Resolución N.° 9622-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) el vicio idenficado reviste carácter trascendente y no resulta suscepble de conservación, toda vez que se prescindió de una actuación expresamente prevista en el Reglamento para garanzar el debido procedimiento”. Lima, 5 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Exp. N° 7763/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo SEMISA E.I.R.L, en el marco de Comparación de Precios N° 001-2026-OC-MDC-1 convocado por la Municipalidad distrital de Calana, y; atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 15 de setiembre de 2026, la Municipalidad distrital de Calana en lo sucesivo la

Entidad, convocó Comparación de Precios N° 001-2026-OC-MDC-1, para la “contratación de bienes: adquisición de molino de grano y picadora de forraje para el plan de negocio denominado: “mejoramiento de la alimentación y productividad en la producción porcina en la asociación de pequeños pecuarios Mabel, distrito de Calana, provincia de Tacna y región Tacna”, con una cuantía de S/ 98,000.00 (noventa y ocho mil con 00/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 18 de se9embre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas.

Posteriormente, el 24 de se9embre del mismo año, se efectuó la evaluación y calificación de las ofertas y se no9ficó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Grupo Semisa E.I.R.L. (con R.U.C. N° 20610199012). Asimismo, el 16 de octubre de 2026, la En9dad publicó en el SEACE la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC, mediante la cual declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria.

• Mediante Escrito N° 1, presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa Grupo Semisa E.I.R.L., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC, mediante la cual la En9dad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, solicitando que: i) se declare fundado su recurso de apelación; ii) se revoque la citada resolución, dejándose sin efecto la nulidad de oficio declarada; y iii) se disponga que la En9dad con9núe con el trámite de perfeccionamiento del contrato, en su condición de adjudicatario de la buena pro consen9da; conforme a los siguientes fundamentos:

• El 24 de setiembre de 2026, el Oficial de Compra admitió y calificó las

dos ofertas presentadas, otorgándole la buena pro por el monto de S/ 98,000.00, la cual quedó consentida automáticamente el 2 de octubre de 2026, sin que su oferta hubiera sido objeto de observación alguna.

• Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC del

13 de octubre de 2026, publicada en la Ficha SEACE el 16 del mismo mes y año, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, bajo el argumento de que las especificaciones técnicas formuladas por el área usuaria presentaban deficiencias relacionadas con la capacidad de procesamiento y potencia de los equipos requeridos, disponiendo retrotraer el procedimiento hasta la convocatoria.

• La Entidad tenía conocimiento de las presuntas deficiencias desde el 17

de setiembre de 2026, fecha en la que recibió el Informe N° 146-2026- GYAT-ODEL-GM-MDC/TACNA, mediante el cual el área usuaria solicitó la anulación del Cuadro de Necesidades Nº 00001402. No obstante, permitió que el procedimiento continuara hasta el otorgamiento y consentimiento de la buena pro.

• Añade que la Unidad de Logística, mediante los Informes Nº 304-2026-

MDC-UL/MDC y Nº 311-2026-MDC-UL/MPQ, del 21 y 24 de setiembre de 2026, respectivamente, se pronunció en contra de la anulación del procedimiento, señalando que, una vez publicada la convocatoria, el requerimiento formaba parte de las reglas definitivas y que no se configuraban los supuestos para su anulación o suspensión. Respecto de la vulneración del derecho de defensa y del debido procedimiento

• La Entidad declaró la nulidad de oficio sin haberle corrido traslado

previo de los presuntos vicios advertidos ni otorgarle un plazo para formular sus descargos, pese a que contaba con una buena pro consentida. Invoca el numeral 202.2 del artículo 202 del TUO de la LPAG, así como el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, que establece la obligación de correr traslado a las partes cuando se adviertan posibles vicios de nulidad.

• En ese sentido, cita las Resoluciones Nº 01855-2026-TCP-S3 y Nº 5353-

2026-TCP-S3, mediante las cuales, según refiere, el Tribunal habría reconocido que la omisión del traslado previo constituye un vicio procedimental trascendente que afecta el derecho de defensa, incluso cuando la nulidad se declara antes del perfeccionamiento del contrato. Precisa que, al contar con una buena pro consentida, su situación jurídica se encontraba especialmente protegida. Respecto de la falta de motivación de la resolución recurrida

• La Entidad no expuso de manera suficiente las razones que justificaban

la nulidad declarada, vulnerando lo dispuesto en el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, cuestiona que los informes técnicos y legales invocados como sustento de la decisión no hayan sido publicados ni notificados conjuntamente con la resolución, impidiéndole conocer íntegramente los fundamentos de la decisión adoptada.

• Añade que el Informe Legal Nº 155-2026-EPC-GAJ-MDC contendría una

contradicción, pues, por un lado, señala que los errores cometidos por el área usuaria no afectarían la finalidad de la contratación y, por otro, concluye que corresponde declarar la nulidad por tratarse de un vicio trascendente. A su criterio, dicha contradicción evidencia una motivación insuficiente, que no puede ser subsanada posteriormente mediante argumentos que no fueron debidamente incorporados en la resolución impugnada. Respecto de la conservación de los actos

• La Entidad no evaluó la posibilidad de conservar las actuaciones del

procedimiento ni justificó por qué los vicios advertidos no podían ser subsanados. Invoca el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, señalando que la declaración de nulidad procede cuando no resulta posible conservar el acto.

• Asimismo, refiere que el numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley

contempla la posibilidad de autorizar el perfeccionamiento del contrato, previo análisis costo-beneficio y con sustento técnico y legal, ante determinados vicios advertidos. Sin embargo, cuestiona que la Entidad no haya evaluado dicha alternativa, pese a que su oferta correspondía al monto de S/ 98,000.00, sin generar un sobrecosto para la contratación.

• Añade que la resolución recurrida tampoco dispuso el inicio del deslinde

de responsabilidades, conforme a lo previsto en el numeral 70.3 del

artículo 70 de la Ley, pese a que los presuntos defectos advertidos serían

atribuibles a la propia Entidad. Respecto de la responsabilidad de la Entidad y la presunta afectación a la concurrencia

• Las deficiencias de las especificaciones técnicas fueron originadas por el

área usuaria, mientras que su representada se limitó a formular su oferta conforme a las bases del procedimiento, actuando de buena fe y obteniendo la buena pro sin observaciones.

• Finalmente, cuestiona que la Entidad haya sustentado la nulidad en la

necesidad de garantizar un procedimiento transparente y competitivo, toda vez que participaron tres proveedores registrados y se presentaron dos ofertas que cumplieron los requisitos de calificación, satisfaciéndose, según refiere, la concurrencia mínima exigida por el numeral 98.1 del artículo 98 del Reglamento. En ese sentido, considera que no existe una afectación a la concurrencia que justifique retrotraer el procedimiento y que la Entidad no puede invocar sus propias deficiencias para desconocer los efectos de una buena pro consentida.

• Con decreto del 21 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 28 de octubre de 2026 a las 9:00 a.m. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento.

De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Quinta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• A través del Escrito N° 1, presentado el 26 de octubre de 2026 en la ficha del

procedimiento de selección del SEACE, la En9dad remi9ó su absolución al recurso de apelación, solicitando que se declare infundado en todos sus extremos y se confirme la validez de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC, conforme a los siguientes fundamentos:

• La declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección se

encuentra sustentada en el literal b) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, que faculta a la autoridad de la gestión administrativa a declarar la nulidad, luego del otorgamiento de la buena pro, cuando se advierta un vicio trascendente que pueda afectar la finalidad de la contratación.

• Mediante Informe Nº 156-2026-GYAT-ODEL-GM-MDC/TACNA, se

identificaron deficiencias técnicas estructurales en las especificaciones de los bienes requeridos, relacionadas con el caballaje, la potencia y la capacidad operativa de los equipos, las cuales impedirían satisfacer la finalidad pública del Plan de Negocio PROCOMPITE denominado «Mejoramiento de la alimentación y productividad en la producción porcina en la Asociación de Pequeños Pecuarios Mabel», del distrito de Calana, provincia y departamento de Tacna.

• Manifiesta que continuar con la contratación de bienes que no

cumplirían las condiciones técnicas necesarias para su funcionamiento afectaría los principios de valor por dinero y eficiencia, además de generar un perjuicio económico a la Entidad y a los beneficiarios del referido plan de negocio. Por ello, considera que la nulidad constituye un mecanismo legal para corregir las deficiencias advertidas antes del perfeccionamiento del contrato. Respecto de la omisión del traslado previo

• Si bien el debido procedimiento constituye una garantía de observancia

general, en el presente caso debe prevalecer la protección de la finalidad pública de la contratación, toda vez que las deficiencias advertidas serían trascendentes e insubsanables.

• Invoca el numeral 14.2.4 del artículo 14 del TUO de la LPAG, referido a

la conservación del acto administrativo cuando resulte indudable que este habría tenido el mismo contenido de no haberse producido el vicio. En ese sentido, considera que, aun cuando se hubiera corrido traslado previo al Impugnante, la decisión de declarar la nulidad habría sido la misma, por lo que dicha omisión constituiría una irregularidad no trascendente que no justificaría dejar sin efecto la resolución recurrida.

• Añade que la resolución fue notificada mediante la PLADICOP, conforme

a lo dispuesto en el numeral 257.1 del artículo 257 del Reglamento, y que el derecho de defensa del Impugnante no habría sido vulnerado, toda vez que este pudo interponer el recurso de apelación correspondiente. Respecto de la motivación de la resolución impugnada

• La Resolución de Gerencia Municipal Nº 072-2026-GM/MDC cumple con

las exigencias previstas en el TUO de la LPAG, al encontrarse sustentada mediante motivación por remisión a los informes técnicos y legales que forman parte del expediente administrativo.

• Precisa que la resolución identifica los fundamentos y conclusiones del

Informe Técnico Nº 156-2026-GYAT-ODEL-GM-MDC/TACNA, del Informe Técnico Nº 346-2026-MDC-UL/MPQ y del Informe Legal Nº 155- 2026-EPC-GAJ-MDC, los cuales sustentarían las deficiencias técnicas advertidas y la necesidad de declarar la nulidad del procedimiento. Asimismo, señala que dichos documentos se encontraban a disposición en el expediente administrativo. Respecto de la conservación del acto y el análisis costo-beneficio,

• La irregularidad identificada no constituye un defecto formal o

subsanable, sino una deficiencia estructural de las especificaciones técnicas del requerimiento, que impediría que los bienes satisfagan la finalidad pública de la contratación.

• En ese sentido, considera que la posibilidad de autorizar el

perfeccionamiento del contrato mediante un análisis costo-beneficio, prevista en el tercer párrafo del literal b) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, no resulta aplicable al presente caso, al tratarse, según sostiene, de un vicio trascendente que compromete la utilidad de los bienes requeridos. Añade que continuar con la contratación generaría un gasto público sin beneficio efectivo para los destinatarios del programa. Respecto de la responsabilidad por los vicios advertidos

• El hecho de que las deficiencias técnicas sean atribuibles a la propia

Entidad no impide declarar la nulidad de oficio, toda vez que dicha potestad tiene por finalidad restablecer la legalidad y evitar que se consoliden actuaciones contrarias al interés público.

• Finalmente, respecto del argumento del Impugnante referido a que se

habría cumplido con la concurrencia mínima exigida por el Reglamento, señala que la concurrencia y la competencia no deben evaluarse únicamente en función del número de postores participantes, sino también considerando la claridad, calidad e idoneidad de las especificaciones técnicas que regulan el procedimiento de selección. Por tanto, solicita que se declare infundado el recurso de apelación y se confirme la resolución recurrida.

• Mediante escrito s/n presentada el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, la Entidad designó a su representante para hacer uso de la palabra en la audiencia pública.

• El 28 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

del Impugnante y la Entidad.

• Con decreto del 29 de octubre de 2026, habiéndose llevado a cabo la audiencia

pública y considerando que no resultaba necesario requerir información adicional, se declaró el expediente listo para resolver, de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del arMculo 311 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas.

III. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo el ámbito normativo de la Ley y el Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables al presente análisis.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:

• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuan<a (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT)1 Con independencia de la cuanMa del procedimiento de selección compe99vo, la declaración de nulidad de oficio es impugnada ante el Tribunal. Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 El recurso de apelación se dirige contra la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección con posteridad al Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento.

otorgamiento de la buena pro. Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC, fue notificada el 13 de octubre de 2026, por lo que el plazo para presentar el recurso de apelación vencía el 20 de octubre del mismo año. Así, el recurso se presentó en el plazo, el 20 de octubre de 2026, respectivamente, en la Mesa de Partes del Tribunal. Sí Iden?ficación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por la titular gerente, la señora Sandra Yahamira Gonzales Arapa. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g ) El proveedor impugna la buena pro sin cues9onar su propia no admisión/descalificación. El Impugnante obtuvo la buena pro del procedimiento de selección; sin embargo, con posterioridad a su otorgamiento, se declaró de oficio la nulidad del procedimiento. No aplica Legi?midad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. Si bien el Impugnante obtuvo la buena pro del procedimiento de selección, posteriormente la Entidad declaró de oficio su nulidad, decisión que constituye el objeto de impugnación. En ese sentido, cuenta con legitimidad procesal para cuestionar dicho acto, al afectar directamente su interés legítimo derivado del otorgamiento de la buena pro. No aplica Conexión lógica y pe?torio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el pe9torio. Sí existe coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legi9midad procesal. La decisión de la Entidad de declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección causa agravio al Impugnante, toda vez que dejó sin efecto el otorgamiento de la buena pro a su favor. En consecuencia, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar, al cuestionar una decisión que afecta directamente su situación jurídica como adjudicatario. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

El Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:

• Se deje sin efecto la nulidad de oficio dispuesta por la Entidad respecto del

procedimiento de selección, así como las actuaciones posteriores a dicho acto.

• Se continúe con el trámite de perfeccionamiento del contrato a favor del

impugnante, en su condición de adjudicatario de la buena pro consentida. Cabe indicar que ninguno de los otros postores se apersonó a esta instancia.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento.

Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En atención a ello, y considerando que la controversia se centra en la legalidad de la nulidad de oficio dispuesta por la Entidad, corresponde delimitar el análisis a los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante respecto de dicho acto y de las consecuencias que de él se derivaron. En el marco de lo indicado, el único punto controvertido consiste en determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072- 2026-GM/MDC, del 13 de octubre de 2026, mediante la cual la En9dad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo a la etapa de convocatoria; y, en consecuencia, si corresponde disponer la con9nuación del trámite de perfeccionamiento del contrato a favor del Impugnante, en su condición de adjudicatario de la buena pro consen9da.

• ANÁLISIS DEL PUNTO CONTROVERTIDO:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis del único punto controvertido planteado en el presente procedimiento de impugnación. Único punto controvertido: Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC, del 13 de octubre de 2026, mediante la cual la En?dad declaró de oficio la nulidad del procedimiento de selección y dispuso retrotraerlo a la etapa de convocatoria; y, en consecuencia, si corresponde disponer la con?nuación del trámite de perfeccionamiento del contrato a favor del Impugnante, en su condición de adjudicatario de la buena pro consen?da.

• En su recurso de apelación, el Impugnante cuestiona la nulidad de oficio del

procedimiento de selección dispuesta por la Entidad mediante la Resolución de Gerencia Municipal Nº 072-2026-GM/MDC, del 13 de octubre de 2026, alegando que dicha decisión vulneró su derecho al debido procedimiento administrativo, al no habérsele comunicado previamente los presuntos vicios que sustentaron la declaratoria de nulidad, impidiéndole ejercer oportunamente su derecho de defensa. Asimismo, cuestiona la falta de motivación de la resolución impugnada y la omisión de evaluar la conservación de las actuaciones del procedimiento, pese a contar con la buena pro consentida, conforme a los argumentos expuestos en los antecedentes de la presente resolución.

• Ahora bien, de la revisión de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 072-2026-

GM/MDC, del 13 de octubre de 2026, se advierte que la Entidad sustentó la declaración de nulidad de oficio del procedimiento de selección en las deficiencias identificadas en las especificaciones técnicas formuladas por el área usuaria, relacionadas principalmente con la capacidad de procesamiento, potencia y condiciones de operación de los equipos requeridos para la adquisición de un molino de grano y una picadora de forraje, las cuales no responderían a las necesidades operativas reales previstas en el Plan de Negocio PROCOMPITE. En ese sentido, mediante la citada resolución, la Entidad declaró la nulidad de oficio del procedimiento de selección, al considerar que las deficiencias advertidas en la formulación del requerimiento constituían un vicio trascendente que afectaba la finalidad de la contratación, de conformidad con el literal b) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley Nº 32069. En consecuencia, dispuso retrotraer el procedimiento hasta la etapa de convocatoria, a efectos de que el área usuaria reformule las especificaciones técnicas en concordancia con las necesidades de la contratación, conforme se muestra a continuación:

• A efectos de resolver la controversia, debe tenerse presente que el artículo 70 de

la Ley regula la nulidad de los actos expedidos durante el procedimiento de selección. Así, el numeral 70.1 contempla, entre otros supuestos, los actos emitidos por órgano incompetente, aquellos que contravengan normas legales o que prescindan de normas esenciales del procedimiento.

• En concordancia con ello, el literal e) del artículo 19 del Reglamento atribuye a la

autoridad de la gestión administrativa la facultad de declarar la nulidad de los procedimientos de selección. En tanto que, el numeral 313.2 del artículo 313 establece que, cuando dicha autoridad advierta posibles vicios de nulidad durante la fase de selección, debe correr traslado a las partes para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles.

• Sobre el par9cular, corresponde precisar que el traslado previo cons9tuye una

garanMa del debido procedimiento, reconocido en el numeral 1.2 del arMculo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, que comprende el derecho de los administrados a exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas, así como obtener una decisión debidamente mo9vada. Asimismo, el numeral 5 del arMculo 3 del citado cuerpo norma9vo establece, como requisito de validez del acto administra9vo, su emisión conforme al procedimiento regular.

• Por su parte, la En9dad sos9ene que la nulidad declarada se encuentra jus9ficada

en las deficiencias técnicas adver9das en las especificaciones de los bienes requeridos, las cuales comprometerían la finalidad pública de la contratación. Respecto de la omisión del traslado previo, considera que dicha irregularidad no reviste carácter trascendente, puesto que la decisión habría sido la misma aun cuando se hubiera otorgado al Impugnante la oportunidad de formular sus descargos. Añade que su derecho de defensa no fue vulnerado, toda vez que la resolución fue no9ficada y pudo interponer el presente recurso de apelación, por lo que solicita que se declare infundado.

• Al respecto, los argumentos expuestos por la En9dad no desvirtúan la irregularidad

adver9da en la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal Nº 072-2026- GM/MDC. En ese sen9do, el traslado previo previsto en el numeral 313.2 del arMculo 313 del Reglamento cons9tuye una actuación obligatoria, cuya finalidad es garan9zar que los par9cipantes puedan pronunciarse sobre los posibles vicios iden9ficados antes de que la autoridad competente adopte una decisión que afecte su situación jurídica. En el presente caso, dicha garantía adquiere especial relevancia, considerando que el Impugnante contaba con la buena pro consentida, la cual fue dejada sin efecto mediante la resolución cuestionada, sin habérsele otorgado previamente la oportunidad de formular sus argumentos respecto de las deficiencias técnicas invocadas por la Entidad. En ese sentido, la posterior notificación de la resolución impugnada y la interposición del recurso de apelación no subsanan la omisión advertida, puesto que el ejercicio del derecho de defensa debía garantizarse antes de la emisión del acto administrativo, de manera que los argumentos de los participantes pudieran ser valorados al momento de adoptar la decisión correspondiente.

• Asimismo, no resulta amparable el argumento de la En9dad referido a que la

omisión del traslado previo cons9tuye una irregularidad no trascendente, suscep9ble de conservación conforme al arMculo 14 del TUO de la LPAG, debido a que la decisión adoptada habría sido la misma. Al respecto, el numeral 14.2.3 del citado arMculo contempla la conservación del acto ante la infracción de formalidades no esenciales, siempre que su correcta realización no hubiera impedido o cambiado el sen9do de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. Sin embargo, en el presente caso, la omisión adver9da incidió directamente en el ejercicio del derecho de defensa del Impugnante y de los demás par9cipantes, al impedirles pronunciarse oportunamente sobre los presuntos vicios que sustentaron la declaratoria de nulidad. Por tanto, el vicio iden?ficado reviste carácter trascendente y no resulta suscep?ble de conservación, toda vez que se prescindió de una actuación expresamente prevista en el Reglamento para garan9zar el debido procedimiento.

• En consecuencia, este Colegiado concluye que la Resolución de Gerencia Municipal

Nº 072-2026-GM/MDC del 13 de octubre de 2026, fue emi9da prescindiendo del traslado previo establecido en el numeral 313.2 del arMculo 313 del Reglamento, vulnerando el derecho al debido procedimiento del Impugnante. Dicha irregularidad configura un vicio de nulidad conforme a los numerales 1 y 2 del arMculo 10 del TUO de la LPAG, al contravenir las disposiciones reglamentarias aplicables y afectar uno de los requisitos de validez del acto administra9vo, referido al procedimiento regular.

• En ese sen9do, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, al haberse

acreditado un vicio trascendente que impide su conservación.

Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde precisar que la presente decisión se sustenta en la vulneración del debido procedimiento durante la emisión de la resolución impugnada, por lo que no implica un pronunciamiento definitivo respecto de las deficiencias técnicas advertidas en las especificaciones de los bienes requeridos. En tal sentido, la Entidad conserva la facultad de evaluar los posibles vicios identificados en el requerimiento, debiendo, para tal efecto, observar el procedimiento previsto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, correr traslado a los participantes y valorar los argumentos que estos formulen antes de adoptar una nueva decisión debidamente motivada. Asimismo, deberá considerar las disposiciones relativas a la conservación de los actos administrativos, cuando corresponda, así como las reglas aplicables a la nulidad de oficio previstas en el artículo 70 de la Ley.

• Por lo expuesto, corresponde declarar fundado el recurso de apelación

interpuesto por la empresa Grupo Semisa E.I.R.L. y, en consecuencia, declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC del 13 de octubre de 2026, debiendo la En9dad con9nuar con las actuaciones correspondientes al perfeccionamiento del contrato, en atención a la buena pro consen9da a favor del Impugnante. Ello, sin perjuicio de que, si la En9dad considera que subsisten posibles vicios, deberá efectuar previamente el traslado correspondiente a los par9cipantes, otorgándoles el plazo previsto en el numeral 313.2 del arMculo 313 del Reglamento y, una vez recibidos sus pronunciamientos o vencido dicho plazo, adoptar la decisión que corresponda, debidamente mo9vada y con observancia de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables

• Asimismo, conforme al numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, la nulidad

alcanza a las actuaciones posteriores que dependan directamente del acto invalidado, por lo que quedan comprendidas aquellas actuaciones que tengan como sustento la Resolución de Gerencia Municipal Nº 072-2026-GM/MDC.

• Finalmente, corresponde poner la presente resolución en conocimiento del titular

de la Entidad, a fin de que adopte las medidas pertinentes para garantizar que las actuaciones posteriores se desarrollen con estricta observancia de la normativa de contratación pública y del debido procedimiento, evitando dilaciones innecesarias que puedan afectar la atención oportuna de la necesidad pública objeto de la contratación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe de la vocal ponente Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y, la intervención de los vocales Christian César Chocano Davis y Jorge Alfredo Quispe Crovetto, según el rol de turnos de vocales vigente; atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 20225 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Grupo Semisa E.I.R.L.,

contra la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC del 13 de octubre de 2026, por los fundamentos expuestos. En consecuencia, corresponde: 1.1 Declarar la nulidad de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026- GM/MDC del 13 de octubre de 2026, mediante la cual se declaró la nulidad de oficio de la Comparación de Precios N° 001-2026-OC-MDC-1. 1.2 Retrotraer el procedimiento de selección hasta el momento anterior a la emisión de la Resolución de Gerencia Municipal N° 072-2026-GM/MDC del 13 de octubre de 2026, debiendo la Entidad continuar con el perfeccionamiento del contrato. Sin perjuicio de ello, en caso la Entidad advierta la subsistencia de posibles vicios de nulidad, deberá observar previamente el procedimiento previsto en el numeral 313.2 del artículo 313 del Reglamento, garantizando el derecho de las partes a formular sus descargos antes de adoptar la decisión que corresponda.

• Devolver la garantía presentada por el Grupo Semisa E.I.R.L., para la interposición

de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del titular de la Municipalidad

distrital de Calana, a fin de que adopte las acciones de su competencia, de conformidad con lo señalado en la fundamentación.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.
• Disponer que la En9dad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Direc9va N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE ALFREDO QUISPE CROVETTO

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Quispe Crovetto.