Resolución N.° 9625-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) la infracción contemplada en la normativa, establece como supuesto de hecho indispensable para su configuración, la materialización de dos hechos en la realidad: i) que se haya perfeccionado un contrato con una Entidad del Estado; y, ii) que al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la Ley. (…)” Lima, 5 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 3736/2025.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador contra la señora SILVIA DEL PILAR SIPIÓN RIOJAS por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmersa en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 3251 del 19 de junio de 2023, emitida por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES - SEDE CENTRAL, por el concepto: “CCM- 4701, requerimiento de un profesional administrativo, solicitado con Memo N° 1800-2023/; CON CCP 3781”; y atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 19 de junio de 2023, el Gobierno Regional de Tumbes, en adelante la Entidad,

emitió a favor de la proveedora Silvia del Pilar Sipión Riojas, en adelante la Contratista, la Orden de Servicios N° 3251 por el concepto de “Requerimiento de un profesional administrativo, solicitado con Memo N° 1800-2023; con CCP 3781”, por la suma de S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio.

contratación se encontraba excluida del ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado, al haberse realizado por un monto inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), encontrándose vigente en ese momento el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante el TUO de la Ley, así como su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

• Con el Memorando N° D000155-2025-OSCE-DGR1 del 31 de marzo de 2025,

presentado el 7 de abril de 2025, ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la Dirección de Supervisión y Asistencia Técnica2 informó que la Contratista habría incurrido en la infracción referida a contratar con el Estado estando impedida para ello, de acuerdo con lo previsto en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. A fin de sustentar su comunicación remitió, entre otros documentos, el Dictamen SE N° 31-2025/DGR-SIRE del 27 de marzo de 20253 , en el cual señaló lo siguiente:

• Mediante el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 003-2025-2-5353-AOP,

el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Tumbes señaló que la señora Silvia del Pilar Sipión Riojas contrató con el Estado, pese a encontrarse impedida para ello, por cuanto es hermana del señor Edmundo Alberto Sipión Riojas, quien es funcionario público en la gerencia general regional Gobierno Regional de Tumbes. ii) Agrega que, de acuerdo con el Manual de Organización y Funciones - MOF y al Reglamento de Organización y Funciones - ROF, el señor Edmundo Alberto Sipión Riojas desempeñó, entre otras, las siguientes funciones:

• Supervisar a los órganos de línea, entre los cuales se encuentra la

gerencia regional de infraestructura; por lo que, ésta tenía la función de elevar a la gerencia general regional los informes técnicos y de gestión, así como otras funciones que le asigne el gerente general regional.

• Planificar, organizar, conducir, controlar y evaluar la gestión de los

órganos del gobierno regional, de acuerdo a los dispositivos legales vigentes y a las normas y directivas que rigen la administración pública.

• Convocar y realizar los procesos para la adquisición de bienes y servicios

y la ejecución de obras.

• Mediante el Decreto4 del 25 de marzo de 2026, de manera previa al inicio del

procedimiento administrativo sancionador, se dispuso correr traslado a la Entidad, a fin de que, entre otros aspectos, cumpla con remitir un informe técnico-legal emitido por su asesoría jurídica, en el que se pronuncie sobre la presunta responsabilidad de la Contratista por haber contratado con el Estado 1 Obrante a folios 2 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 2 Antes Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE 3 Obrante a folios 3 al 12 del expediente administrativo sancionador. 4 Obrante a folios 19 al 20 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

encontrándose impedida. Asimismo, entre otros, se solicitó la remisión de una copia completa y legible de la Orden de Servicio emitida, en la que conste claramente la fecha de recepción por parte de la Contratista. Para tal efecto, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que remita la mencionada información, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente.

• A través del Decreto5 del 22 de abril de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador contra la Contratista, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedida conforme a Ley, de acuerdo al supuesto previsto en el literal h) en concordancia con el literal e) del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley, en el marco de la Orden de Servicio, emitida por la Entidad; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley. Asimismo, se le otorgó a la Contratista el plazo de diez (10) días hábiles para que presente sus descargos, bajo apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos.

• Con Decreto6 del 15 de junio de 2026, a fin que la Secretaría del Tribunal cuente

con mayores elementos de juicio al momento de emitir su informe, se requirió lo siguiente:

“A LA ENTIDAD

Remitir copia de la Orden de Servicio N° 3251-2023 del 19.06.2023 y del documento que deja constancia de su recepción (correo electrónico, sello de recepción en la misma orden, etc.). Precisar si la Orden de Servicio N° 3251-2023 del 19.06.2023 proviene de un contrato o de un procedimiento de selección y, de ser el caso, adjuntarlo o señalarlo. Remitir copia de los informes, conformidades, entregables, actas, comprobantes de pago, valorizaciones, comunicaciones y demás documentos que acrediten la efectiva ejecución del servicio objeto de la referida Orden de Servicio. Señalar si el proveedor involucrado, como parte de su cotización y/o para efectos de su contratación, presentó algún anexo, formato o declaración jurada mediante la cual haya manifestado no encontrarse incurso en impedimento alguno para contratar con el Estado. Asimismo, de ser el caso, adjuntar copia de la cotización presentada por el proveedor involucrado. 5 Obrante a folios 35 al 37 del expediente administrativo sancionador en formato PDF. 6 Obrante a folios 48 al 49 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

De haberse presentado algún anexo, formato o declaración jurada en los términos antes señalados, adjuntar la documentación que acredite su presentación ante la Entidad, tales como cargos de recepción, constancias de presentación, capturas de pantalla de los registros del SEACE, correos electrónicos u otros.

AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD:

Remitir copia de la Orden de Servicio materia de análisis que obre en el expediente de control correspondiente. Remitir copia de la documentación recabada durante las acciones de control o auditoría relacionadas con dicha contratación, incluyendo, entre otros, partidas de nacimiento, declaraciones, informes, actas, comunicaciones, documentos sustentatorios y cualquier otro elemento de prueba obtenido. Precisar si, como resultado de las acciones de control efectuadas, se identificaron observaciones respecto de la autenticidad, veracidad o validez de la documentación presentada por el proveedor, adjuntando la documentación que sustente dicha

• Mediante el Oficio N° 000180-2026-CG/OC53537 del 24 de junio de 2026,

presentado en la misma fecha en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Entidad remitió la información solicitada mediante Decreto del 15 de junio de 2026.

• A través del Decreto del 30 de junio de 2026, se dispuso incorporar al presente

expediente el Oficio N° 123-2026-GOB.REG.TUMBES.GR.GGR de fecha 4 de marzo de 2026 y sus adjuntos, presentados el 5 de marzo de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, en el marco del procedimiento administrativo sancionador seguido en el marco del Expediente N° 3756-2025.TCP.

• Con Decreto del 30 de junio de 2026 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento

decretado de resolver el presente procedimiento con la documentación obrante en el expediente, debido a que la Contratista no se apersonó ni presentó sus descargos.

• Mediante Decreto del 30 de junio de 2026 se efectuó el registro del Informe de

Instrucción N° 063-2026/CSCH/ST3 del 30 de junio de 2026 en el sistema informático del Tribunal; en el cual la Secretaría Técnica 3 del Tribunal, recomendó lo siguiente: “(…)

• Recomendar al órgano sancionador SANCIONAR a la señora SILVIA DEL PILAR SIPION

RIOJAS (con R.U.C. N° 10413999923), con cinco (5) meses de inhabilitación temporal 7 Obrante a folios 52 al 53 del expediente administrativo sancionador en formato PDF.

en sus derechos de participar en procedimientos de selección, procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y/o contratar con el Estado, por su responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido conforme a Ley, en el marco de la Orden de Servicio N° 3251-2023 del 19 de junio de 2023, emitida por el Gobierno Regional de Tumbes - Sede Central; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Disponer que, una vez efectuada la notificación del presente Informe de Instrucción al

imputado, el expediente administrativo sancionador sea remitido, conjuntamente con el citado informe, a la Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas que corresponda, en su calidad de órgano sancionador, conforme a lo establecido en el literal l) del numeral 361.1 del artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF. (…)”.

• A través del Decreto del 7 de julio de 2026, se dispuso remitir el expediente a la

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador determinar si

existe responsabilidad de la Contratista por haber contratado estando impedida para ello, atendiendo a lo establecido en el literal h) en concordancia con el literal

• del numeral 11.1 del artículo 11 del TUO de la Ley; y por la presentación de

información inexacta, como parte de su cotización, en el marco de la Orden de Servicio, emitido por la Entidad; infracciones tipificadas en los literales c) e i) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva Ley; así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por lo tanto, si en el presente análisis se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable a la administrada, se aplicará en atención al principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción

• En virtud de lo establecido en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO

de la Ley, constituye infracción administrativa al contratar con el Estado, estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 de la Ley.

• Al respecto, es necesario recordar que el ordenamiento jurídico en materia de

contrataciones del Estado ha consagrado, como regla general, la posibilidad que toda persona natural o jurídica pueda participar en condiciones de libre acceso e igualdad en los procedimientos de selección8 que llevan a cabo las Entidades del Estado. Sin embargo, dicho propósito constituye, a su vez, el presupuesto que sirve de fundamento para establecer restricciones a la libre concurrencia en los procesos de selección, en la medida que existen determinadas personas cuya participación en un procedimiento de contratación podría afectar la transparencia, imparcialidad y libre competencia que se debe resguardar en ellos, debido a la posición que poseen en el propio Estado, la naturaleza de sus atribuciones o por la sola condición que ostentan (su vinculación con las personas antes mencionadas, por ejemplo). Esas restricciones o incompatibilidades están previstas en el artículo 11 del TUO de la Ley, evitándose con su aplicación situaciones de injerencia, ventajas, privilegios o conflictos de interés en los procedimientos de contratación.

• Debido a su naturaleza restrictiva, los impedimentos para contratar con el Estado

sólo pueden establecerse mediante ley o norma con rango de ley, sin que sea admisible su aplicación por analogía a supuestos que no hayan sido expresamente contemplados en la Ley.

• En este contexto, en el presente caso corresponde verificar si, al perfeccionarse

el Contrato, la Contratista tenía el impedimento que se le imputa. 8 Ello en concordancia con los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia regulados en el artículo 2 de la Ley, como se señala a continuación:

• Libertad de concurrencia. - Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos

de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

• Igualdad de trato. - Todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas,

encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas y, en consecuencia, el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica siempre que ese trato cuente con una justificación objetiva y razonable, favoreciendo el desarrollo de una competencia efectiva.

• Competencia. - Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de

competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

Configuración de la infracción.

• Teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde determinar si la Contratista

incurrió en la infracción prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, la cual, conforme ha sido señalado anteriormente, contempla dos requisitos de necesaria verificación para su configuración:

• Que, se haya perfeccionado el contrato con una Entidad del Estado (según

sea el caso, si ha suscrito un documento contractual con la Entidad o que haya recibido la orden de compra o de servicio); y ii) Que, al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el Contratista haya incurrido en alguno de los impedimentos establecidos en el

artículo 11 del TUO de la Ley.

Sobre el hecho de que se haya celebrado y/o perfeccionado la Orden de Servicio

• Teniendo en consideración lo anterior, en el presente caso, respecto del primer

requisito, en el expediente administrativo obra la copia de la Orden de Servicio, emitida por la Entidad a favor del Contratista, por el monto ascendente a S/ 4,500.00 (cuatro mil quinientos con 00/100 soles); al respecto, de la revisión del documento se advierte que no existe certeza que dicha Orden haya sido el documento que dio origen a la relación contractual, dado que, la misma hace referencia que fue emitida para el servicio especializado en administración correspondiente al mes de junio de 2023, sin embargo, el documento recién es emitido el 19 de junio de 2023; por lo cual, se advierte que al momento de la emisión de la Orden, la Proveedora ya se encontraba prestando el servicio descrito en la Orden; no siendo dicho documento el que dio origen a la relación contractual con la Entidad; conforme se advierte:

En tal sentido, se advierte que la Orden de Servicio se emitió posterior al inicio de la prestación por parte de la Contratista; por lo cual, no se puede considerar que dicho documento es el que dio inicio a la relación contractual entre la Entidad y la Contratista.

• En ese sentido, se desprende que la Orden de Servicio no es un elemento que

permita acreditar el inicio de la relación contractual entre la Entidad y la Contratista, por lo que, en estricto, dicha Orden de Servicio no constituye el vínculo contractual que originó la contratación que ha sido cuestionada, sino que aquel vínculo se produjo con anterioridad, en una oportunidad que no se conoce y que este Colegiado requiere determinar para hallar el momento de la comisión de la infracción, que se encuentra referido a contratar con el Estado estando impedido para ello.

• Estando a lo expuesto, en el expediente no obran elementos objetivos que

permitan identificar el documento que originó el vínculo contractual del cual deriva la contratación cuestionada en el presente procedimiento administrativo sancionador, ni la oportunidad en que se perfeccionó, elementos necesarios para determinar la responsabilidad por la infracción imputada.

• En ese sentido, en el presente caso, no se cuenta con elementos que acrediten

que se haya realizado una contratación con un proveedor impedido, por lo que no corresponde atribuirle responsabilidad por la comisión de la infracción imputada. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026 publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra la proveedora SILVIA

DEL PILAR SIPIÓN RIOJAS (con R.U.C. N° 10413999923), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado, estando inmersa en el supuesto de impedimento previsto en el literal h) en concordancia con el literal

• del numeral 11.1 del artículo 11 del Texto Único Ordenado de la ley N° 30225,

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019- EF, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio N° 3251 del 19 de junio de 2023, emitida por el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

• SEDE CENTRAL, por el concepto: “CCM- 4701, requerimiento de un profesional

administrativo, solicitado con Memo N° 1800-2023/; CON CCP 3781”; infracción tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del TUO de la Ley, por los fundamentos expuestos.

• Disponer el archivamiento del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.