Resolución N.° 9608-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde confirmar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante, al haberse acreditado la presentación de documento con información inexacta (…). Lima, 4 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 4 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7496/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio DJ, integrado por las empresas Patrón San Miguel Servicios Generales S.R.L. y Wilitor S.A.C., en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 003-2026- MPSC Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Creación del servicio de movilidad urbana en tramo de la Vía de Circunvalación y Acceso a Las Pampas de Purrumpampa en La Junta Vecinal N° 09, distrito de Huamachuco de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, con CUI N° 2675727”; atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 23 de junio de 2026, la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública de Obras N° 003-2026-MPSC Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Creación del servicio de movilidad urbana en tramo de la Vía de Circunvalación y Acceso a Las Pampas de Purrumpampa en La Junta Vecinal N° 09, distrito de Huamachuco de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, con CUI N° 2675727”, con una cuantía de S/ 5 667 044.53 (cinco millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro con 53/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento. El 3 de agosto de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 10 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro al Consorcio Las Pampas, integrado por las empresas Eljy S.A.C. y Virgen Inmaculada Contratistas Generales S.A.C., por el monto de S/ 5 667 044.53 (cinco millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro con 53/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ OP.

Puntaje total

CONSORCIO LAS

PAMPAS Admitido Calificado 5 667 044.53 85.00 1 Sí CONSORCIO DJ Admitido Descalificada CONSORCIO CRES Admitido Descalificada El 20 de agosto de 2026 el Consorcio DJ y el Consorcio Cres interpusieron recursos de apelación contra el otorgamiento de la buena pro y la descalificación de sus ofertas.

• Mediante Resolución N° 8723-2026-TCP-S1 del 16 de setiembre de 2026, la Primera

Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas dispuso revocar la descalificación de la oferta del Consorcio DJ, declarar descalificada la oferta del Consorcio Las Pampas y declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección hasta la etapa de evaluación de los factores de evaluación, y proseguir de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente pronunciamiento.

• El 25 de setiembre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de

la buena pro al Consorcio Cres, integrado por los proveedores Ingeco Sociedad Anónima Cerrada y Cres Peru Contratistas Generales S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 5 667 044.53 (cinco millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro con 53/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total OP. CONSORCIO CRES Admitido Calificado 5 667 044.53 92.77* 1 Sí CONSORCIO DJ Admitido Descalificada

CONSORCIO LAS

PAMPAS Admitido Descalificada

• El puntaje total corresponde al puntaje total establecido en la evaluación técnica de la oferta.
• Mediante escritos N° 1 y 2 presentados el 7 y 12 de octubre de 2026 en la Mesa de

Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio DJ, integrado por las empresas Patrón San Miguel Servicios Generales S.R.L. y Wilitor S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se determine que los certificados cuestionados no inciden necesaria y directamente en la obtención de la calificación, iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, iv) se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y v) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta.

• Señala que, según el acta de otorgamiento de la buena pro, el jurado evaluador

cuestionó el certificado emitido por Constructora e Inversiones Aguilar S.A.C., correspondiente al periodo del 1 de setiembre de 2018 al 30 de agosto de 2019, presentado para acreditar la experiencia del especialista ambiental, así como el certificado emitido por el Consorcio Queros, correspondiente al periodo del 20 de marzo de 2020 al 27 de febrero de 2021, presentado para acreditar la experiencia de la especialista en seguridad en obra y salud. Al respecto, indica que el jurado evaluador consideró que dichos certificados contenían información inexacta, lo que conllevó a la descalificación de su representada.

• Al respecto, sostiene que la Entidad confundió la eventual presentación de

información inexacta con el incumplimiento del requisito de calificación, sin determinar si los documentos cuestionados eran necesarios para acreditar la experiencia mínima exigida. En esa línea, afirma que, aun prescindiendo íntegramente de los certificados cuestionados, ambos profesionales continúan cumpliendo con el mínimo de experiencia establecido en las bases integradas.

• Por lo tanto, señala que la decisión de descalificación parte de una premisa

equivocada, al asumir que la sola existencia de un documento cuestionado determina automáticamente el incumplimiento del requisito de calificación, sin verificar previamente si dicho documento tuvo una incidencia necesaria y directa en la calificación de la oferta.

• Asimismo, resalta que la Ley introdujo deliberadamente un estándar más estricto

respecto de la información inexacta, al exigir que esta no solo esté relacionada con un requerimiento, factor o requisito, sino que, además, incida necesariamente y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto. A su vez, señala que el numeral 356.2 del Reglamento dispone que dicha ventaja o beneficio concreto se configura cuando, mediante la presentación de información inexacta, la oferta obtiene la admisión, el puntaje, la calificación, la buena pro u otro resultado favorable.

• En ese sentido, alega que debe existir una relación causal entre el documento

cuestionado y el beneficio obtenido, lo que, a su criterio, no ocurre en el presente caso, pues, aun si se excluyera del cómputo la totalidad de la experiencia consignada en los certificados cuestionados, ambos profesionales continuarían acreditando una experiencia superior al mínimo exigido.

• Añade que la descalificación por incumplimiento de un requisito de calificación

exige determinar que, luego de valorar la documentación computable presentada en la oferta, el postor efectivamente no alcanza el mínimo requerido. Por ello, sostiene que la sola exclusión de uno o varios certificados no determina automáticamente el incumplimiento del requisito, siempre que los demás documentos permitan acreditar la experiencia suficiente.

• En esa línea, invoca la Resolución N° 4216-2026-TCP-S5, señalando que la nueva

exigencia representa un estándar probatorio más riguroso respecto del régimen anterior y requiere una conexión concreta y directa entre la información cuestionada y el beneficio obtenido. Por tanto, considera que corresponde determinar si dicha información fue necesaria y directamente determinante para que la oferta obtuviera la calificación. Al respecto, afirma que ello no ocurre en el presente caso, puesto que, aun excluyendo íntegramente ambos certificados, los profesionales continúan superando la experiencia mínima exigida con documentación distinta presentada oportunamente. Asimismo, sostiene que esta situación diferencia su caso del analizado en la Resolución N° 4538-2026- TCP-S6, en el que los certificados cuestionados sí incidían directamente en la acreditación del requisito de calificación. Sobre la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Señala que el Consorcio Adjudicatario propone como residente al ingeniero

Amaru Fabián Santos y que, tras revisar los certificados presentados para acreditar su experiencia, advierte lo siguiente: − Sobre el certificado de trabajo N° 1: señala que existen indicios objetivos y concurrentes que justifican verificar la efectiva participación del profesional antes de computar los 173 días de experiencia consignados en dicho documento. Al respecto, indica que, de la revisión integral del contrato de ejecución de la obra señalada en el certificado, no se advierte la identificación del ingeniero Amaru Fabián Santos como especialista de seguridad, pues únicamente se individualiza al residente y al asistente del residente. En consecuencia, sostiene que el certificado presentado por el Consorcio Adjudicatario no cuenta con corroboración directa en el documento contractual principal.

Asimismo, refiere que, de la revisión de la conformidad de liquidación del contrato, tampoco se advierte la identificación del ingeniero Amaru Fabián Santos como especialista en seguridad. A ello se suma que el certificado señala que su participación habría comenzado el 11 de abril de 2017, es decir, siete días después del inicio efectivo de la obra. Sostiene que esta circunstancia debe analizarse conjuntamente con la ausencia de identificación del profesional tanto en el contrato como en la liquidación, así como con la fecha de inicio posterior consignada en el certificado, pues tales elementos generan una duda objetiva que debe esclarecerse antes de reconocer los 173 días como experiencia válida. En ese sentido, solicita al Tribunal que requiera la información correspondiente a fin de verificar si el ingeniero Amaru Fabián Santos participó real y efectivamente en la ejecución de la obra o si lo consignado en el certificado constituye una declaración posterior que no cuenta con corroboración en la documentación contemporánea. − Sobre el certificado de trabajo N° 3: manifiesta que la obra consignada no corresponde a una carretera vecinal, tipología expresamente establecida en las bases, sino a un camino vecinal, que, según sostiene, se encuentra comprendido dentro de las obras rurales. Por ello, considera que no corresponde suplir la falta de acreditación de la tipología exigida mediante una presunción favorable al Consorcio Adjudicatario, por lo que solicita que los 136 días de experiencia correspondientes sean excluidos del cómputo.

• En ese sentido, señala que el Consorcio Adjudicatario declaró aproximadamente

794 días de experiencia para acreditar la experiencia del ingeniero Amaru Fabián Santos. No obstante, descontando los periodos cuestionados, el tiempo computable se reduciría a 485 días, cantidad manifiestamente inferior a los 18 meses exigidos. En consecuencia, sostiene que, aun reconociendo los demás periodos de experiencia presentados por el Consorcio Adjudicatario, el ingeniero Amaru Fabián Santos no alcanzaría la experiencia mínima establecida en las bases integradas.

• Por lo expuesto, manifiesta que la oferta del Consorcio Adjudicatario no cumple

con el requisito de calificación referido a la experiencia mínima del personal propuesto, por lo que correspondería su descalificación. Asimismo, señala que, si de la actuación probatoria se determina que el ingeniero Amaru Fabián Santos no prestó efectivamente servicios en la obra del Consorcio Apóstol Santiago durante el periodo consignado en el certificado de trabajo N° 1, corresponderá evaluar, además, la existencia de información inexacta en dicho documento.

• Con decreto del 13 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 20 de octubre de 2026.

• A través del Informe Legal N° 031-2026-MPSC/GM/OGAJ e Informe Técnico N° 02-

2026-MPSC/DEC-JE, publicados en el SEACE el 16 de octubre de 2026, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso de apelación, en los siguientes términos:

• Señala que, de la revisión de los antecedentes y del Informe Técnico de la DEC y

el Jurado Evaluador, se advierte que, en cumplimiento de la Resolución N° 08723- 2026-TCP-S1, se reevaluaron las ofertas admitidas y se determinó que la descalificación del Consorcio Impugnante se sustenta en presuntas inconsistencias en la acreditación de la experiencia del especialista ambiental y del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo.

• Resalta que de comprobarse objetivamente que la documentación contiene

información inexacta determinante para acreditar los requisitos de calificación, correspondería considerar que el consorcio no cumple con las bases integradas y que se habrían vulnerado los principios de presunción de veracidad e integridad.

• Por otro lado, respecto de los cuestionamientos a la calificación del Consorcio

Adjudicatario, el informe señala que esta se efectuó sobre la base de la documentación presentada y conforme a las bases integradas, sin que se hayan identificado elementos objetivos suficientes que justifiquen la descalificación del Consorcio Adjudicatario y que los argumentos del recurrente no desvirtúan las conclusiones de la DEC y el Jurado Evaluador.

• En consecuencia, solicita que se declare infundado el recurso de apelación del

Consorcio Impugnante y se confirme el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, conforme a lo recomendado en el Informe Técnico.

• Asimismo, la Entidad recomienda poner en conocimiento del Tribunal los hechos

relacionados con la presunta presentación de información inexacta en la oferta del Consorcio Impugnante, a fin de que evalúe el inicio del procedimiento administrativo sancionador contra sus integrantes, conforme al literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley.

• Mediante escrito N° 1 presentado el 16 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare infundado, sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación del Consorcio Impugnante.

• Señala que la DEC y el jurado evaluador determinaron que el Consorcio

Impugnante presentó información inexacta en su oferta, vulnerando los principios de presunción de veracidad e integridad previstos en el artículo 5 de la Ley.

• Respecto del especialista ambiental, César Orson Ubillus Rujel, sostiene que el

certificado presentado contiene inconsistencias en las fechas de experiencia, pues el periodo declarado sería anterior a la constitución legal de la empresa emisora y al inicio de funciones de su representante legal. Asimismo, advierte discrepancias entre la experiencia declarada en el Anexo N° 19 y la documentación sustentatoria, lo que restaría credibilidad al documento.

• En cuanto a la especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo, cuestiona

el certificado que acredita experiencia del 20 de marzo de 2020 al 27 de febrero de 2021, debido a que dicho periodo comprende lapsos de suspensión de la obra. Por ello, considera que se habría computado indebidamente como experiencia efectiva un tiempo en el que no se ejecutaron labores, permitiendo al Consorcio DJ aparentar el cumplimiento de los 18 meses mínimos exigidos.

• Frente al argumento del Consorcio Impugnante de que los certificados

cuestionados no fueron determinantes para acreditar la experiencia mínima, sostiene que la información inexacta permitió obtener una calificación favorable y que la descalificación correspondía por vulneración de los principios de integridad y presunción de veracidad. Invoca, además, la Resolución N° 3825- 2026-TCP-S2 respecto al cómputo de la experiencia durante la suspensión de obras. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Respecto del certificado de experiencia del ingeniero Amaru Fabián Santos como

especialista de seguridad, señala que la ausencia de su nombre en el contrato principal y en la documentación de liquidación no demuestra que no haya prestado servicios efectivos. Sostiene que el certificado suscrito por el representante del Consorcio Apóstol Santiago, respaldado por la declaración de su emisor y documentación adicional, conserva su validez mientras no se demuestre objetivamente lo contrario.

• En relación con los 136 días de experiencia correspondientes a una obra del

Gobierno Regional de Piura, rechaza que la denominación “camino vecinal” impida considerarla como “carretera vecinal”. Afirma que los registros oficiales de Invierte.pe y SEACE identifican el proyecto dentro de la tipología de carreteras vecinales. Asimismo, señala que la obra comprendió trabajos de pavimentación asfáltica, por lo que cumpliría con las características técnicas requeridas en las bases integradas. Sobre la pretensión accesoria

• Finalmente, respecto de la solicitud de revocar la buena pro otorgada al

Consorcio Adjudicatario, reincorporar al Consorcio Impugnante en el orden de prelación y efectuar una nueva adjudicación, sostiene que corresponde mantener la buena pro otorgada, conforme a los argumentos expuestos en su defensa.

• Mediante Escrito N° 2 presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario presentó información para mejor resolver, en los siguientes términos:

• Indica que, del análisis efectuado a la oferta del Consorcio Impugnante, se aprecia

que a folio 326 obra el certificado de conformidad del Servicio emitido por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera a favor del consultor Víctor Alberto Tenorio Flores, mediante el cual el apelante pretende computar experiencia técnica en supervisión por un periodo supuestamente continuo que abarca desde la fecha de inicio de obra del 21 de junio de 2013 hasta la fecha de término del 18 de abril de 2014, totalizando un tiempo acumulado de 301 días.

• No obstante, sostiene que, al realizar una evaluación integral y sistémica con los

documentos oficiales de la propia Entidad emisora, específicamente con la Resolución Gerencial N° 220-2014-GM-MDVLH de fecha 21 de marzo de 2014, queda plenamente demostrado que dicho certificado de trabajo contiene información inexacta. La citada Resolución Gerencial determina que mediante la Carta N° 004-2013-VATF/SO se aprobó la paralización total de la ejecución de la obra debido al colapso de las redes de alcantarillado, operando la suspensión del contrato a partir del día siguiente al 20 de julio de 2013 y reanudándose recién las actividades en campo el 18 de febrero de 2014, tras la culminación de los trabajos de saneamiento a cargo de la empresa Sedalib S.A.

• Señala que no significa que la obra estuvo materialmente paralizada por un

espacio de 212 días calendario, intervalo de tiempo en el cual las actividades constructivas estuvieron detenidas, no hubo partidas físicas en ejecución y, por ende, el profesional no realizó ninguna labor efectiva de inspección ni supervisión técnica en campo al no existir frente de trabajo activo.

• Recalca que esta paralización y la subsiguiente suspensión contractual no

constituyen un hecho oculto ni aislado, sino que se trata de información pública, oficial y de libre acceso registrada en el portal institucional INFObras de la Contraloría General de la República, en el que consta detalladamente el historial, los plazos reales de ejecución física y las suspensiones que afectaron al proyecto constructivo, lo cual desvirtúa de manera científica y plena cualquier intento del apelante de negar la existencia de la paralización de 212 días calendario.

• En ese sentido, manifiesta que el quiebre de la presunción de veracidad y la

configuración de información inexacta se produce de manera flagrante porque el certificado de folio 326 presenta el periodo completo entre junio de 2013 y abril de 2014 como si se hubiera tratado de una prestación de servicios continua, omitiendo deliberadamente consignar la paralización de 212 días y pretendiendo que este Tribunal compute a favor del postor un tiempo muerto donde no existió experiencia material alguna.

• Sostiene que, conforme precedentes de este Colegiado y del órgano rector, la

experiencia de los profesionales se genera exclusivamente mediante la ejecución real y efectiva de las prestaciones y no por el mero transcurso del tiempo cronológico o la vigencia abstracta de un contrato suspendido. Al haber introducido en su oferta un certificado que absorbe más de siete meses de paralización como si fuesen días de trabajo efectivo, el Consorcio DJ vulneró abiertamente el Principio de Integridad y la Declaración Jurada del Anexo N° 3 (folio 25) donde su representante común juró ser responsable de la veracidad de la información presentada.

• Al tratarse de un documento que altera la verdad material para simular un

tiempo de experiencia que jamás se ejecutó, corresponde descalificar de forma total dicho certificado, suprimiendo íntegramente el periodo pretendido por la información inexacta, lo que despoja al impugnante de cuestionar la buena pro válidamente adjudicada a su representada.

• Mediante Escrito N° 4 presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante amplió los alegatos expuestos en su recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, manifestando lo siguiente:

• Indica que el jurado evaluador decide descalificar su oferta por haber presentado

información inexacta como parte de su oferta para acreditar la experiencia del personal clave, especialista ambiental y especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo, sin el debido procedimiento administrativo sancionador donde se determine objetivamente se configure como presentación de información inexacta, por lo que trae a colación lo manifestado por el Tribunal a través de la Resolución N° 1350-2026-TCP-S3 y 2697-2024-TCE-S4.

• Refiere que el Tribunal ya ha establecido que para configurarse la infracción de

presentación de información inexacta es necesario que se cumpla el requisito de ventaja o beneficio; por lo tanto, en el presente caso su consorcio ha presentado en la oferta documentación que sobrepasa la experiencia del personal clave donde se necesita un especialista ambiental como una experiencia mínima de 18 meses, y para el especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo un experiencia mínima igual de 18 meses.

• En ese sentido, el jurado evaluador no debió descalificar su oferta, sino solo

excluir y no contabilizar como experiencia el certificado emitido por la empresa Constructora e Inversiones Aguilars S.A.C. correspondiente aproximadamente al periodo 1 de setiembre de 2018 al 30 de agosto de 2019, perteneciente a la experiencia del especialista ambiental propuesto y el certificado emitido por Consorcio Queros, correspondiente aproximadamente al periodo 20 de marzo de 2020 al 27 de febrero de 2021, perteneciente a la experiencia del especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo propuesto.

• Sostiene que no se produjo ninguna ventaja ni beneficio no resultando

determinante para acreditar el cumplimiento de la experiencia mínima exigida en las bases, máxime, si con los otros certificados se acreditó la exigencia mínima requerida, ergo, los certificados en cuestión no representan la obtención de una ventaja o beneficio concreto, lo que evidencia una interpretación antojadiza por parte del jurado de su oferta, confundiendo y tergiversando la eventual inexactitud de un documento con el incumplimiento del requisito de calificación, sin determinar si aquel documento era necesario para alcanzar la experiencia mínima, pues aun dejando de lado los certificados observados se cumple ampliamente con la experiencia mínima requería en las bases integradas el cual era de 18 meses, por lo tanto, no es indispensable para el cumplimiento del requisito de calificación.

• En consecuencia, señala que la descalificación parte de una premisa equivocada

al asumir que la sola existencia de un documento cuestionado determinado automáticamente el incumplimiento del requisito de calificación de la experiencia del personal clave, sin verificar previamente si ese documento tuvo una incidencia necesaria y directa en la calificación de la oferta, no debería ser tomado en cuenta por el Tribunal ya que ya existe jurisprudencia que establece que es indispensable que se evidencia la ventaja y beneficio de la presentación de documentación inexacta, por lo que solicita que su oferta sea admitida y se le otorgue la buena pro.

• El 20 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de

los representantes del Consorcio Impugnante, del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 20 de octubre de 2026, a fin de contar con mayores elementos para

resolver, la Sala requirió lo siguiente:

“A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – OFICINA

REGISTRAL DE CAJAMARCA:

• Sírvase remitir copia de la partida registral (constitución) de la empresa

CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C., con RUC N° 20604171467. (…)

A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS – OFICINA

REGISTRAL DE LIMA:

• Sírvase remitir copia de la partida registral (constitución) de la empresa

CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C., con RUC N° 20604171467. (…)

A LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C., CON RUC N°

20604171467:

• Sírvase informar, si emitió o no el Certificado laboral de fecha 4 de setiembre de

2019 (cuya copia se adjunta), asimismo, sírvase confirmar si el señor Cesar Orson Ubillus Rujel se habría desempeñado como “Ingeniero ambiental” en la ejecución de la obra “Construcción de pistas y veredas en la habilitación de residencial nuevo Chepén, provincia de Chepén, departamento de La Libertad” por el periodo comprendido desde el 1 de setiembre de 2018 al 30 de agosto de 2019, conforme se indicar en el referido certificado. (…)

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCOY – PATAZ – LA LIBERTAD:

• Sírvase informar, si el señor Miguel Angel Diaz Haro (CIP 213009) se habría

desempeñado como “Especialista en seguridad en obra y salud trabajo” en la “Contratación de consultoría de obra para la supervisión de obra: Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la calle Chuchumaray, calle San martín, pasaje La Amistad y en la calle Pedro Abas, calle Luis Valle Goicochea en los centros poblados de Parcoy, La Soledad – distritos de Parcoy – provincia de Pataz – La Libertad” por el periodo comprendido desde el 20 de marzo de 2020 al 27 de febrero de 2021, conforme se indicar en el certificado que se adjunta.

• Asimismo, sírvase informar si la referida obra fue objeto de suspensiones

durante su ejecución. De ser así, sírvase precisar los períodos en que se produjeron dichas suspensiones e indicar si el señor Miguel Ángel Díaz Haro prestó servicios durante alguno de dichos períodos.”

• Mediante Escrito N° 5 presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante presenta información adicional en los siguientes términos:

• Indica que la oferta económica del Consorcio Adjudicatario presenta diferencias

en la denominación y en determinadas características técnicas de partidas respecto de las establecidas por la Entidad, particularmente en las correspondientes al acero de refuerzo de elementos estructurales, relleno de zanjas y excavación de conexiones domiciliarias, diferencias que no fueron advertidas expresamente ni analizadas de manera individualizada en la evaluación de la oferta, según los extremos de la actuación cuestionada cuyo contenido se ha podido examinar, por lo que corresponde que el Tribunal verifique el expediente administrativo integro para determinar si la DEC realizó efectivamente una revisión sustantiva de estas discrepancias y si existió motivación suficiente para admitir la oferta.

• Sobre el acero corrugado, señala que el Consorcio Adjudicatario consignó la

denominación “GRADO 50” cuando en el expediente técnico se señala “GRADO 60”, ello en las partidas 2.5.1.2.3 y 2.5.2.3.3, y en la partida 3.2.2.5 omite la expresión “compactado”, lo cual no resulta irrelevante, puesto que, de acuerdo al expediente técnico, identifica una operación constructiva que cuenta con recurso definidos y cuantificados dentro del análisis de costos.

• Al respecto, manifiesta que la sustitución de Grado 50 por Grado 60 en dos

partidas de acero estructural no puede calificarse automáticamente como un error formal, pues involucra una característica técnica expresamente establecida en el expediente técnico. Asimismo, las omisiones de los términos “compactado” y “manual” requieren determinar si existe una denominación real de las actividades previstas. En ese sentido, si para adecuar la propuesta a las exigencias del expediente técnico fuera necesario sustituir características esenciales de los materiales o procedimientos constructivos ofrecidos, dicha actuación excedería los límites permitidos para la subsanación, por lo que corresponde declarar no admitida la oferta de Consorcio Adjudicatario.

• Sostiene que el Consorcio Adjudicatario presentó una oferta económica cuyo

importe coincide con la cuantía; sin embargo, el cumplimiento aritmético de los importes no constituye prueba suficiente de cumplimiento de las condiciones técnicas, por lo que cuestiona que la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario se haya producido sin que se encuentre acreditado un examen suficiente de las modificaciones detectadas.

• Por otro lado, señala que la Entidad no puede flexibilizar indebidamente el

examen de una oferta mientras aplica criterios especialmente restrictivos a otra, sin una justificación objetiva fundada en las diferencias relevantes de cada caso, afectándose el principio de igualdad de trato.

• Mediante Escrito N° 6 presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante presenta argumentos complementarios para desvirtuar los cuestionamientos contenidos en el Escrito N° 2 presentado por el Consorcio Adjudicatario, mediante el cual pretende desconocer la experiencia acreditada mediante el Certificado de conformidad del servicio emitido por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, manifestando lo siguiente:

• Indica que el Consorcio Adjudicatario pretende fundamentar la exclusión del

certificado únicamente en los días de paralización de la obra, sin valorar debidamente la ampliación de plazo reconocida por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, no puede utilizar la paralización para desconocer íntegramente la experiencia, sin identificar el tratamiento contractual que recibió específicamente el servicio de consultoría de supervisión.

• Refiere que el hecho de que una obra se encuentre paralizada no acredita

automáticamente que el supervisor haya dejado de prestar todos los servicios profesionales comprendidos en su contrato, agregando que el contrato de ejecución de obra y el contrato de consultoría de supervisión constituyen relaciones contractuales diferenciadas.

• Sostiene que el Consorcio Adjudicatario sustenta principalmente su

cuestionamiento en documentación referida a la ejecución de obra y no demuestra, de manera suficiente, que el contrato de supervisión haya quedado suspendido íntegramente durante idéntico periodo.

• Por lo tanto, alega que la afirmación de que el supervisor no desarrolló actividad

profesional alguna durante 212 días carece de tales pruebas.

• Por otro lado, refiere que la documentación presentada por el Consorcio

Adjudicatario contiene referencias a la participación del ingeniero Víctor Alberto Tenorio Flores, esto es, la Resolución Gerencial N° 220-2014-GM-MDVLH hace referencia a la Carta N° 004-2013-VATF/SO vinculada a la paralización de obra, documento que permite identificar la intervención del supervisor respecto de una incidencia técnica de ejecución contractual.

• Adicionalmente, en el acta de recepción de obra del 16 de mayo de 2014, se

identifica al referido ingeniero como supervisor, constando su participación en dicho acto, lo que permite afirmar que el profesional intervino en actuaciones relacionadas con el desarrollo y culminación de la obra, las cuales, si bien, no demuestran que todo los días del periodo contractual constituyan experiencia computable, sí evidencian la necesidad de examinar las prestaciones efectivamente realizadas, en lugar de asumir que no existió ninguna actividad profesional.

• En consecuencia, señala que resulta insuficiente afirmar la existencia absoluta de

labores de supervisión únicamente porque no se ejecutaron partidas constructivas durante determinado periodo.

• Refiere que el documento cuestionado se denomina “Certificado de conformidad

del servicio”, por lo que no es jurídicamente equivalente consignar la fecha de inicio y término de una obra que declarar expresamente que un determinado profesional desarrolló labores efectivas durante todos los días calendario comprendidos entre ambas fechas.

• En ese sentido, la alegación de información inexacta debe sustentar en una

afirmación concreta del documento que no se ajusta a la realidad, el Consorcio Adjudicatario no puede asumir automáticamente que la consignación de fechas contractuales representa una declaración de ejecución ininterrumpida de actividades profesionales durante todos los días comprendidos en dicho periodo, por lo que solicita al Tribunal que interprete el contenido íntegro del certificado y determine su verdadero alcance probatorio.

• Sostiene que la sola existencia de una paralización no basta para determinar que

la información contenida en un documento de conformidad de supervisión sea contraria a la realidad, para llegar a esa conclusión debe demostrarse objetivamente que no fueron realizadas o contiene afirmaciones incompatibles con los hechos acreditados.

• Precisa que el Consorcio Adjudicatario solicita que el certificado presentado sea

excluido íntegramente; sin embargo, la propia documentación acredita que existieron periodos de ejecución física anteriores y posteriores a la paralización, así como actuaciones del supervisor vinculados con la obra. En consecuencia, corresponde diferenciar los periodos efectivamente acreditados de aquellos cuya computabilidad se encuentra cuestionada. Incluso en el supuesto de que determinados días no resultara computables, sería necesario justificar por qué ello determina la invalidez total del documento y no únicamente la exclusión de los periodos que carezcan de respaldo suficiente.

• Sugiere que, si el documento resulta auténtico y la controversia se limita a la

determinación del tiempo de experiencia computable, corresponde efectuar la valoración de los periodos válidamente acreditados conforme a las bases integradas.

• Mediante Carta N°277-2026-MDP/SG presentada el 23 de octubre de 2026 en la Mesa

de Partes de Tribunal, la Municipalidad Distrital de Parcoy – Pataz – La Libertad, en atención al requerimiento de información, remitió el Informe Técnico N° 269-2026- SGEEOP-GIO-MDP/SWBC manifiesta lo siguiente:

• Señala que la obra objeto de consulta fue objeto de tres (3) suspensiones de

plazo: del 7 de enero de 2020 al 16 de febrero de 2020, del 16 de marzo de 2020 al 5 de agosto de 2020 y del 22 de diciembre de 2020 al 17 de febrero de 2021, con sus respectivos reinicios, y una ampliación de plazo de 30 días calendario.

Adjunta el siguiente cuadro con el detalle de las suspensiones:

• Refiere que de la documentación disponible no puede confirmar si el ingeniero

Miguel Ángel Díaz Haro se haya desempeñado como Especialista en Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo de la supervisión de la obra, el profesional de SSO registrado en INFOBRAS es el ingeniero Mario Saavedra Rodríguez.

• Manifiesta que el 57.1% del periodo consignado en el certificado coincide con

periodos de suspensión de la obra, sin que exista documento que acredite la prestación de servicios del referido profesional en dichos periodos.

• Además, agrega que el certificado de trabajo es un documento emitido por el

Consorcio Queros (privado) y no por su representada, la presente información se circunscribe al acervo documentario revisado y al registro de INFOBRAS, sin emitir afirmaciones sobre aspectos que no cuenten con sustento documental.

• Mediante Escrito S/N presentado el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario aporta medios probatorios en atención al requerimiento de información, que acreditan la inexactitud del certificado laboral observado, y manifiesta lo siguiente:

• Indica que la empresa emisora del certificado cuestionado, no existía al inicio del

periodo certificado, debido a que la sociedad se constituyó el 11 de diciembre de 2018, ante notario Humberto Jaime Urbina Vásquez, el título se presentó el 17 de diciembre de 2018 y la inscripción se extendió el 2 de enero de 2019, y según el artículo cuarto del estatuto, la sociedad inicia operaciones en la fecha del pacto social y adquiere personalidad jurídica al día siguiente de su inscripción.

• Refiere que la empresa registra como fecha de inscripción y de inicio de

actividades el 6 de febrero de 2019; además la empresa no tuvo comprobantes de pago con autorización de impresión, emite boletas electrónicas desde 6 de junio de 2019 y facturas electrónicas recién desde el 18 de marzo de 2025.

• En consecuencia, sostiene que del 1 de setiembre al 10 de diciembre de 2018 la

empresa emisora no existía, hasta el 5 de febrero de 2019 tampoco tenía RUC ni actividades declaradas, resultando materialmente imposible que, en ese lapso, haya contratado al profesional o ejecutado la obra; además, durante todo el periodo certificado la empresa no podía emitir facturas por la obra que supuestamente ejecutó.

• Mediante Escrito S/N presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario manifiesta lo siguiente:

• Alega que el Tribunal debe advertir que el Consorcio Impugnante carece de

legitimidad técnica y procesal para cuestionar el procedimiento, por haber quebrantado de forma flagrante el principio de presunción de veracidad.

• Refiere que, mediante el Informe N° 1652-2026/GIO/MDP/RCCG emitido

formalmente por la Municipalidad Distrital de Parcoy con fecha 23 de octubre de 2026, la Entidad ha desmentido el certificado de trabajo con el que la impugnante pretendió calificar a su personal clave. Parcoy concluye taxativamente que: i) El profesional propuesto por el apelante nunca figuró registrado en INFOBRAS en el cargo de Especialista de Seguridad; ii) El 57.1% del tiempo consignado en su certificado coincide con periodos donde la obra estuvo totalmente suspendida y paralizada (por la emergencia sanitaria COVID-19 y precipitaciones pluviales), siendo materialmente imposible la ejecución de labores efectivas.

• En ese sentido, señala que al quedar técnicamente acreditado por la propia

Entidad de origen que el Consorcio Impugnante incorporó información inexacta en su propuesta, su recurso deviene en improcedente y viciado, correspondiendo que el Tribunal declare infundada la apelación, ordene la pérdida de su garantía de impugnación e inicie las acciones sancionadoras correspondientes.

• Por otro lado, indica que el Consorcio Impugnante pretende desnaturalizar la

etapa de admisión económica forzando una versión interpretativa de la redacción literal de los ítems del Anexo N° 6; sin embargo, conforme al marco de la Ley y las directivas del OSCE, lo que determina la validez y eficacia jurídica de la oferta económica es el compromiso del monto final líquido, inmutable y cerrado que el postor asume frente al Estado.

• Sostiene que el Tribunal ha dejado sentado en copiosa y uniforme jurisprudencia

que la etapa de admisión económica no constituye una materia de calificación ni evaluación, sino una verificación de suficiencia financiera y concordancia del precio total ofertado. Por lo tanto, no es legalmente válido que el órgano evaluador asuma un rol inquisitivo para descalificar una propuesta basándose en análisis ajenos al monto total comprometido. Al coincidir el monto al centavo con el presupuesto de referencia, la propuesta cumple formal y plenamente con las exigencias económicas del proceso.

• Mediante Escrito S/N presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario, en atención a la información remitida por la Municipalidad Distrital de Parcoy, señala lo siguiente:

• Indica que el cargo consignado en el certificado no existió en la relación

contractual de supervisión, según las bases del procedimiento de selección de la obra, por lo que el valor referencial no lo presupuestó, no fue incorporado en el contrato, la liquidación confirma que no hubo ampliación, la seguridad y salud en obra corresponde al ejecutor, no al supervisor.

• Refiere que el certificado empieza cuatro días después de declarada la

suspensión por la emergencia sanitaria, en plena inmovilización social obligatoria, 197 de los 345 días certificados (57%) corresponden a periodos en que la obra estuvo paralizada, el certificado los presenta, sin embargo, como servicios continuos e ininterrumpidos (cita Resolución N° 3825-2026-TCP-S2).

• Señala que la supervisión ya no actuaba en el tramo final del periodo certificado,

debido a que, tres (3) documentos de la entidad acreditan que, en el último tramo, la obra fue controlada por un inspector designado por la misma municipalidad y no por la supervisión, i) el acta de recepción de obra, que consigna como inspector de obra al ingeniero Will Hainer Gamboa Reyes del 18 de febrero de 2021 al 2 de marzo de 2021; ii) Valorización N° 10 del 18 al 28 de febrero de 2021 que consigna como inspector de obra al ingeniero Gamboa; y iii) Asiento N° 330 del cuaderno de obra del 27 de febrero de 2021, en cuyo último asiento “del inspector” que registra el último día contractual y la culminación de la obra, firman el inspector y el residente, el espacio del ingeniero supervisor está en blanco.

• Refiere que, el propio Consorcio Queros declaró que su contrato de supervisión

terminó el 20 de noviembre de 2020. En su Carta N° 028-2021-MDP/CO del 25 de marzo de 2021, dirigida a la Municipalidad para cobrar su última valorización, el ingeniero Fredy Chiroque Noriega afirmó textualmente: "cabe mencionar que mi contrato de consultoría ha expirado el 20 de noviembre del 2020, es en ese sentido que se informa a la entidad que a partir de la fecha la entidad contratante tomará el control técnico, administrativo de la obra". Con esa carta cobró la valorización del 1 al 20 de noviembre de 2020, último periodo de servicios de la supervisión. Es decir, el mismo representante que firmó el certificado reconoció ante la Entidad que el Consorcio Queros dejó de prestar servicios más de tres meses antes de la fecha final que certificó a favor del ingeniero Díaz Haro.

• Alega que la fecha de "fin de labores" del supervisor en INFOBRAS no altera lo

anterior. El Informe N° 040-2026 transcribe que, según INFOBRAS, el Ing. Chiroque Noriega figura con "fin de labores: 27/02/2021". Se trata de un dato de registro, que ni siquiera se refiere al Ing. Díaz Haro. Frente a él prevalece la declaración expresa del propio Consorcio Queros en su Carta N° 028-2021- MDP/CO, en la que afirmó que su contrato expiró el 20 de noviembre de 2020 y que la Entidad asumiría el control técnico de la obra. Así lo confirman la designación de un inspector mediante Resolución Gerencial N° 049-2021- GM/MDP y la Valorización N° 10, suscrita por el inspector y no por la supervisión.

• Mediante Escrito N° 7 presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante presenta fundamentos jurídicos complementarios sobre la existencia de ventaja o beneficio concreto derivado de los documentos cuestionados, en los siguientes términos:

• Solicita al Tribunal examinar de manera individualizada si los documentos

cuestionados resultaron necesarios para acreditar los requisitos de calificación o para obtener una ventaja concreta, diferenciando esta evaluación del análisis correspondiente a la eventual responsabilidad administrativa sancionadora.

• Refiere que la Entidad y el Consorcio Adjudicatario han interpretado de manera

incorrecta la presentación de información inexacta, pues la eventual identificación de una contradicción documental no releva de la obligación de analizar los demás elementos previstos en el tipo infractor, se debe diferenciar la existencia de un documento cuestionado, su eventual incidencia sobre el requisito de calificación y acreditación de una ventaja o beneficio concreto.

• En ese sentido, indica que no puede presumirse que todos estos elementos

concurren automáticamente por el solo hecho de haberse identificado una discrepancia en una fecha o periodo de experiencia.

• Trae a colación lo establecido en la Resolución N° 6515-2026-TCP-S3 en el que el

Tribunal analizó un supuesto en el que un consorcio había presentado la documentación cuestionada como parte de su oferta y había obtenido la buena pro; sin embargo, posteriormente la entidad declaró la nulidad del procedimiento de selección, y retrotrajo el procedimiento, y como consecuencia la oferta de dicho consorcio quedó no admitida. En ese contexto, el Tribunal concluyó que no se había obtenido ventaja o beneficio concreto exigido para configurar la infracción administrativa.

• Sobre la inexistencia de ventaja necesaria y directa en el certificado del

especialista ambiental, señala que corresponde determinar si el documento cuestionado fue realmente indispensable para alcanzar el requisito mínimo, es decir, si la experiencia válida restante permite acreditar íntegramente el requisito, la información observada no habría sido necesario para superar la exigencia de calificación. La Entidad debe explicar cuál habría sido la ventaja o beneficio concreto, directo y necesario derivado del documento cuestionado, no resulta suficiente invocar genéricamente que su presentación tuvo como finalidad obtener la calificación, sin establecer mediante un recálculo objetivo si el requisito habría sido igualmente cumplido prescindiendo de dicho documento.

• Sobre la inexistencia de ventaja necesaria y directa en el certificado del

especialista de seguridad y salud en el trabajo, indica que, deberá verificarse si, excluyendo los días que no satisfaga las condiciones exigidas por las bases integradas, el especialista continúa acreditando la experiencia mínima de 18 meses mediante los demás periodos y documentos presentados en la oferta. Si se verifica dicho cumplimiento, corresponde determinar cuál habría sido la ventaja concreta y necesaria que se obtuvo mediante los periodos cuestionados, y debe diferenciarse la eventual discrepancia en el tiempo de experiencia declarado de la acreditación de los elementos necesarios para configurar una infracción administrativa sancionadora.

• Por lo tanto, la Entidad no puede limitarse a invocar la existencia de suspensiones

de obra para afirmar, sin un análisis causal específico, que el documento cuestionado permitió necesariamente una ventaja concreta.

• Con relación a la experiencia de supervisión acreditada mediante la

Municipalidad Distrital Larco Herrera, cuestionada por el Consorcio Adjudicatario, basando sus argumentos de que la obra materia de supervisión experimentó una paralización de aproximadamente 212 días calendario, por lo que pretende desconocer íntegramente la experiencia comprendida del periodo certificado. Sin embargo, el mismo Consorcio Adjudicatario aportó documentación que acredita una ampliación del plazo de ejecución de la obra de 273 días calendario, así como actuaciones del supervisor vinculadas con la paralización y posterior recepción de la obra, por lo que corresponde diferenciar el plazo de ejecución de la obra del plazo contractual. En consecuencia, para establecer si existió información inexacta y si esta produjo una ventaja concreta, resulta indispensable determinar previamente los periodos de supervisión válidamente acreditados. Asimismo, corresponde verificar si, prescindiendo de los periodos cuestionados, la experiencia restante del profesional cumple con el mínimo exigido. Por consiguiente, la existencia de una paralización no autoriza a presumir automáticamente que se configuró una ventaja o beneficio concreto, ni justifica por sí sola la exclusión íntegra del certificado sin una evaluación individualizada.

• Manifiesta que no resulta jurídicamente suficiente afirmar que la sola

presentación documental o una calificación favorable transitoria determina automáticamente la configuración de la infracción.

• Señala que resulta necesario examinar los efectos de la retroacción del

procedimiento ordenada mediante Resolución N° 8723-2026-TCP-S1, a efectos de determinar si existió una ventaja o beneficio concreto atribuible a los documentos cuestionados.

• Mediante Escrito N° 8 presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante presenta fundamentos complementarios respecto de la insuficiente verificación de la experiencia del personal clave del Consorcio Adjudicatario y las discrepancias identificadas en su oferta económica, en los siguientes términos:

• Sostiene que la documentación remitida por el Consorcio Adjudicatario, como

parte de la absolución del recurso de apelación, para acreditar la participación del ingeniero Amaru, personal propuesto como Especialista de seguridad de obra y salud en el trabajo, no constituye elementos que no demuestran necesariamente que se hayan esclarecido todos los extremos de la controversia.

• Con relación a la evaluación de la oferta económica, indica que no puede

limitarse a la coincidencia del monto ofertado, pues no permite concluir que automáticamente todas las características técnicas consignadas en las partidas ofertadas corresponden íntegramente al expediente técnico, por lo que corresponde establecer si los evaluadores efectuaron una revisión suficiente de las discrepancias y si existieron fundamentos objetivos para considerar que no alteraban el contenido esencial de la oferta.

• Refiere que la modalidad de precios unitarios exige interpretar las prestaciones

ofertadas conforme al expediente técnico, la revisión no se agota en verificar precios, metrados e importes, corresponde examinar si las denominaciones modifican características esenciales o si son errores materiales sin incidencia.

• Sobre la necesidad de aplicar un mismo estándar de verificación, señala que la

Entidad efectuó una revisión rigurosa de la experiencia de su representante, por lo que corresponde determinar si los cuestionamientos a la experiencia del personal propuesto por el Consorcio Adjudicatario y a su presupuesto económico recibieron un examen igualmente objetivo y suficientemente motivado, siempre que su examen sea procesalmente procedente.

• Con decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.
• Mediante Escrito S/N presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario manifiesta lo siguiente:

• Refiere que la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante se encuentra

ajustada a derecho, toda vez que el ordenamiento de las contrataciones del Estado sanciona de forma objetiva e insubsanable la conducta infractora de introducir información inexacta al procedimiento de selección.

• Indica que, pretender que este Colegiado compute como tiempo de experiencia

efectiva periodos de paralización absoluta donde las actividades estuvieron detenidas, constituye una distorsión de la realidad destinada a sorprender a la Entidad para superar fraudulentamente la valla de los 18 meses exigidos en las bases integradas, configurando de manera nítida la infracción al deber de veracidad consagrado en su propia declaración jurada del Anexo N° 3.

• Por otro lado, sostiene que, respecto a los cuestionamientos dirigidos contra su

propuesta referidos al certificado de Odisea Perus S.A.C. de su Especialista en Seguridad, ratifica que este Tribunal debe rechazar el enfoque restrictivo del Consorcio Impugnante y aplicar una evaluación integral, sistémica y no literal de las ofertas. Ha quedado demostrado de forma científica con el Formato Único de Reconstrucción (FUR) de la plataforma oficial Invierte.pe (Código Único N°2464555) que el proyecto ejecutado pertenece formalmente a la tipología oficial y exacta de Carreteras Vecinales dentro del sector Transportes y Comunicaciones, por lo que el uso del término "Camino Vecinal" en la nomenclatura comercial del certificado responde a una equivalencia técnica e intercambiable en la ingeniería vial pública que satisface plenamente las bases integradas.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco.

Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una licitación pública de obras, cuya cuantía asciende a S/ 5 667 044.53 (cinco millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y cuatro con 53/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública de obras, el Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 7 de octubre de 2026, considerando que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado en el SEACE el 25 de setiembre del mismo año. Al respecto, se aprecia que el Consorcio Impugnante presentó los escritos N° 1 y 2 el 7 y 12 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el representante común del Consorcio Impugnante, el señor Wilfrefo Wenceslao Ronso Cuevas.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Consorcio Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue ganador de la buena pro, debido a que su oferta fue descalificada.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la descalificación de su oferta habría sido realizada transgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó a este Tribunal lo siguiente:

− Se revoque la descalificación de su oferta. − Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. − Se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. − Se le otorgue la buena pro.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:

− Se confirme la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. − Se confirme la calificación de su oferta. − Se confirme el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 13 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 16 del mismo mes y año.

• Sobre el particular, se aprecia que el 16 de octubre de 2026, el Consorcio

Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, formulando cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Impugnante; por lo que, corresponde tomar en consideración los argumentos del Consorcio Adjudicatario para la fijación de los puntos controvertidos.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la

oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del Consorcio Adjudicatario. ii. Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de calificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro del Consorcio Adjudicatario.

• De la revisión del Acta de otorgamiento de buena pro, publicada en el SEACE, se

advierte que, durante la calificación de las ofertas, la Dependencia Encargada de Contrataciones, en adelante DEC, y el Jurado evaluador, descalificó la oferta del Consorcio Impugnante, exponiendo para ello la siguiente motivación:

• Como se aprecia, la oferta del Consorcio Impugnante fue descalificada por no

acreditar el requisito de calificación referido a la experiencia del personal clave, específicamente del Especialista Ambiental y del Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, debido a las inconsistencias identificadas en la documentación presentada para sustentar dicha experiencia. En cuanto al Especialista Ambiental, se señala que, en el folio 370 de su oferta, obra un certificado de trabajo presentado para acreditar la experiencia del profesional. Sin embargo, al contrastar la información consignada en dicho documento con aquella correspondiente a la empresa emisora y a la persona que lo suscribió, se identificaron inconsistencias respecto de las fechas de constitución de la empresa y de inicio de funciones de su representante legal. Asimismo, se advirtió una discrepancia entre el periodo de experiencia declarado en el Anexo N° 19 y aquel que se desprende de la documentación presentada. Por otro lado, respecto del Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, se indica que se revisó el certificado obrante en el folio 382, en el que se consigna un periodo continuo de experiencia comprendido entre el 20 de marzo de 2020 y el 27 de febrero de 2021. No obstante, al contrastar dicho periodo con el Acta de Recepción obrante en los folios 107 al 109 de la oferta del Consorcio Las Pampas, postor del procedimiento de selección, se verificó que, durante parte del periodo declarado, la obra estuvo sujeta a suspensiones en su ejecución. En consecuencia, se consideró que la experiencia consignada como continua no guardaba correspondencia con las condiciones reales de ejecución acreditadas mediante la documentación obrante en el expediente.

• Frente a dicha decisión, conforme se aprecia de los antecedentes, el Consorcio

Impugnante interpuso recurso de apelación, sustentado en los argumentos desarrollados en los antecedentes de la presente resolución (numeral 4), señalando principalmente que la Entidad confundió la eventual presentación de información inexacta con el incumplimiento del requisito de calificación, al asumir que la sola existencia de documentos cuestionados determinaba automáticamente la descalificación de su oferta, sin verificar si aquellos resultaban necesarios y tenían una incidencia directa en la acreditación de la experiencia mínima exigida. Al respecto, sostiene que, aun prescindiendo íntegramente de los certificados cuestionados, ambos profesionales cumplen con la experiencia mínima establecida en las bases integradas. Asimismo, afirma que debe existir una relación causal entre la información cuestionada y la ventaja o beneficio obtenido, precisando que la Ley exige que dicha información no solo esté relacionada con un requerimiento, factor o requisito, sino que incida necesaria y directamente en la obtención de un beneficio concreto.

• Por su parte, la Entidad ratificó la decisión de la DEC y señaló que la descalificación

del Consorcio Impugnante se sustenta en presuntas inconsistencias en la acreditación de la experiencia del especialista ambiental y del especialista en seguridad en obra y salud en el trabajo, y que al comprobarse objetivamente que la documentación contiene información inexacta determinante para acreditar los requisitos de calificación, correspondía considerar que el consorcio no cumple con las bases integradas y que se habrían vulnerado los principios de presunción de veracidad e integridad (numeral 6 de los antecedentes).

• En esa misma línea, el Consorcio Adjudicatario manifiesta que la DEC y el jurado

evaluador determinaron que el Consorcio Impugnante presentó información inexacta en su oferta, vulnerando los principios de presunción de veracidad e integridad previstos en el artículo 5 de la Ley (numeral 7 de los antecedentes).

• Atendiendo a los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante y a

las posiciones formuladas por el Consorcio Adjudicatario y la Entidad, corresponde traer a colación lo dispuesto en las bases integradas sobre el requisito de calificación, pues aquellas constituyen las reglas a las cuales se debieron someter los participantes y/o postores, así como el órgano conductor del procedimiento al momento de evaluar las ofertas.

• Considerando que el cuestionamiento materia del presente punto controvertido está

referido al requisito de calificación “Experiencia del personal clave”, corresponde remitirnos a las disposiciones establecidas en las bases integradas sobre dicho requisito.

• Así, sobre el requisito de calificación, en el literal B.2 del capítulo III de la sección

específica de las bases integradas, se establece lo siguiente:

(…)

• Como se puede apreciar, para cumplir con el requisito de calificación “Experiencia del

personal clave”, los especialistas de Ambiental y de Seguridad en obra y salud trabajo propuestos por el postor deben acreditar una experiencia mínima de dieciocho (18) meses, computados desde la fecha de la colegiatura, respecto del Especialista Ambiental, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigación ambiental o impacto ambiental o medio ambiente, en la ejecución y/o supervisión en obras; respecto al Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, como especialista y/o ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en seguridad y salud ocupacional o seguridad o higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad en el trabajo o salud ocupacional o implementación de planes de seguridad e higiene ocupacional o en prevención de riesgos laborales en la ejecución y/o supervisión en obras, ambos en la especialidad y subespecialidad indicadas en el requisito de calificación A. Para lo cual, el postor debe presentar copia simple de cualquiera de los siguientes documentos; i) contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto. Estos documentos deben señalar los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la entidad u organización que emite el documento; la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

• Ahora bien, considerando que los dos (2) documentos cuestionados corresponden a

profesionales distintos propuestos por el Consorcio Impugnante para ocupar los cargos de Especialista Ambiental y Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo, respectivamente, corresponde analizar y emitir pronunciamiento de manera individual respecto de cada uno de ellos. Respecto del Especialista Ambiental.

• Al remitirnos a la oferta presentada por el Consorcio Impugnante, en el folio 312 obra

el Anexo N° 19 – Experiencia y calificaciones del personal clave, en la que se advierte que el Consorcio Impugnante propone como Especialista Ambiental al señor Cesar Orson Ubillus Rujel, y declara una experiencia de 4 años, 1 mes y 44 días (sic), como se advierte a continuación:

• En el folio 370, obra el Certificado laboral del 4 de setiembre de 2019, emitido por la

EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C. y suscrito por su gerente general, el señor Roger Aguilar Quispe, a favor del señor Cesar Orson Ubillus Rujel por haber desempeñado como Ingeniero Ambiental en la ejecución de la obra: “Construcción de pistas y veredas en la habilitación de residencial nuevo Chepén, provincia de Chepén, departamento de La Libertad”, desde el 1 de setiembre de 2018 al 30 de agosto de 2019, el cual se reproduce a continuación:

• Sobre el particular, corresponde traer a colación los motivos por los cuales la DEC y el

Jurado Evaluador consideraron que el certificado cuestionado contenía información inexacta. Al respecto, señalaron que, al contrastar la información consignada en dicho certificado con aquella correspondiente a la empresa emisora y a la persona que lo suscribió, identificaron inconsistencias relacionadas con las fechas de constitución de la empresa y de inicio de funciones de su representante legal. En consecuencia, la DEC y el Jurado Evaluador determinaron descalificar la oferta del Consorcio Impugnante por considerar que había presentado información inexacta como parte de su oferta. Carta N° 003-2026-MPSC/MTJ/JMSCH emitida por el jurado evaluado, adjunta al Acta – folios 34 al 65 del Acta (…)

• Considerando las inconsistencias advertidas, el Colegiado procedió a consultar la

información obrante en el portal web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), a través de su plataforma Extranet, en virtud de lo cual tuvo acceso a la Partida Registral de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C., emisora del certificado cuestionado. Al respecto, de la revisión del Asiento A00001, correspondiente a su constitución, se advierte, entre otros aspectos, que esta se realizó mediante escritura pública del 11 de diciembre de 2018 y que su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas se efectuó el 2 de enero de 2019, como se aprecia a continuación: (…)

• Como se advierte, la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C.

adquirió personalidad jurídica a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, esto es, el 2 de enero de 2019, conforme a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, según el cual la sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción.

• De otro lado, de la consulta efectuada en el servicio “Consulta RUC” de la

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), se advierte que la referida empresa registró como fecha de inicio de actividades el 6 de febrero de 2019. Asimismo, se verifica que podía emitir boletas de venta electrónicas desde el 6 de junio de 2019 y facturas electrónicas desde el 18 de marzo de 2025, conforme se aprecia a continuación: (…)

• En ese sentido, se advierte que la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES

AGUILARS S.A.C. adquirió personalidad jurídica recién el 2 de enero de 2019 e inició sus actividades el 6 de febrero de 2019. En consecuencia, no resulta coherente con lo consignado en el certificado laboral de fecha 4 de setiembre de 2019, mediante el cual declaró que el señor César Orson Ubillus Rujel se habría desempeñado como Ingeniero Ambiental durante el periodo comprendido entre el 1 de setiembre de 2018 y el 30 de agosto de 2019, toda vez que el periodo de experiencia laboral certificado comprende fechas anteriores a la adquisición de su personalidad jurídica e incluso al inicio de sus actividades económicas.

• En este punto, cabe señalar que, mediante decreto del 20 de octubre de 2026, la Sala

requirió a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C. que confirmara la emisión del certificado laboral objeto de análisis. Sin embargo, a la fecha de emisión de la presente resolución, dicha empresa no ha cumplido con atender el requerimiento formulado.

• De las consideraciones expuestas, se advierte que el certificado laboral objeto de

análisis contiene información que no guarda correspondencia con la realidad objetivamente acreditada mediante la partida registral de su emisora, la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C. En efecto, mientras que en dicho documento se señala que el señor César Orson Ubillus Rujel se habría desempeñado como Ingeniero Ambiental desde el 1 de setiembre de 2018, se verifica que, a dicha fecha, la empresa emisora aún no había adquirido personalidad jurídica, toda vez que su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas se produjo recién el 2 de enero de 2019. Por tanto, el periodo de experiencia laboral consignado en el certificado comprende un periodo anterior a la existencia de la empresa como persona jurídica, lo que evidencia una inconsistencia entre la información declarada en dicho documento y la información registral de su emisora.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que el Certificado laboral del 4 de

setiembre de 2019, contiene información inexacta.

• Sobre el particular, este Tribunal ha señalado de manera reiterada que la información

inexacta se configura cuando el contenido de un documento presentado por un administrado no resulta concordante con la realidad objetivamente verificable, generando una representación falsa o distorsionada de los hechos relevantes para el procedimiento administrativo.

• Dicha circunstancia reviste especial relevancia, pues la presentación de documentos

con contenido inexacto compromete la validez de la oferta. En efecto, el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas exige la presentación obligatoria del Anexo N° 2 – Pacto de Integridad y del Anexo N° 3 – Declaración Jurada, mediante los cuales los postores asumen expresamente el deber de actuar con honestidad, integridad y veracidad, así como la responsabilidad respecto de la autenticidad y veracidad de toda la información y documentación presentada durante el procedimiento de selección.

• En cumplimiento de dicha exigencia, el Consorcio Impugnante presentó el certificado

laboral como parte de su oferta, declarando expresamente que actuaría con probidad e integridad durante el procedimiento de contratación y que asumía responsabilidad por la veracidad de la documentación presentada.

• Sin embargo, la acreditación de que dicho certificado incorporado a la oferta contiene

información inexacta evidencia un incumplimiento de los compromisos asumidos por el propio postor mediante las declaraciones juradas antes referidas. En particular, dicha actuación resulta incompatible con el Pacto de Integridad, el cual constituye un compromiso expreso de observar una conducta honesta, transparente y veraz durante todo el procedimiento de contratación. En consecuencia, la presentación del referido certificado vulnera el principio de integridad, previsto en el literal d) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como el principio de presunción de veracidad, recogido en el literal e) del mismo artículo, conforme al cual los participantes deben presentar información veraz y asumir responsabilidad por su contenido. Cabe recordar, además, que el numeral 4 del artículo 56 del TUO de la LPAG impone a todo administrado el deber de verificar, antes de su presentación ante la Administración, la autenticidad y veracidad de la documentación que presenta bajo el amparo del principio de presunción de veracidad.

• En cuanto a los argumentos expuestos por el Consorcio Impugnante, referidos a que

los certificados cuestionados no resultaban determinantes para acreditar la experiencia mínima exigida de los profesionales propuestos, toda vez que, aun prescindiendo de aquellos, ambos continuarían cumpliendo con dicho requisito, corresponde señalar lo siguiente. Al respecto, este Colegiado considera que dicho argumento no resulta amparable, pues parte de considerar que la presentación de información inexacta únicamente puede generar consecuencias cuando esta resulta indispensable para acreditar un requisito de calificación, lo cual no se condice con el criterio establecido por este Tribunal respecto de las consecuencias que genera la presentación de información inexacta en el procedimiento de contratación. En efecto, debe tenerse presente que, conforme al criterio establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP, cuando se verifica que la oferta de un postor contiene información inexacta, corresponde adoptar la consecuencia prevista en dicho precedente, sin que resulte necesario determinar, en el marco del procedimiento recursivo, si la información cuestionada fue determinante para que el postor alcanzara el requisito de calificación o si, prescindiendo de ella, igualmente habría cumplido con las exigencias establecidas en las bases integradas. En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el Consorcio Impugnante, la circunstancia de que los profesionales propuestos pudieran acreditar la experiencia mínima requerida mediante otros documentos presentados en su oferta no desvirtúa la existencia de información inexacta en los certificados cuestionados ni enerva las consecuencias que dicha circunstancia genera en el procedimiento de contratación.

• Asimismo, respecto del argumento referido a que la Ley exige que la información

inexacta incida necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto, cabe señalar que el numeral 356.2 del Reglamento debe ser interpretado en concordancia con las disposiciones que regulan la configuración de la infracción administrativa correspondiente. En tal sentido, la exigencia de acreditar una ventaja o beneficio concreto constituye un elemento que debe ser evaluado en el procedimiento administrativo sancionador, a efectos de determinar la eventual responsabilidad de los proveedores, mas no una condición que deba verificarse previamente para adoptar una decisión respecto de la oferta en el marco del procedimiento recursivo. Por consiguiente, no corresponde amparar la interpretación del Consorcio Impugnante en el sentido de que la descalificación de su oferta únicamente podría sustentarse en la información inexacta cuando esta hubiera resultado indispensable para alcanzar la experiencia mínima exigida, pues ello supondría trasladar al análisis de la oferta un elemento cuya evaluación corresponde al procedimiento administrativo sancionador.

• De otro lado, respecto de la Resolución N° 4216-2026-TCP-S5, invocada por el

Impugnante, corresponde señalar que los criterios contenidos en los pronunciamientos del Tribunal deben ser considerados atendiendo al marco normativo aplicable y a las circunstancias particulares de cada caso. En ese sentido, la interpretación de las disposiciones de la Ley y su Reglamento debe efectuarse de manera concordante con el precedente de observancia obligatoria establecido mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP, cuyo criterio resulta aplicable al presente caso.

• En consecuencia, los argumentos del Consorcio Impugnante referidos a que los

profesionales propuestos continuarían cumpliendo con la experiencia mínima exigida, aun prescindiendo de los certificados cuestionados, no resultan suficientes para revertir la decisión adoptada, toda vez que no desvirtúan la conclusión de este Colegiado respecto de la presentación de información inexacta en su oferta.

• En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la descalificación de la oferta del

Consorcio Impugnante, al haberse acreditado la presentación de documento con información inexacta. Asimismo, corresponde abrir expediente administrativo sancionador a los integrantes del Consorcio Impugnante por la presentación de información inexacta en el procedimiento de selección materia de análisis, contenida en el Certificado laboral del 4 de setiembre de 2019.

• Los proveedores que participan en procedimientos de contratación pública deben

asumir que la presentación de una oferta implica un compromiso jurídico de actuar con absoluta integridad, diligencia y veracidad. En ese sentido, no basta con la presentación de documentación destinada a cumplir formalmente un requisito o factor de evaluación; corresponde además verificar previamente que toda la información consignada sea auténtica, exacta y plenamente concordante con la realidad, pues la presunción de veracidad que rige las actuaciones administrativas exige un comportamiento responsable por parte de quien se beneficia de ella. Por otra parte, la suscripción del Pacto de Integridad y de las declaraciones juradas previstas en las bases no constituye una formalidad carente de efectos, sino la manifestación expresa del compromiso del proveedor de actuar con honestidad, transparencia y buena fe durante todo el procedimiento de selección. En consecuencia, la presentación de documentos con información inexacta, compromete la responsabilidad del postor y puede determinar la descalificación de su propuesta, así como la apertura del procedimiento administrativo sancionador correspondiente. Este estándar de conducta responde a la finalidad de la contratación pública de asegurar que los recursos del Estado sean administrados mediante procedimientos confiables, transparentes y orientados a la satisfacción del interés público. Por ello, los proveedores deben ejercer un especial deber de diligencia en la preparación y revisión de sus ofertas, verificando la consistencia y veracidad de toda la documentación presentada, pues la observancia de los principios de integridad, presunción de veracidad, transparencia e igualdad de trato constituye un presupuesto indispensable para preservar la confianza en el sistema de contratación pública y garantizar una competencia leal entre todos los participantes.

• En consecuencia, de conformidad con el literal a) del numeral 313.1 del artículo 313

del Reglamento, corresponde declarar infundado este extremo del recurso de apelación y, por tanto, confirmar la descalificación de la oferta del Consorcio Impugnante. Asimismo, cabe precisar que resulta inoficioso analizar los demás cuestionamientos a la experiencia del personal clave, pues ello no variará la condición de descalificada de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Ahora bien, considerando que, en el caso concreto, el Consorcio Impugnante no ha

logrado revertir su condición de descalificado, en atención a lo dispuesto en el literal

• del artículo 308 del Reglamento, corresponde declarar improcedente el recurso de

apelación en el extremo que cuestiona la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que se declarará infundado el recurso impugnativo, corresponde disponer la ejecución de la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante para la interposición de su medio impugnativo.

• Cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE1. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría; 1 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Dj,

integrado por las empresas Patrón San Miguel Servicios Generales S.R.L. y Wilitor S.A.C. en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 003-2026-MPSC Primera Convocatoria, para la “Contratación para la ejecución de la obra: Creación del servicio de movilidad urbana en tramo de la Vía de Circunvalación y Acceso a Las Pampas de Purrumpampa en La Junta Vecinal N° 09, distrito de Huamachuco de la provincia de Sánchez Carrión del departamento de La Libertad, con CUI N° 2675727”, convocada por la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, en el extremo que solicita se revoque la descalificación de su oferta, e IMPROCEDENTE en los extremos referidos al cuestionamiento de la calificación de la oferta presentada por el Consorcio Cres, integrado por los proveedores Ingeco Sociedad Anónima Cerrada y Cres Peru Contratistas Generales S.A.C., a la solicitud de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro a favor de este y se le otorgue la buena pro. En consecuencia, corresponde: 1.1 Confirmar la descalificación del postor Consorcio Dj, integrado por las empresas Patrón San Miguel Servicios Generales S.R.L. y Wilitor S.A.C. en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 003-2026-MPSC Primera Convocatoria.

• Ejecutar la garantía presentada por el postor Consorcio Dj, integrado por las

empresas Patrón San Miguel Servicios Generales S.R.L. y Wilitor S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del Reglamento.

• Abrir expediente administrativo sancionador a las empresas Patrón San Miguel

Servicios Generales S.R.L. y Wilitor S.A.C., integrantes del Consorcio Dj, a fin de determinar su supuesta responsabilidad administrativa en la comisión de la infracción por presentar información inexacta como parte de su oferta en el marco de la Licitación Pública de Obras N° 003-2026-MPSC Primera Convocatoria, tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE2. 2 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de

• Dar por agotada la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL MARLON LUIS ARANA ORELLANA

El Vocal que suscribe el presente voto discrepa respetuosamente del análisis efectuado al Certificado laboral del 4 de setiembre de 2019, a partir del fundamento 22, por lo que, procede a emitir el presente voto, bajo los siguientes fundamentos:

• De la revisión de lo consignado en el acta, se advierte que la DEC y el jurado evaluador

determinaron que el certificado cuestionado contenía información inexacta, debido a que la empresa emisora fue inscrita en el registro de personas Jurídicas e inició sus actividades en fechas posteriores al inicio del periodo de prestación de servicios del señor César Orson Ubillus Rujel que se pretendía acreditar. Asimismo, consideraron que la persona que suscribió el certificado, en su condición de gerente general de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C., había asumido dicho cargo con posterioridad al inicio del periodo de prestación de servicios declarado.

• Al respecto, el Vocal que suscribe considera que las circunstancias antes descritas no

constituyen elementos suficientes para concluir que la experiencia laboral declarada en el certificado sea inexacta, debido a que si bien la emisora fue inscrita e inició sus actividades en fechas posteriores al inicio del periodo de prestación de servicios del señor César Orson Ubillus Rujel que se pretende acreditar, podría tratarse de un certificado emitido de manera irregular y, por ende, no implicaría por sí sola inexactitud.

• De igual manera, respecto de la circunstancia de que la persona que suscribió el

certificado, en su condición de gerente general de la EMPRESA CONSTRUCTORA E INVERSIONES AGUILARS S.A.C., hubiera asumido dicho cargo con posterioridad al publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

inicio del periodo de prestación de servicios declarado, el suscrito considera que tal circunstancia resulta irrelevante para efectos de la determinación de inexactitud.

• Por las consideraciones expuestas, el Vocal que suscribe considera que los elementos

valorados por la DEC y el Jurado Evaluador no permiten acreditar de manera suficiente que el certificado laboral cuestionado contenga información inexacta. En consecuencia, corresponde continuar con el análisis de los demás puntos controvertidos.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

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