Resolución N.° 9570-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…) resulta pertinente remitirnos a las bases integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente”. Lima, 3 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 3 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7622/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Paititi, integrado por las empresas Servicios de Construcción Juan Carlos y Marcel S.A.C. y Ventur Constructora S.C.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 08-2026-MDCV-CS-1 Primera convocatoria; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 12 de agosto de 2026, la

Municipalidad Distrital de Campo Verde, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 08-2026-MDCV-CS-1 Primera convocatoria, efectuado para la “Contratación de servicio de mantenimiento correctivo de los sistemas de agua en los caseríos: Nueve de Febrero, La Merced de Neshuya, Vista Alegre, San Martin de Mojaral, La Victoria, Pampas Verde, Nuevo San Pedro, Antonio Raimondi, Santa Elvita, Alto Manantay, Tupac Amaru Limon y Dos de Diciembre, distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali”, con una cuantía de la contratación de S/ 416 218.77 (cuatrocientos dieciséis mil doscientos dieciocho con 77/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 18 de septiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 6 de octubre del mismo año se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del postor I Arcon Contratistas e Inversiones E.I.R.L., en lo sucesivo el Adjudicatario, por el importe de S/ 412 800.00 (cuatrocientos doce mil ochocientos con 00/100 soles), obteniéndose los siguientes resultados1:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación Calificación y resultadosPrecio Puntaje total obtenido I Arcon Contratistas e Inversiones

E.I.R.L.

Admitido S/ 412 800.00 92.20 puntos 1 Calificado (Adjudicatario) Consorcio Paititi Admitido - - - Descalificado Inmobiliaria y Constructora Profusam S.A.C. Admitido - - - Descalificado

• Mediante Escrito S/N, presentado el 14 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 16 del mismo mes y año, el Consorcio Paititi, integrado por las empresas Servicios de Construcción Juan Carlos y Marcel S.A.C. y Ventur Constructora S.C.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Para sustentar sus pretensiones, el Consorcio Impugnante formula los siguientes fundamentos:

• El Consorcio Impugnante solicita que se revoque la descalificación de su

oferta, al considerar que acreditó la experiencia mínima exigida para el ingeniero Rusiel Ventura Candia, propuesto como jefe de servicio por su representada.

• Al respecto, señala que las bases integradas exigen al jefe de servicio una

experiencia mínima de dos años y permite acreditarla mediante contratos y sus respectivas conformidades, constancias, certificados o cualquier otra 1 Información extraída del “Acta de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro”, registrada en la ficha SEACE del procedimiento el 6 de octubre de 2026.

documentación que demuestre fehacientemente la experiencia. Añade que las bases establecen que, cuando los documentos consignen períodos expresados en meses sin especificar los días, debe considerarse el mes completo.

• En ese contexto, cuestiona que el comité haya desestimado cuatro (4) de

los seis certificados presentados en los folios 41 al 51 de su oferta, por considerar que no permitían identificar los días trabajados ni las fechas de inicio y término, y, como consecuencia de ello, haya reconocido únicamente 367 días de experiencia.

• En cuanto a la primera experiencia presentada, refiere que en el folio 41

de su oferta presentó el certificado de trabajo emitido por la Municipalidad Distrital de Echarati el 25 de enero de 2024, mediante el cual se acredita que el profesional laboró como Residente I durante 196 días. Precisa que dicho documento se encuentra respaldado por el Informe N° 000173-2026- MDE/RP, del 11 de agosto de 2026, incluido en el folio 43 de la oferta, que confirma los períodos, proyectos y días trabajados durante enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023.

• Respecto de la segunda experiencia, indica que en el folio 42 de su oferta

obra el certificado de trabajo emitido por la Municipalidad Distrital de Echarati el 15 de octubre de 2024, que acredita 254 días de labores como Inspector II. Sostiene que el mismo Informe N° 000173-2026-MDE/RP, obrante en el folio 43, corrobora los meses, proyectos, cargo y días trabajados entre enero y septiembre de 2024. Por ello, considera que la falta de indicación de un día específico en el certificado no justifica desconocer el respaldo institucional presentado ni la regla de cómputo por meses completos prevista en las bases integradas.

• Sobre la tercera experiencia, señala que en el folio 45 de su oferta presentó

el certificado expedido por la Municipalidad Distrital de Megantoni el 24 de septiembre de 2024, que acredita 122 días de labores como Residente de Proyecto de Inversión II, en un proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas. Agrega que los Informes N° 000043-2026-MDM/OGRH-JRAR y N° 001473-2026- MDM/OGRH, incluidos en los folios 47 al 49 de la oferta, precisan que el profesional desempeñó dicho cargo desde el 3 de abril hasta el 4 de agosto de 2023. Precisa que solicita reconocer los 122 días consignados en el certificado, sin incrementar esa cifra en función del intervalo calendario.

• Con relación a la cuarta experiencia, indica que en el folio 46 de su oferta

obra el certificado emitido por la Municipalidad Distrital de Megantoni el 7 de agosto de 2025, mediante el cual se acreditan 178 días de labores como Inspector o Supervisor de Inversión, en un proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas. Refiere que los informes incluidos en los folios 47 al 49 precisan que tales labores se desarrollaron entre el 3 de febrero y el 30 de julio de 2025, y explican que las funciones del cargo comprendían el control, la supervisión y el seguimiento técnico, actividades que guardan relación directa con la función de supervisor admitida por las bases integradas.

• En tal contexto, el Consorcio Impugnante alega que los certificados no

fueron presentados de manera aislada, sino acompañados de informes de Recursos Humanos de las entidades contratantes, emitidos antes de la presentación de ofertas, que corroboran su contenido mediante la revisión de planillas y aclaran los períodos y cargos desempeñados.

• Por otro lado, argumenta que las bases integradas no restringen la

experiencia del jefe de servicio al mantenimiento correctivo objeto de la convocatoria, pues admiten labores en servicios y/o ejecución de obras de saneamiento rural o urbano. Bajo esa premisa, sostiene que los trabajos de instalación y construcción de sistemas de agua, captación, planta de tratamiento, reservorio y línea de conducción ejecutados en Echarati, así como los de mejoramiento y ampliación de agua potable y disposición sanitaria de excretas realizados en Megantoni, corresponden a lo requerido.

• Finalmente, sostiene que los cuatro períodos cuestionados suman 750

días, los cuales, adicionados a los 367 días reconocidos por el comité, representan un total de 1117 días. Considera que dicho período supera tanto el mínimo de 730 días exigido para la calificación como los dos años y medio previstos para obtener el puntaje máximo del factor de evaluación correspondiente.

• Por medio del decreto del 19 de octubre de 2026, debidamente notificado en el

SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, se remitió el expediente a la Primera Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 26 de octubre de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas la constancia de transferencia interbancaria expedida por el banco Scotiabank, para su verificación y custodia.

• Con escrito S/N, presentado el 23 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio

Impugnante acreditó a sus representantes para realizar informe en la audiencia programada.

• El 26 de octubre de 2026 se realizó la audiencia programada con la participación

de los representantes del Consorcio Impugnante.

• A través del decreto del 27 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Por medio del Informe Técnico Legal N° 001-2026-MDCV, registrado en la ficha

SEACE del procedimiento el 28 de octubre de 2026, la Entidad absolvió el recurso de apelación presentado por el Consorcio Impugnante, en el siguiente sentido:

• La Entidad sostiene que corresponde mantener la descalificación de la

oferta del Consorcio Impugnante, debido a que no acreditó los dos años de experiencia exigidos para el personal clave. Al respecto, señala que los documentos correspondientes a las experiencias N° 1, 2, 3 y 4 presentan problemas de legibilidad e incongruencias que impiden determinar con certeza los períodos trabajados.

• Como consideración general, indica que la evaluación debe efectuarse

sobre la documentación presentada en la oferta, cuyo contenido debe permitir identificar el cumplimiento de los requisitos, sin que corresponda al comité interpretar o incorporar hechos o datos que no hayan sido expresamente consignados. Asimismo, sostiene que la elaboración y presentación de la oferta es responsabilidad exclusiva de cada postor, quien debe asumir las consecuencias de sus deficiencias. Añade que, si bien corresponde realizar una evaluación integral de los documentos, estos deben contener información consistente y congruente.

• En cuanto a la primera experiencia, señala que el certificado del folio 41 de

la oferta no permite distinguir las fechas consignadas en la columna correspondiente al período, aunque afirma apreciar los días trabajados y un total de 195 días. Respecto del Informe N° 000173-2026-MDE/RP, incluido en el folio 43, reconoce que identifica labores durante enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023; sin embargo, considera que existe incongruencia entre la referencia a dichos meses y los días consignados en el certificado. Como ejemplo, indica que enero tiene 31 días calendario, mientras que el certificado registra 21 días de trabajo, lo que, a su juicio, genera incertidumbre sobre si debe contabilizarse el mes completo o únicamente los días señalados, así como sobre las fechas de inicio y término de las labores. Agrega que una situación similar se presenta respecto de los demás meses.

• Sobre la segunda experiencia, refiere que en el certificado del folio 42 se

distinguen los períodos, pero no se identifican con exactitud los días trabajados ni su total, por resultar ilegibles. Si bien el Informe N° 000173- 2026-MDE/RP señala que el profesional laboró entre enero y septiembre de 2024, considera que ello no permite superar las inconsistencias advertidas. En particular, indica que el certificado registra 14 días de trabajo en enero, pese a que dicho mes tiene 31 días calendario, por lo que subsiste la duda sobre el período que corresponde reconocer y sus fechas de inicio y término.

• Respecto de la tercera experiencia, presentada mediante el certificado del

folio 45, señala que el Informe N° 000043-2026-MDM/OGRH-JRAR, obrante en el folio 47, identifica un período comprendido entre el 3 de abril y el 4 de agosto de 2023. No obstante, considera que existe contradicción porque el certificado consigna 30 días de trabajo en mayo y julio, pese a que ambos meses tienen 31 días calendario. Por ello, sostiene que no puede determinarse si corresponde considerar los meses completos o únicamente los días registrados en el certificado, ni establecer con certeza las fechas de las labores acreditadas.

• En relación con la cuarta experiencia, sustentada con el certificado del folio

46 y los informes de los folios 47 y 48, reconoce que se identifica un período comprendido entre el 3 de febrero y el 30 de julio de 2025. Sin embargo, observa que el certificado consigna 28 días de trabajo en febrero y 30 días en marzo y mayo, pese a que estos dos últimos meses tienen 31 días calendario. A partir de ello, considera que existe incertidumbre sobre si deben reconocerse los meses completos o los días consignados en el certificado, así como respecto de las fechas de inicio y término.

• Asimismo, destaca que los informes invocados por el Consorcio

Impugnante son documentos internos de las municipalidades emisoras, dirigidos a sus respectivas dependencias de Recursos Humanos, y no al profesional ni al postor.

• Finalmente, argumenta que la regla de las bases que permite considerar el

mes completo resulta aplicable cuando se acredita experiencia por meses sin especificar los días. Considera que ese supuesto no se presenta en las experiencias cuestionadas, pues los certificados sí consignan una cantidad de días trabajados, aun cuando algunos datos no sean legibles.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto respecto de un concurso público abreviado, cuya cuantía de la contratación asciende a S/ 416 218.77 (cuatrocientos dieciséis mil doscientos dieciocho con 77/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de 2 El procedimiento de selección fue convocado el 12 de agosto de 2026; por lo cual el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable al caso concreto es el que se aprobó para el año 2026, el cual asciende a S/ 5 500.00 soles, según lo determinado en el Decreto Supremo N° 301-2025- EF. En dicho caso, cincuenta (50) UIT equivalen a S/ 275 000.00 soles.

contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, además de solicitar que se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, y que se disponga el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. De igual modo, según el literal c) del artículo 307 del Reglamento, la omisión de los requisitos señalados en los literales a), c), d), e) y f) del artículo 306 – identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía por interposición del recurso y la inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un concurso público abreviado, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 14 de octubre de 20263,

año. Al respecto, del expediente fluye que el 14 de octubre de 2026, el Consorcio Impugnante interpuso su recurso impugnativo, debidamente subsanado el 16 del mismo mes y año; en consecuencia, cumplió con los plazos descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación del Consorcio Impugnante, se aprecia que este aparece suscrito por la señora Fiorela Yamilet Ventura Candia, en su condición de representante común.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda inferirse y determinarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante ha cuestionado la decisión del comité de declarar descalificada su oferta y el 3 Considerando que el 8 de octubre fue declarado feriado nacional.

otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por lo que no se encuentra inmerso en el presente supuesto de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue declarada descalificada en el procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. El Consorcio Impugnante solicitó como pretensiones que se revoque la descalificación de su oferta, que esta sea calificada, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y, por último, que se disponga el otorgamiento a favor de su representada.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal

El artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en lo sucesivo TUO de la LPAG, regula la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la decisión de declarar descalificada su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la descalificación de su oferta.
• Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.
• Se disponga el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se tiene que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 19 de octubre de 2026, razón por la cual, los postores afectados contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 22 del mismo mes y año.

Sin embargo, no habiendo absolución del traslado del recurso de apelación, únicamente pueden ser materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos que devienen de los argumentos expresados en el escrito del recurso de apelación.

• En atención a ello, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes.

➢ Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar descalificada la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. ➢ Determinar si corresponde disponer el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar descalificada la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Considerando que el Consorcio Impugnante cuestiona la descalificación de su

oferta, corresponde analizar lo señalado por el comité en el “Acta de admisión, calificación, evaluación y otorgamiento de la buena pro”, registrada en la ficha SEACE del procedimiento el 6 de octubre de 2026. En dicho documento, se indica lo siguiente: Figura 1. Justificación de la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. (…) Nota: Extraído de la página 9 del Acta.

Conforme puede observarse, el comité descalificó la oferta del Consorcio Impugnante al considerar que los certificados correspondientes a las experiencias N° 1, 2, 3 y 4 del ingeniero Rusiel Ventura Candia no permitían identificar los días trabajados ni consignaban las fechas de inicio y término de las labores. En consecuencia, reconoció únicamente 367 días de experiencia, inferiores a los dos años (730 días) exigidos en las bases integradas para el personal clave.

• Tal como se observa en el numeral 2 de los antecedentes, el Consorcio

Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta, al sostener que la valoración conjunta de los certificados y los informes incluidos en ella permite determinar los períodos y la duración de las experiencias observadas. En ese sentido, considera que acreditó tanto la experiencia mínima exigida para el personal clave como la necesaria para obtener el puntaje máximo en el factor de evaluación correspondiente.

• Por su parte, conforme se lee en el numeral 7 de los Antecedentes, la Entidad

ratifica la descalificación, al considerar que la documentación presenta deficiencias de legibilidad e incongruencias que impiden determinar con certeza el tiempo trabajado. Sostiene que los informes presentados no superan tales observaciones y que no corresponde aplicar la regla de meses completos ni suplir mediante interpretaciones la información que debía acreditarse en la oferta.

• Atendiendo a la controversia planteada, resulta pertinente remitirnos a las bases

integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente.

• En tal sentido, de la revisión del literal C.1 del numeral 28 – Requisitos de

calificación obligatorios, contenido en el Capítulo III de las bases integradas, se requirió lo siguiente:

Figura 2. Requisito de calificación “Experiencia del personal clave”. (…) Nota: Extraído de la página 67 de las bases integradas. Conforme puede observarse, las bases integradas exigieron acreditar una experiencia mínima de dos años para el Jefe de Servicio propuesto. Para ello, admitieron la presentación de contratos con sus respectivas conformidades, constancias, certificados o cualquier otra documentación que demostrara fehacientemente la experiencia. Adicionalmente, precisaron que, cuando la experiencia estuviera expresada en meses sin especificar los días, debía considerarse el mes completo; mientras que, en caso de períodos ejecutados paralelamente, el tiempo superpuesto se contabilizaría una sola vez.

• Asimismo, el factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”

estableció la asignación del máximo puntaje por la acreditación de una experiencia superior a dos años y medio.

• En virtud de lo expuesto, corresponde analizar la oferta presentada por el

Consorcio Impugnante, a fin de determinar si cumple con las disposiciones contenidas en las bases integradas y si, en consecuencia, resulta atendible el cuestionamiento planteado por el comité para justificar la descalificación de su oferta.

• A efectos de resolver la controversia, corresponde examinar los certificados

observados conjuntamente con los demás documentos incorporados en la oferta para sustentar las mismas experiencias. Ello permitirá determinar si la información presentada permite establecer los períodos y la duración de las labores del profesional propuesto, que constituyen los aspectos cuestionados por el comité para justificar la descalificación.

• Respecto de la primera experiencia.
• En el folio 41 de su oferta, el Consorcio Impugnante presentó el certificado de

trabajo emitido por la Municipalidad Distrital de Echarati el 25 de enero de 2024, a favor del ingeniero Rusiel Ventura Candia. Dicho documento identifica su desempeño como Residente I en proyectos de instalación y construcción de sistemas de saneamiento y agua potable, y consigna un total de 196 días trabajados; conforme se reproduce a continuación:

Figura 3. Certificado de trabajo del 25 de enero de 2024. Nota: Extraído del folio 41 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Asimismo, en la oferta obra el Informe N° 000173-2026-MDE/RP, del 11 de agosto

de 2026, emitido por el Técnico de Planillas de dicha municipalidad. En este documento se informa que, luego de contrastar el certificado con los registros del sistema DS-PLANILLAS, se verificó la coincidencia de los períodos, proyectos y días laborados. En particular, se precisa que el profesional prestó servicios durante enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, acumulando 196 días trabajados, cantidad que coincide con la consignada en el certificado.

Figura 4. Informe N° 000173-2026-MDE/RP. Nota: Extraído del folio 43 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Como se aprecia, el informe identifica expresamente el certificado al que se refiere

y confirma su contenido a partir de los registros de la municipalidad empleadora. Por tanto, las dificultades para distinguir algunos datos del certificado no impiden establecer el tiempo acreditado, pues otro documento de la misma oferta precisa los meses en que se desarrollaron las labores y su duración acumulada. La valoración conjunta permite, así, identificar los períodos correspondientes a esta experiencia y reconocer los 196 días expresamente corroborados.

• Sobre la incongruencia alegada por la Entidad, debe señalarse que la referencia a

labores desarrolladas durante determinados meses no supone que el profesional haya trabajado todos los días calendario de cada uno de ellos. Por ello, que el certificado registre 21 días de trabajo en enero, pese a que dicho mes tiene 31 días, no contradice la información del informe, el cual confirma los días efectivamente laborados. Tampoco resulta necesario aplicar la regla de meses completos, pues se reconoce únicamente el tiempo expresamente acreditado.

• Por lo expuesto, corresponde desestimar el criterio expuesto por el comité y

validar esta primera experiencia.

• Respecto de la segunda experiencia.
• Para sustentar esta experiencia, el Consorcio Impugnante presentó, en el folio 42

de su oferta, el certificado de trabajo expedido por la Municipalidad Distrital de Echarati el 15 de octubre de 2024, a favor del mismo profesional. El documento identifica el cargo de Inspector II y registra períodos comprendidos entre enero y septiembre de 2024; conforme se observa a continuación:

Figura 5. Certificado de trabajo del 15 de octubre de 2024. Nota: Extraído del folio 42 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Al respecto, el Informe N° 000173-2026-MDE/RP, reproducido en la Figura 4,

también se pronuncia expresamente sobre este certificado. En particular, confirma que los períodos, proyectos y días laborados coinciden con los registros del sistema DS-PLANILLAS, y precisa que corresponden a enero a septiembre de 2024, con un total de 254 días trabajados. De esta manera, la documentación incorporada en la oferta permite identificar tanto el período al que se refiere el certificado como la cantidad de días acreditados.

• En cuanto al cuestionamiento de la Entidad referido a que el certificado registra

14 días de trabajo en enero, corresponde reiterar que la identificación de un mes de prestación de servicios no implica necesariamente que se haya laborado durante todos sus días calendario. En este caso, el informe confirma un total de días trabajados, sin afirmar que todos los meses deban reconocerse íntegramente. Por tanto, no existe la disyuntiva planteada por la Entidad entre considerar meses completos o efectuar una interpretación de datos ausentes: corresponde reconocer los 254 días expresamente corroborados por la municipalidad empleadora.

• En consecuencia, la lectura conjunta de ambos documentos permite superar la

observación sobre la identificación del período y de su duración, por lo que corresponde validar esta experiencia.

• Respecto a la tercera experiencia.
• En el folio 45 de la oferta obra el certificado de trabajo emitido por la

Municipalidad Distrital de Megantoni el 24 de septiembre de 2024. Mediante dicho documento se acredita que el ingeniero Rusiel Ventura Candia se desempeñó como Residente de Proyecto de Inversión II en el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas allí identificado. El certificado registra labores entre abril y agosto de 2023 y consigna un total de 122 días trabajados; conforme se observa a continuación:

Figura 6. Certificado de trabajo del 24 de septiembre de 2024. Nota: Extraído del folio 45 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• A su vez, en la oferta se incluyó el Informe N° 000043-2026-MDM/OGRH-JRAR, del

5 de agosto de 2026, emitido por la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Megantoni. Este documento identifica al profesional, el cargo y el proyecto consignados en el certificado, y precisa que las labores se desarrollaron desde el 3 de abril hasta el 4 de agosto de 2023, conforme se observa a continuación:

Figura 7. Informe N° 000043-2026-MDM/OGRH-JRAR. Nota: Extraído del folio 47 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Esta información se encuentra ratificada en el Informe N° 001473-2026-

MDM/OGRH, en el cual la Jefa de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos señala que, como resultado de la revisión del acervo documentario y de los registros administrativos, se verificó el desempeño del profesional en el referido cargo durante el período comprendido entre el 3 de abril y el 4 de agosto de 2023:

Figura 8. Informe N° 001473-2026-MDM/OGRH. Nota: Extraído del folio 48 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Por consiguiente, la documentación presentada permite establecer el periodo

acreditado en esta experiencia. El certificado cuantifica los días trabajados, mientras que los informes de la municipalidad empleadora precisan el período dentro del cual se desarrollaron las labores. Tales documentos se refieren al mismo profesional, cargo y proyecto, por lo que su valoración conjunta permite identificar la experiencia acreditada.

• Respecto de la observación de la Entidad sobre los 30 días registrados en mayo y

julio, pese a que ambos meses tienen 31 días calendario, debe reiterarse que corresponde distinguir los días calendario del período de labores de la cantidad de días laborados efectivamente declarados. Los informes identifican las fechas dentro de las cuales se prestaron los servicios, sin que ello obligue a ampliar el tiempo trabajado a todos los días comprendidos en dicho intervalo.

• Por lo expuesto, corresponde desestimar el criterio expuesto por el comité y

validar esta tercera experiencia.

• Respecto de la cuarta experiencia.
• El Consorcio Impugnante presentó el certificado de trabajo expedido por la

Municipalidad Distrital de Megantoni el 7 de agosto de 2025, el cual identifica el desempeño del ingeniero Rusiel Ventura Candia como Inspector o Supervisor de Inversión en el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas allí señalado, y registra labores entre febrero y julio de 2025, con un total de 178 días trabajados; conforme se observa a continuación:

Figura 9. Certificado de trabajo del 7 de agosto de 2025. Nota: Extraído del folio 46 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Sobre esta experiencia, el Informe N° 000043-2026-MDM/OGRH-JRAR,

reproducido en la Figura 7, precisa que el profesional desempeñó el cargo consignado en el certificado desde el 3 de febrero hasta el 30 de julio de 2025. Dicha información es ratificada en el Informe N° 001473-2026-MDM/OGRH, reproducido en la Figura 8, a partir de la revisión de los registros de la municipalidad empleadora.

• La Entidad cuestiona la distribución mensual de días consignada en el certificado,

pues registra 28 días en febrero y 30 días en marzo y mayo, y considera que ello genera incertidumbre sobre el período acreditado. Al respecto, si bien dicha distribución no reproduce exactamente los días calendario comprendidos en cada mes del período informado, ello no impide determinar su duración total mediante la valoración conjunta de la documentación presentada. En efecto, el certificado consigna 178 días trabajados y los informes de la municipalidad empleadora corroboran un período comprendido entre el 3 de febrero y el 30 de julio de 2025, que abarca precisamente 178 días calendario, contando ambas fechas. Por tanto, lo observado no justifica desconocer el tiempo total acreditado por ambos documentos.

• Por lo expuesto, corresponde desestimar el criterio expuesto por el comité y

validar esta cuarta experiencia.

• Ahora bien, respecto del argumento de la Entidad referido a que los informes

examinados son documentos internos y no se encuentran dirigidos al profesional ni al postor, corresponde señalar que las bases integradas admitieron cualquier otra documentación que demostrara fehacientemente la experiencia. En tal sentido, su destinatario no constituye una razón suficiente para prescindir de su contenido, en tanto fueron emitidos por las municipalidades empleadoras, identifican las experiencias a las que se refieren y proporcionan información sustentada en sus registros institucionales.

• Conforme al análisis desarrollado, corresponde reconocer 196 días por la

experiencia N° 1, 254 días por la experiencia N° 2, 122 días por la experiencia N° 3 y 178 días por la experiencia N° 4, que suman 750 días. Adicionados los 750 días a los 367 días que el comité ya había reconocido, el profesional propuesto acredita un total de 1117 días de experiencia. En consecuencia, el Jefe de Servicio propuesto supera los dos (2) años requeridos en las bases integradas, por lo que el motivo que sustentó la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante no resulta válido, teniéndose por acreditado el requisito de calificación “Experiencia del personal clave”.

• Por lo expuesto, corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la

oferta del Consorcio Impugnante, teniéndose por acreditado el requisito de calificación “Experiencia del personal clave” y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Asimismo, corresponde disponer que el comité continúe con la calificación de los demás requisitos de la oferta y, de corresponder, con su evaluación; por tanto, este extremo del recurso de apelación resulta fundado.

• Finalmente, la experiencia acreditada en el presente análisis deberá ser tenida en

consideración por el comité en la etapa de evaluación técnica de la oferta del Consorcio Impugnante, para la asignación del puntaje correspondiente al factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”, conforme a las disposiciones de las bases integradas. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Impugnante.

• Como última pretensión, el Consorcio Impugnante solicita que se le otorgue la

buena pro del procedimiento de selección.

• Al respecto, como resultado del análisis del primer punto controvertido, se ha

determinado que corresponde revocar la descalificación de su oferta, al haberse acreditado el cumplimiento del requisito de calificación “Experiencia del personal clave” y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• No obstante, de la revisión del Acta se advierte que el comité no examinó los

demás requisitos de calificación de la oferta del Consorcio Impugnante. Por tanto, el reconocimiento del cumplimiento del requisito analizado no permite tener por calificada su oferta ni determinar el lugar que le corresponde en el orden de prelación. En ese contexto, es importante señalar que el órgano competente para efectuar el análisis de las ofertas en todas sus etapas es el comité u oficial de compras, sin perjuicio del derecho que tienen los postores de cuestionar la decisión que adopte dicho colegiado ante la autoridad competente [Entidad o Tribunal]

• En ese contexto, corresponde que el comité continúe con la calificación de los

demás requisitos de la oferta y, de corresponder, efectúe su evaluación técnica y económica conforme a las bases integradas. Para ello, deberá considerar la experiencia reconocida en el presente pronunciamiento al aplicar el factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”.

• En consecuencia, al encontrarse pendientes dichas actuaciones, no corresponde

disponer el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Impugnante, debiendo el comité continuar el procedimiento y adjudicarla a quien corresponda según los resultados obtenidos. Por tanto, este extremo del recurso de apelación resulta infundado.

• Por último, dado que se ha declarado fundado en parte el recurso de apelación del

Consorcio Impugnante, debe devolvérsele la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Reglamento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Jimy Robert Ureta Aquino y Jefferson Augusto Bocanegra Diaz, atendiendo al Rol de Turnos de Vocales vigente y a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D00090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Paititi, integrado por las empresas Servicios de Construcción Juan Carlos y Marcel S.A.C. y Ventur Constructora S.C.R.L., en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 08-2026-MDCV-CS-1 Primera convocatoria, por los fundamentos expuestos: fundado en los extremos referidos a que se revoque la descalificación de su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro efectuado a favor del postor I Arcon Contratistas e Inversiones E.I.R.L.; e infundado en el extremo referido a que se le otorgue la buena pro. En consecuencia, corresponde: 1.1. Dejar sin efecto la decisión del comité de declarar descalificada la oferta del Consorcio Paititi, integrado por las empresas Servicios de Construcción Juan Carlos y Marcel S.A.C. y Ventur Constructora S.C.R.L., y tener por acreditado el requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, conforme a los fundamentos de la presente resolución.

1.2. Revocar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 08-2026-MDCV-CS-1 Primera convocatoria, efectuada a favor del postor I Arcon Contratistas e Inversiones E.I.R.L. 1.3. Disponer que el comité continúe con la calificación de los demás requisitos de la oferta del Consorcio Paititi, integrado por las empresas Servicios de Construcción Juan Carlos y Marcel S.A.C. y Ventur Constructora S.C.R.L., y, de corresponder, efectúe su evaluación técnica y económica, considerando lo establecido en la presente resolución, y otorgue la buena pro a quien corresponda. 1.4. Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Paititi, integrado por las empresas Servicios de Construcción Juan Carlos y Marcel S.A.C. y Ventur Constructora S.C.R.L., presentada al interponer su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Directiva de disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE4.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 4 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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