Resolución N.° 9615-2026-TCP-S2

Sumilla: “(…), la inconsistencia advertida entre el numeral 13 del Capítulo III y la cláusula quinta de la proforma del contrato, respecto del momento a partir del cual debe computarse el plazo de entrega, configura un vicio de nulidad comprendido en el literal b) del numeral 70.1 del

artículo 70 de la Ley, referido a los actos que

contravengan las normas legales, al vulnerar el principio de transparencia previsto en el artículo 5 de la Ley, pues las bases integradas no establecieron reglas claras y uniformes para la formulación y evaluación de las ofertas.” Lima, 5 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7113/2026.TCP - 7166/2026.TCP (ACUMULADOS) , sobre los recursos de apelación interpuestos por las empresas BAMAS SOLUTIONS S.A.C. y GATT PERU S.R.L., en el marco de la Licitación Pública para Bienes Nº 001-2026-SIMACH, para la “Adquisición de una grúa telescópica de capacidad mínima de 30 TON y una grúa telescópica de capacidad mínima de 50 TON”, oído el informe oral y atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• Según la ficha del SEACE de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas
• PLADICOP, el 3 de agosto de 2026, el SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.A.,

en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública para Bienes Nº 001-2026- SIMACH, para la “Adquisición de una grúa telescópica de capacidad mínima de 30 TON y una grúa telescópica de capacidad mínima de 50 TON”, con una cuantía ascendente a $ 1,132,967.91 (un millón ciento treinta y dos mil novecientos sesenta y siete con 91/100 dólares norteamericanos), en adelante el procedimiento de selección. Para el ítem N° 2 – Grúa móvil de 30 TON (ítem cuestionado), se consideró una cuantía ascendente a $ 489,277.91 (cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos setenta y siete con 91/100 dólares norteamericanos).

Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, y sus respectivas modificatorias, en adelante el Reglamento. Según el cronograma del procedimiento de selección, el 9 de septiembre de 2026 se presentaron las ofertas y, el 15 del mismo mes y año, se notificó a través del SEACE de la PLADICOP, el otorgamiento de la buena pro a favor del postor UNIMAQ S.A., en adelante el Adjudicatario, por el monto de $ 430,700.00 (cuatrocientos treinta mil setecientos con 00/100 dólares norteamericanos); conforme a los siguientes resultados: Nota: según acta publicada en el SEACE Sobre el Expediente 7113/2026.TCE.

• Mediante el escrito N° 01, subsanado con el escrito N° 02, presentados el 24 y 28

de septiembre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa BAMAS SOLUTIONS S.A.C., en adelante el Impugnante 1, interpuso recurso de apelación contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, solicitando se revoquen dichos actos y se disponga continuar con la calificación, evaluación de su oferta y de corresponder se adjudique la buena pro a su favor, de acuerdo con los siguientes argumentos:

• Señala que, su representada ofertó la grúa telescópica modelo XCMG

XCR30H, cuya documentación técnica acredita el cumplimiento de la característica “Línea de tiro en la primera capa del tambor”, para la cual las Postor Orden de prelación ETAPAS Resultado Admisión Calificación Ev. Técnica Oferta Ev. Econ. Puntaje Total Orden UNIMAQ S.A. Admitido Califica 60 $ 430,700.00 40 100 1 Adjudicado

GATT PERÚ

S.R.L. Admitido Califica 60 $ 439,000.00 39.24 99.24 2 Califica

BAMAS

SOLUTIONS

S.A.C. No bases integradas exigían un valor mínimo de 3,800 kgf. Al respecto, indica que en el folio 39 de su oferta presentó una declaración jurada de cumplimiento y, en el folio 47, documentación del fabricante que consigna expresamente una línea de tiro de 3,810 kgf, superior al mínimo requerido. No obstante, cuestiona que el comité haya declarado no admitida su oferta al identificar que, en el folio 48, se consignaba el parámetro “Tiro máx. de línea simple: 36 kN”, cuyo valor, convertido a aproximadamente 3,671 kgf, resultaba inferior a los 3,810 kgf señalados en el folio 47. Sobre ello, precisa que no cuestiona la operación matemática efectuada, sino que se hayan considerado equivalentes dos parámetros técnicos distintos, sin determinar previamente si correspondían a las mismas condiciones de medición. ii. Sostiene que, la documentación del fabricante del bien ofertado diferencia la línea de tiro de 3,810 kgf del tiro máximo de línea simple de 36 kN, este último consignado en una tabla que también contiene referencias a las condiciones de operación del malacate, entre ellas, “0-140 m/min, sin carga, 4.ª capa”. Por tanto, considera que la coexistencia de ambos valores no constituye una contradicción que justifique la no admisión de su oferta. iii. Refiere que, mediante Carta de Aclaración Técnica del 17 de septiembre de 2026, el fabricante XCMG precisó que los 3,810 kgf corresponden a la línea de tiro en la primera capa del tambor, mientras que los 36 kN corresponden al tiro máximo de línea simple bajo la condición indicada de cuarta capa. En ese sentido, sostiene que este último valor no puede convertirse y compararse directamente con el requisito exigido en las bases, al tratarse de parámetros sujetos a condiciones técnicas diferentes. Añade que dicha carta no modifica ni complementa sustancialmente su oferta, pues únicamente aclara información técnica que ya se encontraba consignada en los documentos originales, sin incorporar nuevas características, capacidades, componentes o configuraciones. Por ello, solicita que sea valorada conjuntamente con la documentación presentada, conforme a los criterios recogidos en las Resoluciones N° 1195-2020-TCE-S4, N° 0665-2025-TCE-S1 y N° 1248-2023-TCE-S3, así como en el Pronunciamiento N° 630-2024/OSCE-DGR, que invoca respecto del valor probatorio de las cartas emitidas por fabricantes. iv. Alega que, si el comité consideraba que existía una falta de claridad en la documentación técnica, correspondía evaluar la posibilidad de solicitar su aclaración o subsanación, conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, dado que los valores cuestionados ya formaban parte de su oferta y su precisión no alteraría el contenido esencial de esta ni afectaría la igualdad de trato.

• Finalmente, alega que la decisión de no admisión carece de motivación

técnica suficiente, pues el comité se limitó a convertir y comparar los valores de 3,810 kgf y 36 kN, sin explicar por qué corresponderían al mismo parámetro y condición de medición, lo cual contravendría los principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia y valor por dinero, así como el deber de valorar integral y objetivamente la documentación presentada.

• Por decreto del 29 de septiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en autos, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, el comprobante de depósito en Cta. Cte. 523400051 expedido por el Banco de la Nación, para su verificación y custodia.

Finalmente, se programó la audiencia pública para el 6 de octubre de 2026. Sobre el Expediente N° 7166/2026.TCE

• Mediante el escrito N° 01, subsanado con el escrito N° 2, presentados el 24 y 28

de septiembre de 2026, respectivamente, ante la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa GATT PERU S.R.L., en adelante el Impugnante 2, interpuso recurso de apelación contra la admisión, calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, solicitando que se revoquen dichos actos, se declare no admitida, se descalifique o se reduzca el puntaje otorgado al Adjudicatario en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su representada, de acuerdo con los siguientes argumentos: Sobre la admisión de la oferta del Adjudicatario

• Señala que, mediante la absolución de la observación N° 10 del pliego de

absolución de consultas y observaciones, formulada por el propio Adjudicatario, la Entidad estableció que la hoja técnica debía indicar expresamente la medida y características de los neumáticos del equipo ofertado. ii. Cuestiona que, en los folios 19 al 22 de la oferta del Adjudicatario, correspondientes a la hoja técnica de la grúa Tadano GR-300EX, no se consignó información sobre la medida, tipo, denominación, configuración o características de los neumáticos. Precisa que la única referencia relacionada con las ruedas corresponde a la tracción 4x4 y dirección en las cuatro ruedas, lo cual describe el sistema de transmisión, mas no los neumáticos del equipo. iii. Sostiene que, dicha omisión no puede suplirse mediante el Anexo N° 3 ni con una declaración genérica de cumplimiento, pues las bases exigían que la información se consignara expresamente en la hoja técnica. iv. Invoca las Resoluciones N° 3633-2026-TCP-S5 y N° 7326-2026-TCP-S3, señalando que los evaluadores deben verificar la documentación presentada, sin completar información omitida ni reconstruir la voluntad del postor. Añade que el propio Adjudicatario solicitó incorporar dicha exigencia, por lo que desconocerla contravendría el principio de buena fe procedimental. En consecuencia, considera que su oferta debió declararse no admitida. Sobre la experiencia del postor en la especialidad

• Cuestiona que, el Adjudicatario haya acreditado la totalidad de su

experiencia mediante una única contratación, correspondiente a la venta de una grúa móvil all terrain Demag AC220-5, sustentada en la factura electrónica N° FP01-00004843, del 29 de febrero de 2024, emitida al Banco de Crédito del Perú por US$ 1,357,000.00, en el marco de una operación de arrendamiento financiero a favor de MRC Grúas S.A.C., pues la factura establece como forma de pago crédito a treinta días, con vencimiento el 30 de marzo de 2024. En tal sentido, señala que, para acreditar la cancelación de dicha factura, el Adjudicatario presentó únicamente la página 22 de 23 de un estado de cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú, en la que figura un abono por US$ 1,357,000.00, de fecha 29 de febrero de 2024. Sin embargo, advierte las siguientes inconsistencias:

• La glosa del abono aparece en minúsculas, a diferencia de los

demás movimientos registrados en mayúsculas.

• Consigna la expresión genérica “descripción abono”, sin

identificar la operación.

• No identifica al ordenante, al cliente ni a la factura que

supuestamente se habría cancelado.

• El abono figura en la misma fecha de emisión de una factura

pactada a crédito de treinta días.

• Se presentó una sola página del estado de cuenta, sin

documentación bancaria adicional que permita identificar la operación.

Al respecto, sostiene que la coincidencia entre el importe de la factura y el abono bancario no acredita documental y fehacientemente su cancelación, conforme exige el numeral 3.5.1 de las bases integradas para contrataciones con privados. Por ello, solicita que se requiera al Adjudicatario el estado de cuenta íntegro de febrero de 2024 y la documentación bancaria que identifique al ordenante y la operación; asimismo, que se oficie al Banco de Crédito del Perú para verificar la autenticidad y contenido del estado de cuenta presentado, especialmente el abono cuestionado. Sobre el factor de evaluación “Plazo de entrega” vi. Cuestiona que, el comité haya otorgado quince (15) puntos al Adjudicatario en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, pese a que en el Anexo N° 12, obrante a folio 37 de su oferta, declaró un plazo de doscientos diecinueve (219) días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Sostiene que dicha declaración incorporó una condición no prevista en el formato y contraria al numeral 13 del Capítulo III de las bases integradas, que establece que el plazo se computa desde la firma del contrato. En ese sentido, considera que el plazo realmente ofertado por el Adjudicatario, computado conforme a las bases, equivale a doscientos veinte (220) días calendario, por lo que le corresponden diez (10) puntos y no quince (15), reservados para plazos menores a 220 días. Añade que no corresponde interpretar que el Adjudicatario quiso comprometerse a entregar los bienes en 219 días desde la firma del contrato, pues ello implicaría modificar los términos de su declaración. En consecuencia, sostiene que, al reducirse el puntaje del Adjudicatario de 100 a 95 puntos, frente a los 99.24 puntos obtenidos por el Impugnante 2, corresponde modificar el orden de prelación y otorgarle la buena pro, al haber obtenido el mayor puntaje.

• Por decreto del 30 de septiembre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto y se corrió traslado a la Entidad contratante para que, en un plazo de tres (3) días hábiles, registre en el SEACE, el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente, y de comunicar a su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplimiento. De igual forma, se dispuso notificar el recurso de apelación y sus anexos a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través de su publicación en el SEACE, otorgándoles un plazo no mayor a tres (3) días hábiles para absolver el traslado, contados desde el día siguiente de su notificación. Además, se dispuso remitir el expediente a la Tercera Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, a fin de que evalúe la información y documentación que obra en autos, en el marco del recurso de apelación interpuesto. A la par, se remitió a la Oficina de Administración y Finanzas, la constancia de transferencia interbancaria con solicitud N° 55301317 expedida por Interbank, para su verificación y custodia. Finalmente, se programó la audiencia pública para el 6 de octubre de 2026.

• Por decreto del 30 de septiembre de 2026, considerando que entre los expedientes

N° 7113/2026.TCP - 7166/2026.TCP existiría conexión que permitiría su tramitación y resolución de manera conjunta, al haberse interpuesto dos recursos de apelación respecto al mismo procedimiento de selección; se dispuso acumular los actuados del expediente administrativo N° 7166/2026.TCP al expediente N° 7113/2026.TCP. Asimismo, se programó la audiencia pública para el 6 de octubre de 2026.

• El 2 de octubre de 2026, la Entidad publicó en el SEACE y presentó en la mesa de

partes del Tribunal, el Informe Técnico N° LBP-001-2026 N° 002 y el Informe Técnico N° LBP-001-2026 N° 003, mediante los cuales indicó lo siguiente: Respecto del recurso de apelación del Impugnante 1

• Sostiene que, la no admisión de la oferta del Impugnante 1 se encuentra

debidamente sustentada, pues las bases integradas exigían una línea de tiro en la primera capa del tambor no menor de 3,800 kgf, parámetro ratificado mediante la absolución de la observación N° 32, debido a su importancia para la seguridad de las operaciones del astillero. Al respecto, precisa que la documentación técnica presentada por el Impugnante 1 contiene valores inconsistentes, pues en el folio 47 se consignan 3,810 kgf, mientras que en el folio 48, correspondiente a la tabla oficial del fabricante, se indica un tiro máximo de línea simple de 36 kN, equivalente aproximadamente a 3,671 kgf. Además, considera que, aunque dichos valores pudieran corresponder a distintas capas del tambor, la documentación original no permite establecer de manera inequívoca su correspondencia con el parámetro exigido, por lo que no existe certeza técnica sobre su cumplimiento. ii. Respecto de la Carta de Aclaración Técnica del fabricante XCMG, del 17 de septiembre de 2026, sostiene que constituye documentación extemporánea, emitida después de la presentación de ofertas y del otorgamiento de la buena pro. iii. Asimismo, considera que no correspondía solicitar la subsanación al amparo del artículo 78 del Reglamento, pues la inconsistencia advertida no constituye un error formal o material, sino una falta de certeza sobre el cumplimiento de una especificación técnica mínima. iv. Añade que las resoluciones invocadas por el Impugnante 1 respecto de las cartas de fabricantes no resultan aplicables, dado que estas pueden aclarar ambigüedades, pero no modificar un valor numérico expresamente consignado en la documentación técnica. Precisa que el principio de valor por dinero tampoco justifica admitir una oferta sin certeza sobre el cumplimiento de un requisito de seguridad. Sobre la experiencia del Impugnante 1 en la especialidad

• Adicionalmente, cuestiona que el Impugnante 1 cumpla el requisito de

calificación “Experiencia del postor en la especialidad”, para el cual las bases exigían acreditar un monto facturado acumulado de US$ 600,000.00, pues las tres contrataciones declaradas en el Anexo N° 11, por un total de US$ 1,092,342.83, contendrían inconsistencias entre las facturas y los estados de cuenta bancarios presentados para acreditar su cancelación:

• Factura E001-30, del 27 de agosto de 2026, emitida a HBR

SOLUTIONS S.A.C. por S/ 1,032,000.00: el movimiento bancario del 31 de julio de 2026 figura como un cargo o retiro de la propia cuenta del Impugnante 1, realizado antes de la emisión de la factura.

• Factura E001-31, del 2 de septiembre de 2026, emitida a HBR

SOLUTIONS S.A.C. por S/ 1,200,000.00: el movimiento bancario del 30 de agosto de 2026 también corresponde a un cargo o retiro, anterior a la emisión del comprobante.

• Factura E001-9, del 13 de enero de 2026, emitida a VIKSANT

SOLUTIONS S.A.C. por S/ 1,435,000.00: el estado de cuenta acredita un abono por dicho importe el 15 de enero de 2026, equivalente a US$ 426,956.26. Respecto del recurso de apelación del Impugnante 2 vi. Sobre los cuestionamientos contra la admisión del Adjudicatario, sostiene que la hoja técnica presentada por dicho postor identifica de manera precisa la marca y modelo del equipo ofertado, correspondiente a una grúa telescópica Rough Terrain TADANO GR-300EX. Si bien reconoce que dicho documento no consigna expresamente las dimensiones de los neumáticos, considera que, al tratarse de un equipo de fabricación seriada, su diseño incorpora las llantas especificadas por el fabricante para dicho modelo, cumpliendo con la exigencia de que correspondan al diseño original del equipo. vii. Sobre la experiencia del Adjudicatario en la especialidad, señala que la factura N° FP01-00004843, por US$ 1,357,000.00, y su cancelación se encuentra acreditada mediante el estado de cuenta bancario presentado, en el que figura un abono por el mismo importe y con fecha coincidente con la emisión del comprobante, el 29 de febrero de 2024.

Además, considera que dicha correspondencia temporal y numérica resulta suficiente para acreditar el pago, conforme al numeral 3.5.1 de las bases integradas y al principio de presunción de veracidad. Asimismo, sostiene que la condición de pago “Crédito 30 días” no impide que el cliente cancele anticipadamente la factura. En cuanto a la glosa “descripción abono”, señala que corresponde a la nomenclatura automatizada del sistema bancario, circunstancia ajena al control del postor que no desvirtúa la existencia del ingreso. Por ello, considera que los cuestionamientos del Impugnante 2 se sustentan en conjeturas y que la experiencia del Adjudicatario fue válidamente acreditada. viii. Sobre el factor de evaluación “Plazo de entrega”, alega que el Adjudicatario declaró un plazo de 219 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de la suscripción del contrato. Si bien reconoce que el numeral 13 de las bases establece que el plazo se computa desde la firma del contrato, considera que la normativa de contrataciones y las disposiciones supletorias del Código Civil establecen que los plazos contractuales expresados en días se inician al día siguiente del acto que los origina. En consecuencia, sostiene que la declaración del Adjudicatario no incorpora una condición suspensiva ni modifica su compromiso, sino que reproduce la regla legal aplicable al cómputo del plazo contractual. Por tanto, considera que el plazo ofertado es de 219 días calendario, correspondiéndole quince (15) puntos y manteniéndose su puntaje total de 100 puntos, superior a los 99.24 puntos obtenidos por el Impugnante 2.

• A través de Escrito N° 2, presentado el 2 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Impugnante 2 absolvió el traslado del recurso impugnativo del Impugnante 1, señalando lo siguiente: Sobre la no admisión de la oferta del Impugnante 1

• Sostiene que, la documentación presentada por el Impugnante 1 contiene

valores contradictorios, pues en el folio 47 consigna 3,810 kgf, mientras que en el folio 48 se indica un tiro máximo de línea simple de 36 kN, equivalente aproximadamente a 3,671 kgf, inferior al mínimo exigido.

Además, cuestiona que el Impugnante 1 pretenda atribuir los 36 kN a la cuarta capa del tambor, pues la referencia “4.ª capa” del folio 48 corresponde a la columna de velocidad de trabajo (0-140 m/min, sin carga), y no a la de tiro máximo. Añade que, técnicamente, la fuerza de tiro es mayor en la primera capa y disminuye en las sucesivas, por lo que considera incompatible que el equipo registre 3,810 kgf en la primera capa y 36 kN en la cuarta, dado que la diferencia entre ambos valores sería de apenas 4 %, cuando, según afirma, debería aproximarse al 20 % o 25 %. Asimismo, sostiene que el valor de 36 kN proviene de la tabla de parámetros técnicos del fabricante, mientras que los 3,810 kgf aparecen en un documento en español identificado como confidencial, cuyo origen no estaría acreditado. Invoca la Resolución N° 01091-2026-TCP-S6 para señalar que debe prevalecer la documentación técnica del fabricante frente a la elaborada por el postor. ii. Sobre la Carta de Aclaración Técnica del 17 de septiembre de 2026, señala que dicha carta no puede valorarse, al haber sido emitida después de la presentación de ofertas y del otorgamiento de la buena pro. Además, refiere que no constituye una aclaración o subsanación permitida por el

artículo 78 del Reglamento, pues pretende reinterpretar un parámetro

técnico esencial, alterando el contenido de la oferta y afectando la igualdad de trato. Asimismo, cuestiona que la carta provenga del fabricante del equipo, pues señala que la grúa XCR30 es fabricada por Xuzhou Heavy Machinery Co., Ltd., conforme al certificado de conformidad emitido por TÜV Rheinland y al folio 59 de la oferta. Sin embargo, la carta fue suscrita por una persona identificada como “Lane, Gerente General Comercial”, en representación de Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd., empresa con domicilio distinto, sin acreditarse facultades para representar al fabricante. iii. Sobre la experiencia del Impugnante 1 en la especialidad, cuestiona que dicho postor presentó tres facturas por la venta de montacargas, sustentadas en estados de cuenta del Banco de Crédito del Perú, respecto de los cuales advierte las siguientes inconsistencias:

• Factura E001-9, del 13 de enero de 2026, por S/ 1,435,000.00,

emitida a VIKSANT SOLUTIONS S.A.C.: señala que el cliente consigna el mismo domicilio que el Impugnante 1.

• Factura E001-30, del 27 de agosto de 2026, por S/ 1,032,000.00,

emitida a HBR SOLUTIONS S.A.C.: cuestiona que se sustente en un estado de cuenta de julio de 2026, anterior a la emisión del comprobante, y que el cliente registre un domicilio que también figura en las facturas del Impugnante 1.

• Factura E001-31, del 2 de septiembre de 2026, por S/

1,200,000.00, emitida a HBR SOLUTIONS S.A.C.: advierte que el estado de cuenta registra un supuesto abono el 30 de agosto de 2026, tres días antes de la emisión de la factura. Adicionalmente, sostiene que los estados de cuenta correspondientes a enero, julio y agosto de 2026 reproducen la misma secuencia de movimientos bancarios, con idénticos números de operación, códigos de origen y horarios. Como ejemplos, identifica operaciones que se repiten en los tres meses, así como cargos por S/ 1,372.03 y S/ 169.02 registrados los días 7 y 9, respectivamente. Considera que dichas coincidencias resultan incompatibles con la naturaleza de los registros bancarios, cuyos números de operación serían únicos, y que únicamente varían los importes y saldos. iv. Finalmente, cuestiona la bonificación del 5 % solicitada por el Impugnante 1 por su condición de micro y pequeña empresa, señalando que esta únicamente resulta aplicable a ítems cuya cuantía corresponda a una modalidad abreviada, mientras que el ítem N° 2 tiene una cuantía de US$ 489,277.91 y fue convocado mediante licitación pública.

• Con decreto del 5 de octubre de 2026, se tuvo por absuelto el traslado efectuado

por el Impugnante 2, respecto al recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1.

• Mediante Escrito s/n presentado el 5 de octubre de 2026, el Adjudicatario se

apersonó y absolvió el traslado de los recursos de apelación, indicando lo siguiente: Respecto del recurso de apelación del Impugnante 2.

• Sobre la falta de información de los neumáticos en su hoja técnica,

sostiene que identificó claramente la grúa TADANO, modelo GR-300EX, y presentó la documentación técnica correspondiente. Si bien reconoce que el pliego de absolución integra las reglas del procedimiento, considera que debe determinarse si las bases exigían expresamente acreditar las medidas y características de los neumáticos como requisito documental de admisión. Añade que una eventual omisión de la Entidad al integrar las bases no puede perjudicar al postor, conforme a los principios de transparencia y libertad de concurrencia. ii. Respecto de la experiencia del postor en la especialidad, señala que la Factura Electrónica N° FP01-00004843, por US$ 1,357,000.00, se encuentra respaldada por el abono bancario del mismo importe, así como por la nota de abono y constancia de liquidación emitidas por el Banco de Crédito del Perú. Precisa que la condición de pago a treinta días no impide su cancelación anticipada y manifiesta su conformidad con que el Tribunal requiera información a dicha entidad bancaria para verificar la documentación presentada. iii. Sobre el factor de evaluación “Plazo de entrega”, sostiene que ofertó expresamente 219 días calendario y que la precisión referida al inicio del cómputo desde el día siguiente de la suscripción del contrato no incrementa el plazo a 220 días. Invoca los artículos 105.2 y 106.1 del Reglamento, el artículo 183 del Código Civil y el artículo 144 del TUO de la LPAG, por lo que considera correcto el otorgamiento de quince (15) puntos. iv. Añade que, si el Tribunal advirtiera una contradicción o ambigüedad entre las disposiciones de las bases sobre el inicio del plazo de entrega, ello constituiría un vicio atribuible a la Entidad que podría justificar la nulidad del procedimiento, mas no la reducción de su puntaje. No obstante, invoca los principios de conservación del acto administrativo, eficacia y eficiencia para sostener que corresponde mantener la evaluación efectuada.

• Por otra parte, cuestiona la experiencia del Impugnante 2 acreditada

mediante la Factura Electrónica N° E001-8303, por US$ 610,000.00, señalando que debe verificarse si el sello “CANCELADO” resulta suficiente para acreditar su pago o si correspondía presentar documentación financiera adicional, debiendo aplicarse el mismo estándar de acreditación a todos los postores. Respecto del recurso de apelación del Impugnante 1 vi. Sostiene que, la documentación técnica del Impugnante 1 contiene una inconsistencia sustancial respecto de la línea de tiro en la primera capa del tambor, pues consigna 3,810 kgf y 36 kN (aproximadamente 3,671 kgf), sin acreditar inequívocamente que correspondan a condiciones de medición distintas. Por ello, considera que no se demostró el cumplimiento del mínimo de 3,800 kgf exigido en las bases. vii. Respecto de la Carta de Aclaración Técnica de XCMG, del 17 de septiembre de 2026, sostiene que fue emitida después de la presentación de ofertas y de la decisión de no admisión, por lo que no puede utilizarse para completar una característica técnica esencial que no hubiera quedado acreditada originalmente. Invoca el artículo 78.1 del Reglamento y señala que la jurisprudencia citada por el Impugnante 1 no autoriza modificar o reconstruir ofertas mediante documentos posteriores. Asimismo, cita la Resolución N° 0843-2025-TCE-S5, sobre la exigencia de claridad y congruencia de la documentación técnica. viii. Adicionalmente, advierte una posible contradicción respecto de la capacidad del gancho principal, pues una declaración del Impugnante 1 consignaría una capacidad igual o mayor a 30 toneladas, mientras que su hoja técnica indicaría un gancho principal de 5 toneladas con cinco poleas.

• A través del Escrito s/n, presentado el 5 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Impugnante 1 reiteró sus argumentos respecto de la no admisión de su oferta y presentó argumentos adicionales, indicando lo siguiente:

• Sostiene que, los cuestionamientos del Impugnante 2 respecto de su

experiencia en la especialidad no constituyeron fundamento de la no admisión de su oferta, pues el comité de selección no llegó a efectuar su calificación. Por ello, considera que las pretensiones tercera y cuarta del Impugnante 2 buscan que el Tribunal realice una calificación anticipada, alterando la secuencia de etapas del procedimiento. ii. Precisa que, su pretensión consiste en que se revoque la no admisión de su oferta y se disponga que continúe con las etapas de evaluación y calificación correspondientes y, únicamente de obtener un resultado favorable, se le otorgue la buena pro. iii. Finalmente, reitera su solicitud de que se declare fundado su recurso de apelación, se revoque la no admisión de su oferta y se valore la carta aclaratoria de XCMG conjuntamente con la documentación presentada originalmente.

• A través del Escrito s/n, presentado el 6 de octubre de 2026 ante la Mesa de Partes

Digital del Tribunal, el Impugnante 2 reiteró sus cuestionamientos respecto de la acreditación de la experiencia en la especialidad y la presunta adulteración de los estados de cuenta bancarios presentados en su oferta. Asimismo, expuso lo siguiente:

• Precisa que los movimientos bancarios vinculados a las facturas E001-30 y

E001-31, por S/ 1,032,000.00 y S/ 1,200,000.00, respectivamente, presentan el signo negativo correspondiente a cargos o salidas de dinero; sin embargo, dichos importes incrementan los saldos de la cuenta, lo que considera incompatible con un estado bancario auténtico. Añade que la operación N° 082593, utilizada para sustentar la primera factura, aparece también en enero de 2026 como un cargo por S/ 75,679.00. Asimismo, señala que la operación N° 231607, utilizada para acreditar la factura E001-9 por S/ 1,435,000.00, se repite en los estados de cuenta de julio y agosto de 2026, con idéntico número, hora y código de origen, pero por S/ 10,000.00. Agrega que los tres estados de cuenta reproducen veintiocho números de operación en el mismo orden, con coincidencias en horarios, códigos e importes, además de otras tres operaciones repetidas entre enero y julio, circunstancias que, a su criterio, evidenciarían una posible adulteración documental. En ese sentido, sostiene que, aun considerando válida únicamente la factura E001-9, el Impugnante 1 acreditaría US$ 426,956.26, monto inferior a los US$ 600,000.00 exigidos en las bases. Añade que, si se excluye también dicha factura por las inconsistencias advertidas, no acreditaría experiencia alguna. Por ello, solicita que el Tribunal se pronuncie sobre su calificación en la presente resolución, aun cuando el comité no haya llegado a dicha etapa, a fin de evitar nuevas controversias y dilaciones. Invoca las Resoluciones N° 5586-2025-TCP-S3 y N° 7937-2025-TCP-S4. ii. Adicionalmente, solicita verificar la autenticidad de las cartas Authorization Letter y Certification Letter, del 5 de septiembre de 2026, y la Carta de Aclaración Técnica del 17 de septiembre de 2026, presentadas por el Impugnante 1, pues dichos documentos fueron suscritos por una persona identificada como “Lane”, en representación de Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd., mientras que el certificado de conformidad de TÜV Rheinland identifica como fabricante a Xuzhou Heavy Machinery Co., Ltd. Asimismo, cuestiona la falta de acreditación de las facultades del firmante, los dominios de correo utilizados y la diferencia entre los modelos XCR30 y

XCR30H.

iii. Finalmente, reitera su solicitud de que se requiera información al Banco de Crédito del Perú y al Impugnante 1 para verificar los estados de cuenta y las transferencias cuestionadas. Asimismo, solicita oficiar al fabricante para confirmar la autenticidad de las cartas y la representación de su suscriptor, disponer el inicio del procedimiento administrativo sancionador por presunta documentación falsa o adulterada e información inexacta y remitir copia de lo actuado al Ministerio Público, de corresponder.

• Por decreto del 9 de octubre de 2026, en atención a la reconformación de Salas

del Tribunal, dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D0000293- 2026-OECE-PRE de fecha 5 de octubre de 2026, publicada en el Diario Oficial El Peruano en la misma fecha y, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N° 003-2020/TCE de fecha 10 de marzo de 2020, se decretó remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y programar audiencia para el 15 de octubre de 2026.

• Por decreto del 14 de octubre de 2026, se dejó sin efecto la remisión del

expediente realizada por Decreto N° 768686, del 9 de octubre de 2026, al advertirse que en el Toma Razón Electrónico únicamente se había publicado el recurso de apelación de BAMAS SOLUTIONS S.A.C., omitiéndose el del otro impugnante, situación que debía corregirse a fin de garantizar el derecho de defensa de los terceros interesados.

• Por decreto del 14 de octubre de 2026, se remitió el expediente a esta Sala, se

dispuso computar el plazo previsto en el numeral 311.1 del Reglamento, desde que el expediente es recibido en Sala y se programó audiencia para el 21 de octubre de 2026.

• Por decreto del 14 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al Adjudicatario

y se dejó a consideración de la Sala la absolución realizada al traslado del recurso de apelación interpuesto.

• Mediante escrito N° 2, presentado el 15 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante 1 formuló cuestionamientos contra la oferta del Impugnante 2, alegando la presunta presentación de documentación adulterada e información inexacta para acreditar su experiencia en la especialidad y las características del equipo ofertado. Para sustentar su posición, expuso lo siguiente:

• Cuestiona la Factura Electrónica N.° E001-8303, de mayo de 2026,

presentada por el Impugnante 2 para acreditar una experiencia de US$ 610,000.00, correspondiente a la venta de una grúa XCMG, modelo XCR60L5, a la empresa Transportes Como Cancha S.A.C., pues sostiene que, según la información obtenida de la plataforma Veritrade, el Impugnante 2 no registra importaciones de grúas XCMG procedentes de China durante los años 2025 y 2026, por lo que considera que existirían indicios que justificarían verificar la veracidad de dicha operación comercial ante la SUNAT y la empresa adquirente.

Asimismo, sostiene que la ficha técnica presentada por el Impugnante 2 contendría información inexacta, pues consigna la expresión “Representante oficial XCMG en el Perú”, pese a que, según afirma, dicha condición correspondería a XCMG PERÚ S.A.C. y DERCOMAQ. Para sustentar su cuestionamiento, hace referencia a las páginas web oficiales de XCMG en Perú y a nivel internacional. ii. Alega que, el Impugnante 2 ofertó una grúa XCMG de 30 toneladas con las mismas especificaciones técnicas que el equipo presentado por su representada, por lo que cuestiona que el comité de selección haya admitido aquella oferta y declarado no admitida la suya. iii. Finalmente, solicita que se oficie a la SUNAT, a Transportes Como Cancha S.A.C. y a XCMG PERÚ S.A.C. para verificar la operación comercial y la condición de representante oficial alegada por el Impugnante 2. Asimismo, solicita que disponga el inicio del procedimiento administrativo sancionador por presunta presentación de documentación falsa o adulterada e información inexacta, así como la remisión de lo actuado al Ministerio Público. Para sustentar sus cuestionamientos, adjunta un reporte de importaciones obtenido de la plataforma Veritrade.

• Por decreto del 21 de octubre de 2026, se corrió traslado a las partes y a la Entidad

sobre posibles vicios de nulidad advertidos en las bases integradas, debido a que el numeral 13 del requerimiento establece que el plazo de entrega se computa desde la firma del contrato, mientras que la proforma contractual dispone que se inicia al día siguiente de su perfeccionamiento, conforme al numeral 105.2 del

artículo 105 del Reglamento. Dicha inconsistencia afectaría el principio de

transparencia y tendría incidencia en la evaluación del factor “Plazo de entrega”, materia de controversia entre las partes. Por ello, se les otorgó un plazo de cinco (5) días hábiles para pronunciarse sobre la posible nulidad del procedimiento de selección.

• Mediante Escrito s/n presentado el 22 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Impugnante 2 absolvió el traslado de los posibles vicios de nulidad, indicando lo siguiente:

• No existe contradicción entre el numeral 13 del Capítulo III de las bases

integradas, que establece que el plazo de entrega se computa desde la firma del contrato, y la cláusula quinta de la proforma contractual, que dispone su inicio desde el día siguiente del perfeccionamiento, pues conforme al numeral 2.4.1 de las bases, el contrato se perfecciona con su suscripción y que, según el inciso 4 del artículo 183 del Código Civil, el cómputo del plazo excluye el día inicial. Por tanto, ambas disposiciones establecen, en esencia, la misma regla, en concordancia con el numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento. ii. Las bases estándar, de uso obligatorio conforme al numeral 55.3 del

artículo 55 del Reglamento, distinguen entre el plazo de entrega previsto

en el requerimiento y su forma de cómputo, regulada en la proforma contractual. En ese sentido, considera que la referencia a la firma del contrato contenida en el numeral 13 constituye una precisión adicional del área usuaria que no modifica la regla establecida en la cláusula quinta. iii. Respecto del factor de evaluación “Plazo de entrega”, señala que este únicamente evalúa la cantidad de días calendario ofertados, conforme a los rangos establecidos en las bases, sin considerar ni otorgar puntaje por la fecha de inicio del cómputo. Por ello, sostiene que la redacción cuestionada no afectó la transparencia ni la evaluación de las ofertas, pues todos los postores se encontraban sujetos a la misma regla. iv. No mantiene el cuestionamiento subordinado de su recurso de apelación referido a la reducción del puntaje del Adjudicatario en el factor “Plazo de entrega”, reconociendo que su interpretación inicial, según la cual debía incluirse el día de la firma del contrato, no era la correcta. Añade que, con dicha precisión, desaparece la divergencia interpretativa advertida por el Tribunal, dado que su posición coincide con la sostenida por la Entidad y el Adjudicatario.

• En consecuencia, solicita que no se declare la nulidad del procedimiento

de selección, al considerar que no existe contravención normativa ni afectación al principio de transparencia, y que el Tribunal resuelva el fondo de los recursos acumulados conforme a las demás pretensiones y argumentos formulados en su recurso de apelación y en su absolución.

• Mediante Informe Técnico LPB-001-2026 N.° 004, presentado el 28 de octubre de

2026, por la mesa de partes digital del Tribunal, la Entidad absolvió el traslado de los posibles vicios de nulidad, señalando lo siguiente:

• Reconoce que existe una discrepancia entre el numeral 13 del Capítulo III

de las bases integradas, que establece el inicio del plazo de entrega desde la firma del contrato, y la cláusula quinta de la proforma contractual, que dispone su cómputo desde el día siguiente del perfeccionamiento, conforme al numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento. ii. Precisa que el comité evaluó las ofertas conforme a la literalidad de las bases integradas, sin encontrarse facultado para modificar o reinterpretar sus disposiciones. No obstante, reconoce que dicha inconsistencia generó interpretaciones distintas entre los postores, afectando la transparencia, la igualdad de trato y la evaluación del factor “Plazo de entrega”, lo que configuraría un vicio de nulidad conforme al numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley N.° 32069. iii. En consecuencia, considera procedente declarar la nulidad del procedimiento de selección correspondiente al ítem N.° 2 y retrotraerlo a la etapa que determine el Tribunal, a fin de corregir la discrepancia advertida y establecer una regla uniforme para el cómputo del plazo de entrega.

• Mediante escrito s/n presentado el 28 de octubre de 2026, por la mesa de partes

digital del Tribunal, el Adjudicatario absolvió el traslado de los posibles vicios de nulidad, indicando lo siguiente:

• Existe una contradicción entre el numeral 13 del Capítulo III de las bases

integradas, que establece el cómputo del plazo de entrega desde la firma del contrato, y la cláusula quinta de la proforma contractual, que dispone su inicio desde el día siguiente del perfeccionamiento, conforme al numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento. Considera que dicha inconsistencia constituye un vicio sustancial que afecta los principios de legalidad, transparencia e igualdad de trato. ii. El vicio incide directamente en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, pues la diferencia de un día determina la asignación de quince (15) o diez (10) puntos, pudiendo modificar el orden de prelación. Por ello, considera que no corresponde aplicar la conservación del acto prevista en el artículo 14 del TUO de la LPAG, al tratarse de un vicio trascendente que afecta la evaluación objetiva de las ofertas. Asimismo, invoca la Resolución N.° 0902-2025-TCE-S6, respecto de la nulidad por falta de claridad en las reglas del procedimiento. iii. En consecuencia, solicita declarar la nulidad de oficio del ítem N.° 2 del procedimiento de selección, conforme al literal b) del numeral 70.1 del

artículo 70 de la Ley N.° 32069, y retrotraerlo a la etapa de convocatoria,

previa reformulación del requerimiento, a fin de corregir la inconsistencia advertida.

• Por decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver,

al haber vencido el plazo para que las partes cumplan con remitir la absolución al traslado de nulidad.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1 contra la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección, solicitando que se revoquen dichos actos, se disponga continuar con la evaluación y calificación de su oferta y, de corresponder, se le otorgue la buena pro del ítem N° 2. Asimismo, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2 contra la admisión, calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que se revoquen dichos actos, se declare no admitida o se descalifique la oferta del Adjudicatario o, subsidiariamente, se reduzca el puntaje otorgado en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, se modifique el orden de prelación y se le otorgue la buena pro del ítem N° 2.

• PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en

sede administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia

para resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. En el presente caso, la cuantía del procedimiento de selección asciende a $ 1,132,967.91 (un millón ciento treinta y dos mil novecientos sesenta y siete con 91/100 dólares norteamericanos), correspondiente a una licitación pública para bienes. Dicha cuantía supera las cincuenta (50) UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante 1 cuestiona la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro; por su parte, el Impugnante 2 cuestiona la admisión, calificación y evaluación de la oferta del Adjudicatario, así como el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2, por consiguiente, los actos cuestionados no se encuentran comprendidos entre los actos inimpugnables previstos en el artículo 303 del Reglamento.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el numeral 304.4 del artículo 304 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar.

En aplicación del artículo 304 del Reglamento, al tratarse de una licitación pública para bienes, los impugnantes contaban con ocho (8) días hábiles desde la notificación de la buena pro, efectuada el 15 de septiembre de 2026, para interponer sus recursos; dicho plazo venció el 25 de septiembre de 2026. Al respecto, el Impugnante 1 presentó su recurso de apelación el 24 de septiembre de 2026 y lo subsanó el 28 del mismo mes y año, en la mesa de partes del Tribunal; por lo que fue interpuesto dentro del plazo legal. Por su parte, el Impugnante 2 presentó su recurso de apelación el 24 de septiembre de 2026 y lo subsanó el 28 del mismo mes y año, en la mesa de partes del Tribunal, por lo que también fue interpuesto dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión de los recursos de apelación, se advierte que el recurso de apelación del Impugnante 1, fue suscrito por su gerente general, el señor Bamse Antunez de Mayolo Sanguineti y el recurso de apelación del Impugnante 2, fue suscrito por su gerente general, el señor Jorge Antonio Dueñas Santana.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que el Impugnante 1 o 2 se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual puede evidenciarse que el Impugnante 1 o 2 se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento.

El Impugnante 1 fue declarado no admitido y cuestiona expresamente dicha decisión, además cuestiona la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2. Respecto del Impugnante 2 no se aplica dicha causal, pues fue admitido, calificado y ocupó el segundo lugar en el orden de prelación; cuestiona la oferta del Adjudicatario y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

Ninguno de los impugnantes obtuvo la buena pro: el Impugnante 1 fue declarado no admitido y el Impugnante 2 ocupó el segundo lugar del orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho de los recursos de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS y modificatorias, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, las decisiones adoptadas por la Entidad, de determinarse irregulares, causarían agravio al Impugnantes 1 en su interés legítimo de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, habría sido realizada trasgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

Por su parte, respecto del Impugnante 2, el agravio se encontraría en la admisión, calificación y otorgamiento de la buena pro a favor del Adjudicatario, puesto que la no admisión de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, habrían sido realizadas trasgrediendo lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por las consideraciones expuestas, corresponde efectuar el análisis de fondo de las

pretensiones válidamente planteadas, observando la condición procesal de cada impugnante y las limitaciones previstas en el artículo 308 del Reglamento.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Impugnante 1 solicitó a

este Tribunal lo siguiente:

• Se revoque la no admisión de su oferta y se disponga continuar con su

evaluación y calificación. ii. Se revoque el otorgamiento de la buena pro al Adjudicatario y, de corresponder, se le adjudique la buena pro del ítem N° 2.

• Por su parte, el Impugnante 2 solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se declare no admitida la oferta del Adjudicatario o, subsidiariamente, se

disponga su descalificación por incumplir el requisito de experiencia del postor en la especialidad. ii. Se reduzca el puntaje del Adjudicatario en el factor “Plazo de entrega”, se revoque la buena pro y se le otorgue a su favor.

• A su turno, el Adjudicatario solicitó a este Tribunal lo siguiente:
• Se confirme la evaluación de su oferta y se confirme el otorgamiento de

la buena pro a su favor. ii. Se mantenga la no admisión de la oferta del Impugnante 1. iii. Se descalifique al Impugnante 2.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa. En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que, mediante decretos del 29 y 30 de septiembre de 2026, se admitieron a trámite los recursos de apelación interpuestos por los Impugnantes 1 y 2, respectivamente, disponiéndose su notificación a los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal, a través del SEACE, otorgándoles un plazo de tres (3) días hábiles para absolver los respectivos traslados, el cual vencía el 2 y 5 de octubre de 2026, respectivamente.

Sobre el particular, se aprecia que el Impugnante 2, mediante Escrito N.° 2, presentado el 2 de octubre de 2026, absolvió el traslado del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1. Asimismo, el Adjudicatario, mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2026, absolvió los traslados de ambos recursos de apelación, formulando, además, cuestionamientos contra las ofertas de los Impugnantes 1 y 2; es decir, dentro del plazo otorgado. En ese contexto, corresponde considerar para la fijación de los puntos controvertidos los cuestionamientos formulados oportunamente en los recursos de apelación y en los escritos de absolución de traslado. Por el contrario, los nuevos cuestionamientos planteados mediante escritos posteriores al vencimiento del plazo legal no serán considerados para dicha fijación, sin perjuicio de valorar los argumentos y medios probatorios adicionales que guarden relación con las controversias oportunamente planteadas.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los

siguientes: En el marco del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 1

• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de no admitir la

oferta del Impugnante 1 y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del ítem N° 2. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante 1. En el marco del recurso de apelación interpuesto por el Impugnante 2 iii. Determinar si corresponde no admitir la oferta del Adjudicatario, y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección. iv. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Adjudicatario y, en consecuencia, revocar el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Determinar si corresponde restar puntaje al Adjudicatario en el factor de

evaluación “Plazo de Entrega”. vi. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante 2. vii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección del ítem N° 2, a favor del Impugnante 1 o del Impugnante 2, según corresponda.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento

administrativo se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se avocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección.

• Sobre el particular, a efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos

cuestionados en el recurso impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las bases integradas, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal1, con decreto del 21

de octubre de 2026, se corrió traslado a las partes y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos de que emitan pronunciamiento, conforme se aprecia a continuación: “(…)

• El Impugnante 2, en su recurso de apelación, cuestionó – entre otros – la

evaluación de la oferta del Adjudicatario, en el extremo de que se le habría otorgado el puntaje de 15 puntos en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, cuando a su consideración solo le correspondía 10 puntos. Precisó que el Adjudicatario, a folios 37 de su oferta, presentó la declaración jurada con la cual acreditaría el factor antes mencionado, en la que consignó un plazo de “doscientos diecinueve (219) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato”; no obstante, el Impugnante refiere que en el numeral 13 del Capítulo III de las bases se fija el plazo desde la firma del contrato. En ese sentido, alega que dicha condición del inicio de plazo aplica en la evaluación del factor “Plazo de entrega”, por lo que, el Impugnante estaría comprometiéndose a la entrega en 220 días calendarios y no en los 219 días que indican su declaración jurada, pues el plazo se contaría un día después de la firma del contrato y no en el mismo día de la firma del contrato. Por ello, concluyó que el Adjudicatario, al haberse comprometido con la entrega de los bienes en un plazo de 220 días calendarios, le correspondía el puntaje de 10 puntos y no de 15 como erróneamente le habría asignado el comité, con lo cual disminuiría su puntaje final a 95 puntos y el Impugnante pasaría al primer lugar en orden de prelación con 99.24 puntos. 1 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

• Sobre el particular, de la revisión del literal B. Plazo de entrega, del

numeral 4.2 FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVO del Capítulo IV de las bases integradas, se advierte el siguiente contenido: Conforme se indica, la evaluación del factor “Plazo de entrega” se realiza en base al plazo de entrega ofertado por los postores, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en el “requerimiento”.

• Ahora bien, al remitirnos, al Requerimiento – Capítulo III de las bases

integradas, se advierte que en el numeral 13. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA, se establece lo siguiente: Nótese que, el requerimiento establece el plazo máximo de 240 días, contados a partir de la firma del contrato correspondiente.

• En relación al plazo de entrega establecido en el requerimiento, este

Colegiado advertiría que es contrario a lo dispuesto en el numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento, el cual dispone lo siguiente:

“105.2. El plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el caso. El plazo de ejecución contractual de los contratos de supervisión se encuentra vinculado a la duración del contrato supervisado, considerando lo señalado en las bases.” Como se aprecia, la normativa establece que el plazo de ejecución contractual se inicia, como regla general, al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, sin perjuicio de los supuestos previstos en dicha disposición. No obstante, en el presente caso, el numeral 13 del

los bienes se contabiliza a partir de la firma del contrato correspondiente.

• Aunado a ello, se advierte que la proforma del contrato contenida en el

“Del plazo de la ejecución de la prestación”, establece expresamente lo siguiente: “El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato”. [énfasis y subrayado agregado]

• De lo expuesto, se advertiría la contravención a lo dispuesto en la

normativa antes citada y además una inconsistencia entre las disposiciones de las propias bases integradas, pues, mientras que el requerimiento establece que el plazo de entrega se computa desde la firma del contrato, la proforma contractual dispone que el plazo de ejecución se computa desde el día siguiente de su perfeccionamiento, en concordancia con la regla prevista en el numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento. Esta situación a su vez, afectaría el principio de transparencia, en tanto las reglas del procedimiento de selección deben ser claras, coherentes y permitir que los postores conozcan con certeza las condiciones aplicables a la ejecución contractual.

• Cabe señalar que, la inconsistencia advertida adquiere especial relevancia

si se considera que el factor de evaluación “Plazo de entrega” establece que los postores deben ofertar un plazo que mejore el previsto en el requerimiento. En consecuencia, la falta de uniformidad respecto del momento habría generado interpretaciones distintas por parte del Impugnante y el Adjudicatario, pues el Impugnante pretende que se contabilice el plazo desde la firma del contrato, con sustento en el requerimiento, mientras que, el Adjudicatario, pretende que se contabilice un día después del perfeccionamiento del contrato, conforme a la normativa antes citada.

• En consecuencia, los hechos expuestos estarían inmersos en lo previsto en

el Art. 70.1 del Art. 70 de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley Nº 32069, por una posible contravención a las normas legales.”

• Conforme a lo indicado en el traslado de nulidad, esta Sala advirtió una

inconsistencia en las reglas del procedimiento de selección sobre el inicio del cómputo del plazo de entrega, pues, el numeral 13 del Capítulo III de las bases integradas establece un plazo máximo de doscientos cuarenta (240) días calendario, contados a partir de la firma del contrato; mientras que la cláusula quinta de la proforma contractual, contenida en el Capítulo V, dispone que el plazo de ejecución se computa desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. A su vez, el factor de evaluación “Plazo de entrega” exige mejorar el plazo previsto en el requerimiento. Esta falta de uniformidad afecta la claridad de las reglas aplicables a la formulación y evaluación de las ofertas y, por consiguiente, el principio de transparencia.

• Sobre el particular, mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2026, el

Impugnante 2 manifestó su oposición a la declaración de nulidad, pues sostiene que la referencia a la firma del contrato contenida en el requerimiento y la mención al día siguiente del perfeccionamiento en la proforma contractual deben interpretarse de manera concordante, atendiendo al numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento y a la regla de cómputo de plazos prevista en el artículo 183 del Código Civil. Añade que el factor de evaluación únicamente considera el número de días ofertados, sin establecer un hito autónomo de inicio del plazo; por tanto, no existiría una contradicción trascendente que afecte la evaluación. Asimismo, el Impugnante 2 precisó que no mantiene el cuestionamiento formulado inicialmente en su recurso de apelación respecto de la reducción del puntaje del Adjudicatario en el factor de evaluación “Plazo de entrega”, al reconocer que su interpretación sobre el cómputo desde el mismo día de la firma del contrato no era correcta. No obstante, solicitó que se emita pronunciamiento sobre los demás cuestionamientos de fondo planteados contra la oferta del Adjudicatario.

• Por su parte, mediante Informe Técnico LPB-001-2026 N.° 004, presentado el 28

de octubre de 2026, la Entidad manifestó su conformidad con el posible vicio advertido, reconociendo que el requerimiento y la proforma contractual establecen referencias distintas para el inicio del plazo de entrega y que dicha situación genera falta de certeza sobre la regla que corresponde aplicar. Sostuvo que tal circunstancia podría incidir en la formulación de ofertas y en la asignación del puntaje del factor «Plazo de entrega», afectando los principios de transparencia e igualdad de trato. Por ello, solicitó declarar la nulidad del ítem N.° 2 y retrotraer el procedimiento a la etapa pertinente para corregir las bases.

• A su turno, mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2026, el Adjudicatario

coincidió con la existencia del vicio de nulidad, pues señaló que la divergencia entre el inicio del plazo “a partir de la firma del contrato” y “desde el día siguiente del perfeccionamiento” no constituye una mera imprecisión formal, pues puede repercutir en la determinación del plazo ofertado y en el puntaje del factor de evaluación. Alegó que la contradicción es atribuible a la Entidad y no puede resolverse en perjuicio de los postores ni conservarse como un vicio intrascendente. Solicitó declarar la nulidad del ítem N.° 2 y retrotraer el procedimiento hasta la convocatoria, previa reformulación del requerimiento.

• De las posiciones expuestas se aprecia que la Entidad y el Adjudicatario reconocen

la existencia de una inconsistencia en las bases integradas, mientras que el Impugnante 2 sostiene que ambas disposiciones pueden armonizarse mediante las reglas legales de cómputo de plazos.

• Al respecto, debe señalarse que el numeral 105.2 del artículo 105 del Reglamento

establece que el plazo de ejecución contractual se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en él, según corresponda. Por tanto, dicha disposición contempla distintas posibilidades de inicio del plazo, las cuales deben encontrarse definidas de manera clara y coherente en las reglas contractuales. En el presente caso, la referencia a la firma del contrato contenida en el requerimiento no reproduce literalmente el hito establecido en la proforma contractual, que expresamente lo sitúa en el día siguiente del perfeccionamiento.

• En cuanto al argumento del Impugnante 2 referido al artículo 183 del Código Civil,

debe precisarse que las reglas generales de cómputo de plazos pueden contribuir a interpretar las estipulaciones contractuales, pero no sustituyen el deber de la Entidad de establecer condiciones claras y uniformes en las bases. En particular, cuando el requerimiento señala expresamente un momento de inicio y la proforma contractual utiliza otro, no corresponde trasladar a los postores la carga de determinar cuál de ambas previsiones prevalece, menos aún si el plazo de entrega constituye un factor sujeto a asignación de puntaje.

• Cabe precisar que la divergencia advertida no se limita a una condición de

ejecución contractual ajena a la evaluación. El literal B del numeral 4.2 del Capítulo IV de las bases integradas establece que el factor “Plazo de entrega” se evalúa en función de la mejora del plazo previsto en el requerimiento. Por ello, el hito de inicio del cómputo forma parte del contexto en el cual los postores formulan su compromiso de entrega. La controversia surgida en torno a la declaración del Adjudicatario —doscientos diecinueve (219) días calendario, contados desde el día siguiente de la suscripción del contrato— evidencia que la falta de uniformidad puede dar lugar a interpretaciones distintas sobre el alcance del plazo ofertado.

• Ahora, si bien el Impugnante 2 ha manifestado que ya no mantiene su

cuestionamiento sobre la reducción del puntaje del Adjudicatario, ello no elimina el deber de este Tribunal de examinar el posible vicio de nulidad advertido de oficio. La evaluación de legalidad de las bases no depende exclusivamente de la subsistencia de una pretensión impugnatoria, sino de verificar si las reglas del procedimiento respetaron las exigencias normativas y los principios aplicables. En ese sentido, la precisión posterior del Impugnante 2 no subsana la falta de uniformidad existente entre el requerimiento y la proforma contractual.

• En ese sentido, la inconsistencia advertida entre el numeral 13 del Capítulo III y la

cláusula quinta de la proforma del contrato, respecto del momento a partir del cual debe computarse el plazo de entrega, configura un vicio de nulidad comprendido en el literal b) del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, referido a los actos que contravengan las normas legales, al vulnerar el principio de transparencia previsto en el artículo 5 de la Ley, pues las bases integradas no establecieron reglas claras y uniformes para la formulación y evaluación de las ofertas. Ahora bien, respecto de la posibilidad de conservar el acto, corresponde señalar que la inconsistencia advertida constituye un defecto trascendente, toda vez que las disposiciones contradictorias regulan el inicio del cómputo del plazo de entrega y se vinculan directamente con un factor de evaluación que incide en el puntaje y orden de prelación de los postores. Por tanto, no se trata de una diferencia de redacción carente de consecuencias, sino de una deficiencia que compromete la certeza de las condiciones bajo las cuales se formularon y compararon las ofertas. En consecuencia, no resulta aplicable la conservación del acto prevista en el

artículo 14 del TUO de la LPAG.

• En consecuencia, la falta de concordancia entre el numeral 13 del Capítulo III y la

cláusula quinta del Capítulo V de las bases, tanto en las bases integradas como en las bases primigenias, configura un vicio trascendente, pues impide identificar de manera inequívoca la regla de inicio del plazo de entrega aplicable al procedimiento. Dicha circunstancia adquiere particular relevancia al encontrarse vinculada con el factor de evaluación “Plazo de entrega”, cuya regulación deficiente incide en la controversia incoada a través de uno de los recursos de apelación.

• En ese sentido, los argumentos expuestos por el Impugnante 2 no pueden ser

amparados y debe continuarse con el análisis de la nulidad.

• Por lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de oficio del ítem N.° 2 del

procedimiento de selección, en aplicación del numeral 70.1 del artículo 70 de la Ley, en concordancia con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación del requerimiento y adecuación de las bases, a fin de establecer de manera uniforme el momento de inicio del plazo de entrega y las reglas aplicables al factor de evaluación correspondiente.

• En atención a la nulidad declarada, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre

los puntos controvertidos relativos a la admisión, calificación y evaluación de las ofertas, así como sobre el otorgamiento de la buena pro, toda vez que el procedimiento deberá convocarse nuevamente con reglas claras y coherentes.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y al Órgano de Control Institucional, a fin de que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• Finalmente, de conformidad con el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, corresponde disponer la devolución de las garantías otorgadas por BAMAS SOLUTIONS S.A.C. y GATT PERU S.R.L. para la interposición de sus respectivos recursos de apelación.

• Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que el Impugnante 2, en la absolución

del recurso de apelación del Impugnante 1, cuestionó la autenticidad y veracidad de la documentación bancaria y de los documentos atribuidos al fabricante presentados por el Impugnante 1; y que, a su vez, el Impugnante 1, en su escrito N° 2, alegó la presunta presentación de documentación adulterada e información inexacta por parte del Impugnante 2, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de los documentos cuestionados de ambos postores, debiendo comunicar a este Tribunal los resultados obtenidos en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025-OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del ítem N.° 2 de la Licitación Pública para

Bienes N.° 001-2026-SIMACH, convocada por el SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA S.A., para la “Adquisición de una grúa telescópica de capacidad mínima de 30 toneladas”, y retrotraerlo hasta la etapa de convocatoria, previa reformulación del requerimiento, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver las garantías otorgadas por BAMAS SOLUTIONS S.A.C. y GATT PERU

S.R.L. para la interposición de sus recursos de apelación.

• Poner en conocimiento, la presente resolución, a la Autoridad de la Gestión

Administrativa de la Entidad y a su Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 27.

• Disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior la oferta de las

empresas BAMAS SOLUTIONS S.A.C. y GATT PERU S.R.L., conforme a lo señalado en los fundamentos, debiendo comunicar los resultados a este Tribunal en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese. ss. Arana Orellana. Mendoza Merino. Paz Winchez.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ

WINCHEZ

VOCAL

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MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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