Resolución N.° 9630-2026-TCP-S1

Sumilla: “Corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante: fundado en el extremo referido a que se revoque la no admisión de su oferta; e, infundado en el extremo referido a que se desestime la oferta del Consorcio Adjudicatario”. Lima, 5 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7698-2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GRUPO ANAYA, integrado por CONSTRUCTORA CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y SISTEMAS GRUPO ANAYA S.R.L. y CONSULTORES Y EJECUTORES DAED S.A.C., en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº 06-2026-MPHBBA/C-1; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• De acuerdo a la información registrada en el SEACE, el 17 de setiembre de 2026,

la Municipalidad Provincial de Huacaybamba, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 06-2026-MPHBBA/C-1, para la “Contratación de ejecutor de obra para el proyecto: Renovación de puente; en el(la) camino vecinal Canchabamba - Rumichaca - código de ruta 100401 (puente Rumichaca) progresiva 20+915, distrito de Canchabamba, provincia Huacaybamba, departamento Huánuco, con CUI N° 2672938”, con una cuantía de la contratación de S/ 1 205 898.72 (un millón doscientos cinco mil ochocientos noventa y ocho con 72/100 soles), en adelante el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 30 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación de ofertas; asimismo, el 12 de octubre del mismo año se notificó a través del SEACE el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Rumichaca, integrado por los proveedores Grupo Albi E.I.R.L. e Inversiones & Servicios Caissa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, en lo sucesivo el Consorcio Adjudicatario, por un importe equivalente a S/ 1 205 898.72 (un millón doscientos cinco mil ochocientos noventa y ocho con 72/100 soles); obteniéndose los siguientes resultados:

POSTOR

ETAPAS

Admisión Evaluación Orden de prelación Calificación y resultadosPrecio Puntaje total obtenido

CONSORCIO

RUMICHACA Admitido 1 205 898.72 100 1 Calificado (Adjudicatario)

CONSORCIO

APOLONIA Admitido - - - Descalificado CONSORCIO INKA Admitido - - - Descalificado

CONSORCIO

GRUPO ANAYA No admitido - - - - CONSORCIO ORTIZ No admitido - - - -

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 19 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, subsanado el 21 del mismo mes y año a través del Escrito N° 2, el Consorcio Grupo Anaya, integrado por Constructora Consultora Topográfica y Sistemas Grupo Anaya S.R.L. y Consultores y Ejecutores DAED S.A.C., en adelante el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta, la admisión y/o calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro. Para sustentar su pretensión, efectuó los siguientes fundamentos: Sobre la no admisión de su oferta

• Sostiene que su oferta fue declarada no admitida de manera arbitraria y sin

una debida motivación en el acta respectiva, lo cual vulnera los principios del debido procedimiento, transparencia y derecho de defensa. Asimismo, argumenta que la promesa de consorcio (Anexo N° 4) cumple a cabalidad con todos los requisitos exigidos en las bases integradas, por lo que solicita la nulidad de los actos administrativos viciados y la admisión de su oferta.

Cuestionamiento a la oferta del Adjudicatario ii. Sostiene que la oferta del Consorcio Adjudicatario contiene una contradicción sustancial, toda vez que en la promesa formal de consorcio (Anexo N° 4) ambos integrantes se habrían comprometido a aportar experiencia en la especialidad, pero en el Anexo N° 11 dicha experiencia solo fue acreditada por uno de ellos. Por ello, esta incongruencia interna debilita la validez de la oferta y contraviene la normativa de contratación pública, por lo que correspondería revocar el otorgamiento de la buena pro a favor del Consorcio Adjudicatario.

• Por medio del decreto del 22 de octubre de 2026, debidamente notificado en el

SEACE el mismo día, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación presentado en el marco del procedimiento de selección, y se corrió traslado a la Entidad, a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal, en el que indique su posición respecto de los hechos materia de controversia, en el plazo de tres (3) días hábiles y, además, se dispuso notificar el recurso interpuesto, a los postores distintos del Consorcio Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita este Tribunal, mediante su publicación en el SEACE. Adicionalmente, se remitió el expediente a la Primera Sala para que evalúe la información y documentación que obra en el expediente; además, se programó audiencia pública para el 28 de octubre de 2026; y, por último, se dispuso remitir a la Oficina de Administración y Finanzas el comprobante de depósito expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia.

• Por Escrito N° 1, presentado ante el Tribunal el 26 de octubre de 2026, el Consorcio

Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, argumentando lo siguiente: Sobre el cuestionamiento a su oferta

• El Consorcio Adjudicatario sostiene que su oferta cumple a cabalidad con los

requisitos exigidos en las bases integradas del procedimiento de selección. Respecto al cuestionamiento del Consorcio Impugnante sobre una supuesta contradicción en el Anexo N° 4 (promesa de consorcio) y el Anexo N° 11 (experiencia del postor), aclara que la normativa y las bases no exigen que cada uno de los integrantes del consorcio deba acreditar autónomamente experiencia mediante contrataciones propias en el Anexo N° 11.

ii. Indica que, en el presente caso, su consorciado empresa Inversiones & Servicios Caissa E.I.R.L. asumió el 93% de las obligaciones —incluyendo de manera expresa el aporte de experiencia— y acreditó mediante cuatro contrataciones de obras viales un monto facturado acumulado de S/ 3 364 672.06, superando ampliamente el umbral mínimo exigido de S/ 1 205 898.72. Por su parte, su consorciado empresa Grupo Albi E.I.R.L. participa con el 7% de las obligaciones de ejecución y complementarias, cumpliendo con el porcentaje mínimo individual requerido. Por consiguiente, argumenta que la pretensión del Consorcio Impugnante pretende introducir una exigencia de doble aporte de experiencia que las reglas del procedimiento jamás previeron. Cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante. Sobre la promesa de consorcio iii. Cuestiona que en los numerales 1.3, 1.6, 1.12 y 1.19 del Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio, presentado por el Consorcio Impugnante, el primer consorciado se atribuye exclusivamente las obligaciones y responsabilidades relacionadas con tributos, proveedores, personal, garantías y la ejecución contractual. Para ello, el documento emplea fórmulas de exclusión de responsabilidad respecto al otro integrante del consorcio, una circunstancia que también se observa en el numeral 2.8 en relación con las obligaciones asumidas por la otra empresa consorciada. iv. Indica que el problema de esta redacción radica en que el numeral 2.3.13 de la sección general de las bases integradas exige expresamente que los miembros del consorcio respondan de manera solidaria frente a la Entidad contratante por los efectos patrimoniales. Por consiguiente, señala que no es lo mismo establecer una distribución interna de prestaciones que pretender excluir la responsabilidad legal frente a la Entidad. En ese sentido, solicita a la Sala que realice un análisis integral del Anexo N° 4 para determinar el alcance real de dichas exclusiones.

• Agrega que, el objetivo es que se valore si estas cláusulas operan

únicamente como un mecanismo interno de atribución de obligaciones o si buscan limitar sus responsabilidades frente a la Entidad, evitando así que se convalide una exclusión contraria a las bases y al artículo 69 del Reglamento Sobre los certificados ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 vi. Señala que los certificados ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 presentados por el integrante Consultores & Ejecutores Daed S.A.C. del Consorcio Impugnante, figuraban como expirados en su propio contenido antes de la fecha de presentación de ofertas (4 de junio de 2026), por lo que no correspondería otorgar los puntajes adicionales previstos en los factores facultativos de sostenibilidad ambiental y gestión de calidad. vii. Bajo tales argumentos, solicita que se declare infundado el recurso de apelación en todos sus extremos y se confirme el otorgamiento de la buena pro a su favor.

• El 26 de octubre de 2026, la Entidad registró en el SEACE el Informe Técnico N°

001-2026-MPHBBA-C-LP-ABR-6-2026-MPHBBA/C-1, de fecha 23 del mismo mes y año, en el cual, respecto al recurso de apelación, señaló lo siguiente: Sobre la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante

• Sostiene que, de la revisión del Anexo N° 4 presentado por el Consorcio

Impugnante, se advierte que, si bien dicho postor ha cumplido formalmente con identificar a sus integrantes, consignar sus porcentajes de participación y describir determinadas obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra, también ha incorporado cláusulas mediante las cuales pretende atribuir de manera exclusiva diversas responsabilidades a cada uno de sus integrantes. ii. Al respecto, indica que, corresponde prestar especial atención a los numerales 1.19 y 2.8 de la referida promesa, mediante los cuales los proveedores Constructora Consultora Topografía y Sistemas Grupo Anaya S.R.L. y Consultores & Ejecutores Daed S.A.C., respectivamente, se atribuyen la condición de únicos y exclusivos responsables de las obligaciones detalladas en los apartados precedentes, dentro de los cuales se encuentra expresamente comprendida la ejecución de la obra materia del procedimiento de selección. iii. Asimismo, indica que, en los numerales 1.3, 1.6 y 1.12 del mismo documento, se han establecido disposiciones destinadas a excluir determinadas responsabilidades de los demás integrantes del consorcio, las cuales deben analizarse en conjunto con las obligaciones de ejecución asumidas y con el régimen de responsabilidad solidaria previsto en el numeral 2.3.13 de las bases integradas. iv. En ese sentido, señala que, el cuestionamiento no radica en la posibilidad de que los consorciados distribuyan internamente sus obligaciones, facultad que no se encuentra proscrita por la normativa de contrataciones públicas, sino en determinar si las cláusulas señaladas constituyen únicamente acuerdos de organización interna o si, por su propia redacción, pretenden restringir la responsabilidad que corresponde a ambos integrantes frente a la Entidad contratante.

• Conforme a lo expuesto, manifiesta que, este comité consideró que,

atendiendo a la naturaleza de la promesa de consorcio, instrumento mediante el cual se establecen las obligaciones que serán asumidas por sus integrantes, las mismas que, conforme al numeral 2.3.4 de las bases integradas, no podrán ser modificadas posteriormente durante el perfeccionamiento ni la ejecución contractual. Sobre el cuestionamiento a la oferta del Consorcio Adjudicatario vi. Respecto al cuestionamiento contra el Consorcio Adjudicatario, ratifica que la promesa de dicho consorcio distribuyó el 93% de las obligaciones a Inversiones & Servicios Caissa E.I.R.L. (incluyendo la ejecución y el aporte de experiencia) y el 7% a Grupo Albi E.I.R.L., cumpliendo con los porcentajes mínimos exigidos en las bases. Asimismo, el Anexo N° 11 presentado por Caissa acreditó cuatro experiencias en obras viales por un monto total de S/ 3 364 672.06, superando ampliamente el umbral mínimo requerido de S/ 1 205 898.72. vii. Aclara que la normativa y las bases integradas no exigen que cada integrante del consorcio deba registrar de manera individual contrataciones independientes en el citado anexo, por lo que la descalificación pretendida por el Consorcio Impugnante carece de sustento jurídico. Otros fundamentos viii. Señala que, como análisis eventual para el caso de que se disponga continuar con la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante, advierte que las certificaciones ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 presentadas por el integrante Consultores & Ejecutores Daed S.A.C. consignaban fecha de expiración el 4 de junio de 2026, es decir, con anterioridad a la fecha de presentación de ofertas (30 de septiembre de 2026). Dado que ambos integrantes asumieron obligaciones de ejecución en su promesa, la Entidad o el Tribunal deberán verificar si existen renovaciones válidas incorporadas oportunamente en la oferta, a efectos de determinar si corresponde o no otorgar los puntajes previstos en los factores facultativos de sostenibilidad ambiental y gestión de calidad.

• Mediante decreto del 27 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Adjudicatario en el presente expediente en calidad de tercero administrado, se tuvo por absuelto el traslado del recurso de apelación y se dejaron a consideración de la Sala los alegatos presentados.

• Con otro decreto del 27 de octubre de 2026, se rectificó el error material

contenido en el Decreto N° 770622, publicado el 22 de octubre de 2026, precisando que donde dice: LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº 06- 2026-MPHBBA/C-2, debe decir: LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS Nº 06-

2026-MPHBBA/C-1.

• El 28 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada, con la

presencia del representante del Consorcio Impugnante.

• A través del decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• Procedencia del recurso.
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato. Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia enumeradas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezcan de competencia

para resolverlo.

• El numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley, delimita la competencia para conocer el

recurso de apelación, estableciendo que dicho recurso es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trata de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT1, así como de procedimientos para implementar o extender Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco. Por su parte, en el numeral 302.2 del artículo 302 del Reglamento, se dispone que, en los procedimientos de selección competitivos según relación de ítems, incluso los derivados de un desierto, la cuantía total del procedimiento original determina la autoridad ante la que se presenta el recurso de apelación. Bajo tal premisa normativa, considerando que el recurso de apelación ha sido presentado en el marco de una licitación pública abreviada de obras, con una cuantía de S/ 1 205 898.72 (un millón doscientos cinco mil ochocientos noventa y ocho con 72/100 soles), monto que es superior al equivalente a 50 UIT, este Tribunal es competente para conocerlo. 1 El valor de la UIT para el año 2026 asciende a S/ 5,500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles).

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.
• El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son

impugnables, tales como: a) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, b) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, c) las bases y/o su integración, d) las actuaciones referidas al registro de participantes, e) los actos y actuaciones realizadas en las etapas de negociación y diálogo competitivo, f) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y g) los procedimientos no competitivos.

• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante interpuso recurso de apelación

contra la no admisión de su oferta, solicitando que: se revoque su no admisión, que el Tribunal ordene al comité que continúe con el procedimiento de selección, no se admita o descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y, como consecuencia, se revoque la buena pro otorgada a su favor. Por tanto, se advierte que los actos impugnados no se encuentran comprendidos en la lista de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• En el numeral 304. 1 del artículo 304 del Reglamento se establece que la apelación

contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse como máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro a través de la Pladicop, mientras que, según el numeral 304.2 de la norma citada, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el recurso se presenta dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro. Según el numeral 304.4 de la norma, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados anteriormente se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar.

En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop, se aprecia que el 12 de octubre de 2026 se otorgó la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, en aplicación de lo dispuesto en el precitado artículo, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, esto es, hasta el 19 de octubre de 2026.

• Siendo así, de la revisión del expediente se aprecia que el recurso de apelación fue

interpuesto mediante el Escrito N° 1 presentado el 19 de octubre de 2026 y subsanado mediante el Escrito N° 2 presentado el 21 del mismo mes y año; esto es, en el plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.
• De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante,

se aprecia que este se encuentra suscrito por el señor Gómez Anaya Anatolio, en calidad de representante común del consorcio.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley.

• De los actuados que obran en el expediente administrativo, no se advierte ningún

elemento a partir del cual podría inferirse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren impedidos de participar en el procedimiento de selección y de contratar con el Estado.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.
• De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se

advierte algún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

cuestiona la no admisión de su oferta, así como el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, por lo que no se aprecia que se verifique este requisito de improcedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.
• En el caso concreto, el Consorcio Impugnante no fue el ganador de la buena pro

del procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio

formulado.

• Cabe indicar que, a través de su recurso de apelación, el Consorcio Impugnante ha

solicitado que se revoque la no admisión de su oferta, no se admita o descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección; por lo tanto, este Colegiado considera que el petitorio guarda coherencia con los hechos expuestos en el recurso de apelación.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal para

impugnar el acto objeto de cuestionamiento.

• El Consorcio Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimidad procesal para

impugnar la no admisión de su oferta, pues dicha decisión afecta su interés legítimo de ser postor del procedimiento de selección y obtener la buena pro; sin embargo, a efectos de contar con legitimidad para cuestionar el otorgamiento de la buena pro deberá revertir su posición de postor no admitido en el procedimiento de selección.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento.

• Petitorio.
• El Consorcio Impugnante solicita a este Tribunal que:

✓ Se revoque la no admisión de su oferta. ✓ Se disponga la continuación del procedimiento de selección. ✓ Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, se revoque la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor.

• El Consorcio Adjudicatario solicita a este Tribunal lo siguiente:

✓ Se confirme la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante. ✓ No se le otorguen al Consorcio Impugnante los puntajes previstos en los factores facultativos de sostenibilidad ambiental y gestión de calidad. ✓ Se declare infundado el recurso de apelación. ✓ Se ratifique la buena pro del procedimiento de selección otorgada a su favor.

• Fijación de puntos controvertidos.
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y del petitorio

señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual cabe fijar los puntos controvertidos que deben desarrollarse. En ese sentido, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del inciso 311.1 del

artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “las partes formulan sus

pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo legal. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento”. Asimismo, debe considerarse el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, en virtud del cual “al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso”. Dicha disposición resulta concordante con lo dispuesto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, en virtud del cual la resolución expedida por el Tribunal que se pronuncie sobre el recurso de apelación debe contener, entre otra información, “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el Impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación”.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “los actos que emita el TCP en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

y a los demás postores el 22 de octubre de 2026 a través del SEACE, razón por la cual aquellos con interés legítimo que pudieran verse afectados por la decisión del Tribunal tenían hasta el 27 del mismo mes y año para absolverlo. Teniendo ello en cuenta, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, mediante el Escrito N° 1 presentado el 26 de octubre de 2026 ante el Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el recurso de apelación dentro del plazo legal, formulando cuestionamientos a la oferta del Consorcio Impugnante. Por lo tanto, serán materia de pronunciamiento por parte de este Colegiado los puntos controvertidos derivados de los argumentos expuestos en el escrito de apelación y en la absolución por parte del Consorcio Adjudicatario.

• En consecuencia, los puntos controvertidos materia de análisis son los siguientes:

➢ Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar la buena pro que se otorgó al Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde no admitir o descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. ➢ Determinar si corresponde desestimar la oferta al Consorcio Impugnante. ➢ Determinar si corresponde disponer que el comité continúe el procedimiento de selección y proceda con la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

Consideraciones previas:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• Debe destacarse que el procedimiento administrativo se rige por principios, que

constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley.

• En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este

Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de declarar no admitida la oferta del Consorcio Impugnante y, como consecuencia de ello, revocar la buena pro que se otorgó al Consorcio Adjudicatario.

• Considerando que el acto cuestionado es la no admisión de la oferta del Consorcio

Impugnante por parte del comité, corresponde remitirnos a la justificación que dicho colegiado consignó en el “Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro” del 7 de octubre de 2026. En este documento, el comité sustentó su decisión en los siguientes términos:

Figura 1. Acta de admisión, calificación, evaluación de ofertas y otorgamiento de la buena pro Nota: Extraído de las páginas 1 y 2 del Acta. Como se advierte, el comité declaró la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, limitándose a consignar la frase “no cumple” respecto al documento de admisibilidad denominado “Promesa de Consorcio (Anexo N° 4)”.

• El Consorcio Impugnante cuestiona la decisión del comité, señalando que su oferta

fue declarada no admitida de manera arbitraria y sin una debida motivación en el acta respectiva, lo cual vulnera los principios del debido procedimiento, transparencia y derecho de defensa. Asimismo, argumenta que la promesa de consorcio (Anexo N° 4) cumple a cabalidad con todos los requisitos exigidos en las bases integradas, por lo que solicita la nulidad de los actos administrativos viciados y la admisión de su oferta.

• Por su parte, al absolver el recurso de apelación, la Entidad sustenta su posición

señalando que, si bien el Consorcio Impugnante cumplió con las formalidades de su Promesa de Consorcio (Anexo N° 4), incorporó diversas cláusulas que vulneran el régimen de responsabilidad solidaria exigido en las bases integradas. En detalle, advierte que mediante los numerales 1.19 y 2.8, los integrantes del consorcio se atribuyeron responsabilidades únicas y exclusivas sobre la ejecución de la obra; mientras que en los numerales 1.3, 1.6 y 1.12 incluyeron disposiciones para eximirse mutuamente de otras obligaciones. La Entidad aclara que el cuestionamiento no se dirige a la distribución interna de tareas —lo cual está permitido—, sino a que la redacción de dichas cláusulas pretende limitar o restringir la responsabilidad conjunta que ambos proveedores deben asumir frente al Estado. Por consiguiente, concluyó que la oferta no podía ser admitida, dado que la promesa de consorcio establece las obligaciones definitivas de los postores, las cuales, por normativa, resultan inmodificables durante la firma y ejecución del contrato.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario, cuestiona que el Consorcio Impugnante

incorporó en su Promesa de Consorcio (Anexo N° 4) cláusulas de exclusión de responsabilidad mutua, específicamente en los numerales 1.3, 1.6, 1.12 y 1.19 para el primer consorciado, y en el numeral 2.8 para el segundo, mediante las cuales se atribuyen obligaciones de forma exclusiva. Dado que esta redacción podría contravenir la responsabilidad solidaria frente a la Entidad exigida por las bases integradas, solicita a la Sala realizar un análisis integral del documento para determinar si estas disposiciones operan válidamente como una simple distribución interna de tareas o si, por el contrario, pretenden evadir indebidamente la responsabilidad legal conjunta, lo cual vulneraría las bases y el

artículo 69 del Reglamento.

• Atendiendo a la controversia planteada, resulta pertinente remitirnos a las bases

integradas, dado que estas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de selección y los criterios bajo los cuales el comité debía efectuar su análisis.

• Al respecto, se aprecia que en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la sección

específica de las bases integradas, se contempla como parte de los documentos de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas, lo siguiente:

Figura 2. Documentación requerida para la admisión de las ofertas. (…) Nota: Extraído de las páginas 21 y 22 de las bases integradas. Conforme puede advertirse, en las bases integradas del procedimiento de selección se estableció que para la admisión de las ofertas era necesario presentar la Promesa de consorcio con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. Asimismo, para cumplir con lo requerido en el literal e, se estableció que los postores presenten el Anexo N° 4, cuya estructura es la siguiente:

Figura 3. Anexo N° 4 incluido en las bases integradas. Nota: Extraído de las páginas 77 y 78 de las bases integradas.

• De otra parte, se tiene que el numeral 2.3.13 del Capítulo II de la parte general de

las bases integradas, señala que, los integrantes de un consorcio se encuentran obligados solidariamente a responder frente a la entidad contratante por los efectos patrimoniales que ésta sufra como consecuencia de la actuación de dichos integrantes, ya sea individual o conjunta, durante el procedimiento de selección y la ejecución contractual, como se observa a continuación: Figura 4. Numeral 2.3.13 del Capítulo II de la parte general de las bases integradas. Nota: Extraído de la página 11 de las bases integradas.

• Considerando lo expuesto, así como los fundamentos señalados por la Entidad por

los cuales no admitió la oferta del Consorcio Impugnante y los argumentos del Consorcio Adjudicatario orientados a confirmar dicha decisión, corresponde revisar el Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio, el cual obra a folios 1042 al 1040. Específicamente, los numerales 1.19 y 2.8, en los cuales sus integrantes se habrían atribuido responsabilidades únicas y exclusivas sobre la ejecución de la obra; y los numerales 1.3, 1.6 y 1.12, en los cuales se habrían establecido disposiciones destinadas a excluir de determinadas responsabilidades a los demás miembros del consorcio. Así, de la revisión del mismo anexo, se advierte que en los numerales señalados se establecieron las siguientes obligaciones: “(…) Obligaciones de CONSTRUCTORA CONSULTORA TOPOGRAFIA Y SISTEMAS GRUPO

ANAYA S.R.L.

(…) 1.3. Es responsable de las obligaciones ante la entidad tributaria sunat, y entidades que regulan la administración financiera bancarias, además de las deudas tributarias y deudas con los proveedores, excluyendo de responsabilidad a los demás consorciados, por lo que no existe solidaridad en ningún extremo respecto de deudas si las hubiere ante la sunat, y a la inspección de sunafil y pagos de los proveedores y/o staff otros. (…) 1.6. Responsable de todo personal directivo, gerencial, administrativo, técnico, obrero o de cualquier otra índole que labora o se encuentra vinculado de hecho o derecho a las etapas del procedimiento de selección, suscripción del contrato o la ejecución de la obra, son dependientes único y exclusivamente de la empresa, por lo tanto, las acciones u omisiones que deriven en faltas o delitos son de su exclusiva responsabilidad, siendo los únicos tercero civilmente responsables de ser el caso, excluyendo de toda responsabilidad civil Individualización al integrante a el mismo a los demás consorciados y al consorcio propiamente. (…) 1.12. Es responsable único de las deudas ante las compañías aseguradoras correspondiente los pagos de las primas, y pago contra garantías que resulte monto que corresponda la empresa solicitante, y deudas posteriores la renovación de la carta fianza de fiel cumplimiento hasta el final de la liquidación de la obra, y adelanto directo y materiales cada 90 días, las renovaciones de las cartas, excluyendo de responsabilidad a los demás consorciados, por lo que no existe solidaridad asumen las responsabilidades independientes y otros. (…) 1.19. Por lo tanto, la empresa, CONSTRUCTORA CONSULTORA TOPOGRAFIA Y SISTEMAS GRUPO ANAYA S.R.L. con identificado con RUC N° 20533982272, es el único y exclusivo responsable de las obligaciones definidas desde el ítem 1.1. al ítem 1.18.

Obligaciones de CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C. (…) 2.8. Por lo tanto, la empresa, CONSULTORES & EJECUTORES DAED S.A.C. identificado con RUC N° 20571288363, es el único y exclusivo responsable de las obligaciones definidas desde el ítem 2.1. al ítem 2.7. (…)”. Conforme se aprecia, cabe precisar que, en los numerales 1.19 y 2.8 del Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio, los integrantes del Consorcio Impugnante ratificaron sus obligaciones establecidas en los numerales 1.1 al 1.18 y 2.1 al 2.7, respectivamente.

• Al respecto, este Tribunal debe señalar que, conforme a la normativa de

contratación Pública y al propio numeral 2.3.13 de las bases integradas, los integrantes de un consorcio son responsables solidarios, lo cual opera como un mandato legal, imperativo e irrenunciable, de pleno derecho, respecto de las obligaciones asumidas frente a la Entidad.

• En esa línea, resulta necesario distinguir los efectos jurídicos que rigen la relación

externa del consorcio (frente a la Entidad) de aquellos que regulan la relación interna (entre los consorciados). La exigencia legal de presentar una Promesa de Consorcio tiene por finalidad que los postores delimiten y distribuyan sus obligaciones específicas y el porcentaje de participación que asumirá cada integrante en la ejecución del contrato. En consecuencia, la distribución de tareas, costos y la asunción individualizada de ciertos riesgos operativos constituyen pactos lícitos de organización interna.

• Analizando el contenido de los numerales 1.3, 1.6 y 1.12 del Anexo N° 4 del

Consorcio Impugnante, se advierte que las exclusiones de responsabilidad redactadas por los consorciados están referidas a obligaciones frente a terceros (autoridades tributarias como SUNAT, autoridades laborales como SUNAFIL, trabajadores, proveedores, aseguradoras y el sistema financiero). El hecho de que un integrante asuma internamente el pago exclusivo de tributos, seguros o planillas, y pacte liberar o mantener indemne al otro integrante frente a dichos conceptos, constituye un acuerdo estrictamente de orden interno y patrimonial entre las partes.

• Asimismo, respecto a las frases de “único y exclusivo responsable” contenidas en

dichos numerales y ratificadas en los numerales 1.19 y 2.8, deben interpretarse razonablemente como la identificación clara y precisa de las tareas que cada consorciado ejecutará de manera directa, cumpliendo precisamente con el requisito de admisibilidad de detallar “las obligaciones a las que se compromete cada uno”.

• Por consiguiente, los pactos de indemnidad, exclusión o asunción exclusiva de

responsabilidades contenidos en la Promesa de Consorcio del Consorcio Impugnante operan únicamente en el ámbito de su relación inter partes (es decir, determinan quién asume el costo o la carga económica internamente). Estas cláusulas no tienen eficacia jurídica para enervar, desconocer ni limitar la responsabilidad solidaria e irrenunciable que, por mandato legal y por el propio requerimiento del numeral 2.3.13 de las bases integradas, asumen ambos consorciados frente a la Entidad ante un eventual incumplimiento contractual.

• En ese sentido, toda vez que las disposiciones internas del Anexo N° 4 no

contravienen ni pueden oponerse al régimen de responsabilidad solidaria exigido frente a la Entidad (numeral 2.3.13 de las bases integradas y normativa vigente), dicho documento cumple con los requisitos de admisibilidad exigidos en el literal

• del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas.
• En consecuencia, la decisión del comité de no admitir la oferta del Consorcio

Impugnante carece de sustento fáctico y legal. Por ello, corresponde declarar fundado el recurso de apelación en el extremo referido a dejar sin efecto la decisión del comité de no admitir la oferta del Consorcio Impugnante, debiendo tenerla por admitida y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección a favor del Consorcio Adjudicatario. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde desestimar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Conforme a los antecedentes del caso, el Consorcio Impugnante sostiene que la

oferta del Consorcio Adjudicatario contiene una contradicción sustancial, toda vez que en la promesa formal de consorcio (Anexo N° 4) ambos integrantes se habrían comprometido a aportar experiencia en la especialidad, pero en el Anexo N° 11 dicha experiencia solo fue acreditada por uno de ellos. Por ello, esta incongruencia interna debilita la validez de la oferta y contraviene la normativa de contratación pública.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario defiende la validez de su oferta

argumentando que la normativa y las bases no exigen que cada integrante del consorcio acredite experiencia de forma independiente. Precisa que su consorciado Inversiones & Servicios Caissa E.I.R.L. aportó por sí sola la experiencia que supera ampliamente el monto mínimo requerido, mientras que Grupo Albi E.I.R.L. cumplió con asumir el porcentaje mínimo de participación (7%), por lo que rechaza el cuestionamiento del Consorcio Impugnante de intentar imponer una doble acreditación no prevista en las reglas del procedimiento.

• A su turno, la Entidad indica que la promesa de consorcio presentada por el

Consorcio Adjudicatario cumplió con los porcentajes de participación (93% para Caissa y 7% para Grupo Albi) y que Caissa acreditó por sí sola la experiencia requerida, superando ampliamente el monto mínimo. Asimismo, aclara que el cuestionamiento del Consorcio Impugnante carece de sustento jurídico, ya que ni las bases ni la normativa exigen que cada integrante del consorcio deba aportar y registrar experiencia de manera individual.

• Al respecto, conforme se señaló en el fundamento 28, en las bases integradas del

procedimiento de selección se estableció que para la admisión de las ofertas era necesario presentar el Anexo N° 4 - Promesa de consorcio, con firmas digitales, o en su defecto, firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común, el correo electrónico común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

• De otro lado, en el literal A del numeral 3.4.1 del Capítulo III de la sección

específica de las bases integradas, se establece como requisito de calificación obligatorio la “Experiencia del postor en la especialidad”, conforme a lo siguiente:

Figura 5. Requisito de calificación obligatorio la “Experiencia del postor en la especialidad”.

Nota: Extraído de las páginas 47 y 48 de las bases integradas. Conforme puede advertirse, este requisito de calificación exige que el postor acredite un monto facturado acumulado de S/ 1 205 898.72 en la ejecución de obras en la especialidad y las subespecialidades correspondientes durante los 25 años previos a la fecha de presentación de ofertas, lo cual se sustenta mediante la presentación del Anexo N° 11 acompañado de copia simple de hasta 20 contrataciones con sus respectivas actas de recepción, liquidaciones o constancias de prestación que demuestren la conclusión de la obra; asimismo, precisó que en el caso de consorcio, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato.

• En atención a lo expuesto, se tiene que el Consorcio Adjudicatario presentó a folios

37 y 38 el Anexo N° 4 - Promesa de Consorcio, en cuyo literal d) se establecieron las obligaciones de sus integrantes. En dicho apartado, el consorciado Inversiones & Servicios Caissa E.I.R.L., con un 93 % de participación, se obligó a aportar la experiencia del postor en la especialidad; mientras que el consorciado Grupo Albi E.I.R.L., con el 7 % de participación, se obligó a aportar la experiencia en obras similares, tal como se aprecia a continuación:

Figura 6. Anexo N° 4 - Promesa de Consorcio. Nota: Extraído de las páginas 37 y 38 de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Ahora bien, a folio 42 de la oferta del Consorcio Adjudicatario obra el Anexo N° 11

– Experiencia del postor en la especialidad, en el cual se aprecia que las cuatro experiencias declaradas corresponden únicamente al consorciado Inversiones & Servicios Caissa E.I.R.L., tal como se muestra a continuación:

Figura 7. Anexo N° 11 – Experiencia del postor en la especialidad. Nota: Extraído de la página 42 de la oferta del Consorcio Adjudicatario

• Como puede apreciarse de los documentos citados, si bien en el Anexo N° 4 el

consorciado Grupo Albi E.I.R.L. asumió la obligación de aportar experiencia en obras similares, en el Anexo N° 11 el Consorcio Adjudicatario acreditó el cumplimiento del requisito de calificación utilizando únicamente las contrataciones ejecutadas por su consorciado Inversiones & Servicios Caissa

E.I.R.L.

• Al respecto, este Tribunal debe señalar que la finalidad del requisito de calificación

es verificar que el postor (en este caso, el consorcio en su conjunto) cuenta con la experiencia mínima requerida por la Entidad (S/ 1 205 898.72). En ese sentido, ni la normativa de contrataciones del Estado ni las bases estándar establecen como obligación que todos los integrantes que asumen el compromiso de aportar experiencia en la Promesa de Consorcio (Anexo N° 4) deban, ineludiblemente, registrar contrataciones de forma individual en el Anexo N° 11.

• En esa línea, es válido que un consorcio opte por demostrar el cumplimiento de la

experiencia exigida empleando exclusivamente el acervo de uno de sus integrantes, siempre y cuando este último asuma la ejecución conjunta del objeto del contrato. En el presente caso, Inversiones & Servicios Caissa E.I.R.L. asumió el 93 % de participación en la ejecución, cumpliendo con la exigencia prevista en las bases para que su experiencia sea válidamente computada.

• Por consiguiente, el hecho de que el Consorcio Adjudicatario no haya incluido la

experiencia del consorciado Grupo Albi E.I.R.L. en el Anexo N° 11 no constituye una incongruencia interna frente a lo declarado en el Anexo N° 4. La Promesa de Consorcio delimita los compromisos asumidos; sin embargo, al momento de estructurar su oferta, el postor ejerce su facultad de seleccionar y presentar únicamente aquellas contrataciones que considere idóneas y suficientes para superar el umbral exigido.

• En tal sentido, toda vez que el Consorcio Adjudicatario logró acreditar plenamente el

requisito de calificación con el aporte de su integrante mayoritario, el cuestionamiento formulado por el Consorcio Impugnante carece de sustento, por lo que corresponde declararlo infundado. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde desestimar la oferta al Consorcio Impugnante.

• En este punto, cabe traer a colación que el Consorcio Adjudicatario formuló un

cuestionamiento adicional contra la oferta del Consorcio Impugnante. En específico, observó la evaluación de los factores facultativos de sostenibilidad ambiental y gestión de calidad, alegando que los certificados ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015 — presentados por el integrante Consultores & Ejecutores Daed S.A.C.— consignaban fechas de expiración anteriores a la presentación de ofertas (4 de junio de 2026). Por consiguiente, sostiene que no correspondería otorgarle los puntajes adicionales previstos para dichos factores. Al respecto, este Tribunal advierte que la oferta del Consorcio Impugnante recién ha adquirido la condición de admitida producto de la presente resolución. Por lo tanto, dado que el comité todavía no ha realizado la evaluación de la oferta ni la asignación de puntajes, resulta prematuro analizar supuestos defectos en los documentos presentados para los factores facultativos. En consecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre aspectos correspondientes a etapas que aún no han sido evaluados, quedando a salvo el derecho del Consorcio Adjudicatario de ejercer su derecho a contradicción en la oportunidad correspondiente, de considerarlo necesario. CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde disponer que el comité continúe el procedimiento de selección y proceda con la evaluación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Sobre este punto, corresponde señalar que el Consorcio Impugnante, como parte de

su recurso de apelación, solicitó que se ordene que el comité proceda con la calificación y evaluación de su oferta.

• Al respecto, de acuerdo al análisis efectuado en el primer punto controvertido, se ha

determinado que corresponde revocar la no admisión de la oferta del Consorcio Impugnante, teniendo actualmente la condición de admitido y, como consecuencia de ello, se ha revocado el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Adjudicatario.

• Por ello, considerando que el comité solo analizó la oferta del Consorcio Impugnante

hasta la etapa de admisión, corresponde que continúe con las demás etapas del procedimiento de selección, debiendo otorgar la buena pro a quien corresponda. Por tanto, este extremo del recurso resulta fundado.

• Asimismo, dado que se ha declarado fundado en parte el recurso de apelación del

Consorcio Impugnante, debe devolvérsele la garantía que presentó para la interposición de su recurso de apelación, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Reglamento. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y la intervención de los vocales Víctor Manuel Villanueva Sandoval y Jimy Robert Ureta Aquino, atendiendo al Rol de Turno de Vocales vigente y la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293-2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D00090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Grupo

Anaya, integrado por Constructora Consultora Topográfica y Sistemas Grupo Anaya S.R.L. y Consultores y Ejecutores Daed S.A.C., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 06-2026-MPHBBA/C-1: fundado en el extremo referido a que se revoque la no admisión de su oferta; e, infundado en el extremo referido a que se desestime la oferta del Consorcio Adjudicatario. En consecuencia, corresponde:

1.1. Dejar sin efecto la decisión del comité de no admitir la oferta del Consorcio Grupo Anaya, integrado por Constructora Consultora Topográfica y Sistemas Grupo Anaya S.R.L. y Consultores y Ejecutores Daed S.A.C., y tenerla por admitida. 1.2. Revocar la buena pro otorgada al Grupo Albi E.I.R.L. e Inversiones & Servicios Caissa Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 1.3. Disponer que el comité continúe el procedimiento de selección y proceda con la calificación y, de corresponder, con la evaluación de la oferta del Consorcio Grupo Anaya, integrado por Constructora Consultora Topográfica y Sistemas Grupo Anaya S.R.L. y Consultores y Ejecutores Daed S.A.C. y otorgue la buena pro a quien corresponda. 1.4. Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Grupo Anaya, integrado por Constructora Consultora Topográfica y Sistemas Grupo Anaya S.R.L. y Consultores y Ejecutores Daed S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE/CD – Directiva de disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el sistema electrónico de contrataciones del Estado - SEACE2.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 2 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación.

JIMY ROBERT URETA AQUINO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA

SANDOVAL

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE