Resolución N.° 9620-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) de conformidad con lo establecido en el arculo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del arculo 313 del Reglamento, así como con la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del arculo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administra(vo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JU S, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección”. Lima, 5 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Exp. N° 7523/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por la empresa JLA Ingeniería Y Construcción S.A.C. (con R.U.C. Nº 20601118522), en el marco del Concurso Público de Servicios Nº 3-2026- ADINELSA convocado por la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A, y; atendiendo a lo siguiente;

• ANTECEDENTES:
• El 21 de agosto de 2026, la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica

S.A., en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público de Servicios Nº 3- 2026-ADINELSA, para la contratación del “Servicio de implementación de vigas de protección y muro de gaviones para canal de la CH Santa Leonor”, con una cuantía de S/ 720,000.00 (setecientos veinte mil con 00/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 22 de se9embre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas.

Posteriormente, el 28 del mismo mes y año, se efectuó la evaluación y calificación de las ofertas y se no9ficó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor Consorcio Lude conformado por las empresas Contra9stas Generales Lude E.I.R.L. (R.U.C Nº 20606535270) y la empresa Project Services H&G S.A.C. (R.U.C Nº 20494784450), en adelante el Consorcio Adjudicatario, conforme a los siguientes resultados:

Postor Etapas Buena Pro Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje Total Orden de Prelación Consorcio Lude, conformado por: Contratistas Generales Lude E.I.R.L. y la empresa Project Services H&G S.A.C. Admitida Calificada 640,800.00 100.00 1 sí JLA Ingeniería y Construcción S.A.C Admitida Calificada 698,959.73 97.50 2 NO Constructora Torre Viales S.A.C Admitida Descalificada - - - NO Consorcio Hidrika Admitida Descalificada - - - NO

• Mediante escrito s/n, presentado el 9 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante, el Tribunal, la empresa JLA Ingeniería Y Construcción S.A.C. (con R.U.C. Nº 20601118522), en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección , solicitando que: i) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario; ii) se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique esta a su favor al considerar que ocupa un mejor orden de prelación; y iii) se disponga la devolución de la garanDa presentada por la interposición del recurso de apelación; conforme a los siguientes fundamentos: Respecto de los cuestionamientos formulados contra la oferta del Consorcio Adjudicatario

• El Consorcio Adjudicatario propuso al ingeniero Raúl Laurente Misarayme como

Responsable del Servicio, declarando una experiencia acumulada de siete (7) años, un (1) mes y diecinueve (19) días, sustentada en nueve certificados y/o constancias de trabajo. Sin embargo, cuestiona la validez de la experiencia Nº 03, acreditada mediante un certificado emitido por el Consorcio Ares, correspondiente al periodo del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019, por un total de 299 días calendario.

• Sostiene que, de la revisión de la información registrada en el sistema INFOBRAS,

correspondiente a la obra de recuperación y rehabilitación del camino vecinal de Trajin–Ccarhuaccocco–Iglesia Huasi, en el distrito de Paras, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, se advierte que su ejecución estuvo suspendida del 8 de noviembre al 2 de diciembre de 2019, periodo que no habría sido considerado en el certificado presentado.

• En ese sentido, alega que el documento contiene información inexacta al

consignar un periodo continuo de experiencia que comprendería un intervalo de suspensión de la obra. Invoca las Resoluciones Nº 05398-2026-TCP-S6 y Nº

04538-2026-TCP-S6.

• Indica que el Adjudicatario propuso a la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris

para el cargo de Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente, declarando una experiencia acumulada de un (1) año y veintiún (21) días, sustentada en tres certificados y/o constancias de trabajo, cuya validez cuestiona.

• Respecto de la experiencia Nº 1, señala que el certificado emitido por el

Consorcio Vial Villasól acredita labores del 18 de marzo al 6 de septiembre de 2024, por 172 días calendario, en la obra de mejoramiento del camino vecinal entre los sectores Villa Sol y Nuevo Paraíso, en el distrito de Villa Kintiarina, provincia de La Convención, departamento de Cusco. Sin embargo, sostiene que el acta de recepción de la obra evidencia dos periodos de suspensión, del 6 de junio al 8 de julio de 2024 y del 12 al 20 de agosto de 2024, los cuales no fueron descontados del periodo consignado en el certificado.

• En cuanto a la experiencia Nº 2, cuestiona el certificado emitido por el Consorcio

Chaupimayo, correspondiente a los periodos del 14 de mayo al 30 de junio de 2025 y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025, por un total de 87 días calendario, en la obra de renovación del puente Chaupimayo, distrito de Anco, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho. Al respecto, señala que la Resolución de Alcaldía Nº 053-2026-MDA.LM/A evidencia una suspensión de la obra del 1 de junio al 16 de julio de 2025, periodo que se superpone parcialmente con la experiencia declarada. Por tanto, solicita la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Además, cuestiona que el Consorcio Adjudicatario haya presentado un contrato

de colaboración empresarial para acreditar la experiencia derivada de una contratación ejecutada en consorcio, en lugar de la promesa de consorcio o el contrato de consorcio exigidos en las bases integradas.

• Señala que el contrato de colaboración empresarial presentado por el

Adjudicatario constituye un documento distinto de los previstos en las bases integradas, por lo que no resultaría idóneo para acreditar el porcentaje de obligaciones asumidas en la contratación cuya experiencia pretende hacer valer.

• Considera que la experiencia presentada por el Adjudicatario no debe ser

computada, al no haberse acreditado conforme a las exigencias de las bases integradas. En consecuencia, solicita que se descalifique su oferta por incumplir el requisito de calificación referido a la experiencia del postor en la especialidad y se revoque el otorgamiento de la buena pro.

• Con decreto del 12 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 19 de octubre de 2026 a las 16:30 horas. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• Mediante Carta Nº 203-2026-DLOG-GAF-ADINELSA, presentada el 14 de octubre

de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad comunicó que había advertido inconvenientes para acceder al escrito íntegro del recurso de apelación interpuesto por el Adjudicatario.

• Con decreto del 14 de octubre de 2026, atendiendo a lo solicitado por la Cuarta

Sala del Tribunal a través del Memorando Nº D000090-2026-OECE-TCP, se dispuso dejar sin efecto el decreto de remisión del expediente a Sala y de programación de audiencia pública.

• Mediante decreto del 15 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 21 de octubre de 2026 a las 16:30 horas. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• A través de escrito s/n presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Impugnante acreditó a su representante legal para hacer uso de la palabra en audiencia pública.

• A través del escrito Nº 1, presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario absolvió el recurso de apelación, solicitando que se declare infundado y se confirme la calificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, manifestando principalmente lo siguiente:

• Sostiene que la suspensión del plazo de ejecución de una obra no implica

necesariamente el cese de las funciones del residente, pues durante dicho periodo pueden mantenerse obligaciones técnicas y administrativas vinculadas con la supervisión de los frentes de trabajo, elaboración de documentación y demás actividades propias del cargo.

• Refiere que el Consorcio Ares, en su condición de empleador, ratificó la

prestación efectiva de los servicios durante el periodo consignado en el certificado. Asimismo, señala que la Municipalidad Distrital de Paras, mediante Carta N° 066-2026-MDP-GIDUR/AMO-G, confirmó que el referido profesional desempeñó las funciones de residente de obra en las fechas indicadas.

• En ese sentido, considera que no existen elementos objetivos que permitan

determinar la presentación de información inexacta, dado que tanto el empleador como la Entidad contratante han confirmado la prestación de los servicios. Por ello, solicita desestimar el cuestionamiento y mantener la validez de la experiencia acreditada.

• Además, respecto de la experiencia de la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua

Auris, reitera que la suspensión del plazo de ejecución contractual no determina necesariamente la paralización de las labores del personal encargado de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, toda vez que subsisten obligaciones preventivas y ambientales durante dichos periodos.

• Precisa que, conforme a la Ley Nº 29783 y la Norma Técnica G.050, las

actividades de seguridad y prevención pueden continuar durante las suspensiones de obra, comprendiendo la inspección de señalización, supervisión de riesgos, mantenimiento de condiciones de seguridad y elaboración de informes de contingencia.

• Añade que el Consorcio Vial Villasol, a través de su representante, ratificó

expresamente la veracidad de la constancia y confirmó que la profesional prestó servicios de manera continua durante el periodo certificado, incluso durante las suspensiones, realizando actividades de supervisión del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente, monitoreo preventivo y control ambiental.

• Por consiguiente, sostiene que la existencia de periodos de suspensión

registrados en INFOBRAS no constituye, por sí sola, prueba suficiente de información inexacta, por lo que solicita mantener la validez de la experiencia acreditada y desestimar la descalificación de su oferta.

• Por otro lado, respecto del certificado de trabajo emitido por el Consorcio

Chaupimayo, de fecha 7 de noviembre de 2025, señala que el cuestionamiento se sustenta únicamente en la discrepancia entre el periodo consignado en el certificado y el cronograma de ejecución física de la obra, sin que ello demuestre necesariamente que la profesional hubiera dejado de prestar servicios durante la suspensión contractual.

• En consecuencia, considera que dicha circunstancia no resulta suficiente para

determinar que el certificado contiene información inexacta.

• Finalmente, señala que la experiencia presentada por el Consorcio

Adjudicatario es válida. Respecto a la oferta presentada por el Impugnante

• Cuestiona la experiencia del personal clave Gustavo Felipe Vega Mez, ya que

el certificado referido a la reparación y mantenimiento de cámara de carga no permite acreditar experiencia en obras civiles hidráulicas, dado que no precisa la naturaleza de las actividades ejecutadas. Asimismo, cuestiona que se consignen tres actividades dentro de un periodo global comprendido entre 2012 y 2015, sin individualizar las fechas correspondientes a cada una, lo que impide determinar el tiempo efectivamente laborado. Al respecto, invoca la Resolución N° 008850-2026/TCP-S4.

• Cuestiona la Orden de Servicio N.º 18100198 y la Constancia de Prestación N°

0059-2024-ADINELSA, debido a que esta última no consigna expresamente la fecha de culminación del servicio.

• Considera que la documentación presentada resulta insuficiente para

acreditar la experiencia exigida. Asimismo, efectúa un recálculo de los certificados obrantes en los folios 121, 128, 129, 130, 131, 132 y 133, obteniendo un total de 1,232 días calendario, equivalentes aproximadamente a 3.38 años, por lo que sostiene que correspondería asignar 10 puntos en el factor B.1 «Experiencia adicional del personal clave» y un puntaje total de 70 puntos al Impugnante, sujeto a la validación de las experiencias computadas.

• Cuestiona el certificado obrante en el folio 130 de la oferta, emitido por JLA

Ingeniería y Construcción S.A.C. a favor del ingeniero Gustavo Felipe Vega Meza, correspondiente al servicio de protección y estabilización de taludes en la C.H. Gorgor, ejecutado entre el 15 de septiembre y el 29 de octubre de 2021, por presunta información inexacta. Al respecto, señala que solicitó a ADINELSA efectuar la fiscalización posterior de dicho documento, encontrándose pendiente de respuesta bajo el expediente E012607999.

• Además, cuestiona el certificado obrante en el folio 132, correspondiente al

servicio de ejecución del Plan de Abandono de la C.H. Marcabamba, por el periodo del 4 de febrero al 4 de mayo de 2023 por presunta información inexacta, respecto del cual también solicitó a ADINELSA realizar la fiscalización posterior, sin haber obtenido respuesta a la fecha de presentación de su escrito.

• A través de la documentación presentada el 20 de octubre de 2026 en la ficha

SEACE (PLADICOP) del procedimiento de selección, la En9dad se pronunció sobre el recurso de apelación, adjuntando el Informe Nº 001-COMITE-CP-03-2026- ADINELSA-1 emi9do por el comité, así como la documentación recabada en las actuaciones de verificación, manifestando principalmente lo siguiente:

• Señala que la existencia de periodos de suspensión del plazo de ejecución de una

obra no acredita, por sí sola, que los profesionales hayan dejado de prestar servicios durante dichos intervalos, toda vez que pueden subsistir actividades técnicas, administrativas, preventivas y de gestión contractual. En ese sentido, considera necesario evaluar conjuntamente los certificados, las actas de suspensión y los demás medios probatorios disponibles.

• De la experiencia Nº 3 del ingeniero Raúl Laurente Misarayme, precisa que el

Impugnante consignó erróneamente el año 2024 al identificar el periodo certificado, cuando la documentación presentada por el Adjudicatario acredita servicios del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019. Asimismo, reconoce que la obra registró una suspensión del 8 de noviembre al 2 de diciembre de 2019; sin embargo, sostiene que dicha circunstancia no demuestra necesariamente el cese de las funciones del profesional.

• Durante una suspensión, pueden mantenerse labores de gestión contractual,

custodia, coordinación y demás actividades necesarias para la conservación o reanudación de la prestación. Por ello, considera que no corresponde descalificar automáticamente la oferta sin determinar previamente si el profesional cumplió efectivamente las funciones declaradas.

• En cuanto a la experiencia Nº 1 de la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris,

señala corresponde verificar si la profesional continuó desarrollando actividades vinculadas con su especialidad durante intervalos de suspensión, sin presumir automáticamente la existencia de información inexacta.

• Respecto de la experiencia Nº 02 de la misma profesional, precisa que el

certificado emitido por el Consorcio Chaupimayo distingue expresamente dos periodos de prestación de servicios, del 14 de mayo al 30 de junio de 2025 y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025, circunstancia que considera relevante para evaluar el cuestionamiento relacionado con la suspensión de la obra.

• Asimismo, informa que el Departamento de Logística de ADINELSA efectuó

actuaciones de verificación ante la Municipalidad Distrital de Anco-La Mar, la cual, mediante Carta Nº 042-2026-MDA-LM-GDURI/JFAA-G de fecha 15 de octubre de 2026, confirmó la participación de la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris en la obra de renovación del puente Chaupimayo, durante los periodos consultados, sustentándose en los antecedentes documentarios e informes de seguridad y salud obrantes en sus archivos.

• Por otro lado, precisa que el Consorcio Adjudicatario adjuntó el documento

denominado «Contrato de Colaboración Empresarial» de fecha 4 de noviembre de 2023, así como la conformidad del servicio, la resolución de aprobación de la liquidación contractual y el Anexo Nº 11, en el cual declaró una experiencia de S/ 1 752 640.00, equivalente al 50 % del monto contractual.

• Sobre el cuestionamiento referido a que el documento presentado no constituye

una promesa formal o contrato de consorcio, sostiene que su evaluación no debe limitarse a la denominación del instrumento, sino comprender su contenido y las obligaciones asumidas por las partes.

• Al respecto, refiere que el documento identifica a las empresas integrantes del

Consorcio Tambo, establece su participación conjunta en la contratación pública y contiene estipulaciones sobre representación, administración, ejecución y responsabilidades contractuales. Asimismo, señala que su cláusula séptima establece una participación del 50 % para cada integrante, mientras que la cláusula décima tercera identifica las obligaciones de ejecución del servicio a cargo de Project Services H & G S.A.C.

• En ese sentido, considera que el instrumento presentado contiene elementos

que permitirían determinar la participación del integrante cuya experiencia se pretende acreditar, por lo que no correspondería desconocerla únicamente por la denominación «Contrato de Colaboración Empresarial».

• Finalmente, solicita que el recurso de apelación sea declarado infundado,

siempre que de la evaluación de la documentación presentada se confirme el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas.

• Con decreto del 21 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Consorcio

Impugnante, en calidad de tercero administrado, y por absuelto el traslado del recurso de apelación. Asimismo, se dejó a consideración de la Sala su reserva de ampliar argumentos y se precisó que las no9ficaciones de los actos emi9dos en el presente procedimiento se efectúan a través del SEACE-PLADICOP.

• El 21 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública, con la par9cipación

del Consorcio Adjudicatario y del Impugnante.

• Con decreto del 21 de octubre del 2026 a fin que la Cuarta Sala del Tribunal tenga

mayores elementos al momento de resolver el recurso de apelación, se requirió lo siguiente: “A LA ENTIDAD, AL IMPUGNANTE y AL CONSORCIO LUDE (Tercero administrado): De la revisión de los antecedentes del expediente y de las bases integradas del procedimiento de selección, se ha adver(do la existencia de un posible vicio de nulidad relacionado con la determinación de la naturaleza del objeto contractual y la congruencia de los requisitos de calificación exigidos, conforme se desarrolla a con(nuación:

• De la revisión del numeral 1.3, “Objeto de la convocatoria”, del Capítulo I de la sección

específica de las bases integradas, se advierte que la Entidad convocó el procedimiento de selección para la contratación del “Servicio de implementación de vigas de protección y muro de gaviones para el canal de la CH Santa Leonor”.

• No obstante, de la revisión del requisito de calificación denominado “Experiencia del

personal clave”, contenido en las bases integradas, se advierte que, para el cargo de ingeniero responsable del servicio, la Entidad exige tres (3) años de experiencia específica como jefe de servicio, ingeniero jefe de servicio, ingeniero responsable del servicio, residente o supervisor de obras, servicios y/u obras similares. Asimismo, en el caso del ingeniero de seguridad y medio ambiente, exige un año de experiencia específica. Para tal efecto, considera como servicios y/u obras similares las actividades de construcción, creación, instalación, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, reparación o ampliación de obras civiles, carreteras, puentes, obras hidráulicas, estabilización de taludes, encauzamiento de ríos, defensas ribereñas y construcción o rehabilitación de bocatomas.

• Al respecto, se advierte una falta de congruencia entre el objeto contractual (servicios),

y las exigencias previstas para la acreditación de la experiencia de personal clave, las cuales están orientadas principalmente a la acreditación de experiencia en la ejecución de obras.

• Dicha falta de correspondencia afectaría la razonabilidad del requerimiento y el

principio de libertad de concurrencia, previsto en el literal h) del numeral 5.1 del arculo 5 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, conforme al cual, las en(dades contratantes deben promover el libre acceso y par(cipación de proveedores en los procesos de contratación, evitando exigencias y formalidades innecesarias. En virtud de dicho principio, los requisitos establecidos en las bases deben ser congruentes con el objeto de la contratación, evitando incorporar condiciones que puedan restringir injus(ficadamente la par(cipación de potenciales proveedores.

• Teniendo en cuenta lo señalado y en atención a lo dispuesto en el numeral 313.2 del

artículo 313 de dicho Reglamento, se corre traslado a las partes para que, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, se pronuncien respecto si lo descrito configura vicios que justifiquen declarar la nulidad del procedimiento de selección, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos”.

• A través del Escrito Nº 3, presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario presentó medios probatorios adicionales y solicitó la descalificación de la oferta del Impugnante por la presunta presentación de información inexacta, manifestando principalmente lo siguiente:

• Señala que el Impugnante presentó un certificado de experiencia del ingeniero

Gustavo Felipe Vega Meza, en el cual se consigna como periodo de prestación de servicios del 15 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Sin embargo, sostiene que, conforme al Informe Técnico N° 164-2021-ADINELSA, obtenido mediante acceso a la información, la fecha real de culminación del servicio fue el 28 de octubre de 2021.

• Considera que dicha discrepancia no constituye un error material, sino

información inexacta destinada a acreditar un periodo de experiencia que no correspondería con la realidad, vulnerando los principios de integridad y presunción de veracidad.

• Asimismo, refiere que, mediante Resolución N° 07354-2026-TCP-S1, el

Impugnante habría sido sancionado por una conducta similar, vinculada con la presentación de información inexacta respecto del mismo profesional.

• En consecuencia, solicita que se declare infundado el recurso de apelación, se

descalifique la oferta del Impugnante y se remitan los actuados para el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por la presunta presentación de información inexacta.

• Mediante escrito s/n, presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Impugnante absolvió el traslado del posible vicio de nulidad adver9do en el procedimiento de selección, manifestando principalmente lo siguiente:

• Sostiene que no se ha configurado un vicio que amerite declarar la nulidad

del procedimiento de selección, por lo que solicita la conservación de los actos administrativos y la continuación del trámite del recurso de apelación, conforme a los artículos 10 y 14 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, invoca los artículos 70 de la Ley Nº 32069 y 313 de su Reglamento.

• Respecto de la presunta incongruencia entre el objeto contractual, referido

a la prestación de un servicio, y la experiencia exigida al personal clave, sostiene que las bases integradas no contienen requisitos restrictivos, toda vez que permiten acreditar experiencia tanto en servicios como en obras similares, ampliando las posibilidades de participación de los proveedores.

• Precisa que restringir la experiencia del personal clave únicamente a

servicios excluiría a profesionales con experiencia en ejecución de obras, pese a que las actividades contempladas en las bases guardan similitud con el objeto de la contratación. Por ello, considera que la exigencia cuestionada favorece la concurrencia y no vulnera dicho principio.

• Durante la etapa correspondiente, ningún participante formuló consultas

u observaciones a las bases. Asimismo, destaca que cuatro postores fueron admitidos, calificados y evaluados, lo que, a su criterio, evidencia que los requisitos fueron interpretados uniformemente y no limitaron la participación.

• Alega que, aun cuando se identificara alguna irregularidad, esta no tendría

carácter trascendente ni habría afectado la competencia o el resultado del procedimiento, por lo que correspondería aplicar el principio de conservación del acto administrativo.

• Invoca los principios de eficacia y eficiencia, señalando que declarar la

nulidad y retrotraer el procedimiento ocasionaría mayores gastos y retrasos en la contratación, con el riesgo de afectar su ejecución por razones presupuestales o condiciones climáticas.

• Finalmente, cita las Resoluciones Nº 00534-2026-TCP-S1 y Nº 06236-2025-

TCP-S5, así como criterios doctrinarios sobre la conservación de actos administrativos, para sustentar que la nulidad únicamente debe declararse cuando el vicio tenga relevancia sustancial y no resulte posible conservar el acto.

• Con decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver,

de conformidad con lo establecido en el literal g) del numeral 311.1 del arDculo 311 y en el numeral 313.2 del arDculo 313 del Reglamento.

III. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el

Impugnante en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del arDculo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la En9dad contratante y los par9cipantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación.

Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administra9va se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respec9vamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legi9midad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la norma9va para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sen9do, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es per9nente remi9rnos a las causales de improcedencia previstas en el arDculo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro: N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple

(SÍ/NO)

Competencia por cuan?a (Art. 308. a) El Tribunal es competente (Valor superior a 50 UIT)1 Concurso Público de servicios, con una cuanDa de S/ 720,000.00 Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable2 Contra el otorgamiento de la buena pro. Sí 3 Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles3 La no9ficación del acto impugnado fue el 28.09.2026, venciendo el plazo de 8 días hábiles el 9.10.2026. El recurso de apelación se presentó el 9.10.2026 Sí IdenAficación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por el señor Luis Alberto Aguilar Huaman, en calidad de gerente general del Impugnante. Sí 1 Este requisito se aplica con observancia a lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento. 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cues9onar su propia no admisión/descalificación. La oferta del impugnante obtuvo el segundo lugar. No aplica LegiAmidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. buena pro; su oferta obtuvo el segundo lugar. Sí Conexión lógica y peAtorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el pe9torio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legi9midad procesal. Sí 9ene interés y legi9midad para cues9onar el otorgamiento de la buena pro, pues man9ene su condición de postor hábil. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el arDculo 308 del Reglamento, sin que se hubiera adver9do la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:
• El impugnante ha solicitado a este Tribunal que:

 Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario.  Se revoque el otorgamiento de la buena pro y se le adjudique esta, al considerar que le corresponde un mejor orden de prelación.

• El Consorcio Adjudicatario ha solicitado a este Tribunal que:
• Se declare infundado el recurso de apelación, se confirme la calificación

de su oferta y el otorgamiento de la buena pro a su favor. ii) Se descalifique la oferta del Impugnante.

• FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

pe9torio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controver9dos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del arDculo 311 y en el literal c) del arDculo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controver9dos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que con9ene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del arDculo 311 del Reglamento, los postores dis9ntos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a par9r del día hábil siguiente de haber sido no9ficados con el respec9vo recurso a través del SEACE. Por su parte, el literal g) del arDculo del numeral 311.1 del arDculo 311 del Reglamento establece que al día siguiente de recibida la información adicional, de realizada la audiencia pública o de vencido el plazo otorgado para remi9r la información solicitada, se declara el expediente listo para resolver. Al respecto, se dispone que los escritos recibidos con posterioridad a la declaración del expedito no se consideran para fundamentar la resolución que expida el TCP, salvo decisión debidamente mo9vada de la sala. Cabe señalar que lo antes citado 9ene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garan9ce el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cues9onamientos dis9ntos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En ese contexto, según los antecedentes se observa lo siguiente:

Publicación de la admisión del recurso y plazo para absolverlo. ¿El Adjudicatario absolvió el recurso dentro del plazo? ¿Otros postores absolvieron el recurso dentro del plazo? Decreto de listo para resolver plazo de 3 días hábiles venció el 20 de octubre del mismo año Si, presentó escrito el 20 de octubre de 2026. No El 29 de octubre de 2026. En consecuencia, para la fijación de los puntos controver9dos se tomará en cuenta lo indicado por el Impugnante en su recurso de apelación como por el Consorcio Adjudicatario en su escrito de absolución del recurso; asimismo, para su análisis, este Tribunal considerará los escritos presentados hasta antes de la declaración de expedito, conforme a la norma9va previamente citada. En el marco de lo indicado, los puntos controver9dos a esclarecer consisten en determinar:

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio

Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro.

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante.
• Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de

selección al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Cuestión previa: sobre el posible vicio de nulidad identificado en las bases del procedimiento vinculados con el primer y segundo punto controvertido.

• Previamente al análisis de los puntos controver9dos, este Tribunal es9ma

necesario pronunciarse sobre el posible vicio de nulidad adver9do en las bases integradas del procedimiento de selección, relacionados con la correspondencia entre el objeto de la contratación y la experiencia del personal clave.

• Al respecto, de la revisión del numeral 5.6.1 de los términos de referencia, se

advierte que la En9dad convocó el procedimiento de selección para la contratación del «Servicio de implementación de vigas de protección y muro de gaviones para el canal de la CH Santa Leonor». No obstante, en el numeral 3.5.2 de las bases integradas, correspondiente a los requisitos de calificación adicionales, la Entidad estableció, respecto de la experiencia del personal clave, las siguientes condiciones:

• Ingeniero Responsable del Servicio: acreditar tres (3) años de experiencia

específica como jefe de servicio, ingeniero jefe de servicio, ingeniero responsable del servicio, residente o supervisor de obras, servicios u obras similares, contabilizados a partir de su colegiatura.

• Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente: acreditar un (1) año de

experiencia específica en los cargos vinculados con seguridad, seguridad y medio ambiente, supervisión o inspección SSOMA, entre otros, desarrollados en obras o servicios iguales o similares. Asimismo, en ambos casos, se consideraron como servicios y obras similares a las siguientes: construcción, creación, instalación, rehabilitación, mejoramiento, mantenimiento, reparación o ampliación de obras civiles (carreteras, puentes, hidráulicas), estabilización de taludes, encauzamiento de ríos, defensas ribereñas, construcción o rehabilitación de bocatomas, conforme se advierte a continuación: Página 58 de las bases integradas

• Sobre el par9cular, corresponde señalar que los requisitos de calificación 9enen

por finalidad verificar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar adecuadamente las prestaciones objeto de contratación. En consecuencia, su formulación debe responder a las caracterís9cas y condiciones de la prestación requerida, sin incorporar exigencias que carezcan de jus9ficación obje9va o resulten desproporcionadas respecto de la finalidad de la contratación.

En esa línea, el literal h) del numeral 5.1 del arDculo 5 de la Ley establece el principio de libertad de concurrencia, conforme al cual las en9dades contratantes deben promover el libre acceso y par9cipación de proveedores en los procedimientos de contratación, evitando exigencias y formalidades innecesarias. Por tanto, aun cuando corresponde a la En9dad determinar las condiciones técnicas necesarias para sa9sfacer su requerimiento, dicha facultad debe ejercerse dentro de los límites establecidos por la norma9va de contratación pública y en atención a la naturaleza de las prestaciones que pretende contratar.

• En ese sentido, resulta pertinente subrayar que el objeto del presente

procedimiento de selección ha sido calificado expresamente como un servicio, por lo que resulta incongruente que para acreditar la experiencia del personal clave se haya establecido, fundamentalmente, la acreditación de experiencia en la ejecución de obras, incluyendo obras civiles de carreteras, puentes e hidráulicas, estabilización de taludes, encauzamiento de ríos, defensa ribereñas y construcción o rehabilitación de bocatomas. Esta circunstancia evidencia que, al formular el requerimiento, la propia Entidad consideró relevantes capacidades técnicas relacionadas con la ejecución de obras, lo que no guarda correspondencia objetiva ni razonable con la naturaleza del objeto contractual. Así, si la contratación tiene por finalidad la prestación de un servicio, las exigencias de calificación del personal clave deberían estar orientadas a acreditar experiencia en actividades vinculadas con dicho servicio, y no en actividades propias de la ejecución de obras. Además, esta falta de razonabilidad incide en el principio de libertad de concurrencia, previsto en el literal h) del numeral 5.1 del arDculo 5 de la Ley, toda vez que resulta desproporcionado exigir que un proveedor que pretende brindar un servicio deba acreditar que su personal cuenta, principalmente, con experiencia en la ejecución de obras. Tal exigencia restringe injustificadamente la participación de proveedores que, aun contando con experiencia en servicios, podrían verse limitados de participar por no reunir una experiencia que responde a una naturaleza distinta.

• En ese contexto, mediante decreto del 21 de octubre, se puso en conocimiento de

las partes el presunto vicio de nulidad, el cual fue absuelto por el Impugnante, para lo cual solicita la conservación de las actuaciones del procedimiento de selección. Además, sostuvo que las bases integradas permitieron acreditar experiencia tanto en servicios como en obras similares, circunstancia que, a su criterio, amplió las posibilidades de participación de los proveedores. Asimismo, señaló que ningún participante formuló consultas u observaciones respecto de los requisitos establecidos y que cuatro postores lograron superar las etapas de admisión, calificación y evaluación, lo que demostraría la existencia de concurrencia y competitividad. También señaló que una declaratoria de nulidad podría afectar el principio de eficacia y eficiencia.

• Sobre el particular, lo expuesto por el Impugnante no permite desvirtuar el

cuestionamiento formulado, toda vez que la sola existencia de cuatro postores que cumplieron con las bases no constituye prueba de que las condiciones establecidas en éstas hayan sido razonables, proporcionales ni compatibles con el principio de libertad de concurrencia, ya que las exigencias de la Entidad pudieron constituir barreras injustificadas de acceso para otros potenciales proveedores que contaban con capacidad técnica y experiencia para ejecutar la prestación objeto de contratación. De igual manera, la ausencia de consultas u observaciones durante el procedimiento de selección no convalida disposiciones que contravengan la normativa aplicable, toda vez que corresponde a la Entidad formular los requisitos de calificación con observancia de las disposiciones legales y reglamentarias. Por otro lado, si bien las bases establecen que la experiencia puede ser en servicios y obras similares, lo cierto es que cuando se definen las actividades que se consideran similares, se han establecido fundamentalmente actividades vinculadas a la ejecución de obras civiles, hidráulicas, estabilización de taludes, encauzamiento de ríos y construcción o rehabilitación de bocatomas, lo que evidencia la incoherencia y falta de razonabilidad del requisito de calificación.

• Además, corresponde precisar que la conservación del acto administrativo, resulta

aplicable cuando los defectos advertidos no revisten carácter trascendente y no comprometen aspectos sustanciales de la actuación administrativa. No obstante, en el presente caso, el vicio identificado afecta el principio de libertad de concurrencia, aspecto esencial para el desarrollo del procedimiento de selección, así como la finalidad del requisito de calificación, orientado a verificar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para la ejecución de la prestación, por lo que no constituye una simple deficiencia formal susceptible de conservación.

• De otro lado, respecto del argumento referido a que la declaración de nulidad

podría afectar los principios de eficacia y eficiencia, cabe precisar que éstos no pueden interpretarse de manera aislada ni justificar la continuidad de un procedimiento cuyas reglas esenciales contravienen la normativa de contratación pública.

• En atención a lo expuesto, este Colegiado concluye que le vicio identificado reviste

carácter trascendente, toda vez que compromete la legalidad de las reglas que sustentaron el procedimiento de selección y afecta el principio de libre concurrencia de proveedores, además de guardar relación con los cuestionamientos de las partes a la experiencia del personal clave acredita en las ofertas.

• Sobre el particular, el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley establece los

supuestos en los cuales procede la nulidad de los actos expedidos dentro del procedimiento de selección, entre ellos, cuando contravengan las normas legales o prescindan de las normas esenciales del procedimiento.

• Asimismo, el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento establece

que, cuando el Tribunal verifique alguno de los supuestos previstos en el numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, y no sea posible la conservación del acto, declara la nulidad de los actos que correspondan, debiendo precisar la etapa hasta la cual se retrotrae la fase de selección.

• Por lo expuesto, este Colegiado concluye que, de conformidad con lo establecido

en el arDculo 70 de la Ley, concordante con lo dispuesto en el literal d) del numeral 313.1 del arDculo 313 del Reglamento, así como con la causal de nulidad prevista en el numeral 1 del arDculo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administra9vo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección. En consecuencia, corresponde retrotraer el procedimiento de selección a la etapa de convocatoria, previa reformulación del requerimiento y de las bases, a fin de que la Entidad reformule el requisito de calificación, de modo que la experiencia exigida al personal clave guarde una relación directa, objetiva y proporcional con la naturaleza del objeto de la contratación. De lo contrario, se estaría estableciendo una barrera de acceso, susceptible de afectar la concurrencia de potenciales proveedores y de desnaturalizar la finalidad del procedimiento de selección. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la propia definición del objeto contractual como servicio podría presentar inconsistencias a par9r del contenido del requerimiento. Así, el numeral 5.8.2.3 del requerimiento «De las especificaciones técnicas», contempla expresamente ac9vidades iden9ficadas como «Obras preliminares», «Trazo y replanteo inicial de obra», «Limpieza general en obra». Dichas denominaciones y el contenido de las ac9vidades descritas presentan caracterís9cas asociadas a trabajos propios de procesos construc9vos, lo que, aunado a que la experiencia exigida al personal clave está orientada principalmente a la ejecución de obras, evidencia que existen elementos que ameritaban una evaluación más rigurosa de la naturaleza real de la prestación objeto de contratación. En ese sen9do, corresponde que la En9dad realice un análisis integral de las ac9vidades que conforman el requerimiento y determine, sobre la base de su naturaleza, si estas correspondían efec9vamente a la contratación de un servicio o si, por el contrario, reunían caracterís9cas propias de una obra, adoptando las medidas correc9vas que resulten per9nentes.

• Asimismo, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos

controvertidos, en la medida que se procederá con la declaratoria de la nulidad del procedimiento de selección.

• De otro lado, en atención a lo dispuesto en el numeral 11.3 del artículo 11 del TUO

de la LPAG, corresponde comunicar la presente resolución al Titular de la Entidad, a fin de que conozca de los vicios advertidos y realice las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones.

• Finalmente, atendiendo a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del

artículo 315 del Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto

declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución total de la garantía otorgada por el Impugnante por la interposición de su recurso de apelación.

• Sin perjuicio de la decisión adoptada, mediante su recurso de apelación, el

Impugnante cues9onó la veracidad de los cer9ficados y/o constancias presentadas por el Consorcio Adjudicatario para acreditar la experiencia del personal clave propuesto. En par9cular, los cues9onamientos están referidos a los siguientes documentos:

• Certificado de experiencia del ingeniero Raúl Laurente Misarayme, propuesto

como Ingeniero Responsable del Servicio, emitido por el Consorcio Ares, correspondiente al periodo del 21 de enero al 16 de noviembre de 2019.

• Constancia de experiencia de la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris,

propuesta como Ingeniera de Seguridad y Medio Ambiente, emitida por el Consorcio Vial Villasol, correspondiente al periodo del 18 de marzo al 6 de septiembre de 2024.

• Certificado de experiencia de la ingeniera Lizbeth Cirila Cayllahua Auris,

emitido por el Consorcio Chaupimayo, correspondiente a los periodos del 14 de mayo al 30 de junio y del 16 de agosto al 25 de septiembre de 2025. Asimismo, el Consorcio Adjudicatario cuestionó la veracidad del certificado de experiencia presentado por el Impugnante respecto del ingeniero Gustavo Felipe Vega Meza, correspondiente al periodo del 15 de septiembre al 29 de octubre de 2021, con base al Informe Técnico Nº 164-2021-ADINELSA.

• En atención a lo expuesto, corresponde disponer que la En9dad efectúe la

fiscalización posterior de los cer9ficados y/o constancias de experiencia cues9onados por el Impugnante y el Consorcio Adjudicatario, a fin de verificar su auten9cidad y la veracidad de la información consignada en dichos documentos, debiendo remi9r los resultados de la misma al Tribunal en el plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Christian César Chocano Davis y, la intervención de los vocales Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez y César Arturo Sánchez Caminiti, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 20225 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público de Servicios Nº 3-2026-

ADINELSA, para la “servicio de implementación de vigas de protección y muro de gaviones para canal de la CH Santa Leonor”; debiendo retrotraerse a la etapa de convocatoria, para lo cual se deberán aplicar los lineamientos establecidos en la normativa de contratación pública y en la presente resolución; por los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía presentada por el postor JLA Ingeniería Y Construcción S.A.C.

para la interposición de su recurso de apelación.

• Poner la presente resolución en conocimiento del Titular de la Entidad para la

adopción de las acciones que resulten pertinentes.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE4.

• Disponer que la En9dad efectúe la fiscalización posterior de los cer9ficados y/o

constancias de experiencia presentados por el Consorcio Adjudicatario y el Impugnante, que fueron objeto de cues9onamiento en el marco del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la fundamentación y remita los resultados al Tribunal en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CÉSAR CHOCANO DAVIS

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ss. Chocano Davis. Pérez Gutiérrez. Sánchez Caminiti. 4 “n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección”.