Resolución N.° 9603-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la infracción contemplada en la normativa, establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos hechos en la realidad: i) que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. (…)” Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7514/2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la empresa GRIFO CAROLINA S.A.C. por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 0125-2023 del 12 de junio de 2023, emitida por el INPE-Dirección Regional Nor Oriente San Martín para la contratación del “Suministro de Combustible para unidades del E.P. Pampas de Sananguillo correspondiente al mes de mayo 2023”; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 7 de junio de 2023, el INPE-Dirección Regional Nor Oriente San Martín, en

adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 1501, por el monto de S/ 1,051.00 (Mil cincuenta y uno con 00/100 soles), para la contratación del “Suministro de Combustible para unidades del E.P. Pampas de Sananguillo correspondiente al mes de mayo 2023”, en adelante la Orden de Servicio, a favor de la empresa Grifo Carolina S.A.C., en adelante la Contratista. En la oportunidad en que se llevó a cabo dicha contratación estuvo vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante, el Reglamento.

• Con Decreto del 29 de enero de 20262, previamente al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, se trasladó la denuncia a la Entidad y se le requirió 1 Obrante a folio 70 del expediente administrativo en formato PDF. 2 Obrante a folios 22 al 23 del expediente administrativo en formato PDF.

que cumpla con remitir un informe técnico legal detallando la procedencia de las infracciones denunciadas, la supuesta responsabilidad del proveedor denunciado, el perjuicio ocasionado y los resultados de la fiscalización posterior de los documentos, de corresponder. Asimismo, se le requirió, entre otros documentos, la remisión de la Orden de Servicio acompañada con la constancia de recepción.

• Mediante Carta N° D000005-2026-INPE-ORNOSM-C-ELOG3, presentada el 2 y 3 de

marzo de 2026 ante el Tribunal, la Entidad remitió la documentación solicitada por Decreto del 29 de enero de 2026.

• Con Decreto del 21 de abril de 20264, entre otros, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando en el supuesto de impedimento previsto en los literales i) y k) en concordancia con los literales h) y d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Dicho decreto dispuso notificar al Contratista para que, en el plazo de diez (10) días hábiles, presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente. Cabe indicar que dicho decreto fue válidamente notificado vía casilla electrónica el 30 de abril de 2026, según constancia de acuse de recibo publicada en el Toma Razón electrónico. Como sustento para disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador, la Secretaría del Tribunal de Contrataciones Públicas valoró la denuncia realizada por la Dirección de Gestión de Riesgos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (ahora OECE), mediante Memorando N° D000184-2024-OSCE-DGR5, presentado el 20 de mayo de 2024 ante el Tribunal, al cual adjuntaron el Dictamen N° 06-2024/DGR-SIRE6 del 17 de mayo de 2024 y el Reporte N° 413-2024/DGR-SIRE7 del 29 de febrero de 2024. En dichos documentos se advirtió que la Contratista habría incurrido en infracción al contratar con la Entidad, pese a encontrarse presuntamente impedida para ello, debido a que el señor Ricardo Andy Del Castillo Ibáñez habría sido elegido regidor 3 Obrante a folio 27 del expediente administrativo en formato PDF. 4 Obrante a folio 65 del expediente administrativo en formato PDF. 5 Obrante a folio 2 del expediente administrativo en formato PDF. 6 Obrante a folios 3 al 10 del expediente administrativo en formato PDF. 7 Obrante a folios 11 al 16 del expediente administrativo en formato PDF.

provincial de San Martín para el periodo 2023-2026 y tendría vínculos familiares con personas relacionadas con el proveedor Grifo Carolina S.A.C. En ese sentido, se identificó que la señora Sonia Mercedes Ibáñez Ruiz sería su madre; el señor Juan Ricardo Del Castillo Rojas, su padre; y la señora Sonia Carolina del Castillo Ibáñez, su hermana. Asimismo, se señaló que GRIFO CAROLINA S.A.C. tendría como socios a los señores Juan Ricardo Del Castillo Rojas e Isabel Galán de Trauco; que la señora Sonia Mercedes Ibáñez Ruiz habría sido designada como gerente general; y que la señora Sonia Carolina del Castillo Ibáñez habría sido designada como apoderada de dicha empresa.

• Por Decreto del 18 de mayo de 20268, se requirió a la Entidad, entre otros

documentos, el acuse de recibo del referido correo electrónico.

• Mediante Escrito S/N, presentado el 25 de mayo de 2026 ante el Tribunal, la

Contratista señaló lo siguiente:

• Señaló que diversas Salas del Tribunal habrían establecido, mediante

recientes resoluciones (Resolución N° 1773-2026-TCP-S4, N° 1779-2026-TCP- S4, N° 1780-2026-TCP-S4, N° 2297-2026-TCP-S1, N° 02409-2026-TCP-S6 y N° 2441-2026-TCP-S5), que las órdenes de compra emitidas con posterioridad a la ejecución de las prestaciones, únicamente para viabilizar su pago, no constituyen perfeccionamiento contractual para efectos sancionadores.

• Sostuvo que en el presente caso no se habría acreditado el perfeccionamiento

contractual, conforme al Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021-TCE, por lo que no se configuraría la infracción imputada.

• Alegó que deben respetarse los principios de igualdad, predictibilidad,

autovinculación administrativa, tipicidad y presunción de licitud,

uniforme sobre la materia.

• Solicitó la aplicación de la retroactividad benigna, al considerar que los

recientes pronunciamientos del Tribunal contienen un criterio interpretativo más favorable para su representada. 8 Obrante a folios 69 al 70 del expediente administrativo en formato PDF.

• Finalmente, solicitó que, al no haberse acreditado el perfeccionamiento

contractual y existir pronunciamientos favorables sobre casos similares, se disponga el archivo definitivo del procedimiento administrativo sancionador.

• Mediante Carta N° D0000021-2026-INPE-ORNOSM-C-ELOG, presentado el 27 de

mayo de 2026 ante el Tribunal, la Entidad remite la documentación solicitada a través del Decreto del 18 de mayo de 2026.

• Con Decreto del 24 de julio de 20269, se hizo efectivo el apercibimiento decretado

de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente, toda vez que el Contratista cumplió con presentar sus descargos.

• Mediante Decreto de 30 de julio de 2026, se incorporó el expediente

administrativo la siguiente documentación: i) Declaración Jurada de Intereses obtenida del portal de la Contraloría General de la República del señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez, en el cual declaró a las señoras Sonia Carolina Del Castillo Ibañez y Sonia Mercedes Ibañez Ruiz como su hermana y madre, respectivamente. Ii) Fichas RENIEC del señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez y, de las señoras Sonia Carolina Del Castillo Ibañez y Sonia Mercedes Ibañez Ruiz.

• Con Decreto del 30 de julio de 2026, la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal dispuso

que se realice el registro del Informe de Instrucción N° 108-2026/CSCH/ST3 de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal. A través de dicho Informe, la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal recomendó la imposición de sanción contra la Contratista, por la comisión de la infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

• Por Decreto del 11 de agosto de 2026, se remitió el expediente a la Segunda Sala

del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Normativa aplicable

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la

presunta responsabilidad del Contratista, por haber contratado con el Estado al haber contratado con el Estado estando en el supuesto de impedimento previsto en los literales i) y k) en concordancia con los literales h) y d) del numeral 11.1 del 9 Obrante a folio 71 del expediente administrativo en formato PDF.

artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada

mediante la Orden de Servicio. Cabe indicar que, dicha infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos. Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el análisis de la comisión de la infracción se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se evaluará en atención al principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley

vigente, constituye infracción administrativa el contratar con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley. A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempla como supuesto de hecho necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio, es decir, que la Contratista haya suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio, según sea el caso; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, la Contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica a ser participante, postor y/o contratista del Estado, debido a que su participación en los procesos puede afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia con que se debe obrar en ellos, vista la naturaleza de las funciones o labores que cumplen o cumplieron o por la condición que ostentan dichas personas, sus representantes o accionistas. Es así que, el artículo 11 del TUO de Ley establece distintos alcances de los impedimentos para contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito regional, de una jurisdicción, de una Entidad o de un proceso de contratación determinado.

• Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participante, postor y/o

contratista en las contrataciones que lleven a cabo las Entidades, deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no estén expresamente contemplados en la normativa de contrataciones del Estado; razón por la cual, deberá verificarse, en cada caso en particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado; o, de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha, aquél tenía impedimento vigente para tal efecto. En este contexto y conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, a la fecha en que se perfeccionó la relación contractual, la Contratista estaba inmerso en causal de impedimento para contratar con el Estado. Configuración de la Infracción

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la comisión de la

infracción imputada a la Contratista, es necesario que se verifiquen dos requisitos:

• Que, se haya perfeccionado contrato con una Entidad del Estado (según sea

el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio); y ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse la Orden de Servicio, la Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el

artículo 11 del TUO de la Ley.

• Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, respecto del primer

requisito, obra en el expediente administrativo copia de la Orden de Servicio N° 15010, emitida y notificada mediante correo electrónico el 7 de junio de 2023, por el monto de S/ 1,051.00 (Mil cincuenta y uno con 00/100 soles) a favor de la Contratista, conforme se reproduce a continuación. 10 Obrante a folio 70 del expediente administrativo en formato PDF.

• Al respecto, de la revisión del documento se advierte que no existe certeza que

dicha Orden haya sido el documento que dio origen a la relación contractual, dado que, la misma hace referencia que fue emitida para el servicio especializado en administración correspondiente al mes de mayo de 2023; sin embargo, el documento recién es emitido el 7 de junio de 2023; por lo cual, se advierte que al momento de la emisión de la Orden, la Contratista ya se encontraba prestando el servicio descrito en la Orden de Servicio; no siendo dicho documento el que dio origen a la relación contractual con la Entidad.

• En tal sentido, se advierte que la Orden de Servicio se emitió posterior al inicio de

la prestación por parte de la Contratista; por lo cual, no se puede considerar que dicho documento es el que dio inicio a la relación contractual entre la Entidad y la Contratista.

• En ese sentido, se desprende que la Orden de Servicio no es un elemento que

permita acreditar el inicio de la relación contractual entre la Entidad y la Contratista, por lo que, en estricto, dicha Orden de Servicio no constituye el vínculo contractual que originó la contratación que ha sido cuestionada, sino que aquel vínculo se produjo con anterioridad, en una oportunidad que no se conoce y que este Colegiado requiere determinar para hallar el momento de la comisión de la infracción, que se encuentra referido a contratar con el Estado estando impedido para ello.

• Estando a lo expuesto, en el expediente no obran elementos objetivos que

permitan identificar el documento que originó el vínculo contractual del cual deriva la contratación cuestionada en el presente procedimiento administrativo sancionador, ni la oportunidad en que se perfeccionó, elementos necesarios para determinar la responsabilidad por la infracción imputada.

• Por lo expuesto, se concluye que la Contratista no habría incurrido en la infracción

consistente en contratar con el Estado estando impedido para ello, tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; por lo que no corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el proveedor GRIFO

CAROLINA S.A.C. (con R.U.C. N° 20450423085), por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio N° 0125-2023 del 12 de junio de 2023, emitida por el INPE-Dirección Regional Nor Oriente San Martín para la contratación del “Suministro de Combustible para unidades del E.P. Pampas de Sananguillo correspondiente al mes de mayo 2023”, infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 [actualmente tipificada en el literal i) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069]; por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivamiento del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.