Resolución N.° 9592-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) corresponde disponer que la Entidad, en el plazo de tres (3) días hábiles, contado desde el día siguiente de publicada la presente resolución, perfeccione el contrato con dicho consorcio, observando las formalidades previstas en la normativa aplicable y en las bases integradas del procedimiento de selección”. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026 de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7564/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 005-2026-MDSB/CS-1 – Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el canal del caserío La Portada distrito de San Benito de la provincia de Contumaza del departamento de Cajamarca, con CUI N° 2653205”; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 25 de junio de 2026, la Municipalidad Distrital de San Benito, en adelante la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 005-2026-MDSB/CS- 1 – Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el canal del caserío La Portada distrito de San Benito de la provincia de Contumaza del departamento de Cajamarca, con CUI N° 2653205”, con una cuantía de S/ 1,719,697.76 (un millón setecientos diecinueve mil seiscientos noventa y siete con 76/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento.

El 14 de julio de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 4 de agosto del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Canal La Portada, integrado por las empresas Jca Contratistas Generales S.R.L. y Gender Contratistas S.A.C., por el monto de S/ 1,688,106.82 (un millón seiscientos ochenta y ocho mil ciento seis con 82/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado (S/) Puntaje total Orden de prelación Resultado

CONSORCIO CANAL LA

PORTADA S/ 1,688,106.82 104.35 1 Adjudicado CONSORCIO KENNOSUR S/ 1,633,712.88 93.98 2 Calificado. CONCIVILES E.I.R.L. - - - No admitido. El 12 de agosto de 2026, el Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, ante el Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el cual fue resultado mediante la Resolución N° 08555-2026-TCP-S2 de fecha 8 de setiembre de 2026. En dicha resolución, la Segunda Sala del Tribunal dispuso declarar fundado el recurso de apelación interpuesto, conforme a lo siguiente: ➢ Revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Canal La Portada, integrado por las empresas Jca Contratistas Generales S.R.L. y Gender Contratistas S.A.C., teniéndose su oferta por descalificada. ➢ Otorgar la buena pro al Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L. El 9 de setiembre de 2026, se registró en el SEACE el cambio de ganador de la buena pro del procedimiento de selección. Mediante Resolución de Alcaldía N° 091-2026-MDSB/A de fecha 2 de octubre de 2026, registrado en el SEACE en la misma fecha, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección otorgada al Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L.

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 12 de octubre de 2026, y subsanado

mediante Escrito N° 02 presentado el 14 del mismo mes y año en la Mesa de Partes del Tribunal, el Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la pérdida de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección, y ii) se ordene a la Entidad proceder con la suscripción del contrato; para lo cual expuso los siguientes argumentos: 2.1. Cuestiona que la Entidad haya sustentado la pérdida de la buena pro en el supuesto incumplimiento de las observaciones formuladas al plan de trabajo, al cronograma de ejecución de obra, al equipamiento estratégico y al contrato de consorcio. Sostiene que dichas observaciones fueron formuladas de manera genérica, sin precisar los aspectos concretos que debían subsanarse. 2.2. Respecto del plan de trabajo, señala que el Informe N° 32-2026- MDSB/JDMS únicamente indicó que este debía contener la identificación de los supuestos y riesgos asociados a la ejecución de la obra, sin especificar cuáles eran los riesgos relevantes omitidos ni qué aspectos de su identificación o trazabilidad resultaban insuficientes. 2.3. En cuanto al cronograma de ejecución de obra, refiere que la observación inicial se limitó a requerir un formato que permitiera evaluar las partidas y determinar la ruta crítica. 2.4. En atención a ello, refiere que, presentó el cronograma en un único documento, incorporando la denominación, duración, fechas de inicio y término y predecesores de las partidas, así como la identificación de la ruta crítica mediante líneas horizontales rojas. En consecuencia, sostiene que cumplió con subsanar la observación y que la Entidad no precisó qué deficiencias persistían respecto de las relaciones de precedencia o la consistencia con la programación contractual.

2.5. Sobre el equipamiento estratégico, manifiesta que las bases integradas exigían acreditar su disponibilidad para la suscripción del contrato mediante documentos como compromisos de compraventa o alquiler, entre otros. 2.6. En ese sentido, cuestiona que la Entidad haya exigido documentación adicional para acreditar la capacidad de carga de 15 m³ del camión volquete y la precisión de 2” de la estación total, pues considera que tales exigencias no estaban previstas expresamente en las bases. Añade que el Informe N° 32-2026-MDSB/JDMS no formuló observaciones objetivas y precisas respecto de la estación total. 2.7. Finalmente, respecto del contrato de consorcio, cuestiona que la Entidad haya considerado insuficiente la subsanación de la incongruencia advertida con el Anexo N° 10, referida a la institución arbitral, por no haberse presentado una adenda. 2.8. Sostiene que la normativa invocada por la Entidad no justificaría dicha exigencia, pues el artículo 89 del Reglamento se refiere a la correspondencia entre la promesa y el contrato de consorcio en cuanto a sus integrantes, obligaciones y porcentajes de participación, y no a la obligación de formalizar una adenda para subsanar la observación advertida.

• A través del decreto del 15 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la PLADICOP en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar, a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso. De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 22 de octubre del mismo año.

• El 20 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Escrito N° 01, en el cual

expuso su posición sobre los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: 4.1. Respecto de los riesgos asociados a la ejecución de la obra, señala que el plan de trabajo no se satisface con una enumeración de riesgos, sino que debe evidenciar su correspondencia con las condiciones del proyecto y las medidas de control previstas en el expediente técnico. 4.2. En cuanto al cronograma de ejecución, precisa que la observación no se limitó a su presentación en tres partes, sino que comprendía la posibilidad de evaluar las partidas, identificar la ruta crítica y verificar la concordancia de la programación con el cronograma valorizado y los recursos previstos. Por tanto, sostiene que el cuestionamiento no se refiere al formato del documento, sino a la consistencia de la programación presentada. 4.3. Sobre la secuencia constructiva, advierte una incompatibilidad entre las partidas de concreto f’c = 175 kg/cm² y de encofrado y desencofrado de canal rectangular. Según el calendario valorizado, la primera registra S/ 14,527,22 en diciembre y S/ 348,653,34 en enero, mientras que la segunda concentra la totalidad de su valorización, ascendente a S/ 394,591,01, en diciembre. En consecuencia, aproximadamente el 96% de la valorización del concreto se ejecutaría en enero, cuando el encofrado y desencofrado ya habría culminado en diciembre. En consecuencia, sostiene que esta distribución resulta técnicamente incongruente si ambas partidas corresponden a los mismos elementos estructurales. 4.4. Añade que el calendario de recursos confirma dicha inconsistencia, pues concentra en enero la utilización de cemento Portland tipo I, piedra chancada, arena gruesa, mezcladora y equipo de vibrado, en concordancia con la ejecución de la partida de concreto. Sin embargo, el desencofrado figura íntegramente en diciembre, pese a que esta actividad debe realizarse después del vaciado del concreto y una vez cumplidas las condiciones técnicas correspondientes.

4.5. En ese sentido, sostiene que la discordancia entre el cronograma de ejecución, el calendario valorizado y el calendario de recursos constituye una inconsistencia sustancial que compromete la viabilidad de la secuencia constructiva propuesta, y no un mero defecto formal o de presentación. 4.6. Por consiguiente, considera que la observación no fue subsanada con la presentación de un cronograma unificado, pues persistirían incompatibilidades entre los instrumentos de programación. Asimismo, afirma que su evaluación no supone incorporar una nueva causal de incumplimiento, sino verificar la consistencia técnica de la programación, aspecto comprendido en la observación inicialmente formulada. 4.7. Respecto del equipamiento estratégico, señala que el literal B.3 del numeral 3.4.2 de las bases integradas exige un camión volquete de 15 m³ y una estación total con precisión de 2”. En ese sentido, sostiene que la documentación presentada debe permitir verificar objetivamente que los equipos ofrecidos cumplen las características requeridas, sin que ello implique exigir una ficha técnica como formalidad específica. 4.8. En relación con el camión volquete, reconoce que el contrato de alquiler consigna el modelo, el año y una capacidad de 15 m³; sin embargo, sostiene que la documentación vehicular presentada acredita datos del vehículo y su capacidad de carga útil, mas no el volumen geométrico de la tolva. Por ello, considera que la sola declaración contractual no permite corroborar objetivamente la capacidad volumétrica exigida, cuya verificación resulta necesaria para determinar la idoneidad del equipo comprometido. 4.9. En cuanto al contrato de consorcio, refiere que las observaciones comprendían las cláusulas relativas a la institución arbitral, la distribución de utilidades y la disolución, liquidación y responsabilidad. Señala que el Consorcio Impugnante no presentó una adenda que identificara el contrato originalmente legalizado y precisara las modificaciones efectuadas, sino un nuevo documento denominado contrato de constitución de consorcio, cuyas firmas fueron legalizadas el 26 de setiembre de 2026. Si bien reconoce que este instrumento incorporó nuevas redacciones en las cláusulas observadas, cuestiona la certeza de sus efectos respecto del contrato original.

4.10. Finalmente, precisa que su cuestionamiento no desconoce la libertad contractual ni sostiene que el artículo 89 del Reglamento imponga la adenda como único mecanismo de subsanación. Argumenta que era necesario establecer con certeza la relación entre ambos instrumentos y los efectos de las modificaciones introducidas, por lo que considera que la falta de una adenda que vinculara expresamente ambos documentos constituye un defecto material que impide tener por subsanada la observación.

• A través de la Carta N° 0003-2026-MDSB-GM/DLCH, presentada el 20 de octubre

de 2026 al Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Carta N° 0002-2026-MDSB-GM/DLCH, presentada el 20 de octubre de

2026 al Tribunal, la Entidad reiteró lo señalado en el numeral anterior.

• El 22 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación de los representantes del Consorcio Impugnante y de la Entidad.

• Con decreto del 22 de octubre de 2026, la Sexta Sala del Tribunal solicitó a la

Entidad que remita copia completa y legible de los documentos presentados para el perfeccionamiento del contrato y de los presentados para la subsanación de las observaciones.

• Mediante Oficio N° 236-2026-MDSB/A, presentado el 26 de octubre de 2026 al

Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada por decreto del 22 de octubre de 2026.

• Con decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso

• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación Pública Abreviada de Obras, con una cuantía de S/ 1,719,697.76. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto Contra la pérdida de la buena pro del Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente.

expresamente impugnable2 procedimiento de selección. Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 02.10.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles, el 12.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 12.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor Herlin Hilario Ostos Príncipe en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio, anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante cuestiona la pérdida de la buena pro otorgada a su favor. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Consorcio Impugnante fue el ganador de la buena pro; sin embargo, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada a su favor. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar la pérdida de la buena pro otorgada a su favor, debido a que dicha decisión afecta Sí 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

de manera directa su interés de contratar con la Entidad.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• Petitorio
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la pérdida de la buena pro del procedimiento de selección ✓ Se ordene a la Entidad proceder con la suscripción del contrato.

• Fijación de puntos controvertidos
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (subrayado nuestro). Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 15 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían hasta el 20 de octubre de 2026 para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que ningún postor con interés legítimo distinto al Consorcio Impugnante se apersonó al presente procedimiento recursivo, situación esperada considerando que el único postor legitimado para discutir la declaración de pérdida de la buena pro es el postor directamente afectado, que, en el presente caso, es el Consorcio Impugnante. En consecuencia, el único punto controvertido materia de análisis, consiste en “Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida de la buena pro y, como consecuencia de ello, disponer el perfeccionamiento del contrato”.

• Análisis del punto controvertido

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se abocará al análisis del único punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. Único punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la declaratoria de pérdida de la buena pro y, como consecuencia de ello, disponer el perfeccionamiento del contrato.

• Mediante Resolución de Alcaldía N° 091-2026-MDSB/A, de fecha 2 de octubre de

2026, la Entidad declaró la pérdida de la buena pro otorgada al Consorcio Impugnante, sustentando su decisión en los siguientes incumplimientos:

• La presentación de un nuevo contrato de consorcio, en lugar de una

adenda al contrato primigenio. ii. La persistencia de deficiencias en el plan de trabajo, referidas a la identificación completa y trazable de los riesgos relevantes para la ejecución de la obra, así como a la presentación del programa de ejecución en un formato que permitiera identificar objetivamente la ruta crítica, las relaciones de precedencia y su consistencia con la programación contractual. iii. La falta de acreditación de que el camión volquete individualizado contara con una capacidad de tolva de 15 m³ y la ausencia de respaldo técnico que permitiera verificar que la estación total cumplía con la precisión de 2”.

• Frente a dicha decisión, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación

sobre la base de los argumentos descritos en los antecedentes (numeral 2) del presente pronunciamiento.

• Luego de conocer los argumentos del recurso, la Entidad se ratificó en su decisión,

sosteniendo que el Consorcio Impugnante no habría cumplido con subsanar satisfactoriamente las observaciones formuladas a la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato.

• En ese sentido, a fin de esclarecer la controversia objeto de análisis, cabe traer a

colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como la Entidad al momento de conducir el procedimiento.

• Al respecto, en el numeral 2.3 del capítulo II de la sección específica de las bases

integradas se establecieron los documentos que el postor ganador debía presentar para el perfeccionamiento del contrato, conforme se aprecia a continuación:

• Asimismo, en el literal B.3 “Equipamiento estratégico” del numeral 3.4.2 del

equipamiento que debía acreditarse para cumplir con el requisito de calificación, conforme se muestra a continuación:

• De las disposiciones citadas, se advierte que, para el perfeccionamiento del

contrato, el postor ganador debía presentar, entre otros documentos, el contrato de consorcio con firmas legalizadas ante notario público de cada uno de sus integrantes, el plan de trabajo con la memoria descriptiva, de acuerdo con el

artículo 168 del Reglamento, así como los análisis de precios unitarios de las

partidas y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta. Asimismo, respecto del equipamiento estratégico, las bases exigieron acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos: ➢ Un (1) camión volquete de 15 m³. ➢ Una (1) retroexcavadora de 90-120 HP, 1.1-2.75. ➢ Una (1) estación total de precisión 2” (incluye accesorios). ➢ Un (1) nivel topográfico (incluye accesorios). Para tal efecto, se estableció que la acreditación debía efectuarse mediante copia simple de documentos que sustentaran la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que acreditara que la maquinaria o equipamiento estaría disponible para la ejecución del proyecto.

• En atención a dichas exigencias, mediante Carta N° 01-2026/CONSORCIO

KENNOSUR presentada el 17 de setiembre de 2026 ante la Mesa de Partes de la Entidad, el Consorcio Impugnante presentó la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, conforme se aprecia a continuación:

• Posteriormente, mediante Carta N° 279-2026-MDSB-UL/SCM de fecha 22 de

setiembre de 2026, notificada por correo electrónico en la misma fecha, la Entidad remitió el Informe N° 32-2026-MDSB/CS/JDMS, a través del cual comunicó al Consorcio Impugnante las observaciones advertidas durante la revisión de la documentación presentada y le otorgó el plazo correspondiente para su subsanación, conforme se detalla a continuación:

• Cabe precisar que la Entidad formuló diversas observaciones a la documentación

presentada; sin embargo, el análisis de este Colegiado se circunscribe a aquellas que sustentaron la declaratoria de pérdida de la buena pro.

• En ese sentido, de la revisión de la comunicación de observaciones, se advierte

que estas estuvieron referidas a los siguientes aspectos: Respecto del contrato de consorcio

• En la cláusula décimo quinta se establecía como centro de conciliación y

arbitraje a la Cámara de Comercio de Lima; sin embargo, en el Anexo N° 10 – Elección de la institución arbitral se consignaba como institución arbitral a la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca. ii. En la cláusula segunda se establecía que los consorciados se obligaban mutuamente a participar de forma activa y directa en el negocio, con el propósito de obtener un beneficio económico común; no obstante, en la cláusula décimo tercera se señalaba que las utilidades corresponderían exclusivamente a la empresa Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L.

iii. La cláusula décimo cuarta no se ajustaría a lo establecido en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, debido a que establecía que la disolución y liquidación del acuerdo de participación se produciría una vez efectuada la liquidación del contrato, sin precisar que la responsabilidad solidaria de los integrantes del consorcio ante la Entidad se mantiene hasta la culminación del contrato, conforme al marco normativo aplicable. Respecto del plan de trabajo iv. Se advirtió que no contenía determinados aspectos, entre ellos: finalidad pública, antecedentes, justificación, base legal, metodología para la ejecución y liquidación de la obra, organigramas del personal, actividades del personal clave y no clave, cronogramas de permanencia del personal e identificación de supuestos y riesgos asociados a la ejecución. Respecto del cronograma de ejecución de obra y cronograma valorizado de avance de obra

• Se señaló que ambos cronogramas debían guardar correspondencia entre

sí. vi. Se indicó que el cronograma de ejecución de obra debía presentarse en un formato que permitiera evaluar las partidas que conformaban la ruta crítica y las demás partidas, observándose que el Consorcio Impugnante lo había presentado dividido en tres partes. vii. Se requirió que el cronograma de ejecución de obra guardara correspondencia con el cronograma valorizado de avance, la propuesta económica y el cronograma de adquisición de materiales. viii. Se advirtió que el cronograma de adquisición de materiales contenía inconsistencias en la sumatoria de los totales mensuales, por lo que debía verificarse su correspondencia con el cronograma de ejecución de obra. Respecto del equipamiento estratégico ix. Se observó que el compromiso de alquiler suscrito con la empresa Constructora y Consultora El Tigre S.A.C. no precisaba la potencia de la retroexcavadora, ni adjuntaba documentación que permitiera verificar la precisión de la estación total y la capacidad del camión volquete, conforme a las características exigidas en las bases integradas.

• Se cuestionó que la empresa Constructora y Consultora El Tigre S.A.C.,

según la consulta efectuada a la SUNAT, no registraría como actividad económica el alquiler de maquinaria pesada y equipos topográficos.

• En respuesta a las observaciones formuladas, mediante Carta N° 054-2026-

CK/HOP, presentada el 28 de setiembre de 2026 ante la Mesa de Partes de la Entidad, el Consorcio Impugnante remitió la documentación destinada a subsanarlas, conforme se muestra a continuación:

• Ahora bien, corresponde determinar si la documentación presentada en dicha

oportunidad permitió subsanar las observaciones que posteriormente sustentaron la pérdida de la buena pro. Para tal efecto, el análisis debe efectuarse atendiendo a las exigencias expresamente previstas en las bases integradas, sin incorporar condiciones o requisitos adicionales que no hubieran sido establecidos oportunamente. Respecto del contrato de consorcio

• De la revisión de la documentación presentada para la subsanación, este

Colegiado advierte que el Consorcio Impugnante corrigió las inconsistencias identificadas por la Entidad en el contrato de consorcio.

• En efecto, en la cláusula décimo quinta consignó como institución arbitral a la

Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, en concordancia con lo establecido en el Anexo N° 10.

• Asimismo, modificó la cláusula décimo tercera, estableciendo que las utilidades

serían distribuidas conforme a los porcentajes de participación y las obligaciones previstas en la cláusula décimo segunda. De esta manera, dicha estipulación guarda correspondencia con lo señalado en la cláusula segunda, respecto de la participación activa y directa de los consorciados para obtener un beneficio económico común.

• Finalmente, modificó la cláusula décimo cuarta, precisando que los integrantes del

consorcio son responsables solidarios ante la Entidad por las consecuencias derivadas de su participación durante la ejecución del contrato y que el consorcio quedará disuelto con la aprobación de la resolución de liquidación de obra mediante el acto resolutivo correspondiente.

• Por tanto, se verifica que el Consorcio Impugnante atendió las observaciones

formuladas por la Entidad respecto del contenido del contrato de consorcio.

• Sin perjuicio de lo anterior, uno de los fundamentos invocados por la Entidad para

declarar la pérdida de la buena pro consistió en que el Consorcio Impugnante presentó un nuevo contrato de consorcio, en lugar de una adenda al contrato primigenio. Al respecto, este Colegiado considera que dicha circunstancia no constituye un incumplimiento de las exigencias previstas en las bases integradas ni justifica la pérdida de la buena pro. En efecto, lo relevante para efectos del perfeccionamiento del contrato era que se presentara un contrato de consorcio que cumpliera con las disposiciones aplicables y permitiera verificar las obligaciones, porcentajes de participación y responsabilidades de sus integrantes. En el presente caso, el documento presentado en la etapa de subsanación contiene las modificaciones efectuadas para atender las observaciones de la Entidad, sin que esta haya identificado algún incumplimiento sustancial en su contenido que impidiera el perfeccionamiento del contrato.

• En consecuencia, no correspondía exigir la presentación de una adenda como

única forma de subsanación, pues las bases integradas no establecieron dicha formalidad como condición para el perfeccionamiento del contrato. Por tanto, corresponde tener por subsanadas las observaciones formuladas al contrato de consorcio. Respecto del plan de trabajo y los cronogramas

• Sobre el particular, corresponde señalar que, conforme a lo indicado en el pie de

página N° 17 de las bases integradas, el plan de trabajo es el documento elaborado por el contratista de obras y consultoría de obras que organiza y guía las actividades del componente que será desarrollado. Su contenido mínimo comprende: i) el análisis detallado del alcance; ii) la composición del plantel técnico, con indicación de sus roles y responsabilidades; iii) la identificación de supuestos y riesgos asociados; y iv) el programa de ejecución y los calendarios de participación del equipo, adecuados a la fecha de inicio del plazo de ejecución contractual.

• De la revisión integral de la documentación presentada para la subsanación, este

Colegiado verifica que el Consorcio Impugnante incorporó los componentes mínimos exigidos para el plan de trabajo. Por consiguiente, no se advierte que las observaciones formuladas por la Entidad, en cuanto exigían información adicional a la expresamente establecida en las bases integradas, constituyan un incumplimiento que justifique la pérdida de la buena pro.

• Adicionalmente, debe tenerse presente que, mediante Resolución de Alcaldía N°

091-2026-MDSB/A de fecha 2 de octubre de 2026, la Entidad reconoció que el plan de trabajo presentado tenía el contenido mínimo exigible. En ese sentido, no resulta coherente que, posteriormente, sustente la pérdida de la buena pro en supuestas deficiencias de dicho documento sin identificar concretamente qué exigencia prevista en las bases integradas habría sido incumplida.

• Por otro lado, respecto de las observaciones vinculadas con la evaluación técnica

del programa de ejecución y los cronogramas, corresponde precisar que el numeral 187.3 del artículo 187 del Reglamento establece que la supervisión de obra, en los sistemas de entrega de solo construcción y de diseño y construcción, tiene entre sus funciones revisar el plan de trabajo presentado por el contratista, dentro del plazo máximo de quince días calendario contados desde el inicio de la ejecución contractual del contrato supervisado. Asimismo, el numeral 186.2 del artículo 186 del Reglamento establece las condiciones profesionales que debe cumplir el jefe de supervisión, en concordancia con las funciones que desarrolla conforme al artículo 187 del mismo cuerpo normativo.

• De las disposiciones citadas se desprende que la revisión técnica del plan de

trabajo corresponde a la supervisión durante la etapa de ejecución contractual. Por tanto, no corresponde trasladar dicha evaluación a la etapa de perfeccionamiento del contrato para exigir condiciones o niveles de desarrollo que no fueron previstos expresamente en las bases integradas como documentos o requisitos exigibles en dicha etapa. En particular, las bases no establecieron que el cronograma de ejecución de obra debiera presentarse, como parte del plan de trabajo, bajo un formato específico que permitiera efectuar la evaluación técnica de la ruta crítica, las relaciones de precedencia o la secuencia constructiva. En consecuencia, tales aspectos debían ser objeto de revisión por la supervisión, conforme a las funciones que le atribuye el Reglamento.

• Finalmente, la Entidad cuestionó durante el trámite del recurso la secuencia

constructiva propuesta, señalando una supuesta incompatibilidad entre las partidas de concreto f’c = 175 kg/cm² y de encofrado y desencofrado de canal rectangular. Sin embargo, dicha observación no fue formulada al momento de revisar la documentación presentada para el perfeccionamiento del contrato. Al respecto, debe tenerse presente que la Entidad no puede introducir nuevos cuestionamientos para sustentar la pérdida de la buena pro, distintos de aquellos comunicados oportunamente al postor para su subsanación, pues ello supondría restringir su derecho a conocer y atender las observaciones dentro del plazo otorgado para tal efecto.

• Por lo expuesto, se verifica que las observaciones referidas al desarrollo técnico

del programa de ejecución, la ruta crítica y la secuencia constructiva no son idóneas para sustentar la decisión de la Entidad de declarar la pérdida de la buena pro. Respecto del equipamiento estratégico

• Al respecto, corresponde señalar que las bases integradas establecieron que la

disponibilidad del equipamiento estratégico debía acreditarse mediante copia simple de documentos que sustentaran la propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que permitiera acreditar que la maquinaria o equipamiento estaría disponible para la ejecución del proyecto.

• De la revisión de la documentación presentada para la subsanación, se advierte

que el Consorcio Impugnante adjuntó el contrato de alquiler de maquinaria y equipos livianos, celebrado entre la empresa Constructora y Consultora El Tigre S.A.C. y el Consorcio Impugnante, mediante el cual la primera se comprometió a proporcionar el equipamiento estratégico requerido en las bases integradas.

• En ese sentido, dicho documento acredita el compromiso de disponibilidad del

equipamiento para la ejecución de la obra, conforme a la modalidad de acreditación expresamente admitida en las bases integradas. Adicionalmente, respecto del cuestionamiento referido a que la empresa arrendadora no contaría con actividad económica vinculada al alquiler de maquinaria pesada y equipos topográficos, cabe señalar, en primer término, que la verificación de la actividad registrada en SUNAT para la empresa que emite la promesa de alquiler (y que esta sea compatible con el alquiler del equipamiento), no constituye una exigencia de las bases para la acreditación del requisito materia de controversia. Sin perjuicio de ello, se advierte que el Consorcio Impugnante presentó su ficha RUC, en la cual se consigna como actividad económica secundaria 1, el alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles, tal como se aprecia a continuación:

• Ahora bien, la Entidad sostuvo que, pese a haberse acreditado la cadena

contractual de disponibilidad de determinados equipos y haberse subsanado los aspectos vinculados con la retroexcavadora y la actividad económica del proveedor, no se habría acreditado objetivamente que el camión volquete individualizado contara con una capacidad de tolva de 15 m³ ni que la estación total tuviera una precisión de 2”.

• Sobre el particular, corresponde precisar que las bases estándar distinguen

expresamente entre los requisitos que debe cumplir el equipamiento estratégico y los medios documentales previstos para su acreditación. Así, mientras que el apartado “Requisitos” establece que el equipamiento debe reunir las condiciones previstas en el expediente técnico, el apartado “Acreditación” únicamente exige la presentación de documentos que sustenten su propiedad, posesión, compromiso de compraventa o alquiler, u otro documento que demuestre su disponibilidad para la ejecución de la obra. En ese sentido, la expresión “u otro documento” debe interpretarse en función de su finalidad, esto es, acreditar la disponibilidad del equipamiento, y no como una habilitación para exigir documentación adicional destinada a demostrar sus características técnicas.

• En consecuencia, si bien el equipamiento estratégico debe cumplir con las

características técnicas establecidas en el expediente técnico, ello no faculta a la Entidad a exigir, durante el perfeccionamiento del contrato, fichas técnicas, catálogos, folletos u otros documentos adicionales para acreditarlas, toda vez que las bases estándar no contemplan dicha exigencia documental. Sostener lo contrario implicaría confundir el cumplimiento de las condiciones técnicas del equipamiento con los medios previstos para acreditar su disponibilidad, incorporando requisitos documentales no establecidos en las bases estándar y, por tanto, no exigibles al postor ganador para el perfeccionamiento del contrato.

• Por tanto, habiéndose presentado el contrato de alquiler que identifica el

equipamiento comprometido y acredita su disponibilidad para la ejecución de la obra, la observación supuestamente no subsanada por el Consorcio Impugnante, carece de validez para sustentar la pérdida de la buena pro.

• De ese modo, corresponde tener por subsanadas las observaciones formuladas

respecto del equipamiento estratégico.

• En virtud del análisis efectuado, este Colegiado concluye que el Consorcio

Impugnante subsanó las observaciones que sustentaron la declaratoria de pérdida de la buena pro. Asimismo, se ha verificado que algunos de los cuestionamientos formulados por la Entidad se sustentaron en exigencias no previstas en las bases integradas o en aspectos cuya evaluación correspondía a una etapa posterior de la ejecución contractual.

• Por lo tanto, al no haberse acreditado un incumplimiento que justifique la pérdida

de la buena pro, corresponde revocar la Resolución de Alcaldía N° 091-2026- MDSB/A, y restituir la buena pro al Consorcio Impugnante. Asimismo, corresponde disponer que la Entidad, en el plazo de tres (3) días hábiles, contado desde el día siguiente de publicada la presente resolución, perfeccione el contrato con dicho consorcio, observando las formalidades previstas en la normativa aplicable y en las bases integradas del procedimiento de selección.

• Siendo así, corresponde declarar fundado el recurso de apelación.
• Finalmente, considerando que el recurso de apelación será declarado fundado, en

atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 132.2 del artículo 132 del Reglamento, corresponde disponer la devolución de la garantía que el Consorcio Impugnante presentó como requisito de admisibilidad de su recurso. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino, y con la intervención de los Vocales Lupe Mariella Merino de la Torre y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Kennosur,

integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 005-2026-MDSB/CS-1 – Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de San Benito, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el canal del caserío La Portada distrito de San Benito de la provincia de Contumaza del departamento de Cajamarca, con CUI N° 2653205”, conforme a los fundamentos expuesto. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la pérdida de la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 005-2026-MDSB/CS-1 – Primera Convocatoria, otorgada al Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., restituyéndose la adjudicación a dicho consorcio. 1.2 Disponer que en el plazo de tres (3) días hábiles contados desde el día siguiente de publicada la presente resolución, la Entidad suscriba el contrato con el Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L.,

bases integradas del procedimiento de selección. 1.3 Devolver la garantía presentada por el Consorcio Kennosur, integrado por las empresas Ostos Contratistas y Consultores E.I.R.L. y Servicios Especializados Mr Ancash S.R.L., para la interposición de su recurso de apelación.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto. Ureta Aquino.

JIMY ROBERT URETA

AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO QUISPE

CROVETTO

VOCAL

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LUPE MARIELLA MERINO DE LA

TORRE

PRESIDENTE

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