Resolución N.° 9631-2026-TCP-S1

Sumilla: “(…), cabe traer a colación lo señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el Comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento”. Lima, 5 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas1, el expediente N° 7718/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DARIO S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado para Servicio de Mantenimiento Vial N° 020 2026-DRTC/C-2, para la “Contratación del servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada HV-109 Tramo: Huari (KM. 39+323) L.D. Junín (Abra Acopalca) (KM 53+848)”, derivado del Concurso Público para Servicio de Mantenimiento Vial N° 009-2026-DRTC/C-1, convocado por el Gobierno Regional de Huancavelica-Transportes; y, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 15 de setiembre de 2026, el Gobierno Regional de Huancavelica-Transportes,

en adelante la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado para Servicio de Mantenimiento Vial N° 020 2026-DRTC/C-2, para la “Contratación del servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada HV-109 Tramo: Huari (KM. 39+323) L.D. Junín (Abra Acopalca) (KM 53+848)”, derivado del Concurso Público para Servicio de Mantenimiento Vial N° 009-2026-DRTC/C-1, con una cuantía de S/ 726,250.00 (setecientos veintiséis mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento. 1 Denominación dada en virtud de la entrada en vigencia de la Ley N° 32069 “Ley General de Contrataciones Públicas”.

El 29 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas electrónicas y, el 14 de octubre del mismo año, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección al CONSORCIO HUARI, integrado por las empresas SUMAC G CONSTRUCTORA S.A.C. y LEAN WORK S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 689,937.50 (seiscientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y siete con 50/100 soles), de acuerdo a lo siguiente: Postor Precio ofertado S/ Puntaje total Orden de prelación Resultado

CONSORCIO HUARI 689,937.50 86.00 1 ADJUDICATARIO

CONSTRUCCIONES

Y MAQUINARIAS

DARIO S.A.C.

• - -

DESCALIFICADO

(Obtiene un puntaje de 65.00 puntos en la evaluación técnica, resultado inferior al mínimo de 70 puntos requerido para acceder a la etapa de evaluación económica)

CONSORCIO VIAL

HUARI - - -

DESCALIFICADO

(Obtiene un puntaje de 65.00 puntos en la evaluación técnica, resultado inferior al mínimo de 70 puntos requerido para acceder a la etapa de evaluación económica)

CONSORCIO

EJECUTOR ANDINO - - - DESCALIFICADO

• Mediante Escrito N° 01 presentado el 19 de octubre de 2026, subsanado mediante

Escrito N° 02 del 21 de octubre de 2026 presentado en la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, la empresa CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DARIO S.A.C., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, solicitando: i) se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, ii) se declare descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y iii) se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante. Para dicho efecto, el Impugnante expuso los siguientes argumentos: Sobre la descalificación de su oferta. 2.1 En relación con la acreditación del factor de evaluación “experiencia adicional del personal clave”, sostiene que el comité descalificó su oferta al considerar que su personal propuesto no cumplía con la experiencia mínima exigida en las bases integradas. Así, en relación al personal propuesto en el cargo de “residente de mantenimiento vial” refiere que, el comité consideró que no alcanzaría con acreditar los 730 días requeridos, habiendo reconocido solo 635, descartando los demás certificados por supuesta falta de trazabilidad o fehaciencia. No obstante, sostiene que el certificado acredita experiencia directamente relacionada con el servicio convocado y cumple los requisitos establecidos en las Bases Integradas, al identificar el cargo, el tramo y código de ruta verificable, así como un periodo superior a los 730 días exigidos. Por tanto, el desconocimiento parcial de dicha experiencia carece de motivación suficiente y vulnera el principio de legalidad. Sobre el “especialista en suelos y pavimentos”, sostiene que el comité observó que habría acreditado experiencia en la Red Vial Nacional, cuando las bases exigen caminos vecinales o departamentales a nivel de afirmado. Asimismo, respecto al “especialista SOOMA”, refiere que el comité observó que presentó constancias que no serían fehacientes y corresponderían a periodos de obra suspendida, computado menos de un año efectivo. No obstante, sostiene que, según las reglas de acreditación de la experiencia adicional, cumplió con presentar documentación complementaria como la Orden de Servicio, el Certificado de Crédito Presupuestario y demás constancias que demuestran la ejecución efectiva de la experiencia declarada. Por ello, considera que la exclusión desconoce la validez de documentos oficiales y vulnera los principios de razonabilidad y el derecho a la subsanación.

Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario 2.2 En relación con la acreditación del requisito de calificación “experiencia del personal clave”, cuestiona la experiencia acreditada por los profesionales propuestos como “residente de mantenimiento”, “especialista en suelos y pavimentos” y “Especialista en Seguiridad y medio ambiente”, señalando que diversas constancias y certificados presentan observaciones respecto a la identificación del servicio, tipología de las vías, por lo que luego de efectuar las exclusiones y ajustes correspondientes, los referidos profesionales no acreditarían fehacientemente la experiencia específica requerida. 2.3 Asimismo, señala que el ingeniero Gino Eduardo Vega Lazo habría sido propuesto como personal clave en las ofertas de los Consorcios Vial Huari y por el Consorcio Adjudicatario, lo que constituiría una duplicidad prohibida por las Bases Integradas y la Ley, por lo que solicita descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. 2.4 En relación con la acreditación del requisito de calificación “equipamiento estratégico”, señala que el compromiso de alquiler no contiene información suficiente para individualizar los equipos ni verificar su existencia, antigüedad máxima de ocho años y disponibilidad, así como la titularidad o posesión de estos por parte del arrendador, por lo que sostiene que dicho requisito no habría sido acreditado.

• A través del Decreto del 22 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante, el cual fue notificado a través del toma razón electrónico del SEACE de la Pladicop en la misma fecha. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE o remita, de ser el caso, el informe técnico legal correspondiente indicando su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación. Además, se dispuso notificar a través del SEACE, el recurso de apelación al postor o postores distintos del Comité Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, otorgándoles un plazo máximo de tres (3) días hábiles para que absuelvan el recurso.

De igual manera, se dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente, siendo recibido en la misma fecha. Adicionalmente, se programó audiencia pública para el 28 de octubre del mismo año.

• Mediante Escrito N° 01, presentado el 26 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario se apersonó al procedimiento y acreditó a su representante para la audiencia pública programada.

• El 27 de octubre de 2026, la Entidad registro en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° 296-2026/GOB.HVCA/GRI-DRTC-OA-UA de la misma fecha, en el cual expuso su posición frente a los argumentos del recurso impugnativo, en los siguientes términos: Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 5.1 En relación con la acreditación del factor de evaluación “experiencia adicional del personal clave”, sostiene que el Impugnante obtuvo 65 puntos en la evaluación técnica, por debajo del mínimo de 70 exigido para acceder a la etapa económica, motivo por el cual su oferta fue descalificada. Así, respecto del Especialista en Suelos y Pavimentos, indica que las bases integradas exigen experiencia especifica en mantenimiento periódico.

el certificado de trabajo emitido por Forex Constructions, debido a que este comprendía actividades de mantenimiento periódico y rutinario, sin que se presentara el contrato o la liquidación que permitiera distinguir ambos periodos; por lo que no acreditó la experiencia adicional requerida para obtener puntaje. Asimismo, respecto del Especialista en Seguiridad y medio ambiente, precisa que no validó la experiencia sustentada en los folios 102 al 109, debido a que el Impugnante presentó un certificado de crédito presupuestario y una orden de servicio, sin la conformidad correspondiente, conforme a lo exigido en las Bases Integradas. En consecuencia, al no acreditar la experiencia adicional requerida en el porcentaje mínimo de profesionales evaluados, obtuvo 35 puntos en dicho factor, alcanzando un total de 65 puntos, por lo que no correspondía la apertura de su oferta económica. 5.2 En relación a la improcedencia del recurso de apelación, advierte que el Impugnante no cuestionó el puntaje de 65 puntos obtenido ni su consecuente descalificación, sino únicamente la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, considera que al no haber cuestionado previamente su propia descalificación ni acreditado su derecho a reincorporarse al procedimiento de selección, carece de interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario; por lo que sostiene que corresponde declarar improcedente el recurso de apelación, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario 5.3 En relación con la acreditación del requisito de calificación “experiencia del personal clave” y “equipamiento estratégico”, señala que el Consorcio Adjudicatario cumplió con acreditar dichos requisitos de calificación. 5.4 Además, respecto al cuestionamiento de haber propuesto como Residente de Mantenimiento en dos ofertas, señala que las Bases Integradas no prohíben expresamente dicha coincidencia, pues regulan la permanencia y participación del personal durante la ejecución contractual. Asimismo, señala que la sola duplicidad no acredita una vulneración del principio de integridad ni constituye causal suficiente para descalificar al Consorcio Adjudicatario.

• Mediante Escrito N° 01, presentado el 27 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación, conforme al siguiente detalle: Sobre los cuestionamientos a la oferta del Impugnante 6.1 En relación con la acreditación del factor de evaluación “experiencia adicional del personal clave”, respecto del Residente de Mantenimiento Vial, señala que el comité dejó constancia, en el acta de otorgamiento de la buena pro, de que el Impugnante acreditó experiencia adicional de dicho profesional. Por tanto, considera que los argumentos del Impugnante son inconsistentes e inexactos, toda vez que el comité no desconoció la experiencia acreditada por el referido profesional. Respecto del Especialista en Seguiridad y medio ambiente, señala que la experiencia correspondiente al Contrato N° 79-2026/ORA/CC, obrante en los folios 102 al 109 de la oferta del Impugnante, no fue validada debido a que no se presentó el contrato con su respectiva conformidad, sino únicamente el certificado de crédito presupuestario y la orden de servicio. En consecuencia, se reconocieron únicamente 690 días de experiencia válida, por debajo del año adicional exigido, decisión que considera debidamente motivada. Sobre el Especialista en suelos y pavimentos, señala que, conforme a las Bases Integradas, la experiencia adicional exigida corresponde a servicios de mantenimiento mecanizado y/o mantenimiento periódico. Al respecto, precisa que el mantenimiento periódico comprende intervenciones programadas destinadas a recuperar las condiciones de servicio de la vía, mientras que el mantenimiento rutinario comprende actividades permanentes orientadas a conservar sus condiciones operativas y de transitabilidad. En ese sentido, sostiene que el certificado obrante en el folio 92 acredita experiencia tanto en mantenimiento periódico como rutinario, sin permitir determinar el periodo efectivo correspondiente exclusivamente al primero, por lo que no resultaba posible reconocer la totalidad del plazo declarado. Por ello, considera que el Comité asignó correctamente 35 puntos al factor de evaluación, al no superar el porcentaje mínimo de profesionales que acreditaban la experiencia específica; en consecuencia, considera que el Impugnante no alcanzó los 70 puntos requeridos para acceder a la evaluación económica. 6.2 En relación a la improcedencia del recurso de apelación, señala que el petitorio del Impugnante resulta defectuoso, pues debió cuestionar previamente su descalificación, al haber obtenido 65 puntos, por debajo del mínimo de 70 exigido para acceder a la evaluación económica, conforme a las bases integradas. Asimismo, invoca el literal c) del artículo 306 del Reglamento, que exige que el recurso de apelación contenga un petitorio claro y preciso. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario 6.3 En relación con la acreditación del requisito de calificación “experiencia del personal clave” y “equipamiento estratégico”, señala que el Impugnante no ha acreditado objetivamente los supuestos incumplimientos alegados y sostiene que su oferta cumple con las exigencias establecidas en las Bases Integradas.

• Mediante Oficio N° 271-2026/GOB.REG.HVCA/GRI-DRTC-OA, presentado el 27 de

octubre de 2026 ante el Tribunal, la Entidad se apersonó al procedimiento y acreditó a sus representantes para la audiencia pública programada.

• Mediante Escrito N° 03, presentado el 27 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el

Impugnante acreditó a su representante para la audiencia pública programada

• Mediante Decreto del 27 de octubre de 2026 se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario.

• El 28 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

participación del Impugnante, Consorcio Adjudicatario y de la Entidad, por medio de sus representantes.

• Con Decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

• Mediante Escrito S/N, presentado el 2 de noviembre de 2026 ante el Tribunal, el

Impugnante, presentó argumentos complementarios, precisando lo siguiente: Sobre los cuestionamientos a su oferta. 12.1 Sostiene que su recurso no es improcedente, pues cuestionó integralmente el Acta de Calificación, incluyendo los criterios aplicados para asignar los 65 puntos a su oferta técnica y que determinaron su exclusión de la etapa económica. En ese sentido, considera que cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal, por lo que corresponde que el Tribunal emita pronunciamiento sobre el fondo de sus cuestionamientos. 12.2 Asimismo, sostiene que el mantenimiento rutinario y periódico constituyen modalidades de conservación vial que comparten la misma finalidad, diferenciándose únicamente por la intensidad y periodicidad de las intervenciones. Asimismo, señala que las bases integradas permiten acreditar la experiencia mediante cualquier documentación fehaciente, por lo que considera que el contrato de locación de servicios, la orden de servicio y el certificado de crédito presupuestario presentados constituyen medios idóneos para demostrar la experiencia del profesional propuesto. Sobre los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario 12.3 Además, reitera los cuestionamientos realizados sobre el residente de mantenimiento vial, conforme a lo señalado en sus escritos de apelación.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirse a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT2, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina la autoridad ante la que se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, considerando que el recurso de apelación ha sido presentado en el marco del Concurso Público Abreviado para Servicio de Mantenimiento Vial derivado del Concurso Público para Servicio de Mantenimiento Vial, con una cuantía de S/ 726,250.00 (setecientos veintiséis mil doscientos cincuenta con 00/100 soles), monto que es superior al equivalente a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo. 2 El valor de la UIT para el año 2026 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos.

• En el caso concreto, el Impugnante interpuso recurso de apelación contra el

otorgamiento de la buena pro, solicitando: se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, se declare descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante.

• En relación con la presente causal de improcedencia, la Entidad sostiene que el

recurso de apelación es improcedente, toda vez que el Impugnante no cuestionó los 65 puntos obtenidos ni su consecuente descalificación, limitándose a cuestionar la calificación de la oferta del Consorcio adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. En ese sentido, consideran que carece de interés para obrar y legitimidad procesal para cuestionar dicha oferta, además, el Consorcio Adjudicatario sostiene que su petitorio no cumple con el requisito de claridad y precisión previsto en el literal c) del artículo 306 del Reglamento, pues debió cuestionar previamente su propia descalificación.

• Al respecto, este Colegiado aprecia que, de la revisión integral de los escritos que

conforman el recurso de apelación, se advierte que, de manera clara y expresa, el Impugnante, en su Escrito N° 01, interpuso dicho recurso contra la descalificación de su oferta. Asimismo, en el Escrito N° 02 desarrolló los fundamentos de hecho y de derecho dirigidos a cuestionar tanto las razones que sustentaron su descalificación como la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. En ese sentido, contrariamente a lo señalado por la Entidad y el Consorcio Adjudicatario, no resulta correcto afirmar que el Impugnante omitió cuestionar los 65 puntos obtenidos y su consecuente descalificación, toda vez que, a través de sus argumentos, cuestionó precisamente las observaciones formuladas por el Comité a los certificados de trabajo presentados para acreditar la experiencia adicional del personal clave, las cuales incidieron en el puntaje asignado a su oferta técnica y, consecuentemente, en su exclusión de la etapa de evaluación económica. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos referidos a la supuesta falta de claridad del petitorio y a la ausencia de interés para obrar y legitimidad procesal del Impugnante.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• En el numeral 304. 1 del artículo 304 del Reglamento se establece que la apelación

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. Según el numeral 304.4 de la norma, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados anteriormente se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop, se aprecia que el 14 de octubre de 2026, se otorgó la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Impugnante contaba con plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 21 de octubre de 2026.

• Siendo así, de la revisión del expediente, se aprecia que el recurso de apelación

fue interpuesto mediante el Escrito N° 01 presentado el 19 de octubre de 2026, subsanado mediante Escrito N° 02 del 21 de octubre de 2026; esto es, en el plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, se aprecia

que éste aparece suscrito por su gerente general, esto es, por el señor Endalicio Dionisio Julcarima Aizana, conforme a la información del certificado de vigencia de poder, cuya copia obra en el expediente.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha del presente

pronunciamiento, no se advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierten

elementos a partir de los cuales pueda inferirse que el Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que el Impugnante

cuestiona la descalificación de su oferta, así como cuestiona la calificación del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro, por lo que no se verifica el incumplimiento de la presente causal de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Impugnante no fue el ganador de la buena pro.
• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio

formulado.

• Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Impugnante ha solicitado

que se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario, se declare descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario y se otorgue la buena pro del procedimiento de selección a favor del Impugnante; por lo tanto, este Colegiado considera que el petitorio guarda coherencia con los hechos expuestos en el recurso de apelación.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento.

• El Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal, debido a que

la decisión de la Entidad de descalificar su oferta y no otorgarle la buena pro afecta de manera directa su interés de contratar con aquel. De otro lado, para contar con interés para obrar y legitimidad procesal para impugnar el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, el Impugnante debe revertir su condición de descalificado y recobrar su condición de postor en el procedimiento de selección. Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento.

• Petitorio.
• El Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la descalificación de su oferta y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario. ✓ Se declare descalificada la oferta del Consorcio Adjudicatario. ✓ Se otorgue la buena pro del procedimiento de selección al Impugnante.

• El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal que:

✓ Se declare infundado el recurso de apelación. ✓ Se ratifique la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 22 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 27 de octubre del mismo año para absolverlo.

• Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo se aprecia

que, mediante el Escrito N° 01, presentado el 27 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el traslado del recurso de apelación; esto es, dentro del plazo legal establecido. En consecuencia, para la determinación de los puntos controvertidos, deben tomarse en cuenta los aspectos propuestos por el Impugnante y por el Consorcio Adjudicatario.

• En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:
• Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del

Impugnante y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.

• Determinar si corresponde declarar descalificada la oferta del Consorcio

Adjudicatario.

• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Tribunal se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante y, en consecuencia, se revoque la buena pro otorgada al Consorcio Adjudicatario.

• Según se aprecia en el “Acta de apertura, evaluación, calificación de ofertas

electrónicas” publicada en el SEACE el 14 de octubre de 2026, el Comité otorgó al Impugnante 35.00 puntos de un total de 70 puntos en el marco del factor de evaluación “Experiencia adicional del personal clave”, al sostener que el personal clave propuesto como “Especialista en suelos y pavimentos” y “Especialista en Seguiridad y medio ambiente” solo acreditan 474 días y 690 días, respectivamente, con lo cual no acreditan la experiencia mínima de un (01) año adicional a la experiencia requerida en los requisitos de calificación. Asimismo, indica que el personal propuesto como “residente de mantenimiento vial” acreditar la experiencia adicional. En específico, señala que el certificado de trabajo obrante a folio 92 de la oferta del Impugnante, presentado para acreditar la experiencia adicional del “Especialista en Suelos y Pavimentos”, corresponde a un servicio de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales, por un periodo de 409 días. Al respecto, considera que la documentación presentada no permite identificar ni cuantificar objetivamente el periodo correspondiente exclusivamente al mantenimiento periódico, máxime si no se adjuntó el contrato principal ni el desagregado de la liquidación que permitiera diferenciar ambas actividades, las cuales constituyen prestaciones técnicamente distintas. Por tanto, sostiene que no correspondía asumir que la totalidad del periodo certificado pertenecía a experiencia en mantenimiento periódico. Asimismo, observa que, en los folios 102 al 109 de la oferta del Impugnante, obran un contrato de locación de servicios, un certificado de crédito presupuestario y una orden de servicio, presentados para acreditar la experiencia adicional del profesional propuesto como “Especialista en Seguiridad y medio ambiente”. Sin embargo, advierte que no se adjuntó la respectiva conformidad, por lo que considera que la documentación presentada no se ajusta a lo establecido en las Bases Integradas.

En ese sentido, como resultado de la evaluación técnica, el Comité determinó que el Impugnante obtuvo un total de 65.00 puntos, puntaje inferior al mínimo de 70 puntos exigido para acceder a la etapa de evaluación económica; por lo que procedió a descalificar su oferta.

• Frente a dicha decisión, el Impugnante presentó argumentos en contra de la

descalificación de su oferta, conforme a lo expuesto en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Al respecto, el Consorcio Adjudicatario expuso argumentos para sustentar que no

corresponde revocar la descalificación de la oferta del Impugnante, conforme a lo señalado en los antecedentes del presente pronunciamiento.

• Frente a dicho cuestionamiento, la Entidad ratificó su decisión de mantener

descalificada la oferta del Impugnante, conforme a lo expuesto en los

• A fin de esclarecer el cuestionamiento formulado, cabe traer a colación lo

señalado en las bases integradas del procedimiento de selección, pues éstas constituyen las reglas definitivas a las cuales se debieron someter los participantes y postores, así como el Comité al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento.

• En atención al cuestionamiento planteado, corresponde remitirse a lo establecido

en el numeral 4.1 y subnumeral 4.1.1 del Capítulo III de las bases integradas, que contiene la disposición sobre la evaluación técnica y los requisitos, la forma de acreditación y puntaje y metodología para su asignación del requisito de calificación “Experiencia adicional del personal clave”, cuyo tenor es el siguiente:

(…)

• Asimismo, el acápite 8.2.1 del Capítulo III de las bases integradas establece los

requisitos y la forma de acreditación de la experiencia del personal clave, conforme al siguiente detalle:

• Ahora bien, de la revisión de la oferta del Impugnante, se advierte que, a folios 67

al 148, obra la documentación presentada para acreditar la experiencia mínima y adicional del personal clave propuesto. Asimismo, en el folio 67 se encuentra el Anexo N° 16 – “Experiencia y formación académica del personal clave”, en el cual se consigna, entre otros aspectos, que los profesionales propuestos para los cargos de “Especialista en Suelos y Pavimentos” y “Especialista en Seguridad y Medio Ambiente” acreditan una experiencia total de 2 años, 5 meses y 5 días y 2 años, 5 meses y 6 días, respectivamente. Para mayor ilustración, se muestra el siguiente documento:

Sobre la experiencia adicional acreditada para el profesional propuesto como “Residente de mantenimiento vial”

• De la revisión del “Acta de apertura, evaluación y calificación de ofertas

electrónicas”, publicada en el SEACE el 14 de octubre de 2026, se advierte que el Comité reconoció que el Impugnante acreditó la experiencia adicional del referido personal clave, y es por ello que únicamente se cuestionó la experiencia del “Especialista en suelos y pavimentos” y “Especialista en Seguridad y medio ambiente”. En consecuencia, en virtud de que se habría validado la experiencia del personal propuesto como “Residente de mantenimiento vial”, carece de sustento lo alegado por el Impugnante respecto a que el Comité habría descontado parcialmente la experiencia acreditada para dicho profesional. Sobre la experiencia adicional acreditada para el profesional propuesto como “Especialista en suelos y pavimentos”

• En atención a la observación formulada por el comité, se advierte que, a folio 92

de la oferta del Impugnante, obra el certificado de trabajo de fecha 7 de febrero de 2022, emitido por la empresa FOREX CONSTRUCTIONS, cuyo contenido se detalla a continuación:

• De lo expuesto, corresponde precisar, en primer término, que las bases integradas

establecen que, para el cargo de “Especialista en Suelos y Pavimentos”, la experiencia a acreditar debe corresponder a servicios de mantenimiento mecanizado y/o mantenimiento periódico de caminos vecinales.

• Asimismo, cabe señalar que el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, que aprueba

el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, y sus modificatorias, normativa que se encuentra comprendida dentro de la base legal del Capítulo III de las Bases Integradas, en su artículo 16 establece las definiciones de “Mantenimiento o Conservación Rutinaria” y “Mantenimiento o Conservación Periódica”, conforme al siguiente detalle: “Artículo 16.- Post Inversión, Intervenciones 16.1 Mantenimiento o Conservación Rutinaria: Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas, principalmente, a labores de limpieza, bacheo y perfilado de la plataforma, roce y limpieza del derecho de vía, limpieza general del sistema de drenaje, mantenimiento de la señalización y elementos de seguridad vial, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como, limpieza de juntas de dilatación, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes. Este tipo de actividades se realizan por la modalidad de ejecución presupuestaria directa o indirecta; siendo que en este último caso, se sustentarán en términos de referencia formulados en base a los “Estudios de Mantenimiento o Conservación Vial por Niveles de Servicio” o en “Criterios Básicos de Ingeniería”, previamente aprobados. 16.2 Mantenimiento o Conservación Periódica: Es el conjunto de actividades, programables cada cierto período, que se realizan en las vías para recuperar sus condiciones de servicio. Estas actividades pueden ser manuales o mecánicas y están referidas, principalmente, a: i) reposición de capas de rodadura, reciclado de pavimento, recapeo, colocación de capas nivelantes, tratamientos superficiales y sellos, ii) aplicación de soluciones básicas, técnicamente evaluadas y ambientalmente sostenibles, en las capas de rodadura, iii) reparación puntual de capas inferiores del pavimento, iv) reparación puntual de: túneles, muros, sistema de drenaje, elementos de seguridad y señalización, v) reparación puntual de la plataforma de la carretera, que puede incluir elementos de drenaje y actividades que contribuyan a la estabilidad de la misma, y vi) reparación puntual de los componentes de los puentes, tanto de la superestructura, como de la subestructura. Este tipo de actividades se realizan por la modalidad de ejecución presupuestaria directa o indirecta; siendo que en este último caso, se sustentarán en términos de referencia formulados en base a los “Estudios de Mantenimiento o Conservación Vial por Niveles de Servicio” o en “Criterios Básicos de Ingeniería”, previamente aprobados”.

• De las definiciones del artículo 16 del Reglamento Nacional de Gestión de

Infraestructura Vial, se advierte que el mantenimiento rutinario comprende actividades permanentes destinadas a conservar las condiciones de servicio de la vía, tales como limpieza, bacheo, perfilado y mantenimiento del drenaje; mientras que el mantenimiento periódico comprende intervenciones programadas para recuperar dichas condiciones, tales como reposición de capas de rodadura, recapeo, reciclado de pavimento y reparación de sus componentes. En ese sentido, ambas modalidades forman parte de la conservación vial, pero se diferencian por su periodicidad, finalidad y alcance técnico: el mantenimiento rutinario busca conservar las condiciones existentes, mientras que el periódico procura recuperarlas mediante intervenciones de mayor alcance.

• En esa línea, se advierte que el certificado de trabajo en cuestión acredita que el

profesional propuesto por el Impugnante participó en un servicio de mantenimiento periódico y rutinario de caminos vecinales. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ambas modalidades presentan diferencias en cuanto a su periodicidad, finalidad y alcance técnico, por lo que no resultan equiparables. Asimismo, al no obrar en la oferta documentación adicional que permita distinguir el periodo correspondiente a cada modalidad, no es posible determinar qué plazo de la experiencia certificada corresponde específicamente al mantenimiento periódico, que es el exigido en las bases integradas. En tal sentido, se aprecia que la decisión del comité de no considerar la experiencia proveniente de dicho certificado de trabajo se realizó en cumplimiento de las bases integradas.

• En relación con este punto, el Impugnante alega que el comité observó que habría

acreditado experiencia en la Red Vial Nacional, cuando las bases exigen caminos vecinales o departamentales a nivel de afirmado. Asimismo, sostiene que el mantenimiento rutinario y periódico constituyen modalidades de conservación vial que comparten la misma finalidad, diferenciándose únicamente por la intensidad y periodicidad de las intervenciones. Al respecto, este Tribunal advierte que el cuestionamiento del Impugnante parte de una premisa que no se condice con el sustento expuesto por el comité en el acta de evaluación, toda vez que, de su revisión, no se aprecia que este haya observado el certificado de trabajo por acreditar experiencia en la Red Vial Nacional, en lugar de caminos vecinales o carreteras departamentales a nivel de afirmado. Asimismo, respecto a la alegación de que el mantenimiento rutinario y periódico comparten la misma finalidad, corresponde remitirse a lo desarrollado en los fundamentos 36 al 38 de la presente resolución, en los que se ha precisado que, si bien ambas modalidades forman parte de la conservación vial, presentan diferencias en cuanto a su periodicidad, finalidad inmediata y alcance técnico. En ese sentido, debe resaltarse una vez más que ambas modalidades constituyen categorías técnicamente diferenciadas, por lo que no corresponde equiparar sus periodos de ejecución para acreditar indistintamente la experiencia específica exigida en las bases integradas. Por tanto, el cuestionamiento del Impugnante no desvirtúa la observación efectuada por el comité respecto de la imposibilidad de identificar, a partir de la documentación presentada, el periodo que corresponde exclusivamente a actividades de mantenimiento periódico. Sobre la experiencia adicional acreditada para el profesional propuesto como “Especialista en Seguiridad y medio ambiente”

• En atención a la observación formulada por el comité, se advierte que, a folios 102

al 110 de la oferta del Impugnante, obran un contrato de locación de servicios, un certificado de crédito presupuestario y una orden de servicio. A fin de ilustrar lo expuesto, se reproducen, a continuación, los extractos pertinentes de dichos documentos:

Contrato de Locación de Servicios (…) (…) (…) Certificado de Crédito Presupuestario Orden de Servicio

• De lo expuesto, corresponde precisar, en primer término, que las bases integradas

establecen que la experiencia del personal clave se acredita con copia simple de cualquiera de los siguientes documentos: (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto.

• En el presente caso, los documentos presentados evidenciarían que la profesional

propuesta fue contratada para prestar servicios de ingeniería ambiental en la obra de mejoramiento de una carretera. Asimismo, de dicha documentación se advierte que el plazo de prestación del servicio habría sido de noventa (90) días calendario, computados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. Además, consta la recepción de la orden de servicio del 26 de febrero de 2026 por parte de la profesional propuesta y la emisión de un certificado de crédito presupuestario vinculado a dicha contratación para la prestación del servicio especializado en ingeniería ambiental. No obstante, el certificado de crédito presupuestario únicamente acredita la disponibilidad de recursos para atender el gasto derivado de la contratación; la orden de servicio da cuenta de las condiciones y términos bajo los cuales se encargó la prestación, así como de su recepción por parte de la profesional; y el contrato acredita el vínculo contractual entre las partes. Sin embargo, ninguno de estos documentos acredita de manera fehaciente que el servicio haya sido efectivamente ejecutado ni que la profesional haya desarrollado las actividades correspondientes durante el periodo señalado. En tal sentido, se aprecia que la decisión del comité de no considerar la experiencia proveniente de dicho certificado de trabajo se realizó en cumplimiento de las bases integradas.

• En relación con este punto, el Impugnante alega que el comité observó que

presentó constancias que no serían fehacientes y corresponderían a periodos de obra suspendida. Asimismo, sostiene que, según las reglas de acreditación de la experiencia adicional, cumplió con presentar documentación complementaria e idónea como la Orden de Servicio, el Certificado de Crédito Presupuestario y demás constancias que demuestran la ejecución efectiva de la experiencia declarada. Por ello, considera que la exclusión desconoce la validez de documentos oficiales y vulnera los principios de razonabilidad y el derecho a la subsanación. Al respecto, este Tribunal advierte que de la revisión del Acta de otorgamiento de la buena pro no se aprecia que la experiencia en cuestión haya sido descartada debido a que las constancias presentadas correspondieran a periodos en los que la obra estuvo suspendida, ni que se hubiera efectuado un cómputo de días efectivos por dicha razón. Por tanto, no corresponde atribuir al comité una observación que no se encuentra sustentada en el acta. Asimismo, conforme a lo desarrollado en el fundamento precedente, se determinó que la orden de servicio, el certificado de crédito presupuestario y el contrato presentados no permiten acreditar, de manera fehaciente, que la profesional propuesta haya ejecutado efectivamente las prestaciones durante el periodo declarado, toda vez que, dichos documentos acreditan, respectivamente, los términos de referencia y condiciones de la contratación, la disponibilidad presupuestal para atender la contratación y la existencia del vínculo contractual, mas no la efectiva ejecución del servicio. Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante no se advierte la presentación de otras constancias o documentos que permitan verificar la efectiva prestación de los servicios durante el periodo cuya experiencia se pretende acreditar, contrariamente a lo afirmado por el Impugnante. En consecuencia, no se advierte que el comité haya desconocido injustificadamente documentos oficiales ni vulnerado los principios de razonabilidad o el derecho a la subsanación. Por tanto, el cuestionamiento del Impugnante no desvirtúa la observación efectuada por el Comité respecto a la falta de acreditación fehaciente de la experiencia en cuestión.

• En consecuencia, los argumentos expuestos por el Impugnante no logran

desvirtuar la observación formulada por el comité ni la decisión de descalificar su oferta; por tanto, corresponde desestimar este extremo del recurso de apelación.

• Por lo tanto, corresponde declarar infundado este extremo del recurso

impugnativo interpuesto, por lo que carece de interés para obrar a fin de cuestionar la oferta del Consorcio Adjudicatario, resultando improcedente los cuestionamientos realizados en dicho extremo. por lo que no se procederá con el análisis del segundo y tercer punto controvertido fijado.

• Finalmente, en atención a lo dispuesto en el numeral 315.1 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal procederá a declarar infundado el recurso de apelación interpuesto, corresponde ejecutar la garantía otorgada por el Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Jefferson Augusto Bocanegra Diaz, y la intervención de los Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Jimy Robert Ureta Aquino, quien interviene en reemplazo de la Vocal Marisabel Jáuregui Iriarte, según rol de turnos de Vocales de Sala vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000293-2026-OECE/PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día en el Diario Oficial “El Peruano”; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la empresa

CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DARIO S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado para Servicio de Mantenimiento Vial N° 020 2026-DRTC/C-2, para la “Contratación del servicio de mantenimiento periódico de la red vial departamental no pavimentada HV-109 Tramo: Huari (KM. 39+323) L.D. Junín (Abra Acopalca) (KM 53+848)”, derivado del Concurso Público para Servicio de Mantenimiento Vial N° 009-2026-DRTC/C-1, convocado por el Gobierno Regional de Huancavelica-Transportes, e improcedente respecto a los cuestionamientos a la oferta del Consorcio Adjudicatario, por los fundamentos expuestos. En tal sentido, corresponde: 1.1 Ratificar el otorgamiento de la buena pro del Concurso Público Abreviado para Servicio de Mantenimiento Vial N° 020 2026-DRTC/C-2, derivado del Concurso Público para Servicio de Mantenimiento Vial N° 009-2026-DRTC/C- 1 a favor del CONSORCIO HUARI, integrado por las empresas SUMAC G CONSTRUCTORA S.A.C. y LEAN WORK S.A.C. 1.2 Ejecutar la garantía otorgada por la empresa CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DARIO S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025 OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Villanueva Sandoval. Ureta Aquino. Bocanegra Díaz.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO

BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE