Resolución N.° 9587-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) el objeto contractual identifica expresamente la supervisión de la rehabilitación de vías urbanas en las calles del sector 3 de la localidad de Puerto Malabrigo, información que vincula la prestación con la subespecialidad requerida. Frente a dicho contenido, ni el Consorcio Adjudicatario ni la Entidad han identificado elementos técnicos concretos que permitan concluir que la obra corresponde a una subespecialidad distinta; sustentando sus observaciones en la falta de una denominación literal y en posibles intervenciones que no aparecen identificadas en los documentos examinados”. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión de fecha 4 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N.° 7526/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Naylamp, conformado por la empresa L&H Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y el señor Juan Manuel Gil Velasquez, en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 01-2026-MDJLO/CS-1, para la “Supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en Av. Jhom

• Kennedy comprendido desde la ca. Remigio Silva hasta la Av. El Dorado y ca.

Lambayeque comprendido desde la Av. El Dorado hasta Augusto B. Leguía, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con CUI N° 2671713””; atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 10 de junio de 2026, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, en lo

sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público para Consultoría de Obra N° 01- 2026-MDJLO/CS-1, para la “Supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en Av. Jhom F. Kennedy comprendido desde la ca. Remigio Silva hasta la Av. El Dorado y ca. Lambayeque comprendido desde la Av. El Dorado hasta Augusto B. Leguía, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con CUI N° 2671713”, con una cuantía de S/ 562 425.69 (quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinticinco con 69/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 16 de julio de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas y el 17

de agosto de 2026 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio T&E Consultores, conformado por los proveedores Elizabeth Justina Ruiz Briones y Ana María Tesoro Silva Silva, por el monto de su oferta ascendente a S/ 506 183.13 (quinientos seis mil ciento ochenta y tres con 13/100 soles). Posteriormente, en el marco del Expediente N° 6279/2026.TCP, se emitió la Resolución N° 8819-2026-TCP-S5 del 23 de septiembre de 2026, mediante la cual la Quinta Sala del Tribunal dispuso, entre otros extremos, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio T&E Consultores y que el órgano evaluador continúe con la calificación y, de ser el caso, la evaluación de la oferta del Consorcio Supervisor Naylamp, así como con las demás actuaciones del procedimiento de selección, otorgando la buena pro al postor que corresponda.

• El 28 de setiembre de 2026 se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la

buena pro a favor del Consorcio T&E Consultores, conformado por los proveedores Elizabeth Justina Ruiz Briones y Ana María Tesoro Silva Silva, en lo sucesivo el Consorcio Adjudicatario, por el monto de su oferta ascendente a S/ 506 183.13 (quinientos seis mil ciento ochenta y tres con 13/100 soles), a partir de los siguientes resultados: Postor Etapas Resultado Admisión Calificación Evaluación Buena Pro Puntaje E. técnica Oferta Económica S/ Puntaje E. Económica Puntaje Total Orden de Prelación Consorcio T&E Consultores Admitida Calificada 95.00 506 183.13 100.00 96.00 1 Sí Consorcio Supervisor Naylamp Admitida (por el Tribunal)

• Mediante Escritos N° 1 y 2, presentados el 9 y 13 de octubre de 2026,

respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Supervisor Naylamp, conformado por la empresa L&H Consultores y Ejecutores E.I.R.L. y el señor Juan Manuel Gil Velasquez, en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, solicitando que: i) se revoque su descalificación y se declare calificada su oferta; ii) se reconozca un total de 60 puntos en el factor de experiencia adicional del personal clave; iii) se revoque la buena pro y se otorgue ésta a su favor o, subsidiariamente, se ordene completar la evaluación y adjudicar la buena pro; iv) se examinen los cuestionamientos a la oferta económica y a la presunta información inexacta de la experiencia N° 4 del Consorcio Adjudicatario disponiéndose su exclusión de corresponder o, subsidiariamente, la fiscalización específica de dicha experiencia; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta

• Respecto del especialista de calidad, indica que propuso al ingeniero civil

Boris Mc Donald Calderón Hernández, con DNI N° 08271566 y CIP N° 48492. En el Anexo N° 15, obrante en el folio 170 de su oferta, se consignó por error el DNI N° 45479365, correspondiente al profesional de la fila precedente; sin embargo, se mantuvieron el nombre del especialista y los datos de su formación profesional. Considera que el error se encuentra localizado en el campo del documento de identidad y puede identificarse mediante el cotejo del propio formato.

• Sostiene que la oferta original contiene el título profesional, la

documentación de colegiatura, el resumen de experiencia y los certificados del ingeniero propuesto. Solicita valorar conjuntamente los documentos de los folios 170, 183, 184 y 259 a 261 de su oferta, pues permiten establecer quién fue ofrecido, su profesión y a quién pertenece la experiencia acreditada. Afirma que el nombre, la formación, el número de colegiatura y los certificados convergen en una misma persona.

• Solicita por ello que se reconozca el cumplimiento el requisito mínimo de

experiencia o, subsidiariamente, que se permita subsanar el Anexo N° 15 conforme al artículo 78 del Reglamento, únicamente respecto del DNI, sin modificar al profesional ni incorporar experiencia nueva.

• En cuanto al jefe de supervisión, el profesional Diego Antonio Ugaz

Medina, con DNI N° 16655037 y CIP N° 59581, señala que el comité reconoció 1209 días y excluyó las experiencias de Santa Rosa y Jayanca por sustentarse en certificados emitidos por el propio profesional. Al respecto, el postor sostiene que presentó también documentación adicional de origen municipal que debía valorarse conjuntamente con los certificados presentados y que no puede ser ignorada por el solo hecho de coexistir con un certificado suscrito por el profesional.

• Sostiene que, al reconocer las experiencias de los ingenieros Diego Antonio

Ugaz Medina y Boris Mc Donald Calderón Hernández, corresponde considerar a ambos en el factor de experiencia adicional del personal clave. Por ello, solicita se reconozcan 60 puntos en dicho factor, al alcanzar 2 de los 4 profesionales el nivel adicional exigido por las bases. Cuestionamientos a la oferta ganadora

• El Consorcio Impugnante cuestiona la exactitud de la constancia

correspondiente a la experiencia N° 4 del Consorcio Adjudicatario, presentada para acreditar la prestación de la consorciada Elizabeth Justina Ruiz Briones en la supervisión del mejoramiento de la pavimentación de las avenidas San Juan y Fujimori de La Grama, distrito de Eduardo Villanueva, provincia de San Marcos, Cajamarca, con CUI N° 2173741. Señala que la Constancia N° 001-2020, emitida el 10 de agosto de 2020 y reproducida como documentación de las páginas 58 y 59 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, consigna como fecha final de la consultoría el 15 de julio de 2020, un plazo de 317 días y un monto ejecutado de S/ 202 769.94.

• Indica que el contrato proviene de un procedimiento convocado en 2018 y

fue suscrito el 17 de enero de 2019, antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Considera que debe esclarecerse por qué se certificó el término de la consultoría el 15 de julio de 2020 si se documentó una actuación posterior de la propia supervisora el 21 de agosto de 2020. Aclara que su cuestionamiento recae en determinar si la actuación posterior formaba parte de las obligaciones del servicio cuya culminación fue certificada.

• Reconoce que la resolución anterior ratificó la calificación del Consorcio

Adjudicatario, pero distingue la firmeza de dicha situación de la comprobación de la veracidad de un documento específico. Solicita por ello examinar el cuestionamiento en el ámbito jurídicamente procedente y, de acreditarse información contraria a la realidad, adoptar las consecuencias legales respecto de la oferta y remitir los antecedentes para evaluar la eventual responsabilidad administrativa.

• En cuanto a la oferta económica del Adjudicatario, indica que el Consorcio

Adjudicatario ofertó el monto de S/ 506 183.13, distribuidos en S/ 447 873.72 para supervisión a tarifas y S/ 58 309.41 para liquidación a suma alzada, equivalentes al 88.480570 % y 11.519430 %, respectivamente. Sostiene que, al aplicar los porcentajes de las bases, correspondían S/ 445 441.15 para supervisión y S/ 60 741.98 para liquidación, existiendo un traslado de S/ 2432.57 desde la liquidación hacia la supervisión. Afirma que no se trata de un error aritmético rectificable ni de una actuación que el comité o el Tribunal puedan realizar sin sustituir al postor en la determinación de sus precios.

• Asimismo, cuestiona que en el presupuesto de liquidación el importe S/

8570.31 no corresponde al 18 % del subtotal ni se explica su naturaleza.

• Con decreto del 14 de octubre de 2026, publicado en el toma razón electrónico en

la misma fecha, se admitió a trámite el recurso de apelación y se convocó a audiencia pública para el 21 de octubre de 2026, a las 9:00 horas. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal indicando expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de comunicar a su Órgano de Control Institucional en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, registrándose el pase al vocal ponente el 14 de octubre de 2026.

• Mediante el Informe Técnico N° 02-2026-COMITÉ-CP-01-2026-MDJLO/C,

registrado en el SEACE el 19 de octubre de 2026, la Entidad absolvió el traslado del recurso en los siguientes términos:

• La Entidad señala que el comité no puede asumir el alcance de la oferta del

Impugnante frente a la ambigüedad que presenta, por lo que considera que no cumple con acreditar la formación académica del personal clave.

• Asimismo, sostiene que los contratos y las actas de recepción de obra

presentados por el postor no acreditan fehacientemente la experiencia del personal clave. Señala que las actas no indican expresamente el período de labores de los profesionales, pues sus fechas corresponden a los datos de la obra. Añade que, aunque dichos documentos acrediten la participación de algunos profesionales, no demuestran que sus labores se hayan desarrollado desde el inicio hasta la culminación de la obra,

que las actas de recepción no acreditan una participación ininterrumpida y pierden la condición de "prueba fehaciente".

• Añade que el acta de recepción se refiere al estado de la obra en su

conjunto y no a la conformidad del servicio prestado por el profesional durante la totalidad de su ejecución, por lo que no satisface los requisitos documentales establecidos en las bases para acreditar experiencia.

• Señala que, en dicho pronunciamiento, se consideró que los documentos

presentados no permitían superar la incertidumbre sobre la permanencia del ingeniero Edgar Raúl Flores Ruiz en las obras cuestionadas, por lo que no constituían "prueba fehaciente" del período de experiencia.

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 19 de octubre de 2026, el Consorcio

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso en los términos siguientes:

• Sostiene que la discordancia entre el nombre y el documento de identidad

del especialista de calidad no constituye un error meramente formal o de transcripción, sino un error sustancial que afecta el contenido esencial de la oferta, pues impide identificar de manera inequívoca e indubitable al profesional propuesto como especialista en calidad. Considera que la corrección pretendida por el recurrente no se encuentra comprendida en los supuestos de subsanación del artículo 78 del Reglamento, pues alteraría el contenido esencial de la oferta al permitir que el Impugnante defina posteriormente a quién propone como personal clave. En consecuencia, solicita confirmar la descalificación de la oferta del recurrente. Cuestionamientos adicionales contra la oferta del recurrente

• Sin perjuicio de lo anterior, señala que la oferta del Impugnante debió ser

descalificada por otros incumplimientos relacionados con la experiencia del postor en la especialidad. De las 8 experiencias declaradas en el Anexo N° 10 de la oferta del Impugnante, cuestiona las experiencias N° 2, 4, 5, 7 y 8, por no acreditar alguna de las tipologías comprendidas en la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01: "Vías expresas, arteriales, colectoras y locales, pistas, veredas, ciclovías, puentes peatonales, puentes vehiculares urbanos, pasajes peatonales y carreteras vecinales, vías de acceso, terminales terrestres”.

• Sostiene que resulta técnicamente posible que las intervenciones hayan

comprendido señalización vial, semaforización, ornamento, áreas verdes o mobiliario urbano, mediante los cuales también puede mejorarse o intervenirse un jirón, avenida o calle. Añade que podrían haber comprendido adoquinado o empedrado, que, según indica, pertenecen a la subespecialidad de obras rurales.

• Indica que el Impugnante debía presentar documentación clara,

congruente y completa que permitiera verificar el cumplimiento del requisito sin interpretaciones. Sin embargo, considera que la única forma de concluir que las experiencias cuestionadas corresponden a alguna tipología de vías urbanas sería mediante interpretaciones y presunciones, al no existir documentación que lo acredite indubitablemente en su oferta. Sobre los cuestionamientos contra su oferta

• Respecto de los cuestionamientos contra su oferta, sostiene que la

Resolución N° 8819-2026-TCP-S5, que precede al presente expediente, confirmó la calificación de su oferta. Considera que dicho acto se encuentra administrativamente firme, pues la resolución agotó la vía administrativa.

• Sin perjuicio de ello, señala que la presunta discordancia entre las fechas

de emisión de los documentos correspondientes a su experiencia N° 4 no implica, por sí misma, que la constancia contenga información inexacta, sino que constituiría una incongruencia meramente formal. En cuanto a su oferta económica, considera que los cuestionamientos del Impugnante carecen de sustento legal. Reitera que la Resolución N° 8819-2026-TCP-S5 confirmó la calificación de su oferta y señala que la Quinta Sala no abordó dichos cuestionamientos porque fueron presentados en un momento que afectaba su derecho de defensa.

• Finalmente, solicita que se desestime el recurso de apelación y se confirme

la descalificación de la oferta del Impugnante, la calificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Con decreto del 20 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación.

• Mediante Escrito N° 3, presentado el 20 de octubre de 2026, el Consorcio

Impugnante presentó alegatos adicionales para consideración de la Sala, en los siguientes términos:

• El Consorcio Impugnante solicita valorar conjuntamente los contratos y

liquidaciones de su oferta, atendiendo a la infraestructura identificada, sin exigirse una coincidencia literal con las denominaciones del listado de tipologías. Respecto de las experiencias cuestionadas, afirman lo siguiente: ▪ Experiencia N° 2: señala que el Contrato N° 38-2022-MPT-SGA, de los folios 69 a 75 de su oferta, identifica la supervisión del mejoramiento de la transitabilidad en las calles de la urbanización La Esmeralda. La liquidación de los folios 76 a 78 de su oferta acredita S/ 87 948.71, monto que solicita computar. ▪ Experiencia N° 4: el Contrato N° 23-2022-MDVO, de los folios 101 a 107 de su oferta, identifica la reconstrucción de la avenida Don Bosco y delimita el tramo intervenido. La liquidación de los folios 108 a 120 de su oferta acredita S/ 283 391.21 por la supervisión efectivamente prestada. ▪ Experiencia N° 5: el Contrato N° 17-2020-MDC-SGL, de los folios 122 a 125 de su oferta, identifica la transitabilidad vehicular y peatonal en 2 calles de Nuevo Catacaos. La liquidación de los folios 126 y 127 de su oferta acredita S/ 81 000.00. ▪ Experiencia N° 7: el Contrato N° 005-2020-MDG/SGACP, de los folios 139 a 144 de su oferta, menciona expresamente la renovación de vías urbanas e identifica calles y un pasaje de Guadalupe. Aplicando la participación consorcial del 50 %, solicita reconocer S/ 30 714.00. ▪ Sobre la Experiencia N° 8: el Contrato N° 002-2020-MDR, de los folios 156 a 159 de su oferta, identifica la rehabilitación de vías urbanas en las calles del sector 3 de Puerto Malabrigo. La liquidación asciende a S/ 139 212,29 y, aplicada la participación del 60 %, corresponde computar S/ 83 527.37.

• Añade que las experiencias N° 1, 3 y 6 —no cuestionadas— suman S/ 524

688,87 y, con el reconocimiento de la experiencia N° 5, alcanza S/ 605 688,87, superando el mínimo en S/ 43 263,18. Por ello, considera que no basta cuestionar determinadas experiencias sin analizar su incidencia efectiva en el cumplimiento del requisito. Asimismo, ratifica su defensa sobre la experiencia del jefe de supervisión Diego Antonio Ugaz Medina.

• Asimismo, reitera sus cuestionamientos contra la experiencia N° 4 del

Consorcio Adjudicatario y contra la oferta económica de dicho postor, señala que la resolución anterior no examinó sus cuestionamientos por razones de oportunidad procesal, lo que no equivale a una validación material de dicho documento.

• Mediante Escrito N° 4, presentado el 20 de octubre de 2026, el Consorcio

Impugnante presentó alegatos adicionales para consideración de la Sala, reiterando los argumentos contra la descalificación de su oferta y ratificándose en los cuestionamientos formulados contra el Consorcio Adjudicatario cuyos fundamentos y documentación obran en el expediente

• Mediante Carta N° 002-2026-CP 01-2026-MDJLO/CS, presentada el 20 de octubre

de 2026, la Entidad acreditó a sus representantes para realizar el informe oral en la audiencia pública programada.

• El 21 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

únicamente de los representantes del Consorcio Impugnante.

• Con decreto del 21 de octubre de 2026, la Cuarta Sala del Tribunal requirió a la

Entidad un informe técnico complementario que absuelva, individualmente, los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario contra la oferta del Consorcio Impugnante, contenidos en el Escrito N° 01 del 19 de octubre de 2026, en el plazo de cuatro (4) días hábiles.

• Mediante el Informe Técnico N° 03-2026-COMITÉ-CP 01-2026-MDJLO/CS,

presentado el 27 de octubre de 2026, la Entidad atendió el requerimiento de información adicional en los siguientes términos:

• La Entidad señala que los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario

recaen sobre las experiencias N° 2, 4, 5, 7 y 8 del Consorcio Impugnante, pues no acreditarían intervenciones en las tipologías comprendidas en la subespecialidad vías urbanas. Identifica como documentos de sustento los contratos de consultoría para la supervisión de las respectivas obras, las resoluciones que aprueban su liquidación y, en las experiencias de Guadalupe y Puerto Malabrigo, los contratos de consorcio.

• Considera que los documentos presentados no permiten establecer que

las obras comprendieron intervenciones en las tipologías requeridas. Sostiene que las denominaciones referidas al mejoramiento, reconstrucción, renovación o rehabilitación del servicio de transitabilidad, avenidas, servicio vehicular y peatonal o vías urbanas no acreditan fehacientemente la tipología intervenida o el tipo de infraestructura.

• Añade que los postores deben presentar ofertas claras, congruentes y

completas, con documentación idónea y pertinente que permita calificar sin recurrir a interpretaciones. Concluye que corresponde amparar los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario y descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, al no alcanzar el monto mínimo exigido tras excluir las experiencias observadas.

• Mediante Escrito N° 5, presentado el 27 de octubre de 2026, el Consorcio

Impugnante presentó alegatos adicionales sobre la información de la experiencia N° 4 del Consorcio Adjudicatario, en los siguientes términos:

• El Consorcio Impugnante señala que las bases integradas que adjunta a su

escrito y el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP complementan el sustento documental y jurídico del cuestionamiento sobre la fecha y el alcance de la culminación certificada en la experiencia N° 4 del Consorcio Adjudicatario, planteado en su recurso.

• Respecto de la defensa del Consorcio Adjudicatario, señala que presentar

la discordancia como una incongruencia meramente formal o como un posible error en la fecha de emisión no explica por qué se certificó el 15 de julio de 2020 como fecha final de una consultoría que comprendía obligaciones relacionadas con la liquidación, cuando los antecedentes identifican una actuación de la supervisora sobre dicha liquidación el 21 de agosto de 2020. Solicita valorar conjuntamente las bases y los

correspondió al cumplimiento de prestaciones pendientes cuando se certificó la culminación.

• Considera que, si se acredita que el 15 de julio de 2020 únicamente

terminó la ejecución física de la obra y subsistían prestaciones de supervisión comprendidas en el servicio certificado, deberá determinarse si la constancia trasladó indebidamente dicha fecha al término de toda la consultoría. Solicita aplicar complementariamente el citado Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP a la controversia pendiente, indicando que fue publicado el 26 de octubre de 2026, entró en vigencia el 27 de octubre de 2026, conforme a su numeral IV.3, y tiene carácter de precedente de observancia obligatoria según su numeral IV.2.

• Mediante Escrito N° 6, presentado el 27 de octubre de 2026, el Consorcio

Impugnante absolvió el Informe Técnico N° 03-2026-COMITÉ-CP 01-2026- MDJLO/CS en los siguientes términos:

Sobre la experiencia del postor en la especialidad

• El Consorcio Impugnante sostiene que el informe de la Entidad no justifica

desconocer las experiencias N° 2, 4, 5, 7 y 8 mediante una conclusión común, pese a reconocer que fueron sustentadas con contratos de supervisión y resoluciones de liquidación. Indica que los medios documentales de su oferta estaban previstos en las bases, por lo que no corresponde exigir una memoria descriptiva o un expediente técnico como condición adicional de calificación. Considera que la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01 orienta el examen material de la infraestructura, sin exigir identidad literal entre la denominación histórica del proyecto y el listado de tipologías. Añade que los términos mejoramiento, reconstrucción, renovación y rehabilitación deben leerse conjuntamente con la infraestructura identificada en los documentos.

• Expone que las experiencias N° 1, 3 y 6, no observadas, suman S/ 524

688.87. Añadiendo las experiencias N° 7 y 8, obtiene S/ 638 930.24, superior al mínimo en S/ 76 504.55, aun sin computar las experiencias N° 2, 4 y 5. Subsidiariamente, señala que basta reconocer la experiencia N° 8 para alcanzar S/ 608 216.24, excediendo el mínimo en S/ 45 790.55. Añade que el acta del 28 de septiembre de 2026 reconoció inicialmente sus 8 experiencias por S/ 1 091 270.16 y que la descalificación se sustentó en el personal clave, por lo que solicita resolver también la defensa formulada contra dicha decisión.

• Solicita aplicar un criterio uniforme al comparar su experiencia N° 4 con la

experiencia N° 3 del Consorcio Adjudicatario, cuyo objeto también identifica una avenida y calles delimitadas. Considera que la Entidad debe explicar cualquier diferencia material que justifique valorar de manera distinta documentos con contenidos comparables.

• Invoca las Resoluciones N° 8069-2026-TCP-S3 y N° 3792-2026-TCP-S5 para

distinguir entre exigir documentación adicional no prevista y verificar que la oferta permita identificar materialmente la infraestructura. Asimismo, invoca los principios de eficacia y eficiencia, presunción de veracidad e igualdad de trato, el deber de motivación y los artículos 311 y 312 del Reglamento.

• Con decreto del 28 de noviembre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante, en el marco del procedimiento convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento; por tanto, tales normas son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

• Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se

pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor.

• En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es

pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (valor superior a 50 UIT)1. Concurso Público para Consultoría de Obra con una cuantía de S/ 562 425.69. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2. Dirige su recurso contra la descalificación de su oferta, contra la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3. La notificación del acto impugnado fue el 28 de septiembre de 2026, venciendo el plazo de ocho (8) días hábiles el 9 de octubre de 2026. El recurso de apelación octubre de 2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor Juan Christian Paul Zapata Zapata en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa de consorcio anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. El Consorcio Impugnante ha cuestionado la descalificación de su oferta. Sí Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. El Consorcio Impugnante no es el ganador de la buena pro; su oferta fue descalificada. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Tiene interés y legitimidad para cuestionar la descalificación de su oferta. Sin embargo, su legitimidad para cuestionar el otorgamiento de la buena pro queda supeditada a que logre revertir su condición de descalificado. Sí De otro lado, el Consorcio Impugnante formuló cuestionamientos dirigidos a la no admisión y/o descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario a partir de observaciones al Anexo N°6 y a la experiencia N° 4 del postor. Al respecto, corresponde tener presente que este procedimiento de selección fue sometido a un primer recurso de apelación promovido por el mismo Consorcio Impugnante, procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 6279/2026.TCP. En este marco, la Quinta Sala del Tribunal expidió la Resolución N° 8819-2026-TCP- S5 del 23 de septiembre de 2026, mediante la cual dispuso, entre otros extremos, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio T&E Consultores y que el órgano evaluador continúe con la calificación y, de ser el caso, la evaluación de la oferta del Consorcio Supervisor Naylamp, así como con las demás actuaciones del procedimiento de selección, otorgando la buena pro al postor que corresponda. Asimismo, se desestimaron los cuestionamientos a la experiencia del Consorcio Adjudicatario presentados por el recurrente, ratificándose la calificación de su oferta. Asimismo, se declaró improcedente, entre otros extremos, el cuestionamiento formulado por el postor contra la oferta económica del Consorcio Adjudicatario al haber sido introducido de forma posterior al plazo de apelación, resultado extemporáneo. En ese sentido, habiendo quedado firme la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, resultan improcedentes los cuestionamientos efectuados en el recurso sobre la experiencia N° 4 del Consorcio Adjudicatario y sobre la idoneidad de la oferta económica.

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El Consorcio Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:
• Se revoque la descalificación de su oferta, declarándose calificada.
• Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Consorcio

Adjudicatario.

• Se le otorgue la buena pro o, subsidiariamente, se ordene al comité

completar la evaluación y adjudicarla conforme a sus resultados.

• El Consorcio Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:
• Se desestime el recurso y se confirme la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante.

• Se descalifique la oferta del Consorcio Impugnante por no acreditar la

experiencia del postor en la especialidad.

• Se ratifique la calificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a

su favor.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso.

• Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del

numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

• Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE.

• Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar

el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

• Por otra parte, el literal g) del artículo del numeral 311.1 del artículo 311 del

Reglamento establece que al día siguiente de recibida la información adicional, de realizada la audiencia pública o de vencido el plazo otorgado para remitir la información solicitada, se declara el expediente listo para resolver. Al respecto, se dispone que los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida el TCP, salvo decisión debidamente motivada de la sala. En el presente caso, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del procedimiento de selección fueron notificados con el recurso de apelación el 14 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE4, contando con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 19 de octubre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el traslado del recurso el 19 de octubre de 2026, es decir, dentro del plazo legal. Por tanto, los puntos controvertidos se fijarán en virtud de lo desarrollado en el recurso de apelación del Consorcio Impugnante y en la absolución presentada por el Consorcio Adjudicatario. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:

• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante, declarándose calificada; y, en consecuencia, si corresponde dejar sin efecto la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario sobre el cumplimiento el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la 4 De acuerdo con el literal a) del numeral 126.1 del artículo 126 del Reglamento.

Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, declarándose calificada; y, en consecuencia, si corresponde dejar sin efecto la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.

• De conformidad con el Acta de calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento

de buena pro, publicada el 28 de septiembre de 2026 en el SEACE, en adelante el Acta, el comité descalificó la oferta del Consorcio Impugnante, exponiendo la siguiente motivación:

• Según lo anterior, el comité descalificó la oferta del Consorcio Impugnante al

considerar que el Anexo N° 15 no permitía identificar inequívocamente al profesional propuesto como especialista de calidad, pues consignaba el nombre de Boris Mc Donald Calderón Hernández y el DNI N° 45479365, correspondiente a Robert Isaac García Quiñones. Sobre dicha base, concluyó que no se acreditaba la formación académica exigida ni correspondía validar las 4 experiencias presentadas a favor del primero de los profesionales, asignando 0 días de experiencia al especialista de calidad.

• Frente a esta decisión, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación

exponiendo los argumentos que se desarrollan en los antecedentes de la presente resolución. Por su parte, la Entidad se pronunció sobre este cuestionamiento mediante el Informe Técnico N.° 02-2026-COMITÉ-CP 01-2026-MDJLO/CS (publicado en el SEACE el 19 de octubre de 2026) y el Consorcio Adjudicatario a través del Escrito N° 1 (presentado el 19 de octubre de 2026), cuyo contenido se resume en los numerales 6 y 7 de los antecedentes, respectivamente.

• Pues bien, sentadas las posiciones de las partes y de la Entidad, la controversia se

centra en determinar si la decisión de descalificar la oferta del recurrente, dispuesta por el comité, se ajusta o no a derecho.

• Al respecto, corresponde traer a colación el apartado B.2 del numeral 3.4.1 del

lo siguiente:

Así, las bases integradas establecen que el especialista de calidad debía acreditar 12 meses de experiencia como especialista y/o ingeniero y/o residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de control de calidad, calidad, aseguramiento de calidad, programa de calidad o protocolos de calidad de obras. Asimismo, exigían que las funciones acreditadas correspondieran al control, aseguramiento, gestión o protocolos de calidad en obras o consultorías de obra similares, sin que bastara la sola denominación del cargo cuando no existiera correspondencia funcional. La experiencia debía encontrarse comprendida en la especialidad y subespecialidad establecidas en el requisito de experiencia del postor en la especialidad. Para la acreditación de dicha experiencia, los postores debían señalar la denominación del puesto, cargo o posición y el tiempo de experiencia de los profesionales propuestos en el Anexo N° 15. Además, en caso de incorporarse el factor de evaluación experiencia adicional del personal clave, correspondía adjuntar a la oferta copia simple de contratos y su respectiva conformidad; constancias; certificados; o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demostrara la experiencia del personal propuesto. Los documentos debían identificar al profesional, el cargo desempeñado, las fechas de inicio y culminación, la entidad u organización emisora, la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien los suscribe. Conviene destacar que las bases integradas incorporaron el factor de evaluación de experiencia adicional del personal clave; por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en las bases, el requisito de calificación de experiencia del personal clave debía ser acreditado con la presentación de las ofertas. Según dicho factor, si el 50% o más del número de personas consideradas en el listado del personal clave supera el requisito de experiencia específica, el postor obtiene sesenta (60) puntos. Además, para superar la evaluación técnica se requería obtener un puntaje técnico mínimo de setenta (70).

• Pues bien, de la revisión de los documentos pertinentes de la oferta, se aprecia

que el postor presentó el siguiente cuadro resumen con los profesionales propuestos como personal clave: (Folio 170 de la oferta del Consorcio Impugnante)

• Como se observa, en el cuadro se ha consignado el mismo DNI (45479365) tanto

para el especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo (Robert Isaac García Quiñones) como para el especialista de calidad (Boris Mc Donald Calderón Hernández). El comité interpretó que esta redundancia implica que el postor propuso al mismo profesional para ambos cargos.

• Sin embargo, este Tribunal discrepa de la posición desarrollada por el comité, pues

una revisión integral de la oferta permite identificar claramente que el especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo es el ingeniero Robert Issac García Quiñones.

• Así, respecto del especialista de calidad, se cuenta con diversa documentación que

identifica al ingeniero Boris Mc Donald Calderón Hernández en dicho cargo, tal como el título profesional de ingeniero civil expedido por la Universidad Nacional de Ingeniería, obrante en el folio 183 de su oferta, la documentación de colegiatura del folio 184 de su oferta, y el resumen y los documentos de experiencia de los folios 259 a 261 de su oferta. En particular, el resumen individual de experiencia lo identifica con DNI N° 08271566 y CIP N° 48492, consigna su formación como ingeniero civil y detalla 4 experiencias que suman 1111 días, conforme se reproduce a continuación:

• En tal contexto, no existe incertidumbre sobre la identidad del profesional

propuesto como especialista de calidad, pues el nombre de Boris Mc Donald Calderón Hernández consignado en el Anexo N° 15 coincide con el título, la documentación de colegiatura y los documentos de experiencia que conforman su presentación individual. Por tanto, la repetición del DNI de Robert Isaac García Quiñones constituye un error de transcripción identificable mediante el cotejo de los propios documentos de la oferta y no implica en modo alguno la presentación de 2 profesionales alternativos para un mismo cargo.

• En esa medida, la interpretación del comité resulta restrictiva del principio de

libertad de concurrencia, recogido en el literal h) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, pues dicho órgano ha excluido una oferta por un error material que puede superarse objetivamente con la documentación presentada dentro de la misma oferta; por ello, la discordancia advertida en el DNI no sustenta la descalificación dispuesta por el comité.

• Considerando que las experiencias 1, 2, 3 y 4 fueron excluidas por el solo motivo

de presentar una identificación incorrecta del especialista de calidad, fundamento que, como se ha concluido, no resulta amparable, corresponde validar el total de dichas experiencias para el especialista de calidad.

• Así, considerando que el postor ha acreditado periodos de 271, 259, 302 y 279

días, correspondientes a las 4 experiencias presentadas a favor del especialista de calidad, el periodo total asciende a 1111 días. Este periodo resulta superior al mínimo exigido por las bases, equivalente a 12 meses, por lo que corresponde tener por acreditada la experiencia del especialista de calidad, dejándose sin efecto la descalificación de la oferta dispuesta por el comité por dicho motivo.

• Por las consideraciones expuestas, en aplicación del numeral 313.1 del artículo

313 del Reglamento, corresponde declarar fundado este extremo y dejar sin efecto la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, declarándose su oferta calificada. Asimismo, habiéndose reincorporado al procedimiento la oferta de este postor, corresponde dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.

• Ahora, el Consorcio Impugnante ha solicitado adicionalmente que se otorgue a su

oferta el puntaje de sesenta (60) en el factor de evaluación experiencia adicional del personal clave. Considera que corresponde reconocer los 1111 días del especialista de calidad y la experiencia adicional del jefe de supervisión, a fin de determinar que 2 de los 4 profesionales propuestos superan el requisito de experiencia específica previsto en las bases. Dado que el cuestionamiento no recae sobre la calificación de la oferta sino sobre un puntaje de evaluación que el postor aún no ha recibido, no corresponde emitir pronunciamiento sobre el mismo. Sin perjuicio de ello, corresponde emitir pronunciamiento sobre los extremos de la experiencia del jefe de supervisión que, aun no habiendo sido motivo de la descalificación del postor dispuesta en el Acta, sí han sido desestimadas según se aprecia en este último documento y, por ende, generarían un impacto en la evaluación posterior que corresponda al comité aplicar sobre la oferta a partir de su nueva condición de oferta calificada.

• Sobre las experiencias N° 8 y 12 del jefe de supervisión, el Consorcio Impugnante

solicita que sean contabilizadas dado que las certificaciones presentadas en la oferta, aun habiendo sido emitidas por la misma persona destinataria, se encuentran respaldadas con documentación adicional contenida en la propia oferta. Por su parte, la Entidad mantiene la postura de que los certificados emitidos por el propio beneficiario no acreditan su experiencia y de que los contratos y las actas de recepción de obra no demuestran, por sí mismos, el periodo efectivo de labores del personal clave. Señala que las fechas de ejecución corresponden a la obra y que la posibilidad de sustituir al profesional impide asumir su permanencia desde el inicio hasta la culminación de la obra. Por ello, considera insuficiente la documentación presentada para respaldar las experiencias observadas sobre las experiencias del jefe de supervisión que fueron excluidas por el comité.

• Pues bien, se advierte que el comité excluyó las experiencias N° 8 y 10 del

ingeniero Diego Antonio Ugaz Medina por encontrarse sustentadas en certificados emitidos por el propio profesional, invocando la Opinión Nº 118-2018/DTN. Asimismo, consideró que los contratos y las actas de recepción presentados no acreditaban su experiencia, ni individualmente ni en conjunto, conforme se aprecia a continuación:

• Las experiencias observadas por el comité corresponden a la experiencia N° 8,

referida a la construcción de veredas y pavimentación en caliente de la avenida Nueve de Octubre, en Santa Rosa, y a la experiencia N° 10, relativa a la construcción de pavimentación flexible en caliente de las calles Bolognesi, Miguel Grau, Huamachuco y Elías Aguirre, en Jayanca. Ambas fueron acreditadas mediante los certificados obrantes en los folios 205 y 214 de la oferta del Consorcio Impugnante, respectivamente, reproducidos a continuación.

• En este punto se aprecia que, efectivamente, ambos certificados fueron emitidos

por el ingeniero Diego Antonio Ugaz Medina a favor de sí mismo: el primero, el 29 de mayo de 2013, por su desempeño como residente de obra del 10 de enero de 2012 al 21 de mayo de 2013 en Santa Rosa; y el segundo, el 30 de diciembre de 2010, por su desempeño en el mismo cargo del 5 de agosto al 2 de diciembre de 2010 en Jayanca.

• Al respecto, corresponde tener presente que la Opinión Nº 118-2018/DTN,

invocada por el comité, desarrolló el criterio de que, a efectos de poder acreditar la experiencia del personal clave propuesto, no deberán admitirse constancias o certificados emitidos por una persona natural respecto de sí misma toda vez que tal experiencia no se encontraría sujeta a ninguna constatación; de este modo la citada opinión se circunscribe al escenario en que el único documento de acreditación adjuntado a la propuesta es aquel emitido por el propio profesional. Asimismo, la opinión a agrega que ello “no es óbice para que aquellos proveedores que adquieran experiencia a partir de la ejecución de contratos -públicos o privados- celebrados en calidad de personas naturales, puedan acreditarla mediante la presentación de (…) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre tal experiencia”. En esa línea, en el caso particular, obran en la misma oferta documentos adicionales que permiten respaldar la efectiva intervención del ingeniero Diego Antonio Ugaz Medina como residente de las obras de Santa Rosa y Jayanca, respectivamente, así como los periodos consignados en los certificados de los folios 205 y 214 de su oferta, por lo que se cuenta con documentación que demuestra fehacientemente la experiencia invocada para este profesional, según lo siguiente: Documentación adicional adjunta al certificado del folio 205 de la oferta del Consorcio Impugnante Documentación adicional adjunta al certificado del folio 214 de la oferta del Consorcio Impugnante

• Según ello, la documentación adjuntada a la oferta permite identificar al ingeniero

Diego Antonio Ugaz Medina como contratista y, a la vez, como residente de ambas obras. En la obra ejecutada en Santa Rosa, la hoja técnica del acta de recepción y conformidad identifica al profesional con CIP N° 59581, registra el inicio el 10 de enero de 2012, el término el 21 de mayo de 2013 y un plazo real de 498 días; además, el acta del 25 de mayo de 2013 reconoce su intervención como residente y contiene la participación de los funcionarios de la Municipalidad y del supervisor de la obra. Por otro lado, en la obra ejecutada en Jayanca, el acta de entrega de terreno del 2 de agosto de 2010 lo identifica como residente, mientras que la hoja técnica final consigna el periodo del 5 de agosto al 2 de diciembre de 2010, equivalente a 120 días, y el acta de recepción del 10 de diciembre de 2010 recoge su intervención en el mismo cargo, conjuntamente con los representantes de la Municipalidad. Por tanto, la acreditación de estas experiencias no se ha documentado únicamente con las declaraciones del beneficiario, sino con documentación complementaria de las entidades contratantes que vincula al profesional con el cargo y los periodos certificados.

• En tal contexto, las experiencias N° 8 y N° 10 se encuentran satisfactoriamente

acreditadas en la oferta, por 498 y 120 días, respectivamente, por lo que, en el acto de evaluación de ofertas, el comité deberá contabilizarlas dentro de la experiencia del jefe de supervisión, conjuntamente con los demás periodos válidamente acreditados, y otorgar a la oferta del Consorcio Impugnante el puntaje que corresponda en el factor de experiencia adicional del personal clave, según los criterios establecidos por las bases. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por los cuestionamientos formulados por el Consorcio Adjudicatario.

• El Consorcio Adjudicatario solicita que se descalifique la oferta del Consorcio

Impugnante en el requisito de experiencia del postor en la especialidad, al cuestionar las experiencias N° 2, 4, 5, 7 y 8 debido a que, según señala, los documentos de acreditación no permiten identificar una tipología comprendida en la subespecialidad vías urbanas según la Resolución Directoral N° 0016-2025- EF/54.01. Sostiene que resulta técnicamente posible que las intervenciones hayan comprendido señalización vial, semaforización, ornamento, áreas verdes o mobiliario urbano, mediante los cuales también puede mejorarse o intervenirse un jirón, avenida o calle. Añade que podrían haber comprendido adoquinado o empedrado que, según indica, pertenecen a la subespecialidad de obras rurales. Indica que el Impugnante debía presentar documentación clara, congruente y completa que permitiera verificar el cumplimiento del requisito sin interpretaciones. Sin embargo, considera que la única forma de concluir que las experiencias cuestionadas corresponden a alguna tipología de vías urbanas sería mediante interpretaciones y presunciones, al no existir documentación que lo acredite indubitablemente en su oferta.

• En torno a este punto, corresponde traer a colación las reglas de las bases

aplicables a la experiencia del postor en la especialidad. Así, el literal A del numeral 3.4.1 del capítulo III de la sección específica de las bases integradas señala lo siguiente:

• Según ello, los postores debían acreditar un monto facturado acumulado

equivalente a S/ 562 425.69 (quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos veinticinco con 69/100 soles), en supervisión de ejecución de obras de la especialidad y subespecialidad requeridas, durante los 25 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, computados desde la conformidad o la emisión del comprobante de pago final, según corresponda.

• Asimismo, se consideró para el presente procedimiento la especialidad viales,

puertos y afines y la subespecialidad vías urbanas.

• A su turno, el Consorcio Impugnante presentó 8 experiencias por un total

acumulado declarado de S/ 1 177 669.08, como se extrae del cuadro resumen del Anexo N° 10 reproducido a continuación: En esa medida, corresponde abocarse al análisis de las experiencias cuestionadas.

• La experiencia N° 8 corresponde al Contrato de consultoría N.º 002-2020-MDR,

celebrado entre Consorcio Supervisor Vial y la Municipalidad Distrital de Rázuri, obrante en los folios 156 a 159 de la oferta del recurrente, reproducido parcialmente a continuación: Asimismo, el postor adjuntó el contrato de consorcio, que asigna al proveedor Juan Manuel Gil Velasquez una participación del 60%, y la Resolución de Alcaldía N° 426-2021-MDR, que aprueba la liquidación de la consultoría de obra por S/ 139 212.29:

• Como se observa, el objeto de la contratación es la supervisión de la ejecución de

la obra “Rehabilitación de Vías Urbanas en las Calles del Sector 3 de la Localidad de Puerto Malabrigo”, haciéndose expresa referencia a la rehabilitación de vías urbanas, que coincide directamente con la subespecialidad requerida por las bases.

• Por su lado, se advierte que el Consorcio Adjudicatario no ha presentado sustento

técnico que desvirtúe la pertenencia de la obra correspondiente a la experiencia N° 8 a la subespecialidad de vías urbanas. Su cuestionamiento se limita a señalar que las intervenciones podrían haber comprendido señalización vial, semaforización, ornamento, áreas verdes, mobiliario urbano, adoquinado o empedrado; sin embargo, tales afirmaciones constituyen posibilidades que no se desprenden del objeto expresamente consignado en el Contrato de Consultoría N° 002-2020-MDR ni cuentan con respaldo documental que permita atribuir dicho alcance a la prestación acreditada.

• Por su parte, la Entidad sostiene que, si bien la documentación de la oferta

identifica una intervención en vías urbanas, no señala la tipología específica a la que corresponde. Sobre el particular, debe recordarse que las bases integradas exigieron acreditar experiencia en supervisión de ejecución de obras de la especialidad viales, puertos y afines y la subespecialidad vías urbanas, sin establecer que los documentos de acreditación debieran reproducir textualmente la denominación de alguna de las tipologías comprendidas en el listado aprobado por la Dirección General de Abastecimiento. Por tanto, la ausencia de dicha referencia literal no constituye, por sí sola, una razón suficiente para desconocer la experiencia en cuestión.

• En el presente caso, el objeto contractual identifica expresamente la supervisión

de la rehabilitación de vías urbanas en las calles del sector 3 de la localidad de Puerto Malabrigo, información que vincula la prestación con la subespecialidad requerida. Frente a dicho contenido, ni el Consorcio Adjudicatario ni la Entidad han identificado elementos técnicos concretos que permitan concluir que la obra corresponde a una subespecialidad distinta; sustentando sus observaciones en la falta de una denominación literal y en posibles intervenciones que no aparecen identificadas en los documentos examinados.

• Asimismo, las bases integradas definieron los medios de acreditación de la

experiencia, entre ellos, los contratos acompañados de su respectiva conformidad, la constancia de prestación o la liquidación. Por ello, no corresponde imponer durante la calificación la presentación de documentos adicionales que no fueron previstos en las reglas del procedimiento. En el presente caso, el Consorcio Impugnante adjuntó el Contrato de Consultoría N° 002-2020-MDR, la resolución que aprobó su liquidación y el contrato de consorcio que sustenta la participación del proveedor que aporta la experiencia. Dichos documentos permiten verificar el objeto de la prestación, el monto liquidado y el porcentaje atribuible al consorciado, sin que se haya identificado una insuficiencia concreta que justifique desconocer su contenido

• En consecuencia, corresponde validar la experiencia N° 8 por el monto de S/ 83

527.37, resultante de aplicar la participación del 60 % del señor Juan Manuel Gil Velasquez al monto liquidado de S/ 139 212.29, aprobado mediante la Resolución de Alcaldía N° 426-2021-MDR. Por tanto, corresponde ratificar el reconocimiento de dicho importe para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que las experiencias N° 1, 3 y 6, por los montos

de S/ 180 271.07, S/ 279 817.80 y S/ 64 600.00, respectivamente, no han sido objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento impugnativo y fueron reconocidas por el comité. Estas experiencias suman S/ 524 688.87, importe que, adicionado a los S/ 83 527.37 de la experiencia N° 8, determina un monto acumulado de S/ 608 216.24, superior al mínimo de S/ 562 425.69 exigido por las bases integradas. En consecuencia, el Consorcio Impugnante acredita el cumplimiento del requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad

• En tal contexto, resulta inoficioso continuar con el análisis de los cuestionamientos

formulados contra las experiencias N° 2, 4, 5 y 7, pues, aun prescindiendo de ellas, el monto acreditado mediante las experiencias N° 1, 3, 6 y 8 supera el mínimo requerido. Por tanto, el resultado de dicho análisis no modificaría el cumplimiento del requisito de calificación examinado.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar el cuestionamiento

formulado por el Consorcio Adjudicatario contra la calificación de la oferta del Consorcio Impugnante por el requisito de experiencia del postor en la especialidad, manteniéndose la condición de calificada de su oferta en este extremo. Tercer punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante o disponer que la Entidad complete la evaluación y adjudique la buena pro al postor que corresponda.

• Finalmente, el Impugnante ha solicitado que se le otorgue la buena pro o se

ordene al comité que continúe la evaluación de su oferta, adjudicando la buena pro al postor que corresponda.

• Al respecto corresponde tener presente que, en virtud del análisis precedente, el

Tribunal declaró fundada la pretensión del Consorcio Impugnante dirigida a la calificación de su oferta y a que se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro. Asimismo, se ha desestimado el pedido de descalificación de la oferta el recurrente formulado por el Consorcio Adjudicatario, y se ha ratificado la admisión y calificación de la oferta de este último, actos que quedaron firmes con la expedición de la Resolución 8819-2026-TCP-S5 del 23 de septiembre de 2026.

• Por lo tanto, considerando las etapas de revisión previstas en el numeral 70.2 del

artículo 70 del Reglamento, corresponde disponer que el comité evalúe la oferta

del recurrente, prosiga con las demás actuaciones del procedimiento de selección y otorgue la buena pro a quien corresponda.

• Por lo tanto, en aplicación de lo establecido en el literal a) del numeral 313.1 del

artículo 313 del Reglamento, respectivamente, corresponde declarar infundada la

pretensión del Consorcio Impugnante dirigida al otorgamiento de la buena pro a su favor, y fundada la pretensión subsidiaria dirigida a que el comité evalúe su oferta, otorgando la buena pro al postor que corresponda.

• Así, en suma, el recurso será declarado fundado en parte: fundado en el extremo

por el que solicita que disponga la calificación de su oferta y dejar sin efecto la buena pro; e infundado en el extremo por el que el recurrente solicita que se declare no admitida o descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y que se otorgue la buena pro a su favor.

• Sin perjuicio de ello, en atención a los cuestionamientos de inexactitud que han

sido presentados por el Consorcio Impugnante respecto de la documentación que acreditaría la experiencia N° 4 del Consorcio Adjudicatario, la Entidad deberá realizar la fiscalización de dicha oferta considerando los elementos y observaciones expuestos por el recurrente en su escrito de recurso, remitiendo a este Tribunal los resultados de la fiscalización efectuada en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, considerando que se declarará fundado en parte el

recurso de apelación, corresponde devolver la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante al interponer su recurso de apelación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente César Arturo Sánchez Caminiti y la intervención de los vocales Christian Cesar Chocano Davis y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez; atendiendo a la reconformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en edición extraordinaria del Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los

La Sala resuelve: 1 Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Naylamp, conformado por L&H Consultores y Ejecutores E.I.R.L. (con RUC N° 20602239986) y Juan Manuel Gil Velasquez (con RUC N° 10433867527), en el marco del Concurso Público para Consultoría de Obra N° 01-2026-MDJLO/CS- 1, convocado por la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz para la “Supervisión de la obra: Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en Av. Jhom F. Kennedy comprendido desde la ca. Remigio Silva hasta la Av. El Dorado y ca. Lambayeque comprendido desde la Av. El Dorado hasta Augusto B. Leguía, distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, con CUI N° 2671713”, e improcedente en el extremo por el que se cuestiona la admisión y calificación de la oferta del Consorcio T&E Consultores; conforme a los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la descalificación de la oferta del Consorcio Supervisor Naylamp, declarándose calificada. 1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio T&E Consultores, conformado por Elizabeth Justina Ruiz Briones (con RUC N° 10267230256) y Ana María Tesoro Silva Silva (con RUC N° 10266886654), cuya oferta mantiene la condición de calificada.

1.3 Disponer que la Entidad complete la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante y continúe con las demás actuaciones del procedimiento de selección, otorgando la buena pro al postor que corresponda. 2 Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Supervisor Naylamp para la interposición de su recurso de apelación. 3 Disponer que la Entidad realice la fiscalización posterior de la oferta del Consorcio Adjudicatario conforme a lo señalado en el fundamento 59, y remita los resultados al Tribunal en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles. 4 Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE- CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE5. 5 Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa. Regístrese, comuníquese y publíquese.

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PEREZ GUTIERREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti. 5 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.