Resolución N.° 9616-2026-TCP-S4

Sumilla: “(…) la presentación de información discordante con la realidad en un procedimiento de selección configura la transgresión del principio de integridad y desvirtúa la presunción de veracidad que amparaba a la oferta”. Lima, 5 de noviembre de 2026. VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026 de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7596/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el postor Consorcio Multifer, integrado por las empresas Corporacion Multifer E.I.R.L. y Grupo Menasgo E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 001-2026-CS/MDI-Primera Convocatoria, para la contratación de ejecución de la obra: “Renovación de puentes en el camino vecinal de la localidad de Cangari, en el centro poblado Cangari, distrito de Iguain, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”, con CUI N° 2677573; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES:
• El 21 de septiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Iguain, en lo sucesivo la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 001-2026-CS/MDI- Primera Convocatoria, para la contratación de ejecución de la obra: “Renovación de puentes en el camino vecinal de la localidad de Cangari, en el centro poblado Cangari, distrito de Iguain, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”, con CUI N° 2677573, con una cuantía total de S/ 3,700,820.70 (tres millones setecientos mil ochocientos veinte con 70/100 soles); en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo la Ley, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF y modificatorias, en lo sucesivo el Reglamento.

• El 1 de octubre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el

6 del mismo mes y año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor Consorcio Medina’s, conformado por las empresas Medina’s Ingenieros Generales E.I.R.L. y Minka Contratistas y Consultores Sociedad Anonima Cerrada – MINKA S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 3,700,820.70 (tres millones setecientos mil ochocientos veinte con 70/100 soles), a partir de los siguientes resultados: Postor Etapas Buena Pro Admisión Calificación Oferta Económica S/ Puntaje Total Orden de Prelación Consorcio Medina’s Admitida Calificada (Adjudicatario) 3 700 820.70 97 1 SÍ Consorcio Multifer Admitida Calificada 3 700 820.70 82 NO Consorcio Constructores Peruanos Admitida Calificada 47 NO

• Mediante Escrito S/N, presentado el 13 de octubre de 2026, en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el postor Consorcio Multifer, integrado por las empresas Corporacion Multifer E.I.R.L. y Grupo Menasgo E.I.R.L., en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la buena pro otorgada a favor del Consorcio Adjudicatario, solicitando que: i) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, y ii) se otorgue la buena pro a su favor; sobre la base de los siguientes argumentos:

• Cuestionó la experiencia del personal clave propuesto por el Consorcio

Adjudicatario, señalando que los certificados y constancias de trabajo presentados para acreditar la experiencia del residente de obra, del especialista en suelos y calidad, y del especialista en estructuras contendrían información inexacta, toda vez que no coincidiría con los registros del Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), el SEACE y la documentación de ejecución de las obras. En particular, hizo referencia a diferencias entre los periodos consignados en los documentos laborales y las fechas de ejecución, recepción o suspensión de las obras correspondientes.

• Señaló que los cuestionamientos formulados evidenciarían el

incumplimiento de los requisitos de calificación y de los factores de evaluación previstos en las bases integradas, por lo que solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro, se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y se adjudique la buena pro a su representada.

• Con decreto del 14 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante y se convocó a audiencia pública para el 21 de octubre de 2026. Asimismo, se corrió traslado a la Entidad para que, en un plazo de tres (3) días hábiles registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos al Consorcio Impugnante, que puedan verse afectados con la decisión del Tribunal, para que, en el plazo de tres (3) días hábiles, puedan absolverlo. Asimismo, se dispuso remitir el expediente a la Cuarta Sala del Tribunal, siendo recibido en la misma fecha por el vocal ponente.

• A través del Escrito S/N, presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Impugnante acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• El 19 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE el Informe Técnico Legal

N° 001-2026—MAPC-MDI/PCS del 19 de octubre de 2026, a través del cual absolvió el traslado del recurso, en los siguientes términos:

• Sobre los cuestionamientos formulados contra la experiencia del personal

clave del Consorcio Adjudicatario, el comité señala que realizó la evaluación de las ofertas conforme a los requisitos y criterios establecidos en las bases integradas, las cuales contemplaban la acreditación de la experiencia del personal clave mediante certificados o constancias de trabajo, sin establecer la obligación de efectuar verificaciones o cruces de información en tiempo real con plataformas externas, como INFOBRAS.

• Asimismo, invoca los principios de presunción de veracidad y trato

igualitario, previstos en los literales e) y k) del artículo 5 de la Ley, señalando que el comité no contaba con facultades para calificar un documento como inexacto o falso sobre la base de indicios o consultas efectuadas en fuentes externas no vinculantes. En ese sentido, sostiene que la fiscalización posterior constituye el mecanismo previsto para verificar la documentación presentada por los postores y que, de detectarse documentación falsa o inexacta, correspondería adoptar las medidas contempladas en la normativa aplicable.

• De otro lado, el comité advirtió presuntas inconsistencias en la

documentación presentada por el propio Consorcio Impugnante respecto de la experiencia del ingeniero Rolando Anacusi Córdova como residente de obra. Al respecto, señaló que la constancia presentada consignaba labores del 15 de setiembre al 13 de diciembre de 2025 en una obra ubicada en el distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho; mientras que otra documentación registraría actividades del referido profesional en la Municipalidad Distrital de Kimbiri, durante los meses de setiembre y octubre de 2025. En ese sentido, indicó que dichos documentos serían objeto de fiscalización posterior.

• Finalmente, el comité concluyó que actuó conforme a la Ley, su

Reglamento y las bases integradas; por tanto, ratificó el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario, al considerar que su oferta cumplió los requisitos exigidos en el procedimiento de selección.

• Con Escrito S/N, presentado el 20 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes Digital

del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió de forma extemporánea el traslado del recurso, en los siguientes términos:

• Respecto de los cuestionamientos formulados contra la experiencia del

residente de obra, del especialista en suelos y calidad y del especialista en estructuras, sostuvo que las diferencias entre los periodos consignados en los certificados y la información registrada en INFOBRAS y el SEACE no acreditaban, por sí solas, que dicha documentación fuera falsa o inexacta, debiendo evaluarse las circunstancias de cada prestación.

• Asimismo, cuestionó la documentación presentada por el Consorcio

Impugnante, alegando que existían periodos de experiencia superpuestos en dos documentos correspondientes al residente de obra, así como constancias de conformidad suscritas por funcionarios que, según indicó, no serían competentes para emitirlas; por lo que solicitó que se verifique dicha documentación y se mantenga la descalificación de su oferta.

• A través del Escrito S/N, presentado el 21 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Consorcio Adjudicatario acreditó a su representante para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Mediante Escrito S/N, presentado el 21 de octubre de 2026, el Consorcio

Impugnante remitió información adicional al Tribunal, mediante el cual señaló lo siguiente:

• Respecto de los cuestionamientos formulados contra la experiencia del

residente de obra del Consorcio Adjudicatario, presentó documentación complementaria, consistente en actas de entrega y recepción de obra, valorizaciones y contrato de locación de servicios, a fin de sustentar la participación del ingeniero Rolando Anancusi Córdova durante los periodos cuestionados.

• Asimismo, cuestionó la documentación presentada por el Consorcio

Adjudicatario para acreditar la experiencia de su personal clave, señalando que las constancias de conformidad obrantes a folios 123, 130 y 146 habrían sido emitidas por funcionarios que no contaban con competencia para ello, conforme a las exigencias de las bases integradas.

• A través del decreto del 21 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

Consorcio Adjudicatario, en calidad de tercero administrado; asimismo, se dispuso dejar a consideración de la Sala la absolución extemporánea del traslado del recurso de apelación.

• Mediante decreto del 21 de octubre de 2026, la Cuarta Sala del Tribunal solicitó

información adicional, solicitando lo siguiente:

“A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA:

En el marco del procedimiento de selección se ha cuestionado la idoneidad del certificado de trabajo de fecha 9 de marzo de 2022, obrante en el folio 146 de la oferta del Consorcio Medinas, conformado por las empresas Medina’s Ingenieros Generales E.I.R.L. y Minka Contratistas y Consultores Sociedad Anonima Cerrada – MINKA S.A.C., en adelante el Consorcio Adjudicatario y adjuntado al presente decreto, por el que el Consorcio San Jose deja constancia de que el ingeniero civil William Reynoso Hilario, con CIP N.° 166825, laboró como residente de obra en el proyecto: “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2022. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero civil William Reynoso, con CIP N.° 166825, intervino como residente de obra en el proyecto: “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2022. Asimismo, se ha cuestionado la idoneidad del certificado de trabajo de fecha 6 de agosto de 2017, obrante en el folio 159 de la oferta del Consorcio Adjudicatario y adjuntado al presente decreto, por la Empresa Constructora James S.A.C. deja constancia de que el ingeniero civil William Reynoso Hilario, con CIP N.° 166825, laboró como residente de obra en el proyecto: “Construcción y mejoramiento del camino vecinal tramo: Picas – Chikucancha – Taqsana – Lambras – distrito de Santillana – provincia de Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2017 hasta el 31 de julio de 2017. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero civil William Reynoso Hilario, con CIP N.° 166825, intervino como residente de obra en el proyecto: “Construcción y mejoramiento del camino vecinal tramo: Picas – Chikucancha – Taqsana – Lambras – distrito de Santillana – provincia de Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2017 hasta el 31 de julio de 2017.

A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO:

En el marco del procedimiento de selección, se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de trabajo de fecha 18 de diciembre de 2020, obrante en el folio 162 de la oferta del Consorcio Adjudicatario y adjuntado al presente decreto, suscrita por el señor César Antonio Luna Palomino, representante común del Consorcio J&C, mediante la cual se deja constancia de que el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, laboró como especialista en suelos y pavimentos en la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Qarhuapampa, del distrito de Tambo, provincia de La Mar - Ayacucho” - III etapa, durante el periodo comprendido desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, intervino como especialista en suelos y pavimentos en la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Qarhuapampa, del distrito de Tambo, provincia de La Mar - Ayacucho” - III etapa, durante el periodo comprendido desde el 15 de febrero de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020. Asimismo, se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de trabajo de fecha 12 de noviembre de 2019, obrante en el folio 163 de la oferta del Consorcio Adjudicatario y adjuntado al presente decreto, suscrita por el señor César Antonio Luna Palomino, representante común del Consorcio Pavimentos Tambo, mediante la cual se deja constancia de que el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, laboró como especialista en suelos y pavimentos en la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Qarhuapampa, del distrito de Tambo, provincia de La Mar - Ayacucho” - II etapa, durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2019. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, intervino como especialista en suelos y pavimentos en la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el centro poblado de Qarhuapampa, del distrito de Tambo, provincia de La Mar - Ayacucho” - II etapa, durante el periodo comprendido desde el 20 de octubre de 2018 hasta el 30 de setiembre de 2019. Por otro parte, se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de trabajo de fecha 14 de noviembre de 2018, obrante en el folio 165 de la oferta del Consorcio Adjudicatario y adjuntado al presente decreto, suscrita por el señor César Antonio Luna Palomino, representante común del Consorcio J&C, mediante la cual se deja constancia de que el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, laboró como especialista en suelos y pavimentos en la obra “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal TM-R01 Tambo Yantayanta, sector: Tambo-Usmayccasa, distrito de Tambo – La Mar – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 21 de noviembre de 2017 hasta el 15 de agosto de 2018. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, intervino como especialista en suelos y pavimentos en la obra “Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal TM-R01 Tambo Yantayanta, sector: Tambo-Usmayccasa, distrito de Tambo – La Mar – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 21 de noviembre de 2017 hasta el 15 de agosto de 2018.

AL GOBIERNO GEGIONAL DE AYACUCHO:

En el marco del procedimiento de selección, se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de trabajo de fecha 5 de agosto de 2022, obrante en el folio 168 de la oferta del Consorcio Adjudicatario y adjuntado al presente decreto, suscrita por el representante común del Consorcio Docecorrales, mediante la cual se deja constancia de que el ingeniero Ángel Custodio Carrasco Ayala, con CIP N.° 266984, prestó servicios como especialista en estructura en la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal – 34.5 km EMP. AY-647 (Sayhua-Docecorrales), distrito de Soras y San Pedro de Larcay, provincia de Sucre, región Ayacucho”, durante los periodos comprendidos desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de julio de 2022. ➢ Al respecto, sírvase informar si el ingeniero Ángel Custodio Carrasco Ayala, con CIP N.° 266984, intervino como especialista en estructura en la ejecución de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de camino vecinal – 34.5 km EMP. AY-647 (Sayhua-Docecorrales), distrito de Soras y San Pedro de Larcay, provincia de Sucre, región Ayacucho”, durante los periodos comprendidos desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 y desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de julio de 2022.

A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO:

En el marco del procedimiento de selección, se ha cuestionado la idoneidad de la constancia de trabajo de fecha 11 de noviembre de 2021, obrante en el folio 164 de la oferta del Consorcio Adjudicatario y adjuntada al presente decreto, emitida por la Empresa Minera Contratistas y Consultores TERRA E.I.R.L., mediante la cual se deja constancia de que el ingeniero geólogo Jaime Efraín Salas Zegarra, con CIP N.° 21291, laboró como especialista en suelos y pavimentos en la ejecución del servicio de “Mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo VIII: desvío EMP. AY-987 (Incaraccay) – Ccochapata – Matero – Yuaqyacu – Cementerio – Patacangallo – AY-992 (Chichucancha) – EMP. AY-990 (Lindapampa) – desvío Chichucancha – Yanayacu – EMP. Mayupampa- Cangallo”, durante el periodo comprendido desde el 28 de setiembre de 2020 hasta el 12 de setiembre de 2021. ➢ Al respecto, sírvase precisar cuál fue el objeto de la contratación correspondiente al Procedimiento de Selección Especial N.° 008-2020-MPC/CS-1, relacionado con el servicio denominado “Mantenimiento periódico y rutinario del camino vecinal tramo VIII: desvío EMP. AY-987 (Incaraccay) – Ccochapata – Mateo – Yuaqyacu – Cementerio – Patacangallo – AY-992 (Chichucancha) – EMP. AY-990 (Lindapampa) – desvío Chichucancha – Yanayacu – EMP. Mayupampa – Cangallo”; debiendo indicar si su objeto comprendió únicamente la prestación de un servicio o si correspondió a la ejecución de una obra o a la supervisión de una obra”.

• El 21 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

de los representantes del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario; dejándose constancia de la inasistencia de la Entidad.

• A través del Oficio N° 568-2026-MDS/A. de fecha 27 de octubre de 2026,

presentado el 27 del mismo mes y año en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Municipalidad Distrital de Santillana remitió la información requerida por el Tribunal.

• Mediante Oficio N° 003836-2026-GRA/GG-ORADM-OAP de fecha 27 de octubre

de 2026, presentado en la misma fecha en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, el Gobierno Regional de Ayacucho remitió la información requerida por el Tribunal.

• Con Oficio N° 570-2026-MDS/A. de fecha 27 de octubre de 2026, presentado el 28

del mismo mes y año en la Mesa de Partes Digital del Tribunal, la Municipalidad Distrital de Santillana remitió la información requerida por el Tribunal.

• A través del decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, contra el otorgamiento de la buena pro, en el marco del procedimiento de selección convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, cuyas disposiciones son aplicables a la resolución del presente caso.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO:
• El numeral 72.1 del artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan

entre la Entidad y los participantes o postores en un procedimiento de selección y las que surjan en los procedimientos para implementar o extender los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, sólo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Según el numeral 72.2 de la citada norma, a través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento que sean anteriores al perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales, conforme al siguiente cuadro:

N° Requisito de Procedencia Para verificar En el caso concreto Cumple (SÍ/NO) Competencia por cuantía (Art. 308. a) El Tribunal es competente (valor superior a 50 UIT).1 Licitación Pública Abreviada de obras con una cuantía de S/ 3,700,820.70 Sí 2 Acto impugnable (Art. 308. b) El recurso se dirige contra un acto expresamente impugnable.2 El recurso se dirige contra el otorgamiento de la buena pro. Sí Plazo de interposición (Art. 308. c) El recurso ha sido interpuesto dentro del plazo legal de cinco (5) u ocho (8) días hábiles.3 La notificación del acto impugnado fue el 6 de octubre 2026, venciendo octubre 2026. El recurso de apelación se presentó el 13 de octubre de 2026. Sí Identificación y representación (Art. 308. d) El recurso es suscrito por el representante del Impugnante, con poder suficiente. El recurso es suscrito por la señora Roxana Rocha Quispe en calidad de representante común del Consorcio Impugnante, conforme a la promesa del consorcio anexa al recurso. Sí Capacidad e idoneidad jurídica (Art. 308. e y f) El impugnante no está impedido/inhabilitado ni incapacitado legalmente para ejercer actos civiles. No se verifica ninguno de los supuestos. Sí Condición procesal en la controversia (Art. 308. g) El proveedor impugna la buena pro sin cuestionar su propia no admisión/descalificación. La oferta del Consorcio Impugnante fue admitida y calificada. No corresponde 1 Este requisito se aplica en observancia de lo estipulado en los numerales 74.1 y 302.2 de los artículos 74 de la Ley y el Reglamento, respectivamente; asimismo, el valor de la UIT en el año 2026 asciende a S/ 5 500.00 (cinco mil quinientos con 00/100 soles). 2 Los actos inimpugnables se encuentran descritos en el artículo 303 del Reglamento. 3 El plazo de impugnación puede ser de cinco u ocho días hábiles según lo estipulado en el numeral 304.1 del

artículo 304 del Reglamento.

Legitimidad procesal (no ganador) (Art. 308. h) El recurso no es interpuesto por el postor ganador de la buena pro. El Consorcio Impugnante no fue ganador de la buena pro. Sí Conexión lógica y petitorio (Art. 308. i) Existe conexión lógica entre los hechos expuestos y el petitorio. Sí hay coherencia entre pretensiones y hechos. Sí 9 Interés para obrar (Art. 308. j) El impugnante carece de interés para obrar o legitimidad procesal. Sí tiene interés y legitimidad para impugnar el otorgamiento de la buena pro. Sí

• Por lo tanto, luego de haber efectuado el examen de los supuestos de

improcedencia previstos en el artículo 308 del Reglamento, sin que se hubiera advertido la concurrencia de alguno de estos respecto del recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante, corresponde proceder al análisis de los asuntos de fondo propuestos.

• PRETENSIONES:

El Consorcio Impugnante ha solicitado a este Tribunal que:

• Se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario
• Se deje sin efecto el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Adjudicatario.
• Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.
• FIJACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 y en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, que indica que la determinación de los puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación, presentados dentro del plazo previsto, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Asimismo, de acuerdo con el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, los postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados deben absolver el traslado del recurso de apelación dentro del plazo de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de haber sido notificados con el respectivo recurso a través del SEACE. Cabe señalar que lo antes citado tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dado los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En el caso, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 14 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, contando con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 19 de octubre de 2026. Según los antecedentes se observa que el Adjudicatario absolvió el recurso de apelación el 20 de octubre de 2026; es decir, fuera del plazo legal, por tanto, los puntos controvertidos del presente procedimiento se fijarán únicamente en virtud de lo desarrollado en el recurso de apelación presentado por el Consorcio Impugnante; ello, sin perjuicio de que sean valorados en esta instancia los argumentos de defensa desarrollados por el Consorcio Adjudicatario contra los cuestionamientos formulados a su oferta. En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer consisten en:

• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario

y, en consecuencia, si corresponde dejar sin efecto la buena pro otorgada a su favor. ii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Consorcio Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de esclarecer esta controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encauzar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento; por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia y facilidad de uso e igualdad de trato, recogidos en el

artículo 5 de la Ley.

En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. Primer punto controvertido: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y, en consecuencia, si corresponde dejar sin efecto la buena pro otorgada a su favor.

• El Consorcio Impugnante solicita que se descalifique la oferta del Consorcio

Adjudicatario a partir de los cuestionamientos formulados a los certificados y constancias de trabajo presentados para acreditar la experiencia del personal clave propuesto, conforme al siguiente detalle: Sobre el residente de obra

• Respecto del certificado del folio 146, correspondiente al ingeniero William

Reynoso Hilario, propuesto como residente de obra: señala que el periodo de experiencia certificado no se condice con el plazo de ejecución contractual de 240 días calendario de la obra, ni con las fechas de inicio y culminación registradas en INFOBRAS. ii. Respecto de la constancia del folio 159, correspondiente al referido profesional: cuestiona que el periodo de experiencia certificado no se encuentra debidamente corroborado con la información registrada en INFOBRAS y los resúmenes de valorizaciones de la obra, pues estos no permitirían acreditar que se desempeñó como residente durante todo el periodo consignado. Sobre el especialista en suelos y calidad iii. Respecto de la constancia del folio 162, correspondiente al ingeniero Jaime Efraín Salas Zegarra, propuesto como especialista en suelos y calidad: señala que el periodo certificado comprende días en los que la obra habría estado paralizada, conforme a la información registrada en INFOBRAS, por lo que cuestiona la experiencia acreditada. iv. Respecto de la constancia del folio 163, correspondiente al referido profesional: cuestiona que el periodo certificado no se condice con las fechas de ejecución de la obra registradas en INFOBRAS, así como con los periodos de paralización consignados en el acta de recepción de obra.

• Respecto de la constancia del folio 164, correspondiente al referido

profesional: cuestiona que la experiencia acreditada corresponde a un servicio de mantenimiento periódico y rutinario de un camino vecinal, y no a la ejecución o supervisión de obras, conforme a lo exigido en las bases integradas. vi. Respecto de la constancia del folio 165, correspondiente al referido profesional: señala que el periodo de experiencia certificado no se condice con la información registrada en INFOBRAS ni con el acta de recepción de obra, en la que se advierten periodos de paralización que no habrían sido considerados. Sobre el especialista en estructuras vii. Respecto de la constancia del folio 168, correspondiente al ingeniero Ángel Custodio Carrasco Ayala, propuesto como especialista en estructuras: cuestiona que el periodo certificado comprende fechas en las que la obra habría estado paralizada, conforme a la información registrada en INFOBRAS, por lo que considera que no corresponde computar dicho periodo como experiencia efectiva. En esa medida, corresponde avocarnos al análisis de los cuestionamientos formulados por el Consorcio Impugnante:

• Sobre el certificado del folio 146 de la oferta del Consorcio Adjudicatario.
• El Consorcio Impugnante refiere que el certificado emitido por el Consorcio San

Jose acredita al ingeniero civil William Reynoso Hilario como ingeniero residente de obra en el proyecto “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2022. Sin embargo, dicha información no se condice con la documentación correspondiente a la ejecución de la obra registrada en INFOBRAS. Al respecto, sostiene que, de la revisión del Acta de Entrega de Terreno, suscrita el 8 de noviembre de 2018, se advierte que el ingeniero Yosep Paucar Pareja fue identificado como residente de obra. Asimismo, señala que los resúmenes de las valorizaciones N.° 3, 4 y 5, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019, respectivamente, no identifican al ingeniero William Reynoso Hilario como residente de obra. Adicionalmente, señala que el plazo de ejecución contractual establecido en el Contrato N° 036-2018-MDS/GM era de 240 días calendario y que, conforme a la información registrada en INFOBRAS, la obra inició el 16 de noviembre de 2018 y culminó el 14 de julio de 2019; mientras que el certificado consigna como periodo de experiencia hasta el 30 de enero de 2022.

• Por su parte, el Consorcio Adjudicatario sostiene que el plazo de ejecución

contractual de 240 días calendario no equivale necesariamente al periodo total durante el cual un profesional pudo haber desarrollado funciones relacionadas con la obra, toda vez que durante su ejecución pueden presentarse ampliaciones de plazo, suspensiones, prestaciones adicionales u otras circunstancias que deben examinarse en conjunto. En ese sentido, considera que no resulta jurídicamente suficiente comparar únicamente la fecha de inicio y el plazo original del contrato con el periodo consignado en el certificado. Asimismo, señala que el hecho de que las valorizaciones identifiquen a otro profesional como residente de obra durante determinados meses no determina, por sí solo, que el ingeniero William Reynoso Hilario no haya participado en la ejecución de la obra, por lo que corresponde esclarecer si existió una sustitución de profesionales, participación en periodos distintos u otra circunstancia debidamente documentada; en consecuencia, solicita que se desestime el recurso en este extremo, conforme a lo señalado en el fundamento 7.

• A su turno, la Entidad manifiesta que el comité realizó la evaluación de las ofertas

conforme a los requisitos y criterios establecidos en las bases integradas, las cuales contemplaban la acreditación de la experiencia del personal clave mediante certificados o constancias de trabajo, sin establecer la obligación de efectuar verificaciones o cruces de información en tiempo real con plataformas externas, como INFOBRAS. Asimismo, invoca los principios de presunción de veracidad y trato igualitario, previstos en los literales e) y k) del artículo 5 de la Ley, señalando que el comité no contaba con facultades para calificar un documento como inexacto o falso sobre la base de indicios o consultas efectuadas en fuentes externas no vinculantes. En ese sentido, sostiene que la fiscalización posterior constituye el mecanismo previsto para verificar la documentación presentada por los postores y que, de detectarse documentación falsa o inexacta, correspondería adoptar las medidas contempladas en la normativa aplicable, conforme a lo señalado en el fundamento 6.

• En ese contexto, para la resolución de la controversia, corresponde tener presente

que el acápite B.2 “Experiencia del personal clave” del capítulo III de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, estableció que el profesional propuesto como residente de obra debía acreditar una experiencia acumulada de veinticuatro (24) meses, en ejecución y/o supervisión de obras de la especialidad y subespecialidad, computada desde la colegiatura. Para tal efecto, se consideró válida la experiencia adquirida en los siguientes cargos: residente de obra y/o ingeniero residente de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de obra y/o coordinador de obra y/o coordinador de proyecto y/o gerente de obra y/o gerente de proyecto.

Asimismo, las bases establecían que dicha experiencia podía acreditarse mediante cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del personal propuesto, conforme se muestra a continuación:

• Ahora bien, respecto de la especialidad y subespecialidad, cabe indicar que en el

literal A “Experiencia del postor en la especialidad” del numeral 3.3 “Requisitos de calificación” del Capítulo III de la sección específica de las bases integradas, se determinó que dicha experiencia debe ser acreditado en la especialidad: Viales, puertos y afines y subespecialidad: Vías urbanas.

• Por su parte, para acreditar la experiencia del profesional propuesto como

residente de obra, el Consorcio Adjudicatario incluyó dos (2) experiencias por un periodo total acumulado de 3 años, 8 meses y 16 días, según el cuadro de su oferta que se reproduce a continuación:

• Para acreditar la primera experiencia del residente de obra, el Consorcio

Adjudicatario presentó el certificado de trabajo que obra en el folio 146 de su oferta, conforme se aprecia a continuación:

• Conforme a lo anterior, se advierte que el certificado de fecha 9 de marzo de 2022,

emitido por el Consorcio San Jose acredita al ingeniero civil William Reynoso Hilario, con CIP N° 166825, como ingeniero residente de obra en el proyecto “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2022.

• Considerando los cuestionamientos efectuados por el Consorcio Impugnante, este

Tribunal procedió a verificar la información registrada en INFOBRAS sobre la obra que enmarca esta experiencia, con el objeto de corroborar si, como se alega en el recurso, existen documentos oficiales que generan prueba concluyente de que la información declarada en el certificado del Consorcio Adjudicatario no es concordante con la realidad.

• Al respecto, de la información registrada en el Sistema de Información de Obras

Públicas – INFOBRAS, se identifica la obra denominada “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho, con código INFOBRAS N° 85256 y CUI N° 2301267, a cargo de la Municipalidad Distrital de Santillana. Al respecto, dicha plataforma registra como fecha de inicio de la obra el 16 de noviembre de 2018 y como fecha de término el 14 de julio de 2019, conforme se reproduce a continuación:

• Ahora bien, de la información descargada del Sistema de Información de Obras

Públicas – INFOBRAS, se advierte que obran el Acta de Entrega de Terreno, suscrita el 8 de noviembre de 2018, y el Acta de Inicio de Ejecución de Obra, suscrita el 16 de noviembre de 2018, correspondientes al proyecto materia de análisis. Al respecto, de la revisión de ambos documentos se identifica al ingeniero Yosep Paucar Pareja como residente de obra, conforme se aprecia a continuación:

• Asimismo, de la documentación descargada de INFOBRAS, se advierten los

resúmenes de las valorizaciones N° 3, 4 y 5, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019, respectivamente. De su revisión, se aprecia que en las dos primeras se consigna al ingeniero Josep Paucar Pareja como residente de obra; mientras que, en la última, correspondiente al mes de marzo de 2019, se identifica al ingeniero Rolando Huamán Olarte en dicho cargo, conforme se aprecia a continuación:

• Aunado a ello, cabe precisar que el Tribunal, mediante Decreto del 21 de octubre

de 2026, solicitó a la Municipalidad Distrital de Santillana, entre otros, informar si el ingeniero civil William Reynoso Hilario, con CIP N° 166825, intervino como residente de obra en el proyecto: “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2022. En atención a dicho requerimiento, mediante Oficio N° 568-2026-MDS/A del 27 de octubre de 2026, la Municipalidad Distrital de Santillana remitió el Informe N° 202- 2026-MDS/S/UACP/TCQ, elaborado por el Jefe de la Unidad de Abastecimiento y Control Patrimonial, en el cual se informó que, como resultado de la verificación de la documentación obrante en sus archivos, no figura el nombre del ingeniero William Reynoso Hilario ni documentación que permita establecer fehacientemente su participación laboral o profesional. Para mayor detalle, se reproduce el extracto pertinente del informe remitido por la citada Municipalidad:

• De la valoración conjunta de la documentación antes expuesta, este Colegiado

advierte que los resúmenes de las valorizaciones N° 3, 4 y 5, correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2019, respectivamente, identifican a profesionales distintos del ingeniero William Reynoso Hilario como residentes de obra, pese a que dichos meses se encuentran comprendidos dentro del periodo del 2 de enero de 2019 al 30 de enero de 2022, consignado en el certificado obrante al folio 146 de la oferta del Consorcio Adjudicatario. Además, las valorizaciones de enero y febrero son consistentes con el residente de obra que participó en el acta de entrega de terreno y de inicio de ejecución de la obra.

• A ello se añade que, mediante Oficio N° 568-2026-MDS/A, del 27 de octubre de

2026, la Municipalidad Distrital de Santillana, en atención al requerimiento efectuado por este Tribunal, remitió el Informe N° 202-2026-MDS/S/UACP/TCQ, en el cual informó que, luego de revisar la documentación obrante en sus archivos, correspondiente al proyecto materia de cuestionamiento, no figura el nombre del ingeniero William Reynoso Hilario ni documentación que permita establecer fehacientemente su participación laboral o profesional en dicho proyecto. Asimismo, precisó que la información documental disponible resultaba insuficiente para emitir un pronunciamiento concluyente respecto de la autenticidad o falsedad de los certificados de trabajo cuestionados; no obstante, cabe señalar que lo señalado por la Entidad en el sentido que no figura la participación del señor Reynoso es consistente con los medios probatorios obrantes en el presente expediente.

• En ese sentido, si bien el Consorcio Adjudicatario sostiene que la identificación de

otros profesionales en las valorizaciones no determina, por sí sola, que el ingeniero William Reynoso Hilario no haya participado como residente de obra, y que pudo existir una sustitución de profesionales o participación en periodos distintos, se advierte que no ha aportado documentación adicional que permita corroborar alguna de dichas circunstancias, limitándose a señalar que la identificación de otros profesionales en las valorizaciones no descartaría la participación del referido ingeniero en la obra. Además, cabe señalar que las valorizaciones sí evidencian que hubo un cambio de profesional a partir de marzo de 2019; sin embargo, incluso en ese mes se advierte que participó un profesional distinto al señor Reynoso. A ello se añade que la Municipalidad Distrital de Santillana, entidad a cargo de la obra, tampoco identificó en la documentación del proyecto, la participación del ingeniero Reynoso en el proyecto en cuestión.

• Por tanto, este Colegiado considera que los elementos objetivos antes señalados

permiten concluir que no se encuentra acreditada la participación del ingeniero William Reynoso Hilario como residente de obra durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019, pese a que estos se encuentran comprendidos dentro del periodo de experiencia consignado en el certificado del folio 146; por lo que la información contenida en dicho documento, respecto de su participación en el referido cargo durante esos meses, no se condice con la realidad.

• Por lo expuesto, esta Sala concluye que el certificado emitido por el Consorcio San

José de fecha 9 de marzo de 2022, en el extremo en que acredita al acredita al ingeniero civil William Reynoso Hilario como ingeniero residente de obra en el proyecto “Creación del camino vecinal Ismuñay Belén – Chocay – Lleccapata – Mancacuta – en el distrito de Santillana, Huanta – Ayacucho”, durante el periodo comprendido desde el 2 de enero de 2019 hasta el 30 de enero de 2022, contiene información discordante con la realidad.

• En torno a ello, corresponde tener presente que el principio de integridad,

previsto en el literal e) del artículo 5 de la Ley, determina un deber de conducta para todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien, guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evita y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes.

• En esa línea, conforme al literal b) del numeral 69.1 del artículo 69, los postores

presentan en la oferta un Pacto de Integridad, que incorpora, entre otros, el compromiso de mantener una conducta proba e íntegra en todas las actividades del proceso de contratación, lo que supone actuar con honestidad y veracidad, sin cometer actos ilícitos, directa o indirectamente, así como respetar la libertad de concurrencia y las condiciones de competencia efectiva en el proceso de contratación y abstenerme de realizar prácticas que la restrinja o afecten (…)” .

• En este punto, cabe señalar que, de conformidad con el criterio establecido en el

Acuerdo de Sala Plena N° 004-2026/TCP, publicado el 26 de octubre de 2026, cuando, durante la tramitación de un recurso de apelación, este Tribunal corrobora que la oferta de un postor contiene información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, así como ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Asimismo, dicho acuerdo establece que, para adoptar la decisión en el procedimiento recursivo, no resulta necesario determinar si la información inexacta incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto.

• En ese contexto, la presentación de información discordante con la realidad en un

procedimiento de selección configura la transgresión del principio de integridad y desvirtúa la presunción de veracidad que amparaba a la oferta. En dicho contexto, habiéndose determinado en el presente caso que la oferta del Adjudicatario contiene información discordante con la realidad sobre la participación del profesional en la obra bajo revisión, corresponde revocar el acto de calificación de su oferta —acto que fue inicialmente emitido presumiéndose la veracidad de dicha información— y declarar la descalificación de la oferta del procedimiento de selección.

• Adicionalmente, corresponde al Tribunal abrir expediente administrativo

sancionador contra los integrantes del Consorcio Adjudicatario por la presunta comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta ante las entidades contratantes. Para tal efecto, la Secretaría Técnica del Tribunal deberá tomar en cuenta los demás cuestionamientos a la veracidad formulados por el Consorcio Impugnante en su recurso contra la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde, en aplicación del literal b) del

numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, declarar fundado este extremo del recurso de apelación y, por este efecto, revocar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario, declarándose descalificada y, en consecuencia, revocar la buena pro otorgada.

• En consecuencia, carece de objeto pronunciarse sobre los demás

cuestionamientos planteados por el recurrente, puesto que el Consorcio Adjudicatario no variará su condición de descalificación que lo excluye del procedimiento. Segundo punto controvertido: Determinar si corresponde otorgar la buena pro a favor del Consorcio Impugnante.

• Finalmente, el Consorcio Impugnante ha solicitado que se le otorgue la buena pro.
• Recapitulando el análisis que se ha hecho hasta el momento, en el primer punto

controvertido, se determinó fundado el cuestionamiento planteado por el Consorcio Impugnante, en el cual se determinó descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario y revocar la buena pro otorgada al mismo. Asimismo, se advierte que la oferta del Consorcio Impugnante fue admitida y calificada, obteniendo el segundo lugar en el orden de prelación con 82 puntos; además, su oferta no supera la cuantía del procedimiento de selección, por lo que corresponde otorgarle la buena pro.

• En ese sentido, en aplicación del literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del

Reglamento, corresponde declarar fundado el recurso de apelación.

• Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde precisar que, en el marco de la

fiscalización posterior de la oferta del Consorcio Impugnante, la Entidad deberá tomar en consideración las observaciones formuladas por el Consorcio Adjudicatario respecto de dicha oferta, aun cuando estas hayan sido planteadas de manera extemporánea en el presente recurso de apelación.

• Por tanto, en atención a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo

315 del Reglamento, y dado que este Tribunal procederá a declarar fundado el recurso impugnativo, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Consorcio Impugnante para la interposición de su recurso de apelación.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del vocal ponente Christian Cesar Chocano Davis, y la intervención de los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Annie Elizabeth Pérez Gutiérrez, atendiendo a la conformación de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026- OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en esa misma fecha en el Diario Oficial “El Peruano”, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por Decreto Supremo N° 067-2025-EF publicado el 12 de abril de 2025 en el Diario Oficial “El Peruano”, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Multifer,

conformado por los proveedores Corporacion Multifer E.I.R.L. y Grupo Menasgo E.I.R.L., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras N° 001-2026- CS/MDI-Primera Convocatoria, convocada por la Municipalidad Distrital de Iguain, para la contratación de ejecución de la obra: “Renovación de puentes en el camino vecinal de la localidad de Cangari, en el centro poblado Cangari, distrito de Iguain, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho”, con CUI N° 2677573. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la buena pro otorgada al Consorcio Medina’s, conformado por las empresas Medina’s Ingenieros Generales E.I.R.L. y Minka Contratistas y Consultores Sociedad Anónima Cerrada – MINKA S.A.C., cuya oferta pasa a declararse descalificada. 1.2 Otorgar la buena pro al Consorcio Multifer. 1.3 Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Multifer para la interposición de su recurso de apelación.

• Abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas Medina’s

Ingenieros Generales E.I.R.L. y Minka Contratistas y Consultores Sociedad Anónima Cerrada – MINKA S.A.C., integrantes del Consorcio Medina’s por la presunta comisión de la infracción referida a la presentación de información inexacta ante las entidades contratantes, conforme a lo señalado en la fundamentación.

• Disponer que la Entidad cumpla con las obligaciones de fiscalización posterior,

conforme a lo señalado en el fundamento 35.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE- CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.4

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR ARTURO SÁNCHEZ

CAMINITI

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

ANNIE ELIZABETH PÉREZ

GUTIÉRREZ

VOCAL

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

CHRISTIAN CESAR CHOCANO DAVID

PRESIDENTE

DOCUMENTO FIRMADO

DIGITALMENTE

4 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.