abril de 20267, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso

iniciar procedimiento administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Asimismo, se requirió a la Entidad que remita información relacionada a la Orden de Servicio. En tal sentido, se otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. El decreto fue notificado a la Contratista el 30 de abril de 2026, a través de la casilla electrónica del OECE (bandeja de mensajes del Registro Nacional de Proveedores), conforme a la constancia de lectura obrante en el toma razón electrónico.

• Con decreto del 18 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal requirió

información a la Entidad.

• Mediante Oficio N° 000283-2026-OA-DGA/UNMSM8 del 28 de mayo de 2026,

presentado en la misma fecha en la mesa de partes del Tribunal, la Entidad, en respuesta al requerimiento efectuado mediante decreto del 18 de mayo de 2026, remitió la información solicitada.

• Con decreto del 7 de julio de 2026, se hizo efectivo el apercibimiento decretado

de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente.

• Con decreto del 24 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso se

realice el registro del Informe de Instrucción N° 102-2026/CSCH/ST3, de la misma fecha, en el Sistema Informático del Tribunal. Conforme al mencionado Informe de Instrucción, el Órgano Instructor recomendó sancionar a la Contratista, al advertir que la vigencia de su inscripción en el RNP 7 Documento obrante en el Toma Razón Electrónico del Tribunal. 8 Documento obrante a folio 158 del expediente administrativo.

como proveedora de servicios inició el 9 de agosto de 2023; por lo que, al 22 de junio de 2023, aquella no contaba con inscripción vigente en el referido registro.

• Con decreto del 7 de agosto de 2026, considerando que el Informe de Instrucción

N° 102-2026/CSCH/ST3 del 24 de julio de 2026, fue notificado a la Contratista vía casilla electrónica del OECE el 10 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para resolver, siendo recibido en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

la Contratista debe asumir responsabilidad administrativa por haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos imputados. Naturaleza de la infracción

• Al respecto, el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley establece

que se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas que suscriban contratos o Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), o suscriban contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación, en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

• De acuerdo a ello, se observa que el tipo infractor contempla los siguientes

supuestos de hecho: i) suscribir contratos sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP); ii) suscribir Acuerdos Marco sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores; iii) suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación; iv) suscribir contratos en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

• Así, la configuración del tipo infractor exige verificar la concurrencia de dos (2)

presupuestos: i) el perfeccionamiento del contrato con la Entidad, y ii) la verificación de la condición de algunas de los supuestos de hecho antes mencionados.

• Cabe señalar en este punto que el numeral 50.2 del artículo 50 del TUO de la Ley,

señalaba que las infracciones previstas en los literales c), i), j) y k) del citado artículo son aplicables a los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 del TUO de la Ley, es decir, a las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la transacción. De acuerdo con lo expuesto, la infracción que estuvo recogida en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley también puede configurarse en las contrataciones cuyo monto sea menor o igual a ocho (8) UIT.

• En relación con ello, es preciso traer a colación lo dispuesto en el numeral 46.1 del

artículo 46 del TUO de la Ley, el cual establece que el Registro Nacional de

Proveedores (RNP) es el sistema de información oficial único de la administración Pública que tiene por objeto registrar y mantener actualizada durante su permanencia en el registro, la información general y relevante de los proveedores interesados en participar en las contrataciones que realiza el Estado, así como implementar herramientas que permitan medir el desempeño de los proveedores que contratan con el Estado. Conforme a ello, en la referida disposición normativa se estableció la obligación de los participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas en contrataciones efectuadas bajo el ámbito de la vigencia de la Ley, de encontrarse inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Dicha obligación se sustenta en que la información que contiene dicho registro respecto a los proveedores del Estado constituye un elemento de apoyo en la toma de decisiones de compras y contrataciones para las Entidades, lo cual permite la fácil identificación y validación de aquellos. Es así que, a través del registro en el RNP se busca garantizar que todos aquellos que compiten en un procedimiento de selección y/o contratan con el Estado, se encuentren en condiciones reales de competir y contratar; pues cautela y minimiza el riesgo que implica para el Estado el contratar con un proveedor que no tiene la capacidad técnico – financiera suficiente para cumplir sus obligaciones contractuales, situación que comprometería los recursos públicos.

Cabe precisar que, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 del Reglamento, no requieren inscribirse como Proveedor en el RNP aquellos proveedores cuyas contrataciones que sean por montos iguales o menores a una (1) UIT. En relación con lo anterior, cabe destacar que las normas precitadas son de conocimiento público y por tanto los agentes económicos que deseen contratar con el Estado deben cumplirlas a cabalidad.

• Bajo tal contexto, en el presente caso corresponde verificar si a la fecha de

perfeccionamiento del contrato, la Contratista contaba o no con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Configuración de la infracción:

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la infracción imputada a

la Contratista, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado y,

ii) Que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, la Contratista no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el registro correspondiente al objeto de la contratación, en el presente caso, como proveedor de servicios.

• Bajo dichas consideraciones, en cuanto al primer requisito, a través del Oficio N°

000283-2026-OA-DGA/UNMSM, del 28 de mayo de 2026, la Entidad remitió copia de la Orden de Servicio N° 12353-2023, emitida el 19 de junio de 2023 a favor de la Contratista, la misma que se muestra a continuación:

• Al respecto, si bien la Orden de Servicio N° 12353 fue emitida el 19 de junio de

2023, de la revisión de los documentos obrantes en el expediente, remitidos por la Entidad, se advierte que, mediante el Oficio N° 002-2023-RESS-OGAL-UNMSM, la Contratista informó sobre las actividades realizadas en el marco del servicio de asesoramiento de consultas legales correspondientes al Área de Asuntos Penales de la Oficina de Asesoría Legal, conforme se muestra a continuación:

Sobre el particular, se aprecia que el servicio descrito en el referido oficio guarda correspondencia con el objeto de contratación consignado en la Orden de Servicio materia de análisis. En ese sentido, de la vinculación entre ambos documentos se advierte que la Contratista habría realizado actividades relacionadas con el servicio contratado durante junio de 2023, lo que permite inferir que la prestación habría comenzado antes de la emisión de dicha orden.

• En el presente caso, mediante el Informe de Instrucción N° 102-2026/CSCH/ST3,

el Órgano Instructor concluyó que la vigencia de la inscripción de la Contratista en el RNP como proveedora de servicios se inició el 9 de agosto de 2023; por lo que, a más tardar el 22 de junio de 2023, fecha de la conformidad de servicio, aquella no contaba con inscripción vigente en el referido registro.

• Al respecto, de la revisión de los actuados, se advierte que la Orden de Servicio N°

12353 fue emitida el 19 de junio de 2023. No obstante, mediante el Oficio N° 002- 2023-RESS-OGAL-UNMSM, la propia Contratista informó sobre las actividades realizadas durante junio de 2023, precisamente antes de la emisión de la mencionada Orden cuyo objeto es el servicio de asesoramiento de consultas legales correspondientes al Área de Asuntos Penales de la Oficina General de Asesoría Legal. En ese sentido, dado que las actividades reportadas comprenden fechas anteriores a su emisión, se advierte que la prestación se habría iniciado previamente, por lo que la Orden de Servicio habría sido emitida para regularizar administrativamente una prestación que ya se venía ejecutando.

• En consecuencia, la fecha de emisión de la Orden de Servicio no permite

establecer, por sí sola, la oportunidad en que se perfeccionó la relación contractual, pues existen elementos que evidencian que la prestación se habría iniciado con anterioridad. Sin embargo, de la documentación obrante en el expediente no es posible determinar con certeza cuándo se perfeccionó dicha relación.

• Por tanto, este Colegiado se aparta de la conclusión contenida en el Informe de

Instrucción N° 102-2026/CSCH/ST3, toda vez que no corresponde asumir que la relación contractual se perfeccionó el 19 de junio de 2023 por el solo hecho de haberse emitido la Orden de Servicio en dicha fecha, cuando los elementos obrantes en el expediente permiten advertir que esta habría tenido por finalidad regularizar una prestación previamente iniciada.

• En atención a lo expuesto, se debe tener presente que, para establecer la

responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa de la Contratista, deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ9: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la 9 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009, pag. 253.

la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo”. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, se reconoce el principio de presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por tales consideraciones, al verificarse que la Orden de Servicio materia de

análisis, corresponde a la regularización efectuada por la Entidad para el pago de la prestación de los servicios prestados por la Contratista en el mes de junio de 2023 y al no obrar en el expediente administrativo, el documento verificable a través del cual se generaron las obligaciones de la Contratista con la Entidad, corresponde eximir de responsabilidad administrativa a la proveedora imputada, y, por ende, declarar no ha lugar a la imposición de sanción en su contra, archivándose de manera definitiva el presente expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre y con la intervención de los vocales Jorge Alfredo Quispe Crovetto y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo a la conformación dispuesta mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE, del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la señora ROCIO

ESMERALDA SÁNCHEZ SAAVEDRA (R.U.C. N° 10098733201), por su supuesta responsabilidad de haber suscrito contrato sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 12353-2023, emitida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; infracción que estuvo tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivo definitivo del expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto.

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JIMY ROBERT URETA AQUINO

El vocal que suscribe el presente voto manifiesta, respetuosamente, su discordia respecto al voto en mayoría, con respecto a la configuración de la infracción, conforme a lo siguiente:

• Como se indicó en los fundamentos precedentes, para la configuración de la

infracción, debe corroborarse la concurrencia de dos circunstancias: i) el perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad; y, ii) la verificación de la condición de no inscrito o inscripción no vigente ante el Registro Nacional de Proveedores en la fecha del perfeccionamiento del contrato.

• En cuanto al primer requisito, de la revisión del expediente se advierte que obran

la Orden de Servicio N.° 0012353, la conformidad de servicio emitida por la Oficina General de Asesoría Legal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Recibo por Honorarios Electrónico N.° E001-25.

LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Para determinar la existencia de una relación contractual, la Sala puede valorar, de manera individual o conjunta, los documentos emitidos por la Entidad y la Contratista con ocasión del encargo, la ejecución de la prestación o el trámite de pago. Entre ellos se encuentran las cotizaciones, las facturas y los recibos por honorarios emitidos por el proveedor, así como las conformidades del área usuaria, las constancias de prestación y los documentos financieros emitidos por la Entidad. Su valor probatorio depende de que permitan identificar fehacientemente la contratación materia de imputación. En el presente caso, si bien no obra en el expediente el cargo de recepción de la orden, esta identifica el encargo de asesoramiento de consultas legales y su importe de S/ 7 000,00. Por su parte, la conformidad del 22 de junio de 2023 deja constancia de que la Entidad recibió a satisfacción el servicio correspondiente a dicho encargo, mientras que el recibo por honorarios corrobora la operación económica vinculada a esa misma prestación. La correspondencia entre estos documentos permite concluir que, a más tardar el 22 de junio de 2023, la relación contractual entre la Entidad y la Contratista ya existía y el servicio había sido ejecutado. A continuación, se reproducen los documentos mencionados.

• De la valoración conjunta de los documentos examinados en el fundamento

precedente se concluye que, a más tardar el 22 de junio de 2023, la relación contractual entre la Entidad y la Contratista ya existía y el servicio había sido ejecutado. Corresponde, por tanto, verificar si, durante el período en que se constituyó dicha relación, la Contratista contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en el registro correspondiente al objeto de la contratación.

• De la consulta al RNP se advierte que la Contratista registra una inscripción como

proveedora de bienes, vigente desde el 31 de julio de 2020, y otra como proveedora de servicios, cuya vigencia se inició el 9 de agosto de 2023. A continuación, se reproduce el resultado de la consulta. La contratación tuvo por objeto un servicio de asesoramiento de consultas legales. Por ello, para efectos de la imputación, corresponde examinar la vigencia de la inscripción en el registro de proveedores de servicios. Según la consulta, dicha inscripción adquirió vigencia el 9 de agosto de 2023, con posterioridad al 22 de junio de 2023, fecha en la que la Entidad otorgó la conformidad y para la cual ya se encuentra acreditada la existencia de la relación contractual.

• En este punto, debe precisarse que, a la fecha del perfeccionamiento de la Orden

de Servicio, el valor de la UIT ascendía a S/ 4,950.00 (cuatro mil novecientos cincuenta con 00/100 soles)10. Por tanto, se aprecia que la Contratista incurrió en la infracción materia de cargos, toda vez que el monto de la Orden de Servicio superaba al valor de la UIT vigente en el año 202311.

• Por su parte, debe considerarse que la Contratista no ha presentado sus descargos

respecto de la imputación efectuada en el presente procedimiento, pese a haber sido debidamente notificado del inicio del procedimiento administrativo sancionador, conforme ha sido evidenciado en los fundamentos precedentes; por

10 D.S. N° 309-2022-EF

11 Artículo 10. Excepciones No requieren inscribirse como proveedores en el RNP: (…)

• Aquellos proveedores cuyas contrataciones sean por montos iguales o menores a una (1) UIT.

lo que, este Tribunal no advierte ningún elemento que desvirtúe los hechos denunciados por la Entidad.

• En virtud de lo antes expuesto, este Colegiado advierte que la Contratista contrató

con la Entidad antes de contar con inscripción vigente en el RNP como proveedora de servicios. En efecto, la valoración conjunta de los documentos examinados en los fundamentos precedentes permite establecer que, al 22 de junio de 2023, la relación contractual ya existía y la Entidad había otorgado la conformidad del servicio. Por su parte, la verificación registral expuesta en el fundamento 4 acredita que la inscripción en el registro de servicios adquirió vigencia el 9 de agosto de 2023 y que no existió una vigencia anterior que comprendiera el período en que se constituyó la relación contractual. En consecuencia, dado que la inscripción como proveedora de servicios era exigible por el objeto de la contratación y que su importe superaba el límite de una UIT previsto para la excepción registral, este Colegiado concluye que la conducta de la Contratista se subsume en la infracción tipificada en el literal k) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N.° 30225. Graduación de la sanción.

• Conforme al análisis de aplicabilidad normativa descrito en los párrafos anteriores,

el numeral 89.2 del artículo 89 de la Nueva Ley prevé que corresponde al infractor pagar una multa no menor al tres (3%) ni mayor al diez por ciento (10%) de la propuesta económica o del contrato. Asimismo, precisa que, en ningún caso, puede ser inferior a 1 UIT; y ante la imposibilidad de determinar el monto de la oferta económica o del contrato se impondrá una multa de entre una (1) y quince (15) UIT. Adicionalmente, el numeral 89.4. del artículo 89 de la Ley vigente establece que, de tratarse de contratos menores, el Tribunal de Contrataciones Públicas puede imponer una multa por debajo de los montos indicados.

• En ese entendido, con relación a los criterios de gradualidad para multas, el

numeral 364.6 del artículo 364 del Nuevo Reglamento establece lo siguiente:

• Aunado a ello, corresponde mencionar que, a través del Acuerdo de Sala Plena N°

01-2026/TCP, publicado el 6 de marzo de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano” en la sección correspondiente a “Precedentes vinculantes”, por mayoría, los vocales integrantes del Tribunal de Contrataciones Públicas, acordaron lo siguiente: “1. Respecto del monto de la sanción de multa impuesta a las micro y pequeñas empresas por la comisión de las infracciones previstas en la Ley, y en aplicación de lo señalado en el numeral 89.2 del artículo 89 de la Ley, en ningún caso la multa podrá ser inferior a una (1) UIT.

• Respecto a las multas aplicables a las infracciones cometidas en el marco de

contratos menores, así como de aquellas derivadas de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco cuyo valor corresponda a contratos menores, en ningún caso la multa podrá ser inferior a una (1) UIT, conforme a lo previsto en el numeral 89.2 del artículo 89 de la Ley.

• El presente acuerdo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial “El Peruano”. (…)”. (el énfasis es agregado)

• En dicho escenario, esta Sala advierte que el citado Acuerdo de Sala Plena

establece que, para la aplicación de multas para una MYPE en ningún caso la multa podrá ser inferior a una (1) UIT - cabe mencionar que el mismo criterio aplica para aquellas contrataciones que correspondan a contratos menores o a su cuantía en el caso de las contrataciones derivadas del catálogo electrónico de Acuerdo Marco.

• Por tanto, esta Sala efectuará el análisis de aplicación de la multa de acuerdo con

lo dispuesto en el citado Acuerdo de Sala Plena, considerando su naturaleza de precedente de observancia obligatoria, conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 16 de la nueva Ley y a su publicación en la sección de “Precedentes vinculantes” del Diario Oficial “El Peruano” el 6 de marzo de 2026.

• Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto

contratado por la Entidad, asciende a S/ 7, 000.00 (siete mil con 00/100 soles).

• En ese sentido, dado que el rango aplicable en el presente caso a la cuantía del

contrato [uno por ciento (1%) equivale a S/ 70.00 y el tres por ciento (3%) asciende a S/ 210.00] es menor a una 1 UIT, corresponderá aplicar dicha cuantía en el presente caso, conforme a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena N° 01- 2026/TCP.

• Bajo esa premisa, corresponde imponer al Contratista la sanción de multa prevista

en la Ley vigente. Adicionalmente, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también debe tomarse en cuenta al momento de fijar la sanción.

• En tal sentido, a efectos de fijar la sanción de multa a imponer a la Contratista,

debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el artículo 366 del nuevo Reglamento, tal como se señala a continuación:

• Naturaleza de la infracción: por disposición legal, todo proveedor que contrate

con el Estado debe tener inscripción vigente en el RNP, a efectos de cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en la normativa que rige la materia y garantizar que la Contratista se encuentre en la posibilidad y capacidad de asumir la prestación encomendada.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de la información obrante en el

expediente administrativo, no se advierten elementos objetivos que permitan concluir la intencionalidad del infractor.

• La existencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: de la revisión del

expediente, no se aprecia información respecto del daño causado.

• Reconocimiento de la infracción: no se advierte documento alguno por el cual

la Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: la Contratista

no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal.

• Conducta procesal: la Contratista no se apersonó al presente procedimiento

administrativo sancionador ni presentó descargos.

• Multa impaga: no se aprecia que la Contratista tenga multas impagas a la fecha

del presente pronunciamiento.

• Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal e) del

numeral 87.1 del artículo 87 de la Nueva Ley, por parte de la Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 19 de junio de 2023, fecha en que perfeccionó su relación contractual con la Entidad, pese a no contar con inscripción vigente como proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores. Procedimiento y efectos del pago de la multa

• Al respecto, corresponde señalar que, conforme a lo dispuesto en la Directiva

N° 013-2025-OECE-CD12, el proveedor sancionado debe efectuar el pago de la multa mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 (CCI: 018-000- 000000870803), comunicando dicho pago al OECE a través del Anexo “Comunicación de Pago de Multa” previsto en la referida Directiva. Esta comunicación se presenta por Mesa de Partes, física o digital, adjuntando el 12 Directiva para el pago de la sanción de multa impuesta por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000063-2025-OECE-PRE, publicado en el diario oficial el periodo el 4 de octubre de 2025.

comprobante de abono correspondiente, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de haber quedado firme la resolución sancionadora. En caso de advertirse errores u omisiones en la información remitida, el OECE notifica al proveedor para que subsane en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación. Una vez presentada la comunicación de pago, o subsanada en su caso, el OECE cuenta con un plazo de hasta tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta indicada . En relación a ello, si el proveedor no cumple con efectuar ni comunicar el pago de la multa impuesta por el Tribunal dentro del plazo establecido, el OECE se encuentra facultado para iniciar el procedimiento de cobranza coactiva.

• En ese sentido, el Colegiado pone en conocimiento de la Oficina de Administración

el presente pronunciamiento para que realice las acciones pertinentes en atención a sus funciones y efectúe el cobro de la multa impuesta por el Tribunal.

• Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en

el numeral 364.4 del artículo 364 del Reglamento de la Ley General, el proveedor sancionado con multa puede acceder a un descuento de hasta el 30% por el pronto pago de las multas, siempre que no haya interpuesto recurso impugnativo sobre la resolución de sanción. Por lo expuesto, el suscrito es de la opinión que corresponde:

• SANCIONAR a la señora ROCIO ESMERALDA SÁNCHEZ SAAVEDRA (R.U.C. N°

10098733201), con una multa ascendente a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100 Soles), por su responsabilidad consistente en suscribir contrato sin contar con inscripción vigente como proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la contratación efectuada mediante la Orden de Servicio N° 12353-2023, emitida por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por los fundamentos expuestos. El procedimiento para la ejecución de dicha multa se iniciará luego que haya quedado firme la presente resolución sin que se haya interpuesto el recurso de reconsideración contra aquella, o cuando habiéndose presentado el recurso, éste fuese desestimado.

• Poner a disposición la presente Resolución a la Oficina de Administración del

Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, a fin que en el marco de sus funciones realice las acciones indicadas en la Directiva N° 013-2025-OECE-CD, “Directiva para el pago de la sanción de multa impuesta por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes”, aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000063-2025-OECE- PRE.

• Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, de acuerdo con el numeral 364.4 del

artículo 364 del Reglamento Vigente, la Contratista podrá acceder a un descuento de hasta el 30% por el pronto pago de la multa, siempre que no interponga recurso impugnativo sobre la resolución de sanción.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

ss. Ureta Aquino.