Resolución N.° 9571-2026-TCP-S3

Sumilla: “(…) Cabe precisar que las modificaciones normativas al régimen de contratación pública han sido incorporadas por el legislador; por lo que, en observancia del principio de legalidad, corresponde a este Tribunal aplicar la nueva Ley”. Lima, 3 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026, de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N.º 7383-2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el señor Jamil Ángel Panca Juarez por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 0006835 de 14 de setiembre de 2023 emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Mediante decreto de 30 de abril de 2026, se inició el procedimiento administrativo

sancionador contra el señor PANCA JUAREZ JAMIL ANGEL (con R.U.C. N° 10724535921), en adelante el Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando impedido conforme a Ley, de acuerdo a lo previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del

artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones

del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante TUO de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante Orden de Servicio N°0006835 de 14 de setiembre de 2023, en adelante la Orden de Servicio, emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio, en adelante la Entidad; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 del TUO de la Ley. En ese sentido, se dispuso notificar al Contratista para que en el plazo de diez (10) días hábiles cumpla con formular sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en el expediente. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría Técnica N°3 del Tribunal de Contrataciones Públicas, valoró la denuncia realizada por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (ahora OECE), mediante Memorando N° D000225-2024-OSCE-DGR1, presentado el 1 de julio de 2024 en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, al cual adjuntó el Reporte N°639-20244/DGR-SIRE2 del 27 de abril de 2024 en el que se señaló que el Contratista habría incurrido en infracción al contratar con la Entidad, dado que sería hijo del señor Ángel Esteban Panca Quispe, quien fue elegido Regidor Provincial de Mariscal Nieto, región Moquegua, para el periodo 2019-2022; por lo tanto, se encontraba impedido de contratar con el Estado en el ámbito de competencia territorial de la referida autoridad local, durante el mencionado período y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.

• Mediante decreto de 30 de abril de 2026, la Secretaría Técnica N°3 del Tribunal,

requirió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, remitir copia de la partida de nacimiento del señor Panca Juarez Jamil Ángel.

• Mediante Oficio N°00278-2026/DRI/SDVAR/RENIEC de 21 de mayo de 2026,

presentado el 29 del mismo mes y año ante la mesa de partes del Tribunal, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, atendió el requerimiento de información formulado a través del decreto de 30 de abril de 2026.

• Con decreto del 30 de julio de 2026, la Secretaría Técnica N°3 del Tribunal dejó

constancia sobre la notificación del decreto de inicio al Contratista, mediante casilla electrónica el 5 de mayo de 2026, según constancia de acuse de recibo publicada en el Toma Razón Electrónico. Asimismo, dejó constancia que el Contratista no se apersonó al presente procedimiento ni presentó sus descargos, haciendo efectivo el apercibimiento en su contra.

• Con decreto de 30 de julio de 2026, la Secretaría Técnica N°3 del Tribunal dispuso

el registro del Informe de Instrucción N°106-2026-ST3-CSCH de 30 de julio de 2026 en el Sistema Informático del Tribunal. 1 Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 2 Obrante a folios 15 al 18 del expediente adjunto al decreto de inicio.

• Mediante Carta N°008-2026-JAPJ de 1 de agosto de 2026, presentado el 3 del

mismo mes y año, el Contratista formuló sus descargos señalando lo siguiente:

• Conforme lo señala el Reporte N°639-2024/DGR-SIRE, el señor Panca Quispe

Ángel Esteban, es su padre, quien ejerció el cargo de Regidor Provincial de Mariscal Nieto durante el periodo 2019 – 2022.

• No obstante, dicho cargo no otorga competencia territorial sobre la

Municipalidad Distrital de San Antonio, por cuanto según el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa.

• En consecuencia, sostiene que el señor Panca Quispe Ángel Esteban (su

padre), al ejercer el cargo de regidor de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, no tenía competencia territorial en la Municipalidad Distrital de San Antonio.

• Mediante decreto de 31 de julio de 2026, la Secretaría Técnica N°3 del Tribunal

dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala para que resuelva, siendo recibido por el vocal ponente el 4 de agosto de 2026.

• Mediante decreto de 4 de agosto de 2026, la Secretaría Técnica N°3 del Tribunal

puso de conocimiento que el Contratista se apersonó al procedimiento administrativo sancionador y presentó sus descargos.

II. FUNDAMENTACIÓN

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la

presunta responsabilidad del Contratista por haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley en el marco de la Orden de Servicio; infracción que se encontraba tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos imputados.

Cuestión previa: Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna

• En primer orden, ante los frecuentes cambios normativos producidos en la

normativa de contratación pública, es necesario evaluar si, en el presente caso, es de aplicación lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 230 del TUO de la LPAG, en virtud del cual: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (Subrayado es agregado). En ese sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente al momento de la comisión de la infracción; también se admite la aplicación de una norma posterior, si esta resultase más favorable para el administrado. En este punto, cabe indicar que el examen de “favorabilidad de una norma” implica una valoración integral de los elementos y hechos que confluyen en el caso concreto, tales como una atipicidad de la conducta, una sanción menos gravosa o un plazo de prescripción ya vencido, análisis que debe efectuarse inclusive aun cuando el proveedor imputado no lo haya solicitado, dado que los principios del procedimiento administrativo sancionador exigen una aplicación de oficio. En atención a ello, corresponde que, en el caso objeto de evaluación, se determine si, en aplicación del principio de retroactividad benigna, las nuevas normas en materia sancionadora resultan aplicables, por ser más favorables a los imputados.

• En atención a lo expuesto, en el presente caso, si bien el procedimiento se inició

por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de ocurridos los hechos materia de imputación; cabe mencionar que, el 22 de abril de 2025 entró en vigor la nueva Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N° 32069, en adelante la nueva Ley, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 009- 2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento.

• Por tanto, es preciso verificar si la aplicación de la nueva normativa en el presente

caso resulta más beneficiosa al administrado, ello atendiendo al principio de retroactividad benigna. Naturaleza y configuración de la infracción.

• Cabe resaltar que la infracción por contratar estando impedido estuvo prevista en

el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya tipificación es similar a la contenida en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la nueva Ley.

• Al respecto, cabe señalar que, mediante decreto del 30 de abril de 2026, se

dispuso iniciar procedimiento sancionador por la supuesta responsabilidad del Contratista al haber contratado con el Estado, estando en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO Ley, el cual señalaba lo siguiente: “Artículo 11. Impedimentos 11.1 Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (…)

• Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores. Tratándose

de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.

• El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido; (…)”. (El énfasis es agregado).

• De acuerdo con las disposiciones citadas, la norma vigente al momento de la

comisión de la presunta infracción establecía que los regidores no podían contratar con el Estado en el ámbito de su competencia durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo; además, la Ley precisaba que los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad se encuentran impedidos de contratar con el Estado, mientras los regidores se encuentren ejerciendo el cargo y hasta doce (12) meses después de haber dejado el cargo, solo en el ámbito de competencia territorial del regidor.

• Por su parte, el Tipo 1.C del numeral 30.1 del artículo 30 de la nueva Ley ha

contemplado el impedimento imputado al Contratista de la siguiente manera: “Artículo 30. Impedimentos para contratar 30.1. Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes: (…)

• Impedimentos de carácter personal: aplicables a autoridades, funcionarios o

servidores públicos de acuerdo con lo que señala esta ley. Se subdivide en siete tipos:

(…)”.

• De acuerdo con las disposiciones citadas, la normativa vigente establece que los

regidores se encuentran impedidos de participar, contratar y/o subcontratar en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, mientras ejercen el cargo y hasta seis (6) meses después de haber culminado el cargo.

• En otras palabras, la nueva Ley delimita el impedimento aplicable a los regidores

en todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio de cargo y únicamente hasta los seis (6) meses posteriores a su culminación.

• Lo expuesto, representa una modificación respecto de la normativa anterior, que

establecía un plazo de impedimento de doce (12) meses a la culminación del cargo. Por lo tanto, en observancia del principio de retroactividad benigna, este Colegiado considera que, para el caso en concreto, las disposiciones contenidas en la nueva normativa, en el extremo de la configuración del impedimento imputado, resultan más favorables al administrado.

• En atención a lo expuesto, se advierte que, en el presente caso, la presunta

comisión de la infracción atribuida al Contratista consiste en haber contratado con la Municipalidad Distrital de San Antonio encontrándose impedido de acuerdo a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N°0006835 de 14 de setiembre de 2023.

• Al respecto, obra en el expediente la copia de la referida Orden de Servicio, la cual

contiene firma de recepción por parte del Contratista, conforme se muestra a continuación:

• Ahora bien, considerando que la Orden de Servicio, objeto de análisis del presente

procedimiento administrativo sancionador, fue emitida y recepcionada el 14 de setiembre de 2023; por lo que se observa que este acto ocurrió con posterioridad al vencimiento del plazo de seis (6) meses en el que subsistía el impedimento previsto en la nueva Ley.

• En efecto, dado que el señor Ángel Esteban Panca Quispe ejerció el cargo de

Regidora Provincial de Mariscal Nieto, región Moquegua desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2022, el impedimento, conforme a los alcances de la nueva Ley, se extendía únicamente hasta el 30 de junio de 2023. A continuación, se reproduce a continuación los resultados oficiales del proceso electoral 20183: 3 Véase en: https://infogob.jne.gob.pe/

• En este sentido, considerando que la orden de servicio se formalizó el 14 de

setiembre de 2023, fecha posterior al periodo en el que resultaba aplicable el impedimento legal, corresponde que, en aplicación del principio de retroactividad benigna, declarar no ha lugar a la comisión de la infracción imputada. Cabe precisar que las modificaciones normativas al régimen de contratación pública han sido incorporadas por el legislador; por lo que, en observancia del principio de legalidad, corresponde a este Tribunal aplicar la nueva Ley.

• Sin perjuicio de lo señalado, corresponde señalar que el Contratista formuló sus

descargos en el presente procedimiento administrativo sancionador; sin embargo,

objeto pronunciarse respecto de éstos. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Alejandro Llanos Torres y la intervención de los Vocales Héctor Ricardo Morales González, y Juan Carlos Cortéz Tataje en reemplazo del Vocal Steven Aníbal Flores Olivera según Rol de Turnos de Vocales vigente y, atendiendo a la conformación de la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-2026-OECE-PRE publicada el 5 de octubre de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000002-2025-OECE-PRE; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, en aplicación del principio de retroactividad benigna, NO HA LUGAR a la

imposición de sanción contra el señor PANCA JUAREZ JAMIL ANGEL (con R.U.C. N° 10724535921), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido de acuerdo a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N°0006835 de 14 de setiembre de 2023, emitida por la Municipalidad Distrital de San Antonio, por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

JUAN CARLOS CORTÉZ TATAJE

PRESIDENTE

CESAR ALEJANDRO LLANOS TORRES

VOCAL

HÉCTOR RICARDO MORALES GONZÁLEZ

VOCAL

ss. Cortéz Tataje. Llanos Torres Morales González.