Resolución N.° 9600-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de evaluación económica de las ofertas, a efectos de que la Entidad formule un requerimiento claro, preciso y suficientemente detallado respecto de la información que los postores deben presentar para sustentar la composición y viabilidad de sus ofertas económicas (…). Lima, 4 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 4 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expedientes N° 7176/2026.TCP - N° 7249/2026.TCP (Acumulados), sobre los recursos de apelación interpuestos por los postores Rodrigo Sayaverde José Aníbal y Seguridad Industrial Piura S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 10-2026-MPC - 1, convocada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para la “Contratación de bienes adquisición de equipos de protección personal para el personal del mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de Cajamarca”; atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 22 de julio de 2026, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 10-2026-MPC - 1, para la “Contratación de bienes adquisición de equipos de protección personal para el personal del mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de Cajamarca”, con una cuantía de S/ 380 852.63 (trescientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos con 63/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 14 de agosto de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el

18 del mismo mes y año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Alasan, integrado por el postor Garlyn Emilio Alayo Sánchez y la empresa Soluciones Ruizeñor E.I.R.L., por el monto de S/ 379 970.50 (trescientos setenta y nueve mil novecientos setenta con 50/100 soles).

• El 21 de agosto de 2026, el señor Rodrigo Sayaverde José Aníbal y la empresa

Seguridad Industrial Piura S.A.C. interpusieron recursos de apelación contra la no admisión de sus ofertas y el otorgamiento de la buena pro.

• A través de la Resolución N° 8579-2026-TCP-S1 del 9 de setiembre de 2026, la Primera

Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas resolvió declarar fundado en parte los recursos de apelación, y dispuso lo siguiente: − Revocar la decisión del comité de tener por no admitidas las ofertas de los postores José Aníbal Rodrigo Sayaverde y Seguridad Industrial Piura S.A.C., y dispuso continuar con la calificación y evaluación de sus ofertas. − Revocar el otorgamiento de la buena pro del Consorcio Alasan.

• El 22 de setiembre de 2026 se publicó en el SEACE, el otorgamiento de la buena pro

del procedimiento de selección al Consorcio Alasan, integrado por el postor Garlyn Emilio Alayo Sánchez y la empresa Soluciones Ruizeñor E.I.R.L., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 379 970.50 (trescientos setenta y nueve mil novecientos setenta con 50/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total OP.*

CONSORCIO

ALASAN Admitida Calificado 379 970.50 95 1

RODRIGO

SAYAVERDE JOSE

ANIBAL

Admitida Descalificada**

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

PIURA S.A.C.

Admitida Descalificada** *Orden de prelación ** Las ofertas fueron rechazadas. Expediente N° 7176/2026.TCP

• Mediante escrito N° 1 presentado el 28 de setiembre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Rodrigo Sayaverde José Aníbal, en adelante el Impugnante 1, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se declare nula el Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro, ii) se declare válida su oferta económica, iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro del Consorcio Adjudicatario, y iv) se otorgue la buena pro a su representada; sobre la base de los siguientes argumentos:

• Señala que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 08579-2026-

TCP-S1, mediante Carta N° 04-2026-LP/CS-1, la Entidad solicitó el detalle de los componentes de su oferta económica; sin embargo, no adjuntó un formato de estructura de costos que orientara su elaboración, pese a lo previsto en el numeral 132.6 del artículo 132 del Reglamento, que permite a los evaluadores proporcionar dicho formato con los componentes mínimos materia de acreditación y solicitar información adicional pertinente, omisión que fue confirmada en el numeral V del Acta de Admisión, Evaluación, Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro, donde el propio comité señaló que decidió no adjuntar un formato de estructura de costos, a fin de que cada postor determinara la suya y sustentara la viabilidad de su oferta. En respuesta, indica que mediante Carta N° 001-2026-JARS del 18 de setiembre de 2026, su representada presentó el detalle de los componentes de su oferta económica y las cotizaciones correspondientes a los bienes ofertados, con la finalidad de acreditar la razonabilidad y viabilidad del precio propuesto.

• Refiere que su representada ofertó la suma de S/ 304 000.00, incluido el IGV, bajo

el sistema de contratación a suma alzada, conforme al Anexo N° 6 y al Anexo N° 9 de su propuesta económica. El Anexo N° 6 establece expresamente que el precio comprende todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales que correspondan y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo de los bienes. Asimismo, las cotizaciones presentadas sustentan el costo de adquisición de los productos terminados ofertados. Según el cuadro comparativo elaborado a partir de dicha documentación, se tiene lo siguiente: − Precio total ofertado, incluido IGV: S/ 304 000.00. − Costo total según cotizaciones, incluido IGV: S/ 251 659.61. − Diferencia entre el precio ofertado y las cotizaciones: S/ 52 340.39. Esta diferencia evidencia un margen económico para atender los costos adicionales que pudieran corresponder, así como la utilidad de su representada, sin perjuicio de que la evaluación deba considerar integralmente la documentación presentada.

• Con relación a la improcedencia del rechazo de la oferta económica, agrega que

el comité rechazó la oferta de su representada por considerar que era inferior en 20.18% a la cuantía y que el detalle presentado no constituía una estructura de costos suficiente. Asimismo, cuestionó la falta de determinados conceptos, las especificaciones de algunos bienes, la vigencia de ciertas cotizaciones y el domicilio de su representada.

• Así refiere que el precio inferior a la cuantía no constituye, por sí solo, causal de

rechazo, debido a que la normativa de contratación pública no establece un porcentaje mínimo uniforme para rechazar ofertas de bienes por encontrarse sustancialmente por debajo del valor estimado. El rechazo requiere que, luego de solicitar al postor el detalle de la composición de su oferta, se acrediten mediante razones objetivas indicios de un probable incumplimiento contractual. Por lo tanto, la diferencia del 20.18% señalada por el comité no justifica automáticamente el rechazo, pues resulta indispensable analizar la documentación presentada y determinar si el precio permite cumplir satisfactoriamente las obligaciones contractuales.

• Alega que el comité cuestionó que la información presentada no constituía una

estructura de costos y que no detallaba partidas como fletes, seguros, gastos de confección, gastos generales, gastos financieros y utilidad. Sin embargo, la propia Entidad decidió no adjuntar un formato de estructura de costos y solicitó que cada postor elaborara el suyo. Además, el objeto de contratación corresponde a la adquisición de equipos de protección personal terminados, elaborados o confeccionados, por lo que su representada presentó cotizaciones comerciales que sustentan sus precios. En consecuencia, refiere que corresponde examinar la documentación efectivamente presentada, considerando la naturaleza de los bienes y los términos del requerimiento, sin exigir componentes o desagregaciones que no hayan sido debidamente identificados en la solicitud de información.

• Sostiene que el Anexo N° 6 de la oferta declara que el precio incluye los

impuestos, seguros, transporte y demás conceptos que puedan incidir en el costo de los bienes. Adicionalmente, la diferencia de S/ 52 340.39 entre el monto ofertado y el importe total de las cotizaciones presentadas constituye un elemento que debe evaluarse al analizar la viabilidad económica de la propuesta. Por ello, no resulta suficiente afirmar que la oferta es inviable sin examinar integralmente los documentos y la composición económica presentada por su representada.

• Señala que el comité también sustentó el rechazo en supuestas diferencias entre

las descripciones consignadas en determinadas cotizaciones y las especificaciones de las bases integradas. Al respecto, debe tenerse presente que la oferta de su representada fue declarada admitida mediante Resolución N° 08579-2026-TCP-S1. Asimismo, se presentó el Anexo N° 3, mediante el cual se declaró conocer y aceptar las bases, así como cumplir las condiciones y requerimientos de la contratación. Respecto de los bienes cuestionados, se precisa lo siguiente:

• Bota de jebe con punta de acero: Se cuestionó que la cotización no

identificaba la marca ni especificaba la puntera de acero. Para aclarar este extremo, su representada cuenta con una cotización de fecha 26 de setiembre de 2026 y la ficha técnica correspondiente, documentos que permiten contrastar las características del producto y verificar si cumple las especificaciones exigidas.

• Guante anticorte: Contrariamente a lo señalado en el acta, su representada

presentó con la Carta N° 001-2026-JARS una cotización de fecha 18 de setiembre de 2026, correspondiente al guante anticorte de marca WONDER GRIP, emitida por INDUSTRIAS GABUTEAU S. A. Este hecho debe verificarse mediante la revisión integral de los documentos presentados.

• Escarpines de cuero para soldador: En la proforma N° 0001-144, de fecha

18 de setiembre de 2026, se consignó por error la descripción “caña corta”. Para aclarar dicha discrepancia, se cuenta con una cotización de fecha 26 de setiembre de 2026, en la que se mantiene el precio unitario de S/ 11.00. Corresponde determinar si la documentación permite acreditar que el bien ofertado cumple con las características exigidas, sin alterar indebidamente la oferta original. En consecuencia, solicita que estos cuestionamientos sean examinados a partir de los documentos efectivamente presentados y de las exigencias establecidas en las bases integradas, respetando los alcances de la Resolución N° 08579-2026-

TCP-S1.

• Sobre la vigencia de las cotizaciones y condiciones de pago, indica que el comité

cuestionó que determinadas cotizaciones de las empresas PHRYMA y SEGUSA establecieran condiciones de pago adelantado y plazos de vigencia limitados,

durante la ejecución contractual. No obstante, según lo expuesto, las bases integradas y la Carta N° 04-2026-LP/CS-1 no exigieron expresamente acreditar la vigencia de los precios durante toda la ejecución contractual mediante dichos documentos. Asimismo, a través del Anexo N° 3, su representada se comprometió a mantener su oferta durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato en caso de obtener la buena pro. Por lo tanto, las condiciones comerciales de las cotizaciones deben analizarse en su contexto y no considerarse, por sí solas, prueba suficiente de la inviabilidad de la oferta, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por el postor.

• Refiere que el comité también cuestionó que el domicilio de su representada se

encuentre en Chiclayo y no en Cajamarca, argumento que carece de sustento suficiente, pues no se ha identificado una disposición de las bases integradas que impida participar a proveedores domiciliados en otras regiones. La ubicación del domicilio, por sí misma, tampoco demuestra que la prestación sea inviable, especialmente cuando el precio ofertado declara incluir los costos que correspondan. En consecuencia, el rechazo debía sustentarse en un análisis objetivo de la capacidad de cumplimiento y de la composición económica de la oferta, y no únicamente en la ubicación geográfica del proveedor.

• Indica que el Tribunal ha establecido que un precio inferior al valor estimado

constituye un indicio que puede justificar la solicitud de información adicional, pero no una causal autónoma de rechazo. Además, trae a colación que la Opinión N° 135-2017-DTN señaló que, para la contratación de bienes y servicios en general, la normativa no establece un porcentaje uniforme que determine cuándo una oferta es sustancialmente inferior al valor referencial. En estos casos, el rechazo requiere una evaluación de la composición de la oferta y la acreditación objetiva de un probable incumplimiento. En el presente caso, su representada atendió el requerimiento mediante la presentación del detalle de precios y las cotizaciones correspondientes. Por ello, el comité debía evaluar dichos documentos y fundamentar de manera objetiva cualquier conclusión sobre la supuesta inviabilidad económica.

• Solicita que se otorgue la buena pro a su representada, siempre que corresponda

conforme al resultado de la evaluación y calificación de su oferta, considerando que, mediante Resolución N° 08579-2026-TCP-S1, el Tribunal declaró admitida su propuesta y dispuso continuar con su evaluación y calificación. Asimismo, según lo señalado en el acta del procedimiento, su representada fue evaluada y calificada por el comité, y que su oferta económica es menor que la del Consorcio Adjudicatario.

• Finalmente, solicita al Tribunal que remita los actuados pertinentes a la

Contraloría General de la República, para que, en el ámbito de sus competencias, evalúe la existencia de eventuales deficiencias, situaciones adversas o presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación, desde los actos preparatorios hasta el otorgamiento de la buena pro. Este pedido se sustenta en los cuestionamientos formulados contra el rechazo de su oferta, pese a que su admisión fue reconocida mediante Resolución N° 08579-2026-TCP-S1, así como en la presunta falta de motivación técnica suficiente para justificar el rechazo posterior.

• Con decreto del 29 de setiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso a los postores distintos del Impugnante 1 que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 6 de octubre de 2026. Expediente N° 7249/2026.TCP

• Mediante escrito N° 1 presentado el 29 de setiembre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Seguridad Industrial Piura S.A.C., en adelante el Impugnante 2, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que: i) se revoque la descalificación de su oferta, ii) se descalifique la oferta del Impugnante 1, iii) se revoque el otorgamiento de la buena pro del Consorcio Adjudicatario, y iv) se disponga continuar con el procedimiento de selección; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta.

• Señala que el comité rechazó su oferta, ascendente a S/ 342 659.00, por

encontrarse 10.03 % por debajo de la cuantía de la contratación y considerar insuficiente el detalle de su estructura de costos, al no identificar conceptos como fabricación o adquisición, gastos generales, utilidad, fletes, seguros y costos de personalización de los bienes. Sin embargo, las bases integradas no establecen la estructura de costos como requisito de calificación ni contemplan su ausencia como causal autónoma de descalificación. Por tanto, el rechazo debía sustentarse en razones objetivas que acreditaran un probable incumplimiento contractual, conforme a los numerales 132.5 y 132.6 del artículo 132 del Reglamento, y no en exigencias adicionales no previstas en las reglas del procedimiento.

• Refiere que, mediante Carta N° SIPsac/18-09-1, su representada atendió el

requerimiento del comité, presentando el detalle de los 32 ítems ofertados, con su descripción, marca, unidad de medida, cantidad, norma técnica o fabricante, precio unitario y precio total. Asimismo, adjuntó las fichas técnicas y el certificado de registro de propiedad industrial ante INDECOPI. Pese a ello, el comité cuestionó la falta de desagregación de determinados costos, aunque no había precisado previamente los componentes mínimos que debían sustentarse ni proporcionado un formato para tal efecto.

• Sostiene que las bases integradas establecieron que la contratación se realizaría

bajo el sistema de suma alzada y, en el Anexo N° 6, únicamente exigieron consignar el concepto y el precio total, declarando que este comprendía los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, costos laborales y demás conceptos aplicables. Asimismo, el propio comité dejó constancia de que decidió no adjuntar un formato de estructura de costos. En consecuencia, resulta cuestionable que posteriormente rechazara la oferta por no contener un desglose cuya metodología y componentes mínimos no fueron previamente definidos. Si bien el numeral 132.6 del artículo 132 del Reglamento permite solicitar información adicional y proporcionar un formato de estructura de costos, dicha facultad debe ejercerse de manera clara y razonable, de modo que el postor conozca los aspectos que debe acreditar y pueda atender adecuadamente el requerimiento.

• Indica que la actuación del comité debe analizarse conforme a los criterios

establecidos en la Resolución N° 08573-2026-TCP-S1 (cuando la Entidad no proporciona un formato con los componentes mínimos que deben acreditarse, el postor puede presentar el desglose que considere pertinente, sin que se le exija posteriormente un nivel de detalle que no fue establecido en el requerimiento) y en la Resolución N° 4190-2026-TCP-S2 (la diferencia porcentual entre el precio ofertado y la cuantía constituye un indicio que puede justificar una indagación, pero no una razón suficiente para rechazar automáticamente la propuesta). En ese sentido, el precio de S/ 342 659.00 no justificaba, por sí solo, el rechazo de la oferta. Era necesario evaluar la información presentada y acreditar objetivamente un probable incumplimiento contractual. Además, debe distinguirse entre la evaluación económica y la calificación de ofertas. El rechazo por un precio sustancialmente inferior a la cuantía corresponde al análisis previsto en el artículo 132 del Reglamento y no puede convertirse automáticamente en una causal de descalificación no contemplada en las bases integradas. Por ello, solicita que se determine si el comité aplicó correctamente las reglas del procedimiento y si motivó suficientemente su decisión.

• Sostiene que el comité aplicó criterios de revisión distintos a los postores, pues

examinó detalladamente las estructuras de costos de su representada y del Impugnante 1, sin someter al Consorcio Adjudicatario al mismo nivel de escrutinio. Asimismo, se solicitó acceso a la documentación relativa a las estructuras de costos de ambos postores; sin embargo, según lo manifestado, dichas solicitudes no fueron atendidas oportunamente, lo que impidió conocer y contrastar integralmente los criterios aplicados durante la evaluación. En consecuencia, corresponde verificar si todos los participantes fueron sometidos a las mismas exigencias y si las decisiones del comité respetaron el principio de igualdad de trato. Sobre la oferta del Impugnante 1.

• Solicita se revisen inconsistencias a la oferta del Impugnante 1, de acuerdo a lo

exigido en las bases integradas, si estas las siguientes: − Color de la prenda: según la Observación N° 8 del pliego absolutorio, el color debía ser blanco o amarillo; sin embargo, la ficha técnica de la marca FAGY, ubicada en la página 13 de su oferta, consignaría el color gris. − Guante de cuero cromo reforzado: la ficha técnica de la página 29 no acreditaría la profundidad mínima de 1 cm exigida en las bases. − Forro y dimensiones del guante: la documentación de la página 30 no acreditaría el forro de algodón y presentaría una posible inconsistencia entre la longitud declarada de 18 pulgadas y la medida consignada en centímetros.

− Documentación técnica y consistencia de la oferta: las fichas técnicas presentadas contendrían características que, según su representada, no se ajustan a las especificaciones exigidas. Corresponde determinar si tales documentos generan contradicciones relevantes respecto del cumplimiento declarado en el Anexo N° 3.

• Al respecto, indica que la Resolución N° 8554-2026-TCP-S6, citada por su

representada, señala que los postores son responsables por el contenido de sus ofertas y que la documentación debe ser clara y consistente, sin que corresponda a los evaluadores corregir contradicciones sustanciales.

• Asimismo, cuestiona que la declaración jurada de garantía comercial del referido

postor no precisaría las condiciones o supuestos de aplicación de la garantía, lo que, según se alega, generaría ambigüedad.

• Por lo tanto, solicita que estos cuestionamientos sean examinados a la luz de las

exigencias expresas de las bases y de la documentación efectivamente presentada, determinando si corresponde alguna consecuencia sobre la validez de dicha oferta.

• Con decreto del 30 de setiembre de 2026, se dispuso acumular los actuados del

expediente administrativo N° 7249/2026.TCP al Expediente N° 7176/2026.TCP, al advertirse que entre los mencionados expedientes existiría conexión que permitiría su tramitación y resolución de manera conjunta, al haberse interpuesto dos recursos de apelación respecto al mismo procedimiento de selección.

• A través del Informe Legal N° 246-2026-OGAJ-MPC presentado el 5 de octubre de

2026 ante la Mesa de Partes del Tribunal, y publicado en el SEACE el 16 de octubre de 2026, la Entidad expresó su posición sobre los argumentos del recurso de apelación, solicitando declarar infundados los recursos de apelación, en los siguientes términos:

• Señala que la normativa no fija un porcentaje para bienes, y el comité no aplicó

ninguno, simplemente tomó la diferencia como indicio que motivaba el requerimiento, no como causal de rechazo, tal como también el Tribunal lo ha establecido en otros casos similares. Es claro también para el comité que el precio bajo de las ofertas no autorizaba, por sí solo, su rechazo, solo justificaba revisarlas. Por eso el comité requirió la composición de ambas ofertas, ante dos indicios razonables que concurrían: el monto ofertado y las actividades que el requerimiento exige para ejecutar la prestación.

• En cuanto al monto, sostiene que las ofertas se ubicaron S/ 76,852.63 (20.18 %)

y S/ 38,193.63 (10.03 %) por debajo de la cuantía; y en cuanto a las actividades, el requerimiento no se agota en la compra y reventa de bienes de catálogo, exige las prestaciones descritas en el numeral 4.1. Cada una de esas actividades genera un costo propio, distinto del precio de compra de los bienes, que la oferta debía cubrir; por ende, una reducción de esa magnitud frente a la cuantía, en una contratación con ese contenido, hacía razonable dudar de que las prestaciones estuvieran suficientemente presupuestadas. Esa duda corresponde a los supuestos i) y iii) del numeral 132.5 del Reglamento, y su apreciación es un juicio técnico del comité (numeral 27.1 del artículo 27 de la Ley). Por eso el comité no aplicó a la oferta del Consorcio Adjudicatario, ubicada apenas 0.23 % por debajo de la cuantía, el mismo requerimiento.

• En ese sentido, indica que el requerimiento de información no prejuzgaba el

resultado, era la oportunidad que la norma otorga al postor para despejar la duda. Sin embargo, ambos postores respondieron con el detalle de precios unitarios por ítem, que es el documento que las bases exigen para perfeccionar el contrato (numeral 3.3 de este informe). Ese detalle reparte el mismo monto total entre los 32 bienes, pero no muestra qué costos cubre cada precio, por ello, la duda razonable y objetiva que motivó el requerimiento quedó sin respuesta. Por lo que, queda claro entonces que el rechazo no se originó en el monto ofertado, sino en que los postores no acreditaron su composición pese a habérseles dado la oportunidad de hacerlo. Con relación al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1.

• Señala que la Resolución N° 08579-2026-TCP-S1 únicamente revocó la no

admisión de la oferta por observaciones a las fichas técnicas, sin pronunciarse sobre su viabilidad económica. Por tanto, el comité conservaba la facultad de evaluar y, de corresponder, rechazar la oferta conforme al artículo 132.5 del Reglamento. Asimismo, el Anexo N° 3 acredita el compromiso de cumplir las bases, pero no demuestra la composición del precio.

• Indica que la diferencia del 20.18 % respecto de la cuantía no constituyó una

causal automática de rechazo, sino el motivo para solicitar información sobre la composición de la oferta, y afirma que el rechazo se sustentó en la insuficiencia de dicha información.

• Refiere que el Impugnante 1 presentó un desglose de precios por ítem y

cotizaciones de adquisición, pero no identificó otros componentes del precio, como transporte, gastos generales, financiamiento y utilidad. Además, distingue el caso de la Resolución N° 08573-2026-TCP-S1, en la que sí se presentó una estructura con partidas identificables. Asimismo, invoca la Resolución N° 8903-2026-TCP-S6 para sostener que los costos necesarios para ejecutar las prestaciones deben estar presupuestados, incluso cuando el proveedor dispone de existencias.

• Alega que las bases exigen aprobar muestras antes de producir o preparar los

bienes y contemplan la personalización de siete tipos de prendas, equivalentes a 1 650 unidades. Sin embargo, las cotizaciones presentadas no identifican los costos de bordado, impresión o incorporación de logotipos institucionales, costos que forman parte de las prestaciones exigidas y que su falta de acreditación afecta la consistencia económica de la oferta.

• Afirma que el cuadro comparativo de cotizaciones y determinados documentos

del 26 de setiembre de 2026 fueron incorporados después del rechazo, por lo que no correspondería utilizarlos para completar la respuesta presentada oportunamente. Añade que la diferencia entre los costos de adquisición y el precio ofertado no permite determinar qué importes cubren el transporte, la personalización, las muestras, el financiamiento, la garantía y la utilidad.

• Con relación a las observaciones sobre bienes específicos señala lo siguiente:

− Escarpín: la cotización original señala caña corta, pese a que las bases exigen caña larga. La nueva cotización sería extemporánea. − Guante anticorte: la cotización identifica el producto y su costo de adquisición, pero no los demás componentes del precio. − Bota de jebe con punta de acero: la cotización corresponde al bien ofertado, pero tampoco acredita los costos adicionales de la prestación. Sostiene que el cuestionamiento central no es la identificación de estos bienes, sino la falta de sustento integral del precio.

• Por otro lado, manifiesta que, aunque la vigencia de las cotizaciones y las

condiciones de pago no constituyen causales autónomas de rechazo, considera que evidencian la necesidad de financiar la adquisición de los bienes hasta su entrega, conformidad y pago único, sin adelantos. Afirma que este costo financiero no fue identificado por el Impugnante 1.

• Sobre el domicilio del Impugnante 1 resalta que no constituye por sí mismo una

causal de rechazo. Sin embargo, sostiene que las cotizaciones proceden de proveedores ubicados en distintas ciudades y que las bases exigen entregar los bienes en el almacén central de la Entidad, por lo que el transporte representa un costo que debió considerarse en la oferta.

• Finalmente, señala que la ficha técnica de la casaca de cuero para soldador,

presentada voluntariamente por el postor, indica color gris, mientras que las bases integradas exigen color blanco o amarillo. Considera que esta contradicción es incompatible con la declaración del Anexo N° 3, mediante la cual el postor afirmó cumplir todas las condiciones del requerimiento. Invoca el criterio de que los documentos incorporados voluntariamente forman parte de la oferta y que las contradicciones relevantes no pueden ser corregidas por el comité ni por el Tribunal. Por ello, sostiene que, aun si se revocara el rechazo económico, la oferta no podría continuar en el procedimiento debido a dicha incongruencia técnica. Con relación al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2.

• Refiere que el rechazo de ofertas por probable incumplimiento económico está

previsto en el numeral 132.5 del artículo 132 del Reglamento y en las bases integradas. Por tanto, no constituye una causal de descalificación creada por el comité ni requiere estar contemplada como requisito de calificación.

• Alude que el numeral 132.6 del Reglamento permite, pero no obliga, a la Entidad

a proporcionar un formato de estructura de costos. Asimismo, la modalidad de suma alzada no excluye la verificación de la viabilidad económica prevista en el numeral 132.5. Mediante Carta N° 003-2026-LP/CS-1, el comité solicitó los conceptos y componentes del precio necesarios para verificar que estuvieran cubiertas todas las prestaciones exigidas, incluidas la personalización de los bienes y su traslado al almacén de Cajamarca.

• Indica que mediante Carta SIPsac/18-09-I, el postor únicamente presentó el

detalle de precios unitarios de los 32 ítems, las fichas técnicas y documentación de registro de marca, sin desglosar los componentes adicionales del precio. Destaca que en el propio recurso reconoce que no se desagregaron los costos logísticos ni de fabricación. Añade que, al tratarse de bienes de marca propia y existir exigencias de personalización, correspondía sustentar los costos de fabricación, materiales, mano de obra y confección, así como el transporte desde Piura hasta Cajamarca.

• Sobre las resoluciones invocadas, sostiene que la Resolución N° 08573-2026-TCP-

S1 no prohíbe exigir el sustento de la composición económica, pues en aquel caso el postor presentó una estructura con partidas vinculadas a los costos observados. Asimismo, afirma que la Resolución N° 4190-2026-TCP-S2 corresponde a un procedimiento de subasta inversa electrónica y no analiza específicamente el supuesto del numeral 132.5 del Reglamento.

• Indica que el rechazo se habría efectuado durante la evaluación de ofertas, antes

de la asignación de puntajes. La utilización del término “descalificada” en el acta constituye un error material que no modifica la naturaleza ni el sentido de la decisión.

• Precisa que aplicó el mismo procedimiento a las ofertas que se encontraban

significativamente por debajo de la cuantía: 20.18 % en el caso del Impugnante 1 y 10.03 % en el Impugnante 2. En cambio, la oferta del CONSORCIO ALASAN se encontraba solo 0.23 % por debajo, por lo que no correspondía requerirle el sustento previsto en el artículo 132. Respecto del acceso a la información (ante la solicitud de acceso a la información y se me brinde la estructura de costos presenta por el Impugnante 1, y la estructura de costos del Consorcio Adjudicatario), afirma que la solicitud de Impugnante 2 fue atendida mediante Carta N° 078-2026-OAyCP-OGAyF/MPC, notificada el 30 de setiembre de 2026, y que la documentación también estaba publicada en el SEACE de la Pladicop desde el 22 de setiembre de 2026. Por ello, considera que no se vulneró el derecho de defensa del Impugnante 2.

• Solicita que el recurso sea declarado improcedente por falta de conexión lógica

entre los hechos y el petitorio (literal i) del artículo 308 del Reglamento), debido a que solicita revertir la calificación, puntaje y buena pro al Consorcio Adjudicatario, pero no identifica incumplimientos concretos en la documentación ni en los factores de evaluación del adjudicatario. La falta de requerimiento de su estructura de costos no justificaría, por sí sola, dichas pretensiones.

También solicita revertir una supuesta descalificación o no admisión, pese a que, su oferta fue admitida y calificada, y posteriormente rechazada por razones de viabilidad económica conforme al numeral 132.5 del Reglamento. Finalmente solicita el otorgamiento de la buena pro, la pretensión no estaría respaldada por cuestionamientos concretos a la oferta ganadora ni por la acreditación de los puntajes correspondientes a los factores facultativos de evaluación. En consecuencia, la sola afirmación de contar con un precio menor no sería suficiente para obtener la buena pro.

• En virtud de estos argumentos, solicita que se declare improcedente el recurso

del Impugnante 2 o, subsidiariamente, que se desestimen sus cuestionamientos al rechazo de la oferta.

• Con decreto del 9 de octubre de 2026, en atención a la reconformación de las Salas

del Tribunal aprobada por el Acuerdo N° 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003- 2020/TCE de fecha 10 de marzo de 2020, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 15 de octubre de 2026.

• Con decreto del 13 de octubre de 2026, considerando lo manifestado por la Sala

mediante Memorando N° D000001-2026-OECE-TCP de la misma fecha, corresponde dejar sin efecto el decreto que remitió el expediente a Sala del 9 de octubre de 2026.

• Con decreto del 13 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación,

se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 20 de octubre de 2026.

• El 20 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública con la participación de

los representantes de los Impugnantes, del Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 20 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, a los

Impugnantes 1 y 2 y al Consorcio Adjudicatario, considerando la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que se advertiría la transgresión al principio de transparencia y facilidad de uso, debido a que, las cartas cursadas por la Entidad a los impugnantes, mediante las cuales les solicitó la descripción detallada de los elementos que componen sus respectivas ofertas económicas, no habría precisado la información que debía ser considerada al elaborar el desagregado de su oferta económica, ni qué documentación debían presentar para sustentar los referidos componentes.

Dicha situación, configuraría una transgresión a los lineamientos de las bases estándar y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.

• Con decreto del 22 de octubre de 2026, se incorporó al presente expediente el

Memorando N° D000286-2026-OECE-ST2 y anexo, de fecha 21 de octubre de 2026, emitido por la Secretaría Técnica 2 del Tribunal, a través de cual comunica sobre la validación de garantía del Expediente N° 7249-2026.TCP.

• Mediante Oficio N° 134-2026-OAyCP-OGAyF/MPC presentado el 23 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de nulidad, manifestando lo siguiente:

• Alega que no es obligación de la Entidad proporcionar un formato de estructura

de costos, pues el numeral 132.5 del artículo 132 del Reglamento exige a aquella solicitar la composición de la oferta, mas no definirla. Por su parte, el numeral 132.6 establece que la identificación de los «componentes mínimos» forma parte del formato facultativo. En consecuencia, proporcionar un formato o predeterminar sus componentes constituye una potestad discrecional de los evaluadores y no un requisito de validez del requerimiento.

• Por otro lado, señala que las bases integradas tampoco establecieron un formato

de estructura de costos. En ese contexto, el comité dejó constancia expresa en el Acta de que “optó por no adjuntarlo, a efectos de que cada postor pueda determinar, sobre la base de su propia estructura, la información pertinente para sustentar la viabilidad de su oferta”. Por tanto, no existió una omisión involuntaria ni una regla oculta, sino el ejercicio motivado de una facultad que el Reglamento otorga.

• Trae a colación la Resolución N° 8573-2026-TCP-S1, fundamento 32, en la que el

Tribunal señala que, ante la ausencia de un formato proporcionado por la Entidad, corresponde al postor determinar, sobre la base de su propia estructura de costos, la información que resulta pertinente acreditar. Precisa que dicho criterio fue invocado expresamente en el Acta.

• En consecuencia, refiere que no puede configurarse la contravención de una

norma legal por el hecho de no haber ejercido una facultad. Sostener lo contrario supondría convertir en obligación una potestad que el Reglamento ha establecido como facultativa e imponer a la Entidad una exigencia que no se encuentra prevista en norma alguna, en contravención del principio de legalidad.

• Por otro lado, alega que la ausencia de un formato otorga al postor libertad

respecto de la forma de presentar su estructura de costos, pero no lo exime de presentar la información sustancial que se le solicitó: la composición de su oferta. En efecto, quien formula un precio es quien conoce los costos que lo integran. Por ello, el requerimiento previsto en el numeral 132.5 no exige completar una plantilla elaborada por la Entidad, sino revelar la estructura que el propio postor utilizó para determinar el monto ofertado.

• Sostiene que las cartas fueron precisas respecto de la información que debía

contener la respuesta, al solicitar “la descripción detallada y desagregada de todos los elementos que componen su oferta económica, precisando los conceptos, cantidades, precios unitarios y demás componentes considerados para la determinación del monto ofertado, de forma que permita verificar que se encuentran cubiertas la totalidad de las prestaciones exigidas en los documentos del procedimiento”. De esta manera, quedaron expresamente definidos: El objeto: todos los elementos que componen el monto ofertado; el contenido: los conceptos, cantidades, precios unitarios y demás componentes; y el parámetro de verificación, las prestaciones previstas en los documentos del procedimiento.

• Refiere que las prestaciones cuyos costos debían encontrarse cubiertos por el

precio ofertado estaban contempladas en las bases integradas desde la convocatoria y no se limitaban a la reventa de bienes. Entre ellas, identifica las siguientes: La personalización de 1 650 prendas mediante logotipos bordados o impresos (numeral 3.4.1); la presentación de muestras previas (numeral 3.4.9), la entrega de los bienes en el almacén central de la Entidad, ubicado en Cajamarca (literal d) del numeral 3.3), y el pago único, sin adelantos (literal e) del numeral 3.3 y numeral 3.4.10); la garantía de fiel cumplimiento (literal a) del numeral 2.3 del Capítulo II de la sección específica).

• En ese sentido, sostiene que identificar los costos correspondientes a dichas

prestaciones dentro de su propia estructura de precios era una tarea que correspondía a cada postor y que se encontraba plenamente a su alcance.

• Agrega que los propios postores declararon en sus respectivos Anexos N° 6 que

sus precios incluían impuestos, seguros, transportes y demás conceptos. Es decir, ellos mismos identificaron dichos componentes, por lo que lo solicitado fue que describieran cómo estos se encontraban cubiertos. Sin embargo, el Impugnante 2 se limitó a reiterar esa declaración general, mientras que el Impugnante 1 invocó el sistema de suma alzada, el cual establece una modalidad de contratación y pago, pero no lo exime de acreditar la viabilidad del precio ofertado.

• En ese sentido, sostiene que admitir que, ante la ausencia de un formato, el

postor pueda responder con cualquier información —como el mismo anexo de precios reordenado o la simple indicación del precio de venta por ítem— vaciaría de contenido lo dispuesto en el numeral 132.5 del Reglamento. Ello permitiría superar el control mediante la sola reiteración de la oferta económica y trasladaría íntegramente a la Entidad el riesgo de un eventual incumplimiento contractual.

• Agrega que no existe afectación a los principios de transparencia y facilidad de

uso, toda vez que el Reglamento, las bases y las cartas eran públicos y accesibles. Asimismo, señala que la regla era clara, pues las cartas precisaron qué información debía describirse, cuál era su contenido y cuáles eran los parámetros para efectuar la verificación. Añade que el criterio adoptado fue debidamente explicado y podía ser objeto de control.

• Precisa que la enumeración contenida en el Acta no introdujo requisitos nuevos,

pues fue presentada como un “parámetro inicial” de aquello que “se espera razonablemente” que el postor identifique, sobre la base de su propia estructura, al menos. Asimismo, señala que cada uno de los conceptos enumerados corresponde a una prestación exigida en las bases —adquisición o fabricación, personalización, especificaciones y muestras, entrega en Cajamarca, financiamiento hasta el pago único y garantía— o a componentes inherentes a la determinación de todo precio, como los gastos generales, tributos y utilidad. Por tanto, se trata de la motivación exigida por el numeral 132.6 del Reglamento (“decisión que es fundamentada”) y no de la incorporación de una regla sorpresiva.

• Alega que el propio comité precisó en el Acta que su decisión “no compara las

ofertas entre sí ni se funda solo en el monto o en la ausencia de partidas específicas”, sino “en la falta de acreditación objetiva de que el precio ofertado cubra las prestaciones”. Por tanto, el rechazo no se sustentó en la omisión de un componente específico ni de un documento predeterminado que los postores desconocieran.

• En ese sentido, señala que los postores comprendieron el requerimiento, puesto

que ambos presentaron sus respuestas dentro del plazo establecido, el 18 de setiembre de 2026, sin formular solicitud de aclaración alguna. Al respecto, el Impugnante 2 afirmó haber presentado “el desagregado” de su oferta; mientras que el Impugnante 1, mediante su Carta N° 001-2026-JARS, citó el criterio según el cual el rechazo procede cuando “no se detalla algunos de los costos previstos en las bases, tributos legales que deban contemplarse”. A su juicio, ello demuestra que este último conocía que debía detallar los costos previstos en las bases.

• Manifiesta que las deficiencias advertidas en las respuestas no derivan de la falta

de un formato. Conforme consta en el Acta, ninguno de los postores presentó una verdadera estructura de costos. En particular: − Respecto del Impugnante 2: presentó su oferta económica reordenada según los 32 ítems y reiteró las fichas técnicas y el registro de marca, sin incluir partidas correspondientes a la adquisición o fabricación, traslado, personalización, gastos generales ni utilidad. Tampoco presentó cotizaciones, facturas u otros documentos de sustento, pese a que sus propias fichas técnicas exigían logotipos bordados o impresos y a que su domicilio se encuentra ubicado en Piura. − Respecto del Impugnante 1: presentó precios unitarios de venta y cotizaciones que únicamente acreditaban el precio de compra de algunos bienes, sin incluir partidas correspondientes al traslado a Cajamarca, personalización, gastos generales, costos financieros ni utilidad. Además, el ítem referido al guante anticorte carecía de cotización; algunos de los bienes cotizados no coincidían con los ofertados; y las cotizaciones tenían vigencias de dos días y una semana, respectivamente, una de ellas sujeta a pago adelantado.

• Indica que ninguno de estos defectos guarda relación con la falta de un formato.

No se trata de un nivel de desagregación insuficiente ni de la omisión de algún componente que los postores no hubieran podido prever, sino de la inexistencia de una verdadera composición del precio. En consecuencia, sostiene que, con o sin formato, el resultado habría sido el mismo, por lo que el supuesto vicio no tendría carácter trascendente.

• Finalmente, alega que en el presente caso no se contravino norma legal alguna,

pues el requerimiento se ajustó a lo dispuesto en los numerales 132.5 y 132.6 del Reglamento. Asimismo, sostiene que tampoco se prescindió de normas esenciales del procedimiento, toda vez que se cumplió con la secuencia prevista: requerimiento escrito, otorgamiento del plazo de dos días hábiles, evaluación de las respuestas y emisión de una decisión debidamente fundamentada.

• Añade que, aun cuando se considerase que las cartas pudieron contener un

mayor nivel de detalle, ello no habría modificado el sentido de la decisión adoptada. Por tanto, correspondería conservar los actos realizados.

• En ese sentido, refiere que retrotraer el procedimiento otorgaría a los postores

una nueva oportunidad para presentar información que no proporcionaron en la etapa correspondiente, en perjuicio de la oportunidad de la contratación y de la atención de las necesidades del personal encargado del mantenimiento de áreas verdes, que requiere los equipos de protección personal objeto de la contratación.

• Mediante Escrito N° 2 presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante 1 absolvió el traslado de nulidad, señalando lo siguiente:

• Indica que el comité rechazó la oferta de su representada sin contar con sustento

técnico, pues no habría demostrado, objetiva ni técnicamente, que esta resultara inviable. En ese sentido, sostiene que el único criterio utilizado para rechazarla habría sido el bajo precio ofertado.

• Sostiene que la Entidad pretende, a toda costa, evitar la admisión de su oferta,

situación que, a su juicio, quedó demostrada en el marco del recurso de apelación resuelto mediante la Resolución N° 08579-2026-TCP-S1, que dispuso admitir la oferta de su representada, revocar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Alasan y ordenar al comité continuar con la calificación y evaluación de dicha oferta. Por tanto, considera evidente que la Entidad tendría como único propósito favorecer a un postor cuya oferta económica no resulta ventajosa para sus intereses.

• Señala que las decisiones equivocadas del comité y su presunto afán de

descalificar la oferta de su representada no constituyen, por sí mismos, vicios que justifiquen la nulidad del procedimiento. En consecuencia, invocando los principios de trascendencia y conservación, considera que declarar la nulidad y retrotraer el procedimiento resultaría improcedente y desproporcionado, más aún cuando, a su juicio, la finalidad de la Entidad sería otorgar la buena pro a un postor cuya oferta económica no representa una alternativa ventajosa.

• Refiere que la existencia de una deficiencia notoria en los fundamentos del acta

de buena pro para rechazar la oferta económica de su representada no determina, por sí sola, que corresponda declarar la nulidad de todas las actuaciones posteriores. En ese sentido, considera necesario examinar que la Entidad utilizó como único fundamento el bajo precio ofertado, sin haber logrado sustentar ni demostrar la inviabilidad de su oferta económica.

• Resalta que la oferta económica de su representada resulta altamente ventajosa

para la Entidad, pues constituye, a su juicio, la alternativa más eficiente y viable. Asimismo, reconoce que debe tenerse en cuenta la deficiencia advertida en la actuación de la Entidad al requerir la estructura de costos, toda vez que no describió los elementos que debían componer la oferta económica, ni precisó qué información debía considerarse para elaborar su desagregado o qué documentación debía presentarse para sustentar los componentes correspondientes.

• Sin perjuicio de ello, reitera que la oferta económica de su representada fue

calculada sobre la base de cotizaciones y considerando todos los costos que intervienen, directa e indirectamente, en la entrega de los bienes en los almacenes de la Entidad. Añade que su propuesta responde a un modelo de optimización de costos que garantiza el cumplimiento estricto de todas las especificaciones técnicas requeridas, sin comprometer la calidad de los bienes ni los plazos de entrega.

• Asimismo, precisa que, conforme a lo declarado en el Anexo N° 6 - Precio de la

Oferta, el monto ofertado incluye todos los impuestos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pudiera incidir en el costo de los bienes objeto de contratación.

• En consecuencia, sostiene que, al no haber sustentado ni demostrado la Entidad

la inviabilidad de la oferta económica de su representada, corresponde conservar las actuaciones realizadas y continuar con el análisis de fondo del recurso de apelación, sin perjuicio de dejar constancia de la deficiencia advertida para los fines correspondientes.

• Por lo expuesto, solicita que se declare fundado el recurso de apelación, se

declare válida la oferta de su representada y, en consecuencia, se le otorgue la buena pro.

• Con decreto del 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Cuestión previa: sobre el cumplimiento del requisito de admisibilidad referido a la garantía por interposición del recurso de apelación del Impugnante 2 (Expediente N° 7249/2026.TCP).

• Antes de iniciar el análisis de las pretensiones formuladas en los recursos de

apelación, corresponde emitir pronunciamiento, respecto del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso interpuesto por el Impugnante 2, toda vez que se ha advertido una situación relacionada con la garantía presentada como parte de su recurso de apelación. Al respecto, mediante Memorando N° D000286-2026-OECE-ST2, de fecha 21 de octubre de 2026, incorporado al expediente mediante decreto del 22 de octubre de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal comunicó que la garantía presentada por el Impugnante 2 (comprobante de depósito), como parte de la interposición de su recurso de apelación correspondiente al Expediente N° 07249-2026-TCP, fue remitida a la Unidad de Finanzas del OECE para su validación. No obstante, mediante correo electrónico, dicha unidad informó lo siguiente: “Ese abono ya fue presentado, resuelto y devuelto de acuerdo a lo remitido y pronunciado por el TCP como Exp 6179-2026- TCE”.

• De lo informado por la Unidad de Finanzas se advierte que el abono consignado en el

comprobante presentado por el Impugnante 2 ya se encontraba asociado al Expediente N° 6179-2026-TCE, respecto del cual el Tribunal emitió el pronunciamiento correspondiente y, posteriormente, se efectuó la devolución del importe depositado. En consecuencia, dicho abono no constituye un depósito vigente y disponible que permita acreditar la garantía por interposición del recurso de apelación materia del presente expediente.

• Sobre el particular, resulta pertinente señalar que el numeral 73.2 del artículo 73 de

la Ley establece que la garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor de la entidad contratante o del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), según corresponda. En concordancia con ello, el artículo 306 del Reglamento establece los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación y, específicamente, en su literal e), contempla la presentación de la garantía por interposición del recurso, conforme se aprecia a continuación:

Artículo 306. Requisitos de admisibilidad

El recurso de apelación se presenta ante la mesa de partes de la entidad contratante o del TCP, según corresponda, y cumple con los siguientes requisitos: (…)

• La garantía por interposición del recurso.

(…)

• En ese sentido, la presentación de un comprobante de depósito no determina, por sí

sola, que se haya cumplido con el requisito de admisibilidad previsto en el literal e) del artículo 306 del Reglamento, pues resulta necesario que dicho documento permita acreditar la efectiva constitución de la garantía exigida por la normativa de contratación pública. En el presente caso, si bien el Impugnante 2 adjuntó a su recurso de apelación, correspondiente al Expediente N° 07249-2026-TCP, un comprobante de depósito, de la información proporcionada por la Unidad de Finanzas del OECE se ha verificado que el abono consignado en dicho documento corresponde a una garantía vinculada a otro procedimiento impugnativo, tramitado bajo el Expediente N° 6179-2026-TCE, respecto del cual ya se emitió pronunciamiento y se efectuó la devolución del importe depositado.

• Por tanto, el comprobante presentado no acredita la constitución de una garantía

destinada a respaldar la interposición del recurso de apelación correspondiente al Expediente N° 07249-2026-TCP, toda vez que el abono al que hace referencia ya fue utilizado en el marco de otro procedimiento impugnativo y, además, fue objeto de devolución. En consecuencia, no se cuenta con elementos que permitan tener por acreditado el cumplimiento de dicho requisito de admisibilidad, por lo que, corresponde declarar al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2 (Expediente N° 07249-2026.TCP) como no presentado.

• En ese sentido, en adelante solo será materia del presente análisis el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante 1 contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública Abreviada para Bienes, cuya cuantía es de S/ 380 852.63 (trescientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos con 63/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos.

En el caso concreto, el Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el artículo 304.4 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante una Licitación Pública Abreviada para Bienes, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 29 de setiembre de 2026,

fue publicado en el SEACE el 22 de setiembre de 2026. Al respecto, se aprecia que el Impugnante 1 interpuso su recurso de apelación mediante Escrito N° 1 presentado el 28 de setiembre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el mismo Impugnante 1, por tratarse de una persona natural.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Impugnante 1 cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

En el caso concreto, la oferta del Impugnante 1 fue descalificada, por lo que no obtuvo la buena pro del procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Impugnante 1 en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que su oferta fue descalificada transgrediéndose así lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante 1 solicitó a este

Tribunal lo siguiente:

• Se declare la nulidad del Acta de admisión, evaluación, calificación y

otorgamiento de la buena pro. ii. Se revoque la descalificación de su oferta, validando su oferta económica. iii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro. iv. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 29 de setiembre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 2 de octubre del mismo año. No obstante, se advierte que no se ha apersonado al presente procedimiento impugnativo, ningún postor además del Impugnante 1. Por lo tanto, los puntos controvertidos se fijarán únicamente en virtud de lo manifestado en el recurso de apelación.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde declarar la nulidad del Acta de admisión,

evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. ii. Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Impugnante 1, y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante 1.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• A efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos cuestionados en el recurso

impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las actuaciones desarrolladas en el marco del procedimiento de selección, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad que se encuentran vinculados al primer punto controvertido, razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal1, con decreto del 20 de

octubre de 2026, se corrió traslado al Impugnante 1, Consorcio Adjudicatario y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos de que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación:

A LA ENTIDAD, AL SEÑOR RODRIGO SAYAVERDE JOSE ANIBAL [IMPUGNANTE 1], A LA

EMPRESA SEGURIDAD INDUSTRIAL PIURA S.A.C. [IMPUGNANTE 2], Y AL CONSORCIO

1 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

ALASAN, INTEGRADO POR EL POSTOR GARLYN EMILIO ALAYO SÁNCHEZ Y LA

EMPRESA SOLUCIONES RUIZEÑOR E.I.R.L. [ADJUDICATARIO]

• Al respecto, mediante sus respectivos recursos de apelación, el Impugnante 1 y el

Impugnante 2 cuestionan el rechazo de sus ofertas, al considerar que no se ha acreditado objetivamente que los precios ofertados permitan cubrir la totalidad de las prestaciones requeridas.

• Sobre el particular, de la revisión del “Acta de admisión, evaluación, calificación

y otorgamiento de la buena pro” registrada en el SEACE, se advierte lo siguiente:

• Como se puede apreciar, el comité señaló que, para acreditar la viabilidad del

precio ofertado en la adquisición de bienes, resulta razonable que el postor identifique, entre otros, el costo de adquisición o fabricación de cada bien, debidamente sustentado; los costos de traslado hasta el lugar de entrega; los costos asociados al cumplimiento de las especificaciones técnicas; así como los gastos generales, costos financieros y la garantía, tributos y utilidad.

• No obstante, de la revisión de las cartas cursadas por la Entidad a los

impugnantes, mediante las cuales les solicitó la descripción detallada de los elementos que componen sus respectivas ofertas económicas, se advierte que requirió lo siguiente:

• Como se puede apreciar, la Entidad solicitó una descripción detallada y

desagregada de los elementos que componen las ofertas económicas, con indicación de los conceptos, las cantidades, los precios unitarios y los demás componentes considerados para determinar el monto ofertado, a fin de verificar que este cubriera la totalidad de las prestaciones exigidas en los documentos del procedimiento de selección. Asimismo, solicitó información complementaria que los postores estimaran pertinente para sustentar el monto ofertado y acreditar la viabilidad de cumplir con las prestaciones requeridas. En ese sentido, se advierte que la Entidad rechazó las ofertas de los impugnantes al considerar que estos debían sustentar el monto ofertado y su viabilidad, con determinada información, conforme se aprecia en el “Acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro”. Sin embargo, al requerirles que describieran los elementos que componían sus ofertas económicas, la Entidad no habría precisado la información que debía ser considerada al elaborar el desagregado de su oferta económica, ni qué documentación debían presentar para sustentar los referidos componentes.

• Por tanto, la situación descrita evidenciaría la transgresión al principio de

transparencia y facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme al cual las actuaciones se basan en reglas y criterios claros y accesibles.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en el

numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, por una posible contravención a las normas legales y las reglas del procedimiento de selección.

• Al respecto, el vicio de nulidad advertido se sustenta en que, considerando que la

oferta económica del Impugnante 1 es inferior a la cuantía, la Entidad, para acreditar la viabilidad del precio ofertado en la adquisición de bienes, cursó una carta en la que solicitó al Impugnante 1 una descripción detallada y desagregada de los elementos que componen las ofertas económicas, con indicación de los conceptos, las cantidades, los precios unitarios y los demás componentes considerados para determinar el monto ofertado, a fin de verificar que este cubriera la totalidad de las prestaciones exigidas en los documentos del procedimiento de selección. Asimismo, solicitó información complementaria que los postores estimaran pertinente para sustentar el monto ofertado y acreditar la viabilidad de cumplir con las prestaciones requeridas. Como puede advertirse, el Comité no fijó pautas específicas –más allá de exigir la descripción detallada y desagregada de los elementos de la oferta económica– que debieran ser consideradas al estructurar el desagregado de la oferta, por tanto, quedó a criterio del Impugnante 1 dicha elaboración.

• No obstante, la Entidad rechazó la oferta del Impugnante 1 al considerar que este

debía sustentar el monto ofertado y su viabilidad, con determinada información, que la Entidad no habría precisado la información que debía ser considerada al elaborar el desagregado de su oferta económica, ni qué documentación debían presentar para sustentar los referidos componentes. En efecto, de la revisión a la decisión adoptada, el Comité señaló textualmente que “esperaba razonablemente” que el postor identifique:

• El costo de adquisición o fabricación de cada bien, con sustento (cotización,

proforma o factura).

• El traslado hasta el lugar de entrega, con flete, seguros y carga y descarga.
• El costo de personalización o confección, cuando el bien lo exige.
• El cumplimiento de las especificaciones técnicas, con fichas, certificaciones y

muestras.

• Los gastos generales y administrativos.
• Los costos financieros y las garantías.
• Los tributos y la utilidad.
• Lo anteriormente señalado, denota que el Comité sí consideraba que el desagregado

de la oferta económica, tuviera determinada información, lo cual no fue precisado al exigir dicha información al Impugnante 1.

• Por tanto, tales deficiencias evidencian la transgresión al principio de transparencia y

facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley y, por tanto, configurando un vicio que incide en la validez del procedimiento de selección y determina la necesidad de declarar su nulidad.

• Ahora bien, al absolver el traslado del posible vicio de nulidad, conforme a lo señalado

en los antecedentes, el Impugnante 1 sostuvo que debe prevalecer el principio de conservación y se declare fundado su recurso de apelación.

• En esa línea, conforme a lo expuesto en los antecedentes, la Entidad sostiene que no

se ha configurado un vicio de nulidad, toda vez que los numerales 132.5 y 132.6 del Reglamento no la obligan a proporcionar un formato de estructura de costos, y que la ausencia de este no eximía a los postores de presentar el desagregado de su oferta económica. Asimismo, señala que el requerimiento efectuado mediante las cartas fue claro y preciso, no introdujo exigencias nuevas ni vulneró los principios de transparencia y facilidad de uso, pues las prestaciones cuyos costos debían acreditarse estaban previstas en las bases integradas. Agrega que el rechazo de las ofertas no se sustentó únicamente en el bajo precio ni en la omisión de componentes específicos, sino en la falta de acreditación objetiva de que los montos ofertados cubrieran la totalidad de las prestaciones requeridas, dado que el Impugnante 1 no presentó una verdadera estructura de costos ni documentación que sustentara su viabilidad. En consecuencia, considera que no existió contravención normativa ni se prescindió de las etapas esenciales del procedimiento y que, aun cuando se hubiera advertido alguna deficiencia en las cartas, esta no habría sido trascendente ni habría modificado el resultado de la evaluación, por lo que corresponde conservar los actos realizados y no declarar la nulidad ni retrotraer el procedimiento.

• En dicho contexto, corresponde señalar que este Colegiado advierte que los

argumentos expuestos por el Impugnante 1 y la Entidad no desvirtúan el vicio de nulidad puesto en su conocimiento mediante el traslado correspondiente. En efecto, de la revisión de la Carta N° 04-2026-LP/CS-1, remitida por la Entidad al Impugnante 1, mediante la cual le solicitó la descripción detallada de los elementos que componían su oferta económica, se advierte que no se precisó qué información debía considerar para elaborar el desagregado de su oferta ni qué documentación debía presentar para sustentar los respectivos componentes.

• No obstante, la Entidad rechazó la oferta del Impugnante 1 al considerar que no había

sustentado adecuadamente el monto ofertado ni acreditado su viabilidad, debido a que no identificó ni sustentó, entre otros, los costos de adquisición o fabricación de cada bien, los costos de traslado hasta el lugar de entrega, los costos asociados al cumplimiento de las especificaciones técnicas, así como los gastos generales, costos financieros, garantía, tributos y utilidad. Es decir, la Entidad sustentó el rechazo de la oferta en la falta de identificación y acreditación de determinados componentes que no fueron requeridos de manera expresa y suficientemente precisa en la comunicación cursada al referido postor. En ese sentido, si bien la Entidad no se encontraba obligada a proporcionar un formato de estructura de costos, ello no la eximía de precisar la información que los postores debían desarrollar y sustentar para acreditar la viabilidad de sus ofertas. Por tanto, la evaluación de la documentación presentada por el Impugnante 1 no podía quedar sujeta a criterios definidos discrecionalmente por el comité con posterioridad al requerimiento, ni sustentar el rechazo de su oferta en la falta de documentación o información cuya presentación no fue solicitada con la debida claridad y precisión. En consecuencia, se advierte que la actuación de la Entidad vulneró el principio de transparencia y facilidad de uso, al no establecer reglas y criterios suficientemente claros y accesibles para los participantes, configurándose así el vicio de nulidad advertido.

• Con relación a lo señalado por la Entidad, en el sentido de que las cartas cursadas a

los impugnantes fueron claras, pues solicitaron la descripción detallada y desagregada de los elementos que componían sus ofertas económicas, precisando conceptos, cantidades, precios unitarios y demás componentes, a efectos de verificar que el monto ofertado cubriera todas las prestaciones requeridas, corresponde señalar que, si bien dichas cartas pueden haber detallado la información que debía presentarse, lo cierto es que, luego de que el Impugnante 1 atendiera dicho requerimiento, la Entidad terminó rechazando su oferta sobre la base de consideraciones o exigencias que no habían sido comunicadas de manera expresa en aquellas. En efecto, de acuerdo con lo consignado en el Acta, el Impugnante 1 no habría cumplido con lo requerido; sin embargo, no se advierte que la información cuya omisión sustentó el rechazo de su oferta hubiera sido solicitada de manera expresa en las cartas cursadas. Por tanto, cabe precisar que el cuestionamiento no radica en la claridad de las cartas, sino en que la Entidad haya sustentado el rechazo en un supuesto incumplimiento de aspectos específicos que no fueron expresamente requeridos, pese a que el Impugnante 1 atendió el requerimiento que le fue formulado. En consecuencia, no podía exigírsele el cumplimiento de condiciones o la presentación de información adicional que no le fueron comunicadas oportunamente, para luego atribuirle su incumplimiento como fundamento para rechazar su oferta.

• En ese contexto, no resulta suficiente que la Entidad sostenga que las prestaciones

que debían encontrarse cubiertas por el precio estaban previstas en las bases integradas, pues una cosa es que los postores conozcan las obligaciones que asumirán durante la ejecución contractual y otra distinta es que conozcan con claridad qué información debían desarrollar y sustentar para acreditar la viabilidad de sus ofertas económicas. Precisamente, la Entidad identificó posteriormente en el Acta diversos conceptos —adquisición o fabricación, traslado, personalización, gastos generales, costos financieros, garantía, tributos y utilidad— cuya identificación y acreditación consideró relevantes para determinar la viabilidad de los precios ofertados, sin que estos hubieran sido desarrollados con similar precisión en las comunicaciones cursadas a los postores.

• Asimismo, el argumento referido a que la enumeración contenida en el Acta

constituía únicamente un “parámetro inicial” y no incorporaba requisitos nuevos, no desvirtúa la deficiencia advertida. Ello, debido a que, independientemente de que dichos conceptos pudieran guardar relación con prestaciones previstas en las bases o con componentes usuales de la determinación de un precio, lo relevante es que la Entidad utilizó su falta de identificación o acreditación como fundamento para rechazar las ofertas, sin haber delimitado previamente, de manera clara y precisa, el alcance de la información que esperaba recibir. Por tanto, la motivación incorporada en el Acta no subsana la falta de claridad del requerimiento formulado oportunamente.

• Por otro lado, respecto de las deficiencias concretas que la Entidad atribuye a las

respuestas de los impugnantes, entre estos el Impugnante 1 —como la falta de cotizaciones, la ausencia de partidas correspondientes al traslado, personalización, gastos generales, costos financieros o utilidad, así como las observaciones a la vigencia y correspondencia de determinados documentos—, cabe precisar que tales aspectos fueron valorados por el comité para concluir que no se había acreditado la viabilidad de las ofertas. Sin embargo, la evaluación de dichos elementos debía realizarse sobre la base de un requerimiento que hubiera permitido a los postores conocer previamente, con suficiente claridad, qué información debían desarrollar y sustentar. En consecuencia, las deficiencias que la Entidad atribuye a las respuestas no permiten convalidar la falta de precisión del requerimiento inicial.

• En ese sentido, tampoco resulta atendible el argumento de que, con o sin formato, el

resultado de la evaluación habría sido el mismo. Ello, pues no es posible afirmar que la deficiencia advertida carece de trascendencia cuando precisamente la información que no fue delimitada con claridad constituyó el fundamento para rechazar las ofertas. Por el contrario, no puede descartarse que, de haberse formulado un requerimiento suficientemente preciso, los postores hubieran presentado información distinta o complementaria que habría permitido a la Entidad efectuar una evaluación adecuada de la viabilidad de sus precios.

• Por consiguiente, contrariamente a lo sostenido por la Entidad, la controversia no se

limita a determinar si correspondía o no proporcionar un formato de estructura de costos, sino a establecer si el requerimiento formulado permitió a los postores conocer de manera clara, precisa y oportuna la información que debían presentar para sustentar la viabilidad de sus ofertas económicas.

• En consecuencia, este Colegiado considera que la deficiencia advertida constituye un

vicio trascendente, pues incidió directamente en el rechazo de las ofertas económicas de los impugnantes, sin que resulte posible determinar que, de haberse formulado un requerimiento claro y suficientemente preciso, el resultado del procedimiento necesariamente habría sido el mismo. Por tanto, no corresponde conservar los actos afectados por dicha deficiencia, sino declarar la nulidad del procedimiento de selección y retrotraerlo a la etapa correspondiente, a efectos de que la Entidad formule un requerimiento que precise adecuadamente la información necesaria para evaluar la composición y viabilidad de las ofertas, garantizando el respeto de los principios que rigen la contratación pública.

• Por otro lado, respecto de los argumentos del Impugnante 1, referidos a que la

Entidad rechazó su oferta sin acreditar técnicamente su inviabilidad y que esta constituía una alternativa económica ventajosa, corresponde señalar que la controversia no radica en determinar si el precio ofertado era bajo o viable, sino en verificar si el requerimiento efectuado por la Entidad fue suficientemente claro y preciso respecto de la información que debía presentarse para sustentar su composición. En ese sentido, si bien el Impugnante 1 sostiene que su oferta fue elaborada

de lo declarado en el Anexo N° 6, tales aspectos deberán ser evaluados por la Entidad en la oportunidad correspondiente, una vez que se formule un requerimiento que precise adecuadamente la información necesaria. Asimismo, la Resolución N° 08579- 2026-TCP-S1, que dispuso continuar con la calificación y evaluación de su oferta, no eximía a la Entidad de observar los principios que rigen las contrataciones públicas en las actuaciones posteriores. Por tanto, los argumentos del Impugnante 1 no desvirtúan el vicio de nulidad advertido, ni permiten concluir que corresponda validar directamente su oferta u otorgarle la buena pro, pues resulta necesario restablecer las condiciones de transparencia y claridad para efectuar una nueva evaluación.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que los argumentos formulados por el

Impugnante 1 y la Entidad no desvirtúan el vicio de nulidad advertido.

• Por tanto, habiéndose verificado la contravención al principio de transparencia y

facilidad de uso previsto en el literal i) del artículo 5 de la Ley y, por tanto, configurando un vicio que incide en la validez del procedimiento de selección y determina la necesidad de declarar su nulidad, y su trascendencia por la incidencia en la controversia (incoada a través del recurso de apelación) y en el resultado del procedimiento de selección, corresponde declarar la nulidad de este último, al configurarse el supuesto previsto en el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, que establece la procedencia de la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección cuando contravengan las normas legales, debiendo retrotraerse el procedimiento de selección, a la etapa correspondiente.

• En atención a las consideraciones expuestas, y en ejercicio de la potestad conferida a

este Tribunal por el artículo 70 de la Ley, concordante con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de evaluación económica de las ofertas, a efectos de que la Entidad formule un requerimiento claro, preciso y suficientemente detallado respecto de la información que los postores deben presentar para sustentar la composición y viabilidad de sus ofertas económicas, identificando expresamente los componentes que deben ser desarrollados y los documentos o medios probatorios que pueden presentarse para acreditarlos, y, posteriormente, efectúe una nueva evaluación con observancia de los principios de transparencia y facilidad de uso y de las disposiciones de la normativa de contratación pública.

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta la

etapa de evaluación económica de las ofertas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Abreviada para Bienes N° 10-

2026-MPC - 1, convocada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para la “Contratación de bienes adquisición de equipos de protección personal para el personal del mantenimiento de áreas verdes de la ciudad de Cajamarca”, a fin de retrotraerlo hasta la etapa de evaluación económica de las ofertas, conforme a los fundamentos expuestos.

• Declarar como no presentado el recurso de apelación interpuesto por el postor

Seguridad Industrial Piura S.A.C.

• Devolver la garantía otorgada por el postor Rodrigo Sayaverde José Aníbal, para la

interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día siguiente de

publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE2. 2 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de

• Comunicar la presente resolución a la Autoridad de la Gestión Administrativa y a su

Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 27.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.