Resolución N.° 9594-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) para establecer la responsabilidad de un administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable (…)”. Lima, 4 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 4 de noviembre de 2026, de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas el Expediente N° 7509/2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador generado contra el proveedor Grifo Carolina S.A.C. (R.U.C. N° 20450423085), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Compra N° 149-2023 del 7 de junio de 2023; y, atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 7 de junio de 2023, el INPE - Dirección Regional Nor Oriente San Martin, en lo sucesivo

la Entidad, emitió la Orden de Compra N° 149-20231 a favor de la empresa Grifo Carolina S.A.C. (R.U.C. N° 20450423085), en lo sucesivo el Contratista, para el “Suministro de combustible para unidades móviles del E.P. Tarapoto correspondiente al mes de mayo de 2023”, por el importe de S/ 1 327.53 (mil trescientos veintisiete con 53/100 soles), en adelante la Orden de Compra. Dicha contratación fue realizada durante la vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019- EF, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF, en adelante el Reglamento.

• A través del Memorando N° D000184-2024-OSCE-DGR2 del 20 de mayo de 2024,

presentado el 1 de julio del mismo año, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas) en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE (ahora OECE) adjuntó el Reporte N° 413-2024/DGR-SIRE3 del 29 de febrero de 2024; documentos en los que sustentó que el señor Ricardo Andy del Castillo Ibañez fue elegido regidor provincial de San Martín en la región del mismo nombre, para el periodo 2023-2026, y que en su declaración jurada de 1 Obrante a folio 70 del expediente administrativo. 2 Obrante a folio 2 del expediente administrativo. 3 Obrante a folios 11 al 16 del expediente administrativo.

intereses consignó que la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz es su madre y la señora Sonia Carolina del Castillo Ibañez su hermana. Con relación a ello, comunicó que el Contratista tendría como accionistas a las señoras Sonia Carolina del Castillo Ibañez y Sonia Mercedes Ibañez Ruiz, quienes contarían con el 100% de acciones en el capital social del Contratista; además, la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz sería integrante del órgano de administración y su representante; agregando que aquel habría contratado con el Estado en el ámbito de la competencia territorial del regidor provincial durante el ejercicio de su cargo, pese a que estaría impedido para ello.

• Con decreto del 29 de enero de 20264, previamente la Secretaría Técnica 3 del Tribunal

requirió a la Entidad remita, entre otros, copia legible de la Orden de Compra N° 149-2023.

• Mediante Carta N° D0000005-2026-INPE-ORNOSM-C-ELOG5 presentado el 2 de marzo de

2026 al Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada con decreto del 29 de febrero de 2026.

• Con el decreto del 21 de abril de 20266, la Secretaria Técnica 3 del Tribunal, dispuso iniciar

procedimiento administrativo sancionador al Contratista por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, al encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento que estaba previsto en los literales i) y k) en concordancia con los literales h) y d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, en el marco de la Orden de Compra N° 149-2023 2023 del 7 de junio de 2023; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. En tal sentido, se otorgó al Contratista el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. Cabe indicar que dicho decreto se notificó7 vía casilla electrónica al Contratista, el 30 de abril de 2026.

• Mediante decreto del 18 de mayo de 20268, la Secretaría Técnica 3 del Tribunal requirió a

la Entidad remita información complementaria, entre otros, copia legible del contrato que se haya suscrito con relación a la emisión de la Orden de Compra N° 149-2023. 4 Obrante a folios 22 al 23 del expediente administrativo. 5 Obrante a folios 67 al 81 del expediente administrativo. 6 Obrante a folios 130 al 132 del expediente administrativo. 7 Obrante a folio 133 del expediente administrativo. 8 Obrante a folios 134 al 135 del expediente administrativo.

• Mediante escrito s/n9 presentado el 25 de mayo de 2026 al Tribunal, el Contratista se

apersonó al procedimiento y presentó sus descargos, señalando principalmente lo siguiente:

• Pone de conocimiento la existencia de pronunciamientos emitidas por distintas Salas

del Tribunal que guardan identidad sustancial con la presente causa, por lo que solicita sean consideradas al momento de emitirse una decisión, siendo las resoluciones a ser evaluadas, entre otras, la Resolución N° 2441-2026-TCP-S5 del 12 de marzo de 2026, que establecieron de manera uniforme que, la orden de compra emitida para viabilizar el pago de una prestación previamente ejecutada no constituye perfeccionamiento contractual para efectos sancionadores y que por tanto correspondió absolver a su representada.

• En la presente causa, se presentan los mismos elementos fácticos relevantes

analizados por el Tribunal, esto es, orden de compra emitida con posterioridad a la ejecución material de la prestación, documentación orientada a sustentar el pago, y ausencia de acreditación fehaciente del perfeccionamiento contractual en los términos exigidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021-TCE.

• Siendo así, y no habiéndose acreditado en el presente caso el primer presupuesto

objetivo de la infracción imputada, además del criterio uniforme de las distintas Salas del Tribunal, corresponde disponer el archivo definitivo del presente procedimiento seguido contra su representada.

• Con Carta N° D0000021-2026-INPE-ORNOSM-C-ELOG10 presentado el 27 de mayo de 2026

al Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada con decreto del 18 de mayo de 2026.

• Con decreto del 24 de julio de 202611 la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso tener por

apersonado al Contratista y por presentados sus descargos, con conocimiento de las partes.

• Mediante decreto del 30 de julio de 202612, y para un mejor resolver, la Secretaría Técnica

3 del Tribunal dispuso la incorporación al expediente de la declaración jurada de intereses y fichas RENIEC de Ricardo Andy del Castillo Ibañez, Sonia Carolina del Castillo Ibañez y Sonia Mercedes Ibañez Ruiz. 9 Obrante a folios 136 al 139 del expediente administrativo. 10 Obrante a folio 239 del expediente administrativo. 11 Obrante a folio 242 del expediente administrativo. 12 Obrante a folio 243 del expediente administrativo.

• En otro decreto del 30 de julio de 2026 la Secretaría Técnica 3 del Tribunal dispuso el

registro del Informe de Instrucción N° 107-2026/CSCH/ST3, en la cual recomienda sancionar a la empresa Grifo Carolina S.A.C. (R.U.C. N° 20450423085), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, al encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento que estaba previsto en los literales i) y k) en concordancia con los literales h) y d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; en el marco de la Orden de Compra N° 149-202313 del 7 de junio de 2023, emitida por la Entidad; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la citada norma; y dispone que luego de notificarse el informe de instrucción al Contratista, se remita el expediente con el citado informe al Órgano Sancionador para los fines de ley.

• El 11 de agosto de 2026, se notificó14 vía casilla electrónica al Contratista, el decreto del

30 de julio del mismo año con el Informe de Instrucción N° 107-2026/CSCH/ST3.

• Con decreto del 11 de agosto de 202615, habiendo verificado la Secretaría Técnica 3 del

Tribunal que, el Informe de Instrucción N° 107-2026/CSCH/ST3 fue notificado al Contratista, remitió el expediente a la Sexta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN

Naturaleza de la infracción

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar si el

Contratista incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado estando inmerso en el impedimento señalado en los literales i) y k), en concordancia con los literales h) y d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del citado cuerpo normativo, vigente al momento de suscitarse los hechos imputados.

• Sobre el particular, el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, señala

que es conducta infractora la siguiente: “Artículo 50. Infracciones y sanciones administrativas: 50.1 El Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, cuando corresponda, 13 Obrante a folio 70 del expediente administrativo. 14 Conforme se aprecia en el Toma Razón electrónico del Exp. N° 7509-2024. 15 Conforme se aprecia en el Toma Razón electrónico del Exp. N° 7509-2024.

incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones: (…)

• Contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley.

(…) (El resaltado es agregado).

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley,

constituía infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñen como residente o supervisor de obra, contraten con el Estado estando impedidos para ello conforme a las causales previstas en el artículo 11 de la misma norma. Al respecto, el artículo 11 del TUO de la Ley establecía que cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso las contrataciones a que se refiere el literal a) del

artículo 5.

• En relación con ello, es pertinente mencionar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en los procedimientos de contratación, en el marco de los principios de libre concurrencia y de competencia previstos en los literales a) y e) del artículo 2 del TUO de la Ley. Sin embargo, precisamente a efectos de garantizar la libre concurrencia y competencia en los procesos de contratación que desarrollan las Entidades, la normativa establece ciertos supuestos que limitan a una persona natural o jurídica, disponiendo una serie de impedimentos para participar en un procedimiento de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y de contratar con el Estado, a efectos de salvaguardar el cumplimiento de los principios mencionados, los cuales deben prevalecer dentro de los procesos que llevan a cabo las Entidades y que pueden generar situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés de ciertas personas que, por las funciones o labores que cumplen o cumplieron, o por los vínculos particulares que mantienen, pudieran generar serios cuestionamientos sobre la objetividad e imparcialidad con que puedan llevarse a cabo los procesos de contratación, bajo su esfera de dominio o influencia.

• Es así como, el artículo 11 del TUO de la Ley establecía el listado de impedimentos para

contratar con el Estado; existiendo impedimentos de carácter absoluto, los cuales no permiten participar en ningún proceso de contratación pública, mientras que otros son de naturaleza relativa, vinculada ya sea al ámbito territorial, de una jurisdicción, de una entidad o de un proceso de contratación determinado.

• Por la restricción de derechos que su aplicación implica, los impedimentos deben ser

interpretados en forma estricta, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no están expresamente contemplados en la Ley o norma con rango de ley.

• En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar el perfeccionamiento de la

relación contractual, y si a la fecha en que ésta se perfeccionó el Contratista se encontraba inmerso en algún impedimento para contratar con el Estado. Configuración de la infracción.

• Conforme se indicó anteriormente, corresponde, en primer término, verificar que se haya

perfeccionado una relación contractual entre el Contratista y la Entidad.

• Cabe resaltar que, para las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT, por estar

excluidas de su ámbito de aplicación, no son aplicables las disposiciones previstas en el TUO de la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la realización de la contratación.

• Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE16, dispuso que “la existencia del

contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor” (el resaltado es agregado).

• Sobre el primer requisito, obra en el expediente copia de la Orden de Compra N° 149-

202317, emitida por la Entidad el 7 de junio de 2023 a favor del Contratista, para el “Suministro de combustible para unidades móviles del E.P. Tarapoto correspondiente al mes de mayo de 2023”, por el importe de S/ 1 327.53 (mil trescientos veintisiete con 53/100 soles”: 16 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano. 17 Obrante a folio 70 del expediente administrativo.

• Además, obra en el expediente el “Acta de Conformidad de Bienes N° Entrada 128-2023”18

y su anexo, con la cual la Entidad otorga su conformidad al suministro de combustible realizado por el Contratista correspondiente al mes de mayo de 2023, relacionada con la Orden de Compra, como a continuación se indica: 18 Obrante a folios 81 y 85 del expediente administrativo.

• También, obra en el expediente copia del documento “Constancia de pago – transferencia

a cuenta de terceros (CCI) – Ejercicio 2023”19 del 20 de junio de 2023, en la que se indica el pago efectuado por la Entidad al Contratista, por el suministro de combustible correspondiente al mes de mayo de 2023, relacionada con la Orden de Compra N° 149- 2023; documento que se reproducen a continuación:

• De la valoración de los documentos citados y mencionados, se advierte que la Orden de

Compra N° 149-2023 fue emitida el 7 de junio de 2023, y en su contenido o descripción señala que es por el suministro de combustible para unidades móviles de la Entidad correspondiente al mes de mayo de 2023; de igual modo los documentos de conformidad 19 Obrante a folio 86 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

de la entrega del bien materia de adquisición y la constancia de pago por la compra del referido bien, señalan que el suministro de combustible se realizó en el mes de mayo de 2023.

• Siendo ello así, se advierte de la documentación mencionada que el Contratista realizó la

entrega del bien (combustible) antes que se emita la Orden de Compra N° 149-2023, esto es, en mayo de 2023 y la orden se compra se expidió el 7 de junio del mismo año. En ese sentido, el material probatorio analizado permite inferir que el Contratista ejecutó la entrega del bien a la Entidad cuando aun no se tenía la referida Orden de Compra.

• Por tanto, no se puede concluir de manera categórica e indubitable que el Contratista

perfeccionó el contrato mediante la Orden de Compra N° 149-2023 del 7 de junio de 2023, por cuanto este documento sirvió para regularizar el pago de la adquisición del bien que ya se había entregado a la Entidad por el Contratista. En consecuencia, la citada Orden de Compra no constituye un vínculo contractual que originó la contratación cuestionada por la Entidad, sino que el perfeccionamiento contractual se produjo con anterioridad a la emisión de la Orden de Compra, en una oportunidad que no se conoce; lo que resulta importante para determinar con claridad el cómputo del plazo de prescripción de la infracción imputada en el presente procedimiento administrativo sancionador. En ese contexto, mediante decreto del 18 de mayo de 202620, se requirió a la Entidad remita copia legible del contrato que se haya suscrito con relación a la emisión de la Orden de Compra N° 149-2023, respondiendo la Entidad con Carta N° D0000021-2026-INPE- ORNOSM-C-ELOG21 presentado el 27 de mayo de 2026 al Tribunal, señalando que no cuenta con la información solicitada. En tal sentido, no obran en el expediente elementos objetivos que permitan identificar el documento que originó el vínculo contractual por el cual el Contratista se obligó a la entrega del bien a la Entidad antes que se emita la Orden de Compra N° 149-2023; por lo que no se ha configurado el primer elemento de la infracción imputada.

• En atención a ello, debe tener presente que, para establecer la responsabilidad de un

administrado, se debe contar con todas las pruebas suficientes para determinar de forma indubitable la comisión de la infracción y la responsabilidad en el supuesto de hecho, que produzca convicción suficiente más allá de la duda razonable, y se logre desvirtuar la presunción de veracidad que lo protege. Ello significa que en caso de duda sobre la responsabilidad administrativa del Contratista, 20 Obrante a folios 22 al 23 del expediente administrativo. 21 Obrante a folio 239 del expediente administrativo.

deberá prevalecer el principio in dubio pro reo, aplicable también al derecho administrativo sancionador, por el cual según OSSA ARBELÁEZ22: “Cuando la prueba, válidamente ingresada al expediente administrativo, se torna insuficiente y el operador jurídico no puede eliminar su cortedad, llegando a la conclusión de que no hay elementos de juicio serios e indispensables para predicar la autoridad de la infracción en el investigado, entra en acción el in dubio pro reo. Asimismo, en el numeral 9 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, se reconoce el principio de presunción de licitud, en virtud de la cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

• Por lo expuesto, no existen en el expediente elementos objetivos que configuren la

infracción de contratar con el Estado estando impedido para ello, al no acreditarse el perfeccionamiento del contrato previo a la emisión de la Orden de Compra N° 149-2023, tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley N° 30225; correspondiendo declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el Contratista por la referida infracción.

• Finalmente, considerando que la prestación a la que hace referencia la Orden de Compra

se habría ejecutado sin haberse formalizado previamente la relación contractual entre la Entidad y el Contratista, corresponde remitir la presente resolución al Órgano de Control Institucional para su conocimiento y fines pertinentes. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jimy Robert Ureta Aquino y la intervención de la Vocal Lupe Mariella Merino de la Torre y el Vocal Jorge Alfredo Quispe Crovetto, atendiendo a la reconformación de la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE, del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, mes y año en el Diario Oficial “El Peruano”, en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Texto Único Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por el Decreto Supremo N° 067-2025-EF del 11 de abril de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar no ha lugar a la imposición de sanción contra el proveedor Grifo Carolina S.A.C.

(R.U.C. N° 20450423085), por su presunta responsabilidad de haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Compra N° 149-2023 del 7 22 OSSA ARBELÁEZ, Jaime. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Legis. Segunda Edición 2009. p 253.

de junio de 2023, emitida por el INPE – Dirección Regional Nor Oriente San Martin; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Remitir copia de la presente resolución al Órgano de Control Institucional de la Entidad,

conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Disponer el archivo definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Merino de la Torre. Quispe Crovetto

JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO

VOCAL

LUPE MARIELLA MERINO DE LA TORRE

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VOTO EN DISCORDIA DEL VOCAL JIMY ROBERT URETA AQUINO

El suscrito en el presente voto manifiesta, respetuosamente, su discordia respecto al voto en mayoría, desde el fundamento 7, con respecto a la configuración de la infracción del literal c) del numeral 50 del artículo 50 del TUO de la Ley, consistente en contratar con el Estado, estando impedido para ello, conforme a lo siguiente: Configuración de la infracción.

• Conforme se indicó anteriormente, corresponde, en primer término, verificar que se

haya perfeccionado una relación contractual entre el Contratista y la Entidad.

• Cabe resaltar que, para las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT, por

estar excluidas de su ámbito de aplicación, no son aplicables las disposiciones previstas en el TUO de la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente, considerando la naturaleza de este tipo de contratación, para acreditar el perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la realización de la contratación.

• Al respecto, el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE23, dispuso que “la existencia del

contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor” (el resaltado es agregado).

• Sobre el primer requisito, obra en el expediente copia de la Orden de Compra N° 149-

202324, emitida por la Entidad el 7 de junio de 2023 a favor del Contratista, para el “Suministro de combustible para unidades móviles del E.P. Tarapoto correspondiente al mes de mayo de 2023”, por el importe de S/ 1 327.53 (mil trescientos veintisiete con 53/100 soles”: 23 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano. 24 Obrante a folio 70 del expediente administrativo.

• Además, obra en el expediente el “Acta de Conformidad de Bienes N° Entrada 128-2023”25

y su anexo, con la cual la Entidad otorga su conformidad al suministro de combustible realizado por el Contratista correspondiente al mes de mayo de 2023, relacionada con la Orden de Compra, como a continuación se indica: 25 Obrante a folios 81 y 85 del expediente administrativo.

• También, obra en el expediente copia del documento “Constancia de pago – transferencia

a cuenta de terceros (CCI) – Ejercicio 2023”26 del 20 de junio de 2023, en la que se indica el pago efectuado por la Entidad al Contratista, por el suministro de combustible correspondiente al mes de mayo de 2023, relacionada con la Orden de Compra N° 149- 2023; documento que se reproducen a continuación:

• De la valoración de los documentos citados y mencionados, y en atención al criterio

establecido con Acuerdo de Sala Plena N° 8-2021/TCE, la documentación que obra en el expediente permite advertir que el Contratista perfeccionó una relación contractual con la Entidad mediante la Orden de Compra N° 149-2023, el 7 de junio de 2023; por lo que resta verificar si, cuando se perfeccionó el contrato, el Contratista se encontraba incurso en 26 Obrante a folio 86 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 del del TUO de la Ley, según la imputación efectuada en el caso concreto.

• En este extremo, cabe precisar que los impedimentos que se imputan al Contratista son los

previstos en los literales i) y k) en concordancia con el literal d) y h), del numeral 11.1 del

artículo 11 del TUO de la Ley, los cuales se describen a continuación:

“Artículo 11. Impedimentos 11.1. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (…)

• Los Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y los Regidores.

Tratándose de los Jueces de las Cortes Superiores y de los Alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo; luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta doce (12) meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los Regidores el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial, durante el ejercicio del cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. (…)

• El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o

afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: (…) (ii) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales c) y d), el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial mientras estas personas ejercen el cargo y hasta doce (12) meses después de concluido; (…)

• En el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales

precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al treinta por ciento (30%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. (…)

• En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales

precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o representantes a las citadas personas. (…)”. (El resaltado es agregado).

• Conforme a las disposiciones citadas, respecto del caso que nos ocupa, se advierte que los

regidores no pueden contratar con el Estado en el ámbito de su competencia territorial, durante el periodo en el cual se encuentren ejerciendo el referido cargo y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo. Además, no podrán contratar con el Estado, las personas jurídicas en las que los regidores, tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del patrimonio social, dentro de los doce meses anteriores a la convocatoria del procedimiento de selección. Asimismo, no podrán contratar con el Estado, las personas jurídicas en las que los regidores sean integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales. En los supuestos citados, los regidores no podrán contratar con el Estado, en el ámbito de su competencia territorial, y durante el tiempo que desempeñen su cargo, y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo.

• Ahora bien, en el presente caso, a través del Reporte N° 413-2024/DGR-SIRE27 del 29 de

febrero de 2024, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE (ahora OECE), señaló que el Contratista (persona jurídica) habría contratado con la Entidad estando impedido para ello, conforme al artículo 11 del TUO de la Ley, debido a que tendría como accionistas a las señoras Sonia Carolina del Castillo Ibañez y Sonia Mercedes Ibañez Ruiz, quienes contarían con el 100% de acciones en el capital social del Contratista; además, la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz sería integrante del órgano de administración y su representante; agregando que aquel habría contratado con el Estado en el ámbito de la competencia territorial del regidor provincial durante el ejercicio de su cargo, pese a que estaría impedido para ello. Respecto del impedimento del literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley

• Ahora bien, el 2 de octubre de 2028 se llevaron a cabo las elecciones regionales y

27 Obrante a folios 11 al 16 del expediente administrativo.

municipales del Perú, para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores municipales para el periodo 2023-2026; en el marco de las cuales, según la información del portal institucional del Observatorio para Gobernabilidad INFOGOB28, se verificó que el señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez fue elegido regidor provincial de San Martín en la región del mismo nombre, conforme se ilustra a continuación: Asimismo, de la revisión de la referida plataforma se aprecia que el señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez, fue vacado de su cargo como regidor provincial de San Martín, por Resolución N° 0601-2025-JNE del 7 de noviembre de 2025, conforme se aprecia la parte pertinente a continuación: 28 El Observatorio para la Gobernabilidad (INFOGOB) es un espacio virtual gratuito administrado por el Jurado Nacional de Elecciones, que brinda una base de datos con información electoral tal como: hojas de vida de candidatos, padrón electoral, elecciones generales, regionales, municipales, complementaria, revocatoria, y referéndum, entre otros.

• En ese sentido, se puede concluir que el citado exregidor provincial se encontraba

impedido de ser participante, postor o contratista con el Estado desde el 1 de enero de 2023 hasta el 7 de noviembre de 2025, durante el ejercicio del cargo, en todo proceso de contratación, y hasta doce (12) meses después de haber concluido el mismo en el ámbito de su competencia territorial, esto es, hasta el 7 de noviembre de 2026.

• Cabe recalcar que la Orden de Compra N° 149-2023, fue perfeccionada entre la Entidad y

el Contratista el 7 de junio de 2023, esto es, dentro de los seis meses de haber asumido el cargo el referido exregidor. Respecto del impedimento establecido en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión de la Declaración de Intereses de la Contraloría

General de la República29, se advierte que el señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez, declaró en el rubro denominado “Relación de personas con la que tiene vínculo de consanguinidad hasta el cuarto grado y vínculo de afinidad hasta el segundo grado, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia”, que la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz es su madre, y que la señora Sonia Carolina Del Castillo Ibañez es su hermana, de acuerdo con el siguiente detalle: 29 https://appdji.contraloria.gob.pe/djic/

• Además, de la consulta en línea realizada en el Registro Nacional de Identificación y Estado

Civil (RENIEC), se advierte que el señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez con DNI N° 73033225 (exregidor provincial de San Martín) es hijo de la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz con DNI N° 00982526 y hermano de la señora Sonia Carolina Del Castillo Ibañez con

DNI N° 72456647.

• De lo expuesto, se ha acreditado el vínculo en primer grado de consanguinidad entre el

señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez, exregidor, y la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz, toda vez que son hijo y madre, respectivamente; así como con la señora Sonia Carolina Del Castillo, quien es su hermana. Respecto del impedimento establecido en el literal i) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley

• Ahora bien, de la información declarada por el Contratista en el Registro Nacional de

Proveedores (RNP), en el ítem “Socios”, se advierte que, desde el 17 de julio de 2017, la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz tienen el 97% de acciones, y la señora Sonia Carolina Del Castillo Ibañez el 3% de acciones, ambas del patrimonio social del Contratista, conforme se aprecia a continuación:

• Cabe precisar en este punto que el numeral 9.6 del artículo 9 del Reglamento, establece

que la información declarada por los proveedores ante el RNP, tiene carácter de declaración jurada, sujetándose al principio de presunción de veracidad; por ende, éstos son responsables por el contenido de la información que declaran. En virtud de ello, resulta relevante atender a la información registrada en tal registro. En esa línea, se verifica que, posteriormente al registro de la información de la titularidad de su capital en el Registro Nacional de Proveedores, el Contratista no ha declarado modificación alguna con respecto a dicha titularidad.

• En consecuencia, se aprecia que, desde el 17 de julio de 2017 y 21 de julio de 2021, las

señoras Sonia Mercedes Ibañez Ruiz y Sonia Carolina Del Castillo Ibañez, son accionistas con el 97% y 3% del capital del Contratista, restando por verificar, para confirmar el impedimento del literal i), que la Entidad con la cual el Contratista perfeccionó una relación contractual, se encuentra en el ámbito territorial donde ejerció funciones el exregidor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez. Respecto del impedimento establecido en el literal k) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley

• Por otro lado, a fin de determinar la configuración del impedimento establecido en el literal
• del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, corresponde verificar las personas

que son integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales del Contratista.

• De la información declarada por el Contratista en el Registro Nacional de Proveedores

(RNP), en el ítem “Representantes” y “Órganos de Administración”, se observa que desde el 2 de agosto de 2017 la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz es representante y forma parte integrante del órgano de administración del Contratista, al ser gerente general, conforme se aprecia a continuación:

• Cabe precisar que, posterior a la información registrada por la Contratista sobre su

representante y gerente general en el Registro Nacional de Proveedores, no se ha declarado modificación alguna con respecto a lo indicado.

• Por su parte, de acuerdo con la información registrada en la partida electrónica N°

11048643 de la Zona Registral N° III, Sede Tarapoto - SUNARP, y de la información obtenida mediante consulta RUC en el portal web de la SUNAT, se confirma que la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz ostenta la calidad de gerente general del Contratista desde el 2 de agosto de 2017, como se observa a continuación:

(…) (…) Cabe resaltar que no se registraron modificaciones posteriores al nombramiento de la gerente general del Contratista.

• En tal sentido, a la fecha del perfeccionamiento de la Orden de Compra N° 149-2023, del

7 de junio de 2023, el Contratista tenía como su gerente general y representante legal a la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz, madre del exregidor provincial de San Martín, Ricardo Andy Del Castillo Ibañez; restando por verificar, para confirmar el impedimento del literal k), que la Entidad con la cual el Contratista perfeccionó una relación contractual, se encuentra en el ámbito territorial donde ejerció funciones el exregidor, esto es la provincia de San Martín en la región del mismo nombre.

• En ese orden de ideas, sobre el ámbito territorial donde aplican los impedimentos materia

de análisis, el Acuerdo de Sala Plena N° 007-2021/TCE, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de octubre de 2021, indica lo siguiente: “(…) Los Gobernadores, Vicegobernadores, Consejeros de los Gobiernos Regionales, Jueces de las Cortes Superiores de Justicia, Alcaldes y Regidores a las que se refieren los literales c) y d) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, están impedidos de contratar con entidades públicas con sede en el ámbito de su competencia territorial, en los siguientes supuestos: (…)

• En el caso de Consejero de Gobierno Regional y Regidor de un gobierno local, el

impedimento será durante el ejercicio del cargo y hasta un periodo de doce (12) meses después de haber dejado el cargo con entidades públicas cuyas sedes se encuentran ubicadas en el espacio geográfico en el que ejercen o han ejercido su competencia”. (El resaltado es agregado). Asimismo, el citado Acuerdo de Sala Plena, en su análisis precisa lo siguiente: “Para dichos efectos, es imprescindible identificar si la sede de la entidad pública contratante (aquella que realiza la convocatoria del procedimiento de selección o realiza la invitación para cotizar) se ubica dentro del espacio geográfico sobre el cual el Gobernador, Vicegobernador, Consejero de Gobierno Regional, Juez de las Cortes Superiores de Justicia, Alcalde o Regidor ejerce competencia, en la fecha en que el procedimiento de selección se convoca (contrataciones mayores a 8 UIT) o cuando se realiza la investigación para cotizar (en aquellas contrataciones por montos iguales o inferiores a 8 UIT)”.

• Teniendo ello en cuenta, en el caso concreto el INPE - Dirección Regional Nor Oriente San

Martin (la Entidad), tiene su domicilio fiscal en el Jr. Gregorio Delgado N° 450 (casa de color blando), San Martín – San Martín – Tarapoto. De ese modo, es correcto afirmar que el ámbito territorial donde ejerció el cargo de regidor provincial el señor Ricardo Andy del Castillo Ibañez, fue la provincia de San Martín, en la cual se encuentra ubicada la Entidad.

• En consecuencia, debido a tener como gerente general y accionista con el 97% del capital

social a la señora Sonia Mercedes Ibañez Ruiz, y a la señora Sonia Carolina Del Castillo Ibañez como accionista con el 3% del capital social, las mismas que son madre y hermana del señor Ricardo Andy Del Castillo Ibañez, exregidor provincial de San Martín, al momento de perfeccionarse la Orden de Compra, el Contratista se encontró impedido de contratar con la Entidad (ubicada en la provincia de San Martín en la región del mismo nombre), por encontrarse en los supuestos de impedimento regulados en los literales i) y k) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, concordados con lo previsto en el literal d) y h) del mismo numeral, artículo y norma.

• Sobre lo expuesto, cabe mencionar que el Contratista se apersonó y presentó descargos

en la presente causa, señalando que no se encuentra acreditado la infracción por cuanto la orden de compra fue emitida con posterioridad a la ejecución material de la prestación; argumento que debe desestimarse, toda vez que, si existe un perfeccionamiento contractual entre la Entidad y el Contratista conforme a la documentación expuesta precedentemente.

• Por lo tanto, en el caso concreto, se ha verificado que la conducta del Contratista ha

configurado la infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley; razón por la cual corresponde atribuirle responsabilidad administrativa e imponerle la sanción respectiva, en este extremo de la imputación. Graduación de la sanción

• Al respecto, téngase presente que, de conformidad con el principio de razonabilidad

previsto en el numeral 3 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimientos Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante el TUO de la LPAG, las sanciones no deben ser desproporcionadas y deben guardar relación con la conducta a reprimir, atendiendo a la necesidad consistente en que las empresas no deben verse privadas de su derecho de proveer al Estado más allá de lo estrictamente necesario para satisfacer los fines de la sanción, criterio que será tomado en cuenta al momento de fijar la sanción a ser impuesta al Contratista.

• En tal contexto, corresponde determinar la sanción a imponer al Contratista, conforme a

los criterios de gradualidad de la sanción previstos en el artículo 366 del Reglamento de la Ley General, por aplicación inmediata de la norma, en los siguientes términos:

• Naturaleza de la infracción: En el caso concreto, la infracción referida a contratar con

el Estado estando impedido para ello, materializa el incumplimiento de la Contratista de una disposición legal de orden público que persigue dotar al sistema de compras públicas de transparencia y garantizar el trato justo e igualitario de postores, sobre la base de la restricción y/o eliminación de todos aquellos factores que puedan afectar la imparcialidad y objetividad en la elección del proveedor de la Entidad.

• Ausencia de intencionalidad del infractor: Respecto de este criterio de graduación, se

demuestra a menos negligencia al no verificar el impedimento legal en el que se encontraba inmerso y contratar con el Estado estando impedido para ello.

• La inexistencia o grado mínimo de daño causado a la Entidad: se debe tener en

consideración que el daño causado se evidencia con el solo perfeccionamiento de la relación contractual, puesto que su realización conlleva a que, el Contratista, al no haber informado a la Entidad sobre su condición de impedido al momento de contratar, le habría generado una ventaja en detrimento de los demás proveedores, vulnerando así la transparencia exigible a toda actuación realizable en el ámbito de la contratación pública, ya que al transgredir una norma prohibitiva, como son los impedimentos para contratar con el Estado, genera un perjuicio al interés público, lo cual afecta a la sociedad y propiamente a la Entidad.

• Reconocimiento de la infracción: No se advierte documento por medio del cual el

Contratista haya reconocido la comisión de la infracción.

• Antecedentes de sanción impuesta por el Tribunal: De la revisión de la base de datos

del Registro Nacional de Proveedores (RNP), se aprecia que el proveedor Grifo Carolina S.A.C. (R.U.C. N° 20450423085) cuenta con antecedentes de sanción registrada por parte del Tribunal:

INICIO

INHABIL

FIN

INHABIL

PERIODO RESOLUCION FEC.

RESOLUCION

TIPO

18/03/2025 18/06/2025 3 MESES 1332-2025-TCE-S1 27/02/2025 MULTA

08/01/2026 08/04/2026 3 MESES 8503-2025-TCP-S2 10/12/2025 TEMPORAL

12/01/2026 12/06/2026 5 MESES 8554-2025-TCP-S4 11/12/2025 TEMPORAL

19/01/2026 19/05/2026 4 MESES 8728-2025-TCP-S2 17/12/2025 TEMPORAL

18/03/2026 18/07/2026 4 MESES 1811-2026-TCP-S6 23/02/2026 TEMPORAL

26/03/2026 26/08/2026 5 MESES 1787-2026-TCP-S2 23/02/2026 TEMPORAL

26/03/2026 26/07/2026 4 MESES 1811-2026-TCP-S6 23/02/2026 TEMPORAL

• Conducta procesal: El Contratista se apersonó al presente procedimiento

administrativo sancionador y presentó sus descargos.

• Multa impaga: No se advierte que el Contratista tenga alguna multa pendiente de pago.
• Por último, es del caso mencionar que la comisión de la infracción tipificada en el literal c)

del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, cuya responsabilidad ha quedado acreditada, tuvo lugar el 7 de junio de 2023, con el perfeccionamiento de la Orden de Compra N° 149- 2023.

IV. CONCLUSIONES:

En razón de lo expuesto, el vocal ponente considera que corresponde:

• SANCIONAR al proveedor Grifo Carolina S.A.C. (R.U.C. N° 20450423085), por el periodo

de cinco (5) meses de inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco y de contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida para ello, en el marco de la Orden de Compra N° 149-2023 del 7 de junio de 2023, emitida por el INPE - Dirección Regional Nor Oriente San Martin; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Disponer que, una vez que la presente resolución haya quedado administrativamente

firme, la Secretaría del Tribunal registre la sanción en el módulo informático correspondiente del Sistema Informático del Tribunal - SITCE.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

Ss. Ureta Aquino