Resolución N.° 9591-2026-TCP-S6

Sumilla: “(…) la nulidad es una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades, en el ámbito de la contratación pública, una herramienta lícita para sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera viciar la contratación (…)” Lima, 4 de noviembre de 2026. VISTO, en sesión del 4 de noviembre de 2026, por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7483/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Tech4allperu Sociedad Anónima Cerrada, en el marco de la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 001-2026- PGE-2 (Segunda Convocatoria), convocado por la Procuraduría Pública del Estado, y atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 15 de setiembre de 2026, la Procuraduría Pública del Estado, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 001-2026-PGE-2 (Segunda Convocatoria), para la “contratación de bienes, adquisición de servidor; en el (la) procuraduría general del estado distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de Lima, IOARR CUI 2723387”, con una cuantía de S/ 484 020.69 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil veinte con 69/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 25 de setiembre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 30 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a la empresa Ok Computer S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 474 000.00 (cuatrocientos setenta y cuatro mil con 00/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total OP OK COMPUTER S.A.C. Admitido Calificado 474 000.00 94.5 1 Sí

TECH4ALLPERU

SOCIEDAD ANONIMA

CERRA

No Admitida - 429 555.00 - - No

CLOUD SOLUTIONS

AND IT

MANAGEMENT S.A.C.

No Admitida - 405 000.00 - - No PMS PERU S.A.C. No Admitida - 483 800.00 - - No

• Mediante Escritos N° 1 y 2 presentados el 7 y 12 de octubre de 2026, respectivamente,

en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa Tech4allperu Sociedad Anónima Cerrada, en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la no admisión de su oferta, ii) se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario, y iii) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos:

• Señala que el comité de selección efectuó una indebida valoración de la

documentación presentada para acreditar las características técnicas referidas a la garantía del servidor y el soporte técnico.

• Al respecto, sostiene que, a folio 109 de su oferta, presentó una declaración

jurada mediante la cual asumió una garantía comercial de cuarenta y dos (42) meses, superior al plazo mínimo de treinta y seis (36) meses exigidos en las Bases Integradas; por lo que considera que el comité confundió dicha garantía comercial con la garantía estándar de fábrica consignada a folio 20, en la que se establecía una atención el siguiente día laborable, de 09:00 a 17:00 horas.

• Asimismo, señala que la documentación presentada debe ser evaluada

integralmente, considerando que la declaración jurada constituye un compromiso asumido directamente por su representada respecto de las condiciones del requerimiento.

• Argumenta que, conforme a la absolución de las consultas N° 13 y N° 28 del pliego

absolutorio, los documentos exigidos para la admisión de ofertas constituyen medios mínimos de acreditación, sin que ello impida acreditar otras características técnicas mediante documentación complementaria. En ese sentido, afirma que su oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas y que la decisión de no admitirla carece de una debida motivación, pues el comité de selección habría acogido la opinión del área técnica sin efectuar una valoración suficiente de la documentación presentada. Por ello, invoca la vulneración del deber de motivación, el debido procedimiento y el principio de predictibilidad o confianza legítima.

• Solicita que se revoque la admisión de la oferta de la empresa Ok Computer

S.A.C. y, en consecuencia, se disponga su descalificación, debido a que habría presentado documentación técnica en idioma inglés, obrante a folios 158 y siguientes de su oferta, sin adjuntar la correspondiente traducción al español, pese a que, según refiere, las Bases Integradas y la absolución de la consulta N° 27 establecieron que la documentación debía presentarse en idioma español o acompañarse de su respectiva traducción, conforme a lo dispuesto en el numeral 69.5 del artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069.

• Finalmente, solicita que se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de

Ok Computer S.A.C. y se otorgue dicho acto a su representada, así como la devolución de la garantía presentada para la interposición del recurso de apelación.

• Con decreto del 13 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Sexta Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 20 de octubre de 2026 a las 9:00 am.

• Mediante Oficio N° D000341-2026-JUS/PGE-OA-UA ingresado el 16 de octubre de

2026 a través de la mesa de partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través del Escrito N° 0026-2026-OK ingresado el 16 de octubre de 2026 a través de

la mesa de partes del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado realizado, solicitando que se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor, conforme a los siguientes argumentos:

• Sostiene que el recurso de apelación interpuesto por Tech4allperu S.A.C. no debió

ser admitido, debido a que el señor César David Chávez Cano, quien suscribió dicho recurso en representación de la empresa, no contaría con facultades expresas para interponer recursos impugnativos.

• Al respecto, señala que de la revisión de la vigencia de poder presentada por el

recurrente no se advertiría una delegación expresa de facultades para formular recursos de apelación. Asimismo, invoca el artículo 75 del Código Procesal Civil y el artículo 14 de la Ley General de Sociedades, a efectos de sostener que las facultades especiales de representación deben encontrarse debidamente conferidas.

• Asimismo, cuestiona que el recurrente no haya adjuntado documentación relativa

a su objeto social y señala que tampoco habría presentado los medios probatorios destinados a sustentar los argumentos de su recurso, por lo que considera que este no debió ser admitido.

• De manera subsidiaria, respecto de la no admisión de la oferta de TECH4ALLPERU

S.A.C., sostiene que el mismo no habría logrado desvirtuar el incumplimiento advertido por el comité de selección respecto de la condición de soporte técnico con atención 24 horas los 7 días de la semana y los 365 días del año, incluidos domingos y feriados. Al respecto, señala que el recurrente se limita a invocar la declaración jurada de garantía comercial presentada a folio 109 de su oferta, mediante la cual asumió una garantía de cuarenta y dos (42) meses, sin identificar el documento o apartado de su propuesta en el que se acredite expresamente el cumplimiento de la referida condición de soporte técnico.

• Asimismo, precisa que la garantía comercial y el servicio de soporte técnico

constituyen prestaciones distintas, por lo que la declaración jurada presentada no resultaría suficiente para acreditar el cumplimiento de ambas exigencias. En esa línea, sostiene que no corresponde al comité de selección interpretar o inferir obligaciones que no se encuentren expresamente acreditadas en la oferta, por lo que considera correcta la decisión de no admitirla.

• En cuanto al cuestionamiento formulado contra la admisión de su oferta, referido

a la presentación de documentación técnica en idioma inglés sin su correspondiente traducción al español, señala que el numeral 69.5 del artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 32069 contempla una excepción respecto de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o documentos similares, la cual puede presentarse en su idioma original.

• Así, precisa que su representada presentó, a folios 22 al 27 de su oferta, un cuadro

de cumplimiento técnico y una matriz de sustento de la documentación, elaborados en idioma español, mediante los cuales habría acreditado las características técnicas mínimas requeridas; mientras que los folletos, manuales, catálogos y fichas técnicas del fabricante presentados en idioma inglés tuvieron únicamente la finalidad de complementar y respaldar dicha información.

• Asimismo, sostiene que la absolución de la consulta N° 27 del pliego absolutorio

no estableció la obligación de traducir toda la documentación técnica, por lo que invocó el numeral 69.5 del artículo 69 del Reglamento y la Resolución N° 3935- 2021-TCE-S2, a efectos de sustentar que no correspondía exigir la traducción de dicha información complementaria.

• Finalmente, solicita que se desestimen los cuestionamientos formulados por

Tech4allperu S.A.C., se confirme la no admisión de su oferta y se mantenga el otorgamiento de la buena pro a favor de su representada.

• El 16 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe N° D000912-

2026-JUS/PGE-OAJ, asi como el Informe N° D00115-2026-JUS/PGE-OA-UA, a través del cual señaló lo siguiente:

• Señala que la no admisión de la oferta del Impugnante se encontraba justificada,

toda vez que la documentación presentada no permitía verificar el cumplimiento de la característica técnica referida a la garantía del servidor y soporte 24x7x365.

• Asimismo, señaló que la declaración jurada de garantía comercial por 42 meses

no acreditaba las condiciones específicas de atención exigidas; que no se había vulnerado el principio de igualdad de trato respecto de la oferta de OK COMPUTER S.A.C. (el Adjudicatario); y que la documentación técnica presentada por este en idioma inglés se encontraba comprendida en la excepción prevista en el numeral 69.5 del artículo 69 del Reglamento.

• En consecuencia, recomendó declarar infundado el recurso de apelación y

ratificar la buena pro otorgada.

• Mediante Escrito N° 0027-2026-OKC presentado 19 de octubre de 2026 ante la Mesa

de Partes del Tribunal, el Adjudicatario acreditó a su abogado para hacer uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través del Escrito N° 03 el Impugnante acreditó a su representante para hacer uso

de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante decreto del 19 de octubre de 2026 se tuvo por apersonada a la empresa Ok

Computer S.A.C., en calidad de tercero administrado, por su condición de postor adjudicatario de la buena pro; asimismo, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación.

• El 20 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario.

• Mediante decreto del 20 de octubre de 2026, la Sexta Sala del Tribunal identificó un

posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección y corrió traslado del mismo a las partes y a la Entidad, a fin de que expresen su posición. Ello, debido a que las Bases Integradas no precisarían con claridad cuáles eran las características técnicas específicas que debían acreditarse mediante la documentación técnica exigida, lo que podría generar incertidumbre en la formulación de las ofertas y constituir una vulneración del artículo 55 del Reglamento y de los principios de transparencia y facilidad de uso, y de libertad de concurrencia, previstos en el artículo 5 de la Ley.

• Mediante Oficio N° D000345-2026-JUS/PGR-OS-UA ingresado el 26 de octubre de

2026 la Entidad absolvió el traslado del posible vicio de nulidad efectuado, señalando lo siguiente:

• Indica que Bases Integradas sí establecieron con claridad las características

técnicas que debían acreditarse mediante documentación técnica, toda vez que si bien el primer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1 únicamente remitía al numeral 4.1 del requerimiento, en el tercer párrafo se precisó las características específicas cuya acreditación resultaba obligatoria.

• Argumenta que los participantes tuvieron la oportunidad de formular consultas y

observaciones respecto de las exigencias establecidas; sin embargo, ninguno cuestionó la supuesta falta de precisión advertida por el Tribunal. Asimismo, señala que de la revisión de las ofertas de los postores (Tech4allperu S.A.C., Cloud Solutions And IT Management S.A.C., Ok Computer S.A.C. y PMS S.A.C.), se aprecia que estos identificaron y acreditaron las características técnicas mínimas requeridas, por lo que no se habría generado incertidumbre ni dificultades para formular sus ofertas.

• Sostiene que la no admisión de la oferta de la empresa Tech4allperu S.A.C., no

obedeció al incumplimiento de acreditar documentalmente una característica que no se encontraba prevista entre las exigencias mínimas del literal g), sino a que, durante la revisión integral de su oferta, se identificó una ficha técnica del equipo Lenovo que contenía información relativa al soporte permanente 24x7, cuya idoneidad fue objeto de evaluación por el comité de selección.

• Al respecto, invoca la Resolución N° 8975-2026-TCP-S3, señalando que, aun

cuando determinada característica no haya sido establecida como requisito obligatorio de acreditación, si esta se encuentra incorporada en la oferta, corresponde verificar su idoneidad mediante una evaluación integral. En ese sentido, sostiene que la documentación presentada por Tech4allperu S.A.C. no permitía garantizar el soporte técnico en las condiciones exigidas en las Bases Integradas, por lo que correspondía declarar la no admisión de su oferta.

• Finalmente, concluye que no se habría configurado un supuesto que justifique la

nulidad del procedimiento de selección, pues las Bases Integradas habrían establecido claramente las características que debían acreditarse, sin que ello impidiera a los postores formular sus ofertas. Por tanto, solicita que se continúe con la evaluación del recurso de apelación y se determine si el criterio aplicado por el comité de selección para no admitir la oferta de Tech4allperu S.A.C. se ajustó a las reglas del procedimiento.

• El 27 de octubre de 2026, a través del Escrito N° 04, el Impugnante absolvió el traslado

del posible vicio de nulidad efectuado, señalando lo siguiente:

• Sostiene que, al elaborar su oferta, entendió que únicamente debía acreditar

mediante documentación técnica las características expresamente detalladas en el tercer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1 de las Bases Integradas. Sin embargo, la Entidad declaró la no admisión de su oferta por considerar que no había acreditado la condición relativa a la garantía del servidor y el soporte técnico, exigencia que, según señala, no se encontraba claramente comprendida entre las características cuya acreditación documental se había establecido.

• Señala que la falta de precisión de las Bases Integradas contraviene las Bases

Estándar, pues estas exigen que la Entidad identifique expresamente las características y/o requisitos funcionales específicos que deben acreditarse mediante documentación técnica. Asimismo, sostiene que la deficiente formulación de las reglas del procedimiento habría generado conflictos durante la etapa de selección, incluso respecto de ofertas que presentaban equipos de la misma marca y modelo, habiéndose seleccionado una oferta económicamente más onerosa.

• Finalmente, considera que el vicio advertido es de carácter insubsanable y solicita

que se declare la nulidad del procedimiento de selección, con retroacción a la etapa de elaboración de las bases administrativas.

• Mediante Escrito N° 0034-2026-OKC, ingresado el 27 de octubre de 2026, el

Adjudicatario absolvió el traslado del posible vicio de nulidad efectuado, señalando lo siguiente:

• Sostiene que el primer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1 de las Bases

Integradas, estableció claramente que los postores debían presentar documentación técnica para acreditar las características técnicas y requisitos de funcionalidad previstos en el numeral 4.1 del requerimiento.

• Señala que su representada presentó un cuadro de cumplimiento técnico y una

matriz de sustento documental, ambos elaborados en idioma español y obrantes a folios 22 al 27 de su oferta, mediante los cuales acreditó las características técnicas y requisitos funcionales del servidor ofertado.

• Argumenta que las Bases Integradas distinguieron dos exigencias: por un lado, la

presentación de documentación técnica para acreditar las características previstas en el numeral 4.1 del requerimiento y, por otro, la presentación de fichas técnicas, catálogos, folletos, manuales, páginas web oficiales del fabricante u otros documentos similares para sustentar, como mínimo, doce (12) características específicas del servidor.

• Por tanto, considera que dicha distinción permitía identificar inequívocamente

qué características debían acreditarse mediante documentación técnica y cuáles requerían, además, documentación emitida por el fabricante, por lo que no se habría generado incertidumbre para la formulación de las ofertas.

• Respecto de la consulta formulada durante la audiencia, referida a si las Bases

Integradas exigían acreditar el soporte técnico 24x7 como requisito de admisión, sostiene que dicha característica sí se encontraba comprendida en el numeral 4.1 del requerimiento y, por tanto, debía acreditarse conforme al primer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1.

• En esa línea, afirma que Tech4allperu S.A.C. no habría omitido presentar

documentación sobre dicha característica, sino que la habría acreditado de manera incorrecta, pues en el folio 20 de su oferta consignó una atención limitada al siguiente día laborable, de 09:00 a 17:00 horas, en lugar de garantizar el soporte técnico permanente requerido.

• Asimismo, sostiene que el impugnante no fundamentó originalmente su

apelación en la falta de exigencia de acreditación del soporte 24x7, sino que alegó haber cumplido dicha condición mediante su declaración jurada de garantía comercial.

• El adjudicatario señala que tanto su representada como Tech4allperu S.A.C.

presentaron documentación técnica correspondiente al numeral 4.1 del requerimiento; sin embargo, sostiene que el recurrente consignó en su oferta condiciones de atención distintas a las exigidas por la Entidad. Por ello, considera que su no admisión fue correcta y solicita que el Tribunal examine la documentación presentada por dicho postor y verifique el incumplimiento de la atención 24x7x365, incluidos domingos y feriados.

• Sostiene que la lectura integral de las Bases Integradas permitía identificar las

características que debían acreditarse y los medios documentales exigidos, por lo que no se habría vulnerado el artículo 55 del Reglamento ni los principios de transparencia y facilidad de uso, y de libertad de concurrencia.

• Solicita que, para determinar la existencia y trascendencia del posible vicio, el

Tribunal evalúe la claridad de las reglas sobre documentación técnica, la posibilidad real de los participantes para identificar las características que debían acreditar y la suficiencia de la documentación presentada por cada postor.

• Finalmente, señala que, de concluirse que existió una deficiencia sustancial en la

definición de las exigencias documentales, esta deberá sustentarse en su incidencia concreta sobre la transparencia, concurrencia e igualdad de trato, sin atribuir automáticamente incumplimientos individuales derivados de una regla cuya claridad se encuentra bajo análisis.

• Mediante decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (cuantía superior a 50 UIT).1 Licitación pública abreviada con una cuantía de S/ 484 020.69. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La notificación del acto impugnado fue el 30.09.2026, venciendo el plazo de 5 días hábiles, el 07.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 07.10.2026, y se subsanó el 12.10.2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente El recurso es suscrito por el señor César David Chávez Cano en calidad de gerente general del Impugnante, cuyo certificado de vigencia obra como anexo del recurso.. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante cuestiona la no admisión de su oferta, la admisión de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. No corresponde Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro El Impugnante no es el ganador de la buena pro, su oferta fue declarada no admitida. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar la no admisión de su oferta; en tanto que, para tener interés para impugnar el otorgamiento de la buena pro y la oferta del Adjudicatario, debe primero revertir su no admisión. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de improcedencia

previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
• Se revoque la no admisión de su oferta.
• Se revoque la admisión de la oferta del Adjudicatario.
• Se le otorgue la buena pro.
• El Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:
• Se declare infundado el recurso de apelación.
• Se confirme la no admisión de la oferta del Impugnante
• Se confirme el otorgamiento de la buena pro.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en cuenta lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se aprecia que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 13 de octubre de 2026, por lo que la absolución del recurso de apelación podía efectuarse hasta el 16 del mismo mes y año. Al respecto, de la revisión del toma razón electrónico, se advierte que el Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso, a través del Escrito N° 0026-2026-OK que presentó el 16 de octubre de 2026, es decir, dentro del plazo legal; en ese sentido, a fin de determinar los puntos controvertidos, serán considerados por este Tribunal los asuntos controvertidos planteados en el recurso de apelación y en el escrito de absolución del referido recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:
• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no admitir la

oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario. ii) Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Adjudicatario. iii) Determinar a qué postor corresponde otorgarle la buena pro del procedimiento de selección.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el análisis

que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no admitir la oferta del Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario.

• Mediante el “Acta de apertura, admisión, calificación de ofertas y evaluación, y

otorgamiento de la buena pro” del 30 de setiembre de 2026, publicada en el SEACE en la misma fecha, el comité dejó constancia de su decisión de no admitir la oferta del Impugnante, al considerar que este no había acreditado el requisito establecido en el literal g) del listado de documentación obligatoria para la admisión de ofertas. Al respecto, el comité señaló que, conforme a lo previsto en el numeral 4.1 del requerimiento, en el extremo referido a la “Garantía del servidor y soporte”, la información consignada en el folio 20 de la oferta establecía una garantía limitada al “siguiente día laborable de 09:00 a 17:00”. En ese sentido, si bien el Impugnante había presentado una declaración jurada mediante la cual manifestaba cumplir con las condiciones contempladas en el requerimiento, el comité consideró que la información contenida en el referido documento restaba validez a dicha declaración, toda vez que evidenciaba que el requerimiento no podría ser cumplido en los términos exigidos. Lo señalado se aprecia a continuación:

• Frente a dicha decisión, el Impugnante ha solicitado que se revoque la no admisión

de su oferta, alegando que, a folio 109 de esta, presentó una declaración jurada mediante la cual asumió una garantía comercial de cuarenta y dos (42) meses, plazo superior al mínimo de treinta y seis (36) meses exigidos en las bases integradas. En ese sentido, sostiene que el comité habría confundido dicha garantía comercial con la garantía estándar de fábrica consignada en el folio 20 de su oferta, en la que se establecía una atención el siguiente día laborable, de 09:00 a 17:00 horas. Asimismo, señala que la documentación presentada debía ser evaluada de manera integral, considerando que la declaración jurada constituía un compromiso asumido directamente por su representada respecto del cumplimiento de las condiciones previstas en el requerimiento. De otro lado, argumenta que, conforme a la absolución de las consultas N° 13 y N° 28 del pliego absolutorio, los documentos exigidos para la admisión de ofertas constituían medios mínimos de acreditación, sin que ello impidiera acreditar otras características técnicas mediante documentación complementaria. Por tanto, afirma que su oferta cumplía con las especificaciones técnicas requeridas y que la decisión de no admitirla carecía de una debida motivación, pues el comité habría acogido la opinión del área técnica sin efectuar una valoración suficiente de la documentación presentada.

• Por su parte, el Adjudicatario ha manifestado que la no admisión de la oferta del

Impugnante obedeció al incumplimiento advertido por el comité respecto de la condición de soporte técnico con atención las veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana y los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, incluidos domingos y feriados. Al respecto, señala que el Impugnante se limita a invocar la declaración jurada de garantía comercial presentada a folio 109 de su oferta, mediante la cual asumió una garantía de cuarenta y dos (42) meses, sin identificar el documento o apartado de su propuesta en el que se acredite expresamente el cumplimiento de la referida condición de soporte técnico. Asimismo, refiere que la garantía comercial y el servicio de soporte técnico constituyen prestaciones distintas, por lo que la declaración jurada presentada no resultaría suficiente para acreditar el cumplimiento de ambas exigencias.

• A su turno, la Entidad señaló que la decisión de no admitir la oferta se encontraba

justificada, debido a que el Impugnante no habría acreditado adecuadamente la característica técnica referida a la garantía del servidor y soporte. Al respecto, precisó que la declaración jurada presentada a folio 109 de la oferta correspondía al factor de evaluación «Garantía comercial del postor», cuya finalidad era obtener puntaje adicional, y no a la documentación examinada para verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión. Asimismo, indicó que dicha declaración únicamente establecía un plazo de garantía de cuarenta y dos (42) meses, pero no detallaba las condiciones de atención permanente 24x7x365, los niveles de servicio ni la cobertura de domingos y feriados exigidos en las bases integradas.

• Sentadas las posiciones de las partes y de la Entidad, este Tribunal procedió a verificar

las bases integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente.

• En ese sentido, de la revisión del literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la

documentación de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, se aprecia que se exigió lo siguiente: (…)

• Tal como se aprecia, la Entidad exigió que, para la admisión de las ofertas, los

postores presenten documentación técnica, conforme al cuadro de características técnicas mínimas, indicadas en el numeral 4.1. Además, se dispuso que la acreditación podía realizarse a través de fichas técnicas, catálogos, folletos, manuales, páginas web oficiales del fabricante, matrices de compatibilidad u otros documentos oficiales emitidos por el fabricante o su representante autorizado, que permitan verificar el cumplimiento de las características solicitadas. Finalmente, se indicó que debían acreditarse, como mínimo, las siguientes características: marca y modelo del servidor ofertado, factor de forma y compatibilidad para instalación en rack, procesador ofertado, memoria RAM instalada, tipo de memoria y capacidad máxima soportada, entre otros que se verifican en la imagen antes reproducida.

• Ahora bien, en el numeral 4.1. Características Técnicas del Capítulo III

“Requerimiento” de la sección especifica de las bases integradas, se advierte lo siguiente:

• Siendo así, se aprecia que en el numeral 4.1. del Capítulo III “Requerimiento” de

la sección especifica de las bases integradas, se establece las condiciones que debe cumplir el bien objeto de la contratación, contemplando aspectos relacionados con el factor de forma, procesador, número de CPU instalados, memoria RAM, conectividad LAN, controladora de discos, discos de inicio, discos de almacenamientos, rieles, fuente de poder, sistemas operativos soportados, seguridad, hipervisor, firmware, sistema operativo para máquinas virtuales, garantía del servidor y soporte, instalación, así como las diversas condiciones técnicas del bien.

• De esa manera, en los requisitos para la admisión de las ofertas se establece, de

manera general, que el postor deberá presentar, como parte de su oferta, documentación técnica conforme al cuadro de características técnicas mínimas, indicadas en el numeral 4.1 del requerimiento; y que se acredite, como mínimo, determinadas características, tales como: marca y modelo del servidor ofertado, factor de forma y compatibilidad para instalación en rack, etc.

• Al respecto, las bases estándar de licitación pública para bienes, aplicables al

presente procedimiento de selección, establecieron lo siguiente:

• Como se observa, las bases estándar aplicables al presente procedimiento de

selección, habilitan a las entidades contratantes a requerir documentación adicional a la expresamente prevista, tales como folletos, instructivos, catálogos o documentos similares. Asimismo, establecen que, cuando se exija dicha documentación, debe precisarse con claridad qué características y/o requisitos funcionales específicos del bien deben ser acreditados mediante la presentación de dichos documentos. Dichas disposiciones establecen expresamente que la Entidad debe identificar de manera clara y específica cuáles son las características y/o requisitos funcionales que serán acreditados mediante la documentación exigida, a fin de que los postores conozcan con certeza el alcance de la obligación impuesta y los aspectos que serán objeto de evaluación durante la admisión de ofertas.

• Considerando lo expuesto, el Tribunal advirtió un posible vicio de nulidad en la

forma en que fue desarrollado el requisito de admisión previsto en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, pues se requirió la presentación de fichas técnicas y/o similar, emitidas por el fabricante de los bienes ofertados, sin especificar qué características y/o requisitos funcionales específicos del bien deben ser acreditados mediante las referidas fichas técnicas. En ese contexto, en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, se corrió traslado a las partes, para que dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, emitan su pronunciamiento, en el que precisen si la situación previamente advertida configuraría un vicio que justifique la declaración de nulidad correspondiente.

• En atención a ello, el Impugnante manifestó que, al elaborar su oferta, entendió

que únicamente debía acreditar mediante documentación técnica las características expresamente detalladas en el tercer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas; sin embargo, la Entidad declaró la no admisión de su oferta por considerar que no había acreditado la condición relativa a la garantía del servidor y el soporte técnico, exigencia que, según señala, no se encontraba claramente comprendida entre las características cuya acreditación documental se había establecido. Señaló que la falta de precisión de las bases integradas contraviene las bases estándar, pues éstas exigen que la Entidad identifique expresamente las características y/o requisitos funcionales específicos que deben acreditarse mediante documentación técnica; considera que el vicio advertido es de carácter insubsanable.

• Por su parte, el Adjudicatario indicó que el primer párrafo del literal g) del numeral

2.2.1.1 de las bases integradas establecía claramente que los postores debían presentar documentación técnica para acreditar las características técnicas y los requisitos de funcionalidad previstos en el numeral 4.1 del requerimiento. Asimismo, sostuvo que las bases integradas contemplaban dos exigencias diferenciadas: por un lado, la presentación de documentación técnica para acreditar las características técnicas y los requisitos de funcionalidad previstos en el numeral 4.1 del requerimiento; y, por otro, la presentación de fichas técnicas, catálogos, folletos, manuales, páginas web oficiales del fabricante u otros documentos similares para sustentar, como mínimo, doce (12) características específicas del servidor. En ese sentido, sostuvo que dicha distinción permitía identificar claramente qué características debían acreditarse mediante documentación técnica y cuáles requerían, además, documentación emitida por el fabricante, por lo que no se habría generado incertidumbre para la formulación de las ofertas. Agregó que las bases integradas exigían acreditar el soporte técnico 24x7 como requisito de admisión, al encontrarse dicha característica comprendida en el numeral 4.1 del requerimiento y, por tanto, sujeta a la acreditación prevista en el primer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1. Finalmente, señaló que la lectura integral de las bases integradas permitía identificar las características que debían acreditarse y los medios documentales exigidos, por lo que no se habría vulnerado el artículo 55 del Reglamento ni los principios de transparencia y facilidad de uso, y de libertad de concurrencia.

• A su turno, la Entidad informó que las bases integradas sí establecieron con claridad

las características técnicas que debían acreditarse mediante documentación técnica. Al respecto, precisó que, si bien el primer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1 remitía al numeral 4.1 del requerimiento, en el tercer párrafo de dicho literal se habían especificado las características cuya acreditación documental resultaba obligatoria. Asimismo, argumentó que los participantes tuvieron la oportunidad de formular consultas y observaciones respecto de las exigencias establecidas en las bases integradas; sin embargo, ninguno cuestionó la supuesta falta de precisión advertida por el Tribunal. Agregó que, de la revisión de las ofertas presentadas por TECH4ALLPERU S.A.C., Cloud Solutions And IT Management S.A.C., OK Computer S.A.C. y PMS S.A.C., se apreciaba que los postores habían identificado y acreditado las características técnicas mínimas requeridas, por lo que no se habría generado incertidumbre ni dificultades para la formulación de sus ofertas. De otro lado, sostuvo que la no admisión de la oferta del Impugnante no obedeció a la falta de acreditación documental de una característica que no estuviera comprendida entre las exigencias mínimas del literal g), sino a que, durante la revisión integral de su oferta, se identificó una ficha técnica del equipo Lenovo que contenía información relativa al soporte permanente 24x7, cuya idoneidad fue objeto de evaluación por parte del comité. Concluyó que no se habría configurado un supuesto que justificara la nulidad del procedimiento de selección, toda vez que las bases integradas habrían establecido claramente las características que debían acreditarse, sin que ello hubiera impedido a los postores formular sus ofertas.

• Bajo lo expuesto, en el presente caso, se advierte que las bases integradas no

observaron las disposiciones contenidas en las bases estándar aplicables, toda vez que la Entidad contratante no identificó de manera clara ni expresa las características y/o requisitos funcionales de los bienes que debían ser acreditados mediante fichas técnicas, manuales, catálogos, folletos u otros documentos análogos para la admisión de las ofertas. En ese sentido, dicha falta de precisión impidió que se conociera de manera objetiva qué información debía contener la documentación técnica que debía ser presentada para la admisión de sus ofertas, afectándose con ello la transparencia del procedimiento. Asimismo, debe notarse que la falta de precisión antes advertida impide que este Tribunal pueda emitir pronunciamiento sobre la materia controvertida puesta a su conocimiento, pues justamente ella reside en el cuestionamiento al cumplimiento de los aspectos técnicos que deben ser acreditados por los postores.

• Llegado a este punto, es importante señalar que, conforme al principio de

transparencia y facilidad de uso, previsto en el literal i) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, las Entidades contratantes deben proporcionar reglas y criterios claros y accesibles, de manera que todas las etapas del proceso de contratación sean comprensibles para los proveedores, garantizando, además el acceso público y oportuno a la información.

• Asimismo, según el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, las bases estándar

se aprueban mediante directiva que emita la DGA, son de uso obligatorio por los evaluadores.

• En relación con lo señalado por la Entidad al absolver el traslado de nulidad,

corresponde precisar que la sola participación de postores en el procedimiento de selección no acredita, por sí misma, que las bases integradas hayan sido claras y precisas respecto de las exigencias previstas para la admisión de ofertas. Ello resulta particularmente relevante si se considera que la oferta del Adjudicatario fue la única admitida en el procedimiento de selección, mientras que las ofertas de los demás postores fueron declaradas no admitidas, precisamente, por no haber acreditado el cumplimiento de lo establecido en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la

4 Conforme se desprende del Acta de apertura, admisión, calificación de ofertas y evaluación, y otorgamiento de la buena pro del 30 de setiembre de 2026, publicado en el SEACE.

las bases respecto a este requisito de admisión de las ofertas.

• En cuanto a lo señalado por el Adjudicatario, en su absolución del traslado de nulidad,

corresponde señalar que la remisión efectuada en el primer párrafo del literal g) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas al numeral 4.1 del requerimiento no permitía identificar con suficiente claridad y precisión cuáles de las características técnicas y/o requisitos funcionales debían ser acreditados documentalmente para efectos de la admisión de las ofertas. Ello debido que, conforme se evidenció en los párrafos precedentes, en el numeral 4.1 del requerimiento, se aprecia que, en primer término, se indicó que “como mínimo” debían acreditarse una amplia relación de características y condiciones técnicas del bien, tales como el factor de forma, procesador, número de CPU instalados, memoria RAM, conectividad LAN, controladora de discos, discos de inicio, discos de almacenamiento, rieles, fuente de poder, sistemas operativos soportados, seguridad, hipervisor, firmware, sistema operativo para máquinas virtuales, garantía del servidor y soporte, instalación, entre otras. No obstante, las bases integradas no delimitaron de manera expresa cuáles corresponden a características del mismo bien que debían ser acreditadas, conforme lo establece el literal g) del numeral 2.2.1.1 del

estaba asumiendo el vendedor del bien objeto de la contratación, tales como la garantía del servidor y soporte y la instalación, cuyo cumplimiento no corresponde que sea acreditado de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado literal g) de las bases estándar. Así, si bien el primer párrafo del citado literal g) hacía referencia, de manera general, a la presentación de documentación técnica para acreditar las características técnicas y los requisitos de funcionalidad previstos en el numeral 4.1 del requerimiento, el tercer párrafo del mismo literal identificaba, de manera específica, doce (12) puntos incluidos en dicho numeral cuya acreditación debía sustentarse mediante fichas técnicas, catálogos, folletos, manuales, páginas web oficiales del fabricante u otros documentos similares, sin que se haya determinado con claridad cuáles en efecto correspondían a las características técnicas del bien que debían ser acreditadas. Esta regulación, lejos de establecer una distinción inequívoca entre las exigencias documentales, generaba incertidumbre respecto del alcance de la obligación de acreditación, pues no permitía determinar con claridad si la documentación técnica debía presentarse respecto de la totalidad de las características comprendidas en el numeral 4.1 o únicamente respecto de aquellas expresamente detalladas en el tercer párrafo del literal g), sin que tampoco se haya realizado una distinción entre las características técnicas del bien y los compromisos que asumía el contratista como puede ser la garantía del servidor, el soporte y la instalación. Por lo que lo señalado, por el Adjudicatario, referido a que la lectura integral de las Bases Integradas permitía identificar las características que debían acreditarse, no enerva el vicio advertido, toda vez que la Entidad tenía la obligación de establecer de manera clara, precisa e inequívoca las exigencias documentales para la admisión de las ofertas, sin trasladar a los postores la carga de interpretar el alcance de tales exigencias a partir de disposiciones formuladas de manera genérica.

• En este punto, resulta importante precisar que el vicio advertido impide a este

Tribunal contar con una regla clara que permita determinar, conforme al criterio establecido por la propia Entidad en las bases integradas, cuáles eran las características técnicas de los bienes que debían ser acreditadas mediante folletos y/o documentos similares por parte de los postores. Debido a que dicha exigencia no fue delimitada ni individualizada por la Entidad al momento de elaborar las Bases Integradas. Sobre el particular, de ampararse los cuestionamientos formulados por el Impugnante respecto de la decisión del comité de no admitir su oferta, este Tribunal no podría determinar con certeza si la información contenida en aquella debía encontrarse necesariamente sustentada mediante folletos y/o documentos similares, toda vez que las bases integradas establecieron, de manera general, la obligación de acreditar las características técnicas y los requisitos de funcionalidad previstos en el numeral 4.1 del requerimiento, sin individualizar cuáles de ellos debían ser objeto de acreditación mediante tales documentos. Circunstancia que evidencia que el vicio advertido no constituye una deficiencia meramente formal, sino que tiene incidencia directa en la resolución de la controversia planteada por el Impugnante, quien cuestiona, entre otros aspectos, que su oferta haya sido declarada no admitida por no haber acreditado lo requerido en el literal g) del numeral 2.2.1.1 del capítulo II de la sección específica de las bases integradas, sin que este Colegiado pueda determinar si la (ausencia, omisión o presentación) de la documentación que sustentó dicha decisión era efectivamente exigible conforme a las reglas establecidas en las propias bases.

• En ese sentido, la ausencia de una determinación precisa sobre las características que

debían encontrarse evidenciadas en las fichas técnicas y/o documentos similares impide afirmar que todos los participantes formularon sus ofertas, bajo parámetros previamente conocidos y uniformes.

• Además, una vez advertido que las bases no establecieron de manera clara, precisa y

objetiva las características, cuya acreditación documental resultaba exigible para la admisión de las ofertas, la deficiencia identificada no puede ser considerada meramente formal ni susceptible de ser subsanada mediante una interpretación efectuada con posterioridad por el comité o por el Tribunal.

• Por el contrario, dicha deficiencia incide directamente en las reglas que determinaron

la forma en que los participantes debían estructurar y sustentar sus ofertas, comprometiendo los principios de transparencia e igualdad de trato que deben regir el procedimiento de selección. En tal sentido, no resulta jurídicamente viable conservar los actos posteriores a la configuración del vicio, en tanto ello supondría validar actuaciones desarrolladas bajo parámetros cuya exigencia y alcance no fueron previamente determinados de manera clara en las bases, impidiendo asegurar que todos los participantes hayan concurrido y formulado sus ofertas bajo condiciones objetivamente cognoscibles y uniformes.

• Frente a un escenario como el descrito, la normativa prevé la posibilidad de corregir

actos contrarios a sus disposiciones. Al respecto, la nulidad constituye una figura jurídica que tiene por objeto proporcionar a las Entidades una herramienta lícita que permita sanear el procedimiento de selección de cualquier irregularidad que pudiera dificultar la contratación, de modo que se logre un procedimiento transparente y con todas las garantías previstas en la normativa de contrataciones.

• Por lo expuesto, debe advertirse que el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de

la Ley establece que procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando estos contravengan las normas legales; además, el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 precisa que el Tribunal debe expresar en la resolución que expida la etapa a la que se retrotraerá el procedimiento de selección.

• En el mismo sentido, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento

prescribe que, al ejercer su potestad resolutiva, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, ya sea en virtud de un recurso interpuesto o de oficio, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotrae la fase de selección, en cuyo caso puede declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el fondo del asunto.

• Bajo esa premisa, en el presente caso, el vicio incurrido resulta trascendente, toda vez

que se han vulnerado las bases estándar y el principio de transparencia y facilidad de uso, previstos en el numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento, así como en el literal

• del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley
• Debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del

TUO de la LPAG, la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias son causales de nulidad de los actos administrativos, los mismos que no son conservables.

• Por estas consideraciones, al amparo de la regulación que se encuentra prevista en el

literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley (en concordancia con el artículo 10 del TUO de la LPAG), al haberse verificado que el vicio en el que se ha incurrido afecta sustancialmente la validez del procedimiento de selección, y, teniendo en cuenta que el mencionado vicio se generó con la publicación de las bases administrativas; corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el mismo a la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases, a fin de que se corrija el vicio advertido, de acuerdo con las observaciones consignadas en la presente resolución y, posteriormente, se continúe con el procedimiento de selección.

• La nulidad declarada, evidentemente, deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro

al Adjudicatario; asimismo, carece de objeto pronunciarse sobre los puntos controvertidos.

• Adicionalmente, en atención a lo dispuesto por el numeral 11.3 del artículo 11 del

TUO de la LPAG, este Colegiado considera que debe ponerse en conocimiento del titular de la Entidad la presente resolución, a fin de que conozca el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorte al comité y a las áreas que intervengan en la elaboración de los documentos que recogen las bases, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa en contrataciones públicas, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal procederá a declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección sin pronunciamiento sobre el fondo, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe la Vocal ponente Lupe Mariella Merino de la Torre, y la intervención del Vocal Jorge Alfredo Quispe Crovetto, y el Vocal Jimy Robert Ureta Aquino, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente; atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el 6 del mismo mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OSCE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar de oficio la nulidad de la Licitación Pública Abreviada Para Bienes N° 001-

2026-PGE-2 (Segunda Convocatoria), efectuada por la Procuraduría General del Estado para la “contratación de bienes, adquisición de servidor; en el (la) Procuraduría General del Estado distrito de San Isidro, provincia de Lima, departamento de Lima, IOARR CUI 2723387”; debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación de las bases administrativas, conforme a lo dispuesto en los fundamentos de la presente resolución y en la normativa aplicable, por los fundamentos expuestos.

• Poner la presente resolución en conocimiento de la Entidad, conforme a lo

establecido en el fundamento 41 de la presente resolución.

• Devolver la garantía presentada por la empresa Tech4allperu Sociedad Anónima

Cerrada, para la interposición de su recurso de apelación.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Merino De La Torre. Quispe Crovetto. Ureta Aquino.