Resolución N.° 9627-2026-TCP-S1

Sumilla: Corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción, toda vez que no existen suficientes elementos de convicción para determinar que el proveedor haya tenido algún impedimento para contratar con el Estado al momento de perfeccionar la relación contractual con la Entidad; asimismo, carece de elementos objetivos que permitan concluir que la información consignada en la declaración jurada cuestionada sea discordante con la realidad. Lima, 5 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026, de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 2571/2025.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido al proveedor Charlie Jordy Reyes Tapia, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y haber presentado información inexacta ante la Municipalidad Provincial de Concepción, en el marco de la Orden de Servicio N° 000656 del 10 de agosto de 2023; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 10 de agosto de 2023, la Municipalidad Provincial de Concepción, en lo sucesivo

la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 000656, a favor del señor Charlie Jordy Reyes Tapia, en adelante el Proveedor, para el “Servicio de archivamiento de autoevalúas y otros, en los files de contribuyentes generados desde el mes de mayo hasta el 15 de agosto para la campaña de cobro de impuesto predial 2023, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2023-MPC-GM”, por el monto de S/ 2 200.00 (dos mil doscientos con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio1. Dicha contratación configuraba un supuesto excluido del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), toda vez que, en la oportunidad que se realizó, se 1 Obrante a folios 77 al 78 del expediente administrativo en formato pdf.

encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, en lo sucesivo el Reglamento.

• Mediante Oficio N° 000043-2025-CG/OC0410 del 12 de febrero de 2025,

presentado en esa misma fecha ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, el Órgano de Control Institucional de la Entidad, puso en conocimiento que el Proveedor habría incurrido en infracción, al haber contratado con el Estado estando impedido para ello y por haber presentado información inexacta, en el marco de la emisión de la Orden de Servicio. A fin de sustentar su denuncia, adjuntó, entre otros documentos, el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 001-2025-OCI/0410-AOP del 7 de febrero de 2025, a través del cual se desprende, principalmente, lo siguiente:

• Señala que, durante las acciones de verificación a la documentación

presentada por la Entidad, se identificó que en los años 2023 y 2024 se contrató bajo la modalidad de locación de servicios al señor Charlie Jordy Reyes Tapia para prestar servicios de archivamiento de autovalúos de la campaña de cobro del impuesto predial 2023, así como para realizar visitas de evaluación socioeconómica en el distrito capital de Concepción. Dichas contrataciones fueron tramitadas por la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares a requerimiento de la Oficina de Recaudación y Control Tributario y de la Gerencia de Administración Tributaria, habiéndose emitido en el año 2023, entre otras, la Orden de Servicio N° 656.

• Refiere que el Proveedor en su cotización, presentó una declaración jurada

en la cual declaró bajo juramento no encontrarse incurso en los impedimentos para contratar con el Estado.

• Indica que, al revisar la Ficha RENIEC y la copia certificada del Acta de

Nacimiento remitida por la Municipalidad Provincial de Yauli, se constató que el Proveedor mantiene un vínculo de parentesco en primer grado de consanguinidad (hijo) con la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria. Dicha servidora labora de manera continua en la Entidad desde el 1 de marzo de 2021, desempeñando el cargo de Asistente Técnico Administrativo en la Oficina de Trámite Documentario de la Secretaría General.

• Concluye que advierte indicios de la comisión de las infracciones tipificadas

en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 DEL TUO de la Ley.

• Por medio del decreto del 2 de marzo de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal,

previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, requirió a la Entidad remitir un informe técnico legal sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Proveedor, donde debía señalar de forma clara y precisa en cuál de los impedimentos habría incurrido; asimismo, se le solicitó remitir, entre otros, copia legible de la Orden de servicio, donde se aprecie que esta fue recibida por el Proveedor. De la misma manera, se solicitó que, en el supuesto de haber presentado información inexacta, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, debía adjuntar la totalidad de los documentos con información inexacta y los documentos que acrediten la presentación de aquellos cuestionados como inexactos. A efectos de remitir la referida documentación, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. Asimismo, se notificó al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Concepción para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la documentación requerida.

• Con decreto del 16 de abril de 2026, la Secretaria Técnica 2 del Tribunal dispuso

iniciar procedimiento administrativo sancionador al Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, de acuerdo al literal h) en concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, y al haber presentado en su cotización, información inexacta, en el marco de la contratación derivada de la Orden de Servicio; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Para tal efecto, se otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos.

• Con decreto del 20 de abril de 2026, se dispuso que se notifique al Proveedor el

inicio del procedimiento administrativo sancionador en su contra al domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Por medio del decreto del 27 de abril de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal

requirió a la Entidad para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, entre otros, remita las resoluciones y/o documentos de encargatura que acrediten el vínculo laboral que se mantuvo con la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria (madre del Proveedor), el expediente de contratación donde conste la cotización presentada por el Proveedor debiendo observarse su constancia de recepción o, en su defecto, el correo electrónico a través del cual hubiese sido remitido; e informe si la Orden de Servicio proviene de un contrato o de un procedimiento de selección y, de ser el caso, adjunte la documentación de sustento respectiva.

• Con decreto del 28 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal hizo

efectivo el apercibimiento decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente, respecto del Proveedor.

• Mediante decreto del 9 de junio de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal

requirió información al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, a efectos de que remita la partida de nacimiento del Proveedor. Asimismo, se requirió nuevamente a la Entidad que remita, entre otros, copia completa y legible de las resoluciones y/o documentos de encargatura que acredite el vínculo laboral que se mantuvo con la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria, de la cotización presentada por el Proveedor, de la declaración jurada suscrita por el Proveedor; así como de los documentos a través de los cuales el Proveedor presentó la referida cotización y la declaración jurada, donde se pueda advertir el sello, fecha y firma de recepción por parte de su representada.

• Mediante Oficio N° 000350-2026/DRI/SDVAR/RENIEC del 16 de junio de 2026,

presentado el 17 del mismo mes y año ante el Tribunal, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC, brindó atención al requerimiento de información solicitado con decreto del 9 de junio de 2026.

• Con decreto del 24 de junio de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal reitera a

la Entidad el requerimiento de información descrito en el decreto del 27 de abril de 2026.

• Mediante Oficio N° 0469-2026-A/MPC, presentado el 26 de junio de 2026 ante el

Tribunal, la Entidad brindó atención al requerimiento de información solicitado con decreto del 27 de abril de 2026.

• Mediante Decreto del 3 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal

dispuso que se realice el registro del Informe de Instrucción N° 070- 2026/HSVC/ST2, de la misma fecha, en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual se recomendó declarar no ha lugar a la imposición de sanción al Proveedor.

• Con decreto del 7 de julio de 2026, se dispuso notificar el Informe de Instrucción

N° 070-2026/HSVC/ST2 del 3 del mismo mes y año al Proveedor al domicilio consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI).

• Mediante decreto del 31 de julio de 2026, considerando que el Informe de

Instrucción N° 070-2026/HSVC/ST2 del 3 de julio de 2026 fue notificado al Proveedor por cédula de notificación N° 112833-2026 el 15 de julio de 2026, la Secretaría Técnica 2 del Tribunal, dispuso remitir el expediente a la Primera Sala del Tribunal para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

el Proveedor incurrió en responsabilidad administrativa por haber contratado con el Estado estando impedido para ello, y por haber presentado información inexacta ante la Entidad, infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, norma vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el presente análisis se advirtiera la existencia de una

de retroactividad benigna. Respecto a la infracción consistente en contratar con el Estado estando impedido conforme a Ley. Naturaleza de la infracción.

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa que los proveedores, participantes, postores y/o contratistas contraten con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

• Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico, en materia de

contrataciones del Estado, ha consagrado, como regla general, la posibilidad de que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección2 que llevan a cabo las 2 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de

contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato.- Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose

prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia.- Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva

y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones, o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Dichas restricciones o incompatibilidades se encuentran previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

solo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no se encuentren expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso, corresponde verificar si, al perfeccionarse

el contrato o al establecer el vínculo contractual, la Proveedora incurrió en el impedimento que se le imputa. Configuración de la infracción

• Teniendo en cuenta lo expuesto, para que se configure la infracción imputada al

Proveedor, es necesario que se verifiquen dos requisitos: i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el postor se encuentre impedido conforme a la ley. Cabe precisar que, para las contrataciones por montos menores a 8 UIT, por estar excluidas de su ámbito de aplicación, aun cuando están sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente,

perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación y, además, que permita identificar si al momento de dicho perfeccionamiento, el Proveedor se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento. Al respecto, mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008-2021/TCE3, se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (El resaltado es agregado)

• Considerando tal contexto, respecto del primer requisito, de la revisión del

expediente administrativo y de la plataforma SEACE4, se aprecia el registro realizado por la Entidad de la Orden de servicio, a favor del Proveedor; conforme se muestra a continuación:

• Asimismo, obra en el expediente administrativo la Orden de Servicio N° 000656

del 10 de agosto de 2023, emitida por la Entidad a favor del Proveedor, para el “Servicio de archivamiento de autovaluos y otros en los files de contribuyentes generados desde el mes de mayo hasta el 15 de agosto para la campaña del cobro de impuesto predial 2023, aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 004- 2023-MPC-GM”, por el monto de S/ 2 200.00 (dos mil doscientos con 00/100 soles). 3 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano. 4 https://prod2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml Para mayor detalle, a continuación, se muestra la citada Orden de Servicio:

De la revisión de dicho documento, se aprecia que en él consta que fue recibido por el Proveedor en la misma fecha de su emisión [10 de agosto de 2023], con lo cual se verifica el perfeccionamiento del contrato.

• En tal sentido, se advierte que concurre el primer requisito, esto es, que el

Proveedor perfeccionó un contrato (Orden de Servicio) con una entidad del Estado. Ahora bien, corresponde verificar si, cuando se formalizó la Orden, se encontraba incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el referido artículo 11 de la Ley.

• En cuanto al segundo requisito, debe tenerse presente que la imputación

efectuada al Proveedor radica en haber perfeccionado el contrato derivado de la Orden de Servicio, pese a encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento que estuvo establecido en el literal h) en concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, conforme se expone a continuación: “Artículo 11. Impedimentos 11.1. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5 de la presente Ley, las siguientes personas: (…)

• Los servidores públicos no comprendidos en literal anterior, y los trabajadores de

las empresas del Estado, en todo proceso de contratación en la Entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función. Luego de haber concluido su función y hasta doce (12) meses después, el impedimento se aplica para los procesos de contratación en la Entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. (…)

• El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad

o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios: (…) (iv) Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales f) y g), el impedimento tiene el mismo alcance al referido en los citados literales.

[El resaltado es agregado].

• Conforme a las disposiciones citadas, respecto al caso que nos avoca, se

encuentran impedidos para contratar con el Estado los servidores públicos no comprendidos en el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, así como las personas jurídicas en las cuales éstos sean apoderados, representantes legales o integrantes de sus órganos de administración. Asimismo, es pertinente precisar que, la Ley establece que los servidores públicos antes mencionados, y sus parientes o las personas jurídicas vinculadas a ellos, no pueden contratar con el Estado en todo proceso de contratación en la entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función, y hasta doce (12) meses después de concluido el mismo, en todos los procesos de contratación en la entidad a la que pertenecieron, en los que, por la función desempeñada, hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses.

• Ahora bien, en el presente caso, a través del Informe de Acción de Oficio Posterior

N° 001-2025-OCI/0410-AOP del 7 de febrero de 2025, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Concepción señaló que la señora Liliana Rolanda Tapia Zanbria “presta servicios en la Entidad, desde el 1 de marzo de 2021 a la fecha, en el cargo de Asistente Técnico Administrativo en la Oficina de Trámite Documentario de secretaria general”. Respecto del impedimento previsto en el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley.

• Teniendo en cuenta lo señalado, mediante el Oficio N° 0469-2026-A/MPC, la

Entidad remitió el Contrato Administrativo de Servicios (CAS) N.° 005-2021/MPC, de fecha 1 de marzo de 2021, suscrito con la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria, en virtud del cual se desempeñó como Asistente Técnico Administrativo de la Oficina de Trámite Documentario de la Oficina de Secretaría General de la Entidad, desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de mayo de 2021, conforme se advierte en los extractos del contrato que se ilustran a continuación:

“(…) (…) De la documentación remitida, se advierte que la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria mantuvo la condición de servidora pública hasta el 31 de mayo de 2021, fecha en la cual, de acuerdo con la información remitida por la Entidad, habría culminado su vínculo laboral con aquella. Cabe precisar que la Entidad no ha remitido documentación adicional que dé cuenta que la referida señora haya extendido su vínculo laboral más allá de lo consignado en dicho contrato.

• Ahora bien, corresponde señalar que el impedimento que estuvo previsto en el

literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley contempla, bajo los presupuestos establecidos en dicha disposición, una restricción para contratar con la Entidad correspondiente que puede extenderse hasta doce (12) meses después de concluida la función pública. En ese sentido, para determinar la configuración del impedimento invocado en concordancia con el literal h) del mismo numeral, no resulta suficiente constatar que la persona vinculada al proveedor prestó servicios anteriormente a la Entidad, sino que corresponde verificar si concurren las condiciones temporales y materiales exigidas por la norma aplicable.

• En el presente caso, de la revisión de los actuados se aprecia que la Orden de

Servicio materia de análisis se perfeccionó el 10 de agosto de 2023, mientras que el vínculo laboral de la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria con la Entidad culminó el 31 de mayo de 2021. En consecuencia, a la fecha de perfeccionamiento de dicha orden, había transcurrido más de un año desde la culminación de sus funciones en la Entidad.

• Por consiguiente, atendiendo a los recaudos que obran en el expediente, no se

cuenta con elementos suficientes para concluir que la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria se encontraba comprendida en el supuesto de impedimento previsto en el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, presupuesto que resulta relevante para el análisis del impedimento imputado al proveedor en virtud del literal h) de la misma disposición.

• Precisado lo anterior, carece de objeto efectuar un análisis respecto del

impedimento que estuvo previsto en el literal h) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, referido a los parientes de las personas comprendidas en el supuesto de impedimento, toda vez que previamente no se ha acreditado que la señora Liliana Rolanda Tapia Sanabria se encuentre comprendida en el literal f) del citado artículo.

• Por consiguiente, en el presente caso, no corresponde atribuir responsabilidad

administrativa al Proveedor por la comisión de la infracción tipificada en el literal

• del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. En consecuencia,

corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción en este extremo. Respecto a la infracción consistente en presentar información inexacta. Naturaleza de la infracción.

• El literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, establecía que

incurren en responsabilidad administrativa los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que presenten información inexacta a las Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP), al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) o a la Central de Compras Públicas - Perú Compras. En el caso de las Entidades, siempre que esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o, factor de evaluación o requisitos que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada al Tribunal de Contrataciones del Estado, al Registro Nacional de Proveedores (RNP) o al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el beneficio o ventaja debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias.

• Sobre el particular, es importante recordar que uno de los principios que rige la

potestad sancionadora de este Tribunal es el de tipicidad, previsto en el numeral 4 del artículo 230 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en lo sucesivo el TUO de la LPAG, en virtud del cual solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía.

Por tanto, se entiende que dicho principio exige al órgano que detenta la potestad sancionadora, en este caso al Tribunal, que analice y verifique si, en el caso concreto, se ha configurado el supuesto de hecho previsto en el tipo infractor que se imputa a determinado administrado, es decir —para efectos de determinar responsabilidad administrativa— la Administración debe crearse convicción de que el administrado que es sujeto del procedimiento administrativo sancionador ha realizado la conducta expresamente prevista como infracción administrativa.

• Atendiendo a ello, en el presente caso corresponde verificar —en principio— que

el documento que contendría la información inexacta fue efectivamente presentado ante una Entidad contratante (en el marco de un procedimiento de contratación pública), al Tribunal o al RNP. Adicionalmente, al amparo del principio de verdad material consagrado en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que impone a la autoridad administrativa el deber de adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, al margen que no hayan sido propuestas por los administrados o estos hayan acordado eximirse de ellas, el Tribunal tiene la facultad de recurrir a otras fuentes de información que le permitan corroborar y crear certeza de la presentación del documento cuestionado. Entre estas fuentes se encuentra comprendida la información registrada en el SEACE, así como la información que pueda ser recabada de otras bases de datos y portales web que contengan información relevante.

• Una vez verificado dicho supuesto, corresponde evaluar si se ha acreditado la

inexactitud de la información contenida en el documento presentado, en este caso, ante la Entidad.

• Al respecto, debe acotarse que la información inexacta supone un contenido que

no es concordante o congruente con la realidad, lo que constituye una forma de falseamiento de ésta. Además, para la configuración del tipo infractor, debe acreditarse, que la inexactitud esté relacionada con el cumplimiento de un requerimiento o factor de evaluación que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual; independientemente que ello se logre, lo que se encuentra en concordancia con los criterios de interpretación que han sido recogidos en el Acuerdo de Sala Plena N° 02/2018, publicado en el Diario El Peruano el 2 de junio de 2018.

• Es así que la presentación de un documento con información inexacta supone el

quebrantamiento del principio de presunción de veracidad, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la

LPAG.

Cabe precisar que el tipo infractor se sustenta en el incumplimiento de un deber, que, en el presente caso, se encuentra regulado por el numeral 4 del artículo 56 del TUO de la LPAG, norma que expresamente establece que los administrados tienen el deber de comprobar, previamente a su presentación ante la Entidad, la autenticidad de la documentación sucedánea y de cualquier otra información que se ampare en la presunción de veracidad. De manera concordante con lo manifestado, el numeral 42.1 del artículo 42 del mismo cuerpo legal, además de reiterar la observancia del principio de presunción de veracidad, dispone que las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos se presumen verificados por quien hace uso de ellos.

• Sin embargo, conforme al propio numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar

del TUO de la LPAG, la presunción de veracidad admite prueba en contrario, en la medida que es atribución de la Administración Pública verificar la documentación presentada. Dicha atribución se encuentra reconocida en el numeral 1.16 del mismo artículo, cuando, en relación con el principio de privilegio de controles posteriores, dispone que la autoridad administrativa se reserve el derecho de comprobar la veracidad de la documentación presentada. Configuración de la infracción.

• En el caso materia de análisis, se imputa al Proveedor haber presentado, como

parte de su cotización, supuesta información inexacta, contenida en la declaración jurada suscrita por el Proveedor, en el cual declaró bajo juramento no tener, entre otros, impedimento para contratar con el Estado, ni contar con parentesco en la Municipalidad Provincial de Concepción con algún funcionario que goce de facultad para el proceso de contratación, ni de un funcionario responsable del área usuaria, al momento de la contratación. Para un mejor análisis, se grafica el documento cuestionado:

• Conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, a efectos de analizar la

configuración de la infracción materia de análisis, debe verificarse la concurrencia de dos circunstancias: i) la presentación efectiva del documento que contiene la información cuestionada ante la Entidad y ii) la inexactitud de la información cuestionada, siempre que se encuentre relacionada con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisito que le represente una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección.

• Al respecto, en relación al primer requisito, obra en el expediente la Solicitud de

Cotización, presentada por el Proveedor en el marco de la Orden de Servicio y recibida por la Entidad el 10 de agosto de 2023. De la revisión de dicho documento, se advierte que el Proveedor adjuntó la declaración jurada cuestionada. Para un mejor análisis, se reseña la solicitud de cotización:

• En ese sentido, habiéndose acreditado la presentación del documento

cuestionado, resta determinar si existen en el expediente suficientes elementos probatorios que permitan generar convicción respecto del quebrantamiento del principio de presunción de veracidad del que se encuentra premunido dicho documento.

• Ahora bien, cabe precisar que la supuesta inexactitud del documento materia de

análisis se encuentra relacionada con la configuración de los impedimentos que estuvieron previstos en el literal h) en concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en los que se habría encontrado inmerso el Proveedor al momento de perfeccionar la relación contractual con la Entidad.

• Al respecto, de acuerdo con lo analizado en el acápite precedente, no se ha

acreditado que el Proveedor se encontrara comprendido en los impedimentos que estuvieron previstos en el literal h) en concordancia con el literal f) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley al momento del perfeccionamiento de la relación contractual con la Entidad. En consecuencia, no existen elementos objetivos que permitan concluir que la información contenida en la declaración jurada cuestionada sea discordante con la realidad.

• En tal sentido, este Colegiado considera que corresponde declarar no ha lugar a la

imposición de sanción por la presentación información inexacta a la Entidad, infracción que estuvo tipificada en el literal i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Víctor Manuel Villanueva Sandoval y la intervención de los vocales Jefferson Augusto Bocanegra Diaz y Jimy Robert Ureta Aquino, en reemplazo de la vocal Marisabel Jáuregui Iriarte, según el Rol de Turnos de Vocales de Sala Vigente, atendiendo a la conformación de la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000293-2026-OECE/PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día en el Diario Oficial “El Peruano”; y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar no ha lugar a la imposición de sanción al proveedor CHARLIE JORDY

REYES TAPIA (con R.U.C. N° 10759802557), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, y por haber presentado supuesta información inexacta, en el marco de la Orden de servicio N° 000656 del 10 de agosto de 2023, emitida por la Municipalidad Provincial de Concepción; infracciones que estuvieron tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, [actualmente tipificadas en los literales i) y l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069]; por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivamiento definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese

JIMY ROBERT URETA AQUINO

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JEFFERSON AUGUSTO BOCANEGRA DIAZ

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VÍCTOR MANUEL VILLANUEVA SANDOVAL

PRESIDENTE

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