Resolución N.° 9610-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) las bases integradas definitivas, en tanto estas contienen las reglas que rigen el procedimiento de selección, vinculan tanto a los postores como a la Entidad y constituyen el parámetro sobre el cual debe efectuarse la evaluación y análisis de las ofertas presentadas.” Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7487/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO RODRIGO integrado por las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 24-2026-C/MDSMP, convocado por la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 4 de septiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, en

adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 24-2026- C/MDSMP, para la “Ejecución de la obra: creación de los servicios de movilidad urbana en el Pasaje N°1 de la ampliación de la Cooperativa de Vivienda Urbanización Popular Valdiviezo Ltda N°372, Distrito de San Martin de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima CON CUI N°2724889”, con una cuantía de contratación ascendente a S/ 869,079.70 (ochocientos sesenta y nueve mil setenta y nueve con 70/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento.

• Según el cronograma del procedimiento de selección, el 16 de septiembre de 2026

se presentaron las ofertas y el 1 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro en favor del postor CONSORCIO SAN LAZARO, integrado por las empresas CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. y AMBULAY GROUP S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, según los siguientes resultados del Acta de admisión, calificación de ofertas, evaluación y otorgamiento de la buena pro, del 30 de septiembre de 2026, en adelante el Acta:

POSTOR

ETAPAS

BUENA

PROADMISIÓN CALIFICAC

IÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA ECONÓMICA PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRELACIÓN

CONSORCIO SAN

LAZARO Admitida califica 100 825,625.72 105.00 1 SI

CONSORCIO

RODRIGO Admitida califica 95 825,625.72 101.33 2 -

COOPERATIVA

PLEYADES S.A.C. Admitida califica 100 825,625.72 100.00 3 -

CONSTRUCTORA

PUNTO VISUAL S.A.C. Admitida califica 90 825,625.72 97.65 4 -

CORPORACIÓN

GIMAHU E.I.R.L. Admitida califica 70 825,625.72 82.95 5

• Con escritos N° 1 y N° 2, presentados y subsanados el 7 y 12 de octubre de 2026,

respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, el postor CONSORCIO RODRIGO integrado por las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el puntaje obtenido en la evaluación técnica de su oferta y la calificación y evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente el otorgamiento de la buena pro solicitando que: 1) se le otorgue 5 puntos en el factor evaluación “integridad en la contratación pública”,

• se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque la buena pro 3) se le

otorgue la buena pro; conforme a lo siguiente: Sobre el puntaje obtenido, en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”.

• Cuestiona la decisión del comité de no otorgar puntaje en el factor de

evaluación “integridad en la contratación pública”, fundamentado en una supuesta contradicción entre el domicilio consignado en el certificado y el domicilio fiscal declarado en el Anexo N°1.

• Precisa que, en ningún extremo de las bases integradas se condiciona que,

para la asignación de puntaje en dicho factor de evaluación, la dirección consignada en el certificado ISO: 37001:2025 deba coincidir de manera exacta con la declarada como domicilio fiscal o en el RNP o en SUNAT.

• Por el contrario, solo se indica que, el referido certificado debe

corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y estar vigente a la fecha de presentación de ofertas.

• Por lo tanto, en virtud del principio de predictibilidad, solicita que se

aplique el criterio expuesto en la Resolución N°8390-2026-TCP-S3 y

Registro N° 305026072035AB emitido por QRO QUALITY RESEARCH ORGANIZATION, concluye que cumple con lo requerido en dicho factor de evaluación. Sobre la descalificación y evaluación del Consorcio Adjudicatario

• Cuestiona que el Adjudicatario no cumple con el requisito de calificación

experiencia del personal clave y tampoco con el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”.

• Respecto al residente de obra, sostiene que el Certificado del 6 de

diciembre de 2013, suscrito por el señor Omar Méndez Amorato, en calidad de gerente general de Continental Constructora Y Servicios Generales S.A.C., a favor del ingeniero civil Jesús Jorge Huerta Baltazar, como residente de obra de la obra: “Construcción de muros de contención, veredas, y adoquinado de las vías de acceso del pueblo tradicional de Buenos Aires- Uchumayo”, no corresponde a la subespecialidad requerida en las bases integradas (vías urbanas), puesto que, dicha prestación corresponde a la subespecialidad: obras rurales, tipología: pavimentación de calles con adoquín o empedrado.

• Precisa que, de acuerdo al contrato y la constancia de conformidad de

dicha obra la meta física de mayor relevancia es “construcción de PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE CONCRETO 20x10x8 cm en 1.16 km de vías de acceso del pueblo tradicional de Buenos Aires”. Lo cual ratifica que dicha obra corresponde a obras rurales, con tipología de pavimentación de calles con adoquín o empedrado.

• En consecuencia, al restar dicha experiencia del residente de obra, este

solo acreditaría 2 años, 6 meses y 14 días, por lo tanto, su oferta debe ser descalificada.

• Respecto a la experiencia del especialista en seguridad en obra y salud en

el trabajo, cuestiona la idoneidad y/o veracidad de las experiencias N°1, 2, 4, 7 y 11.

• En relación a la experiencia N°1 y N°7, advierte que los Certificados de

trabajo obrantes a fojas 267 y 273 de la oferta, no cuentan con fecha de emisión, por lo cual no se cumple con las reglas establecidas en las bases integradas.

• Sobre la Experiencia N°2 – Certificado de trabajo del 8 de noviembre de

2023, emitido en favor del señor Nasumi Sachi Wing Astocondor por haber laborado desde el 16 de septiembre de 2023 hasta el 26 de octubre de 2023, obrante a fojas 268 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, sostiene que, de acuerdo al contrato de ejecución de la obra que se describe en el certificado (Contrato N° 22-2023-MPH) el personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo fue la ingeniera civil Albiluz Aurora Espinoza Ramos. Asimismo, sostiene que, de acuerdo al Acta de recepción de la obra, la misma inició el 19 de septiembre de 2023 al 17 de noviembre de 2023.

• Del mismo modo, respecto a la experiencia N° 4 – Certificado de trabajo

del 16 de marzo de 2024, emitido en favor del señor Nasumi Sachi Wing Astocondor, por haber laborado desde el 3 de enero de 2024 al 3 de marzo de 2024; cuestiona que, de acuerdo a la cláusula segunda del Contrato N° 030-2023-MPH de ejecución de la obra que se describe en el certificado, el personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo fue la Ingeniera Civil Albiluz Aurora Espinoza Ramos. Asimismo, sostiene que, de acuerdo al Acta de recepción de obra del 10 de abril de 2024, ejecución de la obra tuvo como plazo oficial de inicio el 4 de enero del 2024 y como fecha de término real el 3 de marzo del 2024.

• Por último, en relación a la Experiencia N°11 – Certificado de trabajo del 9

de marzo de 2026, emitido en favor del señor Nasumi Sachi Wing Astocondor, por haber laborado desde el 20 de enero de 2026 al 2 de marzo de 2026, obrante a folios 277 de la oferta, refiere que, de la revisión del procedimiento de selección del cual deviene la obra que se describe en el certificado, advierte que la empresa CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. integrante del Consorcio Adjudicatario, presentó como parte de su oferta, al personal clave Nancy Najarro Vargas en el cargo de Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo. Asimismo, refiere que el Acta de recepción de la obra, da cuenta de una fecha de inicio de ejecución desde el 2 de enero de 2026 hasta el 2 de marzo de 2026.

• Por lo expuesto le resulta materialmente imposible y falso la experiencia

del señor Nasumi Sachi Wing Astocondor, debiendo descalificarla oferta por transgredir el principio de presunción de veracidad.

• De ese modo, al descontar la experiencia cuestionada la oferta del

Adjudicatario no acreditaría tampoco el factor de evaluación facultativo “experiencia específica adicional del personal clave”.

• A través del Decreto del 13 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo.

En ese sentido, se remitió el expediente a la Quinta Sala para que evalúe la información y se programó audiencia pública para el 20 de octubre de 2026.

• Con Carta N°0173-2026-OAYP-OGAF/MDSMP presentado el 15 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• A través de la Carta N°0172-2026-OAYP-OGAF/MDSMP registrada en el SEACE el

15 de octubre de 2026, la Entidad absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

• Ratifica la decisión del comité de no otorgar puntaje al Consorcio

Impugnante en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”, pues existe discrepancia entre la dirección consignada en el certificado ISO 37001:2025 y las direcciones obrantes en el RNP, SUNAT y el Anexo N°1 del propio postor.

• Precisa que, las certificaciones ISO se otorgan a una persona jurídica

vinculada a un alcance geográfico o sedes físicas específicas; por lo que, al cambiar de dirección fiscal (y probablemente de oficinas), la casa certificadora debe tomar conocimiento para validar que los controles antisoborno se siguen ejecutando eficazmente en la nueva ubicación.

• Agrega que, las reglas definitivas del proceso exigen obligatoriamente que

el certificado ISO 37001 consigne la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la ejecución de la obra, lo cual se incumple en el presente caso.

• Mediante escrito N°1 presentado el 16 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

• Solicita que el recurso sea declarado improcedente por no existir conexión

lógica entre los hechos expuestos y el petitorio, toda vez que, en el petitorio solicita que se “declare nulo el acto de evaluación” y no sustenta la causal de nulidad.

• Por otro lado, coincide con el comité que no corresponde otorgar al

Consorcio Impugnante puntaje en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”, pues la dirección consignada en el certificado ISO 37001:2025 no coincide con la dirección contemplada en RNP o SUNAT y no cumple con el criterio de correspondencia geográfica que contempla las bases.

• Agrega que, de modo similar ocurre con el factor de evaluación

“sostenibilidad ambiental”, pues la dirección consignada en el certificado no coincide con la dirección del RNP y SUNAT, debiendo restarle 5 puntos a dicho postor.

• Por otro lado, cuestiona que la oferta del Consorcio Impugnante habría

presentado su oferta con firmas pegadas, por lo que no debió ser admitida.

• Asimismo, cuestiona que la Experiencia N°7 del residente de obra contiene

una firma superpuesta que da indicio de falsedad.

• Con escrito s/n presentado el 19 de agosto de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante decreto del 19 de octubre de 2026 se tuvo por apersonado al

Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación.

• El 20 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

del (actualizar no está el acta).

• Con decreto del 20 de octubre de 2026, a fin de que la Sala cuente con mayores

elementos de juicio para resolver, se requirió información adicional al Consorcio Virgo, a la señora Tania Yuleisy Godoy, al Consorcio Sagitario, al a señor Wedir Marconi Prado Riveros, al señor Luis Antonio Ramírez Fernandez, entre otros, para que emitan pronunciamiento sobre la veracidad y/o autenticidad de la documentación cuestionada.

• Mediante escrito N°3 presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Impugnante atendió los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario, alegando lo siguiente:

• Reitera que, en ninguna parte de las bases integradas se exige que debe

existir una correlación entre las direcciones del RNP, la ficha SUNAT y el certificado ISO 37001:2025, por lo que el comité ha basado su decisión en un criterio subjetivo, atentando contra la legalidad.

• Agrega que, alegado por el Consorcio Adjudicatario de que “la obra se

ejecutará en Lima; por tanto, la sede o filial debe ser en Lima” es realizar una interpretación restrictiva de las bases integradas, pues las mismas señalan que el certificado ISO debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación. En ese sentido, en la práctica comercial las empresas cuentan con varias sedes operativas; asimismo, una filial es un establecimiento que se encuentra ubicado en un lugar distinto a la sede central de la empresa.

• Lo mismo alega para el cuestionamiento referido al certificado ISO

presentado para la acreditación de un Sistema de Gestión Ambiental.

• Sobre las presuntas firmas pegadas en su oferta, su representada confirma

la veracidad de las firmas del representante común en su oferta.

• Del mismo modo, sobre el cuestionamiento a la experiencia N°7 del

residente de obra sostiene que estos son subjetivos y sin sustento.

• Mediante escrito N°4 presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Impugnante remitió alegatos adicionales, alegando lo siguiente:

• Precisa que el comité de selección no puede exigir requisitos adicionales

que no se encuentren expresamente pactados en las bases integradas.

• De ese modo, sostiene que establecer una correspondencia entre los

domicilios de la ficha SUNAT, la constancia RNP y el Certificado ISO 37001:2025 resulta totalmente irregular, quebrantando el Principio de Legalidad.

• Agrega que, el certificado ISO 37001:2025 presentado tiene fecha de

certificación el día 20 de julio de 2026 y su fecha de caducidad es el 19 de julio de 2029; por tanto, a la presentación de la oferta (día 16 de setiembre de 2026) nuestro certificado se encontraba vigente y válido para acreditar el factor de evaluación c) integridad en la contratación pública.

• Señala que, la modificación tributaria solo tiene efectos tributarios. No

extingue ni altera la validez técnica del certificado ISO.

• Reitera que el Consorcio Adjudicatario no cumpliría con la experiencia del

personal clave residente de obra declarado a fojas 255 de su oferta.

• Mediante escrito N°5 presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Impugnante remitió alegatos adicionales, alegando lo siguiente:

• Agrega cuestionamientos a la experiencia del personal clave “especialista

de seguridad en obra y salud en el trabajo”.

• Refiere que, la experiencia N°6 - Certificado del 8 de octubre de 2024,

emitido por el Consorcio San Pedro, obrante a fojas 272 de la oferta, contendría información inexacta, pues de la revisión de la documentación de la obra advierte que el profesional propuesto fue otro (conforme al contrato suscrito) y el periodo no coincide; puesto que, con Resolución de Gerencia Nº 086-2024-MDP/GDU, la ejecución de la obra tuvo como plazo oficial de inicio el 21 de mayo del 2024 y como término real el 31 de agosto del 2024.

• Agrega que el mismo Consorcio Adjudicatario, adjuntó otro certificado en

la LP-ABR-5-2025-CS/MDSMP convocada por la Entidad, en el cual, a fojas 288 de su oferta adjuntó el Certificado de trabajo emitido por el mismo Consorcio San Pedro en favor del señor Nasumi Sachi Wong Astocondor por haber laborado en la misma obra desde el 20 de junio de 2024 hasta el 18 de septiembre de 2024.

• Agrega que el Consorcio Adjudicatario tiene la conducta reiterativa de

presentar documentos con información inexacta.

• Con escrito N°1 presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió alegatos adicionales, manifestando lo siguiente:

• Rechaza el cuestionamiento a la oferta del residente de obra, por cuanto

la clasificación de la obra debe determinarse atendiendo a su objeto, naturaleza, finalidad y características técnicas, en concordancia con las tipologías previstas en la normativa aplicable, y no a partir de una interpretación aislada de uno de los términos empleados en su denominación.

• Precisa que, de acuerdo a la constancia de conformidad de la obra

cuestionada, se acredita que la intervención comprendió la pavimentación de vías y la ejecución de elementos asociados a su acondicionamiento, incluyendo “veredas, bermas y señalización, tanto horizontal como vertical”. Por consiguiente, la obra presenta características propias de una intervención de infraestructura vial que se encuentra dentro del marco con la definición normativa de Vías Urbanas.

• En ese contexto, deja constancia de que se cumple con el requisito mínimo

de veinticuatro (24) meses de experiencia exigido para el residente de obra, así como con los doce (12) meses de experiencia adicional previstos en las bases integradas para efectos de la evaluación.

• Reitera su postura de que no se otorgue puntaje al Consorcio Impugnante

en el factor de evaluación cuestionado “integridad en la contratación pública”.

• Sobre la veracidad de la información cuestionada a los certificados del

personal clave “seguridad y salud en el trabajo” solicita que se tengan en cuenta las respuestas de las empresas a las cuales el Tribunal ha efectuado la consulta.

• A través del decreto del 28 de octubre de 2016 se declaró el expediente listo para

resolver.

• Con escrito s/n presentado el 29 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió cuestionamientos adicionales a la experiencia del personal clave del Consorcio Impugnante, alegando que, la Experiencia N°2, 3 y 4 no corresponden a la subespecialidad requerida. Asimismo, cuestiona la veracidad del Certificado del 2 de abril de 2020, obrante a fojas 197 de la oferta del postor.

• Mediante escrito N°6 presentado el 30 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Impugnante resalta que el expediente se declaró listo para resolver, por lo cual las imputaciones del Consorcio Adjudicatario recaen en extemporáneas.

• Con escrito s/n presentado el 29 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario solicitó que tenga en cuenta los cuestionamientos extemporáneos, pues considera relevante para resolver la controversia.

• Mediante escrito N°7 presentado el 2 de septiembre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Impugnante amplió cuestionamientos en contra del Consorcio Adjudicatario, en virtud de la tutela del interés público, reiterando que, las Experiencias N°5 y N°6 del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo contienen información inexacta.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante contra contra el puntaje obtenido en la evaluación técnica de su oferta y la calificación y evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente el otorgamiento de la buena pro solicitando que: 1) se le otorgue 5 puntos en el factor evaluación “integridad en la contratación pública”,

• se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque la buena pro 3) se le

otorgue la buena pro, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, siempre que hayan sido emitidos antes del perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

• En relación con ello, debe tenerse presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa están sujetos a dos niveles de control: uno formal, referido a los requisitos de admisibilidad; y otro sustancial, vinculado a la verificación de su procedencia. En este último caso, el análisis está orientado a determinar si concurren los requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada mediante el recurso, habilitando así un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, corresponde remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto resulta jurídicamente procedente.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley. No aplica en estos casos lo establecido en el artículo 130 de la LPAG, o disposición que la sustituya, referido a la presentación de escritos ante entidades que no resultan competentes. El literal a) del artículo 308 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley1. 1 “Artículo 74. Órgano competente para resolver el recurso de apelación 74.1. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades:

• El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a

cincuenta UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

• La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, en los demás casos. Esta autoridad verifica que, en

las actuaciones del recurso, al interior de la entidad contratante, no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación.

Este señala que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias, así como en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. En el presente caso, el recurso ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública Abreviada de Obras, cuya cuantía de la contratación asciende a S/ 869,079.70 (ochocientos sesenta y nueve mil setenta y nueve con 70/100 soles), monto que supera las 50 UIT2. En consecuencia, el Tribunal es el órgano competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, no configurándose en este caso la causal de improcedencia referida a la competencia.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; iii) las bases y/o su integración; iv) las actuaciones referidas al registro de participantes; v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante cuestiona el puntaje obtenido en la evaluación técnica de su oferta por su representada y la calificación y evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente el otorgamiento de la buena pro solicitando que: 1) se le otorgue 5 puntos en el factor evaluación “integridad en la contratación pública”, 2) se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque la buena pro 3) se le otorgue la buena pro; por lo tanto, las actuaciones cuestionadas no configuran como actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

74.2. En el caso de las compras corporativas, compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente”. 2 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026 es de S/ 5,500. Este valor fue establecido mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF. Por lo tanto, 50 UIT equivale a S/275,000.00.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro a través de la Pladicop. En el caso los casos de licitación pública abreviada, concurso público abreviado, selección de expertos y comparación de precios, la apelación se presenta dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el presente caso, considerando que se trata de una Licitación Pública Abreviada, cuya cuantía corresponde a la licitación pública, corresponde aplicar el plazo de ocho (8) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado el 30 de septiembre de 2026. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, hasta el 14 de octubre de 2026. Al respecto, del expediente se verifica que el recurso de apelación fue interpuesto mediante escrito N° 1 el 7 de octubre de 2026 y subsanado el 12 del mismo mes y año; por lo tanto, fue presentado dentro del plazo establecido por la normativa vigente3.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Chávez Ludeña Magalli Katherine, representante común del Consorcio Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. 3 El 8 de octubre fue feriado.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento para participar en el presente procedimiento de selección o para contratar con el Estado.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento que permita concluir que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren legalmente incapacitados para ejercer actos civiles

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, la oferta del Consorcio Impugnante no es el ganador de la buena pro, por lo cual cuestiona la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario. Por lo tanto, el Consorcio Impugnante no incumple la presente causal de procedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante ocupa el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su petitorio.

Como se aprecia de lo reseñado, el Consorcio Impugnante cuestiona el puntaje obtenido en la evaluación técnica de su oferta y la calificación y evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente el otorgamiento de la buena pro solicitando que: 1) se le otorgue 5 puntos en el factor evaluación “integridad en la contratación pública”, 2) se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque la buena pro 3) se le otorgue la buena pro. En este extremo, se debe tener en cuenta que, si bien el Consorcio Adjudicatario cuestiona que no existe conexión lógica entre las pretensiones del recurso y los fundamentos, en el extremo que estaría solicitando la nulidad del acto de evaluación, lo cierto es que, de la revisión del petitorio del recurso de aprecia que solicita que se revoque (nulidad) de su evaluación, debido a que le corresponde los 5 puntos del factor de integridad. Asimismo, solicita la descalificación del Consorcio Adjudicatario, evidenciando esta Sala que los fundamentos están relacionados a dichas pretensiones. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se advierte que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, en virtud de la cual, frente a un acto administrativo que viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. En ese contexto, de determinarse que la decisión adoptada por la Entidad contratante resultó irregular, ello generaría un agravio al interés legítimo del Consorcio Impugnante en su calidad de postor, al haberse afectado su derecho a competir de obtener la buena pro. En particular, si la evaluación del comité realizó en contravención de la Ley, el Reglamento o las bases del procedimiento, se configura un supuesto en el cual el Impugnante cuenta con interés para obrar. En ese sentido, el Consorcio Impugnante cuenta con legitimidad para cuestionar el puntaje obtenido en la evaluación técnica de su oferta y la calificación y evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente el otorgamiento de la buena pro solicitando que: 1) se le otorgue 5 puntos en el factor evaluación “integridad en la contratación pública”, 2) se descalifique la oferta del Adjudicatario y se revoque la buena pro 3) se le otorgue la buena pro.

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones desarrolladas, corresponde

continuar con la fijación de los puntos controvertidos planteados.

• PRETENSIONES:
• De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó al Tribunal, lo siguiente:

• Se le otorgue puntaje en el factor de evaluación “integridad en la

contratación pública”. ii. Se descalifique a oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Se revoque el puntaje otorgado al Consorcio Adjudicatario en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”. iv. Se le otorgue la buena pro.

• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que: “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento” (el subrayado es agregado). En ese sentido, serán materia de análisis los puntos controvertidos que se originen a partir de los argumentos contenidos en el recurso de apelación y en la absolución del traslado correspondiente, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, el cual establece: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación” (el subrayado es agregado).

Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento según el cual: “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (el subrayado es agregado). Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emite el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

contratante y a los demás postores el 13 de octubre de 2026 a través de la Pladicop, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 16 de octubre de 2026.

• Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, el 16 de

octubre de 2026, el Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; y efectuó cuestionamientos adicionales a la oferta del Consorcio Impugnante, los cuales deben incluirse en la determinación de los puntos controvertidos.

• Sin perjuicio de ello, a los cuestionamientos adicionales presentados por las

partes, de manera posterior a los planteamientos señalados en el recurso impugnativo y en la absolución del mismo; se precisa que, de conformidad el literal

• del artículo 310 del Reglamento, las partes formulan sus pretensiones y ofrecen

los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento, presentados dentro del plazo legal.

• Por lo tanto, las alegaciones efectuadas fuera del recurso de apelación y en el

escrito de absolución, no serán considerados puntos controvertidos, no correspondiendo ser analizados por esta Sala, menos aún los presentados luego del decreto que declara el expediente listo para resolver.

• En tal sentido, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde otorgar puntaje al Consorcio Impugnante en

el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde que se revoque el puntaje otorgado al Consorcio Adjudicatario en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”. iv. Determinar si corresponde revocar la admisión de la oferta del Consorcio Impugnante por haber presentado su oferta con firmas pegadas.

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio

Impugnante por los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario. vi. Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado al Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “sostenibilidad ambiental” vii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar puntaje al Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”.

• Conforme se ha relatado en los antecedentes, el Consorcio Impugnante cuestiona

la decisión del comité de no otorgar puntaje a su representada en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”, pese haber presentado el certificado ISO requerido para tal efecto.

• De ese modo, corresponde, en principio, remitirnos al Acta, a fin de verificar el

sustento expuesto por el comité para arribar en dicha decisión. A mejor entendimiento, se reproducen los extractos pertinentes del Acta:

• Conforme se aprecia, el comité sustenta la no asignación de puntaje en el factor

evaluación bajo análisis, en una presunta contradicción evidente entre el domicilio fiscal formal del postor (LIMA) y el alcance geográfico certificado ISO presentados (Cajamarca). Por lo cual, no se garantizaría la sede o infraestructura que ejecutará la prestación.

• Respecto a ello, el Consorcio Impugnante sostiene que en ningún extremo de las

bases integradas se condiciona que, para la asignación de puntaje en dicho factor de evaluación, la dirección consignada en el certificado ISO: 37001:2025 deba coincidir de manera exacta con la declarada como domicilio fiscal o en el RNP o en

SUNAT.

• A su turno, tanto la Entidad como el Adjudicatario, sostienen que no corresponde

otorgar puntaje al Consorcio Impugnante, pues existiría discrepancia entre la dirección consignada en el certificado ISO 37001:2025 y las direcciones obrantes en el RNP, SUNAT y el Anexo N°1 del propio postor.

• A fin de resolver la controversia planteada, corresponde remitirnos, en primer

término, a las bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas que rigen el procedimiento, vinculan tanto a la Entidad como a los participantes y postores y establecen el parámetro con base en el cual corresponde efectuar la evaluación y calificación de las ofertas.

• Sobre el particular, el numeral 4.1.2 “factores de evaluación facultativos” del

de evaluación facultativo, la acreditación de integridad en la contratación pública, conforme a lo siguiente:

• Nótese que, para obtener los cinco puntos, dicho factor debía acreditarse con

copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2025 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001). Asimismo, se precisó que, el referido certificado contenga las siguientes características: (i) Ser emitido por un Organismo de Certificación acreditado para el sistema de gestión acreditado, ya sea ante el INACAL u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional. (ii) Corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y (iii) Estar vigente a la fecha de presentación de ofertas

• En el pie de página se precisa que, en el certificado debe estar consignada la

dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que, con la

finalidad de acreditar el factor de evaluación referido a “Integridad en la contratación pública”, a fojas 235 y 237 de su oferta adjuntó los Certificados ISO 37001:2025, emitidos a favor de las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L., conforme al siguiente detalle:

• Respecto a ello, el comité observa el certificado ISO otorgado al postor B&V

CONSTRUCTORA HNOS S.R.L., pues la dirección consignada en dicho documento, difiere del domicilio fiscal consignado en el Anexo N°1 y en la SUNAT.

• En este punto, cabe precisar que, en ningún extremo de las bases integradas o de

las bases estándar inclusive, se especifica o condiciona que la dirección consignada en el CertificadoISO 37001:2025 debe coincidir con la declarada en el Anexo N°1 o la dirección fiscal correspondiente.

• Aunado a ello, se precisa que en ningún extremo de las bases se requiere que los

postores precisen o declaren de manera específica y exacta “cuál es la oficina a cargo de la prestación”, sino que, en el Anexo N°1 – Datos del postor, solo se requiere consignar el domicilio legal, mas no precisar cual es el domicilio a cargo de la prestación, conforme se aprecia:

• En consecuencia, la decisión del comité de no otorgar puntaje en el factor materia

de análisis no se sustentó en exigencia alguna de las bases, por lo corresponde revocar dicha decisión.

• Asimismo, en atención a las consideraciones expuestas, esta Sala concluye que

corresponde declarar fundado este extremo del recurso de apelación y, en consecuencia, otorgar 5 puntos al Impugnante en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”, toda vez que cumple con lo requerido en las bases integradas.

• Consecuentemente, corresponde corregir el puntaje total del Consorcio

Impugnante y asignarle el total de 100 puntos en la evaluación técnica de su oferta, y 105 como puntaje total. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• El Consorcio Impugnante refiere que el Consorcio Adjudicatario no acredita la

experiencia del personal clave requerido en las bases.

• Respecto al residente de obra, sostiene que el Certificado del 6 de diciembre de

2013 no corresponde a la subespecialidad requerida en las bases integradas (vías urbanas).

• Sobre ello, el Consorcio Adjudicatario sostiene que dicha experiencia sí acredita la

especialidad y subespecialidad requerida en las bases.

• A efectos de dilucidar la controversia planteada, corresponde remitirnos a las

bases integradas definitivas, en tanto estas contienen las reglas que rigen el procedimiento de selección, vinculan tanto a los postores como a la Entidad y constituyen el parámetro sobre el cual debe efectuarse la evaluación y análisis de las ofertas presentadas.

• En ese contexto, se advierte que el literal B.2 – experiencia del personal clave del

numeral 3 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas estableció, como requisito de calificación la acreditación de 24 meses de experiencia para el personal clave residente de obra, en la especialidad y subespecialidad, conforme se aprecia:

• Cabe precisar que, de acuerdo al literal B.2 – experiencia del postor en la

especialidad del numeral 3.4 del Capítulo III de la Sección Específica de las Bases Integradas la especialidad es “viales, puertos y afines”, sub especialidad “vías urbanas” y tipologías “vías expresas, arteriales, colectoras y locales, pistas, veredas, ciclovías, puentes peatonales, y carreteras vecinales, pasajes, vías de acceso y terminales terrestres”, conforme se aprecia:

• Ahora bien, a fin de cumplir ello, el Consorcio Adjudicatario declaró a fojas 255 la

siguiente experiencia del personal clave residente:

• Ahora bien, el Consorcio Impugnante cuestiona la experiencia N°1, alegando que

la misma no corresponde a la especialidad y subespecialidad requerida en las bases, dicha prestación corresponde a la subespecialidad: obras rurales, tipología: pavimentación de calles con adoquín o empedrado.

• Respecto a ello, la Sala aprecia que, a fin de acreditar la Experiencia 1 del residente

de obra el Consorcio Adjudicatario presentó la Constancia de trabajo obrante a fojas 257 de su oferta, en la que da cuenta de experiencia en la ejecución de la obra “construcción de muros de contención, veredas y adoquinados de las vías de acceso del Pueblo Tradicional de Buenos Aires – Uchumayo, conforme se aprecia:

• De la revisión del certificado, se aprecia que la obra descrita incluye la tipología de

“veredas”, la cual, de acuerdo con la Resolución Directoral N° 0016-2025-EF/54.01 que aprueba el Listado de Subespecialidades y Tipologías de Obras y Consultoría de Obras se encuentra dentro de la subespecialidad “vías urbanas”, conforme se aprecia:

• Por lo tanto, aun cuando el Consorcio Impugnante alega que, de acuerdo con la

constancia de conformidad de la obra del 6 de octubre de 2015, señalaría explícitamente que la meta física principal y de mayor relevancia de la obra consistió en la: “construcción de PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE CONCRETO 20x10x8 cm en 1.16 km de vías de acceso del pueblo tradicional de Buenos Aires”, lo cierto es que, ello no desvaloriza que la obra bajo análisis tiene como tipología a “veredas”, la cual forma parte de la subespecialidad requerida, no pudiendo este Colegiado desvalorizar dicha tipología consignada de manera expresa en el certificado en cuestión.

• En ese contexto, cabe señalar que la Norma Técnica CE.010 “Pavimentos Urbanos”

del Reglamento Nacional de Edificaciones señala que las vías urbanas constituyen espacios destinados al tránsito de vehículos y/o personas que se encuentran ubicados dentro del límite urbano. Asimismo, señala que, según la función que prestan, se clasifican en vías expresas, arteriales, colectoras y locales.

• En relación con ello, debe tenerse en cuenta que, según la Norma Técnica CE.010

“Pavimentos Urbanos”, en su capítulo 4 DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS URBANOS, contempla los requisitos mínimos para los diferentes tipos de pavimento, entre los cuales se encuentra el pavimento rígido, flexible y adoquines; por lo que el solo hecho de apreciar adoquines en una obra urbana no la transforma en una obra rural, sino que tiene que evaluarse dicha contratación de manera integral.

• Así, el solo hecho que de que, la denominación del certificado aluda al adoquinado

no determina que la obra sea rural como alude el Impugnante, sobre todo si dicho tipo de pavimento es considerado como uno urbano. Cabe mencionar que en la citada valorización también se menciona la vereda que forma parte de una vía urbana, por lo que, de la revisión integral de dicho documento no corresponde amparar lo cuestionado por el Consorcio Impugnante.

• En ese contexto, no corresponde acoger lo cuestionado por el Consorcio

Impugnante sobre la experiencia N°1 del residente de obra. Asimismo, se precisa que, aun cuando se hubiera acogido el cuestionamiento y excluido dicha experiencia, el Consorcio Adjudicatario cumple con acreditar el requisito de calificación “experiencia del personal clave” del residente de obra, pues acredita una experiencia superior a los 2 años requerido en las bases (928 días – 127 días = 2 años, 6 meses y 14 días).

• Por tanto, el residente de obra ha acreditado los 3 años, 3 meses y 3 días que

declaró el Consorcio Adjudicatario.

• Sobre el especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo, el Consorcio

Impugnante cuestiona que las experiencias N°1 y N°7, no cuentan con fecha de emisión, por lo que no cumplen con lo requerido en las bases. Asimismo, sostiene las experiencias N°2, N°4 y N°11 contendrían información inexacta.

• Dicho ello, de manera previa a evaluar los documentos cuestionados, es preciso

señalar que, de acuerdo al numeral B.2 – Experiencia del personal clave, del

especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo es de 12 meses, conforme se aprecia:

• Nótese que, a fin de acreditar la experiencia del especialista de seguridad de obra

y salud en el trabajo se requirió 12 meses de experiencia en la especialidad y subespecialidad. Asimismo, se precisa que se puede acreditar con constancias, certificados de trabajo, etc., en cuyo caso, dichos documentos deben señalar, entre otros, la fecha de emisión.

• Ahora bien, a fin de acreditar ello, el Consorcio Adjudicatario declaró a fojas 264

al 266, la siguiente experiencia del ingeniero Nasumi Sachi Wong Astocondor, propuesto como especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo:

• A fin de acreditar las experiencias N°1 y N°7, el Consorcio Adjudicatario presentó

a fojas 267 y 273 de su oferta los siguientes certificados, de los cuales se advierte que no cuentan con fecha de emisión, conforme se aprecia:

• Por lo tanto, en este extremo del análisis, la Sala aprecia que los certificados

presentados por el Consorcio Adjudicatario para acreditar las experiencias N°1 y N° 7 constituyen documentos no idóneos para dicho fin, pues incumplen la regla expresamente prevista en las bases integradas, esto es, que deben contar, con fecha de emisión.

• En tal sentido la experiencia que se pretendía acreditar con dichos certificados

debe descontarse del cálculo total de la experiencia declarada, esto es, 889 días menos 248, quedando como experiencia hasta este momento, 641 días (equivalente a 1 año y 9 meses aproximadamente).

• Cabe agregar que, respecto de la experiencia N° 7 se cuestionó que el certificado

deriva de la ejecución del Contrato N° 33-2024-MPI en el cual solo existió un profesional clave, que fue el jefe de supervisión; sin embargo, tal hecho no acredita que el profesional pudo laborar como especialista en seguridad, lo que fue consultado por este Tribunal a su emisor, no obstante, no se ha obtenido respuesta a la fecha.

• Ahora bien, a fin de acreditar experiencias N°2, el Consorcio Adjudicatario

presentó a fojas 268 de su oferta el Certificado de trabajo del 8 de noviembre de 2023, el cual se muestra a continuación:

• Respecto a ello, el Consorcio Impugnante sostiene que en el marco del Contrato

N° 22-2023-MPH se habría ejecutado la obra indicada en el certificado cuestionado, señalando que dicho contrato señala que el personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo fue la ingeniera civil Albiluz Aurora Espinoza Ramos. Asimismo, alega que, de acuerdo al Acta de recepción de la obra, la misma inició el 19 de septiembre de 2023 al 17 de noviembre de 2023, esto es, días después del señalado en el certificado.

• En este punto cabe precisar que, el hecho de que en el Contrato N° 22-2023-MPH

el personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo haya sido la ingeniera civil Albiluz Aurora Espinoza Ramos, no es determinante para afirmar que el ingeniero Wong Astocondor no habría laborado como tal, pues dicho personal pudo haber sido reemplazado luego de haberse suscrito el contrato.

• Del mismo, respecto al periodo laborado, materia de cuestionamiento, el propio

Consorcio Impugnante ha remitido copia del Contrato N° 22-2023-MPH, el cual aparece suscrito el 13 de septiembre de 2023, esto es, antes de la fecha consignada en el certificado.

• Teniendo en cuenta ello, mediante decreto del 20 de octubre de 2026, a fin de

contar con mayores elementos de juicio para resolver, se requirió a al Consorcio Virgo, a la señora Tania Yuleisy Godoy confirmar la veracidad y/o autenticidad del certificado cuestionado; sin embargo, a la fecha no han cumplido con atender el requerimiento.

• Por lo tanto, en el presente caso, considerando que no se cuenta con mayores

elementos probatorios objetivos, no resulta suficiente, en las circunstancias del presente caso, para desvirtuar la presunción de veracidad que ampara el certificado cuestionado. Para arribar a una conclusión distinta sería necesario contar con elementos probatorios adicionales que permitan acreditar, de manera objetiva, que las labores consignadas en dicho documento no fueron efectivamente ejecutadas durante el periodo declarado.

• Del mismo modo, respecto a la experiencia experiencia N°4, el Consorcio

Adjudicatario presentó a fojas 270 de su oferta el Certificado de trabajo del 16 de marzo de 2024, el cual se muestra a continuación:

• Respecto a ello, el Consorcio Impugnante, sostiene que, de acuerdo a la cláusula

segunda del Contrato N° 030-2023-MPH de ejecución de la obra que se describe en el certificado, el personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo fue la Ingeniera Civil Albiluz Aurora Espinoza Ramos. Asimismo, sostiene que, de acuerdo al Acta de recepción de obra del 10 de abril de 2024, la ejecución de la obra tuvo como plazo oficial de inicio el 4 de enero del 2024 y como fecha de término real el 3 de marzo del 2024.

• En este punto cabe reiterar que, el hecho de que en el Contrato N° 030-2023-MPH

el personal propuesto como Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo haya sido la ingeniera civil Albiluz Aurora Espinoza Ramos, no es determinante para afirmar que el ingeniero no habría laborado como tal, pues, como se ha mencionado, dicho personal podría haber sido reemplazado por el señor Wong Astocondor.

• Del mismo, respecto al periodo laborado, materia de cuestionamiento, el propio

Consorcio Impugnante ha remitido copia del Contrato N° 030-2023-MPH, el cual aparece suscrito el 12 de diciembre de 2023, esto es, antes de la fecha de inicio consignada en el certificado. Además, la misma acta de recepción que adjunta en el recurso de apelación indica que la entrega de terreno fue el 3 de enero de 2024, fecha que coincide con la indicada en el certificado cuestionado.

• Teniendo en cuenta ello, mediante decreto del 20 de octubre de 2026, a fin de

contar con mayores elementos de juicio para resolver, se requirió a al Consorcio Sagitario, al señor Wedir Marconi Prado Riveros - Representante Común Del Consorcio Sagitario y la Municipalidad provincial de Huaral, confirmar la veracidad y/o autenticidad del certificado cuestionado; sin embargo, a la fecha no han cumplido con atender el requerimiento.

• Por lo tanto, en el presente caso, con la documentación obrante en autos,

tampoco se podría arribar con fehaciencia en la existencia de información inexacta o incongruente, pues sería necesario contar con elementos probatorios adicionales que permitan acreditar, de manera objetiva, que las labores consignadas en dicho documento no fueron efectivamente ejecutadas durante el periodo declarado por el profesional que se indica en el certificado materia de cuestionamiento.

• Por último, para acreditar la Experiencia N°11, el Consorcio Adjudicatario presentó

a fojas 277 de su oferta el siguiente certificado de trabajo:

• Respecto a ello, refiere que, de la revisión del procedimiento de selección del cual

deviene la obra que se describe en el certificado, advierte que la empresa CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. integrante del Consorcio Adjudicatario, presentó como parte de su oferta, al personal clave Nancy Najarro Vargas en el cargo de Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo. Asimismo, agrega que el Acta de recepción de la obra, da cuenta de una fecha de inicio de ejecución desde el 2 de enero de 2026 hasta el 2 de marzo de 2026.

• En este punto se precisa que, de conformidad con el artículo 189 del Reglamento

de la Ley N° 30225, si bien es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal considerado en la oferta durante el procedimiento de selección, lo cierto es que el contratista puede solicitar sustituir al personal clave de su plantel técnico, siempre que quien lo sustituya tenga un perfil igual o mayor a lo establecido en las bases y, en caso de haberse otorgado puntaje por el profesional reemplazado, el reemplazante debe cumplir las mismas condiciones que le ameritaron el puntaje al proveedor.

• Teniendo en cuenta ello, el hecho de que el profesional propuesto en la oferta

haya sido otro profesional, no es determinante para afirmar que el señor Nasumi Sachi Wing Astocondor, vía sustitución, no haya laborado en dicha obra.

• Del mismo modo, el propio Consorcio Impugnante da cuenta que el Acta de

recepción de la obra, establece una fecha de inicio de ejecución desde el 2 de enero de 2026, esto es mucho antes de los señalado en el certificado, con lo cual abre aún más la posibilidad a que el personal el señor Nasumi Sachi Wing Astocondor haya laborado vía sustitución de personal clave.

• Teniendo en cuenta ello, mediante decreto del 20 de octubre de 2026, a fin de

contar con mayores elementos de juicio para resolver, se requirió información a la Empresa Constructora & Inmobiliaria Espinar S.A.C, al Señor Señor Fernando Ochoa Huayhua y a la Municipalidad Distrital de la Molina para que confirmen la veracidad y/o autenticidad del certificado cuestionado; sin embargo, a la fecha de la emisión de la presente resolución, dichas partes no emitieron pronunciamiento.

• Por lo tanto, no se cuenta con elementos objetivos que permitan desvirtuar lo

declarado en los certificados cuestionados.

• En este punto, corresponde traer a colación el principio de presunción de

veracidad, previsto en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, según el cual, en la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados, en la forma prescrita por la ley, responden a la verdad de los hechos que afirman, salvo prueba en contrario. Asimismo, el numeral 42.1 del artículo 42 del citado TUO establece que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos se presumen verificados por quien hace uso de ellos, respecto de su propia situación, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. Tratándose de documentos emitidos por autoridades gubernamentales o por terceros, el administrado puede acreditar su debida diligencia mediante las verificaciones correspondientes y razonables realizadas antes de su presentación.

• En atención a dicho marco normativo, para determinar la responsabilidad de un

administrado por la presentación de información inexacta y, específicamente, para cuestionar la veracidad de un certificado de trabajo, no basta con formular una hipótesis o inferencia sobre la posible inexactitud de su contenido. Es necesario contar con elementos probatorios suficientes que permitan establecer, de manera objetiva e indubitable, que la información consignada en el documento no corresponde a la realidad y, con ello, desvirtuar la presunción de veracidad que lo ampara, situación que no se acredita en el presente caso.

• En consecuencia, no corresponde acoger los cuestionamientos de inexactitud de

las experiencias N° 2, 4, 7 y 11. Por lo expuesto, el Consorcio Adjudicatario mantiene una experiencia acumulada para el personal clave especialista de seguridad y salud en el trabajo de 641 días (equivalente a 1 año y 9 meses aproximadamente, incluido el descuento de las experiencias N° 1 y 7). De ese modo, dicho personal clave cumple con la experiencia mínima requerida como requisito de calificación (12 meses).

• Por lo tanto, en este extremo del análisis del punto controvertido, se determina

que el Consorcio Adjudicatario cumple con acreditar la experiencia del personal clave, debiendo mantenerse la calificación de su oferta.

• Se declara fundado en parte este extremo de los cuestionamientos.

TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde que se revoque el puntaje otorgado al Consorcio Adjudicatario en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”.

• Cabe mencionar que el Consorcio Impugnante señaló que “los evaluadores

otorgaron al Adjudicatario una ventaja competitiva indebida en el cumplimiento de los factores de evaluación facultativos”, en cuanto a la experiencia de su personal clave; por lo que, considerando lo concluido en el punto controvertido anterior, cabe atender la presente controversia.

• De acuerdo al literal A – Experiencia específica adicional del personal clave, del

de evaluación facultativo, por un total de 30 puntos lo siguiente:

• Conforme se puede aprecia, se requiere acreditar al menos un año adicional a la

experiencia específica requerida en los requisitos de calificación. Así, para el residente de obra, sería como mínimo 3 años (2 años requeridos como requisito de calificación + 1 adicional). Asimismo, para el especialista en seguridad y salud en el trabajo sería 2 años (1 año requerido como requisito de calificación + 1 adicional). Asimismo, en caso los postores acrediten la experiencia adicional en 50% o más del personal previsto en el factor, corresponde asignar 30 puntos.

• Teniendo en cuenta ello, es preciso tener en cuenta lo desarrollado en el punto

controvertido anterior, en el cual, básicamente se concluyó dos aspectos importantes: 1) el residente de obra mantiene la experiencia declarada y valorada por el comité, ascendente a 3 años, 3 meses y tres días y 2) el Consorcio Adjudicatario mantiene una experiencia acumulada para el personal clave especialista de seguridad y salud en el trabajo de 641 días (equivalente a un año y 9 meses aproximadamente, incluido el descuento de las experiencias N° 1 y 7).

• Por lo tanto, dado que el residente de obra propuesto cumple con el factor de

evaluación bajo análisis, corresponde ratificar los 30 puntos asignados por el comité al Consorcio Adjudicatario.

• En consecuencia, corresponde confirmar el puntaje otorgado al Consorcio

Adjudicatario en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave” y, consecuentemente, confirmar el puntaje otorgado a dicho postor y el orden de prelación.

• Por lo tanto, se declara infundado este extremo de los cuestionamientos.

CUARTO Y QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la admisión y/o calificación de la oferta del Consorcio Impugnante por haber presentado su oferta con firmas pegadas

• El Consorcio Adjudicatario sostiene que el Consorcio Impugnante presentó su

oferta con firmas pegadas. Asimismo, cuestiona que la Experiencia N°7 del residente de obra contiene una firma superpuesta que da indicio de falsedad.

• Por su parte, el Consorcio Impugnante sostiene que presentó la oferta con las

firmas del representante común del consorcio y que la experiencia N°7 corresponde a la verdad.

• Respecto a ello, se precisa que la sola invocación de una presunción de firmas

pegadas no resulta suficiente, en las circunstancias del presente caso, para desvirtuar la presunción de veracidad que ampara la oferta del Consorcio Impugnante y los certificados presentados. Dicho ello, corresponde advertir que el Consorcio Adjudicatario no ha aportado elementos probatorios concretos que acrediten sus alegaciones. En ese sentido, los cuestionamientos formulados se sustentan, esencialmente, en presunciones.

• Teniendo en cuenta ello, se precisa que, a diferencia de un procedimiento

administrativo sancionador, los recursos de apelación cuentan con plazos cortos y perentorios para resolver; por lo cual, si bien en el marco de un recurso de impugnación la Sala puede advertir falta de veracidad o exactitud de la información declarada por los postores, dicha situación solo es posible cuando existe prueba objetiva, verificable y suficiente que demuestre que la información contenida en los documentos o declaraciones presentados por los postores no corresponde a la realidad; y, por ejemplo en el caso de la oferta, una prueba técnica pericial que determine que la firma es pegada. En tales supuestos, se debe generar convicción respecto de la falta de veracidad o exactitud de la información declarada, habilitando la adopción de las medidas previstas en la Ley y su Reglamento. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que, aun cuando las firmas de la oferta fueran pegadas, ello es un supuesto subsanable.

• Por lo tanto, no se acogen los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario, pues

no ha probado las alegaciones expuestas en contra de la oferta del Consorcio Impugnante, por lo que se debe mantener la condición de admitido y calificado de dicho postor. SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar el puntaje otorgado al Consorcio Impugnante en el factor de evaluación “sostenibilidad ambiental”

• El Adjudicatario sostiene que el Consorcio Impugnante no acredita el factor de

evaluación “sostenibilidad ambiental”, pues la dirección consignada en el certificado no coincide con la dirección del RNP y SUNAT, debiendo restarle 5 puntos a dicho postor.

• A fin de resolver la controversia planteada, corresponde remitirnos, en primer

término, a las bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas que rigen el procedimiento, vinculan tanto a la Entidad como a los participantes y postores y establecen el parámetro con base en el cual corresponde efectuar la evaluación y calificación de las ofertas.

• Sobre el particular, el numeral 4.1.2 “factores de evaluación facultativos” del

de evaluación facultativo, la acreditación de “sostenibilidad ambiental”, conforme a lo siguiente:

• Nótese que, para obtener los cinco puntos, dicho factor debía acreditarse con

copia simple de certificaciones ISO 14001 o equivalentes. Asimismo, se precisó que, el referido certificado contenga las siguientes características: (iv) Ser emitido por organismos internacionales reconocidos o entidades de certificación equivalentes (v) Corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación, y (vi) Estar vigente

• Conforme se aprecia, al igual que lo sustentado en primer punto controvertido,

sobre el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”, se precisa que, en ningún extremo de las bases integradas o de las bases estándar inclusive, se especifica o condiciona que la dirección consignada en el ISO de sostenibilidad ambiental debe coincidir con la dirección declarada en el Anexo N°1, de SUNAT o del RNP.

• De ese modo, de la revisión de la oferta del Consorcio Impugnante, se aprecia que

a fojas 229 al 232 obra los certificados ISO 14001, vigentes, los cuales se muestran a continuación:

• Por lo tanto, se aprecia que el Consorcio Impugnante cumple con presentar el

certificado ISO 14001 conforme a lo requerido en las bases, en atención a las consideraciones expuestas, por lo cual no corresponde acoger los cuestionamientos del del Consorcio Adjudicatario en este extremo, debiendo mantenerse los 5 puntos otorgados a dicho postor. SEPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• Ahora bien, el Consorcio Impugnante solicita que se revoque la buena pro y se

otorgue la misma a su representada.

• Respecto a ello, conforme se ha desarrollado en los puntos controvertidos previos,

corresponde reestablecer el orden de prelación de los postores y determinar la buena pro al postor con mejor puntaje, con las consideraciones previstas previamente: Recapitulando se determinó otorgar 5 puntos en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública” al Consorcio Impugnante, con lo cual su oferta técnica asciende a 100 puntos. Asimismo, corresponde mantener el puntaje de 30 puntos al Consorcio Adjudicatario en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”, con lo cual la evaluación técnica de dicho postor se mantiene en 100 puntos.

• En tal sentido, corresponde efectuar el recalculo del puntaje total asignado al

Consorcio Impugnante y al Consorcio Adjudicatario, a fin de determinar el orden de prelación de los postores:

POSTOR

Puntaje técnico Puntaje económico Ponderación Técnica (x 0.70) Ponderación económica (x0.30)

MYPE

5%

PUNTAJE

TOTAL ORDEN DE

PRELACIÓN

CONSORCIO

RODRIGO

100 100 30 5 105

CONSORCIO

SAN LAZARO

100 100 70 30 5 105 1

COOPERATIVA

PLEYADES S.A.C.

100 100 70 30 0 100 3

CONSTRUCTORA

PUNTO VISUAL

S.A.C. 90 100 63 30 4.65 97.65 4

CONSORCIO

SAN LAZARO

85 100 59.5 30 4.48 93.97 5

CORPORACIÓN

GIMAHU E.I.R.L.

70 100 49 30 3.95 82.95 6

• En consecuencia, considerando que existe empate entre las ofertas del Consorcio

Impugnante y el Consorcio Adjudicatario, corresponde que la Entidad continúe con el procedimiento de desempate previsto en el artículo 81 del Reglamento.

• Por lo expuesto, si bien debe revocarse la buena pro al Consorcio Adjudicatario,

no corresponde otorgar la buena pro al Consorcio Impugnante en esta instancia, pues el comité deberá continuar con sus facultades para determinar el desempate y otorgar la buena pro al postor que corresponda. 100. Por lo tanto, se declara fundado en parte este punto controvertido. 101. Cabe precisar que, todos los aspectos que no han sido objeto de cuestionamiento en el presente procedimiento se presumen válidos, en virtud del principio de presunción de validez previsto en el artículo 9 del TUO de la LPAG.

102. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que las partes han presentado cuestionamientos adicionales, de manera extemporánea, los cuales, si bien la virtud del artículo 310 del Reglamento no constituyen puntos controvertidos, corresponden poner en conocimiento del Titular de la Entidad para que inicie de manera inmediata las acciones de fiscalización posterior de las ofertas de las partes, e informe los resultados de la misma en el plazo de 20 días hábiles. 103. De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, y considerando que el recurso de apelación ha sido declarado fundado en parte, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Consorcio Impugnante para la interposición del presente recurso de apelación. 104. Finalmente, Finalmente, corresponde que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –

SEACE4.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

4 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registra en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor

CONSORCIO RODRIGO integrado por las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 24-2026-C/MDSMP, para la “Ejecución de la obra: creación de los servicios de movilidad urbana en el Pasaje N°1 de la ampliación de la Cooperativa de Vivienda Urbanización Popular Valdiviezo Ltda N°372, Distrito de San Martin de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima CON CUI N°2724889, convocado por la Municipalidad Distrital de San Martin de Porres, correspondiendo declarar fundada la asignación de puntaje en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública” y que se revoque la buena pro al Consorcio Adjudicatario e infundada su solicitud de que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y de que se le otorgue la buena pro . En consecuencia, corresponde: 1.1 Otorgar puntaje al postor CONSORCIO RODRIGO integrado por las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. en el factor de evaluación “integridad en la contratación pública”; y, consecuentemente, asignar 105 puntos, en total. 1.2 Confirmar la asignación de puntaje al postor CONSORCIO SAN LAZARO, integrado por las empresas CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. y AMBULAY GROUP S.A.C en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”, correspondiendo que se le reconozca 30 puntos, y, consecuentemente, mantiene el puntaje de 105 puntos en total. 1.3 Revocar la buena pro al postor CONSORCIO SAN LAZARO, integrado por las empresas CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. y AMBULAY

GROUP S.A.C.

1.4 Disponer que la Entidad continúe con el procedimiento de desempate previsto en el artículo 81 del Reglamento, respecto de las ofertas de los postores CONSORCIO SAN LAZARO, integrado por las empresas CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C. y AMBULAY GROUP S.A.C. y CONSORCIO RODRIGO integrado por las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. y otorgue la buena pro al postor que corresponda.

• Devolver la garantía presentada por el postor CONSORCIO RODRIGO integrado por

las empresas B&V CONSTRUCTORA HNOS S.R.L. y ALFA Y OMEGA INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la fiscalización dispuesta mediante

fundamento 102.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE5.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui. 5 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.