Resolución N.° 9575-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…)una vez advertida la existencia de un vicio que afecta la validez del procedimiento de selección y que determina la declaración de nulidad, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás agravios planteados en el recurso de apelación, toda vez que la reposición del procedimiento implica que la evaluación de las ofertas deba realizarse nuevamente con observancia de las disposiciones legales y de las Bases”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7497/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa TECNOELECTRICA INDUSTRIAL ANDINA S.A.C, en el marco de la Concurso Público de Servicios N.º 39-2026-SEDAPAL, para el “Servicio de soporte técnico y mantenimiento del software SCADA rebombeo y SCADA PTAP Huachipa”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 27 de agosto de 2026, el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios N.º 39-2026-SEDAPAL, para el “Servicio de soporte técnico y mantenimiento del software SCADA rebombeo y SCADA PTAP Huachipa”, con una cuantía de S/ 1,046,208.94 (Un millón cuarenta y seis mil doscientos ocho con 94/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 28 de setiembre de 2026, se presentaron las ofertas y, el 6 de octubre del mismo año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, conforme a los siguientes resultados: Postor

ETAPAS

Resultado Admisión Calificación Precio ofertado Ev. Econ Ev. Técnica Puntaje Total Orden

TECNOELECTRIC

A INDUSTRIAL

ANDINA S.A.C.

Admitido Descalificado - - - - - Descalificado Nota: según acta de evaluación registrada en el SEACE.

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 7 de octubre de 2026, ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa TECNOELECTRICA INDUSTRIAL ANDINA S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y se disponga la evaluación de su oferta y de corresponder el otorgamiento de la buena pro a su favor; de acuerdo a lo siguiente:

• Como antecedente, indica que el comité decidió descalificar su oferta por

un único motivo, relacionado a que el título presentado por su representada de “Ingeniero electricista” no es una de las opciones establecidas en el requisito de calificación Formación académica, lo cual considera que trasgrede los principios de eficacia y eficiencia, libertad de concurrencia y competencia y valor por dinero, pues las propias bases indican que cuando la denominación del cargo no coincide literalmente con la prevista, se debe validar la experiencia si las actividades corresponden a las funciones requeridas, lo cual aplica al caso de la denominación del título. ii. Señala que en el literal B.2.1. Formación académica del numeral 3.5.2. de las bases integradas se exige para el Técnico la copia del grado de bachiller o título profesional y, para estudios en el extranjero, la copia simple de la revalidación del grado o título ante SUNEDU, sin exigir la denominación literal del título. iii. Sostiene que, a folio 100 de su oferta, presentó el título de Ingeniero Electricista otorgado por el Instituto Politécnico Nacional de México al Sr. José Ricardo Leal Flores, el 27 de abril de 2011 y, a folios 101 de su oferta, presentó la Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, que registra el “Título de Ingeniero electricista (grado de bachiller y título profesional), en mérito de la Resolución N° 003910-2023-SUNEDU-02-15-02 del 19 de mayo de 2023. Con lo cual, alega que el título se encuentra oficialmente en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, cumpliendo con lo exigido en las bases integradas. iv. Aclara que el nombre de “Ingeniería Eléctrica” es el nombre de la carrera y grado de bachiller e “Ingeniero Electricista” es el título profesional que se obtiene al culminarla, no son perfiles distintos, sino etapas de la misma formación. Para ello, cita como ejemplo la Universidad Nacional del Centro del Perú y Universidad Nacional de Ingeniería, las cuales emitirían títulos como Ingeniero Eléctrico a la carrera de Ingeniería Eléctrica.

• Cita la Resolución N° 04990-2025-TCP-S1, en la cual la entidad informó que

el título del Ingeniero Electricista es coherente con las especialidades comprendidas en el Capítulo de Ingeniería Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Perú y el Tribunal validó un título de Ingeniero Electricista de la Universidad Nacional del Callao. vi. Finalmente, sostiene que no era necesario realizar consultas al respecto, pues las bases ya incluían la carrera de Ingeniería Eléctrica y lo que exige su representada es que se reconozca que el título presentado está en la misma especialidad. vii. De otro lado, pone en conocimiento que en el acta figura una frase aislada de que el postor no cumple con el monto mínimo necesario para la experiencia del postor, pero debe tratarse de un error material pues en el mismo cuadro de evaluación de calificación se indica que el monto acreditado supera el mínimo exigido en las bases.

• Por decreto del 9 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, la constancia de transferencia interbancaria con operación N° 0000325600003258 expedida por el Banco BBVA, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 19 de octubre de 2026.

• El 14 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE, el Informe Técnico Legal

N° 32-2026-CP SER N° 39-2026-SEDAPAL a través del cual indicó que el comité actuó conforme a las bases integradas, al considerar que el título de Ingeniero Electricista no estaba expresamente previsto entre las opciones de formación académica para el personal clave “Técnico”, por lo que no correspondía asumir una equivalencia con el título de Ingeniero Eléctrico. Precisa que el perfil exigido responde a la naturaleza especializada del servicio de soporte y mantenimiento del software SCADA, por lo que considera que la documentación presentada por el Impugnante no acredita el perfil requerido. Además, señala expresamente lo siguiente: “(…) Sobre este punto, se observa que la pretensión del impugnante es que se deje sin efecto los resultados de la calificación de su oferta, lo que significa que la pretensión es que el Tribunal de Contratación Públicas ordene que la Entidad modifique su requerimiento e incluya un perfil no previsto en las bases y por consiguiente en el requerimiento, el cual, ha sido elaborado para un tipo específico de servicio: El Servicio de soporte técnico y mantenimiento del software SCADA Rebombeo y SCADA PTAP Huachipa, (lo subrayado es propio). Como se puede apreciar se trata de un servicio relacionado al software del SCADA, razón por la cual el personal solicitado es: (01) Supervisor del Servicio (Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Eléctrica y/o Mecánico- Eléctrica), (01) Técnico (Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Eléctrica) y (01) Administrador de base de datos Oracle (Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniero de Telecomunicaciones). El impugnante presenta como uno de los sustentos para justificar su solicitud en lo señalado por el Tribunal de Contrataciones Públicas en la Resolución N° 04990-2025-TCP-S1, la cual se trata de un servicio de mantenimiento correctivo del sistema eléctrico de las instalaciones de la escuela de posgrado de la PNP, que cuenta con características técnicas muy distintas al presente servicio, ya que para los casos de sistemas eléctricos podría si establecerse, a opiniones de los entendidos que, si podría realizar un ingeniero electricista, servicios de la naturaleza mencionada en la resolución que adjunta, siendo completamente diferente en materia de las prestaciones y la especialidad requerida para el mantenimiento correctivo a los equipos del SCADA.”

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con asistencia de los

representantes de la Entidad.

• Por decreto del 19 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad y al

Impugnante para que se pronuncien sobre la posible nulidad del procedimiento, pues se advirtieron dos posibles vicios de nulidad: i) falta de motivación del Acta de evaluación respecto al incumplimiento de la formación académica del Técnico, cuyos fundamentos recién fueron expuestos por la Entidad en su informe técnico legal, afectando el debido procedimiento y el derecho de defensa del Impugnante; y ii) falta de claridad en la evaluación de la experiencia del postor, pues se consignó simultáneamente que cumplía el requisito y que no alcanzaba el monto mínimo exigido.

• Mediante escrito s/n presentado el 23 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante presentó la absolución del traslado de nulidad, indicando lo siguiente:

• El Impugnante sostiene que las irregularidades advertidas constituyen

vicios trascendentes que afectan el debido procedimiento, el derecho de defensa y los principios de transparencia y predictibilidad, pues respecto de la falta de motivación y afectación del derecho de defensa, precisa que el comité descalificó su oferta por considerar que el título de Ingeniero Electricista no estaba comprendido entre las opciones previstas en las bases; sin embargo, no explicó por qué dicha formación no acreditaba la especialidad de Ingeniería Eléctrica, expresamente admitida. Recién mediante el Informe Técnico Legal N.º 32-2026-CP SER N.º 39-2026- SEDAPAL, la Entidad desarrolló las razones de su decisión, lo que no subsana la falta de motivación del acto original ni la afectación a su derecho de contradicción. Además, indica que la Entidad introdujo restricciones no previstas en las bases y si la Entidad consideraba que esta no era adecuada para el servicio, debió establecer requisitos distintos desde la elaboración de las bases. ii. Pone en conocimiento que en la Adjudicación Simplificada N.º AS-SM-20- 2023-SEDAPAL-2, convocada para el mismo servicio y con un requisito de formación académica coincidente, la Entidad aceptó la oferta de un profesional con título de Ingeniero Electricista, otorgándole la buena pro al Consorcio Integrador Tecnológica Andina, del cual formaba parte TECNOELÉCTRICA INDUSTRIAL ANDINA S.A.C. (Contrato N.º 186-2023- SEDAPAL). Señala que dicha formación no fue observada y que el servicio se ejecutó sin inconvenientes atribuibles a ella; por tanto, considera que existe una contradicción en el criterio aplicado actualmente por la Entidad. iii. De otro lado, manifiesta que comparte la observación de la Sala respecto de la contradicción en la calificación de la experiencia del postor, pues el comité consignó que cumplía el requisito y, simultáneamente, indicó que no alcanzaba el monto mínimo. Precisa que acreditó una experiencia de S/ 1 538 517,05, superior al mínimo exigido de S/ 800 000,00.

iv. Reitera que solicita principalmente que el Tribunal resuelva el fondo de la controversia y reconozca el cumplimiento del requisito de formación académica, dejando sin efecto la descalificación y la declaratoria de desierto. Subsidiariamente, si se considera que los vicios impiden resolver el fondo, solicita que se evalúe la afectación generada desde la presentación de ofertas, pues la interpretación restrictiva de la Entidad condicionó la formulación de su oferta. En consecuencia, pide que el procedimiento se retrotraiga a dicha etapa, a fin de restablecer condiciones transparentes, previsibles e iguales para los postores, precisando que no busca modificar las bases ni obtener una subsanación individual.

• Mediante Informe Técnico Legal Complementario N° 037-2026-CP SER N° 39-

2026-SEDAPAL presentado el 26 de octubre de 2026, por la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad presentó la absolución del traslado de nulidad, indicando lo siguiente:

• En el Acta de evaluación sí identificó el requisito incumplido y la razón de

la decisión, pues indicó que el título de Ingeniero Electricista no estaba comprendido entre las especialidades previstas en las bases integradas; no obstante, reconoce que la motivación pudo desarrollarse con mayor amplitud, pero considera que se trataría de una motivación insuficiente o parcial, susceptible de conservación conforme al numeral 14.2.2 del

artículo 14 del TUO de la Ley N.º 27444, y no de una ausencia absoluta de

motivación. ii. Mediante el Informe Técnico Legal N.º 032-2026, amplió los argumentos sobre la interpretación del perfil académico, atendiendo a la naturaleza del servicio. Asimismo, señala que el Impugnante ejerció su derecho de contradicción mediante el recurso de apelación, circunstancia que debe valorarse al determinar la trascendencia de la eventual afectación de su derecho de defensa. iii. Sobre la inconsistencia en la calificación de la experiencia, precisa que el Impugnante acreditó una experiencia acumulada de S/ 1 538 517,05, superior al mínimo de S/ 800 000,00 exigido en las bases, por lo que obtuvo la calificación de “CUMPLE”. En ese sentido, sostiene que la referencia a que no alcanzaba el monto mínimo constituye un error material de transcripción, que no determinó su descalificación ni la declaratoria de desierto, por lo que sería susceptible de rectificación conforme al numeral 212.1 del artículo 212 del TUO de la Ley N.º 27444. iv. Para declarar la nulidad, no basta con identificar una contravención normativa, sino que también debe verificarse que el acto no pueda conservarse. En el presente caso, considera que ambos aspectos observados son conservables: la motivación del Acta constituye un defecto no trascendente y la inconsistencia sobre la experiencia, un error material que no modifica el resultado de la calificación.

• La controversia sobre la formación académica puede resolverse mediante

el análisis de fondo del recurso, sin necesidad de retrotraer el procedimiento, en atención al principio de eficacia y eficiencia y a la naturaleza crítica del servicio para la operación del sistema SCADA de rebombeo y de la PTAP Huachipa. vi. No se configura un vicio que justifique la nulidad del procedimiento y deja a consideración de la Sala los efectos jurídicos correspondientes. Precisa que, de identificarse algún vicio trascendente no susceptible de conservación, la eventual nulidad debería limitarse a las actuaciones afectadas, preservando aquellas que mantengan su validez.

• Por decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y se disponga la evaluación de su oferta y de corresponder el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un concurso público de servicios, cuya cuantía es de S/ 1,046,208.94 (Un millón cuarenta y seis mil doscientos ocho con 94/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y se disponga la evaluación de su oferta y de corresponder el otorgamiento de la buena pro a su favor; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar.

En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público de servicios, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 19 de octubre de 2026, considerando que la declaratoria de desierto del procedimiento de selección fue publicada en el SEACE el 6 del mismo mes y año, teniendo en cuenta que el 8 de octubre fue feriado. Al respecto, se aprecia que el Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escrito N° 1, presentado el 7 de octubre de 2026, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por su representante legal, la señora Mari Carmen Huamán Cruz.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección, por lo que no se configura la presente causal.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el procedimiento de selección fue declarado desierto.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta y la declaratoria de desierto del procedimiento de selección habrían sido realizadas transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, la

declaratoria de desierto del procedimiento de selección. ii. Se disponga la evaluación de su oferta y de corresponder el otorgamiento de la buena pro a su favor.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles.

Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 9 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 14 de octubre del mismo año. Sobre el particular, cabe señalar que el procedimiento de selección fue declarado desierto y que solo el Impugnante interpuso recurso de apelación, al ser el único participante; razón por la cual no es posible identificar otros postores con interés legítimo en el resultado del presente procedimiento recursivo.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Impugnante y en consecuencia, si corresponde revocar la declaratoria de desierto del procedimiento de selección. ii. Determinar si corresponde disponer que el comité continúe con la evaluación de la oferta del Impugnante y de ser el caso, le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Sobre el particular, a efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos

cuestionados en el recurso impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad del acta de evaluación, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal1, con decreto del 19

de octubre de 2026, se corrió traslado al Impugnante y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos de que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación: “(…)

• Mediante el recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la

desestimación de su oferta, la cual se sustentó en la falta de acreditación del requisito de calificación “Formación académica” del personal clave – Técnico, pues, según el comité, el Título de Ingeniero Electricista no estaría dentro de las opciones establecidas en dicho requisito.

• Al respecto, de la revisión del “Acta de admisión, calificación y declaratoria

de desierto”, en adelante, el Acta de evaluación, se advierte que el comité decidió “no admitir” la oferta del Impugnante, por el siguiente motivo: 1 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

*Extraído de la página 2 del Acta de evaluación

• Conforme puede apreciarse, el comité indica, de forma general que, para

el cargo de “Técnico” se ha presentado a un Ingeniero Electricista, el cual no es una de las opciones establecidas en los Requisitos académicos señalados en el literal numeral B.2.1 Formación Académica; no obstante, no se advierte explicación ni desarrollo sobre la razón por la cual dicha denominación no cumpliría con las exigencias de las bases integradas.

• Es recién en el Informe técnico legal N° 32-2026-CP SER N° 39-2026-

SEDAPAL del 14 de octubre de 2026 que la Entidad señaló los motivos por los cuales el título de “Ingeniero Electricista” no cumpliría con las exigencias de las bases integradas, según lo siguiente:

*Extraído de la página 11 del Informe técnico de la Entidad

• En dicho escenario, se tiene que la Entidad recién en su informe técnico

legal expresó los motivos por los cuales considera que el título de “Ingeniero Electricista” no se encuentra previsto en el requisito de Formación académica.

• La situación expuesta transgrediría el principio del debido procedimiento,

regulado en el numeral 1.22 del artículo V del TUO de la Ley N° 27444, así como el artículo 3 y 6 del mismo cuerpo normativo, que establece como un requisito de validez de los actos administrativos, la motivación, la cual debe ser expresa mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 2 “1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.” Asimismo, se afectaría el derecho de defensa del Impugnante, quien no tuvo conocimiento oportuno de los motivos por los cuales el Título de “Ingeniero Electricista” no cumple con lo requerido en las bases integradas.

• Adicionalmente, se apreciaría la afectación al principio de transparencia,

en la medida que en la calificación de la “Experiencia del postor en especialidad” se indica que “cumple”, y al mismo tiempo se indica que el postor no cumple con el monto mínimo necesario para dicho requisito, no siendo claro cuál es el resultado correcto.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en

el Art. 70.1 del Art. 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley Nº 32069, por una posible contravención a las normas legales antes citadas.”

• Conforme a lo indicado en el traslado del vicio de nulidad, esta Sala advirtió vicios

de nulidad en el procedimiento de selección, relacionados con: i) la falta de motivación suficiente del Acta de evaluación respecto de la descalificación de la oferta del Impugnante, pues el comité únicamente indicó que el título de Ingeniero Electricista no se encontraba entre las opciones previstas en las bases integradas, sin explicar las razones de dicha conclusión, las cuales fueron desarrolladas recién en el Informe Técnico Legal N.º 032-2026; situación que afectó el deber de motivación de los actos administrativos, el debido procedimiento y el derecho de defensa del Impugnante; y ii) la falta de claridad en la calificación del requisito “Experiencia del postor en la especialidad”, toda vez que se consignó simultáneamente que cumplía dicho requisito y que no alcanzaba el monto mínimo exigido, en contravención del principio de transparencia. En ese sentido, se aprecia que las situaciones advertidas constituyen vicios que contravienen las normas legales y justifican la declaración de nulidad del procedimiento de selección.

• En esa misma línea, al absolver el traslado de nulidad, el Impugnante reconoce la

existencia de los vicios advertidos por esta Sala. En cuanto a la formación académica del personal clave, sostiene que el comité de selección no motivó las razones por las cuales el título de Ingeniero Electricista no acreditaría la formación en Ingeniería Eléctrica prevista en las bases, precisando que los argumentos expuestos posteriormente por la Entidad no subsanan dicha omisión. Añade que, en un procedimiento anterior convocado por la propia Entidad para contratar el mismo servicio, se aceptó dicha denominación profesional, por lo que la interpretación restrictiva aplicada en esta oportunidad vulneraría la predictibilidad y la confianza legítima. Respecto de la experiencia del postor, coincide con la observación de esta Sala sobre la contradicción contenida en el acta.

• Como puede apreciarse, en el presente caso, el Impugnante coincide con los vicios

advertidos con ocasión del traslado. No obstante, solicita que la Sala resuelva el fondo de la controversia y reconozca que cumplió con acreditar la formación académica del personal propuesto; y, de manera subordinada, que se declare la nulidad del procedimiento y se retrotraiga hasta la etapa de presentación de ofertas.

• Al respecto, corresponde señalar que, en el presente caso, no resulta posible emitir

pronunciamiento sobre el fondo, relacionado al cumplimiento de la formación académica cuestionada, toda vez que precisamente la falta de motivación advertida en la decisión del comité impide conocer las razones que sustentaron su evaluación y, por ende, efectuar un análisis de fondo sobre dicho extremo.

• Por otra parte, la Entidad sostiene que el Acta de evaluación sí contó con una

motivación inicial, pues identificó el requisito de formación académica incumplido y precisó que el título de Ingeniero Electricista no se encontraba entre las especialidades previstas en las bases integradas. No obstante, indica que la falta de mayor desarrollo constituiría una motivación insuficiente o parcial, susceptible de conservación conforme al numeral 14.2.2 del artículo 14 del TUO de la Ley N.º 27444. Asimismo, señala que el Impugnante ejerció su derecho de defensa al interponer recurso de apelación cuestionando dicha interpretación. En torno a ello, este Colegiado considera que si bien el comité identificó el requisito de calificación y señaló que la denominación profesional presentada no se encontraba entre las opciones previstas en las bases, no expuso las razones que sustentaban tal conclusión ni explicó por qué el título de Ingeniero Electricista no podía considerarse comprendido en la especialidad de Ingeniería Eléctrica, que sí estaba contemplada en aquellas. Por tanto, no se trata únicamente de una motivación breve o insuficiente, sino de la ausencia de una explicación que permita conocer el razonamiento seguido por el comité para adoptar su decisión.

• De otro lado, tampoco es correcto el argumento de la Entidad, respecto a que el

ejercicio del derecho de contradicción mediante la interposición del recurso de apelación habría superado dicha deficiencia, pues debe tenerse en cuenta que, al momento de formular su recurso, el Impugnante no conocía los argumentos técnicos que la Entidad recién desarrolló en el Informe Técnico Legal N.º 032-2026- CP SER N.º 39-2026-SEDAPAL (recién remitido a esta instancia con ocasión del traslado del recurso impugnativo). En consecuencia, el hecho de que haya cuestionado la decisión del comité no acredita que hubiera podido ejercer su defensa frente a las razones que posteriormente fueron expuestas por la Entidad. Admitir lo contrario supondría permitir que la motivación de la decisión cuestionada sea completada con posterioridad, en lugar de que esta se encuentre debidamente sustentada desde su emisión. Cabe señalar que la Entidad, en su informe, ha expuesto expresamente lo siguiente: “(…) Sobre este punto, se observa que la pretensión del impugnante es que se deje sin efecto los resultados de la calificación de su oferta, lo que significa que la pretensión es que el Tribunal de Contratación Públicas ordene que la Entidad modifique su requerimiento e incluya un perfil no previsto en las bases y por consiguiente en el requerimiento, el cual, ha sido elaborado para un tipo específico de servicio: El Servicio de soporte técnico y mantenimiento del software SCADA Rebombeo y SCADA PTAP Huachipa, (lo subrayado es propio). Como se puede apreciar se trata de un servicio relacionado al software del SCADA, razón por la cual el personal solicitado es: (01) Supervisor del Servicio (Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Eléctrica y/o Mecánico- Eléctrica), (01) Técnico (Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería Industrial y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniero de Telecomunicaciones y/o Ingeniería Eléctrica) y (01) Administrador de base de datos Oracle (Bachiller en Ingeniería de Sistemas y/o Ingeniería Informática y/o Ingeniería Electrónica y/o Ingeniero de Telecomunicaciones).

El impugnante presenta como uno de los sustentos para justificar su solicitud en lo señalado por el Tribunal de Contrataciones Públicas en la Resolución N° 04990-2025-TCP-S1, la cual se trata de un servicio de mantenimiento correctivo del sistema eléctrico de las instalaciones de la escuela de posgrado de la PNP, que cuenta con características técnicas muy distintas al presente servicio, ya que para los casos de sistemas eléctricos podría si establecerse, a opiniones de los entendidos que, si podría realizar un ingeniero electricista, servicios de la naturaleza mencionada en la resolución que adjunta, siendo completamente diferente en materia de las prestaciones y la especialidad requerida para el mantenimiento correctivo a los equipos del SCADA.” Sobre el particular, de la revisión del recurso, se advierte que el Impugnante sustentó su cuestionamiento señalando, principalmente, que el título de Ingeniero Electricista correspondía a la especialidad de Ingeniería Eléctrica prevista en las bases integradas; que dicho título se encontraba inscrito en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU. Asimismo, cuestionó la necesidad de que se efectuara una consulta para reconocer dicha correspondencia. No obstante, el Impugnante no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre los argumentos que la Entidad expuso recién en el Informe Técnico Legal N.º 032-2026-CP SER N.º 39-2026-SEDAPAL, referidos a la naturaleza específica del servicio de soporte técnico y mantenimiento del software SCADA, a los perfiles profesionales que, a criterio de aquella, requeriría dicho servicio y a las diferencias técnicas que existirían entre este y el servicio analizado en la Resolución N.º 04990- 2025-TCP-S1. Tales argumentos constituyen precisamente las razones con las que la Entidad pretendió justificar por qué el título presentado no resultaría idóneo para el puesto de Técnico. En ese sentido, si bien el Impugnante cuestionó oportunamente la decisión de no admitir su oferta, ello no significa que haya podido ejercer su defensa respecto de fundamentos que no fueron expresados en el acta de evaluación y que conoció recién con posterioridad, a través del informe de la Entidad. Por tanto, la presentación del recurso de apelación no subsana la afectación al derecho de defensa advertida, ni permite considerar que la motivación incorporada posteriormente pueda convalidar la decisión originalmente adoptada.

• De otro lado, respecto de la inconsistencia en la calificación de la experiencia del

postor, la Entidad señala que el Impugnante acreditó S/ 1 538 517,05, monto superior al mínimo de S/ 800 000,00, por lo que obtuvo el resultado de “CUMPLE”. En esa medida, sostiene que la indicación contraria consignada en el acta constituye un error material de transcripción, que no determinó la no admisión de la oferta y que podría rectificarse conforme al artículo 212 del TUO de la Ley N.º 27444. Sobre el particular, aun cuando la Entidad afirma que el documento individualizado de calificación contiene el resultado correcto, ello no elimina la contradicción que obra en el acta, documento en el que se comunicó el resultado de la evaluación, pues la coexistencia de indicaciones incompatibles respecto del cumplimiento de un mismo requisito impide conocer con certeza el resultado que el comité quiso comunicar, afectando la claridad y transparencia que deben caracterizar las actuaciones del procedimiento de selección. Asimismo, el hecho de que dicha inconsistencia no haya sido determinante para la no admisión de la oferta no elimina el defecto advertido ni justifica que la información consignada en el acta pueda ser considerada válida y clara para los participantes.

• Finalmente, la Entidad sostiene que los defectos advertidos serían susceptibles de

conservación, conforme al numeral 14.2.2 del artículo 14 del TUO de la LPAG, que contempla como supuesto de conservación aquellos actos afectados por vicios no trascendentes, entre ellos, los emitidos con motivación insuficiente o parcial. Ello, en la medida que considera que la motivación consignada en el acta constituiría un supuesto de motivación parcial y la contradicción sobre la experiencia, un error material rectificable. Agrega que la controversia sobre la formación académica puede resolverse en el análisis de fondo del recurso, sin necesidad de retrotraer el procedimiento, invocando para ello el principio de eficacia y eficiencia, dada la naturaleza crítica del servicio contratado. Al respecto, este Colegiado considera que la falta de explicación sobre las razones que sustentaron la decisión del comité no constituye una deficiencia meramente formal, pues, en el caso concreto, impidió que el Impugnante conociera oportunamente los fundamentos de su descalificación y ejerciera plenamente su derecho de defensa. Por tanto, no resulta aplicable la conservación prevista para los supuestos de motivación insuficiente que no resultan trascendentes, toda vez que, en el presente caso, la deficiencia identificada sí incide en la validez de la actuación cuestionada.

Del mismo modo, la contradicción consignada en el acta no puede ser tratada como un simple error material cuya rectificación no tenga incidencia en el procedimiento, pues la información contradictoria afecta la certeza del resultado de la evaluación y la transparencia de las actuaciones del comité.

• Por último, el principio de eficacia y eficiencia invocado por la Entidad no puede

justificar la conservación de actuaciones que presentan defectos trascendentes ni prevalecer sobre el cumplimiento de las exigencias de motivación, debido procedimiento y transparencia que rigen la contratación pública. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, los argumentos expuestos por la Entidad no desvirtúan los vicios identificados por esta Sala.

• En consecuencia, al tratarse de un vicio que afecta la validez del acto de evaluación

y que incide en el derecho de defensa del administrado, corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección.

• Es importante indicar que, una vez advertida la existencia de un vicio que afecta la

validez del procedimiento de selección y que determina la declaración de nulidad, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los demás agravios planteados en el recurso de apelación, toda vez que la reposición del procedimiento implica que la evaluación de las ofertas deba realizarse nuevamente con observancia de las disposiciones legales y de las Bases. En atención a las consideraciones expuestas, y en ejercicio de la potestad conferida a este Tribunal por el artículo 70 de la Ley, en concordancia con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, en el caso que nos ocupa, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de calificación de ofertas, a fin de que el comité revise la oferta del Impugnante y motive su decisión de manera adecuada en el Acta correspondiente.

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta

la etapa de calificación de ofertas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y con la intervención de los vocales Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público de Servicios N° 39-2026-

SEDAPAL, para el “Servicio de soporte técnico y mantenimiento del software SCADA rebombeo y SCADA PTAP Huachipa”, convocado por el SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL, a fin de retrotraerlo hasta la etapa de calificación de ofertas, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por la empresa TECNOELECTRICA INDUSTRIAL

ANDINA S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Comunicar la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a

su Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 23.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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