Resolución N.° 9618-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…) en el presente caso, no se cuenta con los elementos de convicción suficientes que acrediten que el Proveedor hubiera incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción y disponer el archivo del expediente”. Lima, 5 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026, de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 08551/2024.TCP, sobre el procedimiento administrativo sancionador seguido contra el proveedor JOSÉ ANDRÉS CHIRA GONZÁLES, por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 959 de 15 de noviembre de 2023, emitida por el Gobierno Regional de la Libertad – Salud UTES Pacasmayo; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 15 de noviembre de 2023, el Gobierno Regional de La Libertad-Salud UTES

Pacasmayo, en adelante la Entidad, emitió la Orden de Servicio N° 959, a favor del señor José Andrés Chira Gonzales, en adelante, el Proveedor, para la contratación del “Servicio de alimentación para el CSMC "Conectando Vidas” por el monto de S/ 300.00 (trescientos con 00/100 soles), en adelante la Orden de Servicio. Dicha contratación configuraba un supuesto que estuvo excluido del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, por ser el monto menor a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), toda vez que en la oportunidad en que se realizó, se encontraba vigente el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018- EF, en adelante el Reglamento.

• Mediante Memorando N° D000311-2024-OSCE-DGR del 2 de agosto de 2024,

presentado el 12 del mismo mes y año ante la Mesa de Partes del Tribunal de Contrataciones del Estado (ahora Tribunal de Contrataciones Públicas), en adelante el Tribunal, la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE puso en conocimiento que el Proveedor habría incurrido en infracción, al haber contratado con el Estado estando impedido para ello. A fin de sustentar su comunicación, remitió el Reporte N° 700-2024/DGR-SIRE del 17 de mayo de 20241, en el cual, se señala lo siguiente:

• El domingo 7 de octubre de 2018 se llevaron a cabo las elecciones

regionales y provinciales del Perú, para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como alcaldes y regidores Provinciales para el período 2019-2022; así, según información del Portal Institucional del Jurado Nacional de Elecciones, se aprecia que la señora Cindy Rosmery Vertiz Quiroz fue elegida Regidora Provincial de Pacasmayo, Región La Libertad, en el periodo de tiempo indicado. ii. Por consiguiente, la señora Cindy Rosmery Vertiz Quiroz se encontraba impedida de contratar con el Estado en el ámbito de su competencia territorial durante el periodo en el que ejerció el cargo como Regidora Provincial, el cual se extiende hasta doce (12) meses después de culminado el mismo. iii. Según información consignada por la señora Cindy Rosmery Vertiz Quiroz en su Declaración Jurada de Intereses presentada ante la Contraloría General de la República, se aprecia que consignó que el Proveedor es su cónyuge. iv. Asimismo, de la información obrante en el SEACE, la cual también puede visualizarse en la Ficha Única del Proveedor, se advierte que, durante el período de tiempo que la señora Cindy Rosmery Vertiz Quiroz ejerció el cargo de Regidor Provincial de Pacasmayo, el Proveedor contrató con el Estado dentro del ámbito de su competencia territorial.

• Por lo expuesto, advierte indicios de la comisión de una infracción a la

normativa de contrataciones del Estado, tal como lo señala el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. 1 Obrante a folios 24 al 26 del expediente administrativo en formato PDF.

• Por decreto del 28 de octubre de 2025, previo al inicio del procedimiento

administrativo sancionador, se corrió traslado a la Entidad, para que cumpla con remitir un informe técnico legal sobre la procedencia y supuesta responsabilidad del Proveedor, donde debía señalar de forma clara y precisa en cuál de los impedimentos habría incurrido; asimismo, se le solicitó remitir, entre otros, copia de la cotización y de la Orden de Servicio, donde se aprecie que ésta fue recibida por el Proveedor. De la misma manera, se solicitó que señale si el Proveedor presentó algún anexo o declaración jurada, mediante el cual haya manifestado no tener impedimento para contratar con el Estado, debiendo adjuntar dicha documentación, e informar si su presentación generó un perjuicio a la Entidad. A efectos de remitir la referida documentación, se otorgó a la Entidad el plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en autos. Asimismo, se notificó al Órgano de Control Institucional de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, para que, en el marco de sus atribuciones, coadyuve con la remisión de la información y documentación requerida.

• Con el decreto del 7 de mayo de 2026, se dispuso iniciar procedimiento

administrativo sancionador al Proveedor, por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, al encontrarse inmerso en el supuesto de impedimento que estaba previsto en el literal h) en concordancia con el literal d) del numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley, en el marco de la contratación perfeccionada con la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley. Para tal efecto, se le otorgó al Proveedor el plazo de diez (10) días hábiles, a fin de que formule sus descargos, bajo apercibimiento de resolver el procedimiento con la documentación obrante en autos. Asimismo, se notificó a la Gerencia Regional de Salud La Libertad para que, remita -entre otros- copia de la cotización y de la Orden de Servicio, donde se aprecie que ésta fue recibida por el Proveedor, así como documentación que acredite el cumplimiento de la prestación.

• Mediante el decreto del 11 de mayo de 2026, la Secretaría Técnica indicó que, el

Proveedor no cuenta con Registro Nacional de Proveedores, por lo que dispuso notificar el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador al domicilio consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del Proveedor.

• Mediante decreto del 1 de junio de 2026 se reiteró a la Entidad que remita -entre

otros- copia de la cotización y de la Orden de Servicio, donde se aprecie que ésta fue recibida por el Proveedor, así como documentación que acredite el cumplimiento de la prestación.

• Mediante decreto del 26 de junio de 2026, se indicó que, habiendo la Secretaría

Técnica del Tribunal verificado que el Proveedor no se apersonó ni presentó sus descargos que el Proveedor, pese haber sido debidamente notificado el 25 de mayo de 2026 con el decreto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, se hizo efectivo el apercibimiento decretado de emitir el informe de instrucción con la documentación obrante en el expediente.

• Mediante decreto del 26 de junio de 2026, se dispuso el registro del Informe de

Instrucción N° 059-2026-ST3-CSCH de la misma fecha en el Sistema Informático del Tribunal, mediante el cual la Secretaría Técnica N° 3 del Tribunal formuló las siguientes recomendaciones: “1. Recomendar al órgano sancionador declarar NO HA LUGAR a la imposición de sanción contra el señor JOSE ANDRES CHIRA GONZALES (con R.U.C. N° 10429429141), por su presunta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, el marco de la Orden de Servicio N° 959 del 15 de noviembre de 2023, emitida por el Gobierno Regional de La Libertad-Salud UTES Pacasmayo, infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF; por los fundamentos expuestos.

• Recomendar al órgano sancionador poner en conocimiento del Órgano de

Control Institucional del Gobierno Regional de La Libertad-Salud UTES Pacasmayo lo expuesto en el fundamento 11 del presente informe, a fin de que evalúe la adopción de las acciones que correspondan.

• Disponer que, una vez efectuada la notificación del presente Informe de

Instrucción al imputado, el expediente administrativo sancionador sea remitido, conjuntamente con el citado informe, a la Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas que corresponda, en su calidad de órgano sancionador, conforme a lo establecido en el literal l) del numeral 361.1 del artículo 361 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF”.

• Mediante decreto del 7 de agosto de 2026, se dispuso remitir el expediente a la

Segunda Sala del Tribunal para que resuelva, siendo recibido en la misma fecha.

II. FUNDAMENTACIÓN:

• Es materia del presente procedimiento administrativo sancionador, determinar la

presunta responsabilidad del Proveedor, por haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la contratación perfeccionada mediante la Orden de Servicio; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley.

• Al respecto, debe señalarse que, no obstante que la comisión de la infracción

habría ocurrido durante la vigencia del TUO de la Ley, debe tenerse en cuenta que, con fecha 22 de abril de 2025, entró en vigencia la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la nueva ley, así como su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el nuevo Reglamento; por tanto, si en el análisis de la comisión de la infracción se advirtiera la aplicación de una disposición más favorable al administrado, se evaluará en atención al principio de retroactividad benigna. Naturaleza de la infracción

• Sobre el particular, el numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, establece que se

impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes, postores, contratistas, subcontratistas y profesionales que se desempeñan como residentes o supervisores de obra, cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del artículo 5, entre otros, cuando contraten con el Estado estando en cualquiera de los supuestos de impedimento previstos en el artículo 11 del TUO de la Ley.

En la misma línea, el referido artículo 11 de la Ley establece que cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y/o subcontratistas, incluyendo las contrataciones a que se refiere el literal a) del artículo 5. A partir de lo anterior, se tiene que la Ley contempla como supuesto de hecho necesario e indispensable para la configuración de la infracción: i) el perfeccionamiento del contrato o de la orden de compra o de servicio; y, ii) que, al momento del perfeccionamiento de la relación contractual, el contratista esté incurso en alguno de los impedimentos establecidos en el artículo 11 de la misma Ley.

• Ahora bien, cabe indicar que los impedimentos para ser participante, postor,

contratista y/o subcontratista en las contrataciones que lleven a cabo las entidades, deben ser interpretados en forma restrictiva, no pudiendo ser aplicados por analogía a supuestos que no estén expresamente contemplados en la normativa de contrataciones del Estado; razón por la cual, debe verificarse, en cada caso en particular, si existen elementos suficientes para determinar que alguno de los impedimentos taxativamente establecidos en el artículo 11 del TUO de la Ley, le sea de alcance a aquél proveedor que desee participar en procedimientos de selección o contratar con el Estado; o, de haberse materializado el perfeccionamiento contractual, si en dicha fecha aquél se encontraba con impedimento vigente para tal efecto.

• En este contexto, conforme a lo expuesto, corresponde verificar si, en la fecha,

que se perfeccionó la relación contractual, el Proveedor estaba inmerso en impedimento. Configuración de la infracción.

• Conforme se indicó anteriormente, para que se configure la infracción imputada

al Proveedor, resulta necesario que se verifiquen dos requisitos: i) que se haya celebrado un contrato con una Entidad del Estado; y ii) que al momento de celebrarse y/o perfeccionarse el contrato, el proveedor se encuentre impedido conforme a Ley.

• Cabe precisar que para las contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT, por

estar excluidas de su ámbito de aplicación, aun cuando están sujetas a supervisión del OSCE, no son aplicables las disposiciones previstas en la Ley y el Reglamento respecto del procedimiento de perfeccionamiento del contrato. Por consiguiente,

perfeccionamiento de aquel, es necesario verificar la existencia de documentación suficiente que acredite la efectiva contratación y, además, que permita identificar si al momento de dicho perfeccionamiento, el Proveedor se encontraba incurso en alguna de las causales de impedimento. Al respecto, debe precisarse que mediante el Acuerdo de Sala Plena N° 008- 2021/TCE2, se dispuso que “la existencia del contrato en contrataciones a las que se refiere el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, puede acreditarse mediante la recepción de la orden de compra o de servicio, o con otros documentos que evidencien la realización de otras actuaciones, siempre que estos medios probatorios permitan identificar de manera fehaciente que se trata de la contratación por la que se atribuye responsabilidad al proveedor”. (El resaltado es agregado) Debe recordarse que en la Administración Pública toda contratación transcurre por diversas etapas que comprenden, entre otras: el requerimiento, las indagaciones en el mercado, la selección del proveedor, el perfeccionamiento del contrato, la recepción de la prestación y su conformidad, su trámite de pago, entre otros elementos, a partir de los cuales la Entidad puede acreditar no solo la contratación, sino además el momento en que se perfeccionó aquella.

• En tal contexto, ante la ausencia de una orden de compra o de servicio

debidamente recibida por el proveedor imputado como impedido para participar o contratar con el Estado, resulta posible verificar la relación contractual con otra documentación, emitida por cualquiera de dichos actores, como sería la relacionada al procedimiento de pago de la prestación contratada, desde las cotizaciones, facturas y recibos por honorarios emitidos por el proveedor, hasta la constancia de prestación que eventualmente emite la entidad para dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones, incluyendo la conformidad del área usuaria y documentos de carácter financiero emitidos por las dependencias que intervienen en el flujo que finaliza con el pago al proveedor, entre otros; documentos que pueden ser valorados de manera individual o conjunta, según corresponda en cada caso. 2 Publicado el 10 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial El Peruano.

En relación con el perfeccionamiento de la relación contractual entre la Entidad y el Proveedor

• Considerando lo expuesto, en cuanto al primer requisito, de la revisión de la

plataforma SEACE, se aprecia que la Entidad realizó el registro de la Orden de Servicio de fecha 15 de noviembre de 2023, emitida por la Entidad a favor del Proveedor, por el monto de S/ 300.00 (trescientos con 00/100 soles), conforme a lo siguiente:

• Como puede observarse, si bien la Orden de Servicio figura registrada en la

plataforma del SEACE, dicho sistema no permite a este Colegiado tener certeza si aquella fue recibida por el Proveedor. Por otro lado, en el expediente tampoco obra documentación que permita corroborar, de forma indubitable, el vínculo contractual.

• Cabe señalar, que mediante decreto del 28 de octubre de 2025, 7 de mayo de 2026

y 1 de junio de 2026, se requirió a la Entidad, que remita la documentación que acredite el perfeccionamiento de la Orden de Servicio, sin embargo, a la fecha de emisión del presente pronunciamiento, la Entidad no cumplió con remitir, dentro del plazo otorgado, la documentación requerida por el Tribunal; por lo que, dicho incumplimiento deberá ser puesto en conocimiento del Titular de la Entidad y de su Órgano de Control Institucional, para las acciones de su competencia ante la falta de colaboración evidenciada.

• Asimismo, tal conducta configura un incumplimiento a su deber de colaboración,

pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante, el TUO de la LPAG, las entidades deben, entre otros, proporcionar directamente los datos e información que posean, sin más limitación que la establecida por la Constitución o la ley, prestar la cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus propias funciones, así como brindar una respuesta de manera oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones.

• Ahora bien, resulta pertinente recordar que, este Tribunal, a efectos de verificar

la comisión de la infracción imputada, en primer término, debe identificar si se ha celebrado un contrato o, de ser el caso, si se ha perfeccionado una orden de servicio o de compra, y que, en dicho momento, el proveedor se encontraba impedido para contratar con el Estado.

• Por consiguiente, en el presente caso, de la verificación de la documentación que

obra en el expediente, no se advierte elemento alguno que permita identificar, de modo fehaciente, que el contrato fue perfeccionado a través de la Orden de Servicio, al no obrar la misma orden, ni la constancia de recepción de esta por parte del Proveedor, ni otra documentación que permita acreditar el vínculo contractual; no habiendo brindado la Entidad información para el análisis del presente extremo, pese al requerimiento formulado por este Tribunal.

• En consecuencia, se concluye que, en el presente caso, no se cuenta con los

elementos de convicción suficientes que acrediten que el Proveedor hubiera incurrido en la infracción que estuvo prevista en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley; por lo que, corresponde declarar no ha lugar a la imposición de sanción y disponer el archivo del expediente. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, y la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Erick Joel Mendoza Merino, atendiendo a la conformación de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada el mismo día, en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley N° 32069, así como los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025; analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad.

LA SALA RESUELVE:

• Declarar, bajo responsabilidad de la Entidad, no ha lugar a la imposición de sanción

al proveedor JOSÉ ANDRÉS CHIRA GONZÁLES (con R.U.C. N° 10429429141) por su supuesta responsabilidad al haber contratado con el Estado estando impedido para ello, en el marco de la Orden de Servicio N° 959 de 15 de noviembre de 2023, emitida por el Gobierno Regional de la Libertad – Salud UTES Pacasmayo; infracción que estuvo tipificada en el literal c) del numeral 50.1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, por los fundamentos expuestos.

• Disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento del Titular de la

Entidad y de su Órgano de Control Institucional.

• Disponer el archivamiento definitivo del presente expediente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

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ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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