Resolución N.° 9593-2026-TCP-S1

Sumilla: “Corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, pues es fundado en el extremo referido a que se revoque la evaluación de su oferta en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”; e infundado en los extremos referidos a que se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y que se le otorgue la buena pro. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7649-2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INTEL-FRYD, integrado por FRYD S.A.C. E INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES Y ELÉCTRICA S.A.C., en el marco del CONCURSO PÚBLICO

ABREVIADO DE SERVICIOS N° 018-2026-BN (SEGUNDA CONVOCATORIA) DERIVADA DEL

CONCURSO PÚBLICO DE SERVICIOS N°002-2026; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado - SEACE, el 15 de setiembre de 2026, el Banco de la Nación, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 018-2026-BN (Segunda Convocatoria), derivado del Concurso Público de Servicios N°002-2026, para la contratación del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los grupos electrógenos y tableros de transferencia del Banco de la Nación a nivel nacional – Macro Región IV Cusco”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 1 583 030.00 (un millón quinientos ochenta y tres mil treinta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 25 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 7 de octubre del mismo año se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del postor G&L Electric Technology SAC, en lo sucesivo el Adjudicatario, por el importe de S/ 1 500 000.00 (un millón quinientos mil con 00/100 soles), obteniéndose los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación Calificación y resultadosPrecio Puntaje total obtenido

G&L ELECTRIC

TECHNOLOGY

S.A.C. Admitido 1 500 000.00 100 1 Adjudicatario (Calificado

CONSORCIO INTEL

– FRYD Admitido 1 701 250.00 - - Calificado

SERVFAC PERU

E.I.R.L. Admitido - - - Descalificado

• Mediante escrito s/n, presentado el 15 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 19 del mismo mes y año con Carta N° 021-CONSORCIO INTEL-FRYD/IF, el Consorcio Intel - Fryd, integrado por Fryd S.A.C. e Ingeniería de Telecomunicaciones Eléctrica S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la evaluación de su oferta respecto del factor “Capacitación al personal de la entidad contratante”, contra la admisión de la oferta del Adjudicatario y, por consiguiente, solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Para sustentar sus pretensiones, el Consorcio Impugnante formuló los siguientes fundamentos: Respecto de la evaluación de su oferta.

• Sostiene que el comité le asignó de manera errónea cero (0) puntos en el

rubro de “Capacitación al personal de la entidad contratante”, a pesar de haber cumplido con adjuntar la declaración jurada exigida en el numeral 4.1.2 de las bases integradas. Detalla que ofertó dieciocho (18) horas de capacitación —superando el mínimo requerido— con el perfil y las condiciones técnicas establecidas, por lo que correspondía otorgarle los veinte (20) puntos previstos. Asimismo, alega la vulneración del principio de trato igualitario, dado que al Adjudicatario sí se le otorgaron los veinte (20) puntos sobre la base de una declaración jurada de idéntica calidad y contenido, lo cual le habría permitido superar el umbral técnico mínimo para acceder a la evaluación económica. Cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario. ii. Argumenta que el comité admitió indebidamente la oferta del Adjudicatario sin verificar adecuadamente la representación legal de dicha empresa, conforme lo exigía el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas y el Reglamento. Señala que el certificado de vigencia de poder presentado data del 18 de agosto de 2022 —es decir, con una antigüedad superior a cuatro años respecto a la presentación de ofertas—, sin que la Entidad haya constatado si las facultades se mantenían vigentes a la fecha del procedimiento, generando incertidumbre y apartándose de la obligación de comprobar los documentos mínimos de admisión. iii. Conforme a lo expuesto, indica que los vicios advertidos en la evaluación técnica y en la admisión de ofertas configuran causales de nulidad conforme al artículo 70.1 de la Ley, debido a la contravención de normas legales y a la prescindencia de normas esenciales del procedimiento. Por tal motivo, solicita que el Tribunal declare la nulidad del Acta de Otorgamiento de Buena Pro en los extremos cuestionados, revoque los puntajes erróneos y disponga la correcta calificación de su oferta para que se le otorgue la buena pro al haber cumplido con todos los requisitos de las bases integradas.

• Por medio del decreto del 20 de octubre de 2026, debidamente notificado en el

SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, se remitió el expediente a la Primera Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 27 de octubre de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en cuenta corriente expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia.

• A través de la Carta N° 022-2026-BN/2666, presentada ante el Tribunal el 23 de

octubre de 2026, la Entidad absolvió el recurso de apelación, argumentando lo siguiente: Sobre la evaluación del Impugnante.

• Señala que advierte que el comité incurrió en un error material al omitir la

valoración de la declaración jurada presentada por el Consorcio Impugnante en el folio 26 de su oferta. Sostiene que, mediante dicho documento, se comprometió a brindar la capacitación en los términos exigidos por el literal D del numeral 4.1.2 de las bases integradas, ofreciendo un total de dieciocho (18) horas. Por consiguiente, reconoce que le correspondía la asignación de veinte (20) puntos en dicho factor de evaluación. ii. Indica que, al rectificarse la calificación del factor de capacitación, el puntaje técnico del Consorcio Impugnante asciende de sesenta (60) a ochenta (80) puntos, con lo cual supera el umbral mínimo de setenta (70) puntos exigidos en las bases integradas para acceder a la etapa de evaluación económica. No obstante, al integrarse su propuesta económica en el cuadro reformulado, el puntaje ponderado final del Consorcio Impugnante alcanza 82.45 puntos frente a los 100.00 puntos obtenidos por el Adjudicatario, manteniéndose invariable el orden de prelación en favor de este último. Sobre la admisión del Adjudicatario. iii. De otra parte, indica que, la oferta del Adjudicatario cumplió con adjuntar el certificado de vigencia de poder de su representante legal en los folios 8 y 9, documento que acredita la inscripción y vigencia del nombramiento del señor Elvis Johan Laureano Apolinario como gerente general. Asimismo, precisa que las bases integradas no establecían una antigüedad máxima de emisión para dicho certificado como requisito de admisión, por lo que no resulta legalmente admisible exigir condiciones no previstas en las reglas definitivas del procedimiento. iv. Concluye que el error material advertido en la evaluación técnica se subsana mediante la rectificación de puntajes y la reevaluación económica, sin que ello configure una causal para declarar la nulidad total del procedimiento o retrotraerlo. Dado que el cuadro reformulado mantiene al Adjudicatario en el primer lugar del orden de prelación, carece de sustento jurídico otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante, correspondiendo únicamente confirmar la validez de la adjudicación primigenia bajo los parámetros de las bases integradas.

• El 27 de noviembre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con

la participación del representante de la Entidad.

• Por decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirse a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina la autoridad ante la que se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, considerando que el recurso de apelación ha sido presentado en el marco de un Concurso Público Abreviado de Servicios, con una cuantía de S/ 1 583 030.00 (un millón quinientos ochenta y tres mil treinta con 00/100 soles), monto que es superior al equivalente a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos.

• En el presente caso, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación

contra la no asignación de puntaje respecto del factor de evaluación facultativo “Capacitación al personal de la entidad contratante” y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. En consecuencia, solicita que se le asignen los 1 El valor de la UIT para el año 2026 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

veinte (20) puntos correspondientes, se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y, finalmente, se le otorgue la buena pro a su favor.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• En el numeral 304. 1 del artículo 304 del Reglamento se establece que la apelación

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. Según el numeral 304.4 de la norma, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados anteriormente se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop, se aprecia que el 7 de octubre de 2026, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Consorcio Impugnante contaba con plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 15 de octubre de 20262.

• Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que el recurso de apelación

fue interpuesto mediante el escrito s/n presentado el 15 de octubre de 2026, subsanado mediante Carta N° 021-CONSORCIO INTEL-FRYD/IF presentada el 19 del mismo mes y año; esto es, en el plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante,

se aprecia que aparece suscrito por el señor Yoel Jaime Janampa Pariona, en calidad de representante común del consorcio. 2 Cabe precisar que el jueves 8 de octubre de 2026, fue día feriado calendario por el Combate de Angamos.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente

pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierten

elementos a partir de los cuales pueda inferirse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se advierte que la oferta del

Consorcio Impugnante fue admitida y calificada y ocupa el segundo lugar en el orden de prelación. Por tanto, no se configura la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro y

ocupa el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio

formulado.

• Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado

que se le asignen los veinte (20) puntos correspondientes al factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”, se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y, finalmente, se le otorgue la buena pro a su favor; por lo tanto, este Colegiado considera que el petitorio guarda coherencia con los hechos expuestos en el recurso de apelación.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento.

• El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal,

debido a que la decisión de la Entidad de no otorgarle puntaje en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante” y otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Adjudicatario afecta de manera directa su interés de contratar con aquella.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento.

• Petitorio.
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la evaluación de su oferta respecto del factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante” ✓ Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro a su favor. ✓ Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 20 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 23 del mismo mes y año para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo se aprecia que el Adjudicatario no absolvió el recurso de apelación; por tanto, los puntos controvertidos serán determinados únicamente en virtud del recurso impugnativo.

• En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:

✓ Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, respecto del factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”. ✓ Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor. ✓ Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, respecto del factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”

• Conforme a los antecedentes del caso, el Consorcio Impugnante sostiene que el

comité le asignó de manera errónea cero (0) puntos en el rubro de “Capacitación al personal de la entidad contratante”, a pesar de haber cumplido con adjuntar la declaración jurada exigida en el numeral 4.1.2 de las bases integradas. Detalla que ofertó dieciocho (18) horas de capacitación —superando el mínimo requerido— con el perfil y las condiciones técnicas establecidas, por lo que correspondía otorgarle los veinte (20) puntos previstos.

• Por su parte, la Entidad señala que el comité omitió por error la declaración jurada

presentada por el Consorcio Impugnante, mediante la cual ofreció 18 horas de capacitación y por la que le correspondían 20 puntos. Por ello, al rectificarse dicha calificación, su puntaje técnico sube de 60 a 80 puntos, superando el mínimo de 70 para pasar a la evaluación económica; sin embargo, al recalcular el puntaje ponderado final, alcanza 82.45 puntos frente a los 100.00 del Adjudicatario, manteniendo a este último en el primer lugar de prelación.

• Cabe precisar que el Adjudicatario no absolvió el recurso de apelación.
• A fin de esclarecer el cuestionamiento formulado, cabe traer a colación lo

señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. Al respecto, el literal D del numeral 4.1.2 del Capítulo IV de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección estableció como factor de evaluación la “Capacitación al personal de la entidad contratante”, conforme a lo siguiente: Figura 1. Factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”.

Nota: Extraído de las páginas 69 y 70 de las bases integradas. Como se puede advertir, la asignación de puntaje en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante” se otorga en función del número de horas lectivas dictadas presencialmente a 60 administradores de agencia, otorgando 20 puntos para propuestas que superen las 16 horas y 10 puntos para las que superen las 8 horas. Para acceder a dicho puntaje, el capacitador debe cumplir con el perfil profesional requerido y el postor debe acreditar su compromiso mediante una declaración jurada.

• En virtud de lo expuesto, corresponde analizar la oferta presentada por el

Consorcio Impugnante, a fin de determinar si cumple con las disposiciones contenidas en las bases integradas y si, en consecuencia, resulta atendible el cuestionamiento planteado.

• De la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, a folio 26, obra la Declaración

jurada de capacitación al personal del 25 de setiembre de 2026. Mediante dicha declaración jurada, el postor declara bajo juramento comprometerse a brindar dieciocho (18) horas de capacitación presencial a 60 administradores de agencias de la Entidad en “Operación básica y respuesta ante fallas menores del grupo electrógeno”; asimismo, garantiza que la instrucción estará a cargo de un ingeniero eléctrico titulado con al menos tres años de experiencia específica en el rubro y se obliga a entregar las constancias o certificados correspondientes al personal capacitado, tal como se detalla a continuación: Figura 2. Declaración jurada de capacitación al personal del 25 de setiembre de 2026 Nota: Extraído de la página 26 de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Ahora bien, de la revisión de los actuados se verifica que el documento presentado

por el Impugnante cumple estrictamente con las condiciones técnicas y el perfil requerido en las bases integradas para la obtención del puntaje máximo en el factor “Capacitación al personal de la entidad contratante”.

• Aunado a ello, cabe precisar que la propia Entidad, en su informe técnico emitido

con ocasión del recurso de apelación, ha reconocido que el comité incurrió en un error material al omitir la valoración de la referida declaración jurada y admitió que correspondía otorgarle veinte (20) puntos a dicho postor.

• En consecuencia, al haberse acreditado la observancia plena de las reglas objetivas

fijadas en las bases integradas, este Colegiado concluye que corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación, por lo que debe asignarse un puntaje de veinte (20) puntos en la evaluación técnica, correspondiendo realizar el reajuste de la puntuación total en la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• En atención a lo expuesto, al asignarse al Consorcio Impugnante los veinte (20)

puntos del factor bajo análisis, sumados a los sesenta (60.00) puntos previamente obtenidos en su evaluación técnica, alcanza un total de ochenta (80.00) puntos. Al aplicar el coeficiente de ponderación técnico de 0.7, el puntaje técnico ponderado de su propuesta asciende a cincuenta y seis (56.00) puntos.

• Asimismo, al superar el umbral mínimo de setenta (70.00) puntos exigidos en las

bases integradas para acceder a la fase económica, según lo establecido en el acta, le corresponde un ponderado de 26.45 puntos. Por lo tanto, el puntaje total ponderado del Consorcio Impugnante asciende a ochenta y dos punto cuarenta y cinco (82.45) puntos. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor.

• El Consorcio Impugnante señala que el comité admitió indebidamente la oferta

del Adjudicatario sin verificar adecuadamente la representación legal de dicha empresa, conforme lo exigía el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas y el Reglamento. Agrega que el certificado de vigencia de poder presentado data del 18 de agosto de 2022 —es decir, con una antigüedad superior a cuatro años respecto a la presentación de ofertas—, sin que la entidad haya constatado si las facultades se mantenían vigentes a la fecha del procedimiento, generando incertidumbre y apartándose de la obligación de comprobar los documentos mínimos de admisión.

• Por su parte, la Entidad sostiene que la oferta del Adjudicatario cumplió con

adjuntar el certificado de vigencia de poder de su representante legal en los folios 8 y 9, documento que acredita la inscripción y vigencia del nombramiento de Elvis Johan Laureano Apolinario como gerente general. Asimismo, precisa que las bases integradas no establecían una antigüedad máxima de emisión para dicho certificado como requisito de admisión, por lo que no resulta legalmente admisible exigir condiciones no previstas en las reglas definitivas del procedimiento.

• Cabe precisar que el Adjudicatario no absolvió el recurso de apelación.
• A fin de esclarecer el cuestionamiento formulado, cabe traer a colación lo

señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento. Al respecto, el literal c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección específica de las bases integradas exige presentar, como documentación obligatoria para la admisión de la oferta, el documento que acredite la representación de quien la suscribe, conforme se muestra a continuación:

Figura 3. Documentación obligatoria para la admisión de la oferta. Nota: Extraído de la página 17 de las bases integradas. Como se puede advertir, el literal c) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas exige presentar el documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta, requiriendo la copia del certificado de vigencia de poder en el caso de personas jurídicas, la copia del documento de identidad (DNI o carné de extranjería) o del poder correspondiente en el caso de personas naturales, y la documentación de representación de cada uno de los integrantes en el supuesto de consorcios.

• En virtud de lo expuesto, corresponde analizar la oferta presentada por el

Adjudicatario, a fin de determinar si cumple con las disposiciones contenidas en las bases integradas y si, en consecuencia, resulta atendible el cuestionamiento planteado.

• De la revisión de la oferta del Adjudicatario, se advierte que a folios 8 y 9 obra el

Certificado de Vigencia expedido por la Sunarp, el cual acredita que, en la partida electrónica N° 14608604 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, consta inscrito y vigente el nombramiento del señor Elvis Johan Laureano Apolinario como gerente general de la empresa G&L Electric Technology S.A.C. [el Adjudicatario]. Dicho documento, expedido el 19 de agosto de 2022, detalla las amplias facultades otorgadas al referido gerente para la representación legal, procesal, administrativa, mercantil y de disposición de bienes de la sociedad, conforme se muestra a continuación: Figura 4. Certificado de Vigencia expedido por la Sunarp Nota: Extraído de las páginas 8 y 9 de la oferta del Adjudicatario.

• Sobre el particular, el cuestionamiento principal del Consorcio Impugnante radica

en que el referido Certificado de Vigencia de Poder presentado por el Adjudicatario cuenta con una fecha de expedición del 19 de agosto de 2022; es decir, alega que su antigüedad generaría incertidumbre sobre la vigencia de las facultades del representante legal al momento de la presentación de ofertas.

• Al respecto, de la revisión estricta del literal c) del numeral 2.2.1.1 del Capítulo II

de la sección específica de las bases integradas, se advierte que, para el caso de personas jurídicas, la norma únicamente exigió la presentación de la “copia del certificado de vigencia de poder” a fin de acreditar la representación de quien suscribe la oferta.

• Como puede apreciarse de la lectura de dicha disposición, las reglas definitivas del

procedimiento de selección no establecieron ningún requisito, condición o límite temporal referido a una antigüedad máxima de expedición para la presentación de dicho documento.

• En ese sentido, resulta pertinente recordar que, en virtud del Principio de

Transparencia y facilidad de uso y del Principio de Presunción de Veracidad, las reglas del procedimiento deben ser claras y objetivas, estando proscrito que el comité o este Tribunal exija a los postores el cumplimiento de requisitos o formalidades que no se encuentren expresamente previstos en las bases integradas. Por ende, al no haberse establecido un plazo máximo de antigüedad para el certificado de vigencia de poder en los documentos del procedimiento, no resultaba legalmente posible que el comité desestimara o no admitiera la oferta del Adjudicatario por dicha razón.

• Aunado a ello, cabe señalar que si el Consorcio Impugnante consideraba que a la

fecha de presentación de ofertas el señor Elvis Johan Laureano Apolinario ya no ostentaba el cargo de gerente general o le habían sido revocadas las facultades de representación legal, recaía sobre él la carga de probar tal afirmación (por ejemplo, adjuntando una copia literal actualizada donde conste la revocación del poder); situación que no ha ocurrido en el presente procedimiento.

• En consecuencia, al haberse corroborado que el Adjudicatario presentó en su

oferta la copia del Certificado de Vigencia de Poder expedido por la Sunarp, cumpliendo cabalmente con la exigencia documental prevista de manera expresa en el literal c) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, se concluye que el comité actuó conforme a la normativa al admitir su oferta.

• Por los fundamentos expuestos, al no evidenciarse la vulneración alegada por el

Consorcio Impugnante, este Colegiado determina que corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación y, por consiguiente, mantener la validez de la admisión de la oferta del Adjudicatario.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante.

• Como última pretensión, el Consorcio Impugnante solicitó que se le otorgue la

buena pro del procedimiento de selección.

• En relación con ello, considerando que en el primer punto controvertido se ha

revocado la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante” y se le han otorgado los veinte (20) puntos correspondientes, procede el reajuste de su evaluación técnica y económica. En consecuencia, al ascender su puntaje total ponderado a 82.45 puntos, cabe revisar el orden de prelación:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación Calificación y resultadosPrecio Puntaje total obtenido

G&L ELECTRIC

TECHNOLOGY

S.A.C. Admitido 1 500 000.00 100 1 Adjudicatario (Calificado)

CONSORCIO INTEL

– FRYD Admitido 1 701 250.00 82.45 2 Calificado

SERVFAC PERU

E.I.R.L. Admitido - - - Descalificado

• Al respecto, considerando que el Consorcio Impugnante se encuentra en segundo

lugar en el orden de prelación, no resulta amparable su pretensión; por tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación.

• Por tanto, dado que se ha declarado fundado en parte el recurso de apelación del

Consorcio Impugnante, debe devolvérsele la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Finalmente, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la

Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –

SEACE3.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo al Rol de Turno de Vocales vigente y la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE- PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D00090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

Intel - Fryd, integrado por las empresas Fryd S.A.C. e Ingeniería de Telecomunicaciones y Eléctrica S.A.C., en el marco Concurso Público Abreviado de Servicios N° 018-2026-BN (Segunda Convocatoria), derivado del Concurso Público de Servicio N°002-2026, pues es fundado en el extremo referido a que se revoque la evaluación de su oferta en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”; e infundado en los extremos referidos a que se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario y que se le otorgue la buena pro. En consecuencia, corresponde: 1.1 Otorgar al Consorcio Intel - Fryd, integrado por las empresas Fryd S.A.C. e Ingeniería de Telecomunicaciones y Eléctrica S.A.C. veinte (20) puntos en el factor de evaluación “Capacitación al personal de la entidad contratante”. 1.2 Confirmar el otorgamiento de la buena pro al postor G&L Electric Technology S.A.C. en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 018-2026-BN (Segunda Convocatoria), derivado del Concurso Público de Servicio N°002-2026. 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

1.3 Devolver la garantía presentada por el Consorcio Intel - Fryd, integrado por las empresas Fryd S.A.C. e Ingeniería de Telecomunicaciones y Eléctrica S.A.C. para la interposición del presente recurso, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE