Resolución N.° 9605-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…) resulta pertinente remitirnos a las bases integradas, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección, a las que deben someterse los postores al momento de formular sus ofertas y sobre las cuales la Entidad debía efectuar el análisis correspondiente”. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7689/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Constructora JHR S.R.LTDA., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 018-2026-MPH/CS-1; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• De acuerdo a la información registrada en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado - SEACE, el 25 de septiembre de 2026, la Municipalidad Provincial de Huarmey, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 018-2026-MPH/CS-1, para la contratación para la ejecución de obra “´Mejoramiento y ampliación del servicio de educación primaria en I.E. 88355 de centro poblado Molino distrito de Culebras de la provincia de Huarmey del departamento de Ancash’ (I etapa) CUI N° 2662403”, con una cuantía de contratación de S/ 3 298 636.84 (tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y seis con 84/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 6 de octubre de 2026 se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 9 del mismo mes y año se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Molino, conformado por Constructora Mair E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por un importe equivalente a S/ 3 298 636.84 (tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y seis con 84/100 soles); obteniéndose los siguientes resultados1:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación – Puntaje total Calificación y resultados Precio (oferta económica fija) Puntaje técnico obtenido Bonificaci ón MYPE Consorcio Molino Admitido S/ 3 298 636.84 96 puntos 4.80 puntos 100.80 puntos Calificado (Adjudicatario) Constructora JHR S.R.LTDA. Admitido S/ 3 298 636.84 92 puntos 4.60 puntos 96.60 puntos Calificado

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 16 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 19 del mismo mes y año, el postor Constructora JHR S.R.LTDA., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. Para sustentar sus pretensiones, el Impugnante formuló los siguientes fundamentos:

• Solicita que se revoque la evaluación técnica de su oferta en lo referido al

subfactor “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave” y se le otorguen tres puntos adicionales. Asimismo, solicita que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario o, en su defecto, se revoquen los puntajes asignados en los factores “Sostenibilidad ambiental”, “Gestión de la calidad” y “Seguridad y salud”; y, como consecuencia de ello, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se adjudique a su representada. Respecto a la evaluación técnica de su oferta. 1 Información extraída del “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de las ofertas, y buena pro”, registrada en la ficha SEACE del procedimiento el 9 de octubre de 2026.

• Indica que el comité le asignó noventa y dos (92) puntos en la evaluación

técnica, de los cuales dos (2) correspondieron al subfactor b.1, referido a los certificados de sistemas de gestión ambiental o políticas ambientales a nivel empresarial, sin otorgarle puntaje por el subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”. Refiere que esta decisión se sustentó en que la documentación presentada para acreditar la capacitación del ingeniero Alcides Javier Huerta Ramírez, propuesto como especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, no correspondía a las certificaciones exigidas en las bases integradas.

• Al respecto, el Impugnante cuestiona que el comité haya considerado

insuficiente la constancia de egresado de la Maestría en Gestión Ambiental y Minera, expedida por la Universidad Nacional Federico Villarreal, la cual fue presentada en su oferta. Sostiene que dicho documento constituye un medio idóneo para acreditar la capacitación requerida, pues deja constancia de que el profesional cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas del referido programa de posgrado.

• En esa línea, refiere que las bases integradas valoraban que el especialista

contara con cursos en gestión ambiental, construcción sostenible o eficiencia energética. Explica que la maestría cursada capacita a sus egresados para diseñar, implementar y supervisar estrategias orientadas a proteger los recursos naturales, reducir la contaminación y asegurar el desarrollo sostenible en los sectores público y privado. Añade que su currículo comprende cursos sobre legislación y normativa ambiental, evaluación de impacto ambiental, manejo de recursos y residuos, así como desarrollo sostenible.

• Por ello, considera arbitraria la decisión del comité y solicita que se le

otorguen los tres (3) puntos correspondientes al subfactor cuestionado, con lo cual, según el desarrollo de su recurso, su puntaje técnico ascendería a noventa y cinco (95) puntos. Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Por otro lado, respecto de la oferta del Consorcio Adjudicatario, señala que

el Anexo N° 4 - Promesa de consorcio, obrante a folios 28 y 29 de dicha oferta, establece que tanto Dambez Company E.I.R.L. como Constructora Mair E.I.R.L. asumieron la responsabilidad de ejecutar la obra hasta su liquidación final. En ese sentido, sostiene que ambos integrantes se comprometieron a realizar actividades relacionadas con el objeto de la contratación.

• En tal contexto, el Impugnante refiere que el comité justificó el

otorgamiento de puntaje en los factores “Sostenibilidad ambiental”, “Gestión de la calidad” y “Seguridad y salud” debido a que, conforme a la promesa de consorcio, solamente Dambez Company E.I.R.L. asumiría las actividades vinculadas con las prácticas evaluadas en dichos factores. Sin embargo, considera que este razonamiento contraviene las bases integradas, las cuales establecían que, tratándose de consorcios, todos los integrantes que realizaran actividades relacionadas con el objeto del contrato debían acreditar las prácticas.

• A partir de ello, sostiene que la acreditación no podía limitarse a Dambez

Company E.I.R.L., pues Constructora Mair E.I.R.L. también se había obligado a ejecutar la obra. Por tanto, afirma que ambos consorciados debían acreditar las prácticas evaluadas y que, al no haber presentado esta última empresa las certificaciones correspondientes, no procedía otorgar al Consorcio Adjudicatario los puntajes correspondientes a los factores cuestionados.

• Finalmente, sostiene que corresponde retirar cuarenta (40) puntos de la

oferta técnica del Consorcio Adjudicatario, que atribuye a la suma de cinco (5) puntos por sostenibilidad ambiental, quince (15) puntos por gestión de la calidad y veinte (20) puntos por seguridad y salud. Según su cálculo, el puntaje técnico de la oferta del Consorcio Adjudicatario se reduciría de noventa y seis (96) a cincuenta y seis (56) puntos, por debajo del mínimo de setenta (70) puntos exigidos para acceder a la evaluación económica. En consecuencia, solicita que se descalifique dicha oferta, se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique a su representada, al considerar que quedaría como la única oferta válida.

• Por medio del decreto del 20 de octubre de 2026, debidamente notificado en el

SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, se remitió el expediente a la Primera Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 27 de octubre de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito en cuenta corriente expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia.

• Por medio del escrito S/N, presentado el 23 de octubre de 2026 ante el Tribunal,

el Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento administrativo y absolvió el recurso de apelación, en el siguiente sentido:

• Solicita que se declaren infundados los cuestionamientos formulados por

el Impugnante contra la evaluación técnica de ambas ofertas y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor. En particular, pide que se mantenga la asignación de cero (0) puntos al Impugnante en el subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”, así como los noventa y seis (96) puntos otorgados a su oferta técnica.

• Como consideración general, sostiene que las bases integradas constituyen

las reglas definitivas del procedimiento de selección, por lo que la evaluación debe efectuarse sobre la documentación presentada oportunamente y conforme a los criterios expresamente establecidos en aquellas. Añade que dichas reglas no pueden modificarse después de la presentación de ofertas ni interpretarse incorporando exigencias que no fueron previstas. Respecto a la evaluación técnica de la oferta del Impugnante.

• Refiere que las bases integradas establecían una valoración diferenciada

para el subfactor b.3: dos (2) puntos por presentar certificaciones especializadas en sostenibilidad ambiental reconocidas, como LEED AP, EDGE Expert o BREEAM Assessor; un (1) punto por presentar certificaciones de cursos especializados en gestión ambiental; y cero (0) puntos cuando no se presentaran las certificaciones o no se cumplieran las condiciones previstas. En ese sentido, sostiene que correspondía verificar si los documentos presentados por el Impugnante cumplían los medios de acreditación y las condiciones específicas del subfactor.

• Afirma que la constancia de egresado de la Maestría en Gestión Ambiental

y Minera, expedida a favor del ingeniero Alcides Javier Huerta Ramírez, únicamente acredita su condición de egresado o la culminación de sus estudios, sin demostrar suficientemente el contenido específico, la materia, la duración u otras condiciones exigidas para obtener puntaje. Agrega que la eventual inclusión de asignaturas sobre legislación ambiental, gestión de residuos, evaluación de impacto ambiental o desarrollo sostenible no demuestra, por sí sola, que el documento presentado cumpla con las condiciones de acreditación establecidas en las bases integradas.

• En esa línea, sostiene que la sola invocación del contenido curricular de

una maestría no obliga al comité a otorgar el puntaje solicitado. Considera que equiparar la culminación de dicho programa con un curso especializado o una certificación internacional en sostenibilidad ambiental vulneraría el principio de igualdad de trato, previsto en el literal k) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, pues modificaría las reglas de evaluación y concedería una ventaja indebida frente a quienes presentaron las certificaciones específicas. Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Rechaza que ambos integrantes debieran acreditar individualmente las

certificaciones de gestión ambiental, gestión de la calidad y seguridad y salud por haberse comprometido a ejecutar la obra hasta su liquidación final. Sostiene que las reglas de los factores cuestionados deben interpretarse atendiendo a la distribución específica de obligaciones contenida en la promesa de consorcio, de modo que corresponde acreditar las prácticas al integrante que asumió su ejecución. Añade que exigir las mismas certificaciones a todos los consorciados desconoce la naturaleza asociativa del consorcio y la complementariedad de sus capacidades.

• Al respecto, señala que la promesa de consorcio, obrante a folios 28 y 29

de su oferta, establece que Dambez Company E.I.R.L., con una participación del noventa por ciento (90 %), asumió expresamente la responsabilidad por las actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental, la implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, así como la implementación de prácticas y herramientas adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, sostiene que correspondía a esta empresa acreditar las certificaciones y que cumplió con presentarlas vigentes, sin que resultara exigible que Constructora Mair E.I.R.L. también las acreditara.

• Para sustentar su posición, invoca los fundamentos 64 y 67 de la

Resolución N° 3128-2026-TCP-S4, los fundamentos 75 a 78 de la Resolución N° 5398-2026-TCP-S6 y los fundamentos 17, 20 y 22 de la Resolución N° 6370-2026-TCP-S6. Según refiere, estos pronunciamientos exigen verificar que el integrante certificado haya asumido expresamente, en la promesa de consorcio, obligaciones vinculadas con la práctica cuya acreditación pretende hacer valer. En ese sentido, considera que su oferta cumple dicho criterio, pues identifica a Dambez Company E.I.R.L. como responsable de las actividades evaluadas.

• Finalmente, señala que, para el factor “Integridad en la contratación

pública”, las bases integradas exigían expresamente que cada integrante del consorcio acreditara contar con la certificación correspondiente para obtener puntaje. Sostiene que esta exigencia individual no fue establecida en los mismos términos para los factores “Sostenibilidad ambiental”, “Gestión de la calidad” y “Seguridad y salud”. Por tanto, considera que el comité evaluó correctamente su oferta y solicita que se mantengan los puntajes otorgados y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• A través del Informe Técnico Legal N° 001-2026-MPH/OA/DARH/OS0002559,

registrados en la ficha SEACE del procedimiento y presentado ante el Tribunal en la misma fecha, la Entidad absolvió el recurso de apelación presentado por el Impugnante, en el siguiente sentido:

• La Entidad solicita que se declare infundado el recurso de apelación en

todos sus extremos, se mantenga el puntaje técnico de noventa y dos (92) puntos asignados al Impugnante y se confirme el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario. Respecto de la evaluación técnica de la oferta del Impugnante.

• La Entidad sostiene que el comité evaluó el subfactor b.3 “Capacitación y

certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave” conforme a las bases integradas. Señala que estas requerían certificados u otros documentos análogos que acreditaran la capacitación del especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en gestión ambiental, construcción sostenible o eficiencia energética. Al respecto, menciona las certificaciones LEED AP, EDGE Expert y BREEAM Assessor, así como los cursos especializados en gestión de residuos de construcción y demolición, economía circular aplicada a la construcción y normativa ambiental nacional e internacional.

• En ese contexto, afirma que la constancia de egresado de la Maestría en

Gestión Ambiental y Minera presentada por el Impugnante no constituye un documento suficiente para acreditar el subfactor cuestionado, pues únicamente acredita la condición académica del profesional propuesto. Si bien reconoce que este pudo haber cursado asignaturas iguales o similares a las requeridas, señala que ello no puede verificarse del contenido de la constancia, pues esta solo indica que cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas del programa, sin identificar cuáles fueron.

• Asimismo, sostiene que el diploma de especialización en Seguridad y Salud

en el Trabajo tampoco resulta idóneo para acreditar el subfactor, pues no constituye, por sí mismo, una certificación especializada en sostenibilidad ambiental. Añade que admitir dicho documento como equivalente supondría extender el alcance del factor de evaluación a una materia distinta de la expresamente prevista en las bases integradas. Respecto a la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Se ratifica en la decisión del comité de otorgar puntaje al Consorcio

Adjudicatario en los factores “Sostenibilidad ambiental”, “Gestión de la calidad” y “Seguridad y salud”, al considerar que dicha decisión se encuentra debidamente motivada y se ajusta a las bases integradas. Por ello, solicita que se declare infundado el cuestionamiento formulado por el Impugnante, se mantenga la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y se confirmen los puntajes asignados en los referidos factores.

• Finalmente, sostiene que, al desestimarse los cuestionamientos contra la

oferta del Consorcio Adjudicatario, corresponde confirmar el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• Con la Carta N° 0837-2026-MPH-A-GM-OGA-OA, presentada en la misma fecha

ante el Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para realizar informe en la audiencia programada.

• Por medio del decreto del 26 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

Consorcio Adjudicatario, en calidad de tercero administrado y, se tuvo por absuelto el traslado del recurso impugnativo.

• El 27 de octubre de 2026 se realizó la audiencia programada con la participación

de los representantes del Impugnante, el Consorcio Adjudicatario y la Entidad.

• A través del decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante contra la evaluación de su oferta y contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2 y cuando se trate de procedimientos para implementar o mantener catálogos electrónicos de Acuerdo Marco. Bajo tal premisa normativa, dado que, en el presente caso, el recurso de apelación ha sido interpuesto respecto de una licitación pública abreviada, cuya cuantía de la contratación asciende a S/ 3 298 636.84 (tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos treinta y seis con 84/100 soles), siendo dicho monto superior a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el 2 El procedimiento de selección fue convocado el 25 de septiembre de 2026; por lo cual el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) aplicable al caso concreto es el que se aprobó para el año 2026, el cual asciende a S/ 5 500.00 soles, según lo determinado en el Decreto Supremo N° 301-2025- EF. En dicho caso, cincuenta (50) UIT equivalen a S/ 275 000.00 soles.

factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque la evaluación técnica de su oferta y de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro realizado a favor de este último, y que posteriormente se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su cuantía corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. De igual modo, según el literal c) del artículo 307 del Reglamento, la omisión de los requisitos señalados en los literales a), c), d), e) y f) del artículo 306 – identificación del impugnante, el petitorio, las pruebas instrumentales pertinentes, la garantía por interposición del recurso y la inscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), cuando corresponda–, es subsanada por el apelante dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de la presentación del recurso de apelación. Este plazo es único y suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación. En aplicación a lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una licitación pública abreviada, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 16 de octubre de 2026, considerando que la buena pro fue publicada en el SEACE el 9 del mismo mes y año. Al respecto, del expediente fluye que el 16 de octubre de 2026, el Impugnante interpuso su recurso impugnativo, debidamente subsanado el 19 del mismo mes y año; en consecuencia, cumplió con los plazos descritos en los artículos 304 y 307 del Reglamento.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación del Impugnante, se aprecia que este aparece suscrito por el señor Nino Yuri Huerta Ramírez, en su condición de representante legal.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda inferirse y determinarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. De la revisión del recurso de apelación, se advierte que la impugnación no se encuentra inmersa en el presente supuesto de improcedencia, ya que la oferta del Impugnante fue admitida y calificada.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupó en el segundo lugar en el orden de prelación del procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoque la evaluación técnica de su oferta y de la oferta del Consorcio Adjudicatario, se revoque el otorgamiento de la buena pro realizado a favor de este último, y que posteriormente se otorgue la buena pro a favor de su representada; por consiguiente, se advierte que los actos objeto del recurso no se encuentran comprendidos en el presente supuesto de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal

El artículo 109 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en lo sucesivo TUO de la LPAG, regula la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones del Estado, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; en ese sentido, corresponde emitir un pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la evaluación de su oferta.
• Se revoque la evaluación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Se revoque el otorgamiento de la buena.
• Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

Por su parte, el Consorcio Adjudicatario solicitó lo siguiente:

• Se declare infundado el recurso de apelación.
• Se confirme la buena pro otorgada a su favor.
• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, se tiene que el decreto de admisión del recurso fue publicado de manera electrónica por el Tribunal en el SEACE el 20 de octubre de 2026, razón por la cual, los postores afectados contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 23 del mismo mes y año.

Precisamente, se aprecia que el Consorcio Adjudicatario absolvió el recurso el 23 de octubre de 2026, dentro del plazo reglamentario previsto. En dicho escrito se limitó a defender la evaluación efectuada por el comité frente a los cuestionamientos del Impugnante, sin formular cuestionamientos adicionales contra la oferta de este último. Por ello, los puntos controvertidos se determinarán a partir de las pretensiones del recurso de apelación, sin perjuicio de valorar los argumentos de defensa del Consorcio Adjudicatario al resolver cada controversia.

• En atención a ello, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:

➢ Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante. ➢ Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta de Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar a quién corresponder otorgar la buena pro del procedimiento de selección.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia e igualdad de trato.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta del Impugnante.

• Considerando que el Impugnante cuestiona la evaluación de su oferta,

corresponde analizar lo señalado por el comité en el “Acta de apertura, admisión, calificación y evaluación de las ofertas, y buena pro”, registrada en la ficha SEACE del procedimiento el 9 de octubre de 2026. En dicho documento, se indica lo siguiente: Figura 1. Evaluación de la oferta del Impugnante. (…) (…) Nota: Extraído de las páginas 10 a 13 del Acta. Conforme puede observarse, el comité asignó cero (0) puntos a la oferta del Impugnante en el subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”, al considerar que no acreditó las condiciones exigidas para el especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Al respecto, señaló que las bases integradas constituían las reglas definitivas del procedimiento y contemplaban dos (2) puntos por presentar certificaciones especializadas en sostenibilidad ambiental reconocidas, un (1) punto por acreditar cursos especializados en gestión ambiental y cero (0) puntos cuando no se presentara la documentación requerida. En ese marco, consideró que la constancia de egresado de la Maestría en Gestión Ambiental y Minería del ingeniero Alcides Javier Huerta Ramírez únicamente acreditaba su condición académica de egresado, sin constituir, por sí misma, alguna de las certificaciones previstas. Asimismo, sostuvo que el Diploma de Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo correspondía a una materia distinta de la exigida. Por ello, concluyó que no correspondía otorgar puntaje por analogía, pues ello supondría modificar las reglas de evaluación y brindar un trato distinto frente a los postores que hubieran presentado los documentos expresamente requeridos.

• Tal como se observa en el numeral 2 de los antecedentes, el Impugnante cuestiona

que no se le haya otorgado los tres (3) puntos por la acreditación del subfactor “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”, al considerar que la formación de posgrado acreditada por el profesional propuesto comprende las materias valoradas en las bases integradas y resulta suficiente para obtener el puntaje solicitado.

• Conforme el numeral 4 de los antecedentes, el Consorcio Adjudicatario sostiene

que la documentación presentada por el Impugnante no satisface las condiciones de acreditación del subfactor cuestionado y que equiparar la formación invocada con las certificaciones exigidas supondría modificar las reglas de evaluación y vulnerar la igualdad de trato entre los postores.

• Por su parte, según se observa en el numeral 5 de los antecedentes, la Entidad

ratifica la evaluación efectuada por el comité, al considerar que los documentos presentados no permiten verificar la capacitación del profesional en las materias exigidas, por lo que no corresponde otorgarles un alcance distinto de su contenido para reconocer el puntaje solicitado.

• A fin de esclarecer la controversia aludida, resulta pertinente traer a colación lo

señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues estas constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben someter los participantes y/o postores, así como la Entidad al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• Al respecto, en el literal B) del Capítulo IV – Factores de evaluación de la sección

específica de las bases integradas, para acreditar el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”, se solicitó lo siguiente: Figura 2. Factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental”.

(…) Nota: Extraído de las páginas 69 y 70 de las bases integradas. Tal como puede observarse, el factor de evaluación “Sostenibilidad ambiental” valora que el postor cuente con una o más prácticas en dicha materia y contempla cinco (5) puntos, distribuidos entre los subfactores b.1 “Certificados de sistemas de gestión ambiental o políticas ambientales a nivel empresarial” y b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”. El primero otorga dos (2) puntos por acreditar certificaciones como ISO 14001 o equivalentes, vigentes, correspondientes a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación y aplicables a consultoría de obra y ejecución de obra. Por su parte, el subfactor b.3 valora que el especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente cuente con capacitación en gestión ambiental, construcción sostenible o eficiencia energética. Para ello, distingue dos supuestos de asignación de puntaje: dos (2) puntos por presentar certificaciones especializadas en sostenibilidad ambiental reconocidas, como LEED AP, EDGE Expert o BREEAM Assessor; y un (1) punto por presentar certificaciones de cursos especializados en gestión ambiental, como los referidos a gestión de residuos de construcción y demolición, economía circular aplicada a la construcción o normativa ambiental nacional e internacional. Cuando no se presentan las certificaciones requeridas, corresponde asignar cero (0) puntos.

• En ese contexto, corresponde revisar la documentación presentada en la oferta

del Impugnante, a fin de determinar si acredita las condiciones previstas en las bases integradas para obtener puntaje en el subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”.

• De la revisión de la oferta del Impugnante, se aprecia que presentó la constancia

de egresado expedida el 28 de marzo de 2023 por la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, a favor del ingeniero Alcides Javier Huerta Ramírez. En dicho documento se deja constancia de que el profesional concluyó sus estudios en el año académico 2019-II, habiendo cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas del programa de Maestría en Gestión Ambiental y Minera, tal como se observa a continuación:

Figura 3. Constancia de egresado del profesional propuesto. Nota: Extraído de la página 170 de la oferta del Impugnante.

• Al respecto, este Colegiado considera que la constancia presentada permite

acreditar el segundo supuesto del subfactor b.3, referido a los cursos especializados en gestión ambiental. Para determinar su alcance, corresponde atender tanto a la materia de los estudios como al nivel de formación acreditado. En este caso, el documento certifica que el profesional cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas de una maestría en Gestión Ambiental y Minera; por tanto, acredita la culminación satisfactoria de estudios de posgrado en una de las materias expresamente consideradas por las bases integradas.

Aunado a ello, la formación acreditada corresponde al nivel de maestría, cuya amplitud y profundidad superan las de una especialización o un curso en dicha materia. Por ello, la constancia permite tener por cumplida la capacitación especializada en gestión ambiental prevista en el segundo supuesto del subfactor. Esta conclusión se sustenta en los estudios efectivamente cursados y aprobados que certifica la universidad, y no únicamente en la condición de egresado del profesional.

• En ese sentido, frente a lo sostenido por la Entidad y el Consorcio Adjudicatario, la

falta de una relación individual de las asignaturas cursadas no resulta determinante para desconocer la capacitación acreditada, pues las bases integradas valoran cursos especializados en gestión ambiental y la constancia certifica la aprobación de un programa de maestría precisamente en dicha materia. Su valoración no supone incorporar una materia distinta ni equipararla con las certificaciones internacionales previstas para el otro supuesto del subfactor, sino reconocer el contenido formativo que el documento acredita.

• Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, únicamente se permite reconocer

un (1) punto, conforme a la metodología de evaluación prevista en las bases integradas. La maestría acreditada no corresponde al supuesto de las certificaciones especializadas en sostenibilidad ambiental reconocidas, como LEED AP, EDGE Expert o BREEAM Assessor, para el cual se previeron dos (2) puntos. Por consiguiente, no corresponde otorgar los tres (3) puntos solicitados por el Impugnante, sino únicamente el puntaje asociado a la capacitación especializada en gestión ambiental.

• En consecuencia, corresponde declarar fundado en parte este extremo del

recurso de apelación y revocar la evaluación técnica de la oferta del Impugnante en lo referido al subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”, debiendo asignársele un (1) punto en dicho subfactor. Como resultado de ello, su puntaje técnico se incrementa de noventa y dos (92) a noventa y tres (93) puntos. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la evaluación de la oferta de Consorcio Adjudicatario.

• Tal como se observa en el numeral 2 de los Antecedentes, el Impugnante

cuestiona los puntajes otorgados al Consorcio Adjudicatario en los factores “Sostenibilidad ambiental”, “Gestión de la calidad” y “Seguridad y salud”, al considerar que ambos integrantes debían acreditar las prácticas evaluadas por haberse comprometido a ejecutar el objeto contractual. Por ello, solicita que se retiren los puntajes cuestionados y se descalifique dicha oferta por no alcanzar el mínimo requerido para acceder a la evaluación económica.

• Conforme el numeral 4 de los Antecedentes, el Consorcio Adjudicatario sostiene

que la acreditación de los factores cuestionados corresponde al integrante que asumió expresamente las actividades vinculadas con las prácticas evaluadas, conforme a la distribución de obligaciones de su promesa de consorcio. En ese sentido, considera suficiente la documentación presentada y solicita que se mantengan los puntajes otorgados y la buena pro a su favor.

• Por su parte, según se observa en el numeral 5 de los Antecedentes, la Entidad

ratifica la evaluación efectuada por el comité, al considerar que el otorgamiento de los puntajes cuestionados se encuentra debidamente motivado y se ajusta a las bases integradas, por lo que solicita desestimar el cuestionamiento y confirmar la buena pro.

• A fin de esclarecer la controversia, corresponde revisar las disposiciones de las

bases integradas sobre los factores “Sostenibilidad ambiental”, “Gestión de calidad” y “Seguridad y salud”, así como la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario para acreditarlos.

• Respecto del factor “Sostenibilidad ambiental”, corresponde remitirse a las

condiciones recogidas en la Figura 2 y descritas en el primer punto controvertido. Para el análisis de la presente controversia, resulta relevante la regla según la cual, tratándose de consorcios, los integrantes que realizan actividades relacionadas con el objeto del contrato deben acreditar las prácticas correspondientes.

• De otro lado, en el literal F) del mismo capítulo, se reguló el factor “Gestión de

calidad”, conforme al siguiente detalle:

Figura 4. Factor de evaluación “Gestión de calidad”. (…) Nota: Extraído de la página 72 de las bases integradas. Este factor valora la práctica de implementación de un sistema de aseguramiento y control de calidad, mediante un certificado vigente ISO 9001:2015 o equivalente. Su metodología contempla quince (15) puntos por una certificación con alcance en ejecución de obras o consultoría de obras, siete (7) puntos por una certificación en otro sistema reconocido sin dicho alcance específico y cero (0) puntos cuando no se presenta una certificación válida. También establece que los integrantes del consorcio que realizan actividades relacionadas con el objeto contractual deben acreditar las prácticas evaluadas.

• Finalmente, en el literal G), se establecieron las condiciones del factor “Seguridad

y salud”, según se observa a continuación:

Figura 5. Factor de evaluación “Seguridad y salud”. (…) Nota: Extraído de las páginas 72 y 73 de las bases integradas. Según se aprecia, este factor comprende dos componentes: el subfactor k.1, que otorga cinco (5) puntos por acreditar una certificación ISO 45001:2018, NTP-ISO 45001:2018 o equivalente, cuyo alcance incluya la ejecución de obras; y el subfactor k.3, que valora el uso de tecnología para la seguridad, mediante documentación que sustente la implementación de herramientas digitales o de monitoreo. Este último contempla quince (15) puntos por herramientas digitales avanzadas y diez (10) puntos cuando la tecnología se limita a herramientas básicas de monitoreo. Para los consorcios, nuevamente se exige que los integrantes que realizan actividades relacionadas con el objeto contractual acrediten las prácticas correspondientes.

• De las disposiciones reseñadas se advierte una regla común: la obligación de

acreditar las prácticas evaluadas se determina en función de la participación de los integrantes en actividades relacionadas con el objeto del contrato. Por ello, para establecer a cuáles de los consorciados resultaba exigible presentar las certificaciones, corresponde revisar las obligaciones asumidas en su promesa de consorcio.

• Al respecto, a folios 28 y 29 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, obra el Anexo

N° 4 – Promesa de consorcio, en el cual se consignó la siguiente distribución de obligaciones: Figura 6. Promesa de consorcio. (…) (…) Nota: Extraído de las páginas 28 y 29 de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Como puede observarse en la Figura 6, Dambez Company E.I.R.L., con una

participación del noventa por ciento (90 %), y Constructora Mair E.I.R.L., con una participación del diez por ciento (10 %), asumieron la responsabilidad de ejecutar la obra hasta su liquidación. Adicionalmente, se atribuyó a la primera empresa la responsabilidad por las actividades de sostenibilidad ambiental, la implementación del sistema de aseguramiento y control de calidad, y la implementación de prácticas y herramientas adicionales a la regulación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

• En ese contexto, si bien las actividades específicas vinculadas con los factores

cuestionados fueron asignadas a Dambez Company E.I.R.L., ambos integrantes se comprometieron a ejecutar el objeto contractual. Por tanto, conforme a las bases integradas, ambos debían acreditar las certificaciones exigidas para obtener los puntajes respectivos. La distribución interna de aquellas actividades no permite excluir de dicha exigencia a Constructora Mair E.I.R.L., pues esta también asumió la ejecución de la obra.

• Este razonamiento coincide con el criterio desarrollado en los fundamentos 35 y

42 de la Resolución N° 08580-2026-TCP-S1, en los cuales se precisó que, cuando ambos integrantes asumen actividades relacionadas con el objeto contractual, la presentación de las certificaciones por uno de ellos resulta insuficiente, aun cuando la promesa de consorcio le atribuya expresamente las actividades vinculadas con las prácticas evaluadas.

• En cuanto a las Resoluciones N° 3128-2026-TCP-S4, N° 5398-2026-TCP-S6 y N°

6370-2026-TCP-S6, citadas por el Consorcio Adjudicatario, corresponde precisar que fueron emitidas considerando la redacción anterior de las bases estándar. En esos casos, las bases exigían que las certificaciones fueran presentadas por los integrantes que hubieran asumido las actividades vinculadas con la práctica evaluada, conforme a su promesa de consorcio. La regla del presente procedimiento es distinta: deben presentar las certificaciones los integrantes que realizarán actividades relacionadas con el objeto del contrato. Por ello, aunque Dambez Company E.I.R.L. haya asumido las actividades ambientales, de calidad y de seguridad, Constructora Mair E.I.R.L. también debía acreditar las certificaciones, pues ambas empresas se comprometieron a ejecutar la obra.

• Sin embargo, la falta de las certificaciones de Constructora Mair E.I.R.L. no

determina que se retire todo el puntaje de los tres factores. Como se ha descrito, “Sostenibilidad ambiental” también valora la capacitación del personal clave, mientras que “Seguridad y salud” incluye el documento elaborado por los propios postores referido a uso de tecnología para la seguridad. Estos aspectos se acreditan mediante documentos distintos de las certificaciones de los sistemas de gestión. Por ello, corresponde identificar qué puntajes fueron otorgados por estas certificaciones y cuáles por los otros elementos, a fin de retirar únicamente aquellos cuya acreditación resultaba exigible a ambos consorciados.

• Respecto del factor “Sostenibilidad ambiental”, a folio 263 de la oferta, obra el

certificado ISO 14001:2015, emitido por INTERCERT a favor de Dambez Company E.I.R.L. Sin embargo, no se presentó la certificación correspondiente a Constructora Mair E.I.R.L., pese a que esta también asumió la ejecución de la obra. En consecuencia, corresponde retirar los dos (2) puntos otorgados al Consorcio Adjudicatario en el subfactor b.1. Por otro lado, a folios 264 a 267, se presentaron documentos de capacitación a favor del señor José Aníbal Zamudio Flores, referidos a gestión de residuos de construcción y demolición. Esta documentación corresponde al componente de capacitación del personal clave y no a la certificación del sistema de gestión ambiental de cada empresa consorciada. Por ello, la falta de certificación empresarial de Constructora Mair E.I.R.L. no determina el retiro del punto otorgado en el subfactor b.3. En consecuencia, el puntaje del factor “Sostenibilidad ambiental” se reduce de tres (3) a un (1) punto.

• Respecto del factor “Gestión de calidad”, a folio 278 obra el certificado ISO

9001:2015, emitido por INTERCERT a favor de Dambez Company E.I.R.L., sin que se haya presentado una certificación correspondiente a Constructora Mair E.I.R.L. Por tanto, al no acreditarse el cumplimiento de la exigencia respecto de ambos integrantes, corresponde retirar los quince (15) puntos asignados al Consorcio Adjudicatario en este factor.

• Por último, respecto del factor “Seguridad y salud”, a folio 280 se presentó el

certificado ISO 45001:2018, también emitido por INTERCERT únicamente a favor de Dambez Company E.I.R.L. En consecuencia, por la misma razón desarrollada, corresponde retirar los cinco (5) puntos otorgados al Consorcio Adjudicatario en el subfactor k.1.

No obstante, desde el folio 281 se incorporó documentación sobre la implementación de herramientas digitales avanzadas para la seguridad, correspondiente al subfactor k.3. Dicho componente cuenta con una forma de acreditación distinta de la certificación empresarial y la documentación presentada se refiere a la implementación de las herramientas por el Consorcio Adjudicatario. Por ello, la ausencia del certificado ISO 45001 de Constructora Mair E.I.R.L. no constituye una razón para retirar los quince (15) puntos asignados por el uso de tecnología para la seguridad, cuya acreditación no ha sido objeto de un cuestionamiento específico distinto del examinado. En consecuencia, el puntaje de este factor se reduce de veinte (20) a quince (15) puntos.

• Por lo expuesto, corresponde retirar veintidós (22) puntos del puntaje técnico del

Consorcio Adjudicatario, que se reduce de noventa y seis (96) a setenta y cuatro (74) puntos.

• En consecuencia, corresponde declarar fundado en parte este extremo del

recurso de apelación y revocar la evaluación técnica de la oferta del Consorcio Adjudicatario en los componentes antes identificados, debiendo reconocérsele un puntaje técnico total de setenta y cuatro (74) puntos. Sin embargo, no corresponde amparar la pretensión de descalificar dicha oferta por no alcanzar el puntaje mínimo, pues conserva un puntaje superior a los setenta (70) puntos exigidos para acceder a la evaluación económica. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar a quién corresponder otorgar la buena pro del procedimiento de selección.

• Como última pretensión, el Impugnante solicitó que se le otorgue la buena pro del

procedimiento de selección.

• Para determinar el puntaje total de las ofertas, corresponde tener presente que el

procedimiento se desarrolló bajo la modalidad de oferta económica fija al cien por ciento (100 %) de la cuantía de la contratación. Sobre esta modalidad, el literal b) del artículo 133 del Reglamento establece lo siguiente: “Oferta económica fija al 100%: la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas, sobre cien puntos”. Por tanto, en este procedimiento no se asigna un puntaje por la oferta económica.

En ese marco, como resultado de lo resuelto en los puntos controvertidos precedentes, los puntajes técnicos del Impugnante y del Consorcio Adjudicatario son noventa y tres (93) y setenta y cuatro (74) puntos, respectivamente. A estos corresponde aplicar la bonificación MYPE del cinco por ciento (5 %), reconocida por el comité a ambos postores, que asciende a 4,65 y 3,70 puntos, respectivamente. Así, el Impugnante obtiene un puntaje total de 97,65 puntos y el Consorcio Adjudicatario de 77,70 puntos, con lo cual el orden de prelación queda establecido conforme al siguiente cuadro:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación – Puntaje total Calificación y resultados Precio (oferta económica fija) Puntaje técnico obtenido Bonificaci ón MYPE Constructora JHR S.R.LTDA. Admitido S/ 3 298 636.84 93 puntos 4.65 puntos 97.65 puntos Calificado Consorcio Molino Admitido S/ 3 298 636.84 74 puntos 3.70 puntos 77.70 puntos Calificado

• En ese sentido, corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección

al Impugnante, debiéndose declarar fundado este extremo del recurso.

• Por tanto, dado que se ha declarado fundado en parte el recurso de apelación del

Impugnante, debe devolvérsele la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Reglamento.

• Finalmente, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la

Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –

SEACE3.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Sonia Tatiana Angulo Reátegui y Jefferson Augusto Bocanegra Diaz, atendiendo al Rol de Turnos de Vocales vigente y a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D00090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor

Constructora JHR S.R.LTDA., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 018-2026-MPH/CS-1, por los fundamentos expuestos: fundado, en los extremos referidos a que se revoque la evaluación técnica de su oferta y de la oferta del Consorcio Molino, integrado por las empresas Constructora Mair E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., se revoque el otorgamiento de la buena pro a favor de dicho consorcio y se otorgue está a favor de su representada; e infundado, en los extremos referidos a que se le otorguen los tres (3) puntos solicitados en el subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave” y se descalifique la oferta del Consorcio Molino. En consecuencia, corresponde: 1.1. Revocar la evaluación técnica de la oferta del postor Constructora JHR S.R.LTDA. en el subfactor b.3 “Capacitación y certificaciones en sostenibilidad ambiental del personal clave”, asignándole un (1) punto en dicho subfactor, con lo cual su puntaje técnico total asciende a noventa y tres (93) puntos. 3 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

1.2. Revocar la evaluación técnica de la oferta del Consorcio Molino, integrado por las empresas Constructora Mair E.I.R.L. y Dambez Company E.I.R.L., retirando dos (2) puntos del subfactor b.1 del factor “Sostenibilidad ambiental”, quince (15) puntos del factor “Gestión de calidad” y cinco (5) puntos del subfactor k.1 del factor “Seguridad y salud”, con lo cual su puntaje técnico total se reduce a setenta y cuatro (74) puntos. 1.3. Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 018-2026-MPH/CS-1, efectuado a favor del Consorcio Molino, integrado por las empresas Constructora Mair E.I.R.L. y Dambez Company

E.I.R.L.

1.4. Otorgar la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 018- 2026-MPH/CS-1 al postor Constructora JHR S.R.LTDA. 1.5. Devolver la garantía presentada por el postor Constructora JHR S.R.LTDA. para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Directiva de disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SONITA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE