Resolución N.° 9636-2026-TCP-S2

Sumilla: (…) corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de admisión de ofertas, a efectos que, el comité efectúe la revisión correspondiente en cumplimiento de las formalidades exigidas para la admisión de las ofertas y requerir la subsanación correspondiente de conformidad con el artículo 78 del Reglamento (…). Lima, 6 de noviembre de 2026. VISTO en sesión de fecha 6 de noviembre de 2026 de la Segunda Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, el Expediente N° 7555/2026.TCP, sobre el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Libertad integrado por las empresas Corporación Consultora y Constructora Nor Perú S.A.C. y H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en el marco del Concurso Público Abreviado para Consultoría en General N° 004-2026-GRLL-GGR- GRTC-CS-Primera Convocatoria, convocado por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad, para la “Contratación del servicio de supervisión para el servicio del Mantenimiento periódico de la carretera ruta LI-119, Tramo 01: EMP. PE-1N (Puente Hildemeister)- San Idelfonso - Tomabal - El Guayo (KM 29+433); Tramo 02: La Viña (KM 49+199) - Carabamba - San Carlos - Mache - EMP. LI-120 (Chinchango) (KM- 85+090)”, atendiendo a los siguientes:

• ANTECEDENTES:
• El 15 de setiembre de 2026, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones

de La Libertad, en lo sucesivo la Entidad, convocó el Concurso Público Abreviado para Consultoría en General N° 004-2026-GRLL-GGR-GRTC-CS-Primera Convocatoria, para la “Contratación del servicio de supervisión para el servicio del Mantenimiento periódico de la carretera ruta LI-119, Tramo 01: EMP. PE-1N (Puente Hildemeister)- San Idelfonso - Tomabal - El Guayo (KM 29+433); Tramo 02: La Viña (KM 49+199) - Carabamba - San Carlos - Mache - EMP. LI-120 (Chinchango) (KM- 85+090)”, con una cuantía de S/ 377 150.93 (trescientos setenta y siete mil ciento cincuenta con 93/100 soles), en lo sucesivo el procedimiento de selección. Dicho procedimiento de selección fue convocado bajo el marco normativo de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en adelante la Ley, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2025-EF, en lo sucesivo el Reglamento. El 24 de setiembre de 2026, se llevó a cabo la presentación electrónica de ofertas, y el 2 de octubre del mismo año se notificó, a través del SEACE, el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Supervisor Perú conformado por los postores Consultoría y Construcción FJP S.A.C. y Marcelo Solano Henry Wilder, en adelante el Consorcio Adjudicatario, por el monto de S/ 270 373.40 (doscientos setenta mil trescientos setenta y tres con 40/100 soles); en mérito a los siguientes resultados: Postor Etapas Buena pro Admisión Calificación Evaluación Oferta Económica S/ Puntaje total Orden de prelación

CONSORCIO

SUPERVISOR PERÚ Admitida Calificada 270 373.40 105.00 1 Sí

PRADO BARRIGA YBE

ROBERTO Admitida Calificada 319 823.99 100.13 2

CONSORCIO LA

LIBERTAD Admitida Calificada 276 795.04 96.92 3 CONSORCIO LIBERTAD Admitida Descalificada

• Mediante Escritos S/N presentados el 12 y 13 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes

del Tribunal de Contrataciones Públicas, en lo sucesivo el Tribunal, el Consorcio Libertad integrado por las empresas Corporación Consultora y Constructora Nor Perú S.A.C. y H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., en lo sucesivo el Consorcio Impugnante, interpuso recurso de apelación contra el “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas”, la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando que: i) se declare la nulidad del “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas”, ii) se retrotraiga el procedimiento a la etapa de admisión de ofertas, iii) se califique su oferta, iv) se descalifique la oferta del Consorcio Adjudicatario, v) se descalifique la oferta del postor Ybe Roberto Prado Barriga y vi) se le otorgue la buena pro; sobre la base de los siguientes argumentos: Sobre la nulidad del “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas”.

• Señala que, el comité admitió las ofertas de su representada y del Consorcio

Adjudicatario sin verificar ni requerir la subsanación de la legalización de las firmas del Anexo N° 4 – Promesa de Consorcio. El numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de las bases integradas exige que dicho documento cuente con firmas digitales o, en su defecto, firmas legalizadas. Asimismo, el Comunicado N° 021-2025-OECE reconoce como subsanable la omisión de la legalización notarial de alguna firma, siempre que el contenido del documento subsanado coincida con el presentado originalmente.

• En su caso, indica que la falta de legalización no fue observada por el comité.

Respecto del Consorcio Adjudicatario, si bien se legalizó la firma de uno de sus integrantes, no se acreditó la legalización de la firma del representante legal de su consorciada Consultoría y Construcción FJP S.A.C.

• Por lo tanto, el comité habría incumplido su deber de verificar la documentación

exigida y requerir la subsanación correspondiente. En consecuencia, solicita declarar fundada esta pretensión y disponer la nulidad del acta, retrotrayendo el procedimiento a la etapa de admisión de ofertas, para que el comité requiera a su representada y al Consorcio Adjudicatario la subsanación de la legalización de firmas del Anexo N° 4, conforme al numeral 78.4 del artículo 78 del Reglamento y al Comunicado N° 021-2025-OECE, otorgándoles el plazo de dos días hábiles, contado desde el día siguiente de su notificación. Posteriormente, el comité deberá verificar el cumplimiento de la subsanación y determinar la admisión de cada oferta según corresponda, a fin de corregir la omisión advertida y garantizar que ambas ofertas sean evaluadas conforme a las bases integradas y la normativa aplicable. Sobre la calificación de su oferta.

• Manifiesta que se le debe reconocer el cumplimiento del requisito de experiencia

mínima del Especialista en Seguridad, ingeniero Jorge Antonio Peláez Aranguri, y se disponga la calificación de su oferta para continuar con la evaluación correspondiente.

• Refiere que las bases integradas exigen dos años de experiencia en servicios

similares al objeto de la convocatoria o en supervisión de obras de carreteras pertenecientes al Sistema Nacional de Carreteras. No obstante, el comité desestimó el certificado del folio 394, correspondiente al servicio de gestión y conservación rutinaria por niveles de servicio del corredor vial Puente Pumahuasi–Puente Chino–Aguaytía–San Alejandro–Neshuya–Pucallpa, al considerar que la conservación rutinaria no constituye un servicio similar, computando únicamente 1.69 años de experiencia y descalificó su oferta.

• Sin embargo, alega que dicho servicio se encuentra comprendido en el supuesto

de gestión por conservación de niveles de servicio, previsto expresamente en las bases, el cual no distingue entre conservación rutinaria y periódica. Por ello, el certificado debió ser valorado, permitiendo acreditar un total de 2.14 años de experiencia y cumplir el mínimo exigido de dos años.

• Además, manifiesta que el comité validó para el Consorcio Adjudicatario una

experiencia que incluía actividades de conservación rutinaria, mientras que rechazó una experiencia de naturaleza equivalente al evaluar su oferta. Este tratamiento diferenciado vulneraría el principio de igualdad de trato, previsto en el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley.

• En consecuencia, solicita reconocer la experiencia acreditada por el Especialista

en Seguridad propuesto por su representada. Sobre la descalificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Sostiene que debe descalificar la oferta del Consorcio Adjudicatario por no

acreditar la experiencia mínima de dos años exigida para los especialistas en Suelos y Pavimentos y en Seguridad.

• Sobre el Especialista en Suelos y Pavimentos, manifiesta que el Consorcio

Adjudicatario propuso al ingeniero Anderson Castro Crispín, cuya experiencia fue acreditada mediante cuatro certificados. Sin embargo, de la revisión de estos documentos se advierte lo siguiente: − Experiencias N° 1, 2 y 3: Los certificados corresponden a actividades vinculadas con la ejecución de obras y no acreditan que el profesional haya participado en su supervisión. Además, algunas experiencias incluyen trabajos ajenos a carreteras, como sistemas de riego, reservorios y puentes, cuyos periodos no se encuentran individualizados para determinar el tiempo efectivamente computable. − Experiencia N° 4: El certificado no acredita que el profesional haya participado en la supervisión de la obra. Asimismo, existen indicios de posible información falsa o inexacta, pues la documentación consultada sobre la contratación de la obra y su supervisión no permite corroborar la participación de la empresa emisora del certificado. En consecuencia, sostiene que ninguna de las experiencias presentadas acredita válidamente el requisito exigido, por lo que correspondería computar cero años de experiencia válida y descalificar la oferta por incumplimiento del mínimo de dos años.

• Sobre el Especialista en Seguridad, indica que el Consorcio Adjudicatario propuso

al ingeniero Jorge Antonio Peláez Aranguri. De los certificados presentados se advierte que: − Experiencia N° 1: Corresponde a un servicio de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio, cuya validación evidencia un posible trato desigual frente a la evaluación de la oferta de su representada. − Experiencia N° 2: Corresponde a la ejecución de la obra de construcción de la vía de evitamiento de Abancay, sin acreditar participación en la supervisión. − Experiencia N° 3: Corresponde a la ejecución de una obra de rehabilitación y mejoramiento de carretera, sin acreditar participación en la supervisión. Por lo tanto, conforme a su interpretación de las bases integradas, las experiencias relacionadas con la ejecución de obras no son válidas para acreditar experiencia en supervisión. Descontadas las experiencias cuestionadas, el profesional acreditaría únicamente 0.50 años, cantidad inferior al mínimo de dos años.

• En consecuencia, solicita declarar fundada esta pretensión y descalificar la oferta

del Consorcio Supervisor Perú por incumplimiento de los requisitos de calificación del personal clave. Sobre la descalificación de la oferta del postor Prado Barriga Ybe Roberto.

• Alega que corresponde descalificar la oferta del postor Ybe Roberto Prado Barriga,

ubicado en el segundo lugar del orden de prelación, por incumplir los requisitos de experiencia mínima del Especialista en Suelos y Pavimentos y del Especialista en Seguridad. Conforme a las bases integradas, cuando se acredita experiencia en obras, debe demostrarse la participación del profesional en la supervisión correspondiente, y no únicamente en la ejecución. − Especialista en Suelos y Pavimentos, el profesional propuesto, Jaime Chuquija Pacco, presenta certificados que no acreditarían su participación en la supervisión de las obras declaradas. Asimismo, uno de los documentos corresponde a labores de mantenimiento sin demostrar que se trate de mantenimiento periódico. Por ello, sostiene que no cuenta con experiencia válida computable para cumplir el mínimo de dos años. − Especialista en Seguridad, el profesional propuesto, Robert Ibáñez Vega, acredita diversas experiencias que, según la documentación revisada, no demuestran su participación en la supervisión exigida por las bases. El tiempo computado por el impugnante asciende a 1.59 años, inferior al mínimo requerido de dos años.

• En consecuencia, solicita declarar fundada esta pretensión y disponer la

descalificación de la oferta de YBE Roberto Prado Barriga.

• Finalmente, refiere que, como consecuencia de la revisión de las ofertas y de la

estimación de las pretensiones anteriores, se otorgue la buena pro a su representada. Para ello, corresponde que el comité admita y califique su oferta, reconozca la experiencia del Especialista en Seguridad y evalúe las ofertas de los demás postores conforme a las bases integradas, disponiendo la descalificación del Consorcio Adjudicatario y del postor YBE Roberto Prado Barriga si se confirma que incumplen los requisitos exigidos. De cumplirse estos presupuestos, su representada obtendría el puntaje total de 105.000 puntos, correspondiéndole el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección.

• Con decreto del 14 de octubre de 2026, se admitió a trámite el recurso de apelación

y se corrió traslado a la Entidad a fin de que cumpla, entre otros aspectos, con registrar en el SEACE el informe técnico legal en el que debía indicar su posición respecto de los argumentos del recurso de apelación, en un plazo de tres (3) días hábiles. Además, se dispuso notificar el recurso interpuesto a los postores distintos del Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución que emita el Tribunal, a fin de que lo absuelvan en el mismo plazo. Adicionalmente, se dispuso remitir el expediente a la Segunda Sala del Tribunal y se programó audiencia pública para el 21 de octubre de 2026.

• Mediante escrito s/n presentado el 19 de octubre de 2026 al Tribunal, el Consorcio

Adjudicatario se apersonó al procedimiento y absolvió el recurso de apelación solicitando que se declare infundado, se confirme el otorgamiento de la buena pro y se inicie procedimiento administrativo sancionador al Consorcio Impugnante por presentar información inexacta, sobre la base de los siguientes argumentos: Respecto a la nulidad del acta.

• Señala que el Comunicado N° 021-2025-OECE contempla la subsanación de la

legalización notarial de alguna firma, siempre que se mantenga el contenido del documento original. Por tanto, la existencia de una omisión formal no determina automáticamente la nulidad del procedimiento, sino que corresponde establecer si el defecto existe, si es subsanable y cuál es la consecuencia jurídica aplicable. Cabe señalar que el Consorcio Impugnante reconoce que su promesa de consorcio también carecía de legalización de firmas. En consecuencia, cualquier medida correctiva deberá aplicarse conforme al principio de igualdad de trato y a las reglas de subsanación correspondientes, sin anticipar el resultado de dicho procedimiento. Por ello, solicita que esta pretensión no sea estimada en los términos planteados, sin perjuicio de la verificación documental que corresponda.

• Alega que el que se retrotraiga el procedimiento de selección depende de que se

compruebe previamente la existencia del defecto y la procedencia de su subsanación conforme al artículo 78 del Reglamento y al Comunicado N° 021- 2025-OECE. La eventual subsanación no garantiza automáticamente la admisión de las ofertas, pues corresponde verificar el cumplimiento efectivo de los requisitos aplicables. Del mismo modo, una retroacción requiere identificar la infracción y justificar la medida correctiva correspondiente.

• Por lo que corresponde desestimar la pretensión en cuanto plantea una

retroacción automática, sin perjuicio de lo que resulte de la revisión documental y normativa. Respecto a la calificación de la oferta del Consorcio Impugnante.

• Refiere que el Consorcio Impugnante solicita validar el certificado del folio 394,

correspondiente al ingeniero Jorge Antonio Peláez Aranguri, para acreditar 2.14 años de experiencia como Especialista en Seguridad, en lugar de los 1.69 años reconocidos por el comité.

• Sostiene que la controversia consiste en determinar si el servicio de gestión y

conservación rutinaria por niveles de servicio del corredor vial Puente Pumahuasi–Puente Chino–Aguaytía–San Alejandro–Neshuya–Pucallpa se encuentra comprendido en la definición de servicios similares establecida en las bases integradas. Dicha definición incluye los servicios de gestión por conservación de niveles de servicio. Por ello, la presencia de actividades de conservación rutinaria no basta, por sí sola, para excluir la experiencia; es necesario verificar el objeto y alcance del servicio, las funciones desempeñadas, las fechas y el periodo efectivamente computable. El impugnante también alega una vulneración del principio de igualdad de trato porque el comité habría validado una experiencia de su consorcio que comprendía conservación rutinaria, pero rechazado la suya por esa misma característica. Tal cuestionamiento exige comparar ambas experiencias de manera integral,

Por tanto, señala que la pretensión se resuelva conforme a las bases integradas y a la documentación presentada, sin reconocer automáticamente los 2.14 años alegados por el recurrente. Respecto a la descalificación de su oferta.

• Sobre la experiencia del Especialista en Suelos y Pavimentos, indica que debe

distinguirse entre la falta de idoneidad de un certificado para acreditar experiencia y la eventual falsedad de su contenido. Las discrepancias señaladas por el impugnante requieren comprobación documental y no permiten concluir, por sí solas, que exista falsedad. En consecuencia, solicita que cada certificado sea evaluado individualmente y que la decisión se sustente en la documentación original y en los requisitos establecidos en las bases, sin asumir como acreditadas las conclusiones del recurrente.

• Respecto al Especialista en Seguridad, refiere que, con relación al primer servicio,

corresponde verificar si su objeto y alcance se encuentran comprendidos en la definición de servicios similares de las bases integradas. La inclusión de conservación rutinaria no constituye, por sí sola, motivo suficiente para excluirlo. En cuanto a las otras dos experiencias, debe examinarse la documentación para determinar las funciones efectivamente desempeñadas por el profesional y si estas cumplen el requisito aplicable. Por ello, el cálculo de 0.50 años propuesto por el Consorcio Impugnante no puede aceptarse sin verificar previamente los certificados y los periodos computables.

• Sobre la presunta falsedad documental, señala que el Consorcio Impugnante

sostiene que uno de los certificados del Especialista en Suelos y Pavimentos contendría información falsa o inexacta, basándose en supuestas inconsistencias cronológicas y en la información que afirma haber obtenido de registros oficiales. Al respecto, debe diferenciarse entre la insuficiencia de un documento para acreditar experiencia y la falsedad de su contenido. Esta última requiere elementos objetivos que permitan sustentar dicha conclusión. En consecuencia, solicita que no se tenga por acreditada la falsedad documental únicamente sobre la base de las inferencias del recurrente y que cualquier cuestionamiento sea objeto de verificación específica.

Sobre la descalificación de la oferta del postor Prado Barriga Ybe Roberto.

• Al respecto el Consorcio Impugnante sostiene que las experiencias presentadas

por el postor Prado Barriga Ybe Roberto no acreditarían participación en la supervisión de obras y que los periodos válidos serían insuficientes para alcanzar los dos años exigidos. Esta pretensión debe evaluarse de forma independiente, contrastando cada certificado con las bases integradas y verificando las funciones, los cargos y los periodos efectivamente computables. El principio de igualdad de trato exige aplicar criterios uniformes a situaciones equivalentes, pero no justifica descalificar a un postor únicamente sobre la base de la interpretación del impugnante.

• Por lo tanto, solicita que la pretensión se resuelva a partir de la revisión integral

de la oferta del referido postor, sin asumir como concluyentes los cálculos presentados por el recurrente. Sobre el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Impugnante.

• Indica que el Consorcio Impugnante solicita que se le otorgue la buena pro,

alegando que alcanzaría 105 puntos si se estiman sus pretensiones anteriores. Sin embargo, según los resultados del procedimiento consignados en la documentación señalada por su representada, el Consorcio Adjudicatario obtuvo un puntaje total de 105.00 puntos, mientras que el Consorcio Libertad alcanzó 96.92 puntos. Asimismo, la buena pro fue adjudicada a su representada por S/ 270,373.40. La modificación de estos resultados requiere que se acrediten los presupuestos que justifiquen la recalificación o descalificación de las ofertas cuestionadas. La eventual descalificación de otros postores tampoco determina automáticamente el otorgamiento de la buena pro al recurrente, pues debe verificarse el cumplimiento de los requisitos de su propia oferta y realizarse la evaluación correspondiente. Por lo que corresponde desestimar esta pretensión mientras no se acrediten los fundamentos jurídicos y técnicos que permitan modificar los resultados del procedimiento. Sobre la presentación de información inexacta por parte del Consorcio Impugnante.

• Indica que su representada pone en conocimiento del Tribunal la declaración

jurada atribuida al ingeniero industrial Jorge Antonio Peláez Aranguri, propuesto por el Consorcio Impugnante como Especialista en Seguridad. Según dicho documento, el profesional manifiesta que no habría autorizado al Consorcio Impugnante a utilizar su documentación y experiencia profesional en el procedimiento de selección, referido al servicio de supervisión del mantenimiento periódico de la carretera Ruta LI-119.

• En ese sentido, refiere que esta declaración plantea un cuestionamiento sobre la

autorización para utilizar la documentación profesional presentada por el Consorcio Impugnante. En tal sentido, solicita que el Tribunal verifique su autenticidad, alcance y relevancia, así como la documentación que sustenta la experiencia cuestionada, antes de determinar las consecuencias que correspondan. De comprobarse que la documentación fue presentada sin la autorización exigible o que existen irregularidades relevantes en su utilización, solicita que se adopten las medidas previstas en la normativa aplicable, incluida la evaluación de la admisibilidad de la oferta, si correspondiera.

• El 21 de octubre de 2026, se llevó a cabo la audiencia pública programada con la

participación de los representantes del Consorcio Adjudicatario y de la Entidad.

• Con decreto del 21 de octubre de 2026, se corrió traslado a la Entidad, al Consorcio

Impugnante y al Consorcio Adjudicatario, considerando la existencia de un posible vicio de nulidad en el procedimiento de selección, respecto a que se advertiría la transgresión de las bases, debido a que el comité habría vulnerado lo establecido en el numeral 70.2 del artículo 70 del Reglamento y 78.1 del artículo 78 del Reglamento, toda vez que el comité habría admitido la oferta del Consorcio Impugnante y continuado con la revisión de los requisitos de calificación, pese a que la promesa de consorcio presentada no contaba con la legalización notarial de las firmas de los representantes de sus integrantes. Dicha situación, configuraría una transgresión a los lineamientos de las bases estándar y al numeral 55.3 del artículo 55 del Reglamento.

• Mediante escrito N° 3 presentado el 28 de octubre de 2026 en la Mesa de Partes del

Tribunal, el Consorcio Impugnante absolvió el traslado del presunto vicio de nulidad, solicitando que se declare la nulidad del procedimiento; asimismo presenta argumentos relacionados a sus cuestionamientos contra la oferta del Consorcio Adjudicatario y el postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, en los siguientes términos:

• Señala que al haberse admitido las ofertas de ambos consorcios sin verificar

correctamente el Anexo N° 4 (promesa de consorcio), se han trasgredido disposiciones de la etapa de admisión de oferta previstas en el numeral 2.1 del

• Por lo tanto, en estricta aplicación de la normativa de contratación pública,

corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse este a la etapa de admisión de ofertas, a fin de que el comité actúe según la Ley y otorgue las subsanaciones que correspondan.

• Advierte que el Consorcio Adjudicatario se ha limitado a subordinar su posición a

lo que resuelva el Tribunal, omitiendo argumentos específicos que refuten la pretensión de retroacción a la etapa de admisión de ofertas. Dicha actitud evasiva no es casual, tanto el Consorcio Adjudicatario como su representada son plenamente conscientes de que las promesas de consorcio presentadas en sus respectivas ofertas carecen de la formalidad exigida en las bases integradas, esto es, la legalización notarial de las firmas de todos sus integrantes.

• Mediante Oficio N° 001637-2026-GRLL-GGR-GRTC presentado el 29 de octubre de

2026 en la Mesa de Partes del Tribunal, la Entidad remite el Informe Legal N° 000119- 2026-GRLL-GGR-GRTC-OAJ, mediante el cual se pronuncia sobre el traslado de nulidad, en los siguientes términos:

• Sobre la admisión del recurso de apelación, indica que el Consorcio Impugnante

interpuso recurso de apelación el 12 de octubre de 2026 y, al subsanar las observaciones, presentó el 13 de octubre de 2026 el comprobante de garantía por S/ 1 885.80 y las constancias REMYPE de sus integrantes, garantía que habría sido emitida únicamente a nombre de uno de los integrantes del consorcio. Sin embargo, el numeral 4.3.1 de las bases integradas establece que las garantías presentadas por consorcios deben consignar expresamente el nombre o razón social de todos sus integrantes en calidad de garantizados; de lo contrario, no pueden ser aceptadas por la Entidad ni por el Tribunal. Asimismo, los artículos 306 y 307 del Reglamento regulan los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación y su subsanación, estableciendo las consecuencias de su incumplimiento dentro del plazo correspondiente. En consecuencia, la sola presentación del comprobante de garantía no acredita el cumplimiento de dicho requisito, siendo necesario verificar que este reúna todas las condiciones exigidas por la normativa y las bases integradas.

• Respecto al traslado de nulidad, señala que conforme al numeral 78.1 del artículo

78 del Reglamento y al Comunicado N° 021-2025-OECE, la legalización notarial de una firma constituye una formalidad susceptible de subsanación, siempre que el documento presentado posteriormente coincida con el que obra en la oferta y no se altere su contenido esencial. En consecuencia, la omisión advertida no determina, por sí sola, que se configure una causal de nulidad del procedimiento de selección.

• Sostiene que, de acuerdo con lo informado por la Sub Gerencia de Caminos y el

Área de Abastecimiento, el Consorcio Impugnante fue descalificado por una cuestión vinculada con la acreditación de la experiencia mínima del Especialista en Seguridad. Esta circunstancia resulta relevante para valorar la trascendencia de la omisión formal; sin embargo, su incidencia definitiva en el resultado de la calificación deberá apreciarse considerando el pronunciamiento que emita el Tribunal sobre los cuestionamientos formulados respecto del certificado obrante en el folio 394.

• Finalmente, refiere que la Oficina de Asesoría Jurídica considera que la falta de

legalización notarial de las firmas de la promesa de consorcio, por sí sola, no constituye fundamento suficiente para concluir que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección en su integridad. Ello, debido a que dicha formalidad era susceptible de subsanación conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento y al Comunicado N° 021-2025-OECE; asimismo, de haberse efectuado dicha subsanación, esta no habría modificado por sí misma la situación del Consorcio Impugnante respecto de la acreditación de la experiencia mínima exigida para el Especialista en Seguridad, cuya evaluación fue objeto de un cuestionamiento independiente. En consecuencia, no se advierte, por este solo hecho, una causal de nulidad que justifique invalidar el procedimiento en su integridad, sin perjuicio del pronunciamiento que corresponde emitir al Tribunal en el marco de sus competencias.

• Con decreto del 29 de octubre de 2026, se declaró el expediente listo para resolver.

II. FUNDAMENTACIÓN:

Cuestión previa: Sobre la admisibilidad del recurso de apelación.

• Previamente al análisis de la procedencia del recurso, cabe señalar que la Entidad

cuestiona la admisión del recurso de apelación y sostiene que el Consorcio Impugnante presentó comprobante de garantía por S/ 1 885.80, el cual habría sido emitido únicamente a nombre de uno de los integrantes del consorcio. Sin embargo, el numeral 4.3.1 de las bases integradas establece que las garantías presentadas por consorcios deben consignar expresamente el nombre o razón social de todos sus integrantes en calidad de garantizados; de lo contrario, no pueden ser aceptadas por la Entidad ni por el Tribunal.

• Sobre el particular, corresponde precisar que, mediante decreto del 14 de octubre de

2026, la Secretaría Técnica del Tribunal admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Impugnante. En esa línea, el artículo 309 del Reglamento, referido a la garantía por la interposición del recurso de apelación, establece en su numeral 309.3 lo siguiente: “La garantía cumple los mismos requisitos previstos para las garantías contractuales reguladas en la Ley. Asimismo, la garantía puede consistir en un depósito en la cuenta bancaria de la entidad contratante o del OECE, según corresponda” (El resaltado agregado).

• Siendo así, de la revisión del recurso de apelación, se advierte que, como garantía por

la interposición del recurso, el Consorcio Impugnante presentó un voucher de depósito a favor del OECE, en el cual figura como “ordenante” la empresa Corporación Consultora y Constructora Nor Perú S.A.C., conforme se aprecia a continuación:

• Al respecto, se advierte que los cuestionamientos formulados por la Entidad se

encuentran relacionados con el hecho de que solo una empresa integrante del Consorcio Impugnante efectuó el depósito, lo cual, a su entender, contravendría lo establecido en el numeral 4.3.1 del Capítulo III de la Sección General de las bases integradas. Sobre ello, cabe señalar que el numeral 4.3.1 del Capítulo III de la sección general de las bases integradas, respecto de las garantías presentadas por los consorcios, establece lo siguiente: “Las garantías que presenten los consorcios para el perfeccionamiento del contrato durante la ejecución contractual y para la interposición de los recursos impugnativos, además de cumplir con las condiciones establecidas en la Ley y el Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden ser aceptadas por las entidades contratantes o el Tribunal de Contrataciones Públicas. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio”. [Resaltado agregado]

• Sobre el particular, corresponde señalar que el referido numeral 4.3.1 establece una

exigencia vinculada a las garantías que, por su naturaleza, se instrumentan mediante una carta fianza, en la medida en que dicho documento debe consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio en calidad de garantizados, precisamente porque la naturaleza de este instrumento permite identificar a los sujetos que asumen dicha condición. No obstante, en el presente caso, la garantía fue constituida mediante un depósito en cuenta bancaria, por lo que la información que permite identificar la operación corresponde, entre otros datos, al nombre del ordenante o depositante y al beneficiario o destinatario del depósito.

• En consecuencia, contrariamente a lo manifestado por la Entidad, la constancia de

depósito presentada por el Consorcio Impugnante resulta válida, toda vez que las exigencias invocadas por la Entidad respecto de la identificación de los integrantes del consorcio en calidad de garantizados no resultan aplicables a los depósitos en cuenta, sino a aquellas garantías instrumentadas mediante cartas fianza.

• Ahora bien, a continuación, analizaremos el recurso de apelación interpuesto por el

Consorcio Impugnante contra el “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas”, la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor.

• PROCEDENCIA DEL RECURSO
• El artículo 72 de la Ley establece que las discrepancias que surjan entre la entidad

contratante y los participantes o postores en un procedimiento de selección, y las surgidas en los procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, solo pueden dar lugar a la interposición del recurso de apelación. A través de dicho recurso se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

• Con relación a ello, es necesario tener presente que los medios impugnatorios en sede

administrativa se encuentran sujetos a determinados controles de carácter formal y sustancial, los cuales se establecen a efectos de determinar la admisibilidad y procedencia de un recurso, respectivamente; en el caso de la procedencia, se evalúa la concurrencia de determinados requisitos que otorgan legitimidad y validez a la pretensión planteada a través del recurso, es decir, en la procedencia inicia el análisis sustancial, puesto que se hace una confrontación entre determinados aspectos de la pretensión invocada y los supuestos establecidos en la normativa para que dicha pretensión sea evaluada por el órgano resolutor. En ese sentido, a efectos de verificar la procedencia del recurso de apelación, es pertinente remitirnos a las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento, a fin de determinar si el presente recurso es procedente o si, por el contrario, se encuentra inmerso en alguna de las referidas causales.

• La Entidad contratante o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia para

resolverlo. El artículo 74 de la Ley delimita la competencia para conocer el recurso de apelación, estableciendo que es conocido y resuelto por el Tribunal cuando se trate de procedimientos de selección cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) UIT y de procedimientos para implementar o extender la vigencia de los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Bajo tal premisa normativa, dado que en el presente caso el recurso de apelación ha sido interpuesto en el marco de un Concurso Público Abreviado, cuya cuantía es de S/ 377 150.93 (trescientos setenta y siete mil ciento cincuenta con 93/100 soles), resulta que dicho monto es superior a 50 UIT, por lo que este Tribunal es competente para conocerlo.

• Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables.

El artículo 303 del Reglamento ha establecido taxativamente los actos que no son impugnables, tales como: i) los actos y actuaciones realizadas en la fase de actuaciones preparatorias, incluyendo la interacción con el mercado y la estrategia de contratación, ii) los actos y actuaciones realizadas en los procesos de contratación de contratos menores, iii) las bases y/o su integración, iv) las actuaciones referidas al registro de participantes, v) los actos y actuaciones realizados en las etapas de negociación y diálogo competitivo, vi) el puntaje en el factor de evaluación “diseño arquitectónico” en los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos y vii) los procedimientos no competitivos. En el caso concreto, el Consorcio Impugnante ha interpuesto recurso de apelación contra el “Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas”, la descalificación de su oferta, el otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección y la calificación de las ofertas del Consorcio Adjudicatario y del postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación, solicitando se revoquen dichos actos y, en consecuencia, se otorgue la buena pro a su favor; por consiguiente, se advierte que los actos objeto de cuestionamiento no se encuentran comprendidos en la relación de actos inimpugnables.

• Sea interpuesto fuera del plazo.

El artículo 304 del precitado Reglamento establece que la apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella en los procedimientos de selección competitivos, debe interponerse, como máximo, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro, mientras que, en el caso de concurso público abreviado, licitación pública abreviada, selección de expertos y comparación de precios, el plazo es de cinco (5) días hábiles, siendo los plazos indicados aplicables a todo recurso de apelación. En el caso de Subasta Inversa Electrónica, el plazo para la interposición del recurso es de cinco (5) días hábiles siguientes de haber notificado el otorgamiento de la buena pro, salvo que su valor estimado o referencial corresponda al de una licitación pública o concurso público, en cuyo caso el plazo es de ocho (8) días hábiles. Asimismo, el numeral 304.4 del artículo 304 señala que, en el caso de la apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, los plazos indicados en los numerales precedentes se contabilizan desde que se toma conocimiento del acto que se desea impugnar. En aplicación de lo dispuesto en el citado artículo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de selección se efectuó mediante un Concurso Público Abreviado para Consultoría en General, el Impugnante contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles para interponer su recurso de apelación, el cual vencía el 12 de octubre de 20261,

fue publicado en el SEACE el 2 del mismo mes y año. Al respecto, se aprecia que el Consorcio Impugnante interpuso su recurso de apelación mediante Escrito S/N presentado el 12 de octubre de 2026; en ese sentido, se aprecia que cumplió con interponer su recurso dentro del plazo legal.

• El que suscriba el recurso no sea el Impugnante o su representante.

De la revisión del recurso de apelación, se verifica que este fue suscrito por el representante común del Consorcio Impugnante.

• El Impugnante se encuentre impedido para participar en los procedimientos de

selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 30 de la Ley. Al respecto, no se advierte ningún elemento a partir del cual podría evidenciarse que los integrantes del Consorcio Impugnante se encuentren inmersos en alguna causal de impedimento.

• El Impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles.

De los actuados que obran en el expediente administrativo, a la fecha, no se advierte ningún elemento a partir del cual pueda evidenciarse que los integrantes del Consorcio se encuentren incapacitados legalmente para ejercer actos civiles.

• El proveedor impugne la adjudicación de la buena pro, sin cuestionar la no admisión o

descalificación de su oferta o, aun cuestionándola, no logra revertir de forma previa su condición de no admitido o descalificado del procedimiento. En el presente caso, el Consorcio Impugnante cuestiona la descalificación de su oferta y el otorgamiento de la buena pro.

• Sea interpuesto por el postor ganador.

1 Cabe indicar que el 8 de octubre de 2026 fue feriado por celebrar el “Combate de Angamos”.

En el caso concreto, la oferta del Consorcio Impugnante fue descalificada, por lo que no obtuvo la buena pro del procedimiento de selección.

• No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y el petitorio del

mismo. De la revisión a los fundamentos de hecho del recurso de apelación, se aprecia que estos están orientados a sustentar sus pretensiones, no incurriéndose en la presente causal de improcedencia.

• El Impugnante carezca de interés para obrar o de legitimidad procesal.

El numeral 206.1 del artículo 206 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006- 2026-JUS, en adelante TUO de la LPAG, establece la facultad de contradicción administrativa, según la cual, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante la interposición del recurso correspondiente que, en materia de contrataciones públicas, es el recurso de apelación. Nótese que, en el presente caso, la decisión de la Entidad, de determinarse irregular, causaría agravio al Consorcio Impugnante en su interés legítimo como postor de acceder a la buena pro del procedimiento de selección, puesto que su oferta fue descalificada transgrediéndose así lo establecido en la Ley, el Reglamento y las bases; por tanto, cuenta con legitimidad procesal e interés para obrar.

• Por lo tanto, atendiendo a las consideraciones descritas, no se advierte la

concurrencia de alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 308 del Reglamento; por lo tanto, corresponde emitir pronunciamiento sobre los asuntos de fondo propuestos.

II. PRETENSIONES:

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Impugnante

solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se declare la nulidad del Acta de admisión, evaluación, calificación de ofertas.

ii. Se revoque la descalificación de su oferta.

iii. Se revoque la calificación de la oferta del Consorcio Adjudicatario. iv. Se revoque la calificación de la oferta del postor Ybe Roberto Prado Barriga, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación.

• Se revoque el otorgamiento de la buena pro.

vi. Se le otorgue la buena pro del procedimiento de selección.

• De la revisión del recurso de apelación, se advierte que el Consorcio Adjudicatario

solicitó a este Tribunal lo siguiente:

• Se confirme la calificación de su oferta.

ii. Se confirme el otorgamiento de la buena pro. iii. Se inicie procedimiento administrativo sancionador al Consorcio Impugnante por presentar información inexacta.

III. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS.

• Habiéndose verificado la procedencia del recurso presentado y considerando los

petitorios señalados de forma precedente, corresponde efectuar el análisis de fondo, para lo cual resulta necesario fijar los puntos controvertidos del presente recurso. Al respecto, es preciso tener en consideración lo establecido en el literal d) del numeral 311.1 del artículo 311, que establece que las partes formulan sus pretensiones y ofrecen los medios probatorios en el escrito que contiene el recurso de apelación y en el escrito de absolución de traslado del recurso de apelación presentados dentro del plazo legal, sin perjuicio de la presentación de pruebas y documentos adicionales que coadyuven a la resolución de dicho procedimiento. Cabe señalar que lo antes citado, tiene como premisa que, al momento de analizar el recurso de apelación, se garantice el derecho al debido proceso de los intervinientes, de manera que las partes tengan la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción respecto de lo que ha sido materia de impugnación; pues lo contrario, es decir, acoger cuestionamientos distintos a los presentados en el recurso de apelación o en el escrito de absolución, implicaría colocar en una situación de indefensión a la otra parte, la cual, dados los plazos perentorios con que cuenta el Tribunal para resolver, vería conculcado su derecho a ejercer una nueva defensa.

En razón de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente hacer mención de que el Tribunal, una vez admitido el recurso de apelación, debe notificar a la Entidad y a los postores distintos al Impugnante que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal, con el recurso de apelación y sus anexos, mediante su publicación en el SEACE, a efectos de que estos lo absuelvan en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. Así, debe tenerse en cuenta que los demás intervinientes del presente procedimiento de selección, fueron notificados de forma electrónica con el recurso de apelación el 14 de octubre de 2026, según se aprecia de la información obtenida del SEACE, razón por la cual contaban con tres (3) días hábiles para absolver el traslado del citado recurso, esto es, hasta el 19 del mismo mes y año. Al respecto, se advierte que el Consorcio Adjudicatario se apersonó al presente procedimiento y absolvió el traslado del recurso, a través del escrito que presentó el 19 de octubre de 2026, es decir, dentro del plazo legal; en ese sentido, a fin de determinar los puntos controvertidos, serán considerados por este Tribunal el escrito de apelación y la absolución presentada por el postor ganador de la buena pro.

• En el marco de lo indicado, los puntos controvertidos a esclarecer son los siguientes:
• Determinar si corresponde declarar la nulidad del “Acta de admisión,

evaluación, calificación de ofertas”. ii. Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de descalificar la oferta del Consorcio Impugnante, y, en consecuencia, el otorgamiento de la buena pro. iii. Determinar si corresponde descalificar la oferta por presentar información inexacta. iv. Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de calificar la oferta del Consorcio Adjudicatario.

• Determinar si corresponde revocar la decisión del comité de calificar la oferta

del postor Ybe Roberto Prado Barriga, postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación. vi. Determinar si corresponde otorgar la buena pro del procedimiento de selección al Consorcio Impugnante.

IV. ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:

• Con el propósito de dilucidar la presente controversia, es relevante destacar que el

análisis que efectúe este Tribunal debe tener como premisa que la finalidad de la normativa de contrataciones públicas no es otra que las Entidades adquieran bienes, servicios y obras en las mejores condiciones posibles, dentro de un escenario adecuado que garantice tanto la concurrencia entre potenciales proveedores como la debida transparencia en el uso de los recursos públicos.

• En adición a lo expresado, es menester destacar que el procedimiento administrativo

se rige por principios que constituyen elementos que el legislador ha considerado básicos, por un lado, para encausar y delimitar la actuación de la Administración y de los administrados en todo procedimiento y, por el otro, para controlar la discrecionalidad de la Administración en la interpretación de las normas aplicables, en la integración jurídica para resolver aquellos aspectos no regulados, así como para desarrollar las regulaciones administrativas complementarias. Abonan en este sentido, entre otros, los principios de eficacia y eficiencia, transparencia, igualdad de trato, recogidos en el artículo 5 de la Ley. En tal sentido, tomando como premisa los lineamientos antes indicados, este Colegiado se abocará al análisis de los puntos controvertidos planteados en el presente procedimiento de impugnación. CUESTIÓN PREVIA: Sobre el presunto vicio de nulidad en el procedimiento de selección vinculado al primer punto controvertido.

• A efectos de emitir pronunciamiento sobre los aspectos cuestionados en el recurso

impugnativo, este Colegiado procedió a verificar la legalidad de las actuaciones efectuadas en el marco del procedimiento de selección, advirtiéndose situaciones que suponen vicios de nulidad; razón por la cual, corresponde que, de forma previa al análisis de fondo, este Colegiado se pronuncie sobre el particular.

• En ese sentido, considerando las facultades de este Tribunal2, con decreto del 21 de

octubre de 2026, se corrió traslado al Consorcio Impugnante, Consorcio Adjudicatario y a la Entidad sobre la existencia de un posible vicio de nulidad, a efectos que emitan pronunciamiento, pues se advirtió que el comité admitió la oferta del Consorcio 2 “Artículo 313. Alcances de la resolución 313.2. Cuando el TCP o la autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante advierta de oficio posibles vicios de nulidad de la fase de selección, corre traslado a las partes, según corresponda, para que se pronuncien en un plazo máximo de cinco días hábiles. En caso de apelaciones ante el TCP, se extiende el plazo previsto en el literal e) del numeral 311.1 del artículo 311. Tratándose de apelaciones ante la entidad contratante, se extiende el plazo previsto para resolver.

Impugnante sin verificar que la promesa de consorcio presentada contara con las firmas legalizadas de los representantes de sus integrantes, requisito exigido para la admisión de ofertas, conforme a lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II de la Sección Específica de las bases integradas. Aunado a ello, el comité habría inobservado lo dispuesto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, que establece que, durante el desarrollo de la fase de selección, los evaluadores pueden solicitar a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal en los documentos emitidos por entidades privadas o públicas, presentados durante la precalificación y/o presentación de ofertas, siempre que ello no altere su contenido esencial y se respete el principio de igualdad de trato. Esta circunstancia evidenciaría una posible transgresión de las disposiciones establecidas en las bases integradas, del numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento y del principio de legalidad, previsto en el artículo 5 de la Ley, según el cual las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la Ley y el derecho, dentro de las facultades que les han sido atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas.

• Al respecto, el vicio de nulidad advertido se sustenta en que el comité habría

inobservado las disposiciones de las bases integradas para la admisión de las ofertas, concordantes con las bases estándar aplicables. En particular, las disposiciones antes señaladas exigen que, durante la etapa de admisión, se verifique que las ofertas contengan la documentación requerida en el

identificación de alguna omisión o error, corresponde evaluar previamente si este resulta susceptible de subsanación, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables; de no ser así, la oferta deberá tenerse por no admitida. No obstante, de la revisión del acta correspondiente, se advierte que el comité admitió la oferta del Consorcio Impugnante, pese a que su promesa de consorcio no cumplía con las formalidades exigidas en las bases integradas. Así, habría permitido que dicha oferta continúe en el procedimiento sin verificar el cumplimiento de las exigencias documentales ni evaluar, en la etapa correspondiente, si los defectos advertidos podían ser objeto de subsanación. En consecuencia, la actuación descrita evidenciaría una posible inobservancia de las reglas que rigen la admisión de ofertas y la subsanación de documentos, lo que podría configurar un vicio trascendente susceptible de afectar la validez del procedimiento de selección. Por tanto, corresponde analizar la incidencia de dicha actuación en su desarrollo, a fin de determinar si corresponde declarar la nulidad y, de ser el caso, establecer la etapa a la cual debe retrotraerse el procedimiento.

• Ahora bien, al absolver el traslado del presunto vicio de nulidad, el Consorcio

Impugnante reconoce que las irregularidades advertidas podrían configurar un vicio de nulidad, por lo que corresponde declarar la nulidad del procedimiento de selección, debiendo retrotraerse este a la etapa de admisión de ofertas, a fin de que el comité actúe según la Ley y otorgue las subsanaciones que correspondan. En ese sentido, se aprecia que el Consorcio Impugnante coincide con el vicio materia de traslado.

• Por su parte, conforme a lo señalado en los antecedentes, la Entidad sostiene que la

falta de legalización notarial de las firmas de la promesa de consorcio constituye una formalidad susceptible de subsanación, siempre que el documento presentado posteriormente mantenga el mismo contenido que el originalmente incorporado en la oferta. Por tanto, dicha omisión no configura, por sí sola, una causal de nulidad. Asimismo, señala que el Consorcio Impugnante fue descalificado por no acreditar la experiencia mínima exigida para el Especialista en Seguridad. En ese sentido, la Entidad considera que la incidencia de la omisión formal debe analizarse teniendo en cuenta el pronunciamiento del Tribunal sobre el cuestionamiento al certificado obrante en el folio 394. Finalmente, la oficina de asesoría jurídica considera que la eventual regularización de la legalización de notarial no habría modificado, por sí misma, la situación del Consorcio Impugnante respecto de la acreditación de la experiencia del Especialista en Seguridad. Por ello, no advierte una causal de nulidad por este solo hecho, sin perjuicio de las competencias del Tribunal.

• En atención a los argumentos expuestos por la Entidad, este Colegiado considera

pertinente señalar que, si bien la falta de legalización notarial de las firmas de la promesa de consorcio constituye una formalidad susceptible de subsanación, conforme al numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento y al Comunicado N° 021- 2025-OECE, dicha circunstancia no desvirtúa el vicio advertido en el presente caso. En efecto, el cuestionamiento formulado no se circunscribe a determinar si la omisión de la legalización notarial podía ser subsanada, sino a verificar si el comité observó el procedimiento establecido en el Reglamento para la admisión de ofertas y la eventual subsanación de los documentos que las conforman. Al respecto, se ha advertido que el comité admitió la oferta del Consorcio Impugnante, pese a que su promesa de consorcio no cumplía con las formalidades exigidas en las bases integradas, sin advertir dicha circunstancia ni requerir su subsanación en la etapa correspondiente. Por tanto, el carácter subsanable de la omisión no exime al comité de su obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos de admisión ni de observar las reglas procedimentales previstas en el artículo 78 del Reglamento. Por el contrario, precisamente porque se trataba de un defecto susceptible de subsanación, correspondía que el comité lo identificara y otorgara a los postores la oportunidad de regularizarlo, de corresponder, antes de continuar con las siguientes subetapas de la evaluación de ofertas.

• Por otro lado, respecto al argumento de la Entidad referido a que el Consorcio

Impugnante fue descalificado por no acreditar la experiencia mínima del Especialista en Seguridad, este Colegiado considera que dicha circunstancia no resulta suficiente para desvirtuar el vicio advertido. Al respecto, debe tenerse presente que la admisión de ofertas y la revisión de los requisitos de calificación constituyen subetapas diferenciadas y secuenciales del procedimiento de selección, conforme al numeral 70.2 del artículo 70 del Reglamento. En consecuencia, el hecho de que el Consorcio Impugnante haya sido posteriormente descalificado por un incumplimiento relacionado con la acreditación de la experiencia de uno de sus profesionales no convalida la irregularidad producida en la etapa previa de admisión. Asimismo, la evaluación de la trascendencia del vicio no puede limitarse a determinar si la subsanación de la promesa de consorcio habría modificado el resultado de la calificación del Consorcio Impugnante, toda vez que la irregularidad advertida también comprende la admisión de la oferta del Consorcio Adjudicatario, cuya promesa formal de consorcio, como se advierte de los antecedentes, no cuenta con la firma legalizada de uno de sus representantes, respecto de la cual corresponde efectuar el mismo análisis. En tal sentido, la Entidad no ha desvirtuado que el comité omitió verificar oportunamente el cumplimiento de las formalidades exigidas para ambas ofertas ni que dicha omisión afectó el desarrollo regular del procedimiento. En consecuencia, el cuestionamiento referido a la experiencia del Especialista en Seguridad no determina, por sí mismo, la inexistencia o falta de trascendencia del vicio advertido en la etapa de admisión.

• Finalmente, respecto a lo señalado por la Oficina de Asesoría Jurídica, en el sentido

de que la falta de legalización notarial de las firmas no constituye, por sí sola, fundamento suficiente para declarar la nulidad integral del procedimiento, este Colegiado precisa que la evaluación del posible vicio de nulidad se sustenta en la actuación del comité al haber incumplido con la regla y haber admitido ofertas que no cumplían con las formalidades exigidas en las bases integradas, sin evaluar la procedencia de su subsanación en la oportunidad prevista en el Reglamento.

En ese sentido, la posibilidad de subsanar un defecto formal no implica que la omisión del comité pueda considerarse irrelevante por el solo hecho de que el defecto sea susceptible de regularización. Sostener lo contrario supondría admitir que los evaluadores pueden continuar con las siguientes subetapas del procedimiento sin verificar previamente el cumplimiento de los requisitos de admisión.

• Por lo expuesto, los argumentos presentados por la Entidad no desvirtúan el vicio

advertido. Por el contrario, de la evaluación conjunta de los hechos y las disposiciones normativas aplicables, este Colegiado advierte que la inobservancia de las reglas que regulan la admisión y subsanación de ofertas reviste carácter trascendente, toda vez que no se trata de una mera formalidad, sino del incumplimiento de una regla esencial.

• En efecto, la deficiencia advertida tiene incidencia directa en la determinación de las

ofertas que debían continuar en el procedimiento de selección, pues el comité admitió las ofertas del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario sin verificar previamente el cumplimiento de las formalidades exigidas en las bases integradas ni otorgarles, de corresponder, la oportunidad de subsanar las omisiones advertidas. Esta situación afecta la regularidad de la revisión de los requisitos de calificación y, consecuentemente, puede incidir en la determinación del orden de prelación y en el otorgamiento de la buena pro. Por tanto, al tratarse de un vicio que afecta una etapa esencial del procedimiento y cuya incidencia no puede ser corregida mediante la conservación de los actos posteriores, corresponde evaluar la declaración de nulidad y la retroacción del procedimiento a la etapa de admisión de ofertas.

• En efecto, las bases integradas, en concordancia con las bases estándar aplicables y

con lo dispuesto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, facultan a los evaluadores a solicitar a los postores la subsanación de omisiones o la corrección de errores materiales o formales en los documentos emitidos por entidades públicas o privadas. En ese sentido, corresponde que el comité verifique, en primer término, que las ofertas contengan los documentos exigidos para su admisión y, de advertir omisiones o errores susceptibles de subsanación, requiera su regularización conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables, antes de continuar con las siguientes etapas de evaluación. Solo a partir de dicha verificación corresponde determinar qué ofertas se encuentran habilitadas para continuar en el procedimiento de selección y, sobre esa base, establecer el orden de prelación y otorgar la buena pro.

• Por consiguiente, corresponde proseguir con el análisis de nulidad del procedimiento

de selección.

• Sobre el particular, corresponde resaltar que el cumplimiento de las disposiciones

para admisión de ofertas, entre estas, la de verificar que las promesas de consorcio presentadas cumplan con lo exigido en las bases, constituye una garantía del debido procedimiento y de la igualdad de trato entre los postores, en tanto asegura que todas las ofertas sean sometidas a las mismas reglas de verificación y evaluación. Por ello, la omisión del comité de verificar el cumplimiento de las formalidades exigidas para la admisión de las ofertas del Consorcio Impugnante y del Consorcio Adjudicatario, así como de evaluar la procedencia de requerir la subsanación correspondiente antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento, afecta la regularidad de su actuación y compromete la validez de los actos posteriores.

• En tal contexto, el vicio advertido no constituye una mera irregularidad formal, sino

una inobservancia de las reglas que rigen el procedimiento de selección, cuya trascendencia exige adoptar las medidas necesarias para restablecer la legalidad y garantizar que las ofertas sean evaluadas conforme a las disposiciones normativas y las bases integradas.

• En ese contexto, debe tenerse presente que todo procedimiento de selección debe

desarrollarse con estricto respeto de las garantías legales que rigen el procedimiento administrativo previo a la contratación. En particular, cualquier acto que tenga como efecto excluir a un postor del procedimiento —ya sea mediante la no admisión, descalificación u otra decisión equivalente— debe emitirse en plena observancia de las normas que regulan la materia, garantizando la legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades de todos los proveedores que participan en el proceso de contratación pública.

• Sobre el particular, el literal b) del numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del

artículo 70 de la Ley establecen que el Tribunal, en los procedimientos sometidos a su conocimiento mediante recurso de apelación, puede declarar la nulidad de los actos expedidos cuando estos contravengan las normas legales, debiendo precisar la etapa a la cual corresponde retrotraer el procedimiento.

• Al amparo de esta disposición y habiéndose verificado que el procedimiento adolece

de un vicio derivado de la vulneración del marco normativo aplicable, esta Sala concluye que, en el presente caso, la Entidad ha transgredido el principio de legalidad previsto en el literal a) del numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley, así como lo dispuesto en el numeral 78.1 del artículo 78 del Reglamento, además de lo establecido en las bases (en concordancia con las bases estándar del procedimiento de selección) respecto de la facultad de los evaluadores de solicitar a los postores la subsanación de omisiones o la corrección de errores materiales o formales en los documentos emitidos por entidades públicas o privadas.

• Debe considerarse que, la nulidad constituye un mecanismo jurídico excepcional

orientado a restablecer la legalidad del procedimiento de selección cuando se verifican irregularidades sustanciales que afectan su validez y no pueden ser corregidas mediante mecanismos de conservación. Su finalidad es asegurar que la contratación pública se desarrolle bajo reglas claras, transparentes y compatibles con los principios que rigen la actuación administrativa.

• En atención a las consideraciones expuestas, y de conformidad con el literal b) del

numeral 70.1 y el literal a) del numeral 70.2 del artículo 70 de la Ley, concordantes con el literal d) del numeral 313.1 del artículo 313 del Reglamento, corresponde declarar la nulidad de oficio del procedimiento de selección y retrotraerlo hasta la etapa de admisión de ofertas, a efectos que, el comité efectúe la revisión correspondiente en cumplimiento de las formalidades exigidas para la admisión de las ofertas y requerir la subsanación correspondiente de conformidad con el artículo 78 del Reglamento, antes de continuar con las siguientes etapas del procedimiento; asimismo, plasme en el Acta su decisión debidamente motivada. Sobre el particular, el vicio advertido, impide, por otro lado, la aplicación de los supuestos de conservación previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026- JUS, en adelante el TUO de la LPAG, toda vez que la deficiencia incide directamente en la evaluación de ofertas, circunstancia que resulta relevante para el otorgamiento de la buena pro, por lo que no corresponde su convalidación bajo la figura de la conservación del acto administrativo.

• Por otro lado, considerando que el procedimiento de selección se retrotraerá hasta la

etapa de admisión de ofertas, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre los puntos controvertidos.

• Sin perjuicio de lo expuesto, este Colegiado considera pertinente exhortar a la

Entidad, a través de sus evaluadores, a que, las evaluaciones de ofertas (admisión, calificación y evaluación), efectúe una revisión integral y razonable de la documentación presentada por los postores, bajo a las disposiciones, requisitos y condiciones expresamente establecidos en las bases integradas. Asimismo, deberá garantizar que la verificación de la documentación se realice en observancia de las reglas previamente establecidas para el procedimiento de selección, cautelando los principios de transparencia, igualdad de trato y competencia, a efectos de asegurar que las decisiones adoptadas se encuentren debidamente sustentadas.

• Ahora bien, en atención a lo dispuesto en el numeral 70.3 del artículo 70 de la Ley,

este Colegiado considera que la presente resolución debe ponerse en conocimiento de la Autoridad de la Gestión Administrativa y de su Órgano de Control Institucional, a fin que conozcan el vicio advertido y realicen las acciones que correspondan conforme a sus atribuciones, así como para que exhorten a las áreas que intervengan en el procedimiento de selección, que actúen de conformidad con lo establecido en la normativa de contratación pública, a fin de evitar futuras nulidades que, en el supuesto de presentarse, no coadyuvarían a la satisfacción oportuna de los intereses del Estado.

• En atención a lo dispuesto en el literal b) del numeral 315.3 del artículo 315 del

Reglamento, y considerando que este Tribunal ha dispuesto declarar la nulidad del procedimiento de selección, corresponde disponer la devolución de la garantía otorgada por el Impugnante, por la interposición de su recurso de apelación.

• Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde traer a colación lo señalado por el Consorcio

Adjudicatario respecto a la presunta presentación de información inexacta por parte del Consorcio Impugnante. Al respecto, refiere que uno de los profesionales propuestos por este último como parte de su personal clave, específicamente para el cargo de Especialista en Seguridad, habría manifestado, mediante declaración jurada, que no autorizó al Consorcio Impugnante a utilizar su documentación ni su experiencia profesional en el procedimiento de selección convocado para la contratación del servicio de supervisión del mantenimiento periódico de la carretera Ruta LI-119. En atención a ello, el Consorcio Adjudicatario solicita que el Tribunal como de la documentación que sustenta la experiencia profesional cuestionada, antes de determinar las consecuencias que pudieran corresponder. Por su parte, el Consorcio Impugnante también cuestiona la veracidad de documentación presentada para acreditar la Experiencia N° 4 del profesional propuesto por este como Especialista en Suelos y Pavimentos. En ese sentido, corresponde disponer que la Entidad efectúe la fiscalización posterior de la documentación correspondiente al profesional Jorge Antonio Peláez Aranguri, propuesto por el Consorcio Impugnante para ocupar el cargo de Especialista en Seguridad en su oferta, y de la documentación presentada por el Consorcio Adjudicatario para acreditar la experiencia N° 4 del profesional propuesto para ocupar el cargo de Especialista en Suelos y Pavimentos, y que remita a este Tribunal los resultados de dicha fiscalización en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles. Por estos fundamentos, de conformidad con el informe del Vocal ponente Erick Joel Mendoza Merino, y con la intervención de los vocales Marlon Luis Arana Orellana y Daniel Alexis Nazazi Paz Winchez, atendiendo a la conformación dispuesta en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000293-2026-OECE-PRE del 5 de octubre de 2026, y en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 16 y 87 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, y los artículos 19 y 20 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), aprobado por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000002-2025- OECE-PRE del 22 de abril de 2025, analizados los antecedentes y luego de agotado el debate correspondiente, por unanimidad;

LA SALA RESUELVE:

• Declarar la nulidad de oficio del Concurso Público Abreviado para Consultoría en

General N° 004-2026-GRLL-GGR-GRTC-CS-Primera Convocatoria, convocado por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad, para la “Contratación del servicio de supervisión para el servicio del Mantenimiento periódico de la carretera ruta LI-119, Tramo 01: EMP. PE-1N (Puente Hildemeister)- San Idelfonso - Tomabal - El Guayo (KM 29+433); Tramo 02: La Viña (KM 49+199) - Carabamba - San Carlos - Mache - EMP. LI-120 (Chinchango) (KM- 85+090)”, a fin de retrotraerlo hasta la etapa de admisión de ofertas, conforme a los fundamentos expuestos.

• Devolver la garantía otorgada por el Consorcio Libertad integrado por las empresas

Corporación Consultora y Constructora Nor Perú S.A.C. y H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., para la interposición de su recurso de apelación, por los fundamentos expuestos.

• Poner en conocimiento la presente resolución de la Autoridad de la Gestión

Administrativa y de su Órgano de Control Institucional, conforme a lo indicado en el fundamento 37.

• Disponer que la Entidad cumpla con su obligación de registrar en el SEACE, al día

siguiente de publicada la resolución, las acciones dispuestas respecto del procedimiento de selección, conforme a lo señalado en la Directiva N° 007-2025- OECE-CD - Disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE3.

• Disponer que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad

3 n) Registro de la resolución que resolvió el recurso de apelación: A través de esta acción la Entidad o el Tribunal de Contrataciones Públicas notifica la resolución que resuelve el recurso de apelación. Al día siguiente de publicada la resolución, la Entidad debe registrar en el SEACE las acciones dispuestas en la resolución respecto del procedimiento de selección.

realice la fiscalización posterior de la oferta presentada por el Consorcio Libertad, integrado por las empresas Corporación Consultora y Constructora Nor Perú S.A.C. y H & H Consultoría en Ingeniería y Construcción S.A.C., conforme a lo señalado en el fundamento 40 y remita los resultados al Tribunal en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

• Disponer que la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de La Libertad

realice la fiscalización posterior de la oferta presentada por el Consorcio Supervisor Perú conformado por los postores Consultoría y Construcción FJP S.A.C. y Marcelo Solano Henry Wilder, conforme a lo señalado en el fundamento 40 y remita los resultados al Tribunal en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles.

• Declarar que la presente resolución agota la vía administrativa.

ERICK JOEL MENDOZA MERINO

VOCAL

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DIGITALMENTE MARLON LUIS ARANA ORELLANA

PRESIDENTE

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DIGITALMENTE

DANIEL ALEXIS NAZAZI PAZ WINCHEZ

VOCAL

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