Resolución N.° 9573-2026-TCP-S5

Sumilla: “Así, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria incidió directamente en dicha situación jurídica, al incidir directamente en su condición de postor y en su derecho de obtener una evaluación económica que pudiera permitirle acceder a la buena pro. Por consiguiente, no resulta suficiente sostener que no existía un acto formal de otorgamiento de la buena pro para descartar, sin mayor análisis, la necesidad de garantizar el derecho de defensa del postor afectado.” Lima, 3 de noviembre del 2026. VISTO en sesión de fecha 3 de noviembre del 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7432/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Edificación integrado por el señor Juan Aurelio Medina Cortegana y la empresa Escorpion Consultores Ingenieros S.A.C. en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2026-CSO-MDS, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: “mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 60741 José Silverio Balandra de C.P. Nueva Alejandria (Curinga) dist. de Soplin de la prov. de requena del dep. de Loreto”, y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el 15

de junio del 2026, la Municipalidad Distrital de Soplín, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2026-CSO-MDS, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: “mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 60741 José Silverio Balandra de C.P. Nueva Alejandria (Curinga) dist. de Soplin de la prov. de requena del dep. de Loreto”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 1’249,825.98 (un millón doscientos cuarenta y nueve mil ochocientos veinticinco con 98/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

El 16 de julio de 2026 se llevó a cabo la presentación de propuestas (electrónica), mientras que el 17 de julio del mismo año se publicó en el SEACE la buena pro otorgada al postor Juan José Chávez Poma, descalificando −en la etapa de evaluación económica− al Consorcio Edificación, integrado por el señor Juan Aurelio Medina Cortegana y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., debido a que el monto total de su oferta económica superó los límites de la cuantía de la contratación establecida en el expediente de contratación y en las bases integradas, de acuerdo al siguiente detalle: Postor Evaluación RESULTADOS Admisión Calificación Ev. Técnica Precio ofertado Ev. Econ. Puntaje total Orden Resultado

JUAN JOSÉ

CHÁVEZ POMA Admitido Calificado 100 S/ 1’165.025.98 100 100 1 Adjudicatario

CONSORCIO

EDIFICACIÓN Admitido Calificado 95 S/ 2’570,378.60 Descalifica do - - Descalificado Fuente: Acta de Apertura Ofertas Electrónicas, Admisión, Calificación, Evaluación y Otorgamiento de la Buena Pro del 17 de julio de 2026 registrada en SEACE Sin embargo, el postor Consorcio Edificación, integrado por el señor Juan Aurelio Medina Cortegana y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoque la descalificación de su oferta y se tenga por calificada, se descalifique la oferta del postor Juan José Chávez Poma (postor que obtuvo la buena pro) y se otorgue la buena pro a su favor. Posteriormente, mediante la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3 del 1 de setiembre de 2026, la Tercera Sala del Tribunal declaró fundado en parte dicho recurso de apelación, disponiendo revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Edificación y, por tanto, revocar el otorgamiento de la buena pro, y dispuso que el comité realice la evaluación económica de su oferta y, de ser el caso, le otorgue la buena pro, conforme se aprecia a continuación:

Luego, mediante Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026, la Entidad dispuso declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, por haberse configurado un vicio trascedente referido a la inconsistencia del factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”, al haberse consignado un puntaje máximo de 60 puntos en el desarrollo del referido factor, alcanzando un total de 105 puntos, y 55 puntos en el cuadro resumen, disponiendo que se retrotraiga el procedimiento hasta la etapa de convocatoria previa corrección de las bases, conforme de aprecia a continuación:

• Mediante Escrito N° 1, subsanado mediante Escrito N° 2, presentados el 6 y 9 de

octubre de 2026, respectivamente, ante la mesa de partes digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor Consorcio Edificación, integrado por el señor Juan Aurelio Medina Cortegana y la empresa Escorpión Consultores Ingenieros S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, solicitó se revoque la citada Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS y se ordene a la Entidad continuar con la evaluación económica de su oferta; para lo cual expuso, principalmente, lo siguiente: Sobre la incompetencia del funcionario que emitió el acto administrativo

• Señala que, la Resolución Administrativa N.° 023-2026-DAF-MDS fue suscrita

por el Director de Administración y Finanzas, Fernando Ribeyro Cárdenas, y no por el Gerente Municipal, pese a que este último ostenta la condición de Autoridad de la Gestión Administrativa, conforme al literal b) del numeral 25.1 de la Ley N° 32069.

• Sostiene que, en el acto administrativo cuestionado no se identifica la

existencia de una delegación de facultades, encargatura u otra habilitación que permita al Director de Administración y Finanzas ejercer la potestad de declarar la nulidad del procedimiento de selección.

• Invoca la Resolución N° 00511-2026-TCP-S1, mediante la cual el Tribunal

habría determinado que la declaración de nulidad debía ser emitida por la autoridad de la gestión administrativa, dejando sin efecto una resolución suscrita por un funcionario distinto; por lo que solicita que se aplique el mismo criterio al presente caso. Sobre el incumplimiento del mandato del Tribunal de Contrataciones Públicas

• Manifiesta que, la Entidad se apartó de lo dispuesto en la Resolución N.°

8437-2026-TCP-S3, toda vez que el Tribunal ordenó que el comité de selección evaluara la oferta económica del Consorcio Edificación y, de corresponder, le otorgara la buena pro, sin disponer la retroacción del procedimiento a la etapa de integración de bases.

• Refiere que, pese a ello, de la información registrada en el SEACE se advierte

que la Entidad consignó como efecto de la resolución del Tribunal la retroacción del procedimiento a la etapa de integración de bases, actuación que no habría sido ordenada en dicho pronunciamiento.

• Considera que, dicha actuación contraviene el numeral 313.3 del

Reglamento de la Ley N.° 32069, que establece la obligación de cumplir las resoluciones emitidas por la autoridad competente sin calificarlas y en sus propios términos, por lo que la Entidad no podía sustituir la evaluación económica pendiente por la reapertura de etapas anteriores. Sobre la motivación insuficiente

• Cuestiona que, la Resolución Administrativa N.° 023-2026-DAF-MDS no

contenga una justificación suficiente sobre los presupuestos que habilitarían la declaración de nulidad del procedimiento de selección, pues la sola invocación de normas y principios generales no acredita la existencia de un vicio trascendente.

• Señala que, si bien la Entidad identificó una discordancia entre los 60 puntos

consignados en el desarrollo de un factor de evaluación y los 55 puntos previstos en el cuadro resumen, no explicó de qué manera dicha diferencia comprometía la finalidad de la contratación ni justificaba la nulidad del procedimiento.

• Indica que, conforme al acta de evaluación y otorgamiento de la buena pro

del 17 de julio de 2026, el comité asignó uniformemente 55 puntos a ambos postores en el factor cuestionado, obteniendo Juan José Chávez Poma 100 puntos y el Consorcio Edificación 95 puntos, respectivamente, superando ambos el puntaje mínimo de 70 puntos exigido para continuar con la evaluación económica.

• Sostiene que, la Entidad omitió valorar que el Tribunal, mediante la

Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3, descalificó al anterior adjudicatario por una razón independiente del puntaje adicional cuestionado y ordenó continuar con la evaluación económica del Consorcio Edificación, por lo que correspondía explicar cómo la discordancia advertida podía afectar dicha actuación pendiente.

• Agrega que, la resolución tampoco justificó por qué resultaba necesario

dejar sin efecto las actuaciones de admisión, calificación y evaluación técnica que no habían sido afectadas por el pronunciamiento del Tribunal, ni por qué correspondía retrotraer el procedimiento hasta la etapa de convocatoria.

• Invoca la Resolución N° 04246-2026-TCP-S4, en la que el Tribunal habría

señalado que la calificación de una irregularidad como trascendente y la invocación de principios generales no sustituyen la obligación de explicar cómo aquella compromete la finalidad de la contratación, siendo necesaria una justificación concreta para verificar la configuración del supuesto habilitante de nulidad. Sobre la conservación del acto administrativo

• Sostiene que, corresponde aplicar el principio de conservación de los actos

administrativos, previsto en el artículo 14 del TUO de la Ley N.° 27444, toda vez que la discordancia entre los puntajes previstos en el factor de evaluación no habría tenido incidencia en la habilitación técnica del Consorcio Edificación ni en su posibilidad de continuar con la evaluación económica.

• Reitera que, el comité asignó 55 puntos a ambos postores en el factor

cuestionado, por lo que el Consorcio Edificación obtuvo 95 puntos técnicos, superando el mínimo requerido de 70 puntos; en consecuencia, la diferencia entre los 60 y 55 puntos consignados en las bases no habría impedido que su oferta continuara en el procedimiento.

• Refiere que, el Tribunal, mediante la Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3,

revocó la descalificación del Consorcio Edificación y ordenó expresamente la evaluación de su oferta económica, manteniendo la presunción de validez del acta en los extremos no impugnados; por lo que considera que debían conservarse las actuaciones anteriores que no fueron afectadas por dicho pronunciamiento.

• Precisa que, al haberse descalificado a Juan José Chávez Poma, anterior

adjudicatario, por una causal independiente del puntaje adicional cuestionado, el Consorcio Edificación quedó como único postor subsistente para la evaluación económica, por lo que la discordancia advertida no modificaba el orden de prelación ni afectaba su puntaje técnico.

• Señala que, la conservación de las actuaciones no supone asignar nuevos

puntajes, incorporar factores de evaluación o favorecer a algún participante, sino mantener la habilitación técnica de 95 puntos que el comité ya había reconocido al Consorcio Edificación mediante la aplicación uniforme del factor cuestionado.

• Finalmente, invoca el numeral 13.3 del artículo 13 del TUO de la Ley N°

27444, señalando que corresponde conservar las actuaciones cuyo contenido habría permanecido igual de no haberse producido el vicio; por lo que solicita dejar sin efecto la nulidad declarada por la Entidad y continuar con la evaluación económica de su oferta, quedando el eventual otorgamiento de la buena pro sujeto al resultado.

• Con decreto del 12 de octubre de 2026, notificado a través del Toma Razón

Electrónico del SEACE en la misma fecha, la Secretaría del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante, y se corrió traslado a la Entidad, a fin que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que tengan interés legítimo en la resolución que emita el Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso.

Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido por el vocal ponente en la misma fecha. Finalmente, se programó audiencia pública para el 19 de octubre de 2026, precisándose que la misma se realizará a través de la plataforma Google Meet.

• Mediante Informe Legal N° 023-2026-MDS-DAJ e Informe Técnico N° 02-2026-CSO-

MDS-C, presentados el 15 de octubre de 2026 ante la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado del recurso de apelación, señalando lo siguiente:

• Señala que, conforme al literal b) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley

N.° 32069, la autoridad de la gestión administrativa se encuentra facultada para declarar la nulidad de oficio de los actos expedidos durante el procedimiento de selección, hasta antes del otorgamiento de la buena pro, cuando se configuren los supuestos previstos en dicha disposición.

• Precisa que, entre los supuestos que habilitan la declaración de nulidad se

encuentran que los actos hayan sido emitidos por órgano incompetente, contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico, prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la normativa aplicable, cuando esta última sea insubsanable.

• Agrega que, la resolución que declara la nulidad de oficio debe establecer

expresamente la etapa a la cual se retrotraerá el procedimiento de selección, a efectos de subsanar los vicios advertidos.

• Manifiesta que, en el procedimiento de selección, se habrían identificado

vicios que justificarían la declaración de nulidad, debido a que las bases integradas contendrían diferencias en los listados de profesionales considerados durante las etapas de calificación y evaluación.

• Al respecto, señala que, conforme al desagregado de los factores de

evaluación, la sumatoria de los puntajes asignados alcanza los 105 puntos; mientras que, según el resumen de los factores de evaluación, el puntaje total asciende a 100 puntos, evidenciándose una diferencia de cinco puntos.

• Precisa que, dicha discordancia se presenta específicamente en el factor de

evaluación facultativo denominado «Experiencia específica adicional del personal clave», al cual se le asignaron 60 puntos en el desagregado de los factores de evaluación, mientras que en el cuadro resumen se establecieron 55 puntos.

• Considera que, las inconsistencias advertidas en las bases integradas

evidenciarían que se habría prescindido de la forma prescrita por la normativa aplicable, configurándose un supuesto que justificaría la declaración de nulidad del procedimiento de selección, conforme al artículo 70 de la Ley.

• Señala que, la finalidad de dicha medida es garantizar que las contrataciones

públicas se desarrollen observando los principios que rigen la contratación estatal, tales como la transparencia, imparcialidad, libre concurrencia de proveedores y trato justo e igualitario, a fin de que las Entidades obtengan los bienes, servicios u obras necesarios en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad.

• En consecuencia, sostiene que, corresponde declarar la nulidad del

procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de integración de bases, a efectos de que se proceda conforme a la Ley y su Reglamento.

• Mediante Oficio N° 061-2026-DAF-MDS, presentado el 16 de octubre de 2026 ante

la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante que ejercerá el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Escrito N° 3, presentado el 19 de octubre de 2026, el Consorcio Impugnante

acreditó a su representante que ejercerá el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Informe Técnico N° 03-2026-CSO-MDS-C, presentado el 19 de octubre

de 2026, la Entidad presentó alegatos adicionales, señalando principalmente lo siguiente: Sobre la competencia del funcionario que declaró la nulidad y la oportunidad de su emisión

• Señala que el numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley atribuye a la autoridad

de la gestión administrativa la facultad de declarar la nulidad de oficio de los actos del procedimiento de selección hasta el otorgamiento de la buena pro.

• Sostiene que, conforme al artículo 25 de la Ley, la autoridad de la gestión

administrativa es la máxima autoridad administrativa de la Entidad y que sus facultades pueden ejercerse mediante delegación formalizada a través de resolución.

• Precisa que, en la Municipalidad Distrital de Soplín, dicha función

corresponde al Director de Administración y Finanzas, conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y a la Resolución de Alcaldía N.° 24-2026-A-MDS, vigente a la fecha de emisión de la resolución de nulidad; por lo que considera que el funcionario que suscribió dicho acto sí contaba con competencia para ello.

• Agrega que, la declaración de nulidad fue emitida oportunamente, toda vez

que, al 24 de setiembre de 2026, no existía una buena pro vigente, debido a que el Tribunal, mediante la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3, había revocado la buena pro otorgada al primer adjudicatario y dispuesto que el comité evaluara la oferta económica del Consorcio Impugnante.

• En ese sentido, considera que, la Entidad ejerció la potestad de declarar la

nulidad dentro del límite temporal previsto en la Ley, sin que resultara exigible acreditar el supuesto de vicio trascendente que afecta la finalidad de la contratación, aplicable para la declaración de nulidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro. Sobre la existencia de un vicio objetivo en las bases integradas

• Reitera los argumentos expresados al absolver el recurso de apelación y

agrega que el vicio advertido no se trata de un simple error material ni de un problema interpretativo, sino de una contravención a las Bases Estándar aprobadas mediante Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01, que establecen que la evaluación técnica debe realizarse sobre un máximo de 100 puntos.

• Añade que, dicha inconsistencia vulnera los principios de legalidad,

transparencia y facilidad de uso, competencia e igualdad de trato, debido a que genera incertidumbre respecto de las reglas de evaluación y otorga al comité un margen de discrecionalidad para determinar cuál de los puntajes contradictorios debe aplicar.

• Invoca la Resolución N.° 7147-2026-TCP-S3, señalando que el Tribunal habría

considerado que la existencia de disposiciones contradictorias en las bases integradas constituye un vicio trascendente que vulnera el principio de transparencia y justifica la nulidad del procedimiento de selección. Sobre la trascendencia del vicio y la improcedencia de aplicar el principio de conservación del acto administrativo

• Sostiene que, no corresponde aplicar el principio de conservación previsto

en el artículo 14 del TUO de la Ley N.° 27444, pues no existe certeza de que el resultado del procedimiento hubiera sido el mismo de no haberse producido la contradicción en las bases integradas.

• Manifiesta que, la existencia de una única oferta subsistente no demuestra

que el vicio sea irrelevante, pues la contradicción en las bases pudo afectar las decisiones de otros proveedores de participar o no en el procedimiento, así como la forma en que estructuraron sus ofertas.

• Sostiene que, no puede concluirse indubitablemente que el procedimiento

habría tenido el mismo resultado de haberse contado con bases correctamente formuladas, por lo que no resulta aplicable la conservación de las actuaciones.

• Finalmente, considera que, la única forma de subsanar el vicio consiste en

declarar la nulidad del procedimiento y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, debido a que la inconsistencia se encontraba presente desde la publicación de las bases y no podría corregirse únicamente en la etapa de evaluación sin mantener las reglas contradictorias que afectaron la participación de los proveedores. Sobre la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3 y su compatibilidad con la declaración de nulidad

• Señala que, la Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3 no impide que la Entidad

declare la nulidad de oficio, toda vez que dicho pronunciamiento se circunscribió a resolver los seis puntos controvertidos relacionados con las ofertas de los postores, sin pronunciarse sobre la validez de las bases integradas.

• Precisa que, el Tribunal únicamente se pronunció sobre la descalificación

económica del Consorcio Impugnante, la experiencia del personal clave del anterior adjudicatario y la presunta presentación de información inexacta, por lo que la validez de las bases integradas no constituyó materia de controversia.

• Sostiene que, la referida resolución no otorgó al Consorcio Impugnante un

derecho adquirido a obtener la buena pro, sino que dispuso que el comité evaluara su oferta económica y, de corresponder, le otorgara dicho beneficio, habiendo declarado infundada su pretensión de adjudicación directa.

• Agrega que, la presunción de validez reconocida por el Tribunal respecto del

acta y de las disposiciones de las bases en los extremos no impugnados no tiene carácter absoluto, por lo que podía ser desvirtuada mediante la declaración de nulidad emitida por la autoridad competente, al haberse advertido un vicio objetivo.

• Refiere que, la inconsistencia en las bases integradas fue advertida

precisamente durante la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal; por lo que considera que el cumplimiento de dicho mandato no podía implicar continuar con un procedimiento sustentado en reglas contrarias a las Bases Estándar, siendo necesario sanear previamente el procedimiento. Sobre la falta de observaciones a las bases integradas

• Manifiesta que, el hecho de que ningún participante hubiera formulado

consultas u observaciones respecto de la matriz de puntajes de los factores de evaluación no convalida la contradicción existente en las bases integradas.

• Sostiene que, las Bases Estándar tienen carácter obligatorio y que su

incumplimiento no queda subsanado por la ausencia de cuestionamientos de los participantes, pues precisamente la potestad de declarar la nulidad de oficio permite corregir los vicios que no fueron advertidos oportunamente durante el procedimiento de selección.

Sobre la inexistencia de contradicción con la posición previamente asumida por la Entidad

• Señala que, no existe contradicción entre lo sostenido en el Informe Técnico

N.° 1-2026-CSO-MDS-C y la posterior declaración de nulidad, debido a que ambos pronunciamientos se refieren a cuestiones distintas.

• Precisa que, en el referido informe técnico, la Entidad sostuvo que el numeral

166.4 del artículo 166 del Reglamento únicamente establece un límite inferior para la oferta económica en las consultorías de obra, posición que mantiene.

• Agrega que, la declaración de nulidad no cuestiona la oferta económica del

Consorcio Impugnante ni la de algún otro postor, sino que se sustenta en un vicio distinto, referido a la contradicción existente en la matriz de evaluación técnica de las bases integradas, por lo que sus efectos alcanzan por igual a todos los participantes. Sobre la debida motivación de la resolución de nulidad

• Sostiene que, la resolución que declaró la nulidad del procedimiento de

selección cumple con el deber de motivación previsto en el artículo 6 del TUO de la Ley N.° 27444, toda vez que identifica el vicio advertido y señala las disposiciones específicas de las bases integradas en las que se presenta la contradicción.

• Precisa que, dicho acto administrativo identifica la normativa vulnerada,

correspondiente a las Bases Estándar aprobadas mediante Resolución Directoral N.° 0015-2025-EF/54.01, así como la causal de nulidad prevista en el artículo 70 de la Ley N.° 32069.

• Añade que, la resolución también desarrolla las razones por las cuales no

resultaba posible conservar las actuaciones del procedimiento y establece expresamente la etapa a la que debía retrotraerse, por lo que considera que se encuentra debidamente motivada. Sobre los beneficios de la declaración de nulidad para el Consorcio Impugnante y el interés público.

• Manifiesta que la declaración de nulidad no excluye al Consorcio Impugnante

del procedimiento de selección, sino que le permite participar nuevamente bajo reglas claras y ciertas, conjuntamente con los demás proveedores interesados.

• Finalmente, sostiene que la nulidad responde a la necesidad de proteger el

interés público comprometido en la contratación del servicio de supervisión de una obra educativa que beneficiará a los estudiantes de Nueva Alejandría, por lo que considera necesario garantizar que dicha contratación se desarrolle mediante un procedimiento válido, transparente y competitivo.

• Mediante decreto del 19 de octubre de 2026, considerando que, de la información

obrante en el expediente, se ha advertido la existencia de posibles vicios de nulidad en la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026, se corrió traslado de tales circunstancias a las partes, a efectos de obtener su pronunciamiento, en cuanto que dicho acto administrativo se habría emitido sin trasladar al Consorcio Impugnante sobre los vicios advertidos, lo que vulneraría el numeral 202.2 del artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en adelante TUO de la

LPAG.

• Con Escrito N° 4, presentado el 26 de octubre de 2026, el Consorcio Impugnante

absolvió el traslado de nulidad, bajo los siguientes fundamentos: Sobre el vicio advertido por la Sala

• Manifiesta su conformidad con lo advertido por la Sala, en cuanto a que,

conforme al último párrafo del numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la Ley N.° 27444, cuando se pretende declarar la nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, corresponde correrle traslado previamente, otorgándole un plazo no menor de cinco días para ejercer su derecho de defensa.

• Señala que, al momento de declararse la nulidad del procedimiento de

selección, su representada no constituía un postor más, pues contaba con una oferta admitida, calificada y con 95 puntos en la evaluación técnica, además de un mandato del Tribunal para que se evaluara su oferta económica y, de corresponder, se le otorgara la buena pro.

• Agrega que, al haber sido descalificado el anterior adjudicatario, su

representada era el único postor subsistente, situación que le otorgaba una expectativa legítima respecto del resultado del procedimiento de selección.

• Refiere que, la Entidad no le comunicó previamente las causales que

sustentaban la declaración de nulidad ni le otorgó un plazo para formular sus descargos, habiendo tomado conocimiento de dicha decisión recién con su publicación en el SEACE.

• Considera que, dicha actuación vulneró su derecho de defensa y el principio

del debido procedimiento, reconocido en el numeral 1.2 del artículo IV del

cuestionar oportunamente los fundamentos que sustentaron la nulidad.

• En consecuencia, sostiene que la Resolución Administrativa N.° 023-2026-

DAF-MDS se encuentra incursa en la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la Ley N.° 27444, así como en el supuesto contemplado en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N.° 32069; precisando que este vicio se suma a los cuestionamientos formulados en su recurso de apelación, referidos a la incompetencia del funcionario que suscribió la resolución, el incumplimiento del mandato del Tribunal y la insuficiente motivación del acto administrativo. Sobre la necesidad de que la Entidad cumpla el mandato del Tribunal y evalúe su oferta económica

• Sostiene que, la declaración de nulidad de la resolución administrativa no

debería limitarse a devolver el expediente a la Entidad para que le otorgue el traslado omitido y emita un nuevo pronunciamiento, pues ello únicamente dilataría la contratación y mantendría la controversia sobre el fondo del asunto.

• Invoca el numeral 227.2 del artículo 227 del TUO de la Ley N.° 27444,

señalando que, cuando se declara la nulidad de un acto administrativo, la autoridad debe resolver sobre el fondo del asunto siempre que cuente con los elementos suficientes para ello.

• Al respecto, manifiesta que, en el expediente obran los elementos necesarios

para emitir un pronunciamiento de fondo, tales como las bases integradas, el acta del 17 de julio de 2026, la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3, la resolución que declaró la nulidad y los informes remitidos por la Entidad.

• Refiere que, la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3 agotó la vía administrativa y

dispuso expresamente que el comité de selección evaluara su oferta económica, manteniendo la validez del acta en los extremos que no fueron materia de impugnación, incluidos los puntajes técnicos.

• Señala que, conforme al numeral 313.3 del artículo 313 del Reglamento de

la Ley N.° 32069, las resoluciones del Tribunal deben cumplirse en sus propios términos y sin calificarlas; por lo que la Entidad no podía sustituir la evaluación económica ordenada por el Tribunal por la retroacción del procedimiento a la etapa de integración de bases ni por la posterior declaración de nulidad de todo el procedimiento.

• Finalmente, solicita que la Sala ordene a la Entidad cumplir lo dispuesto en

la Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3, evaluando la oferta económica del Consorcio Edificación y otorgándole la buena pro de corresponder, sujeto al resultado de dicha evaluación y al cumplimiento de las exigencias legales aplicables. Sobre el carácter conservable del vicio advertido por la Entidad

• Sostiene que, la discordancia entre los 60 puntos establecidos en el

desarrollo del factor «Experiencia específica adicional del personal clave» y los 55 puntos previstos en el cuadro resumen de las bases integradas constituye un vicio conservable, conforme a los numerales 14.1 y 14.2.4 del

artículo 14 del TUO de la Ley N.° 27444.

• Señala que, el comité de selección nunca asignó 60 puntos a alguno de los

postores en el factor cuestionado, pues, conforme al acta del 17 de julio de 2026, aplicó uniformemente el límite de 55 puntos, razón por la cual el anterior adjudicatario obtuvo 100 puntos técnicos y el Consorcio Edificación obtuvo 95 puntos.

• Precisa que, incluso si se corrigiera la discordancia estableciendo como

puntaje máximo del factor los 55 puntos previstos en el cuadro resumen, el puntaje obtenido por su representada no variaría, pues ya se le habían asignado dichos 55 puntos; por tanto, mantendría los 95 puntos técnicos inicialmente reconocidos.

• Agrega que, con independencia de que se mantuviera o corrigiera la

discordancia, el resultado respecto de su representada sería el mismo, pues conservaría los 95 puntos técnicos, superaría el mínimo de 70 puntos requerido para acceder a la evaluación económica y continuaría siendo el único postor habilitado.

• Asimismo, señala que no existiría un tercero afectado por la conservación del

acto, toda vez que el anterior adjudicatario fue descalificado por no acreditar el requisito de calificación «Experiencia del personal clave», causal independiente del puntaje asignado al factor cuestionado.

• Añade que, la discordancia advertida únicamente se refiere al puntaje

máximo de un factor de evaluación y no modifica los requisitos de admisión ni de calificación, por lo que, a su criterio, no habría restringido la participación de potenciales postores.

• Invoca la Resolución N° 04246-2026-TCP-S4, señalando que el Tribunal ha

precisado que calificar una irregularidad como trascendente e invocar la afectación de principios no sustituye la obligación de explicar de qué manera aquella podría comprometer la finalidad de la contratación; situación que, según sostiene, no habría sido justificada por la Entidad.

• Finalmente, considera que, retrotraer el procedimiento hasta la etapa de

convocatoria por una discordancia que no modificó los puntajes ni el resultado de la evaluación sería una medida desproporcionada y contraria a los principios de razonabilidad y eficacia y eficiencia; por lo que solicita conservar las actuaciones realizadas y continuar con la evaluación económica que se encuentra pendiente.

• Mediante Oficio N° 063-2026-DAF-MDS, presentado el 26 de octubre de 2026 ante

la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad, señalando principalmente lo siguiente:

Sobre la validez de la Resolución Administrativa N.° 023-2026-DAF-MDS De la competencia de la autoridad que declaró la nulidad

• Señala que, la Dirección de Administración y Finanzas es la autoridad de la

gestión administrativa de la Entidad y, por tanto, se encontraba facultada para declarar la nulidad de oficio del procedimiento, conforme al literal b) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley N.° 32069.

• Añade que, mediante Resolución de Alcaldía N.° 009-2026-A-MDS, se le

delegaron facultades en materia de contratación pública, entre ellas, la aprobación de los documentos del procedimiento de selección.

• Precisa que, a la fecha de emisión de la resolución cuestionada, no existía

una buena pro vigente, pues la Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3 había revocado la otorgada al primer adjudicatario y no había dispuesto la adjudicación directa al Consorcio Impugnante. De la motivación y el vicio advertido en las bases integradas

• Sostiene que, la resolución cuestionada se encuentra debidamente

motivada, pues identifica la contradicción existente en el puntaje máximo del factor «Experiencia adicional del personal clave», al contemplar 60 puntos en su desarrollo y 55 puntos en el cuadro resumen, generando una sumatoria de 105 puntos, pese a que la evaluación técnica debe realizarse sobre un máximo de 100 puntos.

• Manifiesta que, dicho defecto contraviene las bases estándar de uso

obligatorio y tiene aptitud para incidir en la evaluación técnica, la ponderación de las ofertas y el otorgamiento de la buena pro.

• Añade que, el defecto no puede conservarse, pues el comité tendría que

optar por uno de los dos puntajes sin contar con una regla objetiva que respalde dicha decisión. En ese sentido, considera que la asignación de 55 puntos a ambos postores no convalida la contradicción advertida.

De la inexistencia de impedimento para declarar la nulidad pese a lo dispuesto por el Tribunal

• Señala que, la Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3 no impedía que la Entidad

declarara la nulidad, pues ninguno de los puntos controvertidos analizados estuvo referido a la validez de las bases integradas.

• Sostiene que la presunción de validez de las actuaciones no constituye un

pronunciamiento definitivo sobre la conformidad de las bases con la normativa, por lo que la Entidad podía ejercer su potestad de nulidad al advertir el defecto antes del otorgamiento de la buena pro. Sobre la falta de traslado previo al Consorcio Impugnante De la inexigibilidad del traslado previsto en el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la Ley N° 27444

• Señala que, el traslado previo previsto en el numeral 202.2 del artículo 202

del TUO de la Ley N.° 27444 únicamente resulta exigible cuando se declara la nulidad de un acto administrativo favorable al administrado.

• Sostiene que, en el presente caso, la resolución cuestionada declaró la

nulidad del procedimiento de selección por un defecto contenido en las bases integradas, y no la nulidad de un acto que hubiera reconocido un derecho al Consorcio Impugnante.

• Añade que la Resolución N.° 8437-2026-TCP-S3 no otorgó la buena pro al

Consorcio, sino que únicamente dispuso que se evaluara su oferta económica y que se le adjudicara la buena pro de ser el caso. Por tanto, su posición constituía una expectativa de continuar en el procedimiento, mas no un derecho adquirido a obtener la adjudicación. De la inexistencia de indefensión material

• Sostiene que, la falta de traslado previo no generó indefensión material, pues

el Consorcio Impugnante conoció los fundamentos de la nulidad al notificársele la resolución cuestionada y pudo contradecirlos mediante su recurso de apelación y durante la audiencia pública.

• Añade que, mediante el Decreto N.° 770079, el Tribunal le otorgó una nueva

oportunidad para pronunciarse sobre la falta de traslado, por lo que considera que la finalidad de la garantía del derecho de defensa se encuentra satisfecha.

• En ese sentido, manifiesta que, aun si se considerara exigible el traslado,

correspondería conservar la resolución conforme al numeral 14.2.4 del

artículo 14 del TUO de la Ley N.° 27444, pues ningún argumento del

Consorcio habría podido modificar el defecto objetivo advertido en las bases integradas. De la improcedencia de declarar la nulidad por la falta de traslado

• Manifiesta que, declarar la nulidad de la resolución cuestionada por la falta

de traslado únicamente ocasionaría una dilación innecesaria, pues la Entidad tendría que otorgar dicho traslado, recibir los descargos del Consorcio y emitir una nueva resolución sobre el mismo defecto.

• Sostiene que, ello sería contrario a los principios de eficacia y celeridad,

modifiquen las circunstancias que sustentaron la nulidad.

• Por ello, solicita que se declare infundado el recurso de apelación y se

confirme la Resolución Administrativa N.° 023-2026-DAF-MDS. Sobre la pretensión subordinada de nulidad de oficio del procedimiento de selección

• Señala que, si el Tribunal considera que la resolución cuestionada presenta

algún defecto que afecta su validez, corresponde que la propia Sala declare la nulidad de oficio del procedimiento de selección, conforme al literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley N.° 32069.

• Para sustentar dicha pretensión, manifiesta que, las bases integradas

presentarían otros defectos: i) la omisión de determinadas tipologías para acreditar la experiencia del postor, previstas en la Resolución Directoral N.° 0016-2025-EF/54.01; y ii) la omisión de un supuesto obligatorio de penalidad referido a la sustitución reiterada de un mismo integrante del plantel técnico, contemplado en las bases estándar.

• Sostiene que, dichos defectos, conjuntamente con la contradicción en los

puntajes del factor de evaluación, no pueden conservarse, pues afectarían las condiciones de participación y las reglas del procedimiento. Por ello, solicita que se declare la nulidad y se retrotraiga el procedimiento a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases.

• Mediante decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver de acuerdo a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 y numeral 313.2. del artículo 313 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

II. SITUACIÓN REGISTRAL:

De la base de datos del Registro Nacional de Proveedores – RNP, se aprecia, a la fecha, la siguiente información: El Consorcio Impugnante: CONSORCIO EDIFICACIÓN

• El proveedor JUAN AURELIO MEDINA CARTAGENA (con R.U.C. N°

10211451497), cuenta con inscripción vigente como consultor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado.

• El proveedor ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C. (con R.U.C. N°

20406468764), cuenta con inscripción vigente como consultor de obras; asimismo, no tiene sanción vigente que le impida participar en procedimientos de selección y/o contratar con el Estado

III. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato, conforme a lo que establezca el Reglamento. No se pueden impugnar las contrataciones directas y las actuaciones que establece el Reglamento.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Análisis de procedencia (artículo 308 del Reglamento) Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuantía (Literal a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT).1 Concurso Público para Consultoría de Obra N° 7-2026- cso-mds, con una cuantía ascendente a S/ 1’249,825.98. Además, se está cuestionando la nulidad de oficio declarada por la Entidad, respecto de la cual el Tribunal tiene competencia en todos los casos. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente, asimismo, el valor de la UIT en el año 2026 asciende a S/ 5, 500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

N° Análisis de procedencia (artículo 308 del Reglamento) Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

2 Acto impugnable (Literal b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.2 El Consorcio Impugnante cuestiona la Resolución Administrativa N° 23-2026-DAF- MDS, que declaró la nulidad del procedimiento de selección. Sí Plazo de interposición (Literal c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.3 La notificación del acto impugnado fue el 24 de setiembre del 2026, venciendo el plazo de 8 días, el 6 de octubre del 2026. El Consorcio Impugnante interpuso su recurso el 6 de octubre del 2026, y lo subsanó el 94 de octubre del año en curso, dentro del plazo legal. Sí Identificación y representación (Literal d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por la señora Nelly Mamani Mamani en su calidad de representante común del Consorcio Impugnante. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Literales e y f) El Impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. Del expediente no se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Literal g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante cuestiona la Resolución Administrativa N° 23-2026-DAF- MDS, que declaró la nulidad del procedimiento de selección. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Literal h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. La oferta del Consorcio Impugnante quedó descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Literal i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del artículo 304 del Reglamento. 4 Cabe precisar que, para el cómputo del plazo de subsanación del recurso de apelación, no se consideró el 8 de octubre por ser feriado nacional.

N° Análisis de procedencia (artículo 308 del Reglamento) Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

9 Interés para obrar (Literal j) El Impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar. Sí

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, por lo que corresponde realizar el análisis sobre los puntos controvertidos planteados.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS en el

extremo que declara la nulidad del procedimiento de selección. ii. Se ordene a la Entidad continúe con la evaluación económica de su oferta.

• FIJACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo previsto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Cabe señalar que la norma antes citada tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido procedimiento de los intervinientes, de modo que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues, lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En consecuencia, solo pueden ser materia de análisis los puntos controvertidos que se originen en los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en la absolución de aquel. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, según el cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso.” (el subrayado es agregado) Dichas disposiciones resultan concordantes con lo dispuesto en el literal c) del

artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el

Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación deberá contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, conforme al numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 12 de octubre del 2026 a través del SEACE, y, posteriormente, en atención a la reconformación de las Salas del Tribunal, nuevamente, se corrió traslado del mencionado recurso a dichas partes el 9 de octubre de 2026, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 14 de octubre de 2026.

• De la revisión del expediente administrativo, se advierte que ningún otro

proveedor se apersonó a esta instancia; por lo que, a fin de determinar los puntos controvertidos, es preciso indicar que serán considerados solo los cuestionamientos que el Impugnante haya formulado en su recurso de apelación.

• Por otro lado, dado que el 27 de octubre del 2026 se declaró el expediente como

listo para resolver, en el presente caso, los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida este Tribunal, conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento.

• Por lo tanto, en el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer

son:

• Determinar si corresponde revocar la Resolución Administrativa N° 23-2026-

DAF-MDS en el extremo que declara la nulidad de oficio del procedimiento de selección.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios, que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 2 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados,

corresponde que este Colegiado se avoque al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento recursivo. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 4 de setiembre de 2026

• Sobre el particular, a efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos

cuestionados en el recurso impugnativo, en cuanto a si la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026 fue emitida por el funcionario competente, si el vicio de nulidad invocado es trascendente, si la resolución no se encuentra motivada y si se debe ejecutar lo dispuesto en una resolución previa el Tribunal, esta Sala revisó el acto emitido por la Entidad y advirtió un vicio de nulidad en el mismo.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal5, con decreto del 19

de octubre del 2026, se corrió traslado al Impugnante y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación: “(…) Con motivo de la interposición del recurso de apelación, el Consorcio Impugnante cuestionó la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 07-2026-CSO-MDS. Sobre el particular, de los elementos que obran en el expediente y de la resolución cuestionada, no se apreciaría que, en su oportunidad, la Entidad haya corrido traslado previo al Consorcio Impugnante a efectos de que absuelva las supuestas causales de nulidad identificadas. Al respecto, en el último párrafo del numeral 202.2 del artículo 202 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en adelante TUO de la LPAG, se establece que, en el caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la 5 “Artículo 313. Alcances de la resolución (…) 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver”.

autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa. En concordancia con ello, se debe destacar que, en el caso concreto, al momento de declararse la nulidad de oficio, el procedimiento de selección se encontraba en la etapa de evaluación de ofertas. Ello en estricto cumplimiento de la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3 del 1 de setiembre de 2026, mediante la cual este Tribunal revocó la descalificación del Consorcio Impugnante y ordenó al comité efectuar la evaluación de su oferta económica y, de ser el caso, otorgarle la buena pro. En ese escenario, si bien es cierto que aún no se había emitido el acto formal de otorgamiento de la buena pro, la posición jurídica del Consorcio Impugnante era la de un postor con oferta técnica evaluada y con mandato firme de evaluación económica, situándolo en una posición jurídica con una expectativa legítima directa sobre el resultado del procedimiento. En consecuencia, cualquier decisión de la Entidad orientada a dejar sin efecto el procedimiento de selección en dicha etapa afectaría directamente el interés legítimo del postor habilitado a ser evaluado. Por lo tanto, con carácter previo a la emisión del acto de nulidad por el Titular de la Entidad, habría resultado jurídicamente obligatorio correr traslado de las imputaciones o causales de nulidad al Consorcio Impugnante por un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, garantizando los principios de debido procedimiento, contradicción y derecho de defensa. Es decir, la decisión orientada a dejar sin efecto el procedimiento (declaración de nulidad de oficio), habría incidido directamente sobre dicha situación jurídica, por lo que exigía que el Consorcio Impugnante (postor que tenía la expectativa de ser adjudicado con la buena pro) tenga la oportunidad real y previa de conocer los motivos y de formular los descargos que estime pertinentes. En dicho contexto, este Colegiado advierte que el hecho que Entidad no le haya comunicado previamente al Consorcio Impugnante los vicios que sustentaron la declaración de nulidad, evidenciaría una vulneración al debido procedimiento y al derecho de defensa, en los términos previstos en el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG, al haberse privado al Consorcio Impugnante de la posibilidad de ejercer oportunamente su defensa, generándole una situación de indefensión determinante para la validez del acto administrativo impugnado. Dicho de otro modo, esta deficiencia generaría un estado de indefensión en perjuicio del Consorcio Impugnante, al haber sido privado del conocimiento previo y oportuno de las razones concretas que sustentaron la declaración de nulidad, lo que vulneró su derecho de defensa y el debido procedimiento administrativo, reconocidos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, al impedirle pronunciarse, contradecir o refutar los fundamentos que finalmente sirvieron de sustento para declarar la nulidad del procedimiento de selección. En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, por una posible contravención a las normas legales antes citadas. (…)”.

• En este punto, es preciso mencionar que, mediante Resolución Administrativa N°

023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, por la inconsistencia advertida en el puntaje del factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”, debido a que en el desarrollo del referido factor se estableció un puntaje máximo de 60 puntos; sin embargo, en el cuadro resumen de factores de evaluación se consignó un puntaje máximo de 55 puntos. Asimismo, se advirtió otra inconsistencia referida a que la sumatoria de los factores de evaluación establecidos en las bases Integradas asciende a 105 puntos, mientras que en el cuadro resumen de factores de evaluación se establece un puntaje total máximo de 100 puntos. Para mayor ilustración, se reproduce los extractos correspondientes de la mencionada resolución:

• En ese contexto, el traslado de nulidad efectuado por la Sala advierte una

vulneración del debido procedimiento y del derecho de defensa del Consorcio Impugnante, debido a que la Entidad no le comunicó previamente los vicios que sustentaron la declaración de nulidad de oficio. Al respecto, dicho traslado indicó que, si bien al momento de emitirse la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS aún no se había otorgado formalmente la buena pro, el Consorcio Impugnante se encontraba en una posición jurídica concreta, pues su oferta técnica ya había sido evaluada y, en virtud de la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3, la Entidad tenía el mandato de evaluar su oferta económica y, de corresponder, otorgarle la buena pro. En ese sentido, la declaración de nulidad afectaba directamente su interés legítimo en continuar participando en el procedimiento. Por ello, el Colegiado considera que, conforme al último párrafo del numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG, la Entidad debía correr traslado previo al Consorcio Impugnante, por un plazo no menor de 5 días, a fin de que pudiera conocer y formular sus descargos respecto de las causales de nulidad identificadas. Al no haberlo hecho, se habría privado al postor de la oportunidad de ejercer oportunamente su derecho de defensa, generándole una situación de indefensión. En consecuencia, el Colegiado advierte que dicha omisión podría constituir una contravención al debido procedimiento y al derecho de defensa, reconocidos en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, configurándose una posible causal de nulidad del acto administrativo, conforme al numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley.

• Sobre lo expuesto, en su escrito de absolución, el Consorcio Impugnante

manifestó su conformidad con el vicio de nulidad advertido por el Tribunal, señalando que la Entidad no le comunicó previamente las causales de nulidad ni le otorgó un plazo para formular sus descargos, vulnerando así su derecho de defensa y el debido procedimiento. Cabe mencionar que, si bien el Consorcio Impugnante también desarrolla argumentos relacionados a la idoneidad de la Resolución N° 023-2026-DAF-MDS y que este Tribunal debería disponer que se evalúe su oferta económica, lo cierto es que ello consiste en la controversia formulada, debiendo tenerse en cuenta que el análisis del presente acápite está relacionado al vicio de nulidad advertido en dicho acto administrativo por omitir la notificación previa del vicio de nulidad que la Entidad habría advertido.

• Por su parte, en su escrito de absolución del traslado de nulidad, conforme se

aprecia en los antecedentes, la Entidad se pronunció sobre los cuestionamientos del recurso de apelación, reiterando su posición sobre la legalidad de la nulidad de oficio declarada.

Asimismo, en cuanto al traslado de nulidad efectuado por este Tribunal, precisó que, la comunicación prevista en el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG solo resulta exigible cuando se pretende declarar la nulidad de un acto administrativo favorable al administrado. En el presente caso, considera que la resolución cuestionada declaró la nulidad del procedimiento por un defecto de las bases integradas y no de un acto que hubiera reconocido un derecho al Consorcio Impugnante. Añade que la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3 no le otorgó la buena pro, sino que dispuso evaluar su oferta económica y adjudicarle dicho beneficio únicamente si correspondía; por tanto, su situación constituía una expectativa y no un derecho adquirido. Adicionalmente, manifiesta que la falta de traslado no habría generado indefensión, pues el Consorcio Impugnante conoció los fundamentos de la nulidad al notificársele la resolución y pudo cuestionarlos mediante su recurso de apelación y durante la audiencia pública. Agrega que el Decreto N° 770079 le otorgó una nueva oportunidad para ejercer su defensa. En ese sentido, considera que, aun si se estimara exigible el traslado previo, correspondería conservar la resolución conforme al numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la LPAG, pues los argumentos del Consorcio no modificarían el defecto advertido en las bases. En consecuencia, sostiene que declarar la nulidad de la resolución por la omisión del traslado únicamente generaría una dilación innecesaria, al obligar a la Entidad a repetir el trámite y emitir un nuevo pronunciamiento sobre el mismo defecto. Por ello, solicita que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS.

• Con relación a los argumentos expuestos por la Entidad, en principio, cabe

mencionar que no es objeto del traslado de nulidad analizar la idoneidad o los argumentos empleados en la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS, sino si la misma se emitió vulnerando el derecho de defensa del Consorcio Impugnante al haberse emitido sin haber notificado previamente los vicios que habría advertido, conforme a lo previsto en el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG. En relación con lo indicado y el vicio de nulidad advertido por esta Sala, debe tenerse en cuenta que, antes de la emisión de la Resolución Administrativa N° 023- 2026-DAF-MDS, el Consorcio Impugnante contaba con una situación jurídica concreta derivada de la Resolución N° 8437-2026-TCP-S3, mediante la cual este Tribunal revocó su descalificación y ordenó que el comité evaluara su oferta económica y, de corresponder, le otorgara la buena pro. En ese sentido, si bien todavía no se había formalizado el otorgamiento de la buena pro, ello no significa que el Consorcio Impugnante careciera de una posición jurídica susceptible de afectación, pues se encontraba habilitado para continuar en el procedimiento y obtener un resultado favorable, sujeto a la evaluación económica ordenada por el Tribunal; teniendo calidad de postor, situación jurídica que no puede desconocer la Entidad. Así, la decisión de la Entidad de declarar la nulidad del procedimiento y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria incidió directamente en dicha situación jurídica, al incidir directamente en su condición de postor y en su derecho de obtener una evaluación económica que pudiera permitirle acceder a la buena pro. Por consiguiente, no resulta suficiente sostener que no existía un acto formal de otorgamiento de la buena pro para descartar, sin mayor análisis, la necesidad de garantizar el derecho de defensa del postor afectado.

• Por otro lado, la Entidad sostiene que no se habría generado indefensión, debido

a que el Consorcio Impugnante pudo conocer los fundamentos de la Resolución N° 023-2026-DAF-MDS e impugnarlos mediante el recurso de apelación, así como formular sus argumentos durante la audiencia pública y con ocasión del traslado dispuesto por el Tribunal. Al respecto, corresponde precisar que tales actuaciones posteriores no sustituyen la oportunidad de defensa que debió garantizarse antes de la emisión del acto administrativo, pues la finalidad del traslado previsto en el numeral 202.2 del

artículo 202 del TUO de la LPAG es que el administrado conozca previamente los

cuestionamientos que sustentan la eventual declaración de nulidad y tenga la posibilidad de formular sus argumentos antes de que la autoridad adopte una decisión que afecte su situación jurídica. En consecuencia, el hecho de que el Consorcio Impugnante haya podido cuestionar posteriormente la resolución no desvirtúa que, al momento de su emisión, se habría prescindido de una actuación procedimental destinada precisamente a garantizar su derecho de defensa.

• Asimismo, cabe mencionar que la Entidad sostiene que dejar sin efecto la

resolución por la falta de traslado previo ocasionaría una demora en el procedimiento, pues tendría que realizar nuevamente el traslado y emitir otra decisión sobre la nulidad; sin embargo, las razones de celeridad no justifican prescindir de las garantías mínimas del debido procedimiento administrativo. La observancia del derecho de defensa constituye una exigencia de validez de la actuación administrativa y no puede ser desplazada únicamente por consideraciones relativas al tiempo que demandaría su cumplimiento. En consecuencia, la necesidad de evitar dilaciones no constituye, por sí misma, una razón suficiente para conservar una resolución respecto de la cual se advierte la vulneración de una formalidad esencial; sobre todo cuando dicha situación ha sido generada por la Entidad.

• En ese sentido, para este Colegiado los argumentos expuestos por la Entidad no

desvirtúan el vicio advertido, toda vez que, independientemente de que aquella se encontrara facultada para evaluar y declarar la nulidad del procedimiento de selección, debía garantizar previamente el derecho de defensa del Consorcio Impugnante, en atención a la afectación directa de su situación jurídica.

• Por tanto, al haberse prescindido de la formalidad esencial, se advierte una

vulneración de las garantías del debido procedimiento que no puede ser subsanada por las actuaciones posteriores ni justificada en razones de celeridad, correspondiendo determinar las consecuencias jurídicas que dicha omisión genera sobre la validez de la resolución cuestionada.

• Ahora bien, por las consideraciones expuestas, en atención a la potestad otorgada

a este Tribunal en el artículo 70 de la Ley, y en concordancia con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta antes de la emisión de la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026, que declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección. En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre el punto controvertido formulado por el Impugnante. Cabe mencionar que, si bien corresponde proseguir con las actuaciones dispuestas en el numeral 1.3 de la parte resolutiva de la Resolución Nº 8437-2026-TCP- S3 del 1 de setiembre de 2026, conforme se aprecia a continuación:

“Disponer que el comité proceda con la evaluación de la oferta económica del postor CONSORCIO EDIFICACION, integrado por JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA y ESCORPION COSULTORES INGENIEROS S.A.C. y, de ser el caso, le otorgue la buena pro del Concurso Público para Consultoría N° 7-2026-CSO-MDS-1”. Lo cierto es que el numeral 101 de la Resolución Nº 8437-2026-TCP-S3 indicó, de manera expresa, que el acta de evaluación, así como la regulación de las bases estaba premunida de validez en aquellos extremos no analizados, conforme se aprecia a continuación: Por tanto, esta Sala aprecia que la Resolución Nº 8437-2026-TCP- S3 no solo no abordó los vicios de nulidad advertidos por la Entidad en su Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS, sino que, además, no convalidó los extremos de las bases que no fueron de pronunciamiento específico, como sería la sumatoria de los puntajes de los factores de evaluación. En relación con ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 70 de la Ley establece la facultad de la Entidad de declarar la nulidad de oficio, potestad que no puede ser limitada por esta Sala, sobre todo cuando la Resolución Nº 8437-2026-TCP-S3 no abordó los aspectos que la Entidad habría advertido como nulos y que, por ello, el citado fundamento 101 ha indicado que no ha convalidado tal extremo de las bases. En consecuencia, antes de proceder con la evaluación económica del Consorcio Impugnante, de persistir la Entidad en su decisión de evaluar la eventual nulidad del procedimiento de selección, deberá previamente poner en conocimiento del administrado todos los presuntos vicios identificados, otorgarle el plazo correspondiente para formular sus descargos y, valorando tales argumentos, emitir una nueva decisión debidamente motivada, incorporando y notificando los informes que sustenten su determinación.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta que, de declararse nuevamente la nulidad de oficio del procedimiento de selección, el Consorcio Impugnante estará habilitado legalmente a presentar nuevamente su recurso de apelación. Por último, en caso la Entidad declare nuevamente la nulidad, dicha resolución deberá justificar debidamente que quien suscribe dicho acto administrativo es el habilitado legalmente para ello, debiendo motivar debidamente su decisión, así como emitir pronunciamiento expreso de la eventual respuesta del Consorcio Impugnante, a fin de evitar incurrir en nuevos vicios de nulidad.

• Por otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la

Ley, este Colegiado considera que la presente Resolución debe ponerse en conocimiento de la Entidad y de la Autoridad de la Gestión Administrativa, a fin que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y siendo que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los vocales Sonia Tatiana Angulo Reátegui y Juan Carlos Cortez Tataje y, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 7-

2026-CSO-MDS, convocado por la Municipalidad Distrital de Soplín, para la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: “mejoramiento del servicio de educación primaria y servicio de educación secundaria en I.E. 60741 José Silverio Balandra de C.P. Nueva Alejandria (Curinga) dist. de Soplin de la prov. de requena del dep. de Loreto”, debiéndose retrotraer el procedimiento hasta antes de la emisión de la Resolución Administrativa N° 023-2026-DAF-MDS del 24 de setiembre de 2026, conforme a los alcances señalados en el fundamento 24.

• Devolver la garantía presentada por el CONSORCIO EDIFICACIÓN, integrado por el

señor JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA y la empresa ESCORPION CONSULTORES INGENIEROS S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Comunicar la presente resolución a la Entidad y a la Autoridad de la Gestión

Administrativa, para que en mérito a sus atribuciones adopten las acciones que correspondan, conforme al fundamento 25.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.