Resolución N.° 9609-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) a efectos de determinar si se configura la infracción denunciada, es preciso analizar, en primer lugar, si hubo efectivamente una subcontratación, y en caso se verifique, advertir si esta fue autorizada o no por la Entidad y/o si superó el monto permitido en el Reglamento”. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 4422/2026.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra a las empresas ECOTRAM E.I.R.L., INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LDH E.I.R.L. y CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A., integrantes del CONSORCIO LEODNS, por su supuesta responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad, en el marco del Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC suscrito el 29 de noviembre de 2022 derivado de la Licitación Pública N° LP-3-2022-DRAC/CS, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 15 de junio de 2022, el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION

REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 003-2022-DRAC/CS para la contratación de ejecución de obra: “Creación del Servicio de Agua para riego en los caseríos el Sauce, el Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito De Huasmin – Provincia de Celendín - Departamento De Cajamarca”, con un valor referencial de S/ 20´688,714.88 (veinte millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos catorce con 88/100 soles), en adelante, el Procedimiento de Selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 82-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, en adelante el Reglamento. El 02 de agosto de 2022, se llevó a cabo el acto de presentación de ofertas, y el 04 del mismo mes y año se otorgó la buena pro a las empresas ECOTRAM E.I.R.L. (con

R.U.C. N° 20554659242), INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

(con R.U.C. N° 20504688365), LDH E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20491772671) y CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A. (con R.U.C. N° 20529467606), integrantes del CONSORCIO LEODNS, en adelante el Consorcio. El 08 de setiembre de 2022, la Entidad y el Consorcio, suscribieron el Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC, por un monto que asciende a S/ 20’688,714.88 (veinte millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos catorce con 88/100 soles) y un plazo de ejecución de doscientos setenta (270) días calendario, en adelante el Contrato.

• A través del Oficio N° 347-2025—GR.CAJ-DRAC/DDAGR1 presentado el 13 de mayo

de 2025 ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora, Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Entidad comunicó que la Contratista habría incurrido en infracción al haber subcontratado prestaciones esenciales del contrato, sin autorización de la Entidad. Al respecto, a fin de sustentar su denuncia remitió, entre otros, el Informe N° 039- 2025-GR.CAJ-DRAC/DDAGR/LINEA.CULT-RCG2, en el cual señaló principalmente, lo siguiente:

• Opinión Legal N° 13-2025-GR.CAJ-DRAC/OAJ de fecha 01.04.2025, mediante

la cual la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad expresa que el Consorcio incurre en infracción y por ende, debe ser sancionado por su responsabilidad al subcontratar prestaciones esenciales del Contrato vinculados a los aspectos que determinaron su elección en el procedimiento de selección.

• El Consorcio, a través del Contrato de obras civiles y metálicas – construcción

de pases aéreos metálicos, suscrito el 15 de junio de 2023, subcontrató a la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C.

• Por Decreto del 30 de marzo de 20263, previamente al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad que cumpla con remitir, entre otros, un Informe Técnico Legal detallando la procedencia de la infracción denunciada y la supuesta responsabilidad de la proveedora denunciada, el perjuicio ocasionado, y, de corresponder, los resultados de la fiscalización 1 Obrante a folios 3 del expediente administrativo. 2 Obrante a folios 4 al 7 del expediente administrativo. 3 Obrante a folios 321 al 322 del expediente administrativo.

posterior de los documentos, el Contrato suscrito entre la Entidad y el proveedor con sus adendas y anexos, documentos que acrediten la subcontratación (contratos, pagos, etc), documentos que acrediten que el subcontratante no contaba con inscripción vigente en el RNP a la fecha de la suscripción del contrato de subcontratación, o documentos que acrediten que el subcontratante se encontraba impedido o inhabilitado para contratar con el Estado.

• Mediante Oficio N° 287-2026—GR.CAJ-DRAC/ADM4, presentado el 14 de abril de

2026 ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió, entre otros, el Informe N° 08-2026-GR.CAJ-DRAC/OAJ5, a través del cual señaló lo siguiente:

• El Consorcio ha incurrido en falta al subcontratar prestaciones esenciales del

contrato vinculados a los aspectos que determinaron la selección del contratista, toda vez que el numeral 35.2 del artículo 35. Subcontratación de la Ley, establece que, "(…) No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista”.

• Como prueba de la subcontratación se tiene el contrato denominado:

Contrato de obras civiles y metálicas – Construcción de pases aéreos metálicos, entre el Consorcio y la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C SAC de fecha de 13 de noviembre de 2024.

• Añade que en las cláusulas del Contrato N° 13-2022-GR.CAJ-DRAC de Obra

"Creación del Contratación de Ejecución Tаyаpаmpа y los Reyes, servicio 5 Localidades de agua para riego en los Caserios El Sauce, El Progreso, Mashacat, del Distrito de Huasmin-Provincia de Celendin-Departamento Cajamarca" de fecha 08 de setiembre de 2022, no se determina autorización para obra precitada y tampoco existe documento de la misma.

• Asimismo, indica que los Términos de referencia para la contratación de la

obra precitada donde en el literal m, del punto 23, Consideraciones para la suscripción del contrato, señala que esta se debe dar previa autorización de la Entidad, siempre que no sea sobre prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista. 4 Obrante a folios 325 del expediente administrativo. 5 Obrante a folios 326 al 332 del expediente administrativo.

• Por tanto, concluye que el Consorcio, encargado de la ejecución de la Obra:

"Creación del Servicio de Agua para riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Maschacat, Tayapampa y los Reyes, 5 localidades del Distrito de Huasmin-Provincia de Celendín- Departamento de Cajamarca”, NO HA SIDO AUTORIZADA por la Entidad, para realizar subcontrataciones, por lo que habría incurrido en infracción y por ende se debe SANCIONAR por su responsabilidad.

• Con Decreto del 29 de abril de 20266, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra los integrantes del Consorcio, por su supuesta responsabilidad al subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado, en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225. En ese sentido, se otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que cumpla con presentar sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos, en caso de incumplir el requerimiento.

• Mediante Escritos 017 presentados el 15 de mayo de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, las empresas LDH E.I.R.L. y CORPORACIÓN VILLANUEVA CABALLERO S.A., integrantes del Consorcio, se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus respectivos descargos, en los siguientes términos:

• Respecto del documento denominado "Contrato de Obras Civiles y

Metálicas – Construcción de Pases Aéreos Metálicos", de fecha 15 de junio de 2023, presuntamente suscrito entre INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C. y el Consorcio LEODNS, señalaron que, conforme a la cláusula octava del Contrato de Consorcio de 8 de agosto de 2022, el Consorcio designó un Representante Común y un Representante Financiero, estableciéndose que las facultades para obligar al Consorcio debían ejercerse mediante firma 6 Obrante a folios 548 al 551 del expediente administrativo. 7 Obrante a folios 561 al 571 y 624 al 633, respectivamente, del expediente administrativo.

mancomunada; por tanto, sostienen que el referido contrato no habría sido válidamente suscrito.

• Solicitaron la aplicación del principio de retroactividad benigna previsto en

el numeral 5 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, así como de las disposiciones sancionadoras contenidas en el Reglamento de la Ley N.° 32069, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF, alegando además que cuentan con la condición de REMYPE para efectos de una eventual sanción.

• Asimismo, alegaron que el supuesto contrato carece de legibilidad y de

certificación notarial, circunstancias que, a su criterio, generan dudas respecto de su autenticidad, validez y eficacia jurídica.

• Indicaron que las partidas consignadas en dicho contrato no coinciden con

las previstas en el expediente técnico publicado en el SEACE, pues mientras el primero hace referencia a quince (15) pases aéreos, el expediente técnico contempla únicamente once (11), lo que, a su juicio, resta verosimilitud al documento.

• Manifestaron que no existió ejecución contractual alguna derivada del

referido documento, pues la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C. nunca emitió comprobantes de pago ni registró operaciones comerciales con el Consorcio, conforme afirman se acredita con el Registro de Compras correspondiente.

• Adicionalmente, LDH E.I.R.L. sostuvo que no intervino en la presunta

subcontratación cuestionada, debido a que, según el Contrato de Consorcio, únicamente asumió la responsabilidad de la ejecución de la obra, mientras que las funciones administrativas correspondían a los demás consorciados, por lo que carecía de facultades para suscribir contratos que generaran obligaciones para el Consorcio.

• Mediante escritos s/n, presentados el 19 y 20 de mayo de 2026, respectivamente,

ante la Mesa de partes Digital del Tribunal, las empresas LDH E.I.R.L. y CORPORACIÓN VILLANUEVA CABALLERO S.A., integrantes del Consorcio, remitieron la Valorización N° 09 del 01 al 31 de octubre del 2023 presentada por el Consorcio y correspondiente a la ejecución de la obra en el marco del procedimiento de selección, en las que se adjunta las partidas que corresponde a los pases aéreos (partida 07), donde se puede apreciar que no han sido ejecutadas por el Consorcio.

• Con Decreto del 24 de julio de 2026, habiéndose verificado que las empresas

INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECOTRAM E.I.R.L., integrantes del Consorcio, no cumplieron con presentar sus descargos, pese encontrarse debidamente notificados para ello, se dispuso hacer efectivo el apercibimiento decretado referido a emitir el correspondiente informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• Por Decreto del 24 de julio de 2026, se tuvo por apersonadas al presente

procedimiento administrativo sancionador a las empresas LDH E.I.R.L. y CORPORACIÓN VILLANUEVA CABALLERO S.A., integrantes del Consorcio y por presentados sus descargos.

• A través del Decreto del 24 de julio de 2026, se dispuso el registro del Informe de

Instrucción N° 146-2026/ACC/ST1 del 24 de julio de 2026, en el Sistema Informático del Tribunal. En dicho informe de instrucción se recomendó sancionar a los integrantes del Consorcio por su responsabilidad en la comisión de la infracción imputada referida a haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad.

• Con Decreto del 11 de agosto de 2026, se dispuso remitir el expediente a la

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

• Mediante Escrito N° 2, presentado el 3 de setiembre de 2026 ante la Mesa de

Partes Digital del Tribunal, la empresa LDH E.I.R.L., integrante del Consorcio, presentó sus alegatos contra el Informe de Instrucción N° 146-2026/ACC/ST1 del 24 de julio de 2026, manifestando lo siguiente:

• Solicita se declare la NULIDAD DEL DECRETO N° 734394 de fecha 29 de abril

de 2026, mediante el cual se dispuso el inicio del presente procedimiento administrativo sancionador contra LDH E.I.R.L. como integrante del CONSORCIO LEODNS, así como de los actos posteriores que dependan directamente de dicho acto, incluyendo el Informe de Instrucción, por haberse configurado vicios trascendentes que afectan el debido procedimiento, el derecho de defensa, el principio de tipicidad, el deber de motivación y la debida determinación de los hechos imputados, debido a que contravienen la Constitución, la ley y los principios que rigen la potestad sancionadora administrativa, además de presentar defectos sustanciales en sus requisitos de validez.

• Al respecto, señala que el procedimiento administrativo sancionador

iniciado en su contra, por la presunta comisión de la infracción prevista en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N. 30225, consistente, según el propio Decreto N° 734394, en "la supuesta responsabilidad al subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado". Sin embargo, alega que la conducta prevista en dicho literal no contiene una única hipótesis infractora, por el contrario, comprende tres supuestos materialmente diferenciados: i) subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad; ii) subcontratar en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento; y iii) subcontratar cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido, inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

• En ese sentido, considera que dicha diferenciación no es meramente

semántica, sino que cada supuesto posee elementos objetivos propios y, por tanto, exige una imputación concreta que permita al sujeto sometido a potestad sancionadora conocer exactamente cuál es la conducta que se le atribuye y cuáles son los hechos que la sustentan. Indicando además que, el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2019/TCE, al interpretar el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, reconoce que dicha

sancionable, razón por la cual, la Secretaría Técnica no puede tratar estas hipótesis como si fueran intercambiables ni utilizar indistintamente sus elementos para construir responsabilidad, vulnerándose los principios de legalidad y tipicidad reconocidos por la Corte Suprema y por el Tribunal Constitucional en la Casación N° 79-2023-Lima y en el Expediente N° 00156- 2012-PHC/TC, respectivamente.

• Agrega que el Informe de Instrucción N° 146-2026/ACC/ST1, al desarrollar la

norma imputada, no se limita a examinar estrictamente el supuesto notificado al Consorcio, sino que reconstruye el contenido del literal d) y desarrolla sus distintas posibilidades, incluyendo aspectos relativos al porcentaje permitido y a las condiciones del eventual subcontratista, lo que produjo una alteración sustancial entre el objeto inicialmente comunicado y la forma en que posteriormente se estructura la imputación. Lo que no resulta jurídicamente admisible que, durante la instrucción, la Secretaría Técnica 1 pretenda mantener abierta la imputación mediante la incorporación de elementos correspondientes a otras hipótesis sancionadoras y que, finalmente, el Tribunal determine responsabilidad a partir de una combinación de supuestos que nunca fueron objeto de una imputación clara, concreta y expresa desde el decreto del inicio del procedimiento sancionador.

• Por otro lado, señala que en la imputación de cargos formulados por la

Secretaría Técnica del Tribunal existe una contradicción objetiva y trascendente respecto de la fecha del supuesto subcontrato que constituye el núcleo de la imputación, toda vez que el documento denominado "Contrato de Obras Civiles y Metálicas - Construcción de Pases Aéreos Metálicos" fue suscrito el 15 de junio de 2023 entre el CONSORCIO LEODNS y la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C, el propio Informe de Instrucción reconoce expresamente que dicho contrato corresponde al (15.06.2023). Sin embargo, la Opinión Legal N° 13-2025-GR.CAJ-DRAC/OAJ, documento que fue utilizado como sustento de la imputación, identifica como fecha del supuesto contrato el 13 de noviembre de 2024.

• Al respecto, considera que esta contradicción no puede ser considerada un

simple error material irrelevante, pues la fecha del supuesto subcontrato constituye un elemento esencial para determinar cuándo habría ocurrido la conducta infractora, qué normativa resultaba aplicable, cuál era la situación jurídica de las partes, si existió ejecución de prestaciones y, fundamentalmente, si el hecho atribuido corresponde realmente a una conducta subsumible en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; razón por la cual, correspondería que se declare la nulidad del procedimiento sancionador y que la Secretaría Técnica 1, como Órgano Instructor aclare la contradicción de los documentos usados como sustento para disponer el inicio del procedimiento sancionador.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar la

presunta responsabilidad de los integrantes del Consorcio, por haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad; infracción tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el análisis de la comisión de la infracción se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se evaluará en atención al principio de retroactividad benigna Cuestión previa: Sobre la supuesta falta de motivación en el decreto de inicio

• De forma previa al análisis de fondo, este Colegiado considera pertinente analizar

y pronunciarse sobre el argumento de la empresa LDH E.I.R.L., integrante del Consorcio, referido a que el inicio de un procedimiento sancionador en su contra adolece del deber de motivación y la debida determinación de los hechos imputados, pues la Secretaría Técnica habría emitido el decreto de inicio de forma ambigua sin evidenciar una imputación concreta, al señalar todos los supuestos infractores que contiene el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por lo que considera que el no precisar cuál es la conducta típica exacta, se generan vicios trascendentes que afectan el debido procedimiento, el derecho de defensa y el principio de tipicidad; por lo que la Secretaría Técnica debe demostrar objetivamente en cuál de los dos supuestos se subsume la conducta. Alegando además que, el Informe de Instrucción N° 146-2026/ACC/ST1, al desarrollar la norma imputada, no se limita a examinar estrictamente el supuesto notificado al Consorcio, sino que reconstruye el contenido del literal d) y desarrolla sus distintas posibilidades, incluyendo aspectos relativos al porcentaje permitido y a las condiciones del eventual subcontratista, lo que produjo una alteración sustancial entre el objeto inicialmente comunicado y la forma en que posteriormente se estructura la imputación. Lo que no resultaría jurídicamente admisible que, durante la instrucción, la Secretaría Técnica 1 pretenda mantener abierta la imputación mediante la incorporación de elementos correspondientes a otras hipótesis sancionadoras y que, finalmente, el Tribunal determine responsabilidad a partir de una combinación de supuestos que nunca fueron objeto de una imputación clara, concreta y expresa desde el decreto del inicio del procedimiento sancionador. Asimismo, señala que en la imputación de cargos formulados por la Secretaría Técnica del Tribunal existe una contradicción objetiva y trascendente respecto de la fecha del supuesto subcontrato que constituye el núcleo de la imputación, toda vez que el documento denominado "Contrato de Obras Civiles y Metálicas - Construcción de Pases Aéreos Metálicos" fue suscrito el 15 de junio de 2023 entre el CONSORCIO LEODNS y la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C, el propio Informe de Instrucción reconoce expresamente que dicho contrato corresponde al (15.06.2023). Sin embargo, la Opinión Legal N° 13-2025-GR.CAJ- DRAC/OAJ, documento que fue utilizado como sustento de la imputación, identifica como fecha del supuesto contrato el 13 de noviembre de 2024.

• Al respecto, es importante señalar que, si bien en el decreto de inicio se señala

que los integrantes del Consorcio habrían incurrido en infracción por su supuesta responsabilidad “al subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado”, ello se debe a que el tipo infractor del literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley se encuentra así establecido, sin perjuicio de ello, de la revisión del decreto del 29 de abril de 2026, que dispuso el inicio del procedimiento administrativo sancionador, se evidencia con suficiente claridad la imputación de cargos contra los integrantes del Consorcio, referido únicamente a su presunta responsabilidad al subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad, la cual se encuentra tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, así como también, la transcripción de los hechos y elementos que sustentan dicha imputación.

Ahora bien, es pertinente precisar que si bien en la Opinión Legal N° 13-2025- GR.CAJ-DRAC/OAJ, sustento de la imputación, la Entidad señaló una fecha distinta a la del subcontrato materia de análisis en el presente procedimiento, lo cierto y concreto es que la Entidad remitió al Tribunal dicho documento en el que se aprecia la fecha correcta de su suscripción, además que el mismo, es otro elemento del sustento de la referida imputación, como se advierte a continuación:

En ese sentido, más allá del análisis de los hechos y la recomendación de la Secretaría Técnica, plasmada en su Informe de Instrucción N° 146-2026/ACC/ST1, es exclusiva competencia del Tribunal determinar si tal imputación debidamente acreditada amerita la aplicación de sanción. Aunado a ello, cabe recordar que, la normativa de contratación pública ha previsto que el inicio del procedimiento administrativo sancionador se disponga en razón a la existencia de indicios de la comisión de la infracción denunciada, tal como ha ocurrido en el presente caso, pues se ha imputado a los integrantes del Consorcio la infracción referida a subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad, respecto del cual desarrolló plenamente su derecho de defensa ante esta instancia; y es en esta etapa resolutiva – en la que se enmarca el presente pronunciamiento – que este Tribunal debe abordar el análisis correspondiente de los elementos obrantes en el expediente, a efectos de determinar la configuración o no del tipo infractor imputado.

• Por lo expuesto, corresponde señalar que el decreto de inicio del procedimiento

administrativo sancionador no solo contiene una correcta imputación de cargos contra los integrantes del Consorcio, sino, se aprecia el contenido y alcance de los elementos que sustentarían la infracción en la que se habría incurrido, conforme a los hechos que fueron materia de denuncia; por tanto, no se advierte falta de motivación ni la vulneración al principio de tipicidad, ni transgresión a su derecho de defensa. En consecuencia, no se evidencia algún vicio en el trámite del presente procedimiento sancionador, por lo que corresponde avocarse al fondo del análisis de la infracción imputada contra los integrantes del Consorcio. Naturaleza de la infracción

• El literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley establecía que, es una

infracción administrativa pasible de sanción: i) subcontratar prestaciones sin autorización de la Entidad, o ii) en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento, o iii) cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado.

• En relación con ello, en el artículo 35 de la Ley, se establece lo siguiente:
• El Contratista puede subcontratar, previa autorización de la Entidad, la

ejecución de determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibición expresa contenida en los documentos del procedimiento de selección.

• No se pueden subcontratar las prestaciones esenciales del contrato

vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

• Para ser subcontratista se requiere contar con inscripción en el Registro

Nacional de Proveedores (RNP), no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado.

• El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecución total de su

contrato frente a la Entidad.

• En ese sentido, la existencia de un subcontrato no genera para el subcontratista

ninguna relación con la Entidad en cuyo contrato se presta el servicio, pues es el contratista quien mantiene el íntegro de la responsabilidad respecto de la correcta ejecución de la obligación. Tal responsabilidad del contratista frente a la Entidad, se evidencia precisamente en el hecho que para subcontratar prestaciones no solo debe estar permitido en los documentos del procedimiento de selección, sino además debe estar autorizado por la Entidad.

• Asimismo, el Acuerdo de Sala Plena N° 3-2019/TCE1 dispone lo siguiente respecto

la configuración de la infracción consistente en subcontratar prestaciones: i) se requiere la acreditación de un acuerdo de voluntades que tenga por objeto la cesión o traslado de la ejecución de prestaciones, del contratista a un tercero, ajeno a la relación contractual que celebró con la Entidad, sin autorización de la Entidad o en porcentaje mayor al permitido por el Reglamento o cuando el subcontratista no cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), esté impedido o inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado; ii) no es necesario acreditar que el acuerdo de subcontratación se haya celebrado por escrito; y iii) la acreditación de la ejecución de prestaciones que estaban a cargo del contratista, por parte de un tercero a favor de la Entidad, constituye, entre otros, un medio probatorio que demuestra la existencia de un acuerdo de subcontratación. Configuración de la infracción

• Conforme a lo expuesto, se imputa a los integrantes del Consorcio haber incurrido

en la infracción que estuvo establecida en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, al supuestamente haber subcontratado prestaciones, sin contar con autorización de la Entidad. En ese sentido, a efectos de determinar si se configura la infracción denunciada, es preciso analizar, en primer lugar, si hubo efectivamente una subcontratación, y en caso se verifique, advertir si esta fue autorizada o no por la Entidad y/o si superó el monto permitido en el Reglamento.

• Al respecto, mediante el Oficio N° 287-2026—GR.CAJ-DRAC/ADM, la Entidad

señaló que el Consorcio habría incurrido en infracción al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad. Para acreditarlo, adjuntó el Informe N° 08-2026-GR.CAJ-DRAC/OAJ, en el cual señaló que como prueba de la subcontratación se tiene el contrato denominado: Contrato de obras civiles y metálicas – Construcción de pases aéreos metálicos, entre el Consorcio y la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C SAC., indicando además que en las cláusulas del Contrato N° 13-2022-GR.CAJ-DRAC de Obra "Creación del Contratación de Ejecución Tаyаpаmpа y los Reyes, servicio 5 Localidades de agua para riego en los Caserios El Sauce, El Progreso, Mashacat, del Distrito de Huasmin- Provincia de Celendin-Departamento Cajamarca" de fecha 08 de setiembre de 2022, no se determina autorización para obra precitada y tampoco existe documento de la misma, así como los Términos de referencia para la contratación de la obra precitada, señala que esta se debe dar previa autorización de la Entidad, siempre que no sea sobre prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la selección del contratista.

• En ese contexto, este Tribunal considera pertinente precisar que es obligación de

los contratistas entregar los bienes, prestar los servicios o ejecutar las obras en los términos definidos en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico [bases integradas], la oferta ganadora y los documentos contractuales. Para ello, deben premunirse de todos los medios materiales necesarios que garanticen el cumplimiento del contrato. En virtud de ello, los contratistas del Estado, a efectos de cumplir con su prestación, requieren abastecerse de bienes y/o servicios, para lo cual, de forma legítima, pueden celebrar contratos con otros agentes del mercado para la provisión de aquellos, porque estos los producen, distribuyen o comercializan. En ese sentido, no necesariamente cualquier contrato para obtener un bien o servicio que celebre un contratista para el cumplimiento de sus obligaciones con una entidad del Estado, requiere su autorización; dicha obligación tan solo existe respecto de los llamados “subcontratos”, en los cuales el contratista acuerda con un tercero [subcontratista] la ejecución de prestaciones que, ante la Entidad y según los términos contractuales, son de su cargo. Por ello, la intervención del Estado, revisando y aprobando un subcontrato –que, en principio, es un contrato de naturaleza privada–, se justifica por la participación del tercero en la ejecución de obligaciones involucradas en el contrato principal, más aún si éste no fue objeto de selección y/o evaluación en el procedimiento de selección. Debe precisarse que el subcontrato constituye un contrato derivado y dependiente de otro anterior de similar naturaleza, que se origina por la decisión de uno de los contratantes de acordar con un tercero la realización de una obligación asumida, en lugar de ejecutarla personalmente. En tal sentido, la subcontratación implica que un “tercero” ejecute parte de las prestaciones a las que se obligó el contratista frente a la Entidad.

• En relación con lo anterior, a efectos de determinar si el Consorcio incurrió en la

infracción imputada, debe verificarse la documentación relacionada al Consorcio y a la empresa INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C SAC, a fin de establecer si de esta resulta posible determinar la existencia de un subcontrato autorizable por la Entidad, en los términos indicados en la Ley y el Reglamento. Sobre el particular, de la revisión del expediente administrativo, se verifica que obra el “Contrato de obras civiles y metálicas – Construcción de pases aéreos metálicos” del 15 de junio de 20238, suscrito por el Consorcio y la empresa L INDUSTRIAS METÁLICAS MUÑOZ YSJ S.A.C SAC, el cual se reproduce a continuación: 8 Obrante a folios 151 al 159 del expediente administrativo (…) (…) Nótese la cláusula segunda del referido contrato, que detalla las partidas a ejecutar “15 unidades de pases aéreos metálicos” por parte de la empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ S.A.C; así también se advierte que se consignó el monto del valor referencial del subcontrato S/ 462,740.79 soles.

• Sobre el particular, de la revisión de la documentación obrante en autos, se

verificó que el 8 de setiembre de 2022, la Entidad y el Consorcio suscribieron el Contrato N° 013-2022- GR.CAJ-DRAC, a través del cual este último se comprometió a ejecutar la obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS

CASERIOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA, Y LOS REYES, 5

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN – PROVINCIA DE CELENDIN –

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. Cabe precisar que, en la cláusula sexta del mencionado Contrato, se estableció lo siguiente: Teniendo en consideración ello, de la revisión efectuada a los términos de referencia para las contrataciones de la ejecución de obra, se aprecia que se han consignado canales de conducción “c) Pases aéreos (11und)” conforme se observa a continuación:

• Conforme a lo observado anteriormente, se advierte que el Sub Contrato de Obras

Civiles y Metálicas – Construcción de Pases Aéreos Metálicos de fecha 15 de junio de 2023 tenía como objeto la subcontratación entre otros de la ejecución de la partida de “pases aéreos”, correspondiente al Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC del 08 de setiembre de 2022, derivado del procedimiento de selección.

• Estando a lo expuesto, se encuentra acreditado que el Consorcio subcontrató

prestaciones que formaban parte del Contrato. Asimismo, conforme a la información obrante en el expediente se verifica que para tal prestación no se contó con la autorización de la Entidad, tal como lo señala a través del Informe N° 08-2026-GR.CAJ-DRAC/OAJ9, mediante el cual, la Entidad indicó lo siguiente “(…) Que, por los fundamentos expuestos y teniendo a la vista los documentos señalados en la parte de los considerandos del presente, el Consorcio LEODNS encargado de la ejecución de la Obra: "Creación del Servicio de Agua para riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Maschacat, Tayapampa y los Reyes, 5 localidades del Distrito de Huasmin-Provincia de Celendín- Departamento de Cajamarca”, NO HA SIDO AUTORIZADA por la Entidad, para realizar subcontrataciones, por lo que habría incurrido en infracción y por ende se debe SANCIONAR por su responsabilidad consistente en subcontratar prestaciones esenciales del contrato vinculados a los aspectos que determinaron la selección del contratista, ello en virtud de contrato denominado: Contrato de obras civiles y metálicas-Construcción de pases aéreos metálicos, entre la contratista y la Empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ SAC de fecha 13 de noviembre de 2024, Contrato N° 13-2022-GR.CAJ-DRAC “Contratación de Ejecución de Obra "Creación del servicio de agua para riego en los Caseríos El Sauce, El Progreso, Mashacat, Tayapampa y los Reyes, 5 Localidades del Distrito de Huasmin-Provincia de CelendínDepartamento de Cajamarca" de fecha 08 de setiembre del 2022.” (Subrayado agregado)

• En este punto de análisis, cabe traer a colación los descargos efectuados por las

empresas LDH E.I.R.L. y CORPORACIÓN VILLANUEVA CABALLERO S.A., integrantes del Consorcio, quienes sostuvieron que: i) el denominado "Contrato de Obras Civiles y Metálicas – Construcción de Pases Aéreos Metálicos" carecería de eficacia al no haber sido suscrito con la firma conjunta del representante común y del representante financiero; ii) corresponde aplicar el principio de retroactividad 9 Obrante a folios 326 al 332 del expediente administrativo.

benigna previsto en el numeral 5 del artículo 248 del TUO de la Ley N.° 27444 y las disposiciones del Reglamento de la Ley N.° 32069, considerando además su condición de REMYPE; iii) el referido contrato no resulta legible y carece de certificación notarial; iv) existe una discrepancia entre el número de pases aéreos consignados en dicho documento y el expediente técnico; y, v) no existió ejecución contractual con la empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ S.A.C., al no haberse emitido comprobantes de pago ni registrado operaciones contables. Además, adjuntaron la Valorización N° 01 y 09 correspondiente a los periodos del 4 al 31 de enero de 2023 y del 1 al 31 de octubre del 2023, respectivamente, señalando que en los mismos se aprecia que el Consorcio no ejecutó los pases aéreos.

• Respecto del primer argumento, es importante señalar que, el objeto del presente

procedimiento no consiste en determinar la validez civil del denominado "Contrato de Obras Civiles y Metálicas – Construcción de Pases Aéreos Metálicos", sino verificar si existió un acuerdo de voluntades mediante el cual un tercero se obliga a ejecutar prestaciones comprendidas dentro del Contrato celebrado con la Entidad, sin contar con la autorización correspondiente. En ese sentido, aun cuando los administrados cuestionen la forma en que fue suscrito dicho documento, ello no desvirtúa el contenido del mismo, toda vez que acredita la existencia de una relación contractual entre el Consorcio y la empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ S.A.C. Respecto al cuestionamiento referido a que el contrato obrante en autos no resulta legible y carece de certificación notarial, corresponde señalar que la normativa de contrataciones del Estado no exige que un acuerdo de subcontratación conste en un documento con certificación notarial ni sujeto a formalidad específica. Cabe resaltar que, conforme al Acuerdo de Sala Plena N.° 3-2019/TCE, la configuración de la infracción no exige que el acuerdo de subcontratación conste en un documento formalmente válido ni que haya sido celebrado por escrito, bastando acreditar la existencia del acuerdo de voluntades, o en su defecto, la ejecución de prestaciones por parte de un tercero acreditaría la existencia de tal acuerdo. Es así que, de la revisión del documento de subcontratación del 15 de junio de 2023, se advierte que su objeto se encuentra claramente definido, conforme a lo señalado en sus cláusulas primera y segunda, donde se indica que el Consorcio viene ejecutando la obra “CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS

CASERIOS EL SAUCE, EL PROGRESO, MASHACAT, TAYAPAMPA, Y LOS REYES, 5

LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUASMIN – PROVINCIA DE CELENDIN –

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” y que el objeto del subcontrato es la ejecución de la partida de 15 unidades de pases aéreos metálicos de dicha obra. En relación a la discrepancia entre el número de pases aéreos consignados en el contrato y los previstos en el expediente técnico, corresponde indicar que dicha circunstancia no desvirtúa el hecho materia de imputación. En efecto, de la revisión del expediente técnico y del contrato celebrado con la Entidad se verifica que la ejecución de pases aéreos constituye una prestación comprendida dentro del objeto contractual, siendo precisamente dicha prestación la que fue encargada a la empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ S.A.C. En consecuencia, la diferencia advertida respecto del número de unidades no elimina la existencia del acuerdo mediante el cual un tercero se obliga a ejecutar prestaciones comprendidas en el contrato principal. Asimismo, respecto a la información consignada en la Valorización N° 01 y 09 adjuntas, correspondiente a los periodos del 4 al 31 de enero de 2023 y del 1 de al 31 de octubre del 2023, respectivamente, en los que se aprecia que el Consorcio no ejecutó los pases aéreos, cabe señalar que ello no desvirtúa el acuerdo de voluntades entre el Consorcio y la empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ S.A.C. para subcontratar. Además, que tampoco desvirtúa la posibilidad de que se hayan ejecutado tal partida en otros periodos posteriores. Finalmente, respecto al argumento referido a que no existió ejecución contractual por parte de la empresa Industrias Metálicas Muñoz YSJ S.A.C., debido a la ausencia de comprobantes de pago o de registros contables, corresponde señalar que ello no constituye un elemento determinante para acreditar o descartar la existencia de una subcontratación. Conforme al Acuerdo de Sala Plena N.° 3- 2019/TCE, la existencia del acuerdo de subcontratación puede acreditarse mediante cualquier medio probatorio idóneo, siendo uno de ellos, la ejecución de prestaciones por parte de un tercero. Al respecto, es importante tener en consideración que, para la configuración de la infracción materia de análisis, es necesario verificar que: i) exista un acuerdo de voluntades mediante el cual un tercero ejecute prestaciones a cargo del Consorcio adjudicatario y, ii) que dicha situación no haya sido aprobada por la Entidad. Así, conforme a los fundamentos precedentes, se tiene que, en el presente caso se cumplieron los presupuestos para que se configure la infracción materia de análisis. En ese sentido, no corresponde amparar los argumentos presentados por las empresas LDH E.I.R.L. y CORPORACIÓN VILLANUEVA CABALLERO S.A., integrantes del Consorcio.

• En consecuencia, este Colegiado considera que los integrantes del Consorcio han

incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal d) del numeral 50.1 del

artículo 50 de la Ley.

Sin perjuicio de ello, respecto a la solicitud de individualización de responsabilidades y la aplicación de la retroactividad benigna, serán materia de análisis en los acápites correspondientes. Sobre la posibilidad de aplicación del principio de retroactividad benigna.

• Cabe traer a colación el principio de irretroactividad, contemplado en el numeral

5 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, en virtud del cual son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

• En atención a lo indicado, debe precisarse que, en los procedimientos

sancionadores, como regla general, la norma aplicable es aquella que estaba vigente al momento de la comisión de la infracción. Sin embargo, como excepción, se admite que, si con posterioridad a la comisión de la infracción entra en vigencia una nueva norma que resulta más beneficiosa para el administrado, debido a que, por ejemplo, mediante la misma se ha eliminado el tipo infractor o se contempla una sanción de naturaleza menos severa, aquella resultará aplicable.

• En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que, a la fecha, se encuentra

vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley vigente, y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025- EF, en adelante el Reglamento vigente.

• Al respecto, en cuanto a la tipificación de la infracción consistente en subcontratar

prestaciones sin autorización de la Entidad, se observa que la nueva Ley ha mantenido los mismos elementos materia de análisis, como se aprecia a continuación: “Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)

• Subcontratar prestaciones sin autorización de la entidad contratante o en

porcentaje mayor al permitido por el reglamento, o cuando el subcontratista no cuenta con inscripción vigente en el RNP o esté impedido para contratar con el Estado. (…)” (El resaltado es agregado)

• En consecuencia, no se aprecia que, en el presente extremo, la aplicación de la

nueva norma reporte un beneficio a los integrantes del Consorcio, en virtud del principio de retroactividad benigna.

• Por otro lado, el literal a) del numeral 50.4 del artículo 50 de la Ley disponía que,

ante la comisión de la infracción materia del presente análisis, la sanción que corresponde aplicar es una multa, entendida como la obligación pecuniaria generada para el infractor de pagar un monto económico no menor del cinco por ciento (5%) ni mayor al quince por ciento (15%) de la oferta económica o del contrato, según corresponda, en favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE); y que dicha multa no puede ser inferior a una (1) UIT por la comisión de la infracción. Asimismo, dicha norma precisaba que, la resolución que imponga la multa debía establecer como medida cautelar la suspensión del derecho de participar en cualquier procedimiento de selección, procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado, en tanto no sea pagada por el infractor, por un plazo no menor a tres (3) meses ni mayor a dieciocho (18) meses, precisando que el periodo de suspensión dispuesto por la medida cautelar a que se hace referencia, no se considera para el cómputo de la inhabilitación definitiva.

• Sin embargo, cabe indicar que, el artículo 89 de la Ley vigente establece que, ante

la comisión de la infracción materia del presente análisis -prevista en el literal c) del numeral 87.1 del artículo 87 de dicha norma- corresponde la aplicación de la sanción de multa, siempre que se trate de la primera o segunda comisión de la infracción en los últimos cuatro años, precisando que, dicha multa no puede ser menor del tres por ciento (3%) ni mayor al diez por ciento (10%) del monto de la oferta económica o del contrato; y que la misma no puede ser inferior a una (1) UIT; asimismo, dispone que, en el caso de las micro y pequeñas empresas, la multa no puede ser mayor al ocho por ciento (8 %) de la oferta económica o del contrato. Además de ello, debe tenerse en cuenta que, conforme al numeral 364.6 del

artículo 364 del Reglamento vigente, considerando los criterios de gradualidad

previstos en el artículo 366 de dicha norma, la multa se aplica de acuerdo a lo siguiente:

• En atención a lo expuesto, se aprecia que la normativa vigente resulta más

favorable, en tanto que reduce el monto de la multa a un mínimo del tres por ciento (3%) hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto de la oferta económica o del contrato, precisando que, en el caso de las micro y pequeñas empresas, dicha multa no puede ser mayor al ocho por ciento (8%) de la oferta económica o del contrato; además de preverse el beneficio del pronto pago de las multas.

• Asimismo, debe considerarse los criterios de gradualidad para la aplicación de la

multa, siendo que para los casos en general, es del tres por ciento (3%) al seis por ciento (6%) del monto de la oferta económica o del contrato, y para los casos de las MYPES, es del uno por ciento (1%) al cuatro por ciento (4%) del monto de la oferta económica o del contrato. Por lo que, en el presente caso, es pertinente la aplicación de la Ley vigente, en virtud del principio de retroactividad benigna. Sobre la individualización de responsabilidad Sobre la posibilidad de individualizar la responsabilidad por la comisión de la infracción

• Mediante Escrito N° 1, las empresas LDH E.I.R.L. requiere que se individualice la

responsabilidad en aplicación de la retroactividad benigna, argumentando que no intervino en la subcontratación debido a que según el contrato de consorcio solo tenía responsabilidad en la ejecución de la obra y no en temas de índole administrativo que habrían permitido subcontratar.

• Al respecto, debe precisarse que el numeral 92.5 del artículo 92 de la nueva Ley

señala que, en el caso de consorcios, la sanción recaerá sobre el integrante que haya incurrido en alguna o algunas de las infracciones tipificadas en el numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley. Tratándose de declaraciones juradas y toda información presentada en el procedimiento de selección, solo involucra a la propia situación de cada integrante.

• En concordancia con lo anterior, el artículo 358 del nuevo Reglamento establece

los criterios que deben ser considerados para efectos de la individualización de responsabilidades de los integrantes de un consorcio. En ese sentido, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La naturaleza de la infracción solo podrá invocarse ante el incumplimiento de

una obligación de carácter personal por cada uno de los integrantes del consorcio, en el caso de las infracciones previstas en los literales e), i) y l) del

artículo 87 de la Ley.

• Aporte del documento será aplicable respecto de declaraciones juradas, así

como toda información o documentos presentados en el procedimiento de selección y/o ejecución contractual, cuyo aporte haya sido efectuado indubitablemente por alguno de los integrantes, por encontrarse bajo su esfera de dominio.

• La promesa formal de consorcio solo será aplicable en tanto dicho documento

sea veraz y su literalidad permita identificar las obligaciones de los integrantes del consorcio, y con ello, al responsable de la comisión.

• El contrato del consorcio será empleado siempre que dicho documento sea

veraz, no modifique las estipulaciones de la promesa formal de consorcio y su literalidad permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción.

• El contrato suscrito con la Entidad será aplicado cuando de su literalidad

permita identificar indubitablemente al responsable de la comisión de la infracción.

• Al respecto, corresponde remitirnos al Anexo N° 5 - Promesa de Consorcio, que

obra en el expediente administrativo, a través del cual, los integrantes del Consorcio, establecieron sus obligaciones, las mismas que no fueron modificadas en el contrato de consorcio, de la siguiente manera:

• De la revisión a la Promesa Formal de Consorcio y del contrato de consorcio, no se

aprecia que se haya individualizado la responsabilidad por subcontratar sin autorización de la Entidad, por lo que, en ausencia de una asignación expresa, y de conformidad con el criterio reiterado por el Tribunal de Contrataciones del Estado, ahora Tribunal de Contrataciones Públicas, no resulta posible individualizar la responsabilidad, razón por la cual debe imputarse esta de manera solidaria a los integrantes del consorcio.

• En este punto, es importante precisar que, de la revisión de la información obrante

en el expediente administrativo, no se advierten otros documentos que puedan ser objeto de análisis por parte del Tribunal para efectos de determinar la posibilidad de individualizar la responsabilidad administrativa en relación con los otros supuestos de individualización.

• En atención a las consideraciones expuestas, no se advierte la posibilidad de

individualizar la responsabilidad administrativa de los integrantes del Consorcio, por lo cual, se le debe aplicar la sanción, de forma solidaria, a todos los consorciados. Graduación de la sanción

• En relación a la graduación de la sanción imponible, como se indicó, el artículo 89

de la Ley vigente prevé que, ante la infracción materia del presente análisis, la sanción que corresponde aplicar es una multa, siempre que se trate de la primera o segunda comisión de la infracción en los últimos (4) cuatro años, la cual no puede ser menor del tres por ciento (3%) ni mayor al diez por ciento (10%) del monto de la oferta económica o del contrato; y que dicha multa no puede ser inferior a una (1) UIT; asimismo que, en el caso de las micro y pequeñas empresas, la multa no puede ser mayor al ocho por ciento (8%) de la oferta económica o del contrato.

• Aunado a ello, cabe recordar que, según el numeral 364.6 del artículo 364 del

Reglamento vigente, considerando los criterios de gradualidad previstos en el artículo 366 de dicha norma, en el presente caso, la aplicación de la sanción de multa para la infracción materia de análisis que corresponde aplicar es del tres por ciento (3%) al seis por ciento (6%) del monto de la oferta económica o del contrato, ya que, de la consulta efectuada al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE10, se advierte que los integrantes del Consorcio se encuentran registrados como MYPE, como se aprecia a continuación: 10 https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html

• Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto ofertado

del contrato, suscrito entre la Entidad y el Consorcio, asciende a S/ 20’688,714.88 (veinte millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos catorce con 88/100 soles). En ese sentido, la multa a imponer no puede ser inferior al uno por ciento (1%) de dicho monto (S/ 206,887.15) ni mayor al cuatro por ciento (4%) del mismo (S/ 827,548.60); no pudiendo en ningún caso ser inferior a una (1) UIT11.

• Por lo tanto, a efectos de fijar la sanción de multa a imponer a los integrantes del

Consorcio, debe considerarse los criterios de graduación contemplados en el

artículo 366 del Reglamento vigente, tal como se señala a continuación:

• Naturaleza de la infracción: La infracción consistente en subcontratar

prestaciones sin la debida autorización de la Entidad, en la que ha incurrido el Consorcio, vulnera el marco normativo que establece límites y condiciones claras para la subcontratación, la cual solo puede realizarse con autorización previa de la Entidad, siempre que no se trate de prestaciones esenciales del contrato. Asimismo, se transgrede la responsabilidad que el Consorcio, mantiene frente a la Entidad, afectando la transparencia y el adecuado control en la ejecución contractual, dado que el subcontrato no genera vínculo alguno entre el subcontratista y la Entidad.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de la revisión del expediente

administrativo, este Colegiado no encuentra elementos que permitan determinar si hubo intencionalidad, por parte de los integrantes del Consorcio, en cometer la infracción atribuidas en el presente procedimiento administrativo sancionador.

• La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad contratante:

la subcontratación de prestaciones sin autorización por parte de la Entidad, contraviene las disposiciones establecidas en el contrato y en la normativa vigente, lo que compromete la correcta ejecución de la obra y limita la supervisión por parte de la Entidad.

• Reconocimiento de la infracción: debe tenerse en cuenta que, conforme a

la documentación obrante en el expediente, no se advierte documento alguno por el cual los integrantes del Consorcio hayan reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción atribuida. 11 Mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano el 17 de diciembre de 2025, se estableció que el valor de la UIT para el año 2025 corresponde a S/ 5 500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: de

conformidad con la información obrante en el Registro Nacional de Proveedores, se advierte que la empresa INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (con RUC N° 20504688365), cuenta con el siguiente antecedente de sanción administrativa impuesta por el Tribunal:

INICIO

INHABIL.

FIN INHABIL. PERIODO RESOLUCIÓN FEC.

RESOLUCIÓN

TIPO

26/02/2015 26/03/2018 37 MESES 444-2015-TC-S2 25/02/2015 TEMPORAL

Asimismo, de la revisión a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que, a la fecha, las empresas CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A (con RUC N° 20529467606), ECOTRAM E.I.R.L. (con RUC N° 20554659242), y LDH E.I.R.L. (con RUC N° 20491772671) no cuentan con antecedentes de sanción administrativa impuesta por el Tribunal.

• Conducta procesal: las empresas LDH E.I.R.L. y CORPORACIÓN VILLANUEVA

CABALLERO S.A., integrantes del Consorcio se apersonaron al presente procedimiento y presentaron sus descargos. Las empresas INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y ECOTRAM E.I.R.L., no se apersonaron al presente procedimiento ni presentaron descargos.

• Multa impaga: de conformidad con la información obrante en el Registro

Nacional de Proveedores, no se advierte que los integrantes del Consorcio cuenten con antecedentes de multas impagas.

• Asimismo, resulta importante traer a colación el principio de razonabilidad

establecido en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar y el numeral 3 del artículo 230 del TUO de la LPAG, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

De otro lado, es preciso considerar que, en el presente caso, no corresponde aplicar los supuestos de eximentes de responsabilidad establecidos en el numeral 1 del artículo 236-A del TUO de la LPAG, toda vez que, aquéllos no se adecuan a la conducta objeto de análisis.

• Cabe mencionar que la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal
• del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya responsabilidad de los

integrantes del Consorcio ha quedado acreditada, tuvo lugar el 15 de junio de 2023, fecha en la cual se subcontrataron prestaciones que formaron parte del Contrato. Procedimiento y efectos del pago de la multa

• Corresponde señalar que, conforme a lo dispuesto en la Directiva

N° 013-2025-OECE-CD12, el proveedor sancionado debe efectuar el pago de la multa mediante depósito en la Cuenta Corriente N° 0000-870803 (CCI: 018-000- 000000870803), comunicando dicho pago al OECE a través del Anexo “Comunicación de Pago de Multa” previsto en la referida Directiva. Esta comunicación se presenta por Mesa de Partes, física o digital, adjuntando el comprobante de abono correspondiente, dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente de haber quedado firme la resolución sancionadora. En caso de advertirse errores u omisiones en la información remitida, el OECE notifica al proveedor para que subsane en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de la notificación. Una vez presentada la comunicación de pago, o subsanada en su caso, el OECE cuenta con un plazo de hasta tres (3) días hábiles para verificar la realización del depósito en la cuenta indicada. En relación a ello, si el proveedor no cumple con efectuar ni comunicar el pago de la multa impuesta por el Tribunal dentro del plazo establecido, el OECE se encuentra facultado para iniciar el procedimiento de cobranza coactiva.

• En ese sentido, el Colegiado pone en conocimiento de la Oficina de Administración

el presente pronunciamiento para que realice las acciones pertinentes en atención 12 Directiva para el pago de la sanción de multa impuesta por el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000063-2025-OECE-PRE, publicado en el diario oficial El Peruano el 4 de octubre de 2025.

a sus funciones y efectúe el cobro de la multa impuesta por el Tribunal.

• Sin perjuicio de ello, cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en

el numeral 364.4 del artículo 364 del Reglamento de la Ley General, el proveedor sancionado con multa puede acceder a un descuento de hasta el 30% por el pronto pago de las multas, siempre que no haya interpuesto recurso impugnativo sobre la resolución de sanción. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• SANCIONAR a la empresa LDH E.I.R.L. (con RUC N° 10104280965), con una multa

ascendente a S/ 206,887.15 (doscientos seis mil ochocientos ochenta y siete con 15/100 soles), por su responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad, en el marco del Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC suscrito el 29 de noviembre de 2022 derivado de la Licitación Pública N° LP-3-2022- DRAC/CS, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA, infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019- EF [ahora tipificada en el literal c) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069], por los fundamentos expuestos.

• SANCIONAR a la empresa INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA (con RUC N° 20504688365), con una multa ascendente a S/ 206,887.15 (doscientos seis mil ochocientos ochenta y siete con 15/100 soles), por su responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad, en el marco del Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC suscrito el 29 de noviembre de 2022 derivado de la Licitación Pública N° LP-3-2022-DRAC/CS, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA, infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF [ahora tipificada en el literal c) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069], por los fundamentos expuestos.

• SANCIONAR a la empresa CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A (con RUC

N° 20529467606), con una multa ascendente a S/ 206,887.15 (doscientos seis mil ochocientos ochenta y siete con 15/100 soles), por su responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad, en el marco del Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC suscrito el 29 de noviembre de 2022 derivado de la Licitación Pública N° LP-3-2022-DRAC/CS, convocada por el GOBIERNO

REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA,

infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF [ahora tipificada en el literal c) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069], por los fundamentos expuestos.

• SANCIONAR a la empresa ECOTRAM E.I.R.L. (con RUC N° 20554659242), con una

multa ascendente a S/ 206,887.15 (doscientos seis mil ochocientos ochenta y siete con 15/100 soles), por su responsabilidad al haber subcontratado prestaciones sin autorización de la Entidad, en el marco del Contrato N° 013-2022-GR.CAJ-DRAC suscrito el 29 de noviembre de 2022 derivado de la Licitación Pública N° LP-3-2022- DRAC/CS, convocada por el GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA - DIRECCION REGIONAL AGRARIA CAJAMARCA, infracción que estuvo tipificada en el literal d) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019- EF [ahora tipificada en el literal c) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069], por los fundamentos expuestos.

• Poner a disposición la presente Resolución a la Oficina de Administración del

Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, a fin que en el marco de sus funciones realice las acciones indicadas en el fundamento 43.

• Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, de acuerdo al numeral 364.4 del artículo

364 del nuevo Reglamento, el proveedor podrá acceder a un descuento de hasta el 30% por el pronto pago de la multa, siempre que no interponga recurso impugnativo sobre la resolución de sanción. Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

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ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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