Resolución N.° 9638-2026-TCP-S5

Sumilla: “(…) las bases integradas del procedimiento de selección, constituyen las reglas definitivas que rigen el procedimiento, vinculan tanto a la Entidad como a los participantes y postores y establecen el parámetro con base en el cual corresponde efectuar la evaluación y calificación de las ofertas.” Lima, 5 de noviembre de 2026 VISTO en sesión del 5 de noviembre de 2026 de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7528/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por ARGOS ASOCIADOS S.A., en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2, convocado por la Municipalidad Distrital de Pallpata; y, atendiendo a lo siguiente:

• ANTECEDENTES
• El 17 de septiembre de 2026, la Municipalidad Distrital de Pallpata, en adelante la

Entidad, convocó la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2, para la “Contratación para la ejecución de la obra: "renovación de puente: en el (la) camino vecinal ruta N° CU - 1762 Puente Jayunimayo en el Centro Poblado de Jayuni del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco" con CUI N° 2677866”, con una cuantía total de S/ 1,034,859.12 (un millón treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve con 12/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. El referido procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en adelante el Reglamento.

• El 28 de septiembre de 2026 se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas,

y el 1 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al postor CONSORCIO KANA, conformado por las empresas CORPORACIÓN ICONS S.A.C. e INVERSIONES K'ANA RCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, en adelante el Consorcio Adjudicatario, de acuerdo a los siguientes resultados obtenidos del Acta de admisión, calificación, evaluación técnica, evaluación económica y buena pro del 1 de octubre de 2026, en adelante el Acta:

POSTOR

ETAPAS

BUENA

PRO

ADMISIÓ

N

CALIFICAC

IÓN

EVALUACIÓN

TÉCNICA ECONÓMICA PUNTAJE

TOTAL

ORDEN DE

PRELACIÓ

N

CONSORCIO

KANA

Admitida Calificada 100 983,116.17 105 1 si

ARGOS

ASOCIADOS S.A.

Admitida calificada 100 1,034,859.12 103.4

• Con escritos N° 1 y 2, presentado y subsanado el 9 y 13 de octubre de 2026, ante

la Mesa de Partes Digital del Tribunal de Contrataciones Públicas, en adelante el Tribunal, la empresa ARGOS ASOCIADOS S.A., en adelante el Impugnante, interpuso recurso de apelación contra la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro al mismo; solicitando que se revoquen dichos actos y se otorgue la buena pro a su representada, conforme a lo siguiente:

• Cuestiona la calificación del Consorcio Adjudicatario, toda vez que, no

acreditaría la experiencia del personal clave “residente de obra”, pues solo alcanzaría 2.90 años, con lo cual, no cumple con los 4 años (48 meses) solicitadas en las bases integradas.

• Refiere que el Certificado de trabajo obrante a fojas 83 de la oferta del

postor, contiene información falsa y/o inexacta, toda vez que de acuerdo a la ficha de Infobras y el Cuaderno de Incidencia de Obras, la fecha de término de la obra fue el 15 de noviembre de 2025, razón por la cual, resulta imposible que el ingeniero Tomas Ticona Vargas haya laborado como “residente de obra” de manera física hasta el 18 de diciembre de 2025, como se señala en el certificado en cuestión.

• Asimismo, cuestiona la veracidad del Certificado de trabajo obrante a fojas

84, presuntamente emitido por el Consorcio Pacifico a favor del Ingeniero Tomas Ticona Vargas como residente de obra en la ejecución de la Obra “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal PU-692: EMP. PU-128 – ORCCO – HUYO Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, con CUI N.° 2536089” durante el periodo comprendido desde el 21 de agosto de 2023 al 19 de noviembre de 2023, puesto que, de acuerdo a la información obrante en Infobras, la fecha de término de la obra fue el 19 de octubre de 2023.

• Del mismo modo, alega que el Certificado de trabajo obrante a fojas 85 de

la oferta contiene información inexacta, pues, al igual que el caso anterior, la fecha de término de la obra fue el 30 de julio de 2023, razón por la cual, resulta imposible que el Ingeniero Tomas Ticona Vargas haya laborado como residente de obra de manera física en la obra hasta el 15 de agosto de 2023, como se afirma en el certificado cuestionado.

• También objeta el periodo laborado consignado en la Constancia de

prestación de consultoría obrante a fojas 87 y 88 de la oferta del postor, puesto que, de acuerdo al Acta de Recepción de Obra, la ejecución de la obra fue suspendida en dos oportunidades, siendo la primera suspensión desde el 28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 2018, razón por la cual, resulta imposible que el ingeniero Tomas Ticona Vargas haya laborado como residente de obra de manera física en la obra en el periodo del 28 de diciembre de 2017 al 27 de febrero de 2018.

• A través del decreto del 14 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de

apelación interpuesto ante este Tribunal por el Impugnante y se corrió traslado a la Entidad para que en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, registre en el SEACE el informe técnico legal en el cual indique expresamente su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, bajo responsabilidad y apercibimiento de resolver con la documentación obrante en el expediente y de poner en conocimiento de su Órgano de Control Institucional, en caso de incumplir con el requerimiento. Asimismo, se dispuso notificar el recurso de apelación a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin que en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles absuelvan el mismo. En ese sentido, se remitió el expediente a la Quinta Sala para que evalúe la información y se programó audiencia pública para el 21 de octubre de 2026.

• Mediante Oficio N° 013-2026 -ULA/SNN-MDP presentado el 15 de octubre de 2026

en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con Informe Técnico Legal N°001-2026-ULA/SNN-MDP/E-C registrado en el SEACE

el 19 de octubre de 2026, la Entidad se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

• Refiere que el comité verificó el cumplimiento de los requisitos de calificación,

de acuerdo a los certificados presentados.

• Asimismo, aclara que la documentación obrante en la oferta se encuentra

presumida de veracidad, por lo que, los certificados se mantienen válidos mientras la Entidad no concluya el procedimiento de verificación posterior y obtenga una prueba en contrario.

• Agrega que, el accionar del comité se sustenta, además, en el Anexo N°3

presentado por los postores, los cuales tienen la obligación de verificar y corroborar la documentación de su oferta, de manera previa a su presentación ante la Entidad.

• Agrega que la verificación en Infobras no constituye un requisito durante la

evaluación de ofertas, sino que corresponden verificar en el marco de la fiscalización posterior.

• Mediante escrito s/n presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Impugnante acreditó a sus representantes para ejercer el uso de la palabra en la audiencia pública programada.

• Con escrito s/n presentado el 19 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación, manifestando lo siguiente: Sobre la oferta del Impugnante

• Sostiene que el Impugnante no cumple con la experiencia del personal

clave “residente de obra”, pues su oferta presenta las mismas observaciones que dicho postor objeta en su oferta.

• Cuestiona el Certificado de trabajo obrante a fojas 126 de la oferta del

Impugnante, toda vez que, de acuerdo a Infobras la obra aún se encuentra en ejecución y, presenta una suspensión del plazo contractual desde el 29 de enero hasta el 19 de mayo de 2026, habiéndose reiniciado recién el 19 de mayo de 2026. Por lo tanto, el periodo laborado que se describe en el certificado no correspondería a la realidad, más aún cuando en el propio portal se verifica que efectuó labores hasta el 16 de agosto de 2026.

• Del mismo modo, cuestiona el periodo de labores consignado en el

certificado de trabajo obrante a fojas 127 de la oferta, pues la fecha de culmino de la obra no coincide con la información obrante en Infobras.

• Agrega que el certificado de trabajo obrante a fojas 130 de la oferta del

postor presentado para acreditar la experiencia del residente de obra es ilegible, no pudiendo apreciar al emisor y suscriptor del mismo.

• Por otro lado, respecto al “Especialista en seguridad y salud en obra”

sostiene que los certificados de trabajo obrante a fojas 140, 144 y 145 de la oferta son ilegibles, no pudiendo distinguirse los datos del emisor y suscriptor del documento, por lo cual no son idóneos para acreditar experiencia.

• Asimismo, cuestiona el título profesional obrante a fojas 148 de la oferta,

presentado para acreditar la capacidad técnica y profesional del personal clave “Especialista en geología, geotecnia, suelos y pavimentos”, y el certificado obrante a fojas 152 de la oferta del Impugnante, alegando que dichos documentos son ilegibles. En el caso del título profesional, sostiene que es imposible validar el mismo y corroborar la experiencia desde la colegiatura. Sobre los cuestionamientos a su oferta

• Por otro lado, en relación a los cuestionamientos efectuados a su oferta,

sostiene que cuenta con documentación que sustenta la veracidad de los mismos, debiendo primar la presunción de veracidad.

• Precisa que, una vez terminado el contrato el residente de obra continúa

con sus labores para la preparación de la liquidación de obra, posibles vicios ocultos, por lo cual, no puede considerarse como fecha de término la fecha de fin de la obra.

• En ese contexto, confirma la veracidad del certificado de trabajo obrante

a fojas 83 de su oferta, pues el residente de obra trabajó hasta el 18 de diciembre de 2025, conforme se corrobora en el Acta de recepción de obra.

• Del mismo modo, valida la información del certificado de trabajo obrante

a fojas 84 de su oferta, puesto que, de acuerdo al acta de recepción de obra el ingeniero en cuestión trabajó hasta el 5 de diciembre de 2023, esto es, fecha posterior a la consignada en el certificado de trabajo.

• Asimismo, confirma la información obrante en el certificado de trabajo

del folio 85 de su oferta, pus refiere que el Impugnante solo muestra un extracto del acta de recepción de obra, mas no muestra que la misma se suscribió el 4 de septiembre de 2023.

• Por otro lado, en relación a la constancia de prestación obrante a fojas 87

y 88 de su oferta, sostiene que los periodos de suspensión no implican que la empresa supervisora no haya mantenido vínculo con el profesional propuesto y este no haya prestado servicios. Por lo cual adjunta informes emitidos en el periodo de suspensión, que corresponden a tramites propios de la gestión de contrato.

• En consecuencia, solicita que se ratifique la buena pro y se descalifique

la oferta del Impugnante.

• A través del decreto del 20 de octubre de 2026, se tuvo por apersonado al

Consorcio Adjudicatario y por absuelto el traslado del recurso de apelación.

• El 21 de octubre de 2026 se llevó a cabo la audiencia pública con la participación

del Impugnante, el Adjudicatario y la Entidad.

• Con decreto del 21 de octubre, a fin de contar con mayores elementos de juicio

para resolver, se requirió información adicional la Empresa Corporación ICONS S.A.C., la Municipalidad Provincial el Collao – Ilave, al Consorcio Pacifico integrado por las empresas Arcen Contratista Generales S.A.C. y Corporación Icons S.A.C., a la Municipalidad Provincial de Chucuito – Juli, al Consorcio Pacifico Integrado por las empresas Arcen Contratista Generales S.A.C. y Corporación Icons S.A.C., a la Municipalidad Distrital de San Antonio, Municipalidad Distrital de Megantoni, Municipalidad Distrital de las Piedras, Municipalidad Distrital de Iberia y la Municipalidad Distrital de Curahuasi, a fin de que emitan pronunciamiento sobre la veracidad y/o autenticidad de los certificados, constancias, Constancia de prestación de consultoría de obra cuestionadas en el presente recurso impugnativo. Cabe precisar que, solo la empresa Corporación Icons S.A.C., remitió la información solicitada. Mediante Carta N°30-2026 CISAS/LDSM presentada el 23 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la empresa Corporación Icons S.A.C., remitió la información solicitada, manifestando, fundamentalmente lo siguiente:

• Confirma que el señor Tomas Ticona Vargas ha laborado en la “ejecución

de la obra renovación de puente; en el Puente Huilacaya, Trayectoria: Emp. R2105133 (Jacha Yacango) – Siquinapi – Chotaccollo- R2105230 (Iep 70611 Jacha Yacango) en la Localidad Jacha Yacango del distrito de Ilave, provincia el Collao, departamento de Puno – CUI. N°2635291” ejecutado por su representada, en calidad de “residente de obra”.

• Precisa que las labores comprenden desde el 18 de agosto de 2025 hasta

el 18 de diciembre de 2025.

• Adjunta el Acta de inicio de ejecución de obra suscrita el 18 de agosto de

2025, por dicho profesional, en calidad de residente de obra.

• Adjunta el Acta de recepción de la obra del 18 de diciembre de 2025,

también suscrita por dicho profesional.

• A través del escrito N°4, presentado el 26 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal, el Impugnante remitió alegatos adicionales, manifestando que:

• Sostiene que el certificado de trabajo obrante a fojas 89 de la oferta del

Consorcio Adjudicatario por la Empresa Constructora Titikaka Ingenieros y Servicios Múltiples S.A.C. a favor de Tomas Ticona Vargas como Asistente Técnico desde el 2 de noviembre de 2016 al 31 de mayo de 2017 es falso y contiene información inexacta.

• Alega que dicho, de acuerdo a la Acta de Inicio de Obra, Ficha Técnica del

Informe Mensual Correspondiente al Mes de Noviembre del 2016 y el Contrato N° 240-2016- MDP/E-C, la fecha de inicio de ejecución de la obra es el 7 de noviembre de 2016, inclusive el Contrato N.° 240-2016-MDP/E- C para la ejecución de la obra recién fue suscrito el 7 de noviembre de 2016, razón por la cual, resulta imposible que el Ing. Tomas Ticona Vargas haya laborado como Asistente Técnico de manera física en la obra desde el 2 de noviembre de 2016 al 6 de noviembre de 2016.

• Agrega que, también existe información discordante en la denominación

de la empresa consignada en la parte superior del certificado y en el sello de la firma.

• Con escrito s/n presentado el 27 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Adjudicatario remitió alegatos adicionales, manifestando lo siguiente:

• Resalta que el Impugnante no se ha pronunciado sobre los

cuestionamientos a su oferta.

• Solicita que se tenga en cuenta la información remitida por la empresa de

los certificados cuestionados, esto es, Corporación ICONS S.A.C.

• Sostiene que los cuestionamientos al certificado obrante fojas 89 de su

oferta, son extemporáneos.

• Respecto a las presuntas suspensiones de plazo que darían cuenta de

presunta información inexacta en las constancias de prestación obrantes a fojas 87 y 88 de su oferta, aclara que, el hecho de que la obra principal haya tenido periodos de suspensión no implica que la empresa supervisora no haya mantenido vinculado y prestando servicios a su profesional. Es el emisor del documento quien evalúa y certifica el periodo efectivo en el que contó con el profesional, valor que se refleja válidamente en la constancia emitida.

• Por lo tanto, alega que, durante la suspensión del plazo de ejecución (28

de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 18), el ingeniero Ticona ha realizado trámites propios de la gestión de contrato, tales como aquellos destinados a la continuación de la ejecución de contrato, como se ve reflejado en los siguientes informes: Carta N°003-2018-S/ECM/MDM Y Carta N°007-2018-CS/TTV/MDM y el Informe N°001-2018-TTV/SO/MDM.

• Con escrito N°5 presentado el 29 de octubre de 2026, en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Impugnante remitió alegatos adicionales, señalando, principalmente, lo siguiente:

• Sobre el certificado de trabajo del 12 de setiembre de 2026, obrante a fojas

126 de su oferta, cuestionado por el Consorcio Adjudicatario, alega que, mediante Resolución de Alcaldía N.° 287-2026-MDLP-ALC [Anexo 2 – A], se aprobó la ampliación de plazo, donde se establece como nueva fecha de culminación contractual el 21 de setiembre de 2026. Asimismo, con Resolución de Gerencia Municipal N.° 072-2026-MDLP/GM de fecha 18 de setiembre de 2026, aprobó la Prestació Adicional de Obra N.° 01 con Deductivo vinculante N.° 01, por lo tanto, se desvirtuaría lo alegado por el Consorcio Adjudicatario sobre la fecha de culminación.

• Asimismo, precisa que el Acta de Entrega de Terreno, se suscribió el 12 de

enero de 2026, acordando iniciar labores sin que el inicio del plazo contractual empiece a computarse. Aunado a ello, sostiene que el Contrato de Obras N.° 005-2025-GERENCIA MUNICIPALMDLP fue suscrito el 23 de diciembre de 2025.

• Sobre los periodos de suspensión alega que, durante el periodo de

paralización y/o suspensión podía -en ciertos casos- resultar necesario que algunos profesionales continúen prestando servicios.

• Sobre los cuestionamientos al Certificado de Trabajo consignado en el folio

127 de su oferta, sostiene que la obra finalizo el 3 de julio de 2024, registrando el Acta de Terminación de Obra.

• Asimismo, sobre el Certificado de Trabajo consignado en el folio 128 de su

oferta, refiere que, de acuerdo al Acta de Recepción la obra inicio el 2 de octubre de 2020, se suspendió la obra en el periodo del 5 de febrero de 2021 al 11 de julio de 2021, reiniciando el 12 de julio de 2021 y culminando el 8 de agosto de 2021.

• Sobre la ilegibilidad de algunos certificados de trabajo, precisa que en el

encabezado de los mismos se puede visualizar a la empresa emisora.

• Por otro lado, sostiene que los cuestionamientos al certificado de trabajo

obrante a fojas 86 del Consorcio Adjudicatario fueron expuestos en la audiencia pública.

• En relación a lo manifestado por la empresa CORPORACION ICONS S.A.C. a

través de la Carta N.° 30-2026-CISAS/LDSM precisa que el documento remitido no emite pronunciamiento alguno respecto a si los periodos consignados en los certificados cuestionados se condicen con la realidad.

• Mediante decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para

resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Es materia del presente análisis, el recurso de apelación interpuesto por el Impugnante ARGOS ASOCIADOS S.A., contra la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro al mismo; solicitando que se revoquen dichos actos y se otorgue la buena pro a su representada, en el marco del procedimiento de selección, convocado bajo la vigencia de la Ley y su Reglamento, normas aplicables a la resolución del presente caso.

• VERIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN.

• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la Entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, así como aquellas que se generen en los procedimientos orientados a implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solamente pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento, siempre que hayan sido emitidos antes del perfeccionamiento del contrato. En ese sentido, no procede la interposición del recurso respecto de las contrataciones no sujetas a procedimiento competitivo ni contra aquellas actuaciones que establece el Reglamento.

• En relación con ello, debe tenerse presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa están sujetos a dos niveles de control: uno formal, referido a los requisitos de admisibilidad; y otro sustancial, vinculado a la verificación de su procedencia. En este último caso, el análisis está orientado a determinar si concurren los requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada mediante el recurso, habilitando así un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, corresponde remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el recurso interpuesto resulta jurídicamente procedente.

• La entidad contratante o el TCP carezca de competencia para resolver, de

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley. No aplica en estos casos lo establecido en el artículo 130 de la LPAG, o disposición que la sustituya, referido a la presentación de escritos ante entidades que no resultan competentes. El literal a) del artículo 308 del Reglamento delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley1. 1 “Artículo 74. Órgano competente para resolver el recurso de apelación 74.1. El recurso de apelación es conocido y resuelto por las siguientes autoridades:

• El Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a

cincuenta UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Los actos que declaren la nulidad de oficio u otros emitidos por la autoridad de la gestión administrativa o el titular de la entidad que afecten la continuidad del procedimiento de selección, distintos de aquellos que resuelven los recursos de apelación, solo pueden impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Este señala que el recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) unidades impositivas tributarias, así como en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. En el presente caso, el recurso ha sido interpuesto en el marco de una Licitación Pública Abreviada de Obras, cuya cuantía de la contratación asciende a S/1,034,859.12 (un millón treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve con 12/100 soles), monto que supera las 50 UIT2. En consecuencia, el Tribunal es el órgano competente para conocer y resolver el recurso interpuesto, no configurándose en este caso la causal de improcedencia referida a la competencia.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación; ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores; iii) las bases y/o su integración; iv) las actuaciones referidas al registro de participantes; v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo; vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos; y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Impugnante cuestiona la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro al mismo; solicitando que se revoquen dichos actos y se otorgue la buena pro a su representada; por lo tanto, las actuaciones cuestionadas no configuran como actos no impugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.
• La autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante, en los demás casos. Esta autoridad verifica que, en

las actuaciones del recurso, al interior de la entidad contratante, no participen quienes hayan intervenido en el mismo proceso de contratación. 74.2. En el caso de las compras corporativas, compras por encargo y compras centralizadas, las atribuciones de la entidad contratante son ejercidas por la entidad que conduce el procedimiento de selección correspondiente”. 2 La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el año 2026 es de S/ 5,500. Este valor fue establecido mediante el Decreto Supremo N° 301-2025-EF. Por lo tanto, 50 UIT equivale a S/275,000.00.

El artículo 304 del Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado la buena pro a través de la Pladicop. En el caso de licitación pública abreviada, concurso público abreviado, selección de expertos y comparación de precios, la apelación se presenta dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro. En el presente caso, considerando que se trata de una Licitación Pública Abreviada de Obras, cuya cuantía de contratación corresponde a una licitación pública, corresponde aplicar el plazo de ocho (8) días hábiles. En ese sentido, de la revisión del SEACE de la Pladicop se aprecia que el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección fue publicado el 1 de octubre de 2026. Por tanto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 304 del Reglamento, el Consorcio Impugnante contaba con un plazo de ocho (8) días hábiles para interponer el recurso de apelación, esto es, hasta el 14 de octubre de 20263. Al respecto, del expediente se verifica que el recurso de apelación fue interpuesto mediante escrito N° 1 el 9 de octubre de 2026 y subsanado el 13 del mismo mes y año; por lo tanto, fue presentado dentro del plazo establecido por la normativa vigente.

• El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación interpuesto, se aprecia que este aparece suscrito por la señora Moscoso Muñoz Milner, Gerente general del Impugnante.

• El impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que el Impugnante 3 El 8 de octubre fue feriado.

se encuentre inmerso en alguna causal de impedimento para participar en el presente procedimiento de selección o para contratar con el Estado.

• El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento que permita concluir que el Impugnante se encuentre legalmente incapacitado para ejercer actos civiles

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no

admisión o descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, la oferta del Impugnante no es el ganador de la buena pro, por lo cual cuestiona la buena pro otorgada al Adjudicatario. Por lo tanto, el Impugnante no incumple la presente causal de procedencia.

• Sea interpuesto por el postor ganador de la buena pro.

En el caso concreto, la oferta del Impugnante ocupa el segundo lugar en el orden de prelación.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y su petitorio.

Como se aprecia de lo reseñado, el Impugnante cuestiona la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro al mismo; solicitando que se revoquen dichos actos y se otorgue la buena pro a su representada. En ese sentido, de la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se advierte que estos se encuentran orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El impugnante carezca de interés para obrar o legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, en virtud de la cual, frente a un acto administrativo que viole, desconozca o lesione un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente, que en materia de contrataciones del Estado es el recurso de apelación. En ese contexto, de determinarse que la decisión adoptada por la Entidad contratante resultó irregular, ello generaría un agravio al interés legítimo del Consorcio Impugnante en su calidad de postor, al haberse afectado su derecho a competir de obtener la buena pro. En particular, si la calificación del comité realizó en contravención de la Ley, el Reglamento o las bases del procedimiento, se configura un supuesto en el cual el Impugnante cuenta con interés para obrar.

• Por lo tanto, el Impugnante cuenta con interés para obrar y legitimad para

cuestionar la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, consecuentemente, el otorgamiento de la buena pro al mismo; solicitando que se revoquen dichos actos y se otorgue la buena pro a su representada

• En consecuencia, atendiendo a las consideraciones desarrolladas, corresponde

continuar con la fijación de los puntos controvertidos planteados.

• PRETENSIONES:
• De la revisión del recurso de apelación se advierte que el Impugnante solicitó al

Tribunal, lo siguiente:

• Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario y, como

consecuencia de ello, se revoque la buena pro a dicho postor. ii. Se le otorgue la buena pro.

• DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando el

petitorio señalado de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, resulta pertinente tener en cuenta lo dispuesto en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento, el cual establece que: “las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento” (el subrayado es agregado). En ese sentido, serán materia de análisis los puntos controvertidos que se originen a partir de los argumentos contenidos en el recurso de apelación y en la absolución del traslado correspondiente, conforme a lo previsto en el literal c) del artículo 312 del Reglamento, el cual establece: “la determinación de los puntos controvertidos definidos según los hechos alegados por el impugnante en su recurso y por los demás intervinientes en el procedimiento de impugnación al absolver oportunamente el traslado del recurso de apelación” (el subrayado es agregado). Por otro lado, conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 311.1 del artículo 311 del Reglamento según el cual: “Al día hábil siguiente de la presentación del recurso o de la subsanación de las omisiones advertidas en su presentación, el TCP notifica a través de la Pladicop el recurso de apelación y sus anexos, a efectos que, dentro de un plazo no mayor de tres días hábiles, la entidad contratante registre el sustento técnico legal en el cual indique su posición respecto de los fundamentos del recurso interpuesto, y el postor o postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados absuelvan el traslado del recurso” (el subrayado es agregado). Asimismo, cabe indicar que de acuerdo con el numeral 311.2 del artículo 311 del Reglamento, “todos los actos que emite el Tribunal en el trámite del recurso de apelación se notifican a las partes a través de la Pladicop”.

• En este punto, cabe señalar que el recurso de apelación fue notificado a la Entidad

contratante y a los demás postores el 14 de octubre de 2026 a través de la Pladicop, razón por la cual los postores que pudieran verse afectados con la decisión del Tribunal tenían un plazo de tres (3) días para absolverlo, es decir, hasta el 19 de octubre de 2026.

• Al respecto, de la revisión del expediente administrativo se advierte que, el 19 de

octubre de 2026, el Consorcio Adjudicatario se apersonó y absolvió el traslado del recurso de apelación; y, además, efectuó cuestionamientos adicionales que serán considerados en los puntos controvertidos. Cabe precisar que los cuestionamientos nuevos y extemporáneos expuestos por las partes no formaran parte de los puntos controvertidos, en virtud de lo señalado en el literal d) del artículo 311 del Reglamento, según el cual las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación o al absolver el traslado, según corresponda, presentados dentro del plazo previsto. La determinación de puntos controvertidos se sujeta a lo expuesto por las partes en dichos escritos.

• En tal sentido, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio

Adjudicatario; y, consecuentemente, revocar la buena pro a dicho postor. ii. Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante. iii. Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que

el análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos. PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario; y, consecuentemente revocar la buena pro a dicho postor”.

• El Impugnante cuestiona la autenticidad y/o veracidad de los siguientes

documentos, presentados por el Consorcio Adjudicatario para acreditar la experiencia del personal clave “residente de obra”, en cuanto a la fecha de culminación real de la ejecución de la obra:

✓ Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025, obrante a fojas 83 de la oferta del postor. ✓ Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2023, obrante a fojas 84 de la oferta del postor. ✓ Certificado de trabajo del 31 de agosto de 2023, obrante a fojas 85 de la oferta del postor.

• Asimismo, cuestiona el periodo presuntamente laborado por el señor Tomas

Ticona Vargas, consignado en la Constancia de prestación de consultoría de obra, obrante a fojas 87 y 88 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que, resulta imposible que dicho profesional haya laborado como Residente de Obra de manera física en la obra en el periodo del 28 de diciembre de 2017 al 27 de febrero de 2018, cuando, de acuerdo al Acta de represión, la obra tuvo dos suspensiones del 28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 2018 y del 20 de abril de 2018 al 4 de junio de 2018. Por lo tanto, solicita descontar dicha experiencia declarada. En relación con ello, por lo expuesto, sostiene que la constancia contendría información inexacta o falsa.

• Respecto a ello, el Consorcio Adjudicatario sostiene que la información consignada

es real y corresponden a las labores de los profesionales.

• Por su parte, la Entidad sostiene que se evaluó en función a la documentación

obrante en las ofertas, por lo que los cuestionamientos sobre veracidad y/o autenticidad serán verificados en una fiscalización posterior.

• A fin de resolver la controversia planteada, corresponde remitirnos, en primer

término, a las bases integradas del procedimiento de selección, toda vez que estas constituyen las reglas definitivas que rigen el procedimiento, vinculan tanto a la Entidad como a los participantes y postores y establecen el parámetro con base en el cual corresponde efectuar la evaluación y calificación de las ofertas.

• Sobre el particular, el numeral B.2 “Experiencia del personal clave” del Capítulo III

de la Sección Específica de las bases integradas estableció, como requisito de calificación, la acreditación de experiencia del personal clave “residente de obra”, conforme a la siguiente:

• A fin de acreditar ello, el Consorcio Adjudicatario, declaró en su Anexo N°19 - la

siguiente experiencia:

• Sin embargo, el Impugnante cuestiona la autenticidad y/o veracidad de las

Experiencias N°1, 2, 3 y 5.

• Sobre el Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025, obrante a fojas

obrante 83 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, el Impugnante sostiene que, de acuerdo a la ficha de Infobras y el Cuaderno de Incidencia de Obras, la fecha de término de la obra fue el 15 de noviembre de 2025, razón por la cual, resulta imposible que el ingeniero Tomas Ticona Vargas haya laborado como “residente de obra” de manera física hasta el 18 de diciembre de 2025, como se señala en el certificado en cuestión. A mayor detalle se reproduce dicho documento:

• Nótese que, de acuerdo a la información obrante en el certificado cuestionado,

este fue emitido por la empresa Corporación ICONS S.A.C. en favor del señor Tomas Ticona Vagas, indicando que laboró como residente de obra desde el 18 de agosto de 2025 hasta el 18 de diciembre de 2025, en el proyecto que corresponde a la Licitación Pública Abreviada de obras N°03-2025-MPCI-1, convocado por la Municipalidad Provincial de El Colllao – Ilave.

• En relación a la autenticidad del documento, mediante decreto del 21 de octubre

de 2026 se requirió a la empresa emisora del mismo que confirme o no la emisión del mismo. Dicho requerimiento fue atendido mediante Carta N°30-2026 CISAS/LDSM en la cual confirma que el señor Tomas Ticona Vagas fue contratado y laboró para su empresa del 18 de agosto de 2025 hasta el 18 de diciembre de 2025. A fin de acreditar ello, remitió: 1) el Acta de inicio de obra, 2) Acta de recepción de obra y 3) el certificado de trabajo. A mayor detalle se reproduce dicho extremo de la respuesta:

• Ahora bien, obra en el expediente, el Acta de inicio de obra suscrita el 18 de agosto

de 2025 y el Acta de recepción de obra del 18 de diciembre de 2025. Cabe precisar que ambos documentos figuran suscritos por el señor Tomas Ticona Vagas, en calidad de ingeniero residente, conforme se aprecia:

• Conforme se puede apreciar tanto la fecha de suscripción del Acta de inicio de

ejecución de la obra (18 de agosto de 2025) como la fecha en la que se suscribió el Acta de recepción de obra (18 de diciembre de 2025) coinciden con el periodo de experiencia consignado en el certificado materia de cuestionamiento.

• Aunado a ello, conforme se señala el Impugnante, en el Acta de recepción de obra

se señala que el término real de la obra fue el 15 de diciembre de 2025, conforme se aprecia:

• Sin embargo, que de conformidad con numeral 212.4. del artículo 212 del

Reglamento (norma aplicable al contrato del cual deriva el certificado cuestionado), culminada la verificación y de no existir observaciones, el contratista, el supervisor y el comité de recepción suscriben el acta de recepción de obra. De existir observaciones, el comité de recepción emite un pliego de observaciones y no recibe la obra, comunicando dicha situación al contratista y a la entidad contratante.

• Por lo tanto, aun cuando el Acta de recepción de obra señala que el término real

de la obra se efectuó el 15 de diciembre de 2025, lo cierto es que este Colegiado no pude desconocer las obligaciones legales, previstas de manera expresa en el Reglamento, del contratista ejecutor hasta la recepción de la obra, lo que comprende al residente al ser el responsable de la ejecución, inclusive, hasta el levantamiento de observaciones.

• En relación con lo expuesto, de la documentación obrante en autos no es posible

determinar que el certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2025, obrante a fojas obrante 83 de la oferta del postor, constituya un documento falso, pues el emisor del mismo ha validado la emisión. Asimismo, tampoco se cuenta con elementos para determinar que el certificado contiene información inexacta, pues el periodo laborado por el residente coincide con la fecha de suscripción del Acta de recepción de obra, la cual, como se ha evidenciado, construye una obligación legal por parte del Contratista y, por tanto, de su residente en su calidad responsable de la ejecución.

• Por lo tanto, no se acoge el primer cuestionamiento del Impugnante.

• Sobre el Certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2023, obrante a fojas

obrante 84 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, el Impugnante alega que, de acuerdo a la información obrante en Infobras, la fecha de término de la obra fue el 19 de octubre de 2023 y no la que se indica en el certificado.

• A mayor detalle en el análisis se reproduce el documento cuestionado:
• Conforme se aprecia, el Certificado de trabajo habría sido emitido por el Consorcio

Pacifico a favor del Ingeniero Tomas Ticona Vargas como residente de obra en la ejecución de la Obra “Renovación de Puente; en el (la) Camino Vecinal PU-692: EMP. PU-128 – ORCCO – HUYO Distrito de Juli, Provincia de Chucuito, Departamento de Puno, con CUI N.° 2536089” durante el periodo comprendido desde el 21 de agosto de 2023 al 19 de noviembre de 2023.

• Considerando que se cuestionó la autenticidad y/o veracidad de dicho

documento, mediante decreto del 21 de octubre de 2026, este Colegiado requirió información al Consorcio Pacifico integrado por las empresas Arcen Contratista Generales S.A.C. y Corporación Icons S.A.C., en calidad de emisor del certificado cuestionado, para que se pronuncien sobre la autenticidad del mismo. Asimismo, se requirió a la Municipalidad Provincial de Chucuito - Juli para que se pronuncie sobre la veracidad de la información obrante en el certificado.

• En respuesta a ello, la empresa Corporación Icons S.A.C., integrante del Consorcio

Pacifico remitió la Carta N°30-2026 CISAS/LDSM, en la que declara que el señor Tomas Ticona Vagas fue contratado y laboró para su empresa del 21 de agosto de 2023 hasta el 19 de diciembre de 2023. A fin de acreditar ello, remitió: 1) el Acta de inicio de obra, 2) Acta de recepción de obra y 3) el certificado de trabajo. a mayor detalle se reproduce dicho extremo de la respuesta:

• Ahora bien, obra en el expediente, el Acta de inicio de obra suscrita el 21 de agosto

de 2023 y el Acta de recepción de obra del 5 de diciembre de 2023. Cabe precisar que ambos documentos figuran suscritos por el señor Tomas Ticona Vagas, en calidad de ingeniero residente, conforme se aprecia:

• Conforme se puede apreciar tanto la fecha de suscripción del Acta de inicio de

ejecución de la obra (21 de agosto de 2023) como la fecha en la que se suscribió el Acta de recepción de obra (5 de diciembre de 2023) comprenden el periodo de experiencia consignado en el certificado materia de cuestionamiento.

• Aunado a ello, conforme se señala el Impugnante, en el Acta de recepción de obra

se señala que el término real de la obra fue el 19 de octubre de 2023, conforme se aprecia:

• Sin embargo, conforme se ha señalado precedentemente, de acuerdo al artículo

208 del Reglamento de la Ley N° 30225 (norma aplicable al contrato del cual deriva la experiencia cuestionada), existe una obligación legal del contratista y, del residente de obra, de levantar el acta de recepción de obra y observaciones que dieran lugar, sin lo cual, no es posible determinar por concluida la obligación contractual y legal con la obra. Inclusive, el numeral 208.4 del artículo 208 del Reglamento de la Ley N° 30225 indica que, “Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso”, lo que evidencia que el residente participa en la recepción de la obra, lo que se evidencia en el presente caso con la firma de aquel en el acta de recepción.

• Por lo tanto, aun cuando el Acta de recepción de obra señala que el término real

de la obra se efectuó el 19 de octubre de 2023, lo cierto es que este Colegiado no pude desconocer las obligaciones legales, previstas de manera expresa en el Reglamento, del residente de obra y contratista hasta la recepción de la obra, inclusive, hasta el levantamiento de observaciones.

• En relación con lo expuesto, de la documentación obrante en autos no es posible

determinar que el certificado de trabajo del 31 de diciembre de 2023, obrante a fojas obrante 84 de la oferta del postor constituya un documento falso, pues el emisor del mismo ha validado la emisión. Asimismo, tampoco se cuenta con elementos para determinar que el certificado contiene información inexacta, pues el periodo laborado por el residente se encuentra comprendido, dentro de la fecha indicada para el inicio de la obra, en el Acta de inicio de obra antes reproducida y la fecha de suscripción del Acta de recepción de obra.

• Por lo tanto, no se acoge el segundo cuestionamiento del Impugnante.
• Sobre el Certificado de trabajo del 31 de agosto de 2023, obrante a fojas obrante

85 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, el Impugnante alega que, la fecha de término de la obra fue el 30 de julio de 2023, razón por la cual, resulta imposible que el Ingeniero Tomas Ticona Vargas haya laborado como residente de obra de manera física en la obra hasta el 15 de agosto de 2023, como se afirma en el certificado cuestionado.

• A mayor detalle en el análisis se reproduce el documento cuestionado:
• Conforme se aprecia, el Certificado de trabajo habría sido emitido por el Consorcio

Pacífico a favor del Ingeniero Tomas Ticona Vargas como residente de obra durante el periodo comprendido desde el 1 de junio de 2023 al 15 de agosto de 2023.

• Considerando que se cuestionó la autenticidad y/o veracidad de dicho

documento, mediante decreto del 21 de octubre de 2026, este Colegiado requirió información al Consorcio Pacifico integrado por las empresas Arcen Contratista Generales S.A.C. y Corporación Icons S.A.C., en calidad de emisor del certificado cuestionado, para que se pronuncien sobre la autenticidad del mismo. Asimismo, se requirió a la Municipalidad Distrital de San Antonio para que se pronuncie sobre la veracidad de la información obrante en el certificado.

• En respuesta a ello, la empresa Corporación Icons S.A.C., integrante del Consorcio

Pacífico, remitió la Carta N°30-2026 CISAS/LDSM, en la que declara que el señor Tomas Ticona Vagas fue contratado y laboró para su empresa del 1 de junio de 2023 hasta el 15 de agosto de 2023. A fin de acreditar ello, remitió el Acta de recepción de obra, el certificado de trabajo y copia de pagos. a mayor detalle se reproduce dicho extremo de la respuesta:

• Ahora bien, obra en el expediente, el Asiento de cuaderno de obra del 1 de junio

de 2026 y el Acta de recepción obra suscrita el 4 de septiembre de 2023 por, entre otros, el señor Tomas Ticona Vagas, en calidad de ingeniero residente, conforme se aprecia:

• Conforme se puede apreciar tanto el asiento de cuaderno de obra (1 de junio de

2026) como la fecha en la que se suscribió el Acta de recepción de obra (4 de septiembre de 2023) comprenden el periodo de experiencia consignado en el certificado materia de cuestionamiento.

• Aunado a ello, conforme se señala el Impugnante, en el Acta de recepción de obra

se señala que el término real de la obra fue el 30 de julio de 2023, conforme se aprecia:

• Sin embargo, conforme se ha señalado precedentemente, de acuerdo al artículo

208 del Reglamento de la Ley N° 30225 (norma aplicable al contrato del cual deriva la experiencia cuestionada), existe una obligación legal del contratista y, del residente de obra, de levantar el acta de recepción de obra y observaciones que dieran lugar, sin lo cual, no es posible determinar por concluida la obligación contractual y legal con la obra. Inclusive, el numeral 208.4 del artículo 208 del Reglamento de la Ley N° 30225 indica que, “Para el inicio del acto de recepción de obra, el residente de obra entrega al comité de recepción el cuaderno de obra, el cual es devuelto a la finalización del acto al residente con la anotación pertinente del supervisor, de ser el caso”, lo que evidencia que el residente participa en la recepción de la obra, lo que se evidencia en el presente caso con la firma de aquel en el acta de recepción.

• Por lo tanto, aun cuando el Acta de recepción de obra señala que el término real

de la obra se efectuó el 30 de julio de 2023, lo cierto es que este Colegiado no pude desconocer las obligaciones legales, previstas de manera expresa en el Reglamento, del residente de obra y contratista hasta la recepción de la obra, inclusive, hasta el levantamiento de observaciones.

• En relación con lo expuesto, de la documentación obrante en autos no es posible

determinar que el certificado de trabajo del 31 de agosto de 2023, obrante a fojas obrante 85 de la oferta del postor constituya un documento falso, pues el emisor del mismo ha validado la emisión. Asimismo, tampoco se cuenta con elementos para determinar que el certificado contiene información inexacta, pues el periodo laborado por el residente se encuentra comprendido, incluso antes, de la fecha de suscripción del Acta de recepción de obra.

• Por lo tanto, no se acoge el tercer cuestionamiento del Impugnante.
• Por otro lado, el Impugnante solicita que se descuente el periodo de labores del

señor Tomas Ticona Vargas consignado en la Constancia de prestación de consultoría de obra, obrante a fojas 87 y 88 de la oferta del Consorcio Adjudicatario, toda vez que, resulta imposible que dicho profesional haya laborado como Residente de Obra de manera física en la obra en el periodo del 28 de diciembre de 2017 al 27 de febrero de 2018, cuando, de acuerdo al Acta de recepción, la obra tuvo dos suspensiones, la primera del 28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 2018 y la segunda del 20 de abril de 2018 al 4 de junio de 2018.

• A mayor detalle se reproduce la Constancia de prestación de consultoría de obra

cuestionada:

• Conforme se aprecia, la constancia de prestación reproducida da cuenta que el

señor Tomas Ticona Vargas fue el contratista de la Adjudicación simplificada N°044-2017-CS/MDM, para la contratación de una consultoría de obra. Asimismo, consigna que la fecha de inicio de la consultoría de obra fue el 26 de octubre de 2017 y la fecha final de la consultoría fue el 27 de febrero de 2018.

• Sin embargo, el Impugnante ha remitido el Acta de recepción final de obra del 28

de agosto de 2018, en la cual se evidencia que la obra tuvo dos suspensiones, una desde el 28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 2018 y otra desde el 20 de abril de 2018 al 4 de junio de 2018, conforme se aprecia:

• Respecto a ello, el Consorcio Adjudicatario, sostiene que los periodos de

suspensión no implican que la empresa supervisora no haya mantenido vínculo con el profesional propuesto y este no haya prestado servicios. Por lo tanto, afirma que, durante la suspensión del plazo de ejecución (28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 18), el ingeniero Ticona ha realizado trámites propios de la gestión de contrato, tales como aquellos destinados a la continuación de la ejecución de contrato, como se ve reflejado en los siguientes informes: Carta N°003-2018- S/ECM/MDM, la Carta N°007-2018-CS/TTV/MDM y el Informe N°001-2018-

TTV/SO/MDM.

• Ahora bien, se precisa que, de conformidad con las bases integradas y las bases

estándar, la experiencia del personal clave se puede acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad; (ii) constancias; (iii) certificados; o, (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demostrara la experiencia del personal propuesto.

• De ese modo, si bien los postores pueden presentar una constancia de prestación

de consultoría de obra, como en el presente caso, esta debe reflejar de manera fehaciente demostrara la experiencia del personal propuesto, debiendo tenerse en cuenta que, la "experiencia" es considerada como la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo, es decir, por la habitual ejecución de una prestación.

• En ese contexto, de la revisión de constancia de prestación de consultoría de obra

del Consorcio Impugnante se aprecia que esta consigna un periodo de ejecución continuo, mas no detalla las suspensiones que se describen en la correspondiente acta de recepción de obra, por lo cual no es posible determinar con certeza y de manera fehaciente que la experiencia se ejecutó de manera continua y reiterada en el tiempo.

• Si bien el Consorcio Adjudicatario, presenta la Carta N°003-2018-S/ECM/MDM, la

Carta N°007-2018-CS/TTV/MDM y el Informe N°001-2018-TTV/SO/MDM, se aprecia que dichos documentos están relacionados a la presentación de la valorización del mes de diciembre de 2017 y sobre la fecha de reinicio de la obra por la paralización, los cuales no prueban con certeza que el profesional haya brindado labores continuas del 28 de diciembre de 2017 al 27 de febrero de 2018, incluyendo las suspensiones del 28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 2018 y del 20 de abril de 2018 al 4 de junio de 2018.

• Asimismo, el Consorcio Adjudicatario cita en su absolución del recurso de

apelación, Resoluciones el Tribunal como la Resolución N°1373-2022-TCE-S5, en las cuales se señalan que en caso en suspensión las partes pueden realizar trámites propios de la gestión de contratos; sin embargo, se precisa que estas aluden a gestión del contrato como adicionales o similares aspectos, no la valorización mensual que es parte de su obligación o las coordinaciones para el reinicio de la obra, conforme se aprecia de los documentos presentados por el postor, los cuales se muestran a continuación:

• En consecuencia, aun cuando la citada información hubiese formado parte de la

oferta del Consorcio Impugnante, aquella no podría haber acreditado la ejecución de labores del profesional durante el periodo de suspensión de la obra, generando incertidumbre en la experiencia a acreditar con el certificado cuestionado.

• Dicha incertidumbre, conllevaría a que este Colegiado efectuase una

interpretación de la oferta, no obstante, el Tribunal, en reiteradas resoluciones4, ha indicado que los postores son responsables por el contenido de sus ofertas, lo que determina una obligación para estos, en el sentido de que la información que 4 Tales como la Resolución N° 0366-2022-TCE-S5 del 4 de febrero de 2022, Resolución N° 0251-2024-TCE-S3 del 22 de enero de 2024, Resolución N° 00644-2025-TCE-S1 del 29 de enero de 2025, Resolución N° 02945-2025-TCP- S6 del 25 de abril de 2025, entre otras.

se contemple en la propuesta no induzca al error o la incertidumbre, toda vez que no es competencia ni responsabilidad del comité ni de este Tribunal, interpretar o corregir las ofertas que se presentan, salvo la corrección en los casos que la normativa ha previsto la posibilidad de subsanar o corregir ciertas deficiencias, supuesto que no concurre en el presente caso.

• Cabe recalcar que, al existir también periodo de suspensión de plazo y al no contar

con documentación aclaratoria en la oferta, no es posible validar la experiencia, debiendo tener en consideración que esto no permite verificar el real alcance de la experiencia que el Consorcio Impugnante intenta acreditar.

• En ese sentido, teniendo en consideración que el Consorcio Adjudicatario no

incluyó en su oferta documentación adicional que respalde dicho periodo o justifique la diferencia entre el certificado y la suspensión advertida por el Impugnante, se advierte una falta de certeza sobre la experiencia presentada, lo que imposibilita conocer su real alcance y, por ello, se determina la imposibilidad de poder considerar la experiencia N° 5 analizada. Así, debido a que esta diferencia no tiene sustento documental proporcionado por el mismo postor en su oferta, no es posible considerar la experiencia como válida, debiendo descontarse los 124 días a la experiencia total de dicho personal clave. Cabe mencionar que, si bien corresponde descontar la experiencia N° 5 conforme se solicitó en el recurso de apelación, lo cierto es que no se cuentan con las pruebas suficientes para determinar la información inexacta o falsa indicada, por lo que dicho extremo del recurso no puede acogerse.

• En consecuencia, se declara fundado este extremo del recurso, respecto a no

considerar la Experiencia N°5 del personal clave residente de obra, declara por el Consorcio Adjudicatario, por lo que, al no validar esta experiencia, se debe descontar la misma del sumatorio total del periodo de experiencia del Residente de Obra.

• Cabe precisar que, en el cuadro resumen obrante a folio 79 de su oferta, el

Consorcio Adjudicatario declaró una experiencia total de 1469 días para el personal clave residente de obra, experiencia declarada para acreditar los 4 años requeridos como requisito de calificación. Ahora bien, al descontar los 124 días de la experiencia N° 5 que no ha sido validada, se aprecia que el residente propuesto alcanza un total de 1345 días de los 1469 días declarados en el folio 79 de su oferta. Sin embargo, de la verificación integral de la oferta del Consorcio Adjudicatario se aprecia que, en el folio 167 de su oferta declaró experiencia adicional para el factor de evaluación por 424 días, la cual no ha sido objeto de cuestionamiento el recurso de apelación. Por lo tanto, en la oferta del Consorcio Adjudicatario se aprecia una experiencia total de personal propuesto como residente de 1769 días (sumatoria de 1345 + 424), que equivale a 58.96 meses, con lo cual, alcanza los 48 meses requeridos como experiencia para el residente de obra, como requisito de calificación.

• En tal sentido, corresponde confirmar la calificación la oferta del Consorcio

Adjudicatario, debiendo declarar infundado este extremo del punto controvertido, en el cual solicita la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. Sin embargo, como consecuencia de lo resuelto, en cuanto a la reducción de la experiencia del personal clave propuesto como residente por el Consorcio Adjudicatario, en atención a que esta Sala acogió o declaró fundada la pretensión de no validar la experiencia N° 5, conforme a la facultad otorgada en el literal b) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, se evaluará la asignación de puntaje en el factor de evaluación “Experiencia específica adicional del personal clave” y se otorgará la buena pro al postor que corresponda; aspecto que será analizado en el tercer punto controvertido. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante

• Conforme a los antecedentes el Consorcio Adjudicatario, con motivo de la

absolución del recurso de apelación cuestionó que el Impugnante no cumple con la experiencia del personal clave “residente de obra”, “especialista en seguridad y salud” y “especialista en geología”.

• Respecto al residente de obra, cuestiona los periodos laborados consignados en

el Certificado del 24 de septiembre de 2026 y el Certificado del 22 de julio de 2024, obrantes a fojas 126 y 127 de la oferta del Impugnante, pues alega que las obras que se aluden presentaron suspensiones, las cuales no fueron excluidas de los certificados. A mayor detalle se reproducen los certificados cuestionados:

• Conforme se aprecia, en el Certificado del 24 de septiembre de 2026 se da cuenta

de un periodo laborado del 28 de enero de 2026 al 12 de septiembre de 2026.

• Ahora bien, el Consorcio Adjudicatario ha remitido una Resolución de Alcaldía

N°287-2026-MDLP-ALC obrante en el portal de Infobras, en la cual se cuenta de una suspensión del plazo contractual, desde el 29 de enero de 2026, y reinicio del mismo el 20 de mayo de 2025, conforme se aprecia:

• En ese contexto, de la revisión del certificado cuestionado, que da cuenta de una

experiencia del 28 de enero de 2026 al 12 de septiembre de 2026 se aprecia que esta consigna un periodo de ejecución continuo, mas no detalla las suspensiones que se describen la Resolución de ampliación de plazo, antes mostrada, en la cual se da cuenta de una suspensión desde el 29 de enero de 2026, habiendo reiniciado el plazo el 20 de mayo de 2026, por lo cual no es posible determinar con certeza y de manera fehaciente que la experiencia se ejecutó de manera continua y reiterada en el tiempo.

• Si bien el Impugnante refiere que, aun cuando exista paralizaciones o

suspensiones el profesional puede seguir trabajando, lo cierto es que la experiencia requerida como personal clave debe ser acreditada de manera fehaciente en la oferta, no obstante, en el presente caso se aprecia que la existencia de suspensiones no declaradas, genera incertidumbre, y conllevaría a que este Colegiado efectuase una interpretación de la oferta, pese que, como se ha señalado, los postores son responsables por el contenido de sus ofertas, lo que determina una obligación para estos, en el sentido de que la información que se contemple en la propuesta no induzca al error o la incertidumbre, toda vez que no es competencia ni responsabilidad del comité ni de este Tribunal, interpretar o corregir las ofertas que se presentan, salvo la corrección en los casos que la normativa ha previsto la posibilidad de subsanar o corregir ciertas deficiencias, supuesto que no concurre en el presente caso.

• Cabe recalcar que, al existir también periodo de suspensión de plazo y al no contar

con documentación aclaratoria en la oferta, no es posible validar la experiencia, debiendo tener en consideración que esto no permite verificar el real alcance de la experiencia que el Impugnante intenta acreditar.

• En consecuencia, no corresponde validar esta experiencia, debiéndose descontar

la misma de la sumatoria del total de la experiencia del Residente de Obra propuesto por el Impugnante.

• Por otro lado, en relación al Certificado de trabajo del 22 de julio de 2024, se

reproduce el mismo:

• Conforme se aprecia, en el Certificado da cuenta de los siguientes periodos: del 18

de octubre de 2023 al 20 de diciembre de 2023; del 4 de enero de 2024 al 23 de febrero de 2024 y del 10 de mayo de 2024 al 3 de julio de 2024.

• Ahora bien, el Consorcio Adjudicatario alega que, de acuerdo a la información

registrada en Infobras, la fecha de fin del proyecto tuvo lugar el 15 de enero de 2024. No obstante, el Impugnate ha remitido el Acta de terminación de obra que da cuenta que la obra se da por concluida el 3 de julio de 2024, conforme se aprecia:

• Cabe mencionar que la misma se encuentra registrada en Infobras, indicando que

el fin real de la obra fue el 3 de julio de 2024:

• En ese contexto, de la revisión del certificado cuestionado, se aprecia que la fecha

de término consignado en el mismo, 3 de julio de 2024, coincide con la fecha del Acta de término de la obra; por lo tanto, el cuestionamiento efectuado en este extremo no se acoge por la Sala.

• Por último, el Consorcio Adjudicatario cuestiona que el Certificado obrante a fojas

130 de la oferta del Impugnante es ilegible y no se puede apreciar al emisor y suscriptor del mismo. Por lo tanto, corresponde verificar dicho certificado, el cual se reproduce a continuación:

• Conforme se aprecia, se puede distinguir el nombre del suscriptor “Hugo Quispe”.

Asimismo, en el encabezado el certificado se da cuenta que la empresa emisora es CONSTRUCTORA MEDINA S.R.L y se señala que la persona que suscribe es el gerente general de dicha empresa.

• Por lo tanto, contrariamente a lo alegado por el Consorcio Adjudicatario, el

certificando contiene elementos suficientes para distinguir al emisor y suscriptor del mismo.

• En consecuencia, no se acoge el cuestionamiento en este extremo.
• En ese contexto, se aprecia que la Experiencia del personal clave residente de

obra, declarada validada por el comité al Impugnante, asciende a 77.35 meses, conforme a lo declarado en el cuadro de experiencia obrante a folio 121 de su oferta.

• Por tanto, aun descontando la experiencia no validada en el presente extremo del

cuestionamiento correspondiente al Certificado de trabajo obrante a fojas 126 de la oferta del Impugnante (7.57 meses), el postor cumple con el requisito de calificación experiencia del personal clave residente, pues acredita 69.78 meses y las bases solicitan acreditar únicamente 48 meses, e inclusive cumple con la experiencia adicional requerida en el factor de evaluación (12 meses adicionales).

• Respecto a la experiencia del “especialista en seguridad y salud”, el Consorcio

Adjudicatario cuestiona la ilegibilidad de los folios 140, 144 y 145, de los cuales no podría advertiste al suscriptor y emisor, por lo cual dichos documentos deberían descontarse del total de la experiencia.

• En relación a ello, cabe precisar que las bases integradas solicitan la acreditación

de 36 meses para la experiencia del especialista en seguridad y salud, conforme se aprecia: Debe tenerse en cuenta que las bases, entre otros aspectos, exige que el emisor del certificado o constancia de trabajo sea identificado en dicho documento con su nombre y apellido, conforme se aprecia a continuación:

• A fin de acreditar ello, el Impugnante declaró en su Anexo N°19, obrante a fojas

136 y 135 de su oferta, un total de, 55.73 meses, conforme se aprecia:

• Sobre la experiencia obrante a fojas 140 de la oferta del Impugnante, se aprecia lo

siguiente:

• Conforme se aprecia, no se puede visualizar el nombre del suscriptor; si bien en el

membrete y el encabezado del documento se puede advertir que la empresa emisora es OMZA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. y se señala que suscribiría es el represente legal de dicha empresa, lo cierto es que el documento no permite identificar al emisor.

• Por lo tanto, de valida dicho certificado; correspondiendo precisar que dicha

deficiencia no es subsanable, pues está relacionado con una exigencia mínima de un documento privado, es decir, constituye un elemento esencial que no puede subsanarse.

• Sobre el certificado obrante a fojas 144 de la oferta del Impugnante, el cual se

muestra a continuación:

• Nótese que, en este caso, la firma es ilegible y no se puede visualizar el nombre

del suscriptor. Asimismo, si bien en el encabezado se identifica al emisor del documento COSORCIO VIAL TUPAC AMARU, no es posible advertir ni total ni parcial el nombre del suscriptor.

• Por lo tanto, no se valida dicho certificado, pues constituye un documento no

idóneo para los fines presentados.

• Sobre el certificado obrante a fojas 145 de la oferta, para mayor entendimiento se

reproduce a continuación:

• Conforme se aprecia, si bien del sello y del encabezado del certificado se puede

colegir la identificación de la empresa emisora, esto es, JD LATIN COMPANY S.A.C., no se aprecia el nombre del suscriptor, aspecto exigido por las bases, no pudiendo validar dicha experiencia, dado que no compete a este Tribunal interpretar o inferir el nombre del emisor. 100. Por lo expuesto, se coge los cuestionamientos del Consorcio Adjudicatario, en este extremo del recurso pues los certificados obrantes a fojas 140, 144 y 145 de la oferta del Impugnante son ilegibles, correspondiendo descontar los mismos de la experiencia total de dicho profesional clave. 101. Cabe precisar que los folios cuestionados, corresponden experiencia N°3, 7 y 8 del “ especialista en seguridad y salud”, las cuales suman en total de 17.6 meses; por lo tanto, descontando dichas experiencias ilegibles, el Impugnante acredita 38.13 meses de experiencia para el mencionado personal clave (55.73 de experiencia total - 17.6 de experiencia ilegible = 38.13); en consecuencia, cumple con los 36 meses requeridos como requisito de calificación; no obstante, no le alcanza para acreditar el fator de evaluación (12 meses adicionales). 102. Sobre la experiencia del especialista en geología, se cuestionó que el título profesional obrante a fojas 148 de la oferta del Impugnante, presentado para acreditar la capacidad técnica y profesional del personal clave “especialista en geología, geotécnia, suelos y pavimentos”, es totalmente ilegible, siendo imposible validar el mismo. Asimismo, cuestiona la ilegibilidad del certificado obrante a fojas 152 de la oferta del postor. 103. En relación al título profesional, de la revisión de las bases integradas del procedimiento de selección, se aprecia que en el literal B.1 – Capacidad del personal clave, para el personal clave “Especialista en geología, geotécnica, suelos y pavimentos” el título profesional de Ingeniero geólogo, conforme se aprecia: 104. Nótese que, de acuerdo a las bases los evaluadores debían verificar los grados en la página web de SUNEDU. 105. Cabe mencionar que, a folio 120 de la oferta del Impugnante, se identificó al señor Marco Delgado Menacho, con DNI 23932374, como especialista en geología:

106. Asimismo, de la revisión de la oferta del Impugnante, en efecto se precia que el

suelos y pavimentos”, pudiendo advertirse únicamente el nombre, conforme se muestra:

107. Ahora bien, de la verificación en la página web de SUNEDU se aprecia la existencia del mismo, conforme se muestra: 108. Por lo tanto, el postor cumple con el requisito de calificación, conforme a la revisión del portal de SUNEDU, según lo establecido en las bases; por lo que resulta irrelevante que la copia del título sea ilegible o no, pues la acreditación de la formación profesional debía realizarse con la verificación ante SUNEDU. 109. Ahora bien, el Consorcio Adjudicatario alega que sin el título no era posible verificar la experiencia desde la colegiatura, sin embargo, de la revisión de la oferta se aprecia que a fojas 149 obra la constancia de colegiatura del profesional en mención conforme se aprecia:

110. Ahora bien, en relación a la presunta ilegibilidad del Certificado de trabajo de enero de 2016, obrante a fojas 152 de la oferta, en cuyo encabezado se aprecia la descripción de la empresa emisora y la referencia de que, quien suscribe, es el gerente de la empresa CONSTRUCTORA MEDINA S.R.L. Asimismo, se aprecia el nombre de suscriptor Hugo Quispe, conforme se muestra:

111. En consecuencia, los cuestionamientos expuestos por el Consorcio Adjudicatario en este extremo, no son acogidos por la Sala, por lo cual el Impugnante mantiene la calificación de su oferta. 112. Por lo tanto, se confirma la calificación del Impugnante. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante. 113. Conforme se precisó en el análisis de procedencia, el Impugnante ocupa el segundo lugar en el orden de prelación, sin embargo, para determinar a qué postor le correspondería la buena pro, cabe verificar el puntaje final obtenido, pues en los puntos controvertidos previos se ha determinado excluir del análisis ciertas experiencias del personal, las cuales habrían podido repercutir en el factor de evaluación “experiencia específica adicional del personal clave”. 114. De ese modo, de acuerdo al primer punto controvertido, se mantiene la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario; no obstante, determinó que dicho postor acreditaría una experiencia total del personal clave residente de obra, ascendente a 58.96 meses. Asimismo, conforme a lo analizado en el segundo punto controvertido, el Impugnante acredita una experiencia total de 69.78, para el personal clave residente de obra; de 38.13 para el personal clave “Especialista en seguridad y salud”; y, mantiene la experiencia de 54.04 meses para el especialista en geología, declarada a foja 147 de su oferta.

Por lo cual, para poder determinar si corresponde revocar la buena pro al Consorcio Adjudicatario y otorgar la misma al Impugnante corresponda verificar el puntaje final que le corresponde a cada postor. 115. Teniendo en cuenta ello, corresponde traer a colación la asignación de puntaje prevista en el factor de evaluación del numeral 1.1.1 – Experiencia específica adicional del personal clave, del Capítulo IV de la sección específica de las bases integradas: 116. Nótese que, en caso que se acredite que un (1) personal clave acredita al menos 12 meses adicionales en la experiencia requerida en los requisitos de calificación, se otorgaría 30 puntos; pero en caso que dos (2) o los tres (3) personal clave acredite al menos 12 meses adicionales, se le otorgará 40 puntos. 117. Cabe precisar que la evaluación que los demás factores y aspectos que no han sido objeto de pronunciamiento expreso, se encuentran premunidos de licitud, al igual que la regulación de las bases. 118. De ese modo, el Consorcio Adjudicatario declaró a fojas 167 y 174 de su oferta experiencia específica adicional para el personal clave “ingeniero residente” y para el “Especialista en geología, geotecnia, suelos y pavimentos”; de los cuales, conforme se determinó en el primer punto controvertido deberá descontarse la experiencia del ingeniero residente pues acredita un total de 58.96 meses, no alcanzando los 60 meses requeridos en el factor de evaluación5. 119. Cabe referenciar las declaraciones obrantes en la oferta del Consorcio Adjudicatario: 5 Según el requisito de calificación Experiencia del personal clave prevista en las bases integradas, para el personal clave residente de obra se requirió acreditar 48 meses, más 12 meses requeridos como mínimo en el factor de evaluación, correspondía que acreditase como mínimo 60 meses de experiencia acumulada.

120. En tal sentido, solo el especialista en geología tendría los 36 meses requeridos en la calificación y los 12 meses de la evaluación, al tener una experiencia total de 51 meses (suma de 37 meses + 14 meses); por lo que, de conformidad con la asignación de puntaje prevista en las bases, corresponde otorgar al Consorcio Adjudicatario 30 puntos, consecuentemente el puntaje total obtenido será de 90 puntos. A su turno, de la revisión de la oferta del Impugnante se acredita que este acredita experiencia específica adicional para el personal clave “ingeniero residente” y para el “Especialista en geología, geotecnia, suelos y pavimentos”; toda vez que, acredita una experiencia total de 69.78, para el personal clave residente de obra; y, mantiene la experiencia de 54.04 meses, declaradas a fojas 147 de su oferta para el personal clave Especialista en geología, geotecnia, suelos y pavimentos; pues tiene dos personal clave con la experiencia requerida para la calificación y 12 meses adicionales. 121. En tal sentido, de conformidad con la asignación de puntaje prevista en las bases, corresponde otorgar al Impugnante 40 puntos, consecuentemente el puntaje total se mantiene en 100 puntos. 122. Por lo expuesto, el nuevo orden de prelación sería el siguiente:

POSTOR

Puntaje técnico Puntaje económico Ponderación Técnica (x 0.70) Ponderación económica (x0.30)

MYPE

5%

PUNTAJE

TOTAL ORDEN DE

PRELACIÓN

ARGOS

ASOCIADOS S.A.

100 95 70 28.50 4.92 103.42 1

CONSORCIO

KANA

90 100 63 30 4.65 97.65 2 123. Por lo tanto, la Sala declara fundado este extremo del recurso de apelación, referido a que se le adjudique la buena pro al Impugnante. 124. De conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento, y considerando que el recurso de apelación ha sido declarado fundado, corresponde disponer la devolución de la garantía presentada por el Impugnante para la interposición del presente recurso de apelación. 125. Sin perjuicio de lo expuesto, considerando que las partes han presentado cuestionamientos sobre las experiencias, corresponde poner en conocimiento del Titular de la Entidad para que inicie de manera inmediata las acciones de fiscalización posterior de las ofertas de las partes, e informe los resultados de la misma en el plazo de 20 días hábiles.

Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Danny William Ramos Cabezudo y la intervención de los Vocales Juan Carlos Cortez Tataje y Sonia Tatiana Angulo Reátegui, atendiendo a la conformación de la Quinta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, según lo dispuesto en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, publicada en la misma fecha en el Diario Oficial El Peruano, en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 16.1 del artículo 16 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, así como en los artículos 19 y 20 del Texto Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del OECE, aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000090-2025-OECE-PRE del 16 de diciembre de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por mayoría;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el postor

ARGOS ASOCIADOS S.A. en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2, para la “Contratación para la ejecución de la obra: "renovación de puente: en el (la) camino vecinal ruta N° CU - 1762 Puente Jayunimayo en el Centro Poblado de Jayuni del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco" con CUI N° 2677866”, convocado por la Municipalidad Distrital de Pallpata; resultando fundado respecto a rectificar la calificación y adjudicarse la buena pro; e infundado respecto a descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar en puntaje otorgado al postor CONSORCIO KANA, conformado por las empresas CORPORACIÓN ICONS S.A.C. e INVERSIONES K'ANA RCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, debiendo otorgarle 97.65 puntos; y, consecuentemente, revocar la buena pro a dicho postor, en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2. 1.2 Otorgar la buena pro al postor ARGOS ASOCIADOS S.A. en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2.

• Devolver la garantía presentada por el postor ARGOS ASOCIADOS S.A., para la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• Poner en conocimiento del Titular de la Entidad la fiscalización dispuesta mediante

el fundamento 125.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE6.

• Dar por agotada la vía administrativa.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JUAN CARLOS CORTEZ TATAJE

PRESIDENTE

DANNY WILLIAM RAMOS CABEZUDO

VOCAL

ss. Cortez Tataje. Ramos Cabezudo.

VOTO EN DISCORDIA DE LA VOCAL SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

La vocal que suscribe el presente voto disiente, respetuosamente, del análisis del voto en mayoría respecto de los puntos controvertidos, por lo que, procede a emitir el presente voto a partir del fundamento 60, bajo los siguientes fundamentos: PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario; y, consecuentemente revocar la buena pro a dicho postor. 6 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

(…)

• Al respecto, la suscrita considera que a pesar de que la Constancia de prestación

de consultoría de obra N° 020-2018 del 15 de noviembre del 2018 consigna un periodo de ejecución continuo, esto es, del 28 de diciembre de 2017 al 27 de febrero de 2018, lo cierto es que según lo consignado en el Acta de recepción final de obra del 28 de agosto de 2018, existió una suspensión del 28 de diciembre de 2017 al 27 de marzo de 2018, por lo que se advierte que en todo el periodo que se pretende acreditar no existió una ejecución real de la obra debido a la referida suspensión. Bajo dicho contexto, es importante señalar que, conforme a diversos pronunciamientos del Tribunal, la experiencia se entiende como la destreza adquirida a través de la reiteración de una determinada actividad en el tiempo; es decir, mediante la ejecución habitual de prestaciones vinculadas al objeto del contrato. Asimismo, debe precisarse que la experiencia relevante de un profesional corresponde a aquella obtenida en trabajos efectivamente ejecutados y concluidos, relacionados directamente con la naturaleza de la prestación en la que intervino. Por tanto, para efectos del cómputo de dicha experiencia, únicamente debe considerarse el cargo o función efectivamente desempeñada, así como el período en que se ejecutaron dichas labores.

• Cabe precisar que la actuación de todo postor que participa en el marco de un

procedimiento, bajo los alcances de la normativa de contratación pública debe regirse bajo los principios rectores de legalidad, integridad y transparencia, debiendo ser diligentes al momento de recabar la documentación e información que formará parte de su oferta, de tal manera de no comprometer la validez de esta, en el marco de un procedimiento de selección, por el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad.

• Aunado a ello, corresponde traer a colación lo establecido en el Acuerdo de Sala

Plena N°004-2026/TCP, el cual determina lo siguiente: “Si, durante la tramitación de un recurso de apelación, el Tribunal corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar la decisión en el procedimiento recursivo no resulta necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto; este elemento deberá ser examinado, junto con los demás presupuestos del tipo infractor, en el procedimiento administrativo sancionador”. Nótese que, de conformidad con el Acuerdo antes reproducido, cuando el Tribunal advierta que la oferta de un postor contiene información inexacta, corresponde disponer su no admisión o descalificación o pérdida de la buena pro, no resultando necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja.

• En tal sentido, la suscrita considera que el Consorcio Adjudicatario vulneró el

principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7. del artículo IV del TUO de la LPAG y en el literal e) del artículo 5 de la Ley, al haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección.

• De este modo, habiéndose determinado la transgresión a los principios de

integridad y de presunción de veracidad previstos expresamente en los literales d) y e) del artículo 5 de la Ley, así como lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N°004-2026/TCP, corresponde descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario, por haber presentado información inexacta en su oferta, para acreditar la experiencia del residente de obra. Por consiguiente, corresponde revocar la buena pro otorgada a su favor.

• En consecuencia, conforme a lo expuesto anteriormente, existiendo indicios

suficientes de la comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, corresponde se disponga abrir expediente administrativo sancionador contra las empresas Corporación Icons S.A.C. e Inversiones K'ana RCE Sociedad Anonimia Cerrada, integrantes el Consorcio KANA, por la presentación de información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, contenida en la Constancia de prestación de consultoría de obra N° 020-2018 del 15 de noviembre del 2018.

• Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de

apelación. SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde descalificar la oferta del Impugnante (…)

• Conforme se ha analizado en mayoría, el Certificado del 24 de septiembre de 2026

da cuenta de una experiencia obtenida del 28 de enero de 2026 al 12 de septiembre de 2026. En dicho certificado no se precisan suspensiones; sin embargo, obra en el Expediente la Resolución de Alcaldía N°287-2026-MDLP-ALC de ampliación de plazo en la que se da cuenta de la existencia de una suspensión desde el 29 de enero de 2026 hasta el 19 de mayo de 2026 (indica reinicio de labores el 20 de mayo de 2026). Por lo tanto, el certificado analizado contiene información que no se condice con la realidad, constituyendo, por ende, en un documento con información inexacta. Bajo dicho contexto, es importante señalar que, conforme a diversos pronunciamientos del Tribunal, la experiencia se entiende como la destreza adquirida a través de la reiteración de una determinada actividad en el tiempo; es decir, mediante la ejecución habitual de prestaciones vinculadas al objeto del contrato. Asimismo, debe precisarse que la experiencia relevante de un profesional corresponde a aquella obtenida en trabajos efectivamente ejecutados y concluidos, relacionados directamente con la naturaleza de la prestación en la que intervino. Por tanto, para efectos del cómputo de dicha experiencia, únicamente debe considerarse el cargo o función efectivamente desempeñada, así como el período en que se ejecutaron dichas labores.

• Cabe precisar que la actuación de todo postor que participa en el marco de un

procedimiento, bajo los alcances de la normativa de contratación pública debe regirse bajo los principios rectores de legalidad, integridad y transparencia, debiendo ser diligentes al momento de recabar la documentación e información que formará parte de su oferta, de tal manera de no comprometer la validez de esta, en el marco de un procedimiento de selección, por el quebrantamiento del principio de presunción de veracidad.

• Aunado a ello, corresponde traer a colación lo establecido en el Acuerdo de Sala

Plena N°004-2026/TCP, el cual determina lo siguiente: “Si, durante la tramitación de un recurso de apelación, el Tribunal corrobora que la oferta de un postor o los documentos que presenta para el perfeccionamiento del contrato contienen información inexacta, corresponde disponer su no admisión, descalificación o pérdida de la buena pro, según corresponda, y ordenar la apertura del expediente administrativo sancionador respectivo. Para adoptar la decisión en el procedimiento recursivo no resulta necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja o beneficio concreto; este elemento deberá ser examinado, junto con los demás presupuestos del tipo infractor, en el procedimiento administrativo sancionador”. Nótese que, de conformidad con el Acuerdo antes reproducido, cuando el Tribunal advierta que la oferta de un postor contiene información inexacta, corresponde disponer su no admisión o descalificación o pérdida de la buena pro, no resultando necesario determinar si dicha información incidió en la obtención de una ventaja.

• En tal sentido, la suscrita considera que el Consorcio Adjudicatario vulneró el

principio de presunción de veracidad establecido en el numeral 1.7. del artículo IV del TUO de la LPAG y en el literal e) del artículo 5 de la Ley, al haber presentado información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección.

• De este modo, habiéndose determinado la transgresión a los principios de

integridad y de presunción de veracidad previstos expresamente en los literales d) y e) del artículo 5 de la Ley, así como lo establecido en el Acuerdo de Sala Plena N°004-2026/TCP, corresponde descalificar la oferta del Impugnante, por haber presentado información inexacta en su oferta, para acreditar la experiencia del residente de obra. Por consiguiente, corresponde revocar la buena pro otorgada a su favor.

• En consecuencia, conforme a lo expuesto anteriormente, existiendo indicios

suficientes de la comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, corresponde se disponga abrir expediente administrativo sancionador contra la empresa Argos Asociados S.A., por la presentación de información inexacta, como parte de su oferta, en el marco del procedimiento de selección, contenida en la Certificado del 24 de septiembre de 2026.

• Por lo tanto, corresponde declarar fundado este extremo del recurso de

apelación.

• Asimismo, debe precisarse que para la suscrita resulta inoficioso pronunciarse

sobre el cuestionamiento realizado a los demás certificados presentados para la experiencia del “residente de obra”, “especialista en seguridad y salud” y “especialista en geología”, por cuanto su condición de descalificado no va a variar. TERCER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde otorgar la buena pro al Impugnante.

• En este extremo, el Impugnante solicitó se otorgue la buena pro del procedimiento

de selección a favor de su representada.

• Al respecto, cabe señalar que en el primer y segundo punto controvertido la

suscrita concluyó que corresponde descalificar las ofertas del Consorcio Adjudicatario y del Impugnante. En tal sentido, y teniendo en cuenta que en el procedimiento de selección no existe ningún postor con oferta válida (postor hábil), corresponde declarar desierto el procedimiento de selección.

• Finalmente, corresponde que la Entidad contratante cumpla con su obligación de

registrar en el SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registros de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado –

SEACE7.

CONCLUSIONES:

Por los fundamentos expuestos, la vocal que suscribe el presente voto de la opinión que 7 n) Registro de la resolución que resuelve el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registra en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

corresponde:

• Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el postor

ARGOS ASOCIADOS S.A. en el marco de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2, convocada por la Municipalidad Distrital de Pallpata, para la “Contratación para la ejecución de la obra: "renovación de puente: en el (la) camino vecinal ruta N° CU - 1762 Puente Jayunimayo en el Centro Poblado de Jayuni del Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, Departamento de Cusco, con CUI N° 2677866”, siendo fundado en los extremos referidos a que se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario y se revoque la buena pro otorgada a este último, e infundado en el extremo referido a que se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección. En consecuencia, corresponde: 1.1 Revocar la calificación de la oferta del postor CONSORCIO KANA, conformado por las empresas CORPORACIÓN ICONS S.A.C. e INVERSIONES K'ANA RCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA en la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2, debiendo tenerse su oferta por descalificada. 1.2 Revocar el otorgamiento de la buena pro de la Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2 al postor CONSORCIO KANA, conformado por las empresas CORPORACIÓN ICONS S.A.C. e INVERSIONES K'ANA RCE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA.

• Revocar la calificación de la oferta del postor ARGOS ASOCIADOS S.A. en la

Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2, debiendo tenerse su oferta por descalificada.

• Declarar desierto Licitación Pública Abreviada de Obras Nº 003-2026-MDP/C-2,

conforme a lo dispuesto en la fundamentación de la presente Resolución.

• Devolver la garantía presentada por el postor ARGOS ASOCIADOS S.A. para la

interposición de su recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 315.3 del artículo 315 del Reglamento.

• ABRIR expediente administrativo sancionador contra las empresas CORPORACIÓN

ICONS S.A.C. e INVERSIONES K'ANA RCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, integrantes del CONSORCIO KANA, a efectos de determinar su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas conforme a lo indicado en la fundamentación de la presente Resolución.

• ABRIR expediente administrativo sancionador contra la empresa ARGOS

ASOCIADOS S.A., a efectos de determinar su responsabilidad administrativa por la presunta comisión de la infracción tipificada en el literal l) del numeral 87.1 del artículo 87 de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas conforme a lo indicado en la fundamentación de la presente Resolución.

• Disponer que la Entidad contratante cumpla con su obligación de registrar en el

SEACE, al día siguiente de publicada esta resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025-OECE-CD – Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

SONIA TATIANA ANGULO REÁTEGUI

VOCAL