Resolución N.° 9574-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.” Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7287/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la Inmobiliaria y Construcción Callariz S.A.C., en el marco de la Subasta Inversa Electrónica N° 49-2026-GRAP/OC -1, convocada por el Gobierno Regional de Apurímac – Sede Central para la “Contratación de bienes comunes adquisición de material agregado para el sub proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego, presa Parcco, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas – región Apurímac”; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 4 de setiembre de 2026, el Gobierno Regional de Apurímac – Sede Central, en

adelante la Entidad, convocó la Subasta Inversa Electrónica N° 49-2026-GRAP/OC -1, para la “Contratación de bienes comunes adquisición de material agregado para el sub proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego, presa Parcco, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas – región Apurímac”, con una cuantía de S/ 1 078 410.00 (un millón setenta y ocho mil cuatrocientos diez con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. El 15 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la apertura de propuestas y el periodo de lances, posteriormente, el 18 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro a la empresa INVERSIONES ANDALUCÍA-CONTINENTAL S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 748 000.00 (setecientos cuarenta y ocho mil con 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente:

Postor Precio ofertado (S/) Orden de prelación Resultado

INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN

CALLARIZ S.A.C. S/ 718 000.00 1 Descalificado

INVERSIONES ANDALUCÍA-CONTINENTAL

S.A.C. S/ 748 000.00 2 Adjudicado. GUTIERREZ ALDUNATE JOSUE GABINO S/ 748 115.00 3 Descalificado.

CONSULTORIA CONSTRUCTORA

CONTRATISTA GENERALES APU

CCARHUARASO S.A.C.

S/ 1 000 000.00 4 Calificado. MAUCAYLLE ROJAS ALEJNDRO S/ 1 054 080.00 5 Calificado.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 30 de setiembre de 2026, y subsanado mediante

Escrito N° 02 presentado el 2 de octubre del mismo año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Inmobiliaria y Construcción Callariz S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se revoque la descalificación de su oferta, y se tenga por calificada, ii) se declare descalificada la oferta del Adjudicatario y como consecuencia de ello, se revoque la buena pro, y iii) se otorgue la buena pro a su favor. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta 2.1. En el numeral 8.1 de las bases administrativas, se exigió como requisito de calificación la presentación de una copia simple de la autorización vigente para realizar actividades de exploración y/o explotación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 330-2020-MINEM-DM. 2.2. Refiere que, a efectos de acreditar dicho requisito, presentó dos documentos:

• el compromiso suscrito el 14 de setiembre de 2026 por el presidente y

representante de la Comunidad Campesina de Sachapuna, mediante el cual se puso a su disposición la cantera denominada "Cantera San Cristóbal de Sachapuna" para la extracción y suministro de agregados de construcción; y ii) la consulta al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), que acreditaba la inscripción vigente de dicha comunidad bajo el Código Único N° 530003712. 2.3. Manifiesta que, mediante Carta Nº 013-2026-GORE.APURIMAC/DRA- OAPMB/OC, del 15 de setiembre de 2026, el oficial de compra le requirió presentar un documento emitido por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que acreditara la autorización para realizar actividades de exploración y/o explotación de mineral no metálico. En atención a dicho requerimiento, el 17 de setiembre de 2026 presentó la Carta N° 010-2026-GG/CALLARIZSAC, adjuntando, entre otros documentos, la Resolución Directoral N° 0208-2020- GR-DREM-APURÍMAC, correspondiente a la concesión minera no metálica otorgada a favor de la Asociación San Cristóbal de Sachapuna. 2.4. Señala que, mediante acta del 18 de setiembre de 2026, la Entidad descalificó su oferta al advertir que el compromiso de utilización de la cantera había sido suscrito por el representante de la Comunidad Campesina de Sachapuna, mientras que la autorización presentada correspondía a la Asociación San Cristóbal de Sachapuna, considerándolas personas jurídicas distintas y concluyendo que no se había acreditado la titularidad ni la autorización propia para desarrollar las actividades exigidas. 2.5. Indicó que la inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) no es un dato meramente informativo: es el título que habilita a su titular a desarrollar actividad minera. 2.6. En atención a que el procedimiento de selección no contempla una etapa de consultas y observaciones, no pudo cuestionarse el hecho de no haber precisado en las bases que el minero en proceso de formalización puede presentar su registro REINFO para acreditar su requisito de habilitación. 2.7. Precisó que el Documento de Información Complementaria del rubro “Componentes y suministros de construcciones, estructuras y obras”, aprobado por la Central de Compras Públicas – Perú Compras, dispone que, en caso el proveedor se encuentre en proceso de formalización minera, se podía presentar copia simple de la inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Debe subrayarse, por lo demás, que el Documento de Información Complementaria aplicable a este procedimiento omite pronunciarse sobre la situación del minero en proceso de formalización, pero en modo alguno la prohíbe 2.8. Alega que su oferta original ya contenía documentación idónea para acreditar la habilitación, por lo que el requerimiento de subsanación resultaba innecesario e improcedente. Añade que a consecuencia del requerimiento de subsanación que incorporó la resolución de concesión otorgada a favor de la Asociación San Cristóbal de Sachapuna, generándose la aparente discrepancia de denominaciones que posteriormente sustentó su descalificación. Por ello, invoca el principio de informalismo. 2.9. Cuestiona que el hecho de que la Entidad le haya exigido presentar un documento emitido por el MINEM, pese a que la Resolución Ministerial N° 330- 2020-MINEM-DM establece que los procedimientos administrativos vinculados a las actividades de exploración y explotación comprendidas en sus numerales 35 al 40 se encuentran a cargo de las Direcciones Regionales de Energía y Minas o de los órganos que hagan sus veces. En consecuencia, sostiene que el requerimiento exigía un documento que la autoridad indicada no podía expedir en los términos solicitados, configurándose un supuesto de imposible jurídico previsto en el literal c) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069. 2.10. El Ministerio de Energía y Minas no emite los actos de los procedimientos N° 35 al N° 40: los emiten las Direcciones Regionales de Energía y Minas. El requerimiento, por tanto, exigía un documento que ninguna autoridad podía expedir en los términos en que fue solicitado 2.11. Finalmente, indicó que, la calificación se efectuó aplicando una exigencia que las reglas definitivas no contiene. Al respecto, indicó que el DIC del rubro “materiales de minerales, llantas y animales no comestibles” contienen el requisito de calificación en dos párrafos, al respecto, las bases del procedimiento recogieron únicamente el primer párrafo. El segundo —el que remitía a los procedimientos N° 35 al N° 40 y añadía la regla “conforme a la actividad que se realice”— no fue consignado en las bases. En tal sentido, la exigencia de acreditar específicamente alguno de los procedimientos N° 35 al N° 40, así como la de que el documento estuviese emitido a nombre del propio postor, no formaron parte de las reglas del procedimiento. 2.12. Indicó que, el oficial de compra hizo exactamente lo contrario: descalificó su oferta a porque “no demuestra ser titular ni contar con autorización propia”, esto es, aplicando una exigencia de titularidad que ni las bases ni el Documento de Información Complementaria contienen. Sobre la oferta del Adjudicatario 2.13. Sostiene que el Adjudicatario no acreditó el requisito de habilitación, toda vez que presentó una carta emitida por JE-AL ENTERPRISES INC S.A.C., sustentada en la Resolución Directoral Nº 0311-2023-GR-DREM-APURÍMAC.

2.14. Al respecto, precisa que dicha resolución directoral otorgó una concesión de beneficio de sustancia metálica a favor de un tercecro, no una autorización para realizar actividades de exploración y/o explotación. Añade que dicha concesión únicamente habilita a su titular para desarrollar procesos minero-metalúrgicos, sin conferirle facultades de extracción ni permitir la transferencia de tales derechos mediante una carta privada. 2.15. Además, indica que al ser una concesión de beneficio, el derecho recae sobre minerales ya extraídos. La concesión de beneficio presupone una extracción previamente realizada por quien está habilitado para ello. 2.16. De lo expuesto anteriormente, se tiene que, el contenido del derecho son procesos minero-metalúrgicos y no actividades extractivas. Además, el derecho se confiere “a su titular”, es decir, a JE-AL ENTERPRISES INC S.A.C. y no el Adjudicatario. 2.17. Precisó que, de ambas ofertas, se tiene que i) ninguno de los dos postores es el titular del derecho minero que invoca, ii) Ambos postores acreditaron el requisito mediante un documento emitido por un tercero, iii) no se habría calificados las ofertas, en atención al principio de igualdad de trato.

• A través del Decreto del 5 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE el recurso de apelación al postor o postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido el 9 de octubre del mismo año. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 12 de octubre del mismo año a las 15:30 horas.

• El 9 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° 2791-2026-

GORE APURIMAC/DRA-OAPMB, en el cual expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: 4.1 El Impugnante adjuntó a su oferta un compromiso suscrito por el presidente de la Comunidad Campesina de Sachapuna y la consulta de Registro Integral de Formalización Minera. Sin embargo, dichos documentos no acreditan la autorización, de actividades de exploración y/o explotación conforme a lo establecido en la resolución Ministerial 330-2020-MINEM-DM. En tal sentido, le requirió la subsanación del documento correspondiente. 4.2 En el marco de la subsanación de su oferta, el Impugnante presentó la Resolución Directoral N° 2028-2020-GR-DREM - APURÍMAC, donde resuelve el otorgamiento de concesión, a favor de Asociación San Cristóbal de Sachapuna. Dicha situación, generó una incongruencia entre el compromiso de alquiler de cantera y la resolución de autorización por el MINEM, ya que el compromiso lo suscribe con el presidente y representante de la comunidad Campesina de Sachapuna, mientras que la resolución autoriza a favor de la Asociación de San Cristóbal de Sachapuna en donde éstas son dos personas jurídicas distintas (una asociación y una comunidad campesina). 4.3 Indicó que, una consulta del Registro Integral de Formalización Minera – REINFO no acredita la autorización para actividades de exploración y/o explotación, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 330-

2020-MINEM-DM.

4.4 Refiere que los cuestionamientos formulados por el Impugnante en contra del Adjudicatario no acreditan incumplimientos sustanciales respecto a lo solicitado en las bases. 4.5 Concluye que el recurso debe ser declarado infundado y que se debe mantener el otorgamiento de la buena pro.

• Mediante Oficio N° 404-2026-GORE APURIMAC/DRA/OAPMB., presentado el 9 de

octubre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública convocada.

• Con Decreto del 9 de octubre de 2026, considerando que, mediante el artículo 1 de la

Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha, se formalizó el Acuerdo Nº 001-0142026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal de Contrataciones Pública del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes; Se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal. Además, se programó audiencia pública para el 19 de octubre de 2026.

• El 19 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de

los representantes del Impugnante y de la Entidad.

• Mediante Decreto del 19 de octubre de 2026, se corrió traslado de un posible vicio de

nulidad a las partes, pues en las bases administrativas del procedimiento de selección, la Entidad requirió que se acredite el requisito de “capacidad legal”, mediante la copia simple de autorización vigente, para actividades de exploración y explotación, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 330-2020-MINEM-DM. Sin embargo, la Entidad omitió precisar que los postores debían cumplir con los requisitos solicitados en los procedimientos N° 35 al 40 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 330-2020-MINEN-DM, conforme a la actividad que realice.

• Mediante Informe N° 2920-2026-GORE APURIMAC/DRA-OAPMB, presentado el 22 de

octubre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de vicio de nulidad, en los siguientes términos: 9.1. Sostiene que la omisión del párrafo "Debiendo cumplir los requisitos solicitados en los procedimientos N° 35 al 40 del Anexo de la referida Resolución, conforme a la actividad que se realice" no sería causal de un vicio de nulidad, en vista que se refiere al procedimiento administrativo de servicios prestados a cargo de las Direcciones Regionales del sector Energía y Minas, en el proceso de formalización como pequeño productor minero, sin embargo, no se refiere a la presentación de documentos de habilitación que se exige como requisito de calificación. 9.2. Finalmente, la Entidad advierte que las bases no contienen el vicio alegado.

• Mediante Escrito N° 03, presentado el 23 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de vicio de nulidad, en los siguientes términos: 10.1. Sostiene que no ha solicitado que se declare la nulidad del procedimiento de selección.

10.2. Manifestó que, según el literal d) del artículo 70 de la Ley, corresponde declarar la nulidad cuando se verifique el supuesto y, además, no sea posible la conservación del acto. Son dos condiciones copulativas, y la segunda es autónoma. Sin embargo, el decreto que advierte posibles vicios de nulidad, no ha señalado si puede conservarse el acta o qué le impediría al Tribunal resolver el fondo del asunto. 10.3. El párrafo que se omitió no fue la causa de su descalificación, pues su contenido es únicamente una remisión a los Procedimientos N° 35 al N° 40. 10.4. Indicó que, la descalificación de su oferta, no menciona a los procedimientos N° 35 al N° 40. Lo que se nos observó fue algo enteramente distinto: una discordancia de razón social entre el otorgante del compromiso y el titular de la resolución, y la falta de titularidad propia sobre la autorización. Ninguna de esas dos exigencias figura en el párrafo omitido. 10.5. Manifestó que, si las bases hubieran reproducido íntegramente el requisito, la motivación del acta habría sido exactamente la misma, porque no se apoyó en aquello que faltaba. 10.6. Bajo la lectura literal de las bases, que exigen “copia simple de autorización vigente, para actividades de exploración y/o explotación”, el documento del adjudicatario no es una autorización de exploración ni de explotación, sino un

10.7. Además, el decreto del 19 de octubre señala que los hechos expuestos contravienen el principio de libertad de concurrencia, sin embargo, en el procedimiento se registraron once participantes y se presentaron cinco ofertas, todas ellas admitidas en la revisión de los requisitos de admisión. No consta barrera de acceso alguna ni abstención atribuible a la redacción del requisito. 10.8. Declarar la nulidad del procedimiento de selección atentaría contra la finalidad pública, por una formalidad que no fue esencial. 10.9. Añade que el fin público de este procedimiento es la adquisición del material agregado para la presa Parcco al menor precio que ofrezca una oferta válida. La nulidad produciría tres efectos: retrotraería un procedimiento ya culminado en el que concurrieron once participantes; dejaría sin efecto una buena pro otorgada; y tendría consecuencias sobre el único postor a quien el propio decreto reconoce como afectado.

• Mediante Decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Subasta Inversa Electrónica con una cuantía de S/ 1 078 410.00. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 18.09.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles, el 30.09.2026. El recurso de apelación se presentó el 30.09.2026, y se subsanó el 02.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Jhonatan Paucar Alcarraz, en calidad de gerente general del Impugnante, conforme al certificado de vigencia de poder que obra como anexo del recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona su descalificación. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro, pues su oferta fue descalificada. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para cuestionar la descalificación de su oferta. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
• Se revoque la descalificación de su oferta y, como consecuencia de ello, se tenga

por calificada.

• Se descalifique la oferta del Adjudicatario y, como consecuencia de ello, se

revoque el otorgamiento de la buena pro a dicho postor.

• Se le otorgue la buena pro.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se aprecia que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 5 de octubre de 2026, por lo que la absolución del recurso de apelación podía efectuarse hasta el 9 del mismo mes y año4. Sin embargo, no habiendo absolución del traslado del recurso de apelación, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:
• Determinar si corresponde revocar la decisión del oficial de compra de

descalificar la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii) Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario. iii) Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. 4 El 8 de octubre de 2026 fue feriado nacional por la conmemoración del “Combate de Angamos”.

En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del oficial de compra de descalificar la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

• Considerando que el acto cuestionado es la descalificación de la oferta del

Impugnante por parte del oficial de compra, corresponde remitirnos a la motivación que dicho colegiado consignó en el “Acta de período de lances, apertura de ofertas, admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro” del 18 de setiembre de 2026, conforme a los siguientes términos:

Tal como se aprecia, la Entidad sustentó la descalificación de la oferta del Impugnante señalando que presentó un compromiso de alquiler de la cantera suscrito con el presidente y representante de la Comunidad Campesina de Sachapuna, mientras que la autorización está emitida a favor de la Asociación San Cristóbal de Sachapuna, estas son dos personas jurídicas distintas (una asociación y una comunidad campesina). Según indica la Entidad, la situación antes expuesta, representa una inconsistencia en la cadena de titularidad y representación que sustentaría el uso de la cantera por parte del postor, esto afecta la acreditación sustancial del requisito de habilitación, pues el postor no demuestra ser titular ni contar con autorización propia para las actividades de exploración y/o explotación.

• Ahora bien, el Impugnante interpuso recurso de apelación, cuestionando la

descalificación de su oferta, sobre la base de los argumentos desarrollados en los

en el SEACE el respectivo informe, mediante el cual expuso su posición respecto del recurso impugnativo conforme a lo detallado también en los antecedentes de la presente resolución (numeral 4).

• En atención a ello, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases integradas,

pues aquellas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el órgano conductor del procedimiento al momento de evaluar las ofertas.

• De la revisión del numeral 8.1 del capítulo III de la sección específica de las bases,

correspondiente al requisito de calificación “Capacidad legal”, se observa que la Entidad requirió lo siguiente: Figura 1. Requisitos de calificación obligatorios Nota: Extraído de las bases integradas.

• Por su parte, las bases estándar aplicables a la subasta inversa electrónica establecen

que, en el requisito de calificación “Capacidad legal”, deben incorporarse los requisitos relacionados con la habilitación necesaria para llevar a cabo la actividad económica materia de la contratación, conforme a la normativa que regula el objeto contractual, siempre que se encuentren previstos en los Documentos de Información Complementaria aprobados por Perú Compras. Asimismo, precisan que debe indicarse, de ser el caso, el documento con el cual se acredita la habilitación y advierten que no pueden incluirse requisitos de habilitación adicionales o distintos de los contemplados en la ficha técnica o en los documentos de información complementaria, salvo que una norma específica aplicable al objeto de la convocatoria exija otro requisito obligatorio; conforme se reproduce a continuación: Figura 2. Capacidad legal Nota: Extraído de las bases estándar

• En cuanto a los Documentos de Información Complementaria aprobados por Perú

Compras para el rubro de “materiales de minerales, tejidos, plantas y animales no comestibles”5, se observa que estos identifican los bienes del procedimiento de selección6 y consignan el documento exigible, tal como se observa a continuación: Figura 3. Documento de Información Complementaria Nota: extraído del SEACE Tal como se observa, para los bienes objeto del procedimiento de selección, el Documento de Información Complementaria ha previsto que, como requisito de habilitación, se presente:

• Copia simple de autorización vigente, para actividades de exploración y/o

explotación; conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 330-2020- MINEM-DM, aprueban relación de procedimientos administrativos y servicios prestados a exclusividad a cargo de las Direcciones Regionales o del órgano que haga sus veces para ejercer las funciones transferidas del Sector Energía y Minas. 5 Puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/perucompras/informes- publicaciones/4564472-rubro-alimentos-y-bebidas-para-consumo-humano 6 Según el numeral 4. Características técnicas, los bienes a contratar son arena gruesa, agregado grueso de ¾, arena fina, agregado grueso de 1/2 Además, se ha previsto que se debe cumplir con los requisitos solicitados en los Procedimientos N° 35 al N° 40 del Anexo de la referida Resolución, conforme a la actividad que se realice.

• Al respecto, conforme se aprecia en la Figura 1, en las bases administrativas del

procedimiento de selección, la Entidad requirió que se acredite el requisito de “capacidad legal”, mediante la copia simple de autorización vigente, para actividades de exploración y explotación, conforme a lo establecido en la Resolución Ministerial N° 330-2020-MINEM-DM. Sin embargo, la Entidad omitió precisar que los postores debían cumplir con los requisitos solicitados en los procedimientos N° 35 al 40 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 330-2020-MINEN-DM, conforme a la actividad que realice. En ese contexto, habiéndose identificado un posible incumplimiento en el establecimiento del requisito de habilitación en su integridad conforme al Documento de Información Complementaria aprobado por Perú Compras, y conforme a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, mediante decreto del 19 de octubre de 2026, este Colegiado corrió traslado del posible vicio de nulidad a las partes, a fin de que formulen sus respectivos descargos.

• Cabe precisar que, la Entidad y el Impugnante se pronunciaron sobre el posible vicio

de nulidad advertido, conforme a lo desarrollado en los numerales 9 y 10 respectivamente, de los antecedentes.

• En tal sentido, corresponde a este Tribunal determinar si el hecho expuesto constituye

un vicio del procedimiento de selección que amerite declarar su nulidad.

• Sobre el particular, el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento establece que las

bases estándar son de uso obligatorio por los evaluadores. A su vez, el numeral 63.1 del artículo 63 dispone que, para convocar un procedimiento de selección, debe contarse con el expediente de contratación aprobado y con las bases elaboradas por aquellos. En consecuencia, al formular las reglas de la presente subasta inversa electrónica, la Entidad debía observar las bases estándar correspondientes a esta modalidad de selección.

• En la subasta inversa electrónica, el contenido del requisito de calificación “Capacidad

legal” está delimitado por las bases estándar: comprende la habilitación necesaria para desarrollar la actividad económica materia de la contratación, conforme a la normativa aplicable, en los términos previstos en los Documentos de Información Complementaria aprobados por Perú Compras. Por ello, corresponde identificar los bienes convocados y consignar los requisitos de habilitación y sus respectivos documentos de acreditación según dichos documentos, sin omitir información respecto al cumplimiento de dicho requisito.

• Como se aprecia en la Figura 3, el Documento de Información Complementaria

identifica, para bienes arena fina, agregado grueso de 1/, etc; ha previsto la presentación de copia simple de autorización vigente; debiendo cumplir los requisitos solicitados en los Procedimientos N° 35 al N° 40 del Anexo de la Resolución Ministerial Nº 330-2020-MINEM-DM; los cuales, son los siguientes:

• Autorización de actividades de exploración de aprobación automática.
• Autorización de actividades de explotación de evaluación previa.
• Autorización de las actividades de explotación.
• Modificación de la autorización de las actividades de explotación que impliquen

nuevas áreas.

• Modificación de la autorización de las actividades de explotación que no implique

nuevas áreas. Al respecto, la omisión advertida resulta relevante, toda vez que el extremo no incorporado precisa que la autorización presentada por el postor debe encontrarse comprendida en el procedimiento administrativo que corresponda a la actividad minera que desarrolla, sea de exploración o explotación, incluyendo los supuestos de modificación de las autorizaciones e informe técnico minero, según corresponda. En ese sentido, la exigencia no se limita a la presentación formal de una autorización vigente, sino que supone que esta corresponda a la actividad minera que sustenta la habilitación del postor, en el marco de los procedimientos administrativos previstos en la Resolución Ministerial Nº 330-2020-MINEM-DM. Por consiguiente, al no haberse incorporado íntegramente dicha condición en las bases, estas no recogieron de manera completa el requisito de habilitación previsto en los documentos de información complementaria, situación que genera falta de claridad respecto del alcance de la exigencia y de los aspectos que debían verificarse durante la calificación de las ofertas.

• Con relación a lo indicado por el Impugnante en la absolución al traslado del recurso

de apelación, es importante precisar que, si bien sostiene que la observación formulada en el acta de evaluación estuvo referida a aspectos distintos de aquellos contemplados en el extremo omitido de las bases, ello no desvirtúa la trascendencia de la deficiencia advertida. En efecto, debe tenerse presente que el cuestionamiento no se circunscribe únicamente a la motivación expuesta por el oficial de compra al evaluar su oferta, sino que dicho cuestionamiento tiene relación con el requisito de habilitación establecido en las bases. Por consiguiente, no resulta suficiente sostener que la motivación del acta habría sido la misma aun cuando las bases hubieran reproducido íntegramente el requisito, toda vez que ello no desvirtúa que la evaluación de la oferta del Impugnante se efectuó bajo reglas cuyo contenido era incompleto, circunstancia que tiene incidencia en la correcta determinación y verificación del cumplimiento del requisito de habilitación.

• En cuanto a lo señalado por el Impugnante, respecto a que no se habría vulnerado el

principio de libertad de concurrencia, debido a que en el procedimiento de selección se registraron once (11) participantes y se presentaron cinco (5) ofertas, corresponde precisar que, independientemente de la cantidad de participantes u ofertas recibidas, lo cierto es que la Entidad tenía la obligación de establecer reglas claras, precisas y completas que permitieran a los potenciales postores conocer las condiciones que debían cumplir para acreditar los requisitos de calificación. Esta exigencia adquiere especial relevancia en el presente caso, toda vez que la omisión advertida recae sobre un requisito de habilitación, cuya finalidad es verificar que los postores cuenten con las autorizaciones y condiciones legales necesarias para desarrollar la actividad objeto de contratación. Por tanto, la incorporación incompleta de dicho requisito pudo generar incertidumbre respecto de las condiciones que debían reunir las autorizaciones presentadas por los postores, así como respecto de los parámetros que debía observar el oficial de compra para verificar su cumplimiento. En ese sentido, el hecho de que se hayan presentado cinco (5) ofertas no desvirtúa la afectación advertida, pues la observancia del principio de libertad de concurrencia no se agota con la existencia de postores interesados, sino que exige que estos puedan participar y formular sus ofertas bajo reglas previamente establecidas, claras y acordes con la normativa aplicable.

• El hecho de que todos hayan participado con el mismo texto, o de que se hayan

efectuado los lances, no permite concluir que la exigencia careció de incidencia en la elaboración de las ofertas o en la participación de otros proveedores.

• Cabe precisar que, si bien el Impugnante no cuestiona expresamente la formulación

de las bases, sino la decisión del oficial de compra de descalificar su oferta, ello no enerva la deficiencia advertida en la configuración del requisito de habilitación. En efecto, la Entidad omitió incorporar en las bases el extremo referido al cumplimiento de los requisitos previstos en los procedimientos Nº 35 al Nº 40 del Anexo de la Resolución Ministerial N.º 330-2020-MINEM/DM, según la actividad minera correspondiente, condición que resultaba necesaria para establecer de manera íntegra las exigencias aplicables a la acreditación de dicho requisito. Debe tenerse en cuenta que el cuestionamiento formulado por el Impugnante respecto de su descalificación exige determinar si la documentación presentada cumplía con las condiciones exigibles para acreditar el requisito de habilitación; sin embargo, dicha evaluación se encuentra condicionada por la formulación incompleta de las bases, que no recogieron íntegramente las disposiciones que regulaban su acreditación. El vicio advertido por esta Sala, no constituye una deficiencia meramente formal, sino que altera el alcance del requisito de habilitación que debían acreditar los postores y, consecuentemente, los parámetros que debían observarse para evaluar sus ofertas.

• La omisión de información en el requisito de habilitación legal afectó la claridad de las

reglas de calificación y pudo imponer a los proveedores una carga adicional a la prevista para esta modalidad, excediendo lo dispuesto en las bases estándar aplicables. Ello compromete el principio de transparencia y facilidad de uso, recogido en el literal i) del artículo 5 de la Ley, que exige reglas y criterios claros y accesibles, así como el principio de libertad de concurrencia, previsto en el literal h) del mismo artículo, que proscribe las exigencias y formalidades innecesarias que dificulten la participación.

• En virtud de lo expuesto, corresponde concluir que las bases del procedimiento

vulneraron los numerales 55.3 del artículo 55 y 63.1 del artículo 63 del Reglamento, al apartarse de las bases estándar aplicables a la subasta inversa electrónica, específicamente al omitir dentro del requisito de calificación “Capacidad legal”, que los postores debían cumplir con los requisitos solicitados en los procedimientos N° 35 al 40 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 330-2020-MINEN-DM. Dicha situación vulneró, además, los principios de libertad de concurrencia y de transparencia y facilidad de uso, previstos en los literales h) e i) del artículo 5 de la Ley, comprometiendo la validez del procedimiento de selección.

• Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de corregir

actos contrarios a sus disposiciones. Al respecto, la nulidad constituye una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

Por lo expuesto, debe advertirse que el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley establece que procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando estos contravengan las normas legales; además, el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 precisa que el Tribunal debe expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección. En el mismo sentido, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae la fase de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto

• En el presente caso, se ha determinado que el vicio advertido en las bases del

procedimiento, referido a la omisión, dentro del requisito de calificación “Capacidad legal” de que los postores debían cumplir con los requisitos solicitados en los procedimientos N° 35 al 40 del Anexo de la Resolución Ministerial N° 330-2020- MINEN-DM, pese a que las bases estándar aplicables a la subasta inversa electrónica circunscriben dicho requisito a la habilitación necesaria para desarrollar la actividad económica materia de la contratación, en los términos previstos en los Documentos de Información Complementaria aprobados por Perú Compras, contraviene lo dispuesto en los artículos 55 y 63 del Reglamento, así como los principios de libertad de concurrencia y de transparencia y facilidad de uso, previstos en los literales h) e i) del artículo 5 de la Ley; el cual, como se ha desarrollado en el análisis respectivo, no resulta conservable, por cuanto se trata de transgresiones a normas legales.

• Por estas consideraciones, y al amparo de lo dispuesto en el literal d) del numeral

313.1 del artículo 313 del Reglamento, así como en el artículo 70 de la Ley, en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG, habiéndose verificado que el vicio advertido afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección, corresponde declarar su nulidad y disponer que este se retrotraiga hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, para lo cual la Entidad deberá considerar lo siguiente:

• El requisito de habilitación debe ser reformulado de acuerdo con su descripción

integral consignada en el Documento de Información Complementaria aprobado por Perú Compras, aplicable a los bienes del procedimiento de selección.

• De otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO de

la LPAG, este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento del titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, a fin de que tomen conocimiento del vicio advertido y adopten las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten al oficial de compra y a las áreas que intervienen en la elaboración de las bases a actuar conforme a la normativa de contrataciones públicas, con el objeto de evitar futuras nulidades que no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, en atención de lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procederá a declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y con la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025- OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la NULIDAD de oficio de la la Subasta Inversa Electrónica N° 49-2026-

GRAP/OC -1, convocada por el Gobierno Regional de Apurímac – Sede Central para la “Contratación de bienes comunes adquisición de material agregado para el sub proyecto: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego, presa Parcco, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas – región Apurímac”, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, conforme a los fundamentos expuestos.

• DEVOLVER la garantía presentada por la empresa Inmobiliaria y Construcción Callariz

S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano

de Control Institucional, a fin de que realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, de acuerdo a lo señalado en el fundamento 29 de la presente resolución.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

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JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO

VOCAL

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTA

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