Resolución N.° 9598-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) Es importante precisar que la utilidad como esencia del interés para obrar, está referida al hecho de recurrir a esta instancia administrativa con el objetivo de obtener un resultado que representarle un beneficio para el postor, el cual, conforme a las pretensiones formuladas, sería que se revoque la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro (...)”. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7508/2026.TCE, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa JUVICU S.R.LTDA., en el marco de la Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02-2026-HNAL-1, efectuado por el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas -

PLADICOP, el 28 de agosto de 2026, el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02-2026-HNAL-1, para la “Contratación de servicio de mantenimiento de la infraestructura de UCE de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, con una cuantía de S/ 128,893.45 (Ciento veintiocho mil ochocientos noventa y tres con 45/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley; y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 17 de setiembre de 2026, se presentaron las ofertas y, el 2 de octubre del mismo año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa CORPORACION J & M CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante el Adjudicatario, por el monto de S/ 120,000.00 (Ciento veinte mil con 00/100 soles), conforme a los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

Orde n ResultadoAdmisi ón Calificación Precio ofertado (S/) Ev. Tec. Puntaj e Eco. Bonif mype 5% Puntaje Total

CORPORACION

J & M

CONTRATISTAS

GENERALES

S.A.C. Admiti da Califica 120,000.00 60 100 3.6 75.60 1 Adjudicatario

JUVICU

S.R.LTDA. L

Admiti Nota: Según acta de evaluación de ofertas registrada en el SEACE.

• Posteriormente, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° D000034-2026-OEA-

DG/HNAL del 7 de octubre de 2026, la Entidad declaró la nulidad de oficio únicamente del acto de otorgamiento de la buena pro, debido a que el Adjudicatario no alcanzó el puntaje técnico mínimo exigido en las bases integradas y dispuso que se retrotraiga el procedimiento hasta el momento anterior al otorgamiento de la buena pro.

• Mediante escrito s/n, presentado el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes Digital

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa JUVICU S.R.LTDA., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la descalificación de su oferta, la calificación de la oferta del Adjudicatario y la declaración de nulidad del otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoquen dichos actos; en base a los siguientes argumentos:

• El Impugnante cuestionó la descalificación de su oferta, señalando que el ingeniero

Joy Peter Prado Escudero, propuesto como personal clave (Ingeniero civil y/o arquitecto), sí acreditó los dos (2) años de experiencia exigidos en las bases integradas. Al respecto, sostuvo que la Entidad no valoró adecuadamente la experiencia adquirida en el servicio de acondicionamiento del sistema de aire acondicionado con presión negativa para uso COVID-19 en ambientes de la UPSS de Emergencia del Hospital Nacional Dos de Mayo, pese a que dichas labores se encuentran vinculadas al acondicionamiento y mantenimiento de infraestructura hospitalaria. Por ello, consideró que su descalificación fue indebida y solicitó que se declare calificada su oferta.

• Asimismo, cuestionó la calificación de la oferta del Adjudicatario, alegando que la

documentación presentada no acreditaría adecuadamente la experiencia del personal clave exigida en las bases integradas. En particular, observó la constancia de trabajo correspondiente a la ingeniera Kemmer Emely Sánchez Zárate, debido a que el establecimiento de salud consignado en dicho documento no habría podido ser verificado en el Registro Nacional de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

(RENIPRESS).

• Asimismo, señaló que el Adjudicatario obtuvo únicamente sesenta (60) puntos en la

evaluación técnica, pese a que las bases integradas exigían un mínimo de setenta (70) puntos para acceder a la evaluación económica. En ese sentido, solicitó que se descalifique su oferta.

• Por último, el Impugnante cuestionó la Resolución Directoral Ejecutiva N° D000034-

2026-OEA-DG/HNAL, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro y dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa inmediatamente anterior a dicho otorgamiento.

• Al respecto, sostuvo que la decisión únicamente corrigió el otorgamiento indebido de

la buena pro al Adjudicatario, sin pronunciarse sobre la descalificación de su oferta. Por ello, solicitó que se declare la nulidad total o se revoque la referida resolución en el extremo cuestionado, a fin de que se revise la descalificación de su oferta y se le otorgue la buena pro a su favor.

• Por decreto del 12 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE de la PLADICOP, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE de la PLADICOP, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, en el marco del recurso de apelación interpuesto. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 20 de octubre de 2026 a las 11:00 horas.

• A través del escrito s/n, presentado el 15 de octubre de 2026, el Impugnante acreditó a

su representante para el uso de la palabra.

• El 15 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el escrito de la misma fecha, a

través del cual absolvió el recurso de apelación indicando lo siguiente:

• La Entidad señaló que la descalificación de la oferta del Impugnante se efectuó

conforme a las bases integradas, toda vez que el ingeniero Joy Peter Prado Escudero, propuesto como personal clave, únicamente acreditó seiscientos noventa y tres (693) días de experiencia, equivalentes, según su informe, a un (1) año, diez (10) meses y veintiocho (28) días, periodo inferior a los dos (2) años exigidos.

• Asimismo, precisó que las experiencias detalladas en el acta de evaluación de ofertas

no fueron consideradas debido a inconsistencias en los documentos presentados, superposición de periodos y falta de acreditación de las funciones desempeñadas. En particular, indicó que la experiencia correspondiente al acondicionamiento del sistema de aire acondicionado con presión negativa del Hospital Nacional Dos de Mayo estaba relacionada con trabajos especializados de climatización y ventilación, sin demostrar experiencia en acondicionamiento o mantenimiento de infraestructura hospitalaria. Por ello, ratificó la descalificación de su oferta.

• Sostuvo que la oferta del Adjudicatario cumplió con los requisitos de calificación

establecidos en las bases integradas, incluyendo la experiencia del postor en la especialidad, la experiencia del personal clave, su formación académica y capacitación. En particular, señaló que la ingeniera Kemmer Emely Sánchez Zárate acreditó dos mil doscientos noventa y seis (2,296) días de experiencia, equivalentes, según su informe, a seis (6) años, tres (3) meses y dieciséis (16) días, superando los dos (2) años requeridos. En consecuencia, ratificó la calificación de la oferta del Adjudicatario, pero resalta que su oferta no alcanzó el puntaje técnico mínimo para acceder a la evaluación económica.

• Señaló que la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro se sustentó en un

error involuntario del Oficial de Compras, debido a que se adjudicó la buena pro, pese a que la empresa adjudicada obtuvo únicamente sesenta (60) puntos en la evaluación técnica, cuando las bases integradas exigían un mínimo de setenta (70) puntos para acceder a la evaluación económica.

• Precisó que el vicio identificado se circunscribía exclusivamente al otorgamiento de la

buena pro y su registro en el SEACE, por lo que correspondía retrotraer el procedimiento hasta la etapa inmediatamente anterior a dicho otorgamiento, conservando la validez de los actos de admisión y evaluación no afectados.

• Asimismo, sostuvo que correspondía declarar desierto el procedimiento de selección,

al no existir ofertas válidas, conforme al numeral 84.1 del artículo 84 del Reglamento. En ese sentido, solicitó que se desestime el cuestionamiento del Impugnante contra la resolución de nulidad de oficio y se declare infundado el recurso de apelación.

• El 20 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia con la participación del

representante del Impugnante.

• Por Decreto del 20 de octubre de 2026, se corrió traslado respecto de un posible vicio de

nulidad en el procedimiento de selección.

• A través del escrito s/n, presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado de nulidad.

• El 28 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante contra la descalificación de su oferta, la calificación de la oferta del Adjudicatario y la declaración de nulidad del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a favor de su representada.

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Asimismo, dispone que los actos que declaren la nulidad de oficio, entre otros que afecten la continuidad del procedimiento de selección, solo pueden ser impugnados ante el Tribunal. En concordancia con ello, el numeral 302.3 del artículo 302 del Reglamento establece que, independientemente de la cuantía del procedimiento de selección competitivo, la declaración de nulidad de oficio es impugnada ante el Tribunal de Contrataciones Públicas. Bajo dicha premisa normativa, se advierte que el presente recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público Abreviado de Servicios, cuya cuantía asciende a S/ 128,893.45 (ciento veintiocho mil ochocientos noventa y tres con 45/100 soles), monto inferior a cincuenta (50) UIT, equivalentes a S/ 275,000.00. En ese sentido, en la medida que una de las pretensiones del recurso de apelación da cuenta del cuestionamiento del Impugnante contra la Resolución Directoral Ejecutiva N° D000034-2026-OEA-DG/HNAL, mediante la cual la Entidad declaró la nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro, este Tribunal resulta competente para emitir pronunciamiento. Cabe indicar que, en principio, este Tribunal resulta competente para pronunciarse sobre la declaración de nulidad de oficio del otorgamiento de la buena pro; no obstante, como una de las causales de procedencia, se analizará si el Impugnante tiene interés para obrar en este extremo. De otro lado, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley, en relación con las pretensiones del Impugnante relacionadas con el cuestionamiento a la descalificación de su oferta y la calificación de la oferta del Adjudicatario, este Tribunal carece de competencia para emitir pronunciamiento, pues, por la cuantía del procedimiento de selección, ello corresponde a la Entidad contratante. En consecuencia, en el presente caso, se configura la causal de improcedencia prevista en el literal a) del artículo 308 del Reglamento respecto de las pretensiones dirigidas a cuestionar la descalificación de la oferta del Impugnante y la calificación de la oferta del Adjudicatario, al no ser este Tribunal competente para conocerlas.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. En el presente caso, se tiene que mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° D000034- 2026-OECE-DG/HNAL del 7 de octubre de 2026, la Entidad declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y dispuso que se retrotraiga hasta la etapa anterior del otorgamiento de la buena pro. Es decir, corresponde a la entidad contratante determinar el otorgamiento de la buena pro a un postor o de ser el caso la declaración de desierto del procedimiento de selección. En consecuencia, respecto de la pretensión dirigida a revocar o anular dicha resolución para obtener que este Tribunal revise la descalificación de su oferta, no se advierte un agravio concreto, actual y atribuible a la decisión de nulidad de oficio que pueda repararse mediante lo solicitado. En relación al interés para obrar, la Casación N° 5003-2007-LIMA del 6 de mayo de 2008, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema señaló que: “el interés para obrar, de acuerdo a la doctrina mayormente aceptada sobre el tema, es la utilidad que para el titular de un derecho subjetivo emana de la tutela jurisdiccional”. De manera particular, el jurista AVENDAÑO VALDEZ, Juan, refiere que el interés para obrar constituye “una institución procesal surgida con la finalidad de analizar la utilidad que el proceso puede proveer a la necesidad de tutela invocada por las partes”1. Es importante precisar que la utilidad como esencia del interés para obrar, está referida al hecho de recurrir a esta instancia administrativa con el objetivo de obtener un resultado que representarle un beneficio para el postor, el cual, conforme a las pretensiones formuladas, sería que se revoque la descalificación de su oferta, se descalifique la oferta del Adjudicatario y se le otorgue la buena pro. 1 Juan Luis Avendaño Valdez. “El interés para obrar”. Revista THEMIS, núm. 58, pp. 64.

Teniendo ello en cuenta, debe precisarse que la oferta del Impugnante tiene la condición de descalificada, por lo que la eventual nulidad de la Resolución Directoral Ejecutiva N° D000034-2026-OECE-DG/HNAL no le otorgaría ninguna utilidad o ventaja jurídica concreta, pues tal decisión no implicaría revocar su descalificación. Ello, en la medida que dicho acto administrativo solo se sustentó en una aparente deficiencia en la evaluación de la oferta del Adjudicatario (en torno a que no habría superado el puntaje técnico), sin análisis alguno sobre la condición del Impugnante. En ese marco, en el caso concreto, el Impugnante no puede alegar una utilidad directa, manifiesta y legítima para cuestionar la nulidad del otorgamiento de la buena pro. Una interpretación distinta permitiría que cualquier postor aun sin tener un interés directo, manifiesto y legítimo, impugne actos, sin que exista una consecuencia directa que lo beneficie a efectos de adjudicarse la buena pro. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, el Impugnante carece de interés para obrar respecto de la pretensión relacionada con la nulidad de la Resolución Directoral Ejecutiva N° D000034-2026-OECE-DG/HNAL, al no existir una posibilidad concreta de obtener un pronunciamiento que incida de manera favorable en la descalificación de su oferta. En tal sentido, corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el literal j) del artículo 308 del Reglamento. Lo anterior no obsta a que, una vez que la Entidad adopte y notifique el nuevo resultado en la forma prevista por la normativa (que implicaría la declaración de desierto del procedimiento de selección, según lo señalado por la Entidad en esta instancia), el Impugnante, de así considerarlo, pueda impugnar oportunamente el acto que le cause agravio ante la autoridad competente.

• Por las razones expuestas, en el caso concreto, corresponde declarar improcedente el

recurso de apelación, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.

• En consecuencia, de conformidad con lo estipulado en el numeral 315.2 del artículo 315

del Reglamento corresponde ejecutar el 50% de la garantía presentada por el Impugnante con ocasión al presente recurso impugnativo dado que el recurso será declarado improcedente

TUTELA DE INTERÉS PÚBLICO

• Al respecto, en virtud de lo establecido en el literal c) del artículo 313 del Reglamento, sin

perjuicio de la improcedencia declarada conforme a los fundamentos precedentes,

técnicas y económicas” de fecha 2 de octubre de 2026, respecto a la calificación de la oferta del Impugnante, con decreto del 20 de octubre de 2026, se corrió traslado a las partes sobre la existencia de un posible vicio de nulidad.

• Sobre el particular, el defecto advertido se sustentó en que el Oficial de Compras habría

descalificado la oferta del Impugnante sin efectuar una evaluación integral y debidamente motivada del acta de recepción, obrante en los folios 46 y 47 de la oferta del Impugnante, documentación presentada para acreditar la experiencia de su personal clave correspondiente al Ingeniero civil y/o arquitecto, conforme a las exigencias establecidas en las bases integradas.

• En particular, se advirtió que la decisión de no reconocer la experiencia del Impugnante

sustentada mediante el acta de recepción obrante a folios 46 y 47 de la oferta se habría basado únicamente en la naturaleza de las labores ejecutadas, sin examinar, como correspondía, aspectos relacionados con la acreditación del periodo en que se ejerció dichas funciones (con indicación de las fechas de inicio y de culminación), la fecha de emisión y los nombres y apellidos de quien suscribe el documento, de conformidad con lo previsto en las bases integradas del procedimiento de selección.

• En dicho escenario, corresponde remitir la presente Resolución al Titular de la Entidad

contratante, a fin que realice las acciones que corresponda.

• Por último, cabe recordar que, al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe

registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la presente resolución respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE2. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Marlon Luis Arana Orellana, y con la intervención de los vocales Erick Joel Mendoza Merino y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 2 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por la empresa JUVICU

S.R.LTDA, en el marco del Concurso Público Abreviado de Servicios N° 02-2026-HNAL-1, para la “Contratación de servicio de mantenimiento de la infraestructura de UCE de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, por los fundamentos expuestos.

• Ejecutar el 50% de la garantía presentada por la empresa JUVICU S.R.LTDA, para la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.2 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad contratante, a fin

de que tome las acciones que considere pertinentes, conforme a la fundamentación.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con registrar en el SEACE, al día siguiente

de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA

MERINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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DIGITALMENTE

MARLON LUIS ARANA

ORELLANA

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

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