Resolución N.° 9595-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) En relación con ello, se tiene que, en los términos descritos en el tipo infractor, la ocurrencia de la infracción se concretará con la negativa injustificada de la Contratista a cumplir con las obligaciones que debieron ejecutarse con posterioridad al pago efectuado por la Entidad (…)”. Lima, 4 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026, de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 2194/2024.TCE, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la señora CARRANZA FLORES DANIELA BRILLITH, por su presunta responsabilidad al haberse negado injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley N° 30225; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• Según ficha registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,

(SEACE), el 28 de octubre de 2022, la FUERZA AÉREA DEL PERÚ, en adelante la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 002-2022-ESMAR/FAP-1 – Primera Convocatoria, para la ejecución del: “SERVICIO DE PULIDO DE LOSETAS DE ALAMEDA Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPLEJO DEPORTIVO”, con un valor estimado de S/ 71,370.00 (setenta y un mil trescientos setenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. El 10 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la etapa de presentación de ofertas en forma electrónica y el 14 del mismo mes y año se registró en el SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor de la señora CARRANZA FLORES DANIELA BRILLITH, por el monto equivalente a S/ 60,000.00 (sesenta mil con 00/100 soles). El 28 de noviembre de 2022, la Entidad y la señora CARRANZA FLORES DANIELA BRILLITH, en adelante la Contratista, suscribieron el Contrato N° 0311-CS-ESMAR- 2022, en adelante el Contrato. Dicha contratación se realizó durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Mediante escrito s/n1, presentado el 22 de febrero de 2024 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, puso en conocimiento que la Contratista habría incurrido en infracción administrativa. Así, a fin de sustentar su denuncia, dio cuenta de lo siguiente:

• El 29 de noviembre de 2022, la Entidad y la Contratista suscribieron el

Contrato, estableciendo obligaciones contractuales para ambas partes. ii) El 19 de diciembre de 2022, otorgó la conformidad del servicio mediante acta de recepción correspondiente. iii) Refiere que, con posterioridad a la recepción de los trabajos, habría advertido diversas deficiencias, entre ellas, el desprendimiento de pintura en las graderías, oxidación de estructuras metálicas, deterioro de las redes de los arcos de fulbito, desprendimiento de la brea de las juntas de dilatación y deficiencias en el resanado de las losetas de la alameda. iv) Indica que, a través de diversas comunicaciones cursadas desde febrero de 2023, requirió a la Contratista que subsanara dichas observaciones en cumplimiento de la garantía de 12 meses otorgada. Al respecto, manifestó que este último reconoció la existencia de las deficiencias al solicitar autorización para ejecutar los trabajos correctivos; no obstante, pese a haber iniciado tales trabajos en junio de 2023, únicamente los habría realizado parcialmente, sin culminarlos ni retornar para su conclusión, a pesar de los reiterados requerimientos efectuados por la Entidad. En virtud de ello, sostuvo que la Contratista habría incumplido con sanear los vicios ocultos advertidos en la prestación a su cargo.

• Concluye que la Contratista habría incurrido en la causal tipificada en el

literal g) del TUO de la Ley N° 30225. 1 Documento obrante a folios 1 al 4 del expediente administrativo.

• Por Decreto del 7 de noviembre de 2024, previo al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, se requirió a la Entidad cumpla con remitir, entre otros, un informe técnico legal detallando la procedencia de la infracción denunciada y supuesta responsabilidad de la Contratista. Asimismo, remita diversa documentación relacionada con la denuncia efectuada. Asimismo, se dispuso comunicar el citado Decreto al Órgano de Control Institucional de la Entidad, a fin de que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la documentación solicitada.

• Con Oficio Extra FAP N° 000181-2024-DIGLO-LOCN/FAP de fecha 2 de diciembre de

2024, presentado el 3 del mismo mes y año, ante la mesa de partes del Tribunal, la Entidad remitió información solicitada con Decreto del 7 de noviembre de 2024.

• Con Decreto del 29 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento administrativo

sancionador contra la Contratista, por su presunta responsabilidad al Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago, en el marco del procedimiento de selección; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225. En tal sentido, se otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• A través del Oficio Extra FAP N° 000258-2026-DIGLO-LOCN/FAP de fecha 20 de julio

de 2026, presentado el 22 del mismo mes y año, ante la mesa de partes del Tribunal, la Entidad solicitó el estado de la denuncia efectuada.

• Con Decreto del 24 de julio de 2026, habiéndose verificado que la Contratista no

presentó sus descargos en el plazo otorgado, pese a haber sido notificada con el inicio del procedimiento administrativo sancionador (vía casilla electrónica del OECE), la Secretaría Técnica 1 dispuso hacer efectivo el apercibimiento de emitir el informe final de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante Decreto del 24 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 1 del Tribunal

dispuso el registro del Informe de Instrucción N° 147-2026/ACC/ST1 de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual se recomendó sancionar a la Contratista.

• Por Decreto del 11 de agosto de 2026, habiéndose verificado que la Contratista fue

válidamente notificada vía casilla electrónica en la misma fecha con el Informe de Instrucción N° 147-2026/ACC/ST1, la Secretaría Técnica 1 del Tribunal dispuso remitir el expediente administrativo a la Quinta Sala del Tribunal para que resuelva, efectivizándose el pase al vocal 11 de agosto de 2026.

• Mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º D000293-2026-OECE-PRE del 5

de octubre de 2026 [publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el mismo día] se dispuso formalizar el Acuerdo N.º 001-014-2026/OECE-CD del Consejo Directivo que aprueba la reconformación de las Salas del Tribunal, siendo que la Quinta Sala del Tribunal se conforma por los vocales Juan Carlos Cortez Tataje, Danny William Ramos Cabezudo y Sonia Tatiana Angulo Reátegui.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• El presente procedimiento administrativo sancionador, tiene por objeto determinar

si la Contratista incurrió en responsabilidad administrativa, al haberse negado injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del Contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago; infracción que estuvo tipificada en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, normativa vigente al momento de suscitarse los hechos imputados. Cuestión previa: Sobre la posibilidad de aplicar el principio de retroactividad benigna

• Sobre el particular, es necesario tener en consideración que el numeral 5 del artículo

230 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, en adelante el TUO de la LPAG, contempla el principio de irretroactividad, según el cual: “Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes al momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las posteriores le sean más favorables.

Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor la nueva disposición”. (Subrayado es agregado) En tal sentido, si bien bajo el principio de irretroactividad, como regla general, en los procedimientos administrativos sancionadores la norma aplicable es aquella vigente al momento de la comisión de la infracción; como excepción al referido principio, de existir una norma posterior, que, de manera integral, resultase más favorable para el administrado, aquella debe ser aplicada. Consecuentemente, si la nueva norma no reporta ningún beneficio a la situación del administrado, carece de objeto que se la aplique retroactivamente, dado que no es más favorable, pues, aunque, en abstracto, establezca disposiciones sancionadoras que puedan parecer en términos generales como más benignas, lo que se requiere para la aplicación retroactiva de la nueva norma, es que le reporte, de manera concreta, una consecuencia más ventajosa. En atención a ello, corresponde que, en el caso objeto de evaluación, se determine si, en aplicación del principio de retroactividad benigna, las nuevas normas en materia sancionadora resultan aplicables, por ser más favorables a los imputados.

• Ahora bien, corresponde precisar que, si bien el presente procedimiento

administrativo sancionador se inició por la presunta comisión de la infracción establecida en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 082-2019-EF, a la fecha del presente pronunciamiento, se encuentra vigente la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley vigente, y el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento vigente. De manera que, resulta preciso verificar si la aplicación de la normativa vigente al presente caso resulta más beneficiosa, atendiendo al principio de retroactividad benigna.

• Es así como, de la comparación entre las disposiciones relativas a la infracción

consistente en Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago, así como la sanción aplicable para dicha infracción, tanto en el TUO de la Ley como en la Ley vigente, se advierte lo siguiente: TUO de la Ley N° 30225 Ley N° 32069

Artículo 50. Infracciones y sanciones

administrativas

Artículo 87. Infracciones administrativas a

participantes, postores, proveedores y subcontratistas 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)

• Negarse injustificadamente a cumplir las

obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. (…) 50.4 Las sanciones que aplica el Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales por la misma infracción, son: (…)

• Inhabilitación temporal: Consiste en la

privación, por un periodo determinado del ejercicio del derecho de participar en procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado. Esta inhabilitación es no menor de tres (3) ni mayor de treinta y seis (36) meses ante la comisión de las infracciones establecidas en los literales c), f), g), h) e i) (…)”. (El énfasis es agregado) 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)

• Negarse injustificadamente a cumplir las

obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. (…)

Artículo 89. Multa

89.1. La sanción de multa es impuesta por la comisión de las infracciones señaladas en los literales a), b), c), d) y e), del párrafo 87.1 del

artículo 87 de la presente ley, siempre que se

trate de la primera o segunda comisión de infracción en los últimos cuatro años. 89.2. La multa no es menor de 3 % ni mayor del 10 % del monto de la oferta económica o del contrato. En ningún caso puede ser inferior a una UIT. Si no pudiera determinarse el monto de la oferta económica o del contrato, la multa será entre una y quince UIT. 89.3. En el caso de las micro y pequeñas empresas, la multa no puede ser mayor al 8 % de la oferta económica o del contrato. Cuando no se pueda determinar el monto de la oferta económica o el contrato, la multa no puede ser mayor a ocho UIT. (…) 89.5. En caso de no pagarse la multa impuesta en el plazo establecido, el OECE puede iniciar los actos de ejecución coactiva correspondientes. La falta de pago de la multa es un criterio de graduación para las siguientes infracciones cometidas por el proveedor. 89.6 El reglamento establece descuentos de hasta el 30% por el pronto pago de las multas. (El énfasis es agregado)

• Sobre el particular, respecto de la infracción materia de análisis, corresponde

señalar que, si bien la Ley vigente conserva la tipificación de dicha conducta como infracción, se advierten modificaciones respecto a la sanción a aplicar. En atención a ello, se aprecia que la Ley y Reglamento vigentes contienen disposiciones más benignas para el Contratista, por regular la imposición de multa para el tipo infractor, en caso de tratarse de la primera o segunda comisión de infracción en los últimos cuatro años, en vez de una inhabilitación temporal. Del mismo modo, la Ley vigente ha contemplado supuestos adicionales distintos a los estipulados en la norma anterior, en virtud de los cuales, cuando las infracciones sean cometidas por micros o pequeñas empresas, se establezcan rangos reducidos para la imposición de multas. Adicionalmente, ante el pronto pago de las multas impuestas, el numeral 364.4 del

artículo 364 del Reglamento vigente ha establecido un descuento de hasta un

treinta por ciento (30%) sobre el monto a pagar, siempre que el proveedor sancionado no hubiera interpuesto recurso impugnativo sobre la resolución de sanción y efectué el depósito entre los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de imposición, mientras que, si se efectúa entre el sexto y décimo día hábil, el descuento será del quince por ciento (15%). En tal sentido, al tratarse de una disposición más favorable al administrado, corresponde la aplicación de la nueva Ley, en observancia del principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción.

• La infracción que se imputa al Contratista se encuentra tipificada en el literal d) del

numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente, según los siguientes términos:

“Artículo 87. Infracciones administrativas a participantes, postores, proveedores y subcontratistas 87.1. Son infracciones administrativas pasibles de sanción a participantes, postores, proveedores y subcontratistas las siguientes: (…)

• Negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que

deben ejecutarse con posterioridad al pago.” (…)

• En este sentido, la infracción descrita en el literal d), requiere para su configuración

de la concurrencia de los siguientes requisitos:

• La existencia de obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse

con posterioridad al pago.

• El requerimiento al contratista del cumplimiento de dichas obligaciones.
• La negativa injustificada del contratista a cumplir las referidas obligaciones.
• En relación con ello, se tiene que, en los términos descritos en el tipo infractor, la

ocurrencia de la infracción se concretará con la negativa injustificada de la Contratista a cumplir con las obligaciones que debieron ejecutarse con posterioridad al pago efectuado por la Entidad.

• En tal sentido, en virtud del principio de tipicidad, corresponderá que este Tribunal

verifique la concurrencia de los referidos elementos del tipo infractor para determinar su configuración. Configuración de la infracción.

• Respecto de la existencia de obligaciones del contrato que deben ejecutarse con

posterioridad al pago.

• Al respecto, de la revisión del capítulo III «Requerimiento» de las Bases Integradas

del procedimiento de selección, específicamente del literal g) «Garantías» del numeral 3.1.2 «Consideraciones específicas», se advierte que se estableció una garantía del servicio por un periodo determinado, conforme se aprecia a continuación:

En ese sentido, tanto las Bases Integradas como el contrato establecieron que la garantía del servicio se extendía por un periodo de doce (12) meses, contado a partir del otorgamiento de la conformidad por parte de la Entidad. Por tanto, se advierte que subsistía una obligación contractual vinculada a la garantía del servicio, cuya exigibilidad se proyectaba con posterioridad a la conformidad y, de corresponder, al pago de la contraprestación.

• De otro lado, obra en el expediente administrativo la Declaración Jurada de Plazo

de Garantía, de fecha 10 de noviembre de 2022, mediante la cual la Contratista se comprometió a otorgar una garantía del servicio por un periodo de doce (12) meses, computado a partir de la conformidad de su recepción, conforme se aprecia a continuación:

De lo expuesto, se advierte que las obligaciones asumidas por la Contratista no se agotaban con la prestación del servicio ni con el otorgamiento de la conformidad por parte de la Entidad, sino que comprendían también la responsabilidad de garantizar el servicio durante un periodo de doce (12) meses. En ese sentido, se verifica que la relación contractual comprendía obligaciones cuya exigibilidad se extendía más allá de la conformidad de la prestación y, por tanto, subsistían con posterioridad al pago efectuado por la Entidad.

• Ahora bien, en cuanto a la conformidad de la prestación, se advierte que esta fue

otorgada el 19 de diciembre de 2022, tanto por la Comisión de Recepción y Conformidad, mediante el Acta de Recepción y Conformidad N.° 029, como por el señor Nersin Culque Rojas, jefe de la Sección de Mantenimiento – SO1 FAP, a través del correspondiente Informe de Conformidad, conforme se aprecia de los documentos que se reproducen a continuación:

• En consecuencia, habiéndose otorgado la conformidad de la prestación el 19 de

diciembre de 2022, el plazo de garantía asumido por la Contratista se extendía desde dicha fecha hasta el 19 de diciembre de 2023. Por consiguiente, durante ese periodo subsistía la obligación contractual de responder por la garantía del servicio, cuya exigibilidad se proyectaba con posterioridad al pago efectuado por la Entidad.

• El requerimiento al contratista del cumplimiento de dichas obligaciones
• En relación con este extremo, debe evaluarse si la Entidad efectuó requerimientos

válidos a la Contratista orientados a exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales antes descritas.

• Sobre el particular, de la revisión del expediente administrativo, se advierte que

obran la Carta NC-67-ESSA N.° 00052 de fecha 13 de febrero de 2023, remitida a la Contratista mediante correo electrónico del 14 de febrero de 20233, así como la Carta Notarial NC-67-ESSA N.° 0010 de fecha 21 de marzo de 2023, diligenciada notarialmente el 23 de marzo de 2023. Mediante dichas comunicaciones, la Entidad requirió a la Contratista que, en el plazo de setenta y dos (72) horas, subsanara las deficiencias advertidas en la prestación objeto de contratación, conforme se aprecia a continuación. 2 Documento obrante a folio 96 del expediente administrativo. 3 Documento obrante a folio 241 del expediente administrativo.

• De igual manera, obra en el expediente administrativo la Carta Notarial NC-67-ESSA

N.° 0016 de fecha 2 de mayo de 2023, diligenciada notarialmente el 5 de mayo de 2023, mediante la cual la Entidad señaló que la Contratista, a través de un correo electrónico, había manifestado su compromiso de ejecutar los trabajos el 15 de marzo de 2023; sin embargo, indicó que, con posterioridad a dicha fecha, no volvió a tener comunicación con la Contratista. A continuación, se muestra la referida comunicación

• Por su parte, mediante escrito s/n, de fecha 5 de junio de 20234, la Contratista, en

respuesta a las comunicaciones cursadas por la Entidad, manifestó que el 16 de marzo de 2023 se había apersonado para verificar los inconvenientes presentados y solicitó autorización para iniciar los trabajos correspondientes a la garantía del servicio a partir del 8 de junio de 2023, por un periodo de veinticinco (25) días. Asimismo, detalló el personal que tendría a su cargo la ejecución de dichos trabajos. Posteriormente, con escrito s/n, de fecha 7 de junio de 20235, la Contratista comunicó a la Entidad la modificación del personal inicialmente propuesto para la ejecución de los trabajos de garantía, adjuntando la nueva relación de trabajadores.

• Sin embargo, de los correos electrónicos del 23 de junio6 y 17 de julio de 20237, así

como del Informe del 25 de septiembre de 20238, se advierte que el señor Dimas Hidalgo Rondón informó al jefe de Abastecimiento de la Entidad que las Cartas NC- 67-ESSA N.° 0141, del 23 de junio de 2023; NC-67-ESSA N.° 0022, del 17 de julio de 2023; y NC-67-ESSA N.° 0026, del 15 de septiembre de 2023, fueron diligenciadas bajo puerta el 18 de septiembre de 2023, en el domicilio ubicado en Mz. G, Lt. 15, sector 1, grupo 6, distrito de Villa El Salvador, consignado por la Contratista. A través de dichas comunicaciones, la Entidad requirió nuevamente a la Contratista 4 Documento obrante a folios 84-85 del expediente administrativo. 5 Documento obrante a folios 82-83 del expediente administrativo. 6 Documento obrante a folio 81 del expediente administrativo. 7 Documento obrante a folio 77 del expediente administrativo. 8 Documento obrante a folios 71-73 del expediente administrativo que subsanara las observaciones advertidas en la prestación, otorgándole para tal efecto plazos de setenta y dos (72) y veinticuatro (24) horas, según correspondía.

• Cabe precisar que el domicilio al cual fueron dirigidas las referidas comunicaciones

fue consignado por la Contratista tanto en su Declaración Jurada de Datos del Postor, de fecha 10 de noviembre de 2022, como en la cláusula vigésima del contrato suscrito, denominada «Domicilio para efectos de la ejecución contractual», en la que se estableció expresamente como domicilio del Contratista la dirección Mz. G, lote 15, sector 1, grupo 6, distrito de Villa El Salvador, Lima, para efectos de las notificaciones que se efectuaran durante la ejecución del contrato.

• De la revisión de la documentación obrante en el expediente administrativo, se

advierte que la Entidad cursó diversos requerimientos a la Contratista, mediante los cuales le solicitó subsanar las deficiencias advertidas en el servicio, otorgándole plazos específicos para tal efecto. Asimismo, se aprecia que la Contratista tomó conocimiento de dichos requerimientos e incluso manifestó su disposición a ejecutar los trabajos correspondientes a la garantía del servicio.

• En ese contexto, este Colegiado considera que la Entidad requirió a la Contratista el

cumplimiento de obligaciones contractuales vinculadas con la garantía del servicio y la subsanación de las deficiencias advertidas, cuya exigibilidad subsistía con posterioridad al otorgamiento de la conformidad y al pago de la contraprestación.

• La negativa injustificada del contratista a cumplir las referidas obligaciones.
• Llegado a este punto, corresponde verificar si existió una negativa injustificada por

parte de la Contratista a cumplir con aquellas obligaciones cuyo cumplimiento le resultaba exigible conforme al Contrato.

• En ese sentido, debe precisarse que la negativa injustificada a cumplir obligaciones

contractuales puede configurarse de dos formas: (i) mediante un acto expreso de la Contratista, a través del cual manifieste de manera inequívoca su voluntad de no cumplir con una obligación contractual exigible; o (ii) mediante una conducta omisiva, consistente en dejar transcurrir el plazo otorgado por la Entidad para el cumplimiento de determinada obligación sin ejecutar las acciones necesarias para su atención o satisfacción.

• En el presente caso, de la documentación analizada se advierte que, mediante los

escritos s/n del 5 y 7 de junio de 2023, la Contratista manifestó su disposición a ejecutar los trabajos correspondientes a la garantía del servicio, solicitando autorización para iniciar dichas actividades a partir del 8 de junio de 2023, por un periodo de veinticinco (25) días, e incluso comunicó la relación del personal que estaría a cargo de su ejecución y su posterior modificación. No obstante, tales comunicaciones, por sí solas, no permiten tener por acreditado que la Contratista hubiera cumplido efectivamente con ejecutar los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias advertidas por la Entidad, pues constituyen manifestaciones de intención y coordinaciones para la ejecución de las actividades correspondientes a la garantía, mas no acreditan su realización ni la efectiva subsanación de las observaciones formuladas.

• En efecto, se advierte que, con posterioridad a dichas comunicaciones, la Entidad

continuó requiriendo a la Contratista la subsanación de las deficiencias advertidas en el servicio, mediante las Cartas NC-67-ESSA N.° 0141, NC-67-ESSA N.° 0022 y NC- 67-ESSA N.° 0026, diligenciadas en el domicilio contractual el 18 de septiembre de 2023, otorgándole plazos de setenta y dos (72) y veinticuatro (24) horas, según correspondía, para atender dichos requerimientos.

• En ese sentido, considerando que la Contratista había tomado conocimiento de las

deficiencias que debía subsanar y que, incluso, había manifestado su compromiso de ejecutar los trabajos correspondientes a la garantía del servicio, correspondía que acreditara la realización de tales actividades o, en su defecto, que expusiera las razones que justificaran su falta de ejecución. Sin embargo, de la documentación obrante en el expediente no se advierte que, pese a los requerimientos reiterados de la Entidad, la Contratista hubiera acreditado la subsanación de las deficiencias advertidas ni presentado una justificación que explicara el incumplimiento de dicha obligación.

• En este punto corresponde precisar que la Contratista no ha presentado sus

descargos a pesar de haber sido válidamente notificado a través de la Casilla Electrónica del OECE, con el decreto que dispuso iniciar procedimiento administrativo sancionador en su contra; por tanto, no ha aportado elemento alguno que evidencia alguna circunstancia que justifique el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

• En consecuencia, la conducta descrita evidencia una negativa tácita e injustificada

de cumplir las obligaciones contractuales, toda vez que la Contratista, pese a tener conocimiento de los requerimientos efectuados por la Entidad, optó por mantener una conducta omisiva que impidió la ejecución de la garantía contratada.

• Conforme a lo expuesto no se ha verificado que la Contratista haya tenido una causa

justificada para no atender sus obligaciones contractuales, por tanto, se concluye que se ha configurado la infracción tipificada en el literal d) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente, por lo cual, corresponde atribuirle responsabilidad administrativa, previa graduación de la sanción. Graduación de la sanción

• Conforme al análisis de aplicabilidad normativa descrito en los fundamentos

anteriores, el numeral 89.2 del artículo 89 de la Ley vigente prevé que corresponde al infractor pagar una multa no menor al tres (3%) ni mayor al diez por ciento (10%) de la propuesta económica o del contrato. Asimismo, precisa que, en ningún caso, puede ser inferior a 1 UIT9; y ante la imposibilidad de determinar el monto de la oferta económica o del contrato se impondrá una multa de entre una (1) y quince (15) UIT. Adicionalmente, el numeral 89.3. del artículo 89 de la Ley vigente establece que, de tratarse de micros y pequeñas empresas, la multa no podrá ser mayor al 8% de la oferta económica.

• En ese entendido, con relación a los criterios de gradualidad para multas, el numeral

364.6 del artículo 364 del Reglamento vigente establece lo siguiente: 9 Mediante Decreto Supremo N°301-2025-EF se estableció que el valor de la UIT para el año 2026, corresponde a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos y 00/100 soles).

• Ahora bien, de la revisión de la consulta realizada a la plataforma REMYPE10, se

aprecia que el Contratista está acreditado en dicho registro, conforme se muestra a continuación:

• En ese contexto, corresponde mencionar que, el Acuerdo de Sala Plena N° 01-

2026/TCP, publicado el 6 de marzo de 2026 en el Diario Oficial “El Peruano” en la

integrantes del Tribunal de Contrataciones Públicas, acordaron lo siguiente: “1. Respecto del monto de la sanción de multa impuesta a las micro y pequeñas empresas por la comisión de las infracciones previstas en la Ley, y en aplicación de 10 Véase en: https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html.

lo señalado en el numeral 89.2 del artículo 89 de la Ley, en ningún caso la multa podrá ser inferior a una (1) UIT.

• Respecto a las multas aplicables a las infracciones cometidas en el marco de

contratos menores, así como de aquellas derivadas de contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco cuyo valor corresponda a contratos menores, en ningún caso la multa podrá ser inferior a una (1) UIT, conforme a lo previsto en el numeral 89.2 del artículo 89 de la Ley.

• El presente acuerdo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el

Diario Oficial “El Peruano”. (…)”. (el énfasis es agregado)

• En dicho escenario, esta Sala advierte que el citado Acuerdo de Sala Plena establece

que, para la aplicación de multas para una MYPE en ningún caso la multa podrá ser inferior a una (1) UIT. Cabe mencionar que el mismo criterio aplica para aquellas contrataciones que correspondan a contratos menores o a su cuantía en el caso de las contrataciones derivadas del catálogo electrónico de Acuerdo Marco.

• Sobre la base de las consideraciones expuestas, se aprecia que el monto contratado

asciende a S/ 60,000.00 (sesenta mil con 00/100 soles) con relación al procedimiento de selección.

• En ese sentido, dado que el rango aplicable en el presente caso a la cuantía del

contrato [uno por ciento (1%) equivale a S/ 600.00 y el cuatro por ciento (4%) asciende a S/ 2,400.00] es menor a una 1 UIT, corresponderá aplicar dicha cuantía en el presente caso, conforme a lo indicado en el Acuerdo de Sala Plena N° 01- 2026/TCP.

• Bajo esa premisa, corresponde imponer al Contratista la sanción de multa prevista

en la Ley, para lo cual deben considerarse los criterios de graduación previstos en el

artículo 366 del Reglamento vigente.

Sobre el tema, cabe traer a colación lo dispuesto en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, respecto al principio de razonabilidad, según el cual las decisiones de la autoridad administrativa que impongan sanciones o establezcan restricciones a los administrados deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido, criterio que también debe tomarse en cuenta al momento de fijar la sanción. En tal sentido, se deben considerar los siguientes criterios de graduación:

• Naturaleza de la infracción: desde el momento en que la Contratista asume un

compromiso contractual frente a la Entidad, queda obligado a cumplir cabalmente con lo ofrecido, dado que un incumplimiento suyo puede generar perjuicio al Estado.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: de los elementos obrantes en el

expediente no es posible determinar si hubo intencionalidad de la Contratista para cometer la infracción determinada.

• Inexistencia o grado mínimo de daño a la entidad: de la documentación obrante

en el expediente no se aprecia que la Entidad hubiese acreditado algún daño, más allá de informar de la comisión de la infracción.

• Reconocimiento de la infracción cometida: conforme a la documentación obrante

en el expediente, no se advierte documento alguno por el que el Contratista haya reconocido su responsabilidad en la comisión de la infracción.

• Antecedentes de sanción o sanciones impuestas por el Tribunal: se debe tener en

cuenta que, conforme a la base de datos del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que la Contratista no cuenta con antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal.

• Conducta procesal: la Contratista no se apersonó ni presentó descargos contra las

imputaciones en su contra.

• Multa impaga: no se aprecia que la Contratista tenga multas impagas a la fecha del

presente pronunciamiento.

• Cabe mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal d) del

numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley vigente, por parte del Contratista, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 18 de setiembre de 2023 (fecha en que la Entidad requirió11 por última vez al Contratista para que cumpla con las obligaciones derivadas del contrato). 11 Documentos obrantes a folios 71-73 del expediente administrativo.

Procedimiento y efectos del pago de la multa

• El numeral 365.2 del artículo 365 del Reglamento vigente indica que el Órgano

Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes OECE, regula el procedimiento operativo sobre el cobro de la multa, la cobranza coactiva y las retenciones.

• En ese sentido, el Colegiado pone en conocimiento de la Oficina de Administración

el presente pronunciamiento para que realice las acciones pertinentes en atención a sus funciones y efectúe el cobro de la multa impuesta por el Tribunal.

• Adicionalmente, se informa al Contratista que cuenta con el plazo máximo de diez

(10) hábiles para el pago de la multa12, debiendo remitir el comprobante al Órgano Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes - OECE, conforme a lo dispuesto en el numeral 364.2 del artículo 364 del Reglamento vigente; de lo contrario, se iniciará la cobranza coactiva, cuya competencia es de la Unidad de Ejecución Coactiva, según los establecido en el artículo 44 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE.

• Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, de acuerdo con el numeral 364.4 del

artículo 364 del Reglamento vigente, el proveedor puede acceder a un descuento

por el pronto pago de las multas, vigente de acuerdo con los porcentajes establecidos en el referido numeral. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo, y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 12 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad; 12 Cabe precisar que el número de cuenta corriente para el depósito es: 00 000 870803 (CCI: 018-000-000000870803-04).

LA SALA RESUELVE:

• Sancionar a la señora CARRANZA FLORES DANIELA BRILLITH (R.U.C. N°

10626210843), con una multa ascendente a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles), por su responsabilidad al negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago, en el marco de la Adjudicación Simplificada N° 002-2022-ESMAR/FAP-1 – Primera Convocatoria, convocado por la FUERZA AÉREA DEL PERÚ; infracción tipificada en el literal d) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, por los fundamentos expuestos.

• Poner a disposición la presente Resolución a la Oficina de Administración del

Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes, a fin que en el marco de sus funciones realice las acciones que le corresponda.

• Sin perjuicio de ello, se debe precisar que, de acuerdo con el numeral 364.4 del

artículo 364 del Reglamento vigente, el proveedor podrá acceder a un descuento

de hasta el 30% por el pronto pago de la multa, siempre que no interponga recurso impugnativo sobre la resolución de sanción.

• Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado

administrativamente firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente. Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo. Angulo Reátegui.

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

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SONIA TATIANA ANGULO

REÁTEGUI

VOCAL

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JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

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