Resolución N.° 9588-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) el principio de non bis in ídem, en términos generales, contiene dos acepciones: un material y otra procesal. En su acepción material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal, significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de sujeto, hechos y fundamentos”. Lima, 4 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 4 de noviembre 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 6369/2024.TCP, sobre procedimiento administrativo sancionador generado contra la señora MENDOZA QUISPE ROSSLYM SILVIA (con R.U.C. N° 10256351825), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h), en concordancia con el literal d) del inciso 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y por haber presentado información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 0004987 del 3 de julio de 2023, emitida por el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para la “Contratación del servicio de asesoría en Gestión Pública para la Comisión de Desarrollo Social del Consejo del Gobierno Regional del Callao ”; y, atendiendo lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 3 de julio de 2023, el Gobierno Regional del Callao, en adelante la Entidad,

emitió la Orden de Servicio N° 4987, por el monto de S/13,500.00 (trece mil quinientos con 00/100 soles), para la contratación del “Servicio de asesoría en gestión pública para la comisión de desarrollo social del consejo del Gobierno Regional del Callao”, en adelante la Orden de Servicio, a favor de la señora Rosslym Silvia Mendoza Quispe, en adelante la Contratista.

contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

• Mediante Oficio N° 000345-2024-GRC/GA1 del 17 de junio de 2024, presentado en

la misma fecha, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas (antes Tribunal de Contrataciones del Estado), en adelante el Tribunal, la Entidad puso en conocimiento que la Contratista habría incurrido en infracción al haber contratado con el Estado estando impedido, y por haber presentado documentos con información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio. A fin de sustentar su denuncia, la Entidad adjuntó, entre otros documentos, el Informe N° 002587-2024-GRC/OL2 del 17 de mayo de 2024, en el que se da cuenta de lo siguiente:

• La Dirección de Gestión de Riesgos del OECE (antes Subdirección de

Identificación de Riesgos en Contrataciones Directas y Supuestos Excluidos) remitió el Dictamen N° 910-2023/DGR-SIRE, mediante el cual advirtió que la Contratista se encontraba impedida de contratar con el Estado en el ámbito de competencia territorial de su cónyuge, el señor Alex Eduardo Negreiros Zevallos, durante el periodo en que este ejerció el cargo de regidor provincial del Callao y hasta doce (12) meses después de culminadas sus funciones.

• Señala que, pese a dicha advertencia, la Entidad emitió una orden de servicio a

favor de la Contratista, configurándose así la contratación con el Estado pese a encontrarse impedida conforme a ley. Asimismo, indica que la Contratista presentó, como parte de su cotización, una declaración jurada en la que manifestó no encontrarse impedida para contratar con el Estado, pese a estar comprendida en el referido supuesto legal, por lo que habría incurrido en la presentación de información inexacta, vulnerando el principio de presunción de veracidad. 1 Obrante a folio 6 al 7 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 2 Obrante a folio 8 al 15 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

• Agrega que, ante los hechos advertidos, la Entidad requirió a la Contratista que

formulara sus descargos. Al respecto, señala que esta reconoció ser cónyuge del ex regidor provincial del Callao y alegó desconocer la existencia del impedimento para contratar con el Estado, debido a que no contaba con formación jurídica.

• Finalmente, concluye que la Contratista habría incurrido en las infracciones

tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por lo que correspondía comunicar los hechos advertidos al Tribunal.

• A través del Decreto del 6 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, aprobada por Decreto Supremo N° 082- 2019-EF, y por haber presentado información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. En tal sentido, se otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.

• Con Escrito S/N, presentado el 21 de mayo de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, la Contratista se apersonó al presente procedimiento administrativo y presentó sus descargos, en los siguientes términos:

• Sostiene que la Cuarta Sala del Tribunal, a través de la Resolución N° 376-

2026-TCP-S4, ya emitió pronunciamiento respecto de los hechos materia del presente procedimiento administrativo sancionador, mediante la cual declaró no ha lugar a la imposición de sanción por la presunta infracción consistente en contratar con el Estado estando impedida conforme a ley, en aplicación del principio de retroactividad benigna; y a su vez, le impusieron una sanción de inhabilitación temporal de cuatro (4) meses por la infracción consistente en presentar información inexacta.

• En consecuencia, alega que entre el procedimiento concluido (Expediente

N° 2517/2024.TCP) y el presente procedimiento, existe identidad de sujeto, de hechos, y de fundamento jurídico, por cuanto en ambos casos se le imputa las infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e

• del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.
• Finalmente, manifiesta que no pueden coexistir dos procedimientos

administrativos sobre el mismo objeto, por lo que la continuación del presente procedimiento vulneraría el principio de non bis in ídem y el derecho al debido proceso.

• Mediante decreto del 24 de julio de 2026, se tuvo por apersonada al

procedimiento administrativo sancionador a la Contratista, y por presentados sus descargos.

• El 24 de julio de 2026, a través del Toma Razón Electrónico, se publicó el Informe

de Instrucción N° 155-2026/ACC/ST1, conforme a lo prescrito en el artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF, mediante el cual la Secretaría Técnica N° 1 determinó que correspondía declarar, en aplicación del principio de non bis in ídem, que carecía de objeto emitir pronunciamiento sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra la Contratista.

• Con decreto del 10 de agosto de 2026, se tuvo por notificado el Informe de

Instrucción N° 155-2026/ACC/ST1, registrado en el Sistema Informático del Tribunal, a la Contratista vía casilla electrónica en la misma fecha, conforme se acredita con la constancia de lectura publicada en el Toma Razón Electrónico. En consecuencia, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, para que resuelva.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable.

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si

la Contratista incurrió en responsabilidad administrativa al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h), en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio y por haber presentado información inexacta, como parte de su cotización; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo, el cual se encontraba vigente al momento de suscitados los hechos.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una

retroactividad benigna. Cuestión previa: sobre la aplicación del principio non bis in ídem:

• Sobre el particular, de manera previa al análisis de fondo de la controversia,

corresponde indicar que la Contratista solicitó la aplicación del principio non bis in ídem, alegando que el Tribunal, mediante Resolución N° 376-2026-TCP-S4, ya se pronunció respecto de hechos vinculados con la misma orden de servicio. En dicha Resolución, se declaró no ha lugar a la imposición de sanción por la presunta comisión de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedida conforme a ley, en aplicación del principio de retroactividad benigna; asimismo, se le impuso una sanción de inhabilitación temporal de cuatro (4) meses por la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta como parte de su cotización. En ese sentido, corresponde determinar si los hechos y las infracciones materia del presente procedimiento guardan identidad con aquellos que fueron objeto de pronunciamiento en el Expediente N° 2517/2024.TCP, a efectos de establecer si concurre la triple identidad exigida por el principio non bis in ídem y, por tanto, si corresponde evitar que la Contratista sea sometida a un nuevo procedimiento o sancionada por hechos ocurridos en el marco de la misma orden de servicio.

• En ese contexto, es pertinente señalar que el derecho administrativo sancionador

se rige por principios, los cuales constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos para encausar, controlar y limitar la potestad sancionadora del Estado, así como la liberalidad o discrecionalidad de la administración en la interpretación de las normas existentes, en la integración jurídica para resolver aquello no regulado, así como para desarrollar las normas administrativas complementarias. Así, dentro de los principios administrativos que recoge el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en el numeral 11 del artículo 230, se encuentra previsto el principio del non bis in ídem, según el cual, no se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Cabe precisar, que el principio de non bis in ídem no es de aplicación únicamente ante una dualidad configurada en un proceso penal y un procedimiento administrativo sancionador, sino que dicho principio se hace extensivo incluso a procedimientos de la misma naturaleza jurídica, como es el caso de los procedimientos administrativos sancionadores3, de allí la importancia de su observancia en todo proceso administrativo sancionador, como el que nos ocupa.

• En tal sentido, conviene recordar que el principio de non bis in ídem, en términos

generales, contiene dos acepciones: un material y otra procesal. En su acepción material, dicho principio supone que nadie puede ser castigado dos veces por un mismo hecho, puesto que tal proceder constituye un exceso del poder sancionador, contrario a las garantías propias del Estado de Derecho. En su acepción procesal, significa que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir que un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos cuando exista identidad de sujeto, hechos y fundamentos. En ambas acepciones, la aplicación del principio de non bis in ídem impide que una persona sea sancionada por una misma infracción cuando exista la triple identidad con la concurrencia de los siguientes elementos:

• Identidad de sujeto: debe ser la misma persona a la cual se le inició dos

procedimientos idénticos, es decir, que el sujeto afectado sea el mismo, cualquiera que sea la naturaleza o autoridad judicial o administrativa que enjuicie y con independencia de quién sea el acusador u órgano concreto que haya resuelto.

• Identidad de hechos: se refiere a los acontecimientos suscitados penados o

sancionados (formulación material), o sobre los cuales se inició el 3 Sobre este punto, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en su Sentencia recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC ha señalado lo siguiente: «En su vertiente procesal, tal principio (non bis in ídem) significa que nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos, es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto)» (el subrayado es nuestro) procedimiento idéntico (ámbito procesal). Es decir, los hechos denunciados o enjuiciados deben ser los mismos.

• Identidad de fundamentos: alude a la identidad entre los bienes jurídicos

protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras. A mayor abundamiento, resulta pertinente resaltar la importancia que supone la observancia del principio de non bis in ídem dentro de cualquier procedimiento administrativo sancionador, toda vez que, dicho principio forma parte, a su vez del principio del debido procedimiento, consagrado en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual tiene su origen en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

• Ahora bien, cabe señalar que el presente procedimiento administrativo

sancionador se inició contra la Contratista por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h), en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; así como por haber presentado información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio N° 4987 de fecha 3 de julio de 2023, emitida por el Gobierno Regional del Callao, para la contratación del “Servicio de asesoría en gestión pública para la comisión de desarrollo social”.

• Por su parte, el procedimiento administrativo sancionador seguido y resuelto en

el Expediente N° 2517/2024.TCP se inició contra la Contratista por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, según el supuesto previsto en el literal h), en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; así como por haber presentado, como parte de su cotización, supuesta documentación con información inexacta al Gobierno Regional del Callao Sede Central, en el marco de la Orden de Servicio N° 4987 de fecha 3 de julio de 2023, para la contratación del “Servicio de asesoría en gestión pública para la Comisión de Desarrollo Social del Consejo del Gobierno Regional del Callao”.

• Cabe precisar que, en el trámite del referido expediente, mediante Resolución N°

376-2026-TCP-S4 del 14 de enero de 2026, se resolvió declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra la Contratista por la presunta comisión de la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedida conforme a ley, en aplicación del principio de retroactividad benigna; asimismo, se le impuso una sanción de inhabilitación temporal de cuatro (4) meses por la comisión de la infracción consistente en presentar información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la referida orden de servicio.

• Conforme a lo expuesto, se advierte que, en el caso materia de análisis, se

configura la triple identidad (identidad subjetiva, identidad objetiva y la identidad causal o de fundamento) exigidos por la norma para que opera el principio non bis in ídem, toda vez que los elementos contenidos en el procedimiento administrativo sancionador seguido en el Expediente N° 2517/2024.TCP, el cual concluyó con la emisión de la Resolución N° 376-2026-TCP-S4 del 14 de enero de 2026, son idénticos a los elementos que han dado origen al expediente administrativo que nos ocupa, conforme se aprecia del siguiente cuadro: ELEMENTOS Expediente N° 2517/2024.TCP Expediente N° 6369/2024.TCP Identidad Subjetiva ROSSLYM SILVIA MENDOZA QUISPE (con

R.U.C. N° 10256351825).

ROSSLYM SILVIA MENDOZA QUISPE (con

R.U.C. N° 10256351825).

Identidad Objetiva Contratar con el Estado estando impedida conforme a Ley y por haber presentado documentación con información inexacta a la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 4987. Contratar con el Estado estando impedida conforme a Ley y por haber presentado documentación con información inexacta a la Entidad, en el marco de la Orden de Servicio N° 4987. Identidad causal o de fundamento/ valor jurídico tutelado Infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. Infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

• En consecuencia, al haberse verificado que en el presente procedimiento

concurren los tres supuestos (identidad subjetiva, objetiva y la identidad causal o de fundamento), es de aplicación al presente caso el principio de non bis in ídem en su vertiente procesal; toda vez que, el caso materia de análisis del presente expediente ha sido objeto de un anterior procedimiento que ha sido dilucidado y resuelto a través de la Resolución N° 376-2026-TCP-S4 del 14 de enero de 2026, en el marco del Expediente N° 2517/2024.TCP. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti, y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 2025 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar que, en aplicación del principio de non bis in ídem, carece de objeto

emitir pronunciamiento sobre el procedimiento administrativo sancionador instaurado contra la señora ROSSLYM SILVIA MENDOZA QUISPE (con R.U.C. N° 10256351825), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, estando impedida conforme a Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante Orden de Servicio N° 4987 de fecha 3 de julio de 2023, para la contratación del “Servicio de asesoría en gestión pública para la comisión de desarrollo social del consejo del Gobierno Regional del Callao”; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Archivar DEFINITIVAMENTE el presente expediente administrativo.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CESAR CHOCANO DAVID

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE