Resolución N.° 9576-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) Si, durante la tramitación de un recurso de apelación, el Tribunal corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. (...)” Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7425/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor DANIEL ALAN TORRES ORCON, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 03-2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Marcapata; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, el 11

de setiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Marcapata, en adelante la Entidad contratante, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 03- 2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria, para la “Contratación de suministro e instalación de ventanas de aluminio inc. vidrios, herrajes y cerrajería (a todo costo) para la obra: mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel secundario de la I.E. San Francisco de Asís del Centro Poblado de Marcapata del, distrito de Marcapata - Quispicanchi - Cusco”, con CUI N° 2275110, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 378,000.00 (trescientos setenta y ocho mil con 00/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. De acuerdo al respectivo cronograma, el 24 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas (por vía electrónica); y, el 29 del mismo mes y año, se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor ECOMAC SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ECOMAC SUR S.A.C., en adelante el Adjudicatario, conforme al siguiente detalle:

• Mediante el Escrito N° 1 presentado el 6 de octubre de 2026, subsanado el 9 del

mismo mes y año, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor DANIEL ALAN TORRES ORCON, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la calificación de la oferta del Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se otorgue la misma a su favor, conforme a los argumentos que se exponen: Respecto del Certificado de trabajo de agosto de 2026

• Señala que, conforme al Certificado de trabajo de agosto de 2026, emitido

por el Consorcio Supervisión Velille, obrante en el folio 37 de la oferta del Adjudicatario, el señor Ederson Galdo Bautista se habría desempeñado como supervisor de obra en el marco del Contrato de Supervisión N° 44-2025/GM- MFV/C, suscrito con la Municipalidad Distrital de Velille, para el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud del distrito de Velille – Chumbivilcas – Cusco”, desde el 12 de enero hasta el 15 de agosto de 2026; sin embargo, precisa que, el 2 de febrero de 2026, el referido profesional también habría sido contratado por el Ministerio de

POSTOR

ETAPAS RESULTADO

ADMISIÓN CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN

BUENA PRO

TÉCNICA OFERTA ECONÓMICA S/ PUNTAJE

TOTAL OP.

ECOMAC SUR

SOCIEDAD ANÓNIMA

CERRADA - ECOMAC

SUR S.A.C.

ADMITIDO CALIFICADO 85 348,000.00 100 105 1 SÍ

TORRES ORCON

DANIEL ALAN ADMITIDO CALIFICADO 85 364,420.00 95.5 102.66 2 -

G&M CONTRATISTAS Y

DISTRIBUCIONES

EMPRESA INDIVIDUAL

DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA

GRANDES LIDERES EN

LA CONSTRUCCIÓN

S.A.C.

CONSORCIO SAN

FRANCISCO ADMITIDO DESCALIFICADO - - - - - -

Vivienda, Construcción y Saneamiento para desempeñarse como supervisor en el proyecto “Contratación del supervisor para la intervención del PNVR en el Núcleo Ejecutor”, con código de identificación N° 1082-0806-2024-082-

PNVU/PNVR (082-2025).

• A partir de ello, sostiene que, si el señor Ederson Galdo Bautista se

desempeñó como supervisor de obra en el distrito de Velille desde el 12 de enero hasta el 15 de agosto de 2026, no resultaría posible que, durante febrero del mismo año, también haya ejercido funciones de supervisión para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en una obra ubicada en la provincia de Canchis, pues ambos periodos se superponen y dichas funciones exigen la presencia permanente del profesional en la obra, situación que, a su criterio, evidenciaría una imposibilidad física y jurídica,

localidades.

• En ese sentido, sostiene que la superposición de funciones advertida

contravendría el principio de presunción de veracidad, pues no resultaría posible que el profesional haya desempeñado labores de supervisión de manera permanente y simultánea en dos obras distintas. Asimismo, precisa que, aun cuando hubiera prestado servicios en ambas obras durante el mismo periodo, no sería posible determinar con certeza el tiempo efectivamente laborado por el señor Ederson Galdo Bautista como supervisor de obra para el Consorcio Supervisión Velille. Respecto del Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025

• Señala que, conforme con el Certificado de trabajo del 31 de diciembre de

2025 obrante en el folio 38 de la oferta del Adjudicatario, el señor Ederson Galdo Bautista habría laborado como inspector de obra II en el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo primaria en I.E 501354 del Centro Poblado Leche Pata de Ocobamba del distrito de Ocobamba – La Convención – Cusco”, desde el 27 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, sostiene que, durante dicho periodo, el referido profesional también habría sido contratado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para prestar servicios de supervisión, conforme al siguiente detalle:

➢ “Servicio de supervisión de obra de conformidad con el Contrato N° 132- 2024-VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001”, por el importe de S/ 6,624.00, cuya orden de servicio registra como fecha de inicio el 11 de febrero de 2025. ➢ “HT 65397 Contratación del supervisor para la intervención del PNVR”, por el importe de S/ 37,240.00, cuya orden de servicio registra como fecha de inicio el 24 de abril de 2025.

• En ese contexto, sostiene que, si el señor Ederson Galdo Bautista se

desempeñó como inspector de obra en el distrito de Ocobamba desde el 27 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025, no resultaría posible que, durante febrero y abril del mismo año, también haya ejercido funciones de supervisión para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en obras ubicadas en la provincia de Canchis y Lima, situación que, a su criterio, evidenciaría una imposibilidad física y jurídica, considerando que dichas funciones exigen la presencia permanente del profesional en la obra.

• Asimismo, alega que la superposición de funciones advertida impediría

validar el documento objeto de análisis, al no existir certeza respecto del periodo efectivamente laborado por el referido profesional como inspector de obra. Respecto del Certificado de trabajo del 22 de julio de 2020

• Indica que, conforme al Certificado de Trabajo del 22 de julio de 2020,

emitido por la Municipalidad Distrital de San Pedro, obrante en el folio 42 de la oferta del Adjudicatario, el señor Ederson Galdo Bautista se habría desempeñado como residente de obra en el proyecto “Construcción de teatrín escolar de la I.E. N° 56035 del Distrito de San Pedro – Canchis – Cusco”, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de marzo de 2020; no obstante, precisa que, según la información obrante en el OECE, la ejecución de la referida obra habría iniciado el 4 de noviembre de 2019, lo que evidenciaría una discrepancia respecto de la fecha de inicio consignada en el certificado cuestionado.

• Asimismo, señala que el 2 de diciembre de 2019, el referido profesional

también habría sido contratado por la misma municipalidad para desempeñarse como asistente técnico y administrativo en el proyecto “Desarrollo de capacidades en educación, cultura y deporte”, pese a que, según el certificado cuestionado, durante dicho periodo se encontraba ejerciendo funciones como residente de obra.

• A partir de lo expuesto, sostiene que existirían dos inconsistencias en la

experiencia declarada: (i) la diferencia entre la fecha de inicio consignada en el certificado y aquella registrada en el portal del OECE; y (ii) la presunta superposición de funciones como residente de obra y asistente técnico y administrativo en proyectos distintos de la misma municipalidad.

• En ese sentido, concluye que el certificado cuestionado carecería de

veracidad, debido a las inconsistencias advertidas; por lo que considera que dicho documento no debió ser valorado para acreditar la experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario. Respecto de la Constancia de Prestación N° 337-2025-VIVIENDA-OGA-OACP del 26 de febrero de 2025

• Señala que en la Constancia de Prestación N° 337-2025-VIVIENDA-OGA-OACP

del 26 de febrero de 2025, emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, obrante en el folio 39 de la oferta del Adjudicatario, se consigna que el señor Ederson Galdo Bautista habría prestado servicios como supervisor para la intervención del PNVR en el núcleo ejecutor con código de identificación N° 1082-0806-2023-026- CUS/VMVU/PNVR en el proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el Centro Poblado Cconcha, distrito de Pitumarca, provincia de Canchis – departamento de Cusco”, desde el 14 de mayo de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2024; sin embargo, indica que conforme a la información obrante en el portal del OECE la ejecución de la referida obra habría iniciado el 4 de junio de 2024.

• En ese sentido, alega que la discrepancia advertida respecto de la fecha de

inicio de la ejecución de la obra evidenciaría que la constancia cuestionada contendría información inexacta, por lo que considera que dicho documento no debió ser valorado para acreditar la experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario. Respecto del Certificado de trabajo del 4 de mayo de 2021

• Indica que, en el Certificado de trabajo del 4 de mayo de 2021, emitido por

la Municipalidad Distrital de San Pablo, obrante en el folio 41 de la oferta del Adjudicatario, consiga que el señor Ederson Galdo Bautista se habría desempeñado como residente de obra en el proyecto “Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 595 de la comunidad de Inca Parte distrito de San Pablo – Canchis – Cusco”, desde el 3 de agosto de 2020 hasta el 30 de abril de 2021; no obstante, refiere que, según la información publicada en el portal del OECE, la ejecución del referido proyecto habría iniciado el 12 de agosto de 2020.

• Asimismo, refiere que el certificado presentado comprende enero de 2021

como parte del periodo de experiencia declarado; sin embargo, precisa que, según la información registrada en el portal del OECE, el servicio correspondiente a dicho mes habría comprendido únicamente desde el 18 al 31 de enero de 2021, mediante una orden de servicio cuya fecha de inicio figura el 27 de enero de 2021.

• A partir de ello, alega que dichas circunstancias evidenciarían dos

inconsistencias en la experiencia declarada: (i) la diferencia entre la fecha de inicio consignada en el certificado y aquella registrada en el portal del OECE; y (ii) la inclusión de un periodo de experiencia correspondiente a enero de 2021 que no guardaría concordancia con la información registrada en dicho portal.

• En ese sentido, sostiene que las discrepancias advertidas evidenciarían que

el certificado cuestionado contiene información inexacta, por lo que considera que dicho documento no debió ser valorado para acreditar la experiencia del personal clave propuesto por el Adjudicatario.

• Finalmente, señala que las exigencias de permanencia y exclusividad

inherentes a las funciones de supervisor o residente de obra no pueden considerarse cumplidas bajo el argumento de que el profesional habría procurado atender simultáneamente las obligaciones asumidas frente a dos contratantes. En ese sentido, alega que, aun cuando admitiera que el profesional desempeñó funciones en ambas obras durante periodos coincidentes, ello evidenciaría el incumplimiento de la obligación de permanencia en al menos una de ellas, sin que resulte posible determinar en cuál de ellos prestó efectivamente sus servicios de manera continua.

• En atención a los argumentos expuestos, concluye que corresponde

descalificar la oferta del Adjudicatario por haber presentado información inexacta para acreditar la experiencia del personal clave propuesto. Asimismo, sostiene que, debido a las inconsistencias advertidas, los documentos cuestionados tampoco resultarían idóneos para acreditar el cumplimiento del factor de evaluación referido a la experiencia del personal clave, previsto en las bases del procedimiento de selección.

• Solicitó el uso de la palabra.
• Por medio del Decreto del 12 de octubre de 2026, notificado a través del Toma

Razón Electrónico del SEACE en la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. Del mismo modo, se programó audiencia pública para el 19 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizaría a través de la plataforma Google Meet. Finalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal para que evalúe la información y resuelva el caso dentro del plazo legal, siendo recibido por el vocal ponente el 12 de octubre de 2026.

• Mediante el Escrito N° 1-2026 presentado el 15 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo, conforme al siguiente detalle:

Respecto del Certificado de trabajo del mes de agosto de 2026

• Señala que la presunta superposición de funciones alegada por el

Impugnante se sustenta únicamente en una contratación externa registrada posteriormente en la Ficha Única del Proveedor (FUP), y no en otro documento obrante en su oferta; por lo que considera necesario determinar si dicha información acredita que el profesional ejecutó efectivamente una segunda prestación durante un periodo coincidente con la experiencia consignada en el certificado cuestionado.

• En ese punto, precisa que el propio Impugnante reconoce que, si bien la

orden de servicio emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento registra como fecha de inicio el 2 de febrero de 2026, no se aprecia cuánto tiempo habría desempeñado el profesional dicho cargo. Bajo dicho contexto, sostiene que la información alegada únicamente permitiría identificar la existencia de una contratación y su fecha de inicio, mas no su duración, culminación ni el periodo efectivo de ejecución, por lo que no acreditaría la superposición alegada.

• Añade que, conforme al criterio desarrollado en la Resolución N° 03048-

2026-TCP-S2, fundamentos 31 al 33, la aparente coincidencia de periodos de experiencia no determina automáticamente la existencia de información inexacta, sino que requiere una verificación más exhaustiva de la participación efectiva del profesional. Por ello, considera que la información registrada en la FUP podría justificar actuaciones de verificación, pero no demostraría que el señor Ederson Galdo Bautista dejó de prestar servicios para el Consorcio Supervisión Velille o que el periodo consignado en el certificado cuestionado sea inexacto.

• Finalmente, precisa que, aun cuando se acreditara la existencia de periodos

de experiencia ejecutados paralelamente, las bases integradas establecen que, para el cómputo del tiempo de experiencia, el periodo traslapado debe considerarse una sola vez, sin disponer la exclusión íntegra del certificado. En consecuencia, solicita que se desestime el cuestionamiento, al considerar que no se ha acreditado la superposición alegada ni la inexactitud del documento cuestionado.

Respecto del Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025

• Respecto de la primera contratación, señala que el registro correspondiente

al servicio de supervisión de obra vinculado al Contrato N° 132-2024- VIVIENDA-OGA-OACP-UE.001 únicamente permite identificar una orden de servicio por el importe de S/ 6,624.00, con fecha de inicio el 11 de febrero de 2025, sin precisar la duración efectiva de la prestación ni las actividades desarrolladas por el profesional. De igual manera, respecto de la segunda contratación, registrada el 24 de abril de 2025 por S/ 37,240.00, sostiene que no se han presentado el contrato, los términos de referencia, los entregables, las conformidades ni otra documentación que permita determinar el periodo efectivo de ejecución y los días concretos en que se habría prestado el servicio.

• Asimismo, precisa que existe una diferencia entre la experiencia acreditada

por la Municipalidad Distrital de Ocobamba, correspondiente al desempeño del profesional como inspector de obra bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, y las contrataciones del PNVR alegadas por el Impugnante, las cuales corresponderían a locaciones de servicios de naturaleza civil. En ese sentido, argumentada que no resultaría correcto equiparar que ambos vínculos se encuentran sujetos a las mismas exigencias de permanencia y exclusividad, sin examinar previamente las obligaciones contractuales efectivamente asumidas y el régimen aplicable a cada prestación.

• Además, indica que la existencia de órdenes de servicio registradas en la FUP

no acredita que el profesional haya ejecutado simultáneamente prestaciones incompatibles con sus funciones de inspector de obra.

• Finalmente, precisa que debe distinguirse entre el cómputo de periodos de

experiencia ejecutados paralelamente, para los cuales las bases integradas establecen que el periodo traslapado se considera una sola vez, y la existencia de una eventual incompatibilidad funcional, cuya determinación requeriría acreditar las obligaciones de permanencia o exclusividad asumidas y los periodos efectivos de ejecución.

• En consecuencia, concluye que los argumentos formulados por el

Impugnante no desvirtúan la veracidad del documento cuestionado, ni acreditan una superposición efectiva de funciones.

Respecto del Certificado de trabajo del 22 de julio de 2020

• Respecto de la primera observación, sostiene que la fecha de inicio de la

experiencia declarada se encuentra respaldada por el Contrato de Locación de Servicios N° 547-2019-MDSP/C, mediante el cual la Municipalidad Distrital de San Pedro contrató al señor Ederson Galdo Bautista como residente de la referida obra, estableciéndose expresamente como periodo contractual del

• Asimismo, señala que dicha prestación se encuentra corroborada mediante

el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-37, cuyo concepto identifica al profesional como residente de obra del teatrín escolar de la I.E. N° 56035, haciendo referencia a los Contratos N° 500-2019-MDSP/C y N° 547-2019- MDSP/C, correspondientes a prestaciones efectuadas durante septiembre y octubre de 2019. En ese sentido, sostiene que la fecha del 4 de noviembre de 2019, registrada en el portal del OECE, no constituye la fecha real de inicio de la experiencia, debido a que existen documentos contractuales contemporáneos que acreditan que el profesional ya venía desempeñándose como residente de obra con anterioridad.

• Respecto de la segunda observación, referida a la presunta prestación

simultánea de servicios como asistente técnico y administrativo desde el 2 de diciembre de 2019, sostiene que el Impugnante no ha presentado contrato, orden de servicio, términos de referencia, conformidad, comprobante de pago ni otro documento que acredite que dicha prestación fue efectivamente ejecutada por el profesional, por lo que la sola existencia de un registro en la FUP no permitiría demostrar una superposición de funciones.

• Por el contrario, precisa que cuenta con documentación contractual emitida

por la propia Municipalidad Distrital de San Pedro que acredita la continuidad de las funciones del profesional como residente de obra. En particular, señala que el Contrato de Locación de Servicios N° 583-2019-MDSP/C estableció una duración de dos (2) meses, correspondientes a noviembre y diciembre de 2019, para la ejecución de labores vinculadas a la referida obra. Añade que dicha contratación se encuentra respaldada por los Recibos por Honorarios Electrónicos N° E001-38 y N° E001-39, correspondientes a noviembre y diciembre de 2019, respectivamente, en los que se identifica la prestación de servicios como residente de obra.

• En consecuencia, concluye que los argumentos formulados por el

Impugnante no desvirtúan la veracidad del documento cuestionado, ni acreditan una superposición efectiva de funciones. Respecto de la Constancia de Prestación N° 337-2025-VIVIENDA-OGA-OACP del 26 de febrero de 2025

• Sostiene que la observación efectuada por el Impugnante queda desvirtuada

por el Contrato N° 0132-2024-VIVIENDA-OGA-OACP-UE001, celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el señor Ederson Galdo Bautista, mediante el cual este último fue contratado como supervisor de una intervención del PNVR, por el importe de S/ 33,120.00, coincidente con el consignado en la constancia cuestionada. Añade que el contrato fue suscrito el 13 de mayo de 2024, por lo que su vigencia inició el 14 del mismo mes y año, fecha que coincide con aquella consignada en la constancia cuestionada.

• En ese sentido, sostiene que la fecha del 4 de junio de 2024 registrada en la

FUP corresponde al inicio de una orden de servicio y no puede equipararse automáticamente con la fecha de inicio contractual de la prestación, menos aun cuando existe un contrato que establece expresamente su vigencia. Asimismo, precisa que la prestación cuestionada corresponde a una locación de servicios de naturaleza civil, desarrollada en el marco del régimen aplicable a las intervenciones del PNVR, por lo que su vigencia y condiciones de ejecución deben determinarse conforme a lo establecido en el propio contrato.

• Añade que el Impugnante no ha presentado adenda, resolución, acta, ni otro

documento que acredite que la vigencia contractual establecida desde el 14 de mayo de 2024 hubiera sido modificada, postergada o dejada sin efecto.

• Asimismo, invoca la Resolución N° 08513-2026-TCP-S4, fundamentos 43 y 44,

señalando que, conforme al criterio desarrollado por el Tribunal, para determinar la existencia de información inexacta debe atenderse a la documentación objetiva proveniente de la entidad directamente vinculada con la ejecución contractual. En ese sentido, considera que el contrato emitido por el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento constituye documentación idónea para acreditar la fecha de inicio de la prestación.

• En consecuencia, concluye que el documento cuestionado no contiene

información inexacta, al considerar que la fecha del 14 de mayo de 2024 se encuentra respaldada por el contrato suscrito con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Respecto del Certificado de trabajo del 4 de mayo de 2021

• Respecto de la primera observación, sostiene que la fecha de inicio declarada

se encuentra respaldada por el Contrato de Locación de Servicios N° 040- 2020-GM-MDSP, celebrado con la Municipalidad Distrital de San Pablo para la prestación del servicio de ingeniero civil colegiado y habilitado como residente de obra del referido proyecto, cuya cláusula quinta establece expresamente que el periodo contractual comprende del 3 al 31 de agosto de 2020.

• Asimismo, precisa que dicha prestación se encuentra corroborada mediante

el Recibo por Honorarios Electrónico N° E001-47, emitido a favor de la Municipalidad Distrital de San Pablo por los servicios prestados como residente de obra durante agosto de 2020. En ese sentido, considera que la fecha del 12 de agosto de 2020 registrada en la FUP no acredita que la prestación recién se hubiera iniciado en esta fecha, debido a que el contrato establece expresamente como fecha de inicio el 3 de agosto de 2020, coincidente con el certificado cuestionado.

• Añade que la documentación contractual y los recibos por honorarios

correspondientes a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2020, así como los documentos existentes para enero, febrero, marzo y abril de 2021, guardan relación con el desempeño del profesional como residente de la misma obra, lo que, a su criterio, constituye documentación concordante respecto de la continuidad de la prestación.

• Respecto del segundo cuestionamiento, referido a enero de 2021, señala que

el Contrato de Locación de Servicios N° 080-2021-MDSP/C acredita que el señor Ederson Galdo Bautista fue contratado nuevamente como residente de la misma obra por catorce (14) días, comprendidos entre el 18 y el 31 de enero de 2021. Precisa que dicho contrato acredita directamente la prestación correspondiente a ese periodo, pero no demuestra que el profesional haya dejado de desempeñar sus funciones durante los días anteriores del mismo mes.

• En ese sentido, sostiene que, para concluir que existió una interrupción de

funciones entre el 1 y el 17 de enero de 2021, sería necesario contar con documentación de la propia municipalidad que acredite el cese, sustitución, ausencia o interrupción de las labores del profesional durante dicho periodo; sin embargo, refiere que el Impugnante no ha presentado informe, acta, comunicación de sustitución, valorización ni pronunciamiento de la entidad emisora que acredite tales circunstancias.

• Asimismo, señala que la Resolución Gerencial Municipal N° 0230-2022-

GM/MDSP, mediante la cual se aprobó la liquidación técnica y financiera de la obra, consigna como fecha de culminación el 30 de abril de 2021, coincidente con el extremo final del periodo certificado. Precisa que, si bien dicho documento no acredita individualmente cada día de participación del profesional, constituye un elemento concordante respecto de la continuidad temporal de la ejecución de la obra.

• Adicionalmente, invoca la Resolución N° 08513-2026-TCP-S4, fundamentos

41 al 44, señalando que la determinación de información inexacta requiere identificar una contradicción objetiva entre lo declarado y la realidad de la prestación, respaldada por documentación suficiente. Al respecto, sostiene que, a diferencia del supuesto examinado en dicha resolución, en el presente caso no existe un pronunciamiento de la Municipalidad Distrital de San Pablo que contradiga expresamente el periodo de experiencia consignado en el certificado.

• En consecuencia, solicita que se desestime el cuestionamiento formulado en

este extremo, al considerar que la fecha de inicio del 3 de agosto de 2020 se encuentra respaldada por el Contrato N° 040-2020-GM-MDSP y que, respecto al periodo de enero de 2021, no se ha acreditado que el profesional haya cesado o interrumpido sus funciones durante los días anteriores al 18 de enero. Por tanto, concluye que el documento cuestionado no contiene información inexacta. Cuestionamientos a la oferta del Impugnante Sobre la experiencia del personal clave Respecto del Certificado de trabajo emitido por la empresa Consultants in Business and Real State Peru S.A. – CBRE Perú

• Señala que, en el folio 34 de la oferta del Impugnante, obra la constancia de

trabajo emitida por la empresa Consultants in Business and Real State Peru S.A. – CBRE Perú, mediante la cual se acredita que el señor Carlos Arturo Olazábal Rodríguez se habría desempeñado como supervisor de obra en el proyecto “Remodelación del edificio de oficinas ubicado en la Av. del Ejército N° 306, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa”, desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el 15 de diciembre de 2016; sin embargo, precisa que dicho documento no consigna la fecha de su emisión. Respecto del Certificado de trabajo emitido por la empresa Constructora Rivas Muelle S.A.C.

• Asimismo, señala que el certificado de trabajo emitido por la empresa

Constructora Rivas Muelle S.A.C., obrante en el folio 36 de la oferta del Impugnante, mediante el cual se acredita que el referido profesional se habría desempeñado como residente de las obras “Proyecto Viviendas Camino Real” y “Edificio Killary”, desde el 4 de junio de 2012 hasta el 30 de junio de 2013, tampoco consigna la fecha de su emisión.

• En consecuencia, considera que los documentos cuestionados no se

encuentran conforme con las bases integradas; por lo que considera que no debieron ser valorados para acreditar el requisito de calificación ni el factor de evaluación referido a la “Experiencia adicional del personal clave” del Impugnante. Respecto de la Constancia de trabajo emitido por el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR)

• Señala que, conforme a la Constancia de trabajo emitida por el Programa

Nacional de Vivienda Rural (PNVR), obrante en el folio 31 de la oferta del Impugnante, el señor Carlos Arturo Olazábal Rodríguez se desempeñó como supervisor de obra en el proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado lago del colca (chichas) - distrito de Callalli; centro poblado Cuñirca - distrito de Lluta; centros poblados colca, pala pacta y otro - distrito de San Antonio de Chuca; centro poblado Champetera - distrito de Yanque - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa”, en el marco del Convenio N° 268-2020-AQP/VMVU/PNVR, desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022; sin embargo, precisa que, según la Resolución Directoral N° 121-2022-VIVIENDA/VMVU-PNVR del 22 de febrero de 2022, mediante la cual se aprobó la liquidación final técnico-financiera del referido proyecto, la ejecución de la obra se habría desarrollado desde el 5 de abril hasta el 31 de julio de 2021, sin que se hubieran aprobado ampliaciones de plazo.

• A partir de ello, sostiene que existiría información inexacta entre el periodo

de experiencia consignado en la constancia cuestionada, comprendido desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022, y el periodo de ejecución de la obra establecido en la citada resolución directoral, comprendido entre el 5 de abril hasta el 31 de julio de 2021.

• Por otro lado, señala que existiría una circunstancia adicional que ameritaría

verificar la autenticidad de la constancia cuestionada, toda vez que dicho Sánchez Ballesteros, director ejecutivo del PNVR, de fecha 22 de febrero de 2022, a las 18:00:06-0500 horas, mientras que la Resolución Directoral N° 121-2022-VIVIENDA/VMVU-PNVR también habría sido suscrita digitalmente por el mismo funcionario en idéntica fecha y hora. Sobre el equipamiento estratégico

• Señala que el Contrato de compromiso de alquiler de equipos obrante en el

folio 45 de la oferta del Impugnante, contiene una relación de seis (6) equipos que, según se declara, se encontrarían en óptimas condiciones y con libre disponibilidad para su utilización durante la ejecución contractual; sin embargo, sostiene que dicho documento no permitiría identificar concretamente los equipos cuya disponibilidad se estaría comprometiendo, al no consignar marca, modelo, número de serie, código, capacidad u otro elemento que permita individualizar los bienes ofrecidos.

• Asimismo, precisa que dicha falta de determinación resultaría especialmente

relevante respecto de tres (3) componentes del equipamiento estratégico previstos en las bases integradas de manera alternativa: (i) copiadora de perfiles y/o fresadora de esquina; (ii) punzonadora y/o perforadora; y (iii) atornillador y/o remachador. Así, precisa que, de su contenido no se puede determinar si se pondrá a disposición una copiadora de perfiles, una fresadora de esquina o ambas; una punzonadora, una perforadora o ambas; ni un atornillador, un remachador o ambos.

• En ese sentido, sostiene que su cuestionamiento no está dirigido al empleo

de la expresión y/o en las bases integradas ni a exigir información sobre marca o número de serie que estas no hubieran requerido expresamente, sino a que el documento presentado por el Impugnante no permitiría identificar con certeza los equipos cuya disponibilidad se compromete para la ejecución contractual. Por ello, considera que dicho documento no acreditaría de manera fehaciente e inequívoca la disponibilidad del equipamiento estratégico exigido, al mantener una formulación alternativa que impediría determinar cuáles serían los equipos efectivamente destinados a la ejecución del contrato.

• En consecuencia, concluye que el Impugnante no cumplió con acreditar el

requisito de calificación referido al “Equipamiento Estratégico” previsto en las bases integradas y que, por lo tanto, corresponde descalificar la oferta de dicho postor.

• El 15 de octubre de 2026, la Entidad contratante registró en el SEACE el Informe

Técnico Legal N° 1-2026-Concurso Público Abreviado N° 3-2025-MDM-Q-C/C-2; a través del cual absolvió el traslado de los fundamentos del recurso impugnativo, conforme al siguiente detalle: Respecto de los cuestionamientos efectuados a la oferta del Impugnante Respecto de la experiencia de la experiencia del personal clave

• Señala que la constancia de trabajo emitida por Consultants in Business and

Real State Peru S.A. – CBRE Perú y el certificado de trabajo emitido por Constructora Rivas Muelle S.A.C., presentados para acreditar la experiencia del señor Carlos Arturo Olaizábal Rodríguez, no consignan fecha de emisión; por lo tanto, considera que dichos documentos no debieron ser validados, al incumplir las condiciones de acreditación establecidas en las bases integradas.

• Asimismo, señala que, de la revisión de la Resolución Directoral N° 121-2022-

VIVIENDA/VMVU-PNVR, del 22 de febrero de 2022, se advierte que la ejecución física de la obra se desarrolló del 5 de abril al 31 de julio de 2021, sin ampliación del plazo de ejecución, lo que evidenciaría una discrepancia respecto del período declarado en la constancia de trabajo atribuida al Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR); sin embargo, precisa que dicha discrepancia no permite concluir, por sí sola, que la constancia contenga información inexacta, por lo que considera necesario contar con el pronunciamiento de la entidad emisora para determinar si el referido profesional prestó efectivamente sus servicios durante el período certificado. Respecto del equipamiento estratégico

• Señala que el compromiso de alquiler presentado por el Impugnante no

permite acreditar de manera fehaciente e inequívoca la disponibilidad del equipamiento estratégico exigido, toda vez que reproduce de manera genérica las alternativas previstas en las bases integradas, sin identificar cuál de los equipos será efectivamente proporcionado para la ejecución de la prestación. En consecuencia, considera que dicho documento no resulta suficiente para acreditar el cumplimiento del referido requisito de calificación.

• Con Escrito N° 1 presentado el 15 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, la Entidad contratante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante el Decreto del 16 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

presente procedimiento al Adjudicatario en calidad de tercero administrado y por absuelto el traslado de los fundamentos del recurso de apelación.

• A través del Escrito N° 2-2026 presentado el 16 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes designados por el Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad contratante1.

• Con Decreto del 19 de octubre de 2026, se requirió información complementaria,

según el siguiente detalle:

“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA:

Sírvase remitir un informe técnico-legal complementario, en el cual se absuelvan los cuestionamientos formulados por el postor Ecomac Sur Sociedad Anónima Cerrada - Ecomac Sur S.A.C. (Adjudicatario) contra la oferta del Impugnante, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 03-2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria. (…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO – CANCHIS-CUSCO:

• Sírvase señalar de forma clara y concreta si el señor Ederson Galdo Bautista prestó servicios

como residente de obra en el proyecto “Construcción de teatrín escolar de la I.E. N° 56035 del Distrito de San Pedro – Canchis – Cusco”, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de marzo de 2020. [se adjunta el documento que contiene dicha información]

• Del mismo modo, cumpla con señalar la fecha en que inició y culminó la ejecución del

referido proyecto.

• Sírvase remitir el acta de conformidad o recepción de obra, el contrato de ejecución y el

cuaderno de obra, de ser el caso. (…)

AL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO – OFICINA DE

ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL:

• Sírvase señalar de forma clara y concreta si el señor Ederson Galdo Bautista prestó servicios

como supervisor para la intervención del PNVR en el núcleo ejecutor con código de identificación N° 1082-0806-2023-026-CUS/VMVU/PNVR en el proyecto “Mejoramiento de 1 En representación del Impugnante hizo el uso de la palabra el abogado Christian Reátegui Orihuela; en representación del Adjudicatario el abogado Noe Ruiz Casafranca Ccahuaya y; en representación de la Entidad contratante el señor Rodward Alejandro Huamán Porroa.

vivienda rural en el Centro Poblado Cconcha, distrito de Pitumarca, provincia de Canchis – departamento de Cusco”, desde el 14 de mayo de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2024. [se adjunta el documento que contiene dicha información]

• Del mismo modo, cumpla con señalar la fecha en que inició y culminó la ejecución del

referido proyecto.

• Sírvase remitir el acta de conformidad o recepción de obra, el contrato de ejecución y el

cuaderno de obra, de ser el caso. (…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO – CANCHIS – CUSCO:

• Sírvase señalar de forma clara y concreta si el señor Ederson Galdo Bautista prestó servicios

como residente de obra en el proyecto “Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 595 de la comunidad de Inca Parte distrito de San Pablo – Canchis – Cusco”, desde el 3 de agosto de 2020 hasta el 30 de abril de 2021. [se adjunta el documento que contiene dicha información]

• Del mismo modo, cumpla con señalar la fecha en que inició y culminó la ejecución del

referido proyecto.

• Sírvase remitir el acta de conformidad o recepción de obra, el contrato de ejecución y el

cuaderno de obra, de ser el caso. (…)

AL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL - PNVR:

• Sírvase confirmar si la Constancia de trabajo emitida por el Programa Nacional de Vivienda

Rural (adjunto al presente) fue suscrita digitalmente el 22 de febrero de 2022, a las 18:00:06-0500 horas, por el señor Luis Alberto Sánchez Ballesteros, en su calidad de director ejecutivo de dicho programa.

• Sírvase señalar de forma clara y concreta si el señor Carlos Arturo Olazábal Rodríguez se

desempeñó como supervisor de obra en el proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado lago del colca (chichas) - distrito de Callalli; centro poblado Cuñirca - distrito de Lluta; centros poblados colca, pala pacta y otro - distrito de San Antonio de Chuca; centro poblado Champetera - distrito de Yanque - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa”, en el marco del Convenio N° 268-2020-AQP/VMVU/PNVR, desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022. [se adjunta el documento que contiene dicha información]

• Del mismo modo, cumpla con señalar la fecha en que inició y culminó la ejecución del

referido proyecto.

• Sírvase remitir el acta de conformidad o recepción de obra, el contrato de ejecución y el

cuaderno de obra, de ser el caso. (…)

AL SEÑOR LUIS ALBERTO SÁNCHEZ BALLESTEROS:

• Sírvase señalar si suscribió o no, el documento que se detalla a continuación, cuya copia se

adjunta: ➢ Constancia de trabajo emitida por el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR) suscrito digitalmente por el señor Luis Alberto Sánchez Ballesteros, en la cual se consigna que el señor Carlos Arturo Olazábal Rodríguez se desempeñó como supervisor de obra en el proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado lago del colca (chichas) - distrito de Callalli; centro poblado Cuñirca - distrito de Lluta; centros poblados colca, pala pacta y otro - distrito de San Antonio de Chuca; centro poblado Champetera - distrito de Yanque - provincia de Caylloma - departamento de Arequipa”, en el marco del Convenio N° 268-2020-AQP/VMVU/PNVR, desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022.

• De confirmar la suscripción del citado documento, señale si presenta alguna modificación o

adulteración [de ser el caso remitir copia legible del documento en su versión original] o si la información contenida en aquella es inexacta. (…)”.

• El 23 de octubre de 2026, la Entidad contratante registró en el SEACE el Informe

Técnico Legal Complementario-2026-Consurso Público Abreviado N° 3-2025- MDM-Q-C/C-2; a través del cual remitió información adicional para mejor resolver.

• Por medio de la Carta N° 001-2026-LASB presentada el 27 de octubre de 2026 en

la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el señor Luis Alberto Sánchez Ballesteros dio respuesta al decreto de requerimiento de información del 19 del mismo mes y año.

• A través del Decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Con Oficio N° 1514-2026-VIVIENDA-OGA-OACP presentado el 27 de octubre de

2026, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Oficina De Abastecimiento y Control Patrimonial dio respuesta al Decreto de requerimiento de información del 19 del mismo mes y año.

• Mediante el Oficio N° 00001123-2026VMVU – PNVR presentado el 29 de octubre

de 2026 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR solicitó un plazo adicional para dar respuesta al Decreto de requerimiento de información del 19 del mismo mes y año.

• Por medio del Decreto del 30 de octubre de 2026, se declaró no ha lugar la

solicitud de ampliación de plazo formulada por el Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR; sin perjuicio de ello, se le reiteró que debía cumplir con remitir la información solicitada mediante el Decreto del 19 del mismo mes y año.

II. SITUACIÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia, a la fecha, la siguiente información: Impugnante: ➢ El postor DANIEL ALAN TORRES ORCON (con R.U.C. N° 10440653371) cuenta con inscripción vigente como proveedor de bienes y servicios; asimismo, no cuenta con sanción vigente de multa y/o inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado. Adjudicatario: ➢ El postor ECOMAC SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ECOMAC SUR S.A.C. (con R.U.C. N° 20602638902) cuenta con inscripción vigente como proveedor de bienes y servicios; asimismo, no cuenta con sanción vigente de multa y/o inhabilitación para participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

III. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, en el marco del procedimiento de selección convocado estando en vigencia la Ley y el Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:

• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

1 Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT).2 Concurso público abreviado de servicios con una cuantía de S/ 378,000.00 (trescientos setenta y ocho mil con 00/100 soles) Sí 2 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente.

2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.3 El recurso de apelación se dirige contra la calificación de la oferta del Adjudicatario, así como el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.4 La notificación del acto impugnado fue el 29.09.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles el 06.10.2026. El recurso de apelación fue interpuesto el 06.10.2026, debidamente subsanado el 09.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso fue suscrito por el mismo Impugnante, el señor Daniel Alan Torres Orcon. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e) y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante quedó en segundo lugar en el orden de prelación. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. El Impugnante no fue ganador de la buena pro. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. En caso de determinarse irregular la decisión de la Entidad contratante de otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario, causaría agravio al Impugnante Sí 3 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 4 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar para impugnar dicho acto.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES
• El Impugnante ha solicitado a este Tribunal lo siguiente:
• Se revoque la calificación de la oferta del Adjudicatario.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.
• Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a su favor.

Por su parte, el Adjudicatario solicitó lo siguiente

• Se confirme la calificación y evaluación técnica de su oferta.
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.
• Se revoque la calificación y/o evaluación técnica de la oferta del Impugnante.
• Se declare infundado el recurso de apelación.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad contratante y a los postores distintos a los impugnantes que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

• Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente

procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 12 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE5, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 15 del mismo mes y año. Al respecto, de la revisión al expediente administrativo se advierte que mediante el Escrito N° 1-2026 presentado, precisamente el 15 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Adjudicatario presentó su escrito, en el cual absolvió el traslado del recurso de apelación. En razón de lo expuesto, se advierte que aquél cumplió con presentar la absolución del recurso de apelación dentro del plazo establecido, por lo que corresponde considerar los cuestionamientos que haya podido formular contra la oferta del Impugnante en la determinación de los puntos controvertidos. 5 De acuerdo al literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.

• En el marco de lo indicado, este Colegiado considera que los puntos controvertidos

a dilucidar, son los siguientes: ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma y, por su efecto, revocar la buena por otorgada a su favor. ➢ Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Impugnante; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma. ➢ Determinar si el Impugnante cumple con acreditar el factor de evaluación referido a la “Experiencia adicional del personal clave”, conforme a lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección. ➢ Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• ANÁLISIS DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Adjudicatario; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma y, por su efecto, revocar la buena por otorgada a su favor.

• El Impugnante cuestionó la oferta del Adjudicatario, argumentando que el

Certificado de trabajo de agosto de 2026, el Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025, Certificado de trabajo del 22 de julio de 2020, Constancia de Prestación N° 337-2025-VIVIENDA-OGA-OACP del 26 de febrero de 2025 y el Certificado de trabajo del 4 de mayo de 2021 contendrían información inexacta. Dichos argumentos se encuentran desarrollados en el numeral 2 de los

• Frente a dicho cuestionamiento, el Adjudicatario presentó sus argumentos, los

cuales ser encuentran desarrollados en el numeral 4 de los antecedentes. Asimismo, la Entidad presentó sus argumentos, conforme se desprende del numeral 5 de los antecedentes.

• Precisado lo anterior, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del

procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el órgano evaluador (en este caso el comité) al momento de revisar las ofertas. Así, el literal B.1) del numeral 3.5.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, para efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la “Experiencia del personal clave”, establece lo siguiente:

De lo expuesto anteriormente, se desprende que, para la calificación del ingeniero civil y/o arquitecto, se debía acreditar una experiencia mínima de dos (2) años como residente, inspector y/o supervisor en la ejecución de proyectos de edificaciones en general, en instituciones públicas y/o privadas. Asimismo, se estableció que la experiencia del personal clave se acreditará con la presentación de copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

• Contratos y su respectiva conformidad.

ii) Constancias. iii) Certificados. iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Finalmente, se establece que dichos documentos debían consignar, entre otros aspectos, los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, la fecha de inicio y culminación de la experiencia —indicando día, mes y año—, el nombre de la entidad u organización emisora, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento. Respecto del Certificado de trabajo de agosto de 2026 (véase folio 37)

• Nótese que el referido documento consigna que el señor Ederson Galdo Bautista

laboró como supervisor de obra en el proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Centro de Salud del distrito de Velille – Chumbivilcas – Cusco, con CUI N° 2369263”, en el marco del Contrato de Supervisión N° 44-2025/GM- MFV/C, suscrito con la Municipalidad Distrital de Velille, desde el 12 de enero hasta el 15 de agosto de 2026.

• Sin embargo, el Impugnante sostiene que dicho período de experiencia no se

correspondería con la realidad, toda vez que, según la información obtenida del portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, el señor Ederson Galdo Bautista también habría sido contratado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante una orden de servicio cuya fecha de inicio fue el 2 de febrero de 2026, para desempeñarse como supervisor en el servicio denominado “Contratación del supervisor para la intervención del PNVR en el Núcleo Ejecutor”, circunstancia que, a su criterio, evidenciaría una superposición de funciones y, por consiguiente, la presunta presentación de información inexacta.

• Al respecto, este Colegiado advierte que, para sustentar su cuestionamiento, el

Impugnante únicamente presentó una captura de pantalla de la información registrada en el portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, en la que se aprecian datos referidos a una orden de servicio a favor del señor Ederson Galdo Bautista, con fecha de inicio del 2 de febrero de 2026; no obstante, dichos datos no permiten evidenciar que, efectivamente, se perfeccionó una contratación, ni determinar el eventual período durante el cual el referido profesional habría prestado efectivamente sus servicios, así como tampoco las funciones desempeñadas ni las condiciones de ejecución de dicha contratación. Cabe advertir que, en el acápite “Documentos”, la propia plataforma señala que no se registra documentos, tal como se advierte a continuación: Al respecto, debe recordarse que para determinar la inexactitud de información presentada por un administrado es indispensable contar con pruebas suficientes que permitan acreditar de forma indubitable la responsabilidad del administrado. Por tanto, en presencia de dudas razonables, corresponde la aplicación del principio de licitud, previsto en el numeral 9 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, según el cual, se presume que los administrados han actuado conforme a sus deberes, en tanto no se cuente con evidencia en contrario.

• En consecuencia, este Tribunal considera que, en el presente caso, el Impugnante

no ha sustentado su alegación en elementos objetivos que permitan determinar con suficiente certeza que la información contenida en el documento objeto de análisis sea contraria a la realidad, o la invalidez del documento presentado. Respecto del Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025

• De acuerdo con el citado documento, el señor Ederson Galdo Bautista laboró como

inspector de obra II en el proyecto “Mejoramiento del servicio educativo primaria en I.E 501354 del Centro Poblado Leche Pata de Ocobamba del distrito de Ocobamba – La Convención – Cusco”, desde el 27 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

• Sin embargo, el Impugnante cuestiona la veracidad del referido certificado, al

sostener que el profesional también habría sido contratado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para desempeñar funciones de supervisión, mediante dos órdenes de servicio cuyas fechas de inicio corresponderían al 11 de febrero y 24 de abril de 2025, respectivamente, circunstancia que, a su criterio, evidenciaría una superposición de funciones incompatible con el período de experiencia certificado.

• Al respecto, este Colegiado advierte que, para sustentar su cuestionamiento, el

Impugnante presentó capturas de pantalla del portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, en las que se aprecia datos referidos a órdenes que se habría emitido a favor del señor Ederson Galdo Bautista: (i) Servicio de supervisión de obra de conformidad con el Contrato N° 132-2024-VIVIENDA-OGA-OACP- UE.001, por S/ 6,624,00, con fecha de inicio del 11 de febrero de 2025; y (ii) HT 65397 Contratación del supervisor para la intervención del PNVR, por S/ 37,240,00, con fecha de inicio del 24 de abril de 2025.

• No obstante, a criterio de este Tribunal, dicha información no permite evidenciar

que, efectivamente, se perfeccionó una contratación, ni determinar los períodos durante los cuales el referido profesional habría prestado efectivamente sus servicios, las funciones específicas desempeñadas ni las condiciones de ejecución de dichas prestaciones. Cabe advertir que, en el acápite “Documentos”, la propia plataforma señala que no se registra documentos; en esa medida, resulta aplicable el principio de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG y lo señalado en el numeral 15 precedente.

• En consecuencia, este Tribunal considera que, en el caso particular, el Impugnante

no ha sustentado su alegación en elementos objetivos que permitan determinar con suficiente certeza que el señor Ederson Galdo Bautista haya desempeñado funciones de manera simultánea e incompatibles como las labores descritas en el documento objeto de análisis, ni permite acreditar la presentación de información inexacta o la invalidez del documento cuestionado.

Respecto del Certificado de trabajo del 22 de julio de 2020

• Nótese que, en el referido documento, se consigna que el señor Ederson Galdo

Bautista laboró como residente de obra en el proyecto “Construcción de teatrín escolar de la I.E. N° 56035 del Distrito de San Pedro – Canchis – Cusco”, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de marzo de 2020.

• Sin embargo, el Impugnante cuestiona la veracidad del período certificado, al

sostener que, según la información registrada en el portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, la orden de servicio correspondiente a dicha contratación registra como fecha de inicio el 4 de noviembre de 2019, y no el 1 de octubre del mismo año, como se indica en el certificado de trabajo. Al respecto, de la revisión de la Resolución de Alcaldía N° 035-2020-A-MDSP/C-C, registrada en el portal INFOBRAS, se advierte que la ejecución de la referida obra inició el 1 de octubre de 2019, fecha que coincide con la consignada en el certificado cuestionado. Para mayor detalle, se reproduce el extracto correspondiente: En ese sentido, este Colegiado considera que la diferencia entre la fecha de inicio de la orden de servicio y la consignada en el certificado no permite determinar que este último contenga información inexacta, máxime cuando la documentación antes mencionada corrobora fecha de inicio de la ejecución de la obra. Por lo tanto, corresponde desestimar lo cuestionado en este extremo.

• Por otro lado, el Impugnante sostiene que el referido profesional también habría

sido contratado por la Municipalidad Distrital de San Pedro, mediante una orden de servicio cuya fecha de inicio fue el 2 de diciembre de 2019, para desempeñarse como asistente técnico y administrativo en el proyecto “Desarrollo de capacidades en educación, cultura y deporte”, circunstancia que, a su criterio, evidenciaría una superposición de funciones incompatible con las labores de residente de obra y, por consiguiente, la presunta presentación de información inexacta.

• Al respecto, este Colegiado advierte que, para sustentar su cuestionamiento, el

Impugnante presentó una captura de pantalla del portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, en la que se aprecia la existencia de una orden de servicio a favor del señor Ederson Galdo Bautista, con fecha de inicio del 2 de diciembre de 2019; sin embargo, dicha información no resulta suficiente para acreditar que el certificado de trabajo cuestionado contiene información inexacta, toda vez que no permite determinar el período durante el cual el referido profesional habría prestado efectivamente sus servicios como asistente técnico y administrativo, las funciones específicas desempeñadas ni las condiciones de ejecución de dicha contratación. Cabe advertir que, en el acápite “Documentos”, la propia plataforma señala que no se registra documentos, tal como se advierte a continuación: En esa medida, resulta aplicable el principio de licitud previsto en el numeral 9 del

artículo 230 del TUO de la LPAG y lo señalado en el numeral 15 precedente.

• En consecuencia, este Tribunal considera que, en el caso particular, el Impugnante

no ha sustentado su alegación en elementos objetivos que permitan determinar con suficiente certeza que el señor Ederson Galdo Bautista haya desempeñado funciones de manera simultánea e incompatibles como las labores descritas en el documento objeto de análisis, ni permite acreditar la presentación de información inexacta o la invalidez del documento cuestionado. Respecto de la Constancia de Prestación N° 337-2025-VIVIENDA-OGA-OACP del 26 de febrero de 2025

• Nótese que dicho documento, consigna que el señor Ederson Galdo Bautista

laboró como supervisor para la intervención del PNVR en el núcleo ejecutor con código de identificación N° 1082-0806-2023-026-CUS/VMVU/PNVR en el proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el Centro Poblado Cconcha, distrito de Pitumarca, provincia de Canchis – departamento de Cusco”, desde el 14 de mayo de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2024.

• Sin embargo, el Impugnante cuestiona la veracidad del período certificado, al

sostener que, según la información registrada en el portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, la orden de servicio correspondiente a dicha contratación registra como fecha de inicio el 4 de junio de 2024, y no el 14 de mayo del mismo año, como se indica en la constancia de prestación, circunstancia que, a su criterio, evidenciaría la presentación de información inexacta. En principio, cabe precisar que la información presentada por el Impugnante, consistente en una captura de pantalla del portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, en cuyo acápite “Documentos”, la propia plataforma señala que no se registra documentos; conforme se expone:

• Ahora bien, es preciso indicar que, en repuesta al Decreto de requerimiento de

información del 19 de octubre de 2026, efectuado por este Tribunal respecto de la veracidad del documento objeto de análisis, con Oficio N° 1514-2026-VIVIENDA- OGA-OACP, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento confirmó que el ingeniero Ederson Galdo Bautista laboró en el referido proyecto, desde el 14 de mayo de 2024 hasta el 18 de diciembre de 2024, conforme se aprecia del siguiente extracto: Además, de la revisión del portal de Infobras correspondiente a la obra señalada anteriormente, se aprecia que el supervisor inicio sus labores el 14 de mayo de 2024; conforme al siguiente detalle:

• En consecuencia, de la valoración conjunta de los documentos expuestos

anteriormente; este Tribunal considera que la constancia de prestación objeto de análisis no contiene información inexacta ni resulta invalida; toda vez que la entidad contratante ha confirmado la exactitud de la información cuestionada por el Impugnante.

Respecto del Certificado de trabajo del 4 de mayo de 2021

• Nótese que, en dicho documento, se consigna que el señor Ederson Galdo Bautista

laboró como residente de obra en el proyecto “Mejoramiento de los servicios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 595 de la comunidad de Inca Parte distrito de San Pablo – Canchis – Cusco”, desde el 3 de agosto de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.

• Sin embargo, el Impugnante cuestiona la veracidad del período certificado, al

sostener que, según la información registrada en el portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, la orden de servicio correspondiente a dicha contratación registra como fecha de inicio el 12 de agosto de 2020, y no el 3 de agosto del mismo año, como se indica en el certificado de trabajo. Asimismo, señala que el referido certificado comprende la totalidad del mes de enero de 2021, pese a que, según la información registrada en el citado portal, se habría contratado al profesional para prestar servicios como residente de obra del 18 al 31 de enero de 2021, mediante una orden de servicio cuya fecha de inicio figura el 27 de enero de 2021, circunstancias que, a su criterio, evidenciarían la presentación de información inexacta.

• Al respecto, este Colegiado advierte que, para sustentar su cuestionamiento, el

Impugnante presentó capturas de pantalla del portal del OECE “Búsqueda de Proveedores del Estado”, en las que se consigna dos órdenes de servicio con fechas de inicio del 12 de agosto de 2020 y 27 de enero de 2021, respectivamente. No obstante, dicha información no resulta suficiente para acreditar que el certificado de trabajo cuestionado contiene información inexacta, toda vez que las fechas de inicio registradas en las órdenes de servicio no permiten determinar la fecha en la que el referido profesional inició efectivamente sus labores ni desvirtuar fehacientemente los períodos consignados en el documento presentado. Asimismo, debe precisarse que, en el acápite “Documentos”, la propia plataforma señala que no se registra documentos, tal como se advierte a continuación:

Conforme a ello, resulta aplicable el principio de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG y lo señalado en el numeral 15 precedente.

• Del mismo modo, respecto del período correspondiente a enero de 2021, cabe

precisar que la orden de servicio cuya fecha de inicio figura el 27 de enero de 2021 no acredita que en esta fecha el citado profesional haya iniciado sus labores como residente de obra, pues, dicha información únicamente permite dar cuenta de la fecha de una orden, mas no el periodo efectivo laborado ni la fecha en que dicho profesional habría dado inicio a sus labores. Además, cabe precisar que en el acápite “Documentos”, la propia plataforma señala que no se registra documentos, tal como se advierte a continuación: En ese contexto, resulta aplicable el principio de licitud previsto en el numeral 9 del artículo 230 del TUO de la LPAG y lo señalado en el numeral 15 precedente.

• Asimismo, respecto de la alegada exigencia de permanencia y exclusividad del

residente de obra, cabe señalar que el Impugnante no ha aportado elementos probatorios que permitan acreditar que el referido profesional haya desempeñado simultáneamente funciones incompatibles durante el período cuestionado. Por tanto, la alegación referida a una presunta imposibilidad de desempeñar funciones simultáneas no resulta suficiente para desvirtuar la veracidad del documento.

• En consecuencia, este Tribunal considera que, en el presente caso, el Impugnante

no ha sustentado su alegación en elementos objetivos que permitan determinar con suficiente certeza que el período de experiencia consignado en el documento objeto de análisis sea contraria a la realidad o invalida.

• En atención a los argumentos expuestos, y habiéndose desestimado los

cuestionamientos formulado por el Impugnante, corresponde confirmar la calificación de la oferta del Adjudicatario.

• Por consiguiente, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de

apelación. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la calificación de la oferta del Impugnante; y si, como consecuencia de ello, debe tenerse por descalificada la misma.

• El Adjudicatario cuestionó la oferta del Impugnante, señalando que la constancia

de trabajo y el certificado de trabajo obrantes a folios 34 y 36 de su oferta, respectivamente, no consignaban fecha de emisión, por lo que considera que dichos documentos no resultarían válidos para acreditar el factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”. Asimismo, cuestionó la veracidad de la Constancia de trabajo del 22 de febrero de 2022 obrante en el folio 31 de la misma oferta. Finalmente cuestionó el cumplimiento del equipamiento estratégico. Cabe precisar que dichos argumentos se encuentran desarrollados en el numeral 4 de los antecedentes.

• Al respecto, el Impugnante no formuló argumentos en respuesta a dichos

cuestionamientos. Por su parte, la Entidad contratante expuso su posición, conforme se desarrolla en el numeral 5 de los antecedentes. Respecto de la Constancia de trabajo del 22 de febrero de 2022 presentado para acreditar la experiencia del personal propuesto en el cargo de arquitecto

• Precisado lo anterior, cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del

procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas a las cuales se sometieron los participantes y/o postores, así como el órgano evaluador (en este caso el comité) al momento de revisar las ofertas.

Así, en el literal B.1) del numeral 3.5.2 del Capítulo III de la Sección Específica de las bases integradas del procedimiento de selección, para efectos de acreditar el requisito de calificación referido a la “Experiencia del personal clave”, establece lo siguiente: De lo expuesto anteriormente, se desprende que, para la calificación del ingeniero civil y/o arquitecto, se debía acreditar una experiencia mínima de dos (2) años como residente, inspector y/o supervisor en la ejecución de proyectos de edificaciones en general, en instituciones públicas y/o privadas. Asimismo, se estableció que la experiencia del personal clave se acreditará con la presentación de copia simple de cualquiera de los siguientes documentos:

• Contratos y su respectiva conformidad.

ii) Constancias. iii) Certificados.

iv) Cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Finalmente, se establece que dichos documentos debían consignar, entre otros aspectos, los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, la fecha de inicio y culminación de la experiencia —indicando día, mes y año—, el nombre de la entidad u organización emisora, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Ahora bien, teniendo en cuenta el argumento formulado por el Adjudicatario,

corresponde analizar la Constancia de trabajo del 22 de febrero de 2022, a efectos de determinar si el mismo contiene información inexacta. En tal sentido, el pronunciamiento de este Tribunal se centrará estrictamente en evaluar la posible transgresión al principio de presunción de veracidad del cual se encuentra premunido dicho documento, para lo cual, se reproducen para mayor detalle:

• De acuerdo con la imagen precedente, se advierte que el señor Carlos Arturo

Olazaval Rodríguez se desempeñó como supervisor de obra en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Lago del Colca (Chichas), distrito de Callalli; centro poblado Cuñirca, distrito de Lluta; centros poblados Colca, Pala P acta y otro, distrito de San Antonio de Chuca; centro poblado Champetera, distrito de Yanque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa”, en el marco del Convenio N° 268-2020-AQPA/VMVU/PNVR, desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022.

• Sin embargo, conforme se desprende de los fundamentos de la absolución del

recurso de apelación, dicho documento no se correspondería con la realidad, pues, según sostiene el Adjudicatario, la ejecución de la referida obra habría iniciado el 5 de abril de 2021 y culminado el 31 de julio de 2021, remitiendo para tal efecto la Resolución Directoral N° 121-2022-VIVIENDA/VMVU-PNVR, cuyo contenido se grafica para mayor detalle:

• Nótese que, mediante el referido documento, el Director Ejecutivo del Programa

Nacional de Vivienda Rural, aprobó la liquidación final técnico – financiero del proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Lago del Colca (Chichas), distrito de Callalli; centro poblado Cuñirca, distrito de Lluta; centros poblados Colca, Pala P acta y otro, distrito de San Antonio de Chuca; centro poblado Champetera, distrito de Yanque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa”, ejecutado en el marco del Convenio N° 268-2020-AQPA/VMVU/PNVR, precisándose en sus considerandos que la ejecución del proyecto inició el 5 de abril de 2021 y culminó el 31 de julio de 2021. Asimismo, se señaló que durante la ejecución de la citada obra no hubo ampliaciones de plazo. De ello, se advierte que, durante la ejecución de la obra comprendió desde el 5 de abril de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, y no desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022, como se consiga en el documento objeto de análisis.

• En ese contexto, y conforme a la información expuesta, este Colegiado advierte

que no resulta posible considerar que el señor Carlos Arturo Olazaval Rodríguez haya laborado como supervisor de obra en el proyecto “Mejoramiento de vivienda rural en el centro poblado Lago del Colca (Chichas), distrito de Callalli; centro poblado Cuñirca, distrito de Lluta; centros poblados Colca, Pala P acta y otro, distrito de San Antonio de Chuca; centro poblado Champetera, distrito de Yanque, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa”, en el marco del Convenio N° 268-2020-AQPA/VMVU/PNVR, desde el 27 de enero de 2021 hasta febrero de 2022; toda vez que, conforme a la documentación expuesta, la ejecución de la referida obra se desarrolló desde el 5 de abril hasta el 31 de julio de 2021. Por lo expuesto, este Colegiado concluye que el documento objeto de análisis contiene información que no es concordante con la realidad. Cabe precisar que dicho documento es accesible a través del portal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como se advierte a continuación:

• En este punto, cabe señalar que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 004-

2026/TCP, adoptado por mayoría, se estableció el siguiente criterio: “Si, durante la tramitación de un recurso de apelación, el Tribunal corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar la decisión en el procedimiento recursivo no resulta necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto; este elemento deberá ser examinado, junto con los demás presupuestos del tipo infractor, en el procedimiento administrativo sancionador”. [El énfasis es agregado]

• Cabe recordar que la información inexacta supone un contenido que no es

concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta.

• Es importante precisar que la actuación de todo postor que participa en el marco

de un procedimiento, bajo los alcances de la normativa de contratación pública debe regirse bajo los principios rectores de legalidad, integridad y transparencia, debiendo ser diligentes al momento de recabar la documentación e información que formará parte de su oferta, de tal manera de no comprometer la validez de esta, en el marco de un procedimiento de selección, por el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad.

• En tal sentido, este Tribunal considera que el Impugnante vulneró el principio de

presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7. del artículo IV del TUO de la LPAG y en el literal e) del artículo 5 de la Ley, al haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección.

• De este modo, habiéndose determinado la transgresión al principio de presunción

de veracidad, así como el principio de integridad, en virtud del cual la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación está guiada por la honestidad y la veracidad, corresponde descalificar la oferta del Impugnante, por haber presentado información inexacta en su oferta.

• En consecuencia, conforme a lo expuesto anteriormente, existiendo indicios

suficientes de la comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, corresponde se disponga abrir expediente administrativo sancionador contra el postor Daniel Alan Torres Orcon (el Impugnante), por la presentación de información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, siendo dicho documento el que se detallan a continuación: ➢ Constancia de trabajo del 22 de febrero de 2022 obrante en el folio 31 de la oferta del Impugnante.

• Por lo tanto, corresponde amparar los argumentos formulados por el

Adjudicatario en este extremo. correspondiente al señor Carlos Arturo Olazaval Rodríguez; corresponde precisar que, en respuesta al Decreto de requerimiento de información del 19 de octubre de 2026, mediante la Carta N° 001-2026-LASB del 27 de octubre de 2026, al señor Carlos Arturo Olazaval Rodríguez, manifestó que no resulta posible validar la firma digital por parte del suscrito, toda vez que el documento remitido es ilegible; además, agregó que no se encuentra en condiciones de reconocer ni recordar si suscribió el documento remitido, denominado “Constancia de Trabajo”, debido a que no cuenta con elementos suficientes para corroborar su autenticidad. consignada en la Constancia de trabajo del 22 de febrero de 2022, y considerando los plazos perentorios con los que cuenta este Colegiado para resolver, corresponde que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior a la oferta del Impugnante, en atención a los cuestionamientos efectuados por el Adjudicatario, los cuales se encuentran desarrollados en los antecedentes, debiendo comunicar sus resultados a este Tribunal en un plazo de veinte (20) días hábiles de publicada la presente resolución, bajo responsabilidad.

• Estando a los argumentos expuestos, no corresponde emitir pronunciamiento

sobre los demás cuestionamientos efectuados; toda vez que el análisis de los mismos no variará la condición de postor descalificado del Impugnante, por haber presentado información inexacta en su oferta. Por la misma razón, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el tercer punto controvertido.

CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante

• De acuerdo con los argumentos expuestos, este Tribunal ha decidido declarar

infundado el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante y; en consecuencia, confirmar la calificación del Adjudicatario.

• Por lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de

apelación.

• Por consiguiente, considerando que el recurso de apelación será declarado

infundado, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento, corresponde disponer la ejecución de la garantía presentada por el Impugnante como requisito de admisibilidad de su recurso.

• Es menester precisar que, todos los aspectos que no han sido objeto de

cuestionamiento en el presente procedimiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de validez previsto en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

• Finalmente, corresponde que la Entidad contratante cumpla con su obligación de

registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –

SEACE6.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti y la intervención de los vocales Christian César Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el diario oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, 6 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registra en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar Infundado el recurso de apelación interpuesto por el postor DANIEL

ALAN TORRES ORCON, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 03-2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria, convocado por la Municipalidad Distrital de Marcapata, para la “Contratación de suministro e instalación de ventanas de aluminio inc. vidrios, herrajes y cerrajería (a todo costo) para la obra: mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del nivel secundario de la I.E. San Francisco de Asís del Centro Poblado de Marcapata del, distrito de Marcapata - Quispicanchi - Cusco”. conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Confirmar la calificación de la oferta del postor ECOMAC SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ECOMAC SUR S.A.C. en el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 03-2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria. 1.1 Confirmar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 03-2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria al postor

ECOMAC SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - ECOMAC SUR S.A.C.

• Descalificar la oferta del postor DANIEL ALAN TORRES ORCON en el Concurso

Público Abreviado de Servicios N° 03-2025-MDM-Q-C/C - Segunda Convocatoria al haber presentado información inexacta en su oferta.

• Ejecutar la garantía presentada por el postor DANIEL ALAN TORRES ORCON para

la interposición de su recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

• Abrir expediente administrativo sancionador contra el postor DANIEL ALAN

TORRES ORCON (el Impugnante), a efectos de determinar su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas conforme a lo indicado en el fundamento 52 de la presente Resolución.

• Disponer que la Entidad contratante realice la fiscalización posterior, conforme a

lo indicado en el fundamento 54, e informe los resultados a este Colegiado en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución, bajo responsabilidad del Titular de dicha entidad.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con su obligación de registrar en el

SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• DECLARAR que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ANNIE ELIZABETH PÉREZ GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti.